El Tribunal Supremo ha sepultado definitivamente el proyecto estrella del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno para construir en la Vega de Mestanza la gran depuradora del área metropolitana de Málaga, valorada en más de 106 millones de euros.

Los magistrados han inadmitido el recurso de casación presentado por la Junta contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado paralizar las obras de la llamada “EDAR Norte de Málaga” al poco de empezar los trabajos, argumentando que nunca se estudiaron si las posibles alternativas a ubicar la depuradora en este enclave eran menos lesivas desde el punto de vista ambiental.

La decisión del Supremo pone fin a la vía judicial y convierte en firme el fallo (junio de 2025) que paralizó una de las mayores infraestructuras hidráulicas previstas en la provincia, dando la razón a la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas en el recurso que interpusieron a finales de 2022 contra el anteproyecto de la depuradora.

El Gobierno andaluz deberá abonar 2.000 euros por las costas del proceso, pero el cálculo político y económico de este varapalo judicial es mucho más alto. El Ejecutivo de Moreno se había empeñado en ubicar una depuradora para tratar 75.000 metros cúbicos de aguas residuales de unos 250.000 habitantes -de cinco munipios, incluido parte de Málaga capital- en una zona inundable, ocupando unas 13 hectáreas.

El veto definitivo del Tribunal Supremo deja en el aire la adjudicación millonaria del proyecto -las obras ya habían comenzado- y abre nuevas incógnitas respecto a las expropiaciones a unos 150 propietarios de los terrenos donde se estaba construyendo la infraestructura hidráulica, que ya han cobrado el justiprecio de esas parcelas.

Desde hace casi dos décadas, los alcaldes de los cinco municipios malagueños afectados -Torremolinos, Cártama, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y Málaga capital- y la Junta de Andalucía conocían de la necesidad de disponer de una nueva depuradora de aguas para esta zona, que vierte al río Guadalhorce las aguas residuales de sus vecinos sin depurar.

El proyecto permaneció mucho tiempo latente, sin que el Gobierno andaluz (por entonces en manos del PSOE) lo abordara. El Ejecutivo de Moreno reactivó el proyecto durante su primer mandato, a finales de 2020, echando mano de los ingresos del canon del agua (una tasa que primero suprimió y luego volvió a activar).

La EDAR Norte de Málaga era la infraestructura de depuración más relevante de cuantas tenía asignadas la administración andaluza. El auto del Supremo, al que ha tenido acceso este periódico, supone un golpe a uno de los proyectos más emblemáticos del Gobierno andaluz del PP en esta provincia, que hace apenas dos semanas también vio cómo el Alto Tribunal Andaluz anulaba las expropiaciones de terreno que ejecutaron para construir la depuradora en este enclave, por entender que allanaban un proyecto que ya había sido censurado por los tribunales.

Los jueces argumentan en su auto, fechado este jueves, que “no se fundamenta suficientemente (...) que concurran alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo”, y concluye que “el pronunciamiento de la sentencia impugnada presenta una virtualidad expansiva que implicará su proyección o influencia sobre numerosas situaciones similares; circunstancia que en este caso no aparece debidamente cumplimentada”.

El Supremo fulmina así el último intento del Gobierno andaluz por reactivar las obras de su proyecto estrella y da por válidos los argumentos del TSJA que paralizó la depuradora. En aquella sentencia ya se afeaba a los técnicos de la Junta que sólo hubieran tenido en cuenta criterios “exclusivamente económicos” para elegir Vega de Mestanza, obviando un contraste ambiental con las alternativas que existían en otros lugares de la ciudad de Málaga.

El fallo puso énfasis en subrayar que Vega de Mestanza es un “punto estratégico” del Corredor Biológico Mundial al tratarse del Kilómetro Cero del Sur de Europa del Corredor Biológico Mundial, algo que los técnicos debieron valorar y comparar con otras opciones. Además, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, la cataloga como zona inundable de “alta probabilidad” de inundaciones, es decir, con una frecuencia previsible inferior a diez años, como se pudo comprobar en las últimas lluvias torrenciales del otoño.

El auto del Supremo, previsiblemente, obligará a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a buscar una ubicación alternativa. Su titular, el consejero Ramón Fernández-Pacheco, ya había advertido de que no depurar las aguas residuales de la zona norte metropolitana de Málaga obligaba a la Junta a pagar cada año casi 1,3 millones de euros a la Comisión Europea en concepto de multa.

La Justicia ha vuelto a fallar contra la gran depuradora de la zona norte de Málaga. Una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), notificada a las partes este miércoles, ha acordado dejar sin efecto las expropiaciones forzosas que la Junta de Andalucía ya había realizado en la Vega de Mestanza, unos terrenos en zona inundable que suman unas 13 hectáreas dedicadas desde hace casi un siglo al cultivo de cítricos, y donde estaba previsto ubicar la EDAR que depuraría las aguas residuales de unas 600.000 personas que viven en Málaga y su área metropolitana. Además, los magistrados imponen las costas a la Administración, unos 2.000 euros.

La resolución, que anula la convocatoria del levantamiento de las actas previas y por tanto, todo lo que vino después, es el corolario casi inevitable de otra sentencia previa, dictada hace ahora un año por el mismo TSJA, ordenando parar la obra cuando esta ya había arrancado. El TSJA estimó entonces el recurso de la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y las Lomas de Cantarranas, concluyendo que la Junta de Andalucía había evitado comparar la idoneidad de esta ubicación y otras alternativas desde el punto de vista ambiental, guiándose exclusivamente por un criterio económico.

Esa decisión, que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por la administración autonómica, supuso un notable varapalo a la Junta de Andalucía, que llevaba años preparando el terreno legal para ubicar esta instalación y tiene adjudicada la obra desde finales de 2021 por 106,5 millones de euros. Es una obra declarada de interés general para Andalucía, con un presupuesto total de 138 millones de euros con cargo al canon autonómico de mejora de infraestructuras hidráulicas.

La futura depuradora recogerá unos 75.000 metros cúbicos (ampliables a 125.000) procedentes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Torremolinos y un par de barrios de Málaga (Campanillas, Santa Rosalía). Desde 2018 España está sancionada por Europa por la falta de depuración de un puñado de aglomeraciones urbanas. Algunas han ido rematando sus infraestructuras, pero la del norte de Málaga sigue siendo una de las manchas. La multa la paga la Junta, la administración competente de la depuración, que cada año abona 1,3 millones de euros a la Comisión Europea.

La administración esgrime que hacer esta obra es urgente. En su día, el consejero Ramón Fernández-Pacheco desdeñó el argumento ambiental que defiende la conservación de los árboles, de los cuales haría falta talar unos 20.000, según los vecinos, contraponiéndolas al daño que provoca la falta de depuración. “Lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas”.

Unos 150 propietarios expropiados

La Junta de Andalucía empezó las expropiaciones en cuanto pudo. Primero lo paralizó un juez, pero en cuanto se levantaron las medidas cautelares, empezó a citar a los propietarios, unos 150, a los que fue notificando la ocupación de sus fincas, sin esperar ni siquiera a abonarles el justiprecio, que fijó en seis euros el metro cuadrado. De inmediato, y con el acta de ocupación urgente, empezó a vallar los terrenos y a mover las primeras piedras, encontrando la resistencia de decenas de activistas, muchos llegados desde fuera de Málaga para proteger a los árboles de la tala.

Todo se paró el pasado 16 de junio, cuando el TSJA dictó su primera sentencia. Fue una resolución dura con el Gobierno andaluz, al que los magistrados acusaban de desdeñar el impacto ambiental de su decisión. Peor aún: los magistrados sugerían que la administración había pergeñado una evaluación de impacto vacía de contenido, una mascarada que no hacía un análisis mínimamente riguroso de por qué esa era, frente a otras posibles ubicaciones, la mejor posible desde el punto de vista ambiental. El TSJA ordenó a la Junta de Andalucía que parara y empezara toda la tramitación de nuevo.

La sentencia conocida ahora es la consecuencia inevitable de aquella. Si el proceso para colocar allí la depuradora es nulo, también decaen las expropiaciones que se hicieron para llevarlo a cabo. “La anulación judicial anterior del instrumento jurídico que en su día dio cobertura al procedimiento expropiatorio (…) hace que deba también decaer el mismo”, escriben los magistrados.

Depuración en una zona en crecimiento

Málaga y su área metropolitana hacia el norte necesitan una depuradora desde hace más de veinte años. Se trata de una zona en crecimiento, con municipios como Torremolinos y otros que en treinta años han duplicado su población (como Cártama, que bordea los 30.000 vecinos) o incluso la han triplicado, como Alhaurín de la Torre, con 45.000. La previsión es que sigan absorbiendo parte del crecimiento previsto en el área metropolitana de la capital y en la provincia, una de las que más crecerá en las próximas décadas según las proyecciones del INE.

