La muerte de cientos de aves acuáticas, que ya alcanza al 80% de la colonia local, según ecologistas locales, ha activado todas las alarmas en Cantabria ante la sospecha de un brote de botulismo o vertidos industriales. Mientras el Ayuntamiento de Suances ha extremado las precauciones en los arenales y la Consejería de Medio Ambiente analiza los cadáveres de los animales, la Asociación Proyecto Ría San Martín ha exigido una protección legal inmediata para un ecosistema que agoniza “sin una figura de conservación”.

El paisaje habitual de la Ría San Martín, ese estuario donde el agua dulce se funde con el Cantábrico en el entorno de Suances e Hinojedo, se ha transformado en la última semana en un escenario de desolación. Lo que comenzó como un hallazgo aislado de ánades (tipo de pato) muertos el pasado 8 de agosto se ha convertido en una “catástrofe medioambiental” en cadena que amenaza con diezmar una de las zonas de mayor biodiversidad del norte de España, según Abel Ojugas, presidente de la Asociación Proyecto Ría San Martín.

El ecologista ha descrito la situación de “bastante preocupante” dado que, según los censos y observaciones a pie de campo realizados por su organización, la mortalidad ya ha golpeado al 80% de la colonia de azulones (ánade azulón) que habita la zona, y el goteo de cadáveres no cesa. “Empezamos a ver alguno enfermo y luego ha sido en cadena, en cadena, en cadena”, relata Ojugas, que cifra en más de un centenar los ejemplares recogidos hasta la fecha.

La magnitud del desastre no solo se mide en números, sino en el valor ecológico de las especies afectadas. La Ría San Martín es, según los registros de la plataforma mundial de observaciones eBird, la segunda zona más importante de Cantabria en número de especies y alberga la mayor colonia reproductora de tarro blanco -otra variedad de pato- de toda la cornisa cantábrica. Ya se han encontrado al menos cinco ejemplares jóvenes muertos de esta especie, según la asociación. A la lista de bajas se suman otras especies como: ánades frisos, cercetas comunes, un cisne y, más recientemente, la gaviota reidora, una especie que comienza a llegar ahora para pasar el invierno, como parte de su proceso migratorio.

Riesgo de contagio a otros animales

Otro de los puntos en los que la Asociación Proyecto Ría San Martín pone el acento es en el riesgo de contagio existente por la propia dinámica del ecosistema. Los ecologistas han documentado gráficamente cómo otras especies están consumiendo los restos de las aves infectadas. “Ayer había cámbaros comiéndose los restos de un tarro blanco; hemos visto cormoranes alimentándose de ánades frisos muertos y signos de carroñeo por parte de zorros o jabalíes presentes en la zona”, ha advertido Ojugas.

Esta interacción acelera la dispersión de lo que sea que esté matando a las aves, convirtiendo cada cadáver no retirado en un nuevo foco de infección.

¿Botulismo o fallo industrial?

A falta de los resultados definitivos de las necropsias y análisis de agua, muchas hipótesis apuntan al botulismo aviar. Esta enfermedad, provocada por una toxina bacteriana que prolifera en condiciones de calor, falta de oxígeno y aguas estancadas, encajaría con los síntomas observados. Sin embargo, la singularidad de la Ría San Martín, un entorno de mareas donde el agua se renueva constantemente, genera dudas entre los ambientalistas de la zona.

“El botulismo se genera donde hay poco agua o está estancada. En la Ría San Martín hay mareas, sube y baja, no hay pozas”, explica Ojugas a elDiario.es, al tiempo que recuerda la actividad humana e industrial de la zona, con factorías como la Asturiana de Zinc, Solvay o la polémica Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Vuelta Ostrera y que algún fallo haya alterado el equilibrio del agua. “Puede haber habido algún fallo, aguas estancadas que se mueven y no se oxigenan correctamente”, ha argumentado, “pero en cualquier caso tienen que ser las administraciones y autoridades competentes las encargadas de determinarlo”, ha concluido.

