El Sindicato de Inquilinas convoca una concentración para frenar el desahucio de una jubilada en Zaragoza
El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha convocado una concentración este jueves 5 de febrero para intentar frenar el desahucio de Margarita, una jubilada de 69 años con una pensión de 800 euros mensuales, cuyo lanzamiento está previsto para ese día en su vivienda del paseo Constitución. Según ha informado la organización, el caso se produce tras la derogación de la moratoria estatal antidesahucios.
De acuerdo con los datos facilitados por el sindicato, Margarita paga un alquiler de 500 euros al mes, lo que supone destinar más del 60% de sus ingresos a la vivienda. La afectada se había acogido a la moratoria en 2025 para suspender el procedimiento, pero, tras su decaimiento, el juzgado ha fijado nueva fecha de lanzamiento. Desde el Sindicato de Inquilinas señalan que, en situaciones similares, se encuentran actualmente decenas de miles de hogares.
La organización también denuncia “deficiencias en la vivienda”. Luna, portavoz del sindicato, afirma que el piso presenta “problemas de habitabilidad, como plagas, averías en el baño y ventanas en mal estado”, sin que, según su versión, hayan sido atendidas por la propiedad.
Por estos motivos, el Sindicato de Inquilinas ha llamado a la movilización este jueves a las 10:30 ante el domicilio de Margarita, y reclama la renovación de la moratoria antidesahucios. Desde la organización consideran que, sin este mecanismo, “no existen instrumentos legales para suspender lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad económica”.
La situación de vulnerabilidad según la moratoria
La moratoria antidesahucios, rechazada en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts, permitía solicitar la suspensión del desahucio cuando la persona afectada se encontraba en una situación de vulnerabilidad, como ingresos inferiores a 1.800 euros mensuales —con incrementos según composición familiar— o cuando los gastos de vivienda superaban el 35% de los ingresos. Según el sindicato, Margarita se encuentra en una situación de vulnerabilidad “evidente”.
Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que la moratoria era “tan solo un parche momentáneo y profundamente insuficiente” y que, pese a ella, “tres de cada cuatro desahucios se seguían ejecutando”. También apuntan a responsabilidades políticas: “Seamos claras, estas cosas pasan porque los rentistas quieren enriquecerse con una necesidad básica, y porque los políticos les ponen todas las facilidades para hacerlo”, señalan, al tiempo que llaman a “organizarnos nosotras mismas para defender nuestras casas” y a seguir trabajando para que “la vivienda sea realmente un derecho y no un negocio”.
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