Vega Mestanza es el lugar elegido desde 2009, pero el proyecto hibernó hasta que fue rescatado en 2021 por el actual Gobierno autonómico. Cuando lo hizo, se encontró con un imprevisto: una resistencia numantina de vecinos y tenedores de los terrenos, familias que viven de los naranjos, mandarinos y limoneros allí plantados, lideradas por una mujer incansable, Mari Carmen Mestanza, que en estos años ha difundido su causa en todos los foros posibles: por allí han pasado políticos de izquierda a (ultra) derecha, divulgadores científicos, estrellas de la televisión, activistas ecologistas… Ha ido a Bruselas a contar su caso y no hay mitin en Málaga en el que no esté, da igual el partido, siempre dispuesta a insistir al político de turno.

Descendiente de la familia Mestanza, que a principios de siglo compró estos terrenos a la familia Larios para plantarlos de frutales, alega que la actuación destrozará un paisaje histórico, que no se ha justificado por qué esta es la mejor ubicación, que es cinco veces más cara que otras alternativas y que el terreno es zona inundable, como queda demostrado cuando llueve con fuerza y se refleja en los mapas de inundabilidad del Ministerio.

La anulación de las expropiaciones devuelve formalmente los terrenos a los vecinos, pero Mari Carmen Mestanza, que el pasado viernes acudió al mitin de cierre de campaña del PP con una réplica en cartón de Moreno en tamaño real, sabe que el partido de verdad se juega ahora en el Tribunal Supremo: “Yo espero que allí también nos den la razón, pero con estos nunca se sabe”.

Los microplásticos y los nanoplásticos se han convertido en un gran problema medioambiental, con billones de fragmentos que llegan, por bioacumulación, a la cadena alimentaria y al cuerpo humano. Debido a su tamaño y a su comportamiento coloidal, estas partículas se comportan más como el humo en el aire que como la arena en el agua. Es decir, no pueden capturarse fácilmente con filtros convencionales, según explican desde el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA).

En este centro, instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza, se trabaja ya en dos patentes para capturar y degradar estos microplásticos en un único proceso. Además, la solución se aplicaría dentro de las aguas de los sistemas de depuración, evitando que la contaminación llegase a ríos y mares.

La propuesta del proyecto 'BMRex' se basa en reactores de membrana biocatalíticos diseñados expresamente para actuar dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estos reactores permiten 'cazar' los microplásticos que circulan en el agua, retenerlos y degradarlos en un único acto, evitando que sigan circulando por el ciclo del agua. “Se trata de un avance especialmente relevante porque aborda el problema en su origen, antes de que los contaminantes se dispersen y resulten mucho más difíciles de eliminar”, exponen en una nota de prensa.

Está coordinado por Jonas Gurauskis, investigador ARAID del CSIC en el INMA. El proyecto, que arrancó hace tres años, está impulsado por un consorcio internacional formado por equipos de España, Alemania, Portugal, Dinamarca y Reino Unido y liderado por el CSIC. Ha recibido una subvención Pathfinder Open de 3.213.793,75 euros del Consejo Europeo de Innovación (EIC) y por la agencia británica de financiación de la innovación (UKRI), con 267.683,00 libras. Además, dentro del diseño de las membranas está siendo decisivo el trabajo de otro científico del CSIC en el INMA, Scott Mitchell. 

Una solución factible y no contaminante

Los reactores se fabrican con materiales cerámicos, resistentes y duraderos, que no añaden nuevos plásticos al sistema.  Por una parte, la cerámica ofrece una gran durabilidad y estabilidad en proyectos de tratamiento de aguas; y, además, no contamina, con lo que la solución es coherente con el propio objetivo ambiental del proyecto. 

Por otra parte, BMRex no sólo ‘caza’ los microplásticos y los degrada, sino que dedica una parte sustancial de su esfuerzo a asegurar que los compuestos resultantes de esta degradación no sean persistentes, tóxicos o problemáticos para los ecosistemas. No se trata solo de “hacer desaparecer” el plástico, sino de cerrar el ciclo sin generar nuevos riesgos invisibles.

El consorcio se encontró con un obstáculo imprevisto pero fundamental nada más empezar el proyecto: los microplásticos no sólo son difíciles de eliminar, sino también de medir. Por eso, el equipo no podía confiar plenamente en los protocolos existentes en el campo de caracterización y medición de los microplásticos, una polémica que está detrás de publicaciones recientes de revistas tan prestigiosas como Nature, que indican que las cifras de contaminación por estos diminutos materiales podrían estar sesgadas. Este estudio resulta especialmente fiable porque el primer reto del consorcio fue establecer sus propios procedimientos de medición y tratamiento de muestras para evitar errores de cuantificación.

El Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) ha sido el primero de nuestra Comunidad Autónoma en obtener la acreditación de excelencia Severo Ochoa, que concede la Agencia Estatal de Investigación. Ese reconocimiento supone una financiación de 4,5 millones de euros y la dotación de cinco contratos predoctorales para el periodo 2024-2028.  El INMA es un instituto mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza. Con alrededor de 300 miembros, tiene más de 40 proyectos europeos en curso y una media anual de 300 publicaciones y 7 millones de euros obtenidos en programas públicos competitivos. Además, trabaja en colaboración con la industria, logrando en torno a un millón de euros anuales por contratos y royalties.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) remitirá un escrito al Ayuntamiento de Ciudad Real advirtiéndole de que “el vertido de sustancias peligrosas a través de su estación depuradora de aguas residuales (EDAR) no está autorizado”.

Además, se comunicará en el mismo documento que en caso de existir este tipo de residuos “deben informar sobre la existencia de vertidos de dichas sustancias a los colectores de saneamiento”.

Y es que, añade, “la autorización de vertido urbano del Ayuntamiento de Ciudad Real, al igual que el resto de vertidos urbanos de la cuenca, no tiene incluido en su autorización la posibilidad de verter biocidas; es decir, no incluye entre los Valores Límite de Emisión (VLE) autorizados un valor para biocidas, por lo que la detección de un biocida constituiría un incumplimiento de la autorización de vertido”.

Así lo ha explicado el organismo de cuenca a elDiario.es Castilla-La Mancha después de que el Grupo Municipal Vox en esta ciudad denunciase, junto a su brazo sindical, Solidaridad, el pasado mes de mayo, el “uso opaco y temerario de productos químicos peligrosos para el control de plagas, sin garantías mínimas para la salud pública ni para los trabajadores implicados”.

Una denuncia que se producía apenas dos meses después de que el alcalde Francisco Cañizares decidiese retirar las competencias de gobierno a los concejales de Vox, partido con el que mantenía un pacto de Gobierno que automáticamente quedó roto.

Tras quedar relegado del Gobierno local, el partido ultra, y el sindicato Solidaridad, aseguraron que se estarían produciendo, presuntamente, “vertidos de biocidas altamente tóxicos directamente al agua”, a pesar de ser “una práctica expresamente prohibida” porque puede provocar “contaminación ambiental irreversible y un riesgo evidente para la fauna, los vecinos y el ecosistema del río Guadiana”. A ello se suma, añadía este sindicato en un comunicado, “el uso inadecuado de pulverizadores para tratar cucarachas, una técnica desaconsejada por el propio Ministerio de Sanidad por su capacidad contaminante”.

Después expresaban sus “dudas” sobre la cualificación del personal aplicador. “Según la normativa, los tratamientos deben ser diseñados por un técnico de nivel 3 y ejecutados por operarios con acreditación de nivel 2”, comentan.

“El Ayuntamiento cumple con la normativa”, dice el concejal del PP

El Gobierno del PP no niega el uso de productos químicos en el control de plagas de la ciudad. En una reciente comparecencia ante los medios del concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, aseguraba que el equipo de Gobierno “seguirá actuando conforme a lo establecido en la legislación actual, como ha venido haciendo hasta ahora, empleando los productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para el control de plagas por medio de los técnicos municipales cualificados para esa tarea con los que cuenta su Concejalía, garantizando el tratamiento de plagas a los vecinos de Ciudad Real”.

Y también ha dicho que “el Ayuntamiento de Ciudad Real cumple con la normativa vigente y cuenta con los profesionales cualificados adecuados para la realización de los tratamientos”, lanzando así un “mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía.

Lo que no ha explicado es si se están o no vertiendo este tipo de productos a los colectores de saneamiento y si se ha comunicado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de Gobierno de Ciudad Real sin respuesta hasta la fecha.

Vox acusó al PP de “doble irresponsabilidad”. Por un lado, “la medioambiental, por contaminar” y, por otro, la “laboral, por poner en riesgo a trabajadores municipales o contratados sin formación ni medios”, sostienen.

El concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, acusa al edil de Vox Ricardo Chamorro de “haberse entregado a un ecologismo absurdo haciéndole el trabajo sucio al PSOE intentando impedir el tratamiento legal contra plagas de ratas y cucarachas tal y como demandan los vecinos” y defiende “la profesionalidad de los técnicos municipales”.

Asegura también que la Sección de Limpieza del Ayuntamiento de Ciudad Real “cuenta con personal formado para aplicar estos tratamientos legalmente establecidos”.