Precaución en las playas y cierre de accesos

Por su parte, el Ayuntamiento de Suances mantiene la cautela a la espera de los informes técnicos. La concejala de Medio Ambiente, Ana Santiago (PSOE), ha confirmado que el municipio ha solicitado su propia analítica de aguas para contrastarla con la de la Consejería de Medio Ambiente (PP), con la que, según ha señalado, han tenido que contactar vía correo electrónico en ausencia de un teléfono operativo. Santiago ha matizado que, en principio, se descarta una contaminación química masiva que afecte a toda la fauna acuática: “Si fuera por el agua, también habría cadáveres de peces, y no es el caso; de momento solo son aves”, ha dicho.

Pese a ello, la emergencia ha obligado a tomar medidas drásticas para proteger la salud pública. Ante la advertencia de la Asociación Proyecto Ría San Martín -primera en dar la voz de alarma-, de que el botulismo puede afectar también a los humanos y, especialmente, a las mascotas, el consistorio ha procedido al vallado y señalización de las zonas más críticas del carril bici y las orillas de la ría.

“Hemos puesto carteles de prohibido el paso a personas y animales por prevención”, ha explica la concejala Ana Santiago a elDiario.es este lunes. La mayor preocupación del equipo de gobierno es que el foco pueda extenderse hacia las concurridas playas de Suances, como la de La Concha, dada la proximidad de la desembocadura. “Estamos super pendientes; hay que actuar rápidamente antes de que pueda llegar a los arenales”, ha subrayado Santiago, reconociendo que los plazos de los laboratorios se están dilatando debido a que agosto es un mes “poco hábil”.

El momento en que ha estallado esta crisis es bastante crucial, ya que Cantabria se encuentra en pleno periodo migratorio, y la Ría San Martín actúa como una “estación de servicio” vital para las aves que viajan hacia el sur. Actualmente hay unas 300 gaviotas reidoras en la zona, pero en las próximas semanas se espera la llegada de hasta 700 cercetas comunes y centenares de otras aves invernantes.

“Si una cerceta para, descansa y se infecta, puede llevar el virus a otro lugar”, ha advertido Ojugas sobre el potencial efecto multiplicador de la emergencia ambiental. Desde SEO/BirdLife Cantabria han mostrado también su apoyo a la asociación local y siguen con preocupación el caso.

Un clamor por la protección legal

Para los ecologistas, lo que está ocurriendo es la consecuencia de años de desidia administrativa. Abel Ojugas denuncia que la Ría San Martín es la única de Cantabria que carece de una figura de protección legal, a pesar de su innegable valor ornitológico. “Llevamos años detrás de la administración; es la más rica de Cantabria y está sin protección”, ha lamentado.

La Asociación Proyecto Ría San Martín, con más de una década de trayectoria, sostiene que, si el estuario contara con la declaración de Área Natural de Especial Interés (ANEI), como se ha solicitado repetidamente, o estuviera integrada en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los controles sobre la industria serían más estrictos y la respuesta ante emergencias más ágil. “Una protección efectiva supone mayor seguimiento, conservación y gestión”, sostienen desde la organización.

El presidente de la organización ambientalista ha reiterado que este fatídico incidente cuyas causas están aún por determinar “tiene que marcar un antes y un después” y cuando termine esta emergencia no se puede volver a la situación anterior de desprotección.

El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil investiga els abocaments sistemàtics d’aigües fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Parc Natural de ses Salines. Els agents han dut a terme aquest dimarts al matí una inspecció sobre el terreny i han pres mostres per analitzar-les i determinar les característiques de l’abocament, després que l’Aliança per l’Aigua denunciés el cas.

L’actuació de l’institut armat es produeix després que l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia informés aquest dilluns la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern balear sobre l’abocament al torrent de sa Font. L’organisme autonòmic ha obert diligències prèvies i ha sol·licitat la col·laboració del Seprona. Fonts de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua assenyalen que, a partir dels resultats de la inspecció i de les anàlisis, es determinaran “les actuacions que corresponguin i, si cal, s’instruirà el corresponent expedient”.

Precisament, una setmana després que saltés l’alarma pels abocaments sistemàtics d’aigües fecals procedents de l’Aeroport d’Eivissa cap al Parc Natural de ses Salines, l’Aliança per l’Aigua ha dut aquest divendres el cas a la via penal en denunciar AENA per un presumpte delicte ambiental davant la Fiscalia de Medi Ambient aquest 14 d’agost. La denúncia encara està pendent de ser admesa a tràmit. AENA ha explicat a aquest diari que el Seprona està investigant el cas i que el gestor aeroportuari hi està col·laborant.