Reclaman una investigación sobre presuntos vertidos ilegales

Vox ha exigido que el Ayuntamiento de Ciudad Real “haga público el requerimiento de la CHG y no lo esconda a los vecinos” y reclama abrir “una investigación interna inmediata para identificar a la empresa o servicio responsable” de los presuntos “vertidos ilegales” que, según aseguran, se están produciendo, aunque este extremo no ha sido confirmado por ninguna autoridad ambiental hasta la fecha. En su caso, exige “que se depuren responsabilidades políticas y técnicas por estas prácticas irregulares”.

Vox también carga contra “los sindicatos mayoritarios” para que “rompan con su silencio cómplice y expliquen públicamente por qué han mirado hacia otro lado”.

El alcalde de Toledo ha pedido al PSOE de Castilla-La Mancha que se encargue de que “no haya un solo municipio, que no haya un solo polígono industrial desde Aranjuez hasta Toledo, que vierta agua sin depurar al río Tajo”, porque es algo que “está sucediendo”, ha denunciado.

Carlos Velázquez salía así al paso de las críticas vertidas por los socialistas que han afeado el voto de los diputados del PP de Castilla-La Mancha ayer en el Congreso, a favor de mantener el trasvase Tajo-Segura, según los parámetros de envío de agua de 2014 y sin modificar las reglas de explotación del acueducto. Una votación a favor en la que participó el teniente de alcalde de Toledo José Manuel Velasco. Su vicealcaldesa, de Vox, Inés Cañizares, pedía hoy seguir manteniendo los trasvases a pesar de la situación del Tajo en la capital regional.

El edil ha restado importancia a lo que ocurrió ayer en el Congreso, que tumbó la proposición de ley de la Región de Murcia avalada solo por PP, Vox y UPN. Velázquez ha puesto el foco en su intención, asegura, de “trabajar con hechos en la mejora de la salud del río Tajo”. “Lo de ayer, al final, ha quedado en nada y queda en un fuego de artificio que está intentando ser utilizado por algunos como una cortina de humo para tapar el hecho real”.

Carlos Velázquez pide que se “pongan las depuradoras” y se “pongan los medios” para evitar la contaminación del río Tajo y mejorar su “salud” ambiental. “Cada uno debemos cumplir nuestras competencias”, ha dejado claro .

“La Junta tiene competencias importantes en materia de depuración que haría bien en revisar fundamentalmente y en lo que respecta al río de su paso por Toledo, desde Toledo hasta Aranjuez, en el término del límite con Seseña, Borox y Madrid-Aranjuez”, porque “hay zonas en la comarca de la Sagra que vierten sin depurar”.

La Junta le pide “valentía” para pedir lo mismo a la Comunidad de Madrid de Ayuso

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respondido a su petición y ha considerado “sorprendente” que el alcalde de Toledo, se fije en la depuración de aguas de los municipios de la Sagra, en la provincia de Toledo, y no mire a la Comunidad de Madrid .

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, le ha reclamado que sea “valiente” para decir a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que cumpla con las normas medioambientales y que defienda el río Tajo porque sus actuaciones “tienen consecuencias en nuestra región”.

“Nosotros queremos siempre que se cumplan las normas medioambientales, vengan de donde vengan, pero me parece muy sorprendente que el señor Velazquez se fije en los municipios de la Sagra y no le diga nada a su compañera del Partido Popular, la presidenta Ayuso”, ya que, según ha dicho, la Comunidad de Madrid ha recibido dinero del Gobierno nacional para depuración de las aguas y “sigue habiendo vertidos en la Comunidad de Madrid”.

El director general de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emilio Puig, ha señalado que “poco a poco” se recobra la normalidad en la región con motivo del apagón, con el cien por cien del servicio de Iberdrola recuperado y el 95 de Unión Fenosa, si bien restan cuatro municipios de Ciudad Real por recobrar la normalidad, en concreto Porzuna, Piedrabuena, Carrizos y El Robledo.

Según ha dicho tras la reunión del Centro de Coordinación Integrado (Cecopi), se ha trabajado además en solucionar los atrapamientos de pasajeros de tren a lo largo de toda la región, ya que se han acondicionado campamentos en distintas estancias y se les ha avituallado durante toda la noche.

En este sentido, ha confiado en que todos los viajeros lleguen hoy a su destino, ya que “se están poniendo autobuses y los trenes están empezando a funcionar”.

Ya están todas las depuradoras funcionando, además de que “no ha habido grandes problemas de seguridad ciudadana”.

Unos 5.000 pasajeros afectados

También ha explicado que han sido un total de 5.000 pasajeros de tren los afectados a lo largo de la noche por los parones de las locomotoras.

Ya están saliendo autobuses hacia destino y se va recuperando la red ferroviaria, según ha relatado. En Guadalajara hubo 415 personas atendidas en un polideportivo, con 40 alojados en hoteles por su situación de vulnerabilidad.

En Albacete han sido unas 20 personas atendidas, además de las 250 personas que permanecían por la mañana en un polideportivo de Cuenca o los casi 1.200 en Puertollano.

También 270 personas tuvieron que pernoctar en Tarancón, según sus datos, aunque estos viajeros han emprendido viaje a destinos como Madrid o Valencia.

Ahora esperan “seguir recibiendo información por parte de las provincias, estar en comunicación permanente con Adif y estar en comunicación permanente tanto con las eléctricas como con Telefónica para seguir” trabajando, ha indicado.

La estación del AVE en Toledo funciona, hay trenes pero sin horarios

El Ministerio de Transportes informaba esta mañana de que la línea de Cercanías entre Guadalajara y Madrid estaba cerrada. Además, el primer tren Avant entre Toledo y Madrid no salió.

Desde poco antes de las 9 de esta mañana la estación del AVE en Toledo funciona, hay trenes, pero sin horarios definidos, ni tampoco los habituales.

En la estación del AVE de Toledo, que comunica la capital de Castilla-La Mancha con Madrid es un día extraño, con un número de pasajeros indeterminado, según cada frecuencia.

Los trenes están funcionando de forma irregular, de hecho, lo hacen casi “a demanda”, según se está informado a los viajeros en la propia estación. Los convoys se encontrarán en su trayecto a otros que todavía permanecen varados el las vías tras el apagón eléctrico masivo de ayer. 

La nueva depuradora de Moreda de Álava y sus colectores asociados han entrado en funcionamiento este martes tras la conclusión de las obras realizadas por la Agencia Vasca del Agua (URA) en esta infraestructura, con una inversión de 2,5 millones. Las obras han consistido en la construcción de dichos colectores de aguas residuales, que han sido separadas de las pluviales para derivarlas a la nueva depuradora de Moreda de Álava. Los trabajos han requerido año y medio para su ejecución y la inversión pública global ha ascendido a 2,5 millones de euros, según ha informado URA en un comunicado.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi; el viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, y el director general de URA, Asier López Etxebarria, han visitado este martes la depuradora acompañados por la alcaldesa de Moreda, Maravillas García Díaz de Cerio, y el presidente del Consorcio de Aguas de la comarca, Pedro Mari Rodríguez. El consejero ha destacado que la nueva depuradora y colectores de Moreda de Álava evitará el vertido de aguas residuales a los ríos, algo que, según ha reconocido, es “un reto pendiente” en Rioja Alavesa.

La nueva infraestructura hará posible una gestión del agua más profesional y sostenible tanto en los hogares, como en las actividades económicas. Jauregi ha afirmado que el Gobierno vasco “seguirá trabajando para mejorar el ciclo integral del agua”. “Continuaremos incorporando nuevos sistemas de depuración para paliar el déficit infraestructural en Rioja Alavesa y mejorar, de esta forma, los vertidos a los ríos”, ha señalado, según recoge Europa Press.

Para 4.000 personas

A través de esta intervención, se construido un sistema de colectores para conducir los vertidos de aguas residuales a la nueva depuradora. Para ello, se ha construido dos ejes de colector que bordean el núcleo de Moreda, que suman 600 metros de longitud y han requerido mover más de 2.500 metros cuadrados de tierras. Además, se ha conformado la red de saneamiento, de forma que se han separado las aguas pluviales de las aguas residuales. De este modo se consigue que únicamente la red de pluviales vierta al arroyo Horcajo, y la red de aguas residuales sea conducida hasta la nueva depuradora proyectada.

Por otra parte, la depuradora permite ya el tratamiento secundario de las aguas residuales y su vertido al medio receptor compatible con el buen estado de las aguas. En este caso, la infraestructura está diseñada para una población equivalente de 4.000 personas y ha requerido mover 3.000 metros cúbicos de tierras. El acceso a la nueva planta depuradora se realiza desde la A-3226. Moreda de Álava no disponía de una infraestructura de tratamiento de aguas residuales, más allá de las fosas sépticas existentes. La red de colectores de saneamiento no era separativa en su totalidad, y existían varios puntos de vertido de aguas residuales a los arroyos Barriobusto y Horcajo.

Durante la visita a Moreda, Jauregi ha podido comprobar el estado de los trabajos de la estación de bombeo de agua potable con la que el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa reforzará el abastecimiento de la comarca. El conjunto de dicha actuación ha requerido una inversión de 2,1 millones de euros. Estos trabajos dan continuidad a las labores de reforzamiento del abastecimiento llevadas a cabo por el Consorcio para solventar situaciones de sequía de los últimos años, entre los que destacan la instalación de una tubería de 5.204 metros de longitud desde el depósito de Casablanca (Laguardia), hasta el polígono industrial de El Carrascal (Lanciego, Álava).

Les obres que connecten les dues plantes potabilitzadores que abasteixen València i la seva àrea metropolitana estaran llestes abans que arrenqui el 2027. ment davant fenòmens adversos com podria ser la DANA. De fet, fonts de l'empresa reconeixen que l'octubre passat van estar a punt de tenir complicacions serioses pel desbordament dels cabals.

Les dues plantes potabilitzadores -La Presa, ubicada a Manises, i la del Realón, a Picassent- estaran interconnectades després de més de deu anys i una inversió total de 100 milions d'euros. Actualment només queden dos trams d'obra per finalitzar, el de Mislata, que estarà a punt el juny del 2025; i el que dóna eixida a Xirivella per la CV-36, que s'ajuntarà amb el tram de Picassent. Les obres destaquen per la seva complexitat, ateses les barreres físiques com la llera del Túria i les trames urbanes dels municipis metropolitans.

L'objectiu de la connexió entre ambdues potabilitzadores és aportar “més seguretat hídrica”, perquè, en cas que hi hagi alguna fallada en una de les plantes, es pugui continuar donant servei al conjunt de l'àrea metropolitana amb l'altra, segons va explicar el responsable d'Emimet, José Díaz, durant la visita a les obres, juntament amb Dionisio García Comín, de Aigua a l'Ajuntament de València, Carlos Mundina; Ricardo Triviño, cap de servei d'EMSHI; i Pura Almenar, directora de La Presa.

El projecte, finançat amb fons municipals que es demanaven a través de taxes a la factura del subministrament, té origen en el pla de xoc de 2009 que es dóna amb el naixement de l'empresa mixta. Als anys 2000, expliquen els responsables de l'ens, hi va haver un problema de comunicació que va deixar el canal Xúquer-Túria sec, cosa que va provocar un problema de proveïment per a la ciutat de València durant sis hores. Amb aquesta decisió al cap, l'entitat metropolitana va començar a treballar en el projecte, que va arrencar el 2015. Emimet és l'empresa mixta de Global Omnium i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi), una entitat conformada per 48 municipis metropolitans.

García Comín ha expressat que durant la DANA del 29 d'octubre passat la infraestructura hauria estat “més segura” de comptar amb la interconnexió, ja que la planta de La Presa estava “molt afectada, perquè el riu (Túria) baixava molt turbulent i perquè el canal Xúquer-Túria es va trencar”. “Si haguéssim tingut aquesta connexió, hauríem estat més segurs. Malgrat tot, les infraestructures van aguantar bé i van poder donar servei”, ha ressaltat. El desbordament del Túria va deixar la planta a un pas que l'aigua entrés a la zona de filtrat i decantat, clau al cicle de l'aigua. Des de llavors, van explicar els responsables, estan revisant els sistemes de seguretat i fent noves proves per augmentar-ne la resiliència.

Triviño ha destacat “la part intel·ligent” de les canonades d'interconnexió, ja que compten amb vàlvules per regular cabals, cabalímetres, manòmetres per regular la pressió, dispositius de control multiparamètrica sobre l'aigua - per mesurar valors com ph, terbolesa, clor o temperatura de la comunicació de fibra de fibra clor. Tot plegat s'analitza des del centre de control a Vara de Quart, des d'on es pilota tota la infraestructura.

A més de les obres de connexió, les empreses de gestió de l'aigua treballen per modernitzar la centenària planta de La presa, la més antiga d'Europa que continua en funcionament. La planta tenia una capacitat de 3.400 litres per segon (l/s) i la del Realón en té una de 3.000 l/s, per la qual cosa “treballen coordinades perquè fins ara cap de les dues pot abastir tota la zona i cal la interconnexió”. S'ha ampliat la infraestructura amb nou decantador i col·lectors nous, que permeten augmentar la capacitat de tractament de la instal·lació perquè pugui arribar als 5.000 litres per segon.

El regidor d'Aigües de l'Ajuntament de València, Carlos Mundina, ha posat en valor “el treball de previsió dels tècnics” per plantejar aquests projectes. “Gràcies a estar realitzats al moment de la dana, un moment crític en què La Presa va deixar de tenir subministrament d'aigua del Xúquer i del canal Xúquer-Túria, i si no hagués estat el decantador, hauríem tingut problemes de subministrament i de talls d'aigua”, ha assenyalat.

Las obras que conectan las dos plantas potabilizadoras que abastecen a València y su área metropolitana estarán listas antes de que arranque 2027. La previsión de la Emimet, la empresa mixta que gestiona el agua en el área metropolitana, es iniciar la última fase tras el verano y tener los canales operativos en diciembre de 2026. La conexión de las dos plantas supone una infraestructura clave para dotar de seguridad esta infraestuctura, garantizando el abastecimiento ante fenómenos adversos como pudiera ser la DANA. De hecho, fuentes de la empresa reconocen que el pasado octubre estuvieron a punto de tener serias complicaciones por el desbordamiento de los caudales.

Las dos plantas potabilizadoras -La Presa, ubicada en Manises, y la de El Realón, en Picassent- estarán interconectadas tras más de diez años y una inversión total de 100 millones de euros. Actualmente solo quedan dos tramos de obra por finalizar, el de Mislata, que estará listo en junio de 2025; y el que da salida a Xirivella por la CV-36, que se juntará con el tramo de Picassent. Las obras destacan por su complejidad, dadas las barreras físicas como el cauce del Túria y las tramas urbanas de los municipios metropolitanos.

El objetivo de la conexión entre ambas potabilizadoras es aportar “mayor seguridad hídrica”, para que, en caso de que haya algún fallo en una de las plantas, se pueda continuar dando servicio al conjunto del área metropolitana con la otra, según explicó el responsable de Emimet, José Díaz, durante una visita a las obras, junto a Dionisio García Comín, CEO de Global Omnium, y el presidente de la EMSHI y concejal de Gestión del Agua en el Ayuntamiento de València, Carlos Mundina; Ricardo Triviño, jefe de servicio de EMSHI; y Pura Almenar, directora de La Presa.

El proyecto, financiado con fondos municipales que se recaban a través de tasas en la factura del suministro, tiene origen en el plan de choque de 2009 que se da con el nacimiento de la empresa mixta. En los años 2000, cuentan los responsables del ente, hubo un problema de comunicación que dejó el canal Júcar-Turia seco, lo que provocó un problema de abastecimiento para la ciudad de València durante seis horas. Con ese fallo en mente, la entidad metropolitana comenzó a trabajar en el proyecto, que arrancó en 2015. Emimet es la empresa mixta de Global Omnium y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), una entidad conformada por 48 municipios metropolitanos.

García Comín ha expresado que durante la DANA del pasado 29 de octubre la infraestructura habría estado “más segura” de contar con la interconexión, ya que la planta de La Presa estaba “muy afectada, porque el río (Túria) bajaba muy turbulento y porque el canal Júcar-Túria se rompió”. “Si hubiésemos tenido esta conexión, hubiéramos estado más seguros. A pesar de todo, las infraestructuras aguantaron bien y pudieron dar servicio”, ha resaltado. El desbordamiento del Turia dejó la planta a un paso de que el agua entrara en la zona de filtrado y decantado, clave en el ciclo del agua. Desde entonces, explicaron los responsables, están revisando los sistemas de seguridad y haciendo nuevas pruebas para aumentar su resiliencia.

Triviño ha destacado “la parte inteligente” de las tuberías de interconexión, ya que cuentan con válvulas para regular caudales, caudalímetros, manómetros para regular la presión, dispositivos de control multiparamétrica sobre el agua - para medir valores ccomo ph, turbidez, cloro o temperatura- y una canalización con fibra óptica para mejorar las comunicaciones y la detección de fugas. Todo ello se analiza desde el centro de control en Vara de Quart, desde donde se pilota toda la infraestructura.

Además de las obras de conexión, las empresas de gestión del agua trabajan en la modernización de la centenaria planta de La presa, la más antigua de Europa que continua en funcionamiento. La planta tenía una capacidad de 3.400 litros por segundo (l/s) y la de El Realón tiene una de 3.000 l/s, por lo que “trabajan coordinadas porque hasta la fecha ninguna de las dos puede abastecer a toda la zona y es necesaria la interconexión”. Se ha ampliado la infraestructura con nuevo decantador y nuevos colectores, que permiten aumentar la capacidad de tratamiento de la instalación para que pueda llegar a los 5.000 litros por segundo.

El concejal de Aguas del Ayuntamiento de València, Carlos Mundina, ha puesto en valor “el trabajo de previsión de los técnicos” para plantear estos proyectos. “Gracias a estar realizados en el momento de la dana, un momento crítico en el que La Presa dejó de tener suministro de agua del Xúquer y del canal Xúquer-Túria, y si no hubiera estado el decantador, habríamos tenido problemas de suministro y de cortes de agua”, ha señalado.