Aquesta acció judicial es produeix després que aquest dijous es formalitzés la denúncia i es lliurés al Seprona de la Guàrdia Civil un informe tècnic en què es detallen presumptes irregularitats mediambientals relacionades amb abocaments d’aigües residuals procedents de la depuradora de l’aeroport. L’Aliança per l’Aigua, que defensa la millora de la política hídrica de l’illa, reclama així una investigació del Seprona per verificar els possibles incompliments de la normativa mediambiental.

Cal assenyalar que els fets varen motivar el tancament parcial al bany de la platja des Codolar el divendres 7 d’agost, tot i que aquest dimarts es va tornar a obrir. L’Ajuntament de Sant Josep va informar que reobria la zona de la platja situada davant del torrent després que les analítiques realitzades aquest dilluns “confirmessin que la qualitat de l’aigua es troba dins els valors permesos”. “L’Ajuntament mantindrà durant les pròximes setmanes el control de la qualitat de les aigües de bany en aquesta zona amb l’objectiu de comprovar-ne l’evolució i detectar qualsevol possible incidència”, va remarcar.

Un laboratori independent

La contaminació dels abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al torrent de sa Font supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua en col·laboració amb un laboratori independent, com va informar aquest diari. L’entitat que defensa la millora de la política hídrica de l’illa va explicar que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva europea sobre el tractament de les aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora no va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments detectats són especialment greus”, varen sostenir les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesa en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent.

“La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, va explicar a aquest diari Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, va argumentar que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers a l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, va lamentar, i va afegir que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades. D’altra banda, va insistir que s’estan produint abocaments d’aigües insuficientment depurades al voltant d’un parc natural.

AENA defensa les seves actuacions

Fonts d’AENA varen respondre a aquest diari que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins els límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i el consum d’aigua, com també les analítiques i els informes que són aplicables, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent.

“Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “per utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Així mateix, varen afegir que la depuradora recull l’aigua de l’aeroport i, després d’un tractament previ, es reutilitza per al reg. D’aquesta manera, asseguren aquestes fonts, es pot “reduir notablement el consum d’aigua”. Tanmateix, a vegades d’alt consum o de tempestes, pot omplir-se “algun dels sobreeixidors de les successives etapes de depuració, cosa que provoca que surti una mica d’aigua ja tractada a l’exterior”.

“L’última analítica correspon al mes de juliol i encara no en tenim els resultats, però en les anteriors no s’hi han detectat anomalies”, va defensar AENA. L’organisme semipúblic va informar que estava prevista una inversió per ampliar la depuradora i que, addicionalment, des de l’aeroport “estan estudiant la possibilitat de dur a terme actuacions als lavabos que disminueixin el cabal d’aigua abocada”. Finalment, varen voler aclarir que “el torrent del qual parlen, al llarg del seu recorregut, està situat al costat de diferents instal·lacions, no només les aeroportuàries, que també poden estar originant abocaments ocasionals”.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga los vertidos sistemáticos de aguas fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Parc Natural de ses Salines. Los agentes realizaron la mañana del pasado martes una inspección sobre el terreno y tomaron muestras para analizarlas y determinar las características del vertido después de que la Alianza por el Agua denunciara el caso.

La actuación del instituto armado se produce después de que el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia informara el lunes a la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear sobre el vertido en el torrente de sa Font. El organismo autonómico ha abierto diligencias previas y ha solicitado la colaboración del Seprona. Fuentes de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua señalan que, a partir de los resultados de la inspección y de los análisis, se determinarán “las actuaciones que correspondan y, si es necesario, se instruirá el correspondiente expediente”.

Precisamente, una semana después de que saltara la alarma por los vertidos sistemáticos de aguas fecales procedentes del Aeropuerto de Eivissa hacia el Parc Natural de ses Salines, la Alianza por el Agua ha llevado este viernes el caso a la vía penal al denunciar por un presunto delito ambiental a AENA ante la Fiscalía de Medio Ambiente este 14 de agosto. La denuncia todavía está pendiente de ser admitida a trámite. AENA ha explicado a este diario que el Seprona está investigando el caso y que el gestor aeroportuario está colaborando.