Un mínimo de 90 millones de euros o una cantidad superior a los 170 millones, pero en todo caso un desembolso muy importante. El Ayuntamiento de Zaragoza debe cumplir con los estándares comunitarios en materia de depuración de aguas y eso pasa por ampliar la actual estación de La Cartuja o bien por construir una nueva, según un estudio que se dio a conocer el jueves en el consejo de administración de Ecociudad. El equipo de gobierno del PP insiste en reclamar al Ministerio de Transición Ecológica que declare de interés general el proyecto y que participe en la financiación, mientras que la oposición del PSOE acusa a la alcaldesa Chueca de “priorizar asuntos con más rédito electoral”.

La depuradora de La Cartuja, que entró en servicio hace ya más de 30 años, debe adecuarse a los nuevos requisitos marcados por Europa o de lo contrario el Consistorio se arriesga a ser sancionado. En concreto, debe cumplir para 2039 con el vertido de nitrógeno (8 mg/l máximo) y del fósforo (0,5 mg/l), para lo que la instalación no está preparada. Y eso abre dos escenarios: o renovar la actual depuradora para cumplir con los nuevos estándares comunitarios o construir una nueva. 

El consejero de Urbanismo del Ayuntamiento, Víctor Serrano -también vicepresidente de Ecociudad-, abrió una nueva posibilidad: otra depuradora que sirva de apoyo a la actual.

En todo caso, la factura le va a salir cara a la Administración: según el estudio -que tiene carácter preliminar-, serían 90 millones de euros en el panorama más benévolo o más de 170 millones en el peor. Cuestionado al respecto este viernes, Serrano ha apuntado que la alcaldesa, Natalia Chueca, ha reclamado a la secretaria de Estado de Aguas “la declaración de interés general, como en otras ciudades de España, para que haya una aportación importante del Estado”.

“El único plan posible es que el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza emprendan el camino para una nueva depuradora, una que ayude a la existente o la renovación de la actúa”, ha reclamado el consejero de Urbanismo.

En el “peor momento posible”

Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha alertado este viernes de la “grave” situación de la depuradora y ha anunciado que pedirá una comparecencia de Serrano para saber los planes del Gobierno de Natalia Chueca en materia de saneamiento.

El desembolso necesario para la depuradora, ha asegurado el edil, llega en el “peor momento posible” al estar Ecociudad endeudada, con unas pérdidas a 30 de septiembre de dos millones de euros, y “un Gobierno de Natalia Chueca que ha priorizado asuntos como La Romareda o la reforma del Huerva con más rédito electoral antes que una inversión de este calibre”.

“No hay problema -ha abundado Royo- en que el Gobierno de Aragón remoce las riberas del Huerva con una aportación de 20 millones de euros, para quién sabe si poblarlo de quioscos como en el Parque Grande, pero sigue sin comprometer un plan financiero que permita a Zaragoza abordar este problema”.

En ese sentido, el concejal socialista ha recriminado que el Gobierno de Zaragoza haya “abandonado esa actitud reivindicativa” que mostraba en otros momentos ante el Ejecutivo aragonés en materia de saneamiento. “El Ayuntamiento de Zaragoza se ha olvidado de llevar estos asuntos a la bilateral y ha dejado de considerar fundamental que todo el dinero recaudado por el Impuesto Medioambiental sobre Aguas Residuales (IMAR) repercuta en inversiones en Zaragoza”, ha criticado.

En respuesta a Royo, Víctor Serrano ha criticado al PSOE, del que ha dicho que “en depuración tiene mucho que callar”, en referencia a “varios escándalos” en torno a la depuradora de La Cartuja.

Atender las obras de emergencia en Castilla-La Mancha tras la DANA con once infraestructuras hidráulicas que acometer y restauraciones hidrológico-forestales y en caminos forestales en 73 municipios por los daños ocasionados a través de 12 millones de euros son objetivos que van a plasmar en los presupuestos de la región en la Consejería de Desarrollo Sostenible para 2025.

Junto a ello hay que tener en cuenta que el 1 de enero del próximo año entrará en vigor el llamado canon medioambiental del agua que, según el propio Gobierno regional, supondrá alrededor de “un euro y algo” más en el recibo.

En rueda de prensa para desgranar las cuentas de su departamento, la titular del ramo, Mercedes Gómez, ha precisado que su cartera contará con 620,5 millones de euros, de los cuales 183,9 se destinan a transición energética y economía circular, 138,9 a infraestructuras por parte de la Agencia del Agua y de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha y 256,6 millones de euros, para medio natural.

Respecto al órgano transversal de la Consejería, la Secretaría General, contará con 41,1 millones de euros.

Nuevas infraestructuras para mejorar redes en los pueblos

En defensa del río Tajo y en el “empeño” de Gómez de que se modifiquen las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, esta Consejería seguirá “impulsando infraestructuras trascendentales para el desarrollo de la Comunidad autónoma”.

Unas de esas infraestructuras son las que corresponden a los 134 pequeños municipios que han sido beneficiarios de 9,9 millones de euros para mejorar sus redes. Son las del municipio toledano de Cebolla, o próximamente, la licitación para Cobisa “para prevenir inundaciones”. Ambas infraestructuras están financiadas con fondos MRR con 4,4 millones de euros.

Con 22 municipios que conforman la red de ribereños, se destinarán más de 25 millones de euros --que se están invirtiendo actualmente-- para mejorar los abastecimientos de Tajuña, Bornova y Picadas--Almoguera.

En depuración, se llevarán a cabo un total de 23 infraestructuras hidráulicas en 2025 en distintas fases, de las cuales, unas 14 finalizarán a lo largo del año y otras iniciarán las obras en este año.

En materia de infraestructuras de abastecimiento, se pondrá en funcionamiento el sistema de Campiña Baja, de La Muela, que van a permitir mejorar “la calidad y la cantidad de agua” en estas dos mancomunidades, aparte de otras infraestructuras relacionadas con Picadas Almoguera o Yuncler-Villaluenga.

La tubería manchega

Se firmará un convenio de la constitución del nuevo ramal de Llanura-Manchega para abastecimiento del campo de Calatrava en Ciudad Real, para más de 15 municipios, con una inversión de 96 millones de euros y abastecimiento para 130.000 personas.

También ha recalado la consejera en la creación de la oficina del hidrógeno verde que el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, “ha puesto encima de la mesa”.

La contratación del nuevo dispositivo de medios aéreos del plan INFOCAM contempla 19 millones en 2025, que permitirá contar con 33 medios aéreos, de una inversión total de 61,2 millones de euros.

Vox niega el cambio climático

El diputado de Vox Francisco José Cobo ha señalado que allí “donde ha habido obras hidráulicas, infraestructuras adecuadas e inversiones, no ha habido inundaciones”, por lo que ha pedido tener “menos políticos defendiendo el fanatismo climático”.

“Tenemos siglos, datos, donde vemos que los episodios son cíclicos, que son lo que son. El clima, son a periodos largos de tiempo, no es lo que hace hoy o va a hacer dentro de una semana”, ha afirmado.

Esta realidad ha sido “una variable durante todos los históricos”. “Si no ponemos el punto de vista y el foco de atención donde realmente está el problema, volveremos a tener episodios tan tristes como los que ya hemos tenido”, ha afirmado Cobo.

El PP y “la mano en la faltriquera

Por su parte, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha señalado que este presupuesto trae el cobro del canon del agua --“meterle a los ciudadanos la mano en la faltriquera”, lo ha calificado-- con “más recaudación pero menos mejoras”.

“Hablábamos que el año pasado teníamos 50 millones, este año tenemos 25. El año pasado no se cobró el canon del agua, este año se piensa cobrar, pero las infraestructuras en agua siguen sin mejorar y sin ampliarse. Los ciudadanos pagamos más y recibimos muchísimo menos”, ha reprochado el 'popular', señalando que se van a recaudar más de 15 millones de euros, de los que tiene previsto el Gobierno regional.

La subida de la partida de 11 millones para Geacam, ha mencionado el diputado del PP, no se puede explicar, si este ámbito “baja en personal”. “El año pasado decían que iba a haber más personal, este año dicen que va a haber mucho menos, pero lo que sí es cierto es que la partida presupuestaria es mucho más alta”, se ha planteado.

El PSOE dice que “muchísimos ciudadanos no pagarán” (el canon )

Por su lado, el diputado del PSOE Francisco Barato, ha destacado que Castilla-La Mancha “sigue un año más incrementando los recursos en áreas de desarrollo sostenible”, lo que “no admite ningún tipo de dudas” y que “está demostrando que la sostenibilidad no es sólo una meta sino un modelo de gestión integral que protege el entorno, fomenta la economía y mejora la calidad de vida de las personas”.

En materia de agua, la defensa de la acción del Gobierno regional la ha realizado el socialista Fernando Mora, centrado en apostar por las inversiones necesarias en torno al canon del agua, porque la “sed” de los habitantes es la misma en municipios del PP y del PSOE, rechazando el “partidismo” en este aspecto.

“Serán muchísimos los ciudadanos que no tengan que pagar ni un céntimo. Pero la parte que se recaude primero irá a los ayuntamientos para que puedan atajar las deficiencias que tiene su red de agua potable y por otra parte vendrá también a la Junta, para que pueda con ello construir las depuradoras tan necesarias para atender las necesidades de nuestros ciudadanos”, ha aseverado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, la ayuda urgente para la reconstrucción de las infraestructuras hidráulicas así como la restitución del medio natural que incluyen las vías pecuarias, caminos forestales y restauraciones hidrológico-forestales de 73 municipios afectados por la DANA y cuyos daños suponen una valoración inicial de, al menos, 12 millones de euros.

La consejera castellanomanchega Mercedes Gómez se ha reunido con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para analizar la situación de las infraestructuras dañadas por la DANA en el ámbito de las competencias de ambas administraciones en las zonas afectadas en las provincias de Cuenca, Albacete y Guadalajara, especialmente en los municipios de Mira y Letur.

“Ahora toca ver cómo actuamos sobre el territorio, cómo recuperamos en primera instancia las infraestructuras dañadas y que son fundamentales para el desarrollo socieconómico de las personas que viven en estos municipios, pero también analizar qué cosas tenemos que mejorar para prevenir posibles situaciones climatológicas adversas que cada día se están sucediendo más en el tiempo”, ha asegurado la consejera.

Al menos 11 depuradoras afectadas entre Cuenca y Albacete

Al respecto, ha indicado que, aunque hay un primer bloque de actuaciones que ya está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el Gobierno regional “ha puesto encima de la mesa que, en materia hidráulica tenemos al menos once infraestructuras de depuración afectadas en las provincias de Cuenca y Albacete, que tienen que ser adecuadas y puestas en servicio de nuevo”.

Así se ha referido a que “la más afectada de todas es la de Letur donde han desaparecido los colectores, por lo que es necesario realizar una reforma más exhaustiva. Pero también es fundamental recuperar las infraestructuras correspondientes al sistema de abastecimiento ya que en estos momentos ”están siendo abastecidos por una obra de emergencia de la Confederación con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla“.

Mercedes Gómez ha recordado que hoy mismo “todas estas actuaciones, han sido declaradas de emergencia por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha para actuar de forma inmediata”, independientemente de la petición formal que se va a hacer al MITERD para que la región se pueda acoger a los dos reales decretos de ayudas por la DANA del Gobierno central.

“Se contemplan fundamentalmente las infraestructuras para Mira y Letur, pero se deben incluir también actuaciones en municipios colindantes en ambas zonas y los afectados en la provincia de Guadalajara”, como ha insistido la consejera.

Durante la reunión se ha visto el primer bloque de actuaciones que ya se está llevando a cabo para la reparación de los daños en la zona de Letur, Socovos, Molinicos, Yeste, Ayna y municipios de alrededor por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, con algo más de 3, 5 millones de euros de inversión.

En concreto, en el término municipal Yeste, se trabaja en la restitución del camino de servicio de la presa de la Fuensanta, la reconstrucción de las obras de paso y de retención de arrastres en las ramblas anejas, retirada de sedimentos en el cauce aguas abajo que limitan el acceso y la capacidad de desagüe de la presa. También en la retirada de arrastres y limpiezas de pasos en varios barrancos y arroyos de Nerpio, Letur, Molinicos, Socovos, entre otros. Y además la reconstrucción del punto de control del sistema de información hidrológica (SAIH) y estación de aforos en el río Taibilla, confluencia con el río Segura, en Letur.

Petición de revisión de los cauces a las confederaciones

Por último, la consejera ha pedido que las confederaciones hidrográficas, las del Tajo y Ebro en el caso de Guadalajara; del Júcar en el caso de Cuenca y del Segura en el de Albacete, “que revisen todos los arroyos y ríos que han sido afectados para hacer una reevaluación de la situación y las actuaciones que se tengan que llevar a cabo para su acondicionamiento y evitar que pueda haber más daños”.

Gómez ha señalado que “el papel de las confederaciones es determinante en los municipios de la región y es importante minimizar las posibles afecciones en los cauces, por ello deben tener en cuenta la posibilidad de que los ayuntamientos actúen en los tramos urbanos, como ya ocurre en el caso de la Confederación del Ebro”.

Así durante la reunión se ha tratado de poder hacer un “trabajo conjunto entre confederaciones y Administración autonómica para realizar una serie de puntos de control de los cauces de cara a poder prevenir situaciones y donde poder actuar, pues debido al cambio climático estos episodios tormentosos de gran envergadura seguirán ocurriendo”.

En la reunión, la consejera ha estado acompañada por la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Mercedes Echegaray, y la directora de Infraestructuras del Agua de la región, Silvia Díaz del Fresno.

“El alcalde es responsable”, gritaba una treintena de vecinos de la urbanización 'Los Manantiales' frente al Ayuntamiento de Hontoba este pasado domingo. ¿La razón? El proyecto de una depuradora que se proyecta “pegada” a sus viviendas en este pueblo de Guadalajara. Los vecinos de 'Los Manantiales' argumentan que la normativa establece que este tipo de instalaciones debe estar a “dos kilómetros” de distancia del núcleo urbano, y que la depuradora se ubicará “ni a cien metros” de sus casas.

“La gente sobre todo habla de que es insalubre, de los mosquitos, el olor y otras molestias que causan las depuradoras”, explica Rosa García, vecina de la urbanización 'Los Manantiales' y que ha impulsado la protesta de este domingo. No tienen mucha esperanza de que vayan a paralizar el procedimiento, pero seguirán protestando. “Porque de alguna manera, va a contaminar el ambiente de quien vive ahí y de nuestro recinto social, la piscina y el bar”, asegura la afectada.

El proyecto de la depuradora tiene el visto bueno de otras administraciones públicas, según aseguran desde el Ayuntamiento de Hontoba. El Servicio de Urbanismo de la Junta de Comunidades en Guadalajara ha explicado en un documento “no vinculante” que la construcción es posible “sin necesidad de modificación de planeamiento [urbanístico]” para autorizar el uso de los equipamientos señalados, y un informe del arquitecto municipal de Hontoba explica que el uso de suelo para una depuradora es “apto”, según la normativa aplicable.

En el informe del Servicio de Urbanismo se da respuesta a una consulta sobre la cuestión y se puntualiza que “carece de competencias en relación con las licencias, que son exclusivamente de competencia municipal”, según el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). La consulta a la que responde llegaba desde el Consejo Rector de otra urbanización de la zona, 'El Mirador de Hontoba', que pide que la vecina urbanización 'Los Manantiales' ceda “todo o parte” de una parcela para la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Ambas urbanizaciones son privadas. En el mismo documento, se señala que las dos depuradoras que se proyectan se construirían “en el exterior del límite del suelo urbanizable”, tanto en el caso de la urbanización 'Los Manantiales' como 'El Mirador'. El informe advierte, igualmente, de que no se puede construir en una zona inundable de los cauces, y pide que se realice una “consulta” a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El alcalde de Hontoba, Pedro David Pardo de la Riva, explica que el ayuntamiento ha transmitido los datos sobre la calificación urbanística a las administraciones “competentes” y que estas “han dado el OK”. “Nosotros lo único que tendremos que hacer es admitir la licencia para que puedan hacer su proyecto. No tiene más”, explica a elDiarioclm.es. “No tenemos otra solución”, señala el alcalde, que explica que además esta propuesta de ubicación de la depuradora se aprobó “en el año 1984 o 1985”

“El ayuntamiento dice que ellos tienen que recalificar el terreno y no les queda otra”, lamenta Rosa García y coincide con las declaraciones del alcalde. Los vecinos de la urbanización, explica, se sienten “desamparados” ante lo que ven como algo imparable. En 'Los Manantiales' viven aproximadamente unas 120 familias, y también hay otras residencias durante la época estival o para las personas mayores que se van durante el invierno.

García lamenta también que la información no haya llegado con claridad a los vecinos. “Es muy hermético, esto se sabía con anterioridad y no nos llega. Tuvimos una asamblea general y no se nos informó de nada”, resalta la afectada. “Aunque sea una depuradora pequeña, no se puede poner tan cerca de un núcleo urbano”, resalta la vecina. A esto añade que los vecinos “no entienden” por qué una Junta de Compensación privada debe llevar una instalación de estas características. “Yo creo que como mejora para el medio ambiente, tendría que haber una depuradora grande, para varios municipios”, afirma.

La empresa IMEDAGUA, especializada en plantas compactas y sistemas para aguas industriales y urbanas, ha emitido un Informe de Impacto Ambiental, en el que defienden que la tecnología y el tratamiento que plantean para la zona “no solo mejora la calidad del agua” sino que también “contribuye a la recuperación de recursos y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.

El Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE), que integra a 174 municipios de nuestra Comunidad, ha licitado por importe total de 8.470.000 euros la plataforma de gestión y control DigiCARE con el objetivo de avanzar en una gestión del agua más eficiente y sostenible, en sintonía con el ordenamiento estatal y europeo al respecto, sobre todo en ámbitos como los nuevos criterios técnico-sanitarios de la calidad de las aguas de consumo, las normas para la nutrición sostenible de suelos o el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados y/o vertidos al dominio público hidráulico. 

Del mismo modo, la puesta en marcha de esta plataforma, que cuenta con un plazo de ejecución de 16 meses, redundará en una mejora de la información disponible de su actividad en aras de obtener una mejor gobernanza del ciclo del agua y una mayor transparencia frente a la sociedad. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas en el portal de contratación del Gobierno de La Rioja hasta el próximo 20 de septiembre.

Consciente del amplio margen de mejora en la digitalización de sus instalaciones y servicios, el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja presentó el proyecto DigiCARE a la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este proyecto fue seleccionado como beneficiario de una ayuda por importe de 5.936.719,36 € en la resolución definitiva de la convocatoria. 

Gestión eficiente del ciclo urbano del agua

Esta plataforma junto con la actualmente en licitación por el Gobierno de La Rioja Pladiagua, orientada al control de la distribución de agua municipal por 2,4 millones de euros, contribuirán a la gestión eficiente del ciclo urbano del agua en la Comunidad Autónoma de La Rioja, garantizando una mayor calidad del abastecimiento, mayor seguridad en el control de vertidos y detección de pérdidas de agua.

En La Rioja, la construcción y explotación de infraestructuras supramunicipales de abastecimiento de agua potable y la realización de los servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales, así como la ejecución de las inversiones necesarias, se realizan desde el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, órgano que se constituyó en 1998 y está formado por la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y las Entidades Locales que voluntariamente se han unido. 

El Consorcio explota todas las depuradoras y colectores generales de la región (86 depuradoras y 88 fosas sépticas) y 5 sistemas supramunicipales de abastecimiento que suministran agua 68 municipios. Del mismo modo, realiza el control de los vertidos no domésticos a la red de alcantarillado en 131 municipios (todos los que tienen actividades no domesticas con la excepción de Logroño donde lo realiza el propio Ayuntamiento), actuando en ellos como entidad autorizante del vertido por delegación del municipio. Igualmente se gestiona el Registro Central de Vertidos de titularidad autonómica.

La empresa Aqualia ha puesto en marcha en Mérida la mayor planta de tratamiento de aguas residuales con microalgas de Europa, y una de las más grandes del mundo, cuya capacidad de depuración es de dos millones de litros al día, además de producir biomasa de alto valor.

La biofactoría, de 20.000 metros cuadrados de superficie, ha sido inaugurada este lunes en un acto en el que han intervenido directivos de Aqualia y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

El proyecto ha puesto una inversión superior a los 10 millones de euros, 8,8 millones de ellos de la Unión Europea y 1,5 millones de la empresa concesionaria del suministro de agua en Mérida. La planta cuenta con 665 paneles fotovoltaicos que generan el 75 % de la energía necesaria para el tratamiento y, además, se han instalado unas microturbinas que producen 770 kilovatios.

El director de la Zona 1 de Aqualia en España, Matías Loarca, ha destacado que esta instalación es un “ejemplo paradigmático” de la colaboración pública-privada. Y ha subrayado que esta tecnología supone una apuesta por la sostenibilidad en la depuración de las aguas residuales y, especialmente, una solución para los municipios de pequeño tamaño donde no existe ningún tipo de tratamiento.

El responsable del Área de Sostenibilidad del Departamento de Innovación y Tecnología de la empresa, Arbib Zouhayr, ha señalado que llevan doce años trabajando en la tecnología del tratamiento con microalgas. Zouhayr ha aclarado que el objetivo número uno de la instalación es depurar el agua de forma eficiente para 10.000 habitantes según los parámetros que marca la directiva de la Unión Europa.

Una vez que se han tratado las aguas residuales en las lagunas de algas y bacterias, y por medio de humedales artificiales, es el momento de extraer el valor añadido. Para biomasa obtenida, rica en el carbono, el nitrógeno y el fósforo que se ha eliminado con la depuración, tienen una línea dedicada a producir bioestimulantes de “altísimo valor agronómico”, según Zouhayr.

Además, tienen una segunda línea más simplificada para la gestión del fango, que se puede hacer “a los diez o los quince años” con la climatología que tiene Mérida, ha pronosticado.

Zouhayr ha explicado que gracias al oxígeno que producen las microalgas se puede eliminar el carbono, el nitrógeno y el fósforo simultáneamente en el mismo reactor -la planta tiene tres-, lo que permite ahorrar 200.000 kilovatios al año de energía en el tratamiento de las aguas residuales. Es decir, el consumo de 40 viviendas de cuatro miembros, ha puesto como ejemplo el directivo de Aqualia, que ha comentado que en futuro también podrá producir biometano.

El alcalde ha destacado que Mérida cuente con la mayor planta de tratamiento de aguas residuales con microalgas más grande de Europa. Rodríguez Osuna ha comentado que esta solución pensada para los pequeños municipios está alineada con los objetivos del Gobierno de España y de los ODS para el tratamiento de las aguas residuales de una forma cada vez más sostenible, eficaz y natural. La “cesión no fue fácil” a la hora de justificar la implementación del servicio que presta Aqualia como empresa concesionaria, ha reconocido.

La Diputación de Badajoz y la Universidad de Extremadura (UEx) impulsarán un proyecto para aplicar nueva tecnología a la gestión de once depuradoras de agua de la provincia, lo cual permitirá crear modelos digitales previos que después podrán ponerse en práctica en las dotaciones físicas.

La iniciativa utilizará los denominados “gemelos digitales”, sistemas que replican tecnológicamente las instalaciones para crear los procesos presentes y futuros que éstas llevan a cabo, ha explicado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, tras firmarse el convenio entre el Consorcio Provincial de Gestión Medioambiental (Promedio) y la UEx para desarrollar el proyecto.

Una vez configurados digitalmente estos modelos se pueden aplicar en el proceso real de depuración, lo que permite que estos sistemas sean más efectivos o prevenir cualquier riesgo o problemas que se puedan encontrar estas tareas. El proyecto permitirá además investigar sobre los gases de efecto invernadero que se generan en el ciclo de gestión integral del agua.

La iniciativa llegará a depuradoras de 11 municipios de la provincia pacense, en los que residen 26.000 habitantes: La Coronada, Cheles, Fregenal de la Sierra, Fuenlabrada de los Montes, Garbayuela, Herrera del Duque, Higuera la Real, Hornachos, Puebla de Obando, Puebla de Sancho Pérez y Siruela.

Este proyecto, financiado con fondos europeos, permite aplicar la nueva tecnología en el proceso de gestión del agua para mejorar su calidad, lo cual propicia que Promedio “refuerce aún más su perfil innovador”, ha destacado Gallardo.

Ha valorado además las sinergias que generará esta iniciativa “entre la experiencia del consorcio provincial en la gestión del agua y el conocimiento y el talento de la investigación de la UEx, especialmente en lo que se refiere al ámbito de la digitalización”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero, ha resaltado la trascendencia de la aplicación de estos sistemas tecnológicos en la gestión del agua por tratarse de un recurso escaso.

Los gemelos digitales, cada vez con mayor implantación, son también “muy importantes” en ámbitos como el de la salud, ha añadido. El convenio firmado cuenta con una inversión de 192.000 euros. 

La empresa DAM Depuración de Aguas del Mediterráneo, adjudicataria hasta el 8 de mayo de la gestión de las depuradoras de Logroño y Calahorra y la potabilizadora de Viguera, que suministra agua a las localidades de Alberite, Albelda, Nalda, Fuenmayor, Villamediana, Murillo, Arrúbal y Agoncillo, se encuentra en concurso de acreedores y lleva meses acusando una falta de pagos a las empresas de suministros, falta de recursos económicos y de material de trabajo.

Según ha denunciado CCOO, la empresa debe a las personas trabajadoras la nómina correspondiente al mes de abril, la primera semana de mayo, la paga extra y atrasos de 2023, lo que ascienden a unos 3.500 € por persona de media. Esta situación afecta a más de 80 trabajadores y trabajadoras. Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO La Rioja recuerdan que ya habían avisado al Consorcio de Aguas a mediados de abril de la posibilidad de que las personas trabajadoras no cobraran las nóminas del mes.

CCOO lleva advirtiendo desde hace dos años al Consorcio de Aguas que la reducción económica en la licitación podía poner en riesgo la calidad del servicio y el incumplimiento sistemático de las condiciones del pliego público. “Trasladamos también el riesgo que la gestión de esta empresa podía suponer, tanto para las personas trabajadoras como para el propio servicio”, señalan en un comunicado, “han sido varias las alertas dadas por CCOO en relación a esta situación sin que nuestras demandas hayan sido escuchadas o atendidas”.

Desde FSC CCOO en La Rioja han vuelto a denunciar “la inacción” de Consorcio de Aguas “frente a la mala gestión de esta empresa en el cumplimiento de su responsabilidad como gestora del agua y con las personas trabajadoras”. Recuerdan que la gestión del agua es un servicio esencial y una mala gestión pone en peligro la salud pública de las localidades afectadas.

Desde el sindicato recalaman una solución inmediata a esta situación, que aboca a las personas trabajadoras a esperar una solución mediante vía judicial, la cual alarga los plazos de cobro y deja a muchas personas en una situación salarial precaria.

Se advirtió de que el agua saldría turbia en los grifos debido al impacto de las lluvias y ahora se ha declarado como no apta para el consumo humano en Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela y las pedanías de Viso del Marqués.

Aqualia, la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, y el Ayuntamiento de Valdepeñas han informado este viernes de que las últimas muestras tomadas en la red de abastecimiento de Valdepeñas ha permitido detectar en el parámetro de turbidez un valor superior al que permite que sea consumida por los usuarios.

Es, dicen, “consecuencia de las lluvias registradas durante estos últimos días se han producido fuertes arrastres que afectan directamente a la turbidez y color del agua del embalse de la Fresneda”.  

Esta información ha sido trasladada a la autoridad sanitaria y se realizarán muestreos constantes hasta que se observen unos parámetros aptos. En ese momento, añaden, se dará a conocer a la ciudadanía para que pueda volver a consumir el agua.

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) retiró durante el año pasado un total de 2.341 toneladas de residuos sólidos procedentes de las aguas residuales de Málaga capital, lo que supone un 1,2% menos respecto a las 2.368 toneladas recogidas en 2022 a pesar de los “problemas medioambientales y económicos” que generan el vertido de residuos, en su mayoría toallitas higiénicas, por el inodoro.

En un comunicado, el Ayuntamiento malagueño ha desgranado este domingo que, del total de estos desechos, el 49,73% se extrajo en las limpiezas periódicas de la red de saneamiento municipal; un 39,87% quedó retenido en los sistemas de tamizado de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) Guadalhorce y Peñón del Cuervo; y un 10,40% se evacuó desde las estaciones 1 de bombeo de aguas residuales (EBAR) operativas en la ciudad que están dotadas de sistemas de retirada de residuos sólidos.

En cuanto a los datos de las dos depuradoras, destacan las 874 toneladas de residuos que llegaron a la EDAR Guadalhorce, frente a las 697 del ejercicio anterior; mientras que de la estación de Peñón del Cuerpo fueron retiradas otras 60 toneladas de desechos, frente a las 99 contabilizadas en 2022.

Perjudicial para el medio ambiente y para las infraestructuras

Según ha detallado el consistorio, esta acumulación de sólidos en las aguas residuales proviene, en su mayoría, de arrojar al inodoro residuos higiénicos no biodegradables como toallitas, bastoncillos, compresas o preservativos, lo que podría evitarse “con la colaboración ciudadana evitándose este tipo de hábitos”.

La presencia de estos desechos en las redes de saneamiento “no es solo perjudicial para el medio ambiente, sino que también afectan a las infraestructuras y equipos que intervienen en la conducción, transporte y proceso del agua residual provocando numerosas averías”, ha puesto de relieve.

Para tratar de reducir estos problemas, Emasa ha instalado en los últimos años más tamices en las estaciones de bombeo para retirar la máxima cantidad posible de residuos antes de que lleguen a las depuradoras y minimizar los daños que causan a instalaciones y procesos. Además, tiene en marcha un plan para la instalación de sistemas de desbaste en los puntos de alivio por tormenta, para minimizar las incidencias.

En este sentido, el Ayuntamiento señala que también viene lanzando continuamente mensajes de sensibilización a la ciudadanía, como la campaña '¡Las toallitas, a la papelera siempre!' activa desde el pasado verano inspirada en la imagen de Chiquito de la Calzada.

Esta iniciativa responde al compromiso municipal, según el Consistorio, por evitar que las toallitas lleguen a las redes de saneamiento y al mar, para lo que desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental también se llevan a cabo acciones de concienciación a través de los centros escolares y universitarios, con asociaciones de vecinos y colectivos que se complementan con visitas a las depuradoras. y distribuidores de toallitas para atajar este problema medioambiental.

La depuradora de aguas residuales (EDAR) que tiene que construirse junto a Doñana vuelve a retrasarse, y eso obliga a España a seguir pagando una multa europea que ya se ha convertido en la más importante de todas las que ha tenido que afrontar el Estado. La situación viene provocada ahora porque las instalaciones que tienen que construirse en Matalascañas (urbanización costera del municipio onubense de Almonte a menos de un kilómetro del parque nacional) van a requerir un informe completo de impacto ambiental y no abreviado, como se pretendía inicialmente para acortar los plazos.

Así lo ha determinado la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que ha tumbado el informe presentado por otro organismo de este mismo departamento, en este caso la Dirección General del Agua. “Con la documentación aportada no se pueden descartar efectos significativos sobre el medio ambiente”, concluye el análisis realizado, lo que obliga a prescindir de la fórmula abreviada y prolongar así los tiempos necesarios.

La evaluación, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), detecta numerosas lagunas y ausencia de datos en el documento presentado por la Dirección General del Agua. Así se advierte tras desglosar las alegaciones presentadas por 13 de los 33 organismos y entidades a los que se ha invitado a participar en este proceso, que alertan sobre la necesidad de más información en cuestiones como flora y fauna afectada (en parte es también territorio del lince), vigilancia ambiental y vertidos. También se consideran desactualizados los datos sobre el impacto del cambio climático.

De hecho, se dictamina que en el documento ambiental presentado hay “potenciales impactos” que “no han sido tratados con la profundidad requerida para su adecuada valoración”. Y la relación no es pequeña: sobre las aguas, la Red Natura 2000, la fauna, la flora y vegetación, la población y la salud humana y el cambio climático. De ahí la necesidad de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, para así contar con el respaldo de “relevantes estudios y documentación técnica”.

Analizar el impacto en la salud

En cuanto al impacto sobre las personas, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía reclama más información, tras concluir que “no puede afirmarse que no se esperan impactos negativos en la salud de la población”. Las principales afecciones las provocarían los ruidos de la depuradora y, sobre todo, los malos olores que genere, que se admite que “pueden provocar situaciones desagradables y generar descontento entre los vecinos” y, en última instancia, “podrían incluso afectar de forma negativa a la salud” tanto de los residentes como de los operarios de la EDAR.

Con un presupuesto estimado en su momento en más de 29 millones de euros, la depuradora de Matalascañas se ubicará ocupando parte del espacio de las actuales instalaciones, en la que no funcionan dos de sus tres emisarios y que además se han quedado obsoletas para el crecimiento poblacional de este núcleo costero. Un aumento que se produce en verano, cuando multiplica por más de 40 su población para superar los 300.000 residentes. La actual EDAR se demolerá, aunque la nueva utilizará su emisario submarino.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han señalado a este periódico que “un proyecto de estas características debe contar con todas las garantías ambientales”, lo que no quita para que “se trabajará para esté terminada en el plazo comunicado”. Éste no es otro que 2026, un objetivo a día de hoy muy complicado por los tiempos que se requieren.

A seguir pagando

Esto conlleva a su vez que España va a seguir pagando una multa semestral por la insuficiente depuración de las aguas residuales en enclaves con más de 15.000 habitantes. La condena fue impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2011, cuando había 43 aglomeraciones urbanas en mala situación, aunque el Estado no tuvo que pagar hasta 2018, momento en el que ya sólo quedaban nueve puntos por mejorar. La multa ascendió entonces a 12 millones de euros, a los que había que sumar otros 11 millones cada seis meses mientras se prolongase la situación.

Esto la convierte en la mayor sanción económica europea a la que ha tenido que hacer frente España, y aunque el importe semestral se ha ido reduciendo conforme han ido entrando en funcionamiento las diferentes depuradoras, hasta mediados de 2022 ya se habían abonado 60 millones de euros. En ese momento eran tres las estaciones de tratamiento de aguas residuales pendientes, las tres en Andalucía y las tres pendientes a día de hoy.

Plazos incumplidos

La factura semestral se ha reducido en la actualidad a algo más de dos millones de euros, pero se va a mantener todavía un buen tiempo porque se están incumpliendo sistemáticamente todos los plazos previstos. La de Alhaurín el Grande (la conocida como EDAR Málaga Norte) tendría que haber estado para diciembre de 2023 y la de Barbate (Cádiz) se calculaba para 2025, pero ambas van muy retrasadas. De las tres, Matalascañas era la última que se iba a terminar, pero ya no se llegará a tiempo para 2026.

Esta ha sido la tónica desde que se notificó formalmente la sentencia en julio de 2018 y hubo que empezar a pagar, momento en el que el Ejecutivo central anunció que la última depuradora en entrar en servicio sería la de Barbate, que lo haría en 2022. Dos años después de esa previsión, las tres EDAR pendientes están a día de hoy sin una fecha formal para su culminación.