Esta acción judicial se produce tras formalizarse este jueves la denuncia y entregar al Seprona de la Guardia Civil un informe técnico en el que se detallan presuntas irregularidades medioambientales relacionadas con vertidos de aguas residuales provenientes de la depuradora del aeropuerto. La Alianza por el Agua, que aboga por la mejora de la política hídrica en la isla, reclama así una investigación del Seprona para verificar los posibles incumplimientos de la normativa medioambiental.

Cabe señalar que los hechos motivaron el cierre parcial al baño en la playa de es Codolar el viernes 7 de agosto, aunque este martes volvió a ser reabierta. El Ayuntamiento de Sant Josep informó de que reabría la zona de la playa situada delante del torrente después de que las analíticas realizadas este lunes “confirmasen que la calidad del agua se encuentra dentro de los valores permitidos”. “El Ayuntamiento mantendrá durante las próximas semanas el control de la calidad de las aguas de baño en esta zona con el objetivo de comprobar la evolución y detectar cualquier posible incidencia”, resaltó.

Un laboratorio independiente

La contaminación de los vertidos de aguas residuales y bacterias fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, supera en hasta 17 y 12 veces los límites legales, respectivamente, según cuatro muestreos realizados por la Alianza por el Agua en colaboración con un laboratorio independiente, como informó este diario. La entidad que aboga por mejorar la política hídrica de la isla explicó que la denuncia se basa en los resultados de cuatro tomas de muestras realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear.

Los resultados evidencian el incumplimiento del Real Decreto 509/1996 –que transpone la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas– y de los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que el aeropuerto hace de su efluente. En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas.

“Los incumplimientos detectados son especialmente graves”, sostuvieron las organizaciones denunciantes, ya que los análisis reflejan un problema ambiental grave. La normativa fija unos límites máximos de contaminación permitido en el agua depurada pero la depuradora del aeropuerto los superó en las cuatro muestras recogidas por la Alianza por el Agua y analizadas por un laboratorio independiente.

“La situación presenta varios incumplimientos. Por un lado, el acuífero está salinizado y esa salinización está provocando un proceso de desnitrificación y la generación de salmuera sin que sepamos dónde acaba. Todo ello se está haciendo, además, sin la autorización correspondiente”, explicó a este diario Rafa Tur, miembro de la Alianza por el Agua.

Tur, que está vinculado también al asociacionismo vecinal y la gestión forestal, argumentó que la depuradora del aeropuerto se diseñó para atender un volumen de unos cinco o seis millones de pasajeros al año, pero ahora el aeropuerto ya gestiona los nueve millones. “La instalación está claramente sobrepasada”, lamentó y añadió que parte del agua depurada se reutiliza para regar los jardines del aeropuerto, pero que no cumple los parámetros exigidos por la normativa para la reutilización de aguas regeneradas. Por otro lado, insistió en que se están produciendo vertidos de aguas insuficientemente depuradas en el entorno de un parque natural.

AENA defiende sus actuaciones

Fuentes de AENA respondieron a este diario que, en base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Eivissa se abastece “exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada”. “Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes”, señalan.

Asimismo, indican que todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes, entre ellos la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern; la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que se declara el volumen de agua extraída para la liquidación del correspondiente canon.

“Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas”, afirman y añaden que el aeropuerto está autorizado por Recursos Hídricos “para usar el agua saliente de la depuradora en riego de jardines y zonas verdes propias”.

Asimismo, añadieron que la depuradora recoge el agua del aeropuerto y, tras un tratamiento previo, se reutiliza para riego. De esta manera, aseguraban estas fuentes, se puede “reducir notablemente el consumo de agua”. Sin embargo, en ocasiones de alto consumo o tormentas, puede llenarse “alguno de los aliviaderos de las sucesivas etapas de depuración, lo que ocasiona que salga algo de agua ya tratada fuera”.

“La última analítica corresponde al mes de julio y no disponemos aún de los resultados, pero en las anteriores no se han detectado anomalías”, defendió AENA. El organismo semipúblico informó de que estaba prevista una inversión de ampliación de la depuradora y, adicionalmente, desde el aeropuerto “están viendo la posibilidad de hacer actuaciones en los aseos que disminuyan el caudal de agua vertida”. Finalmente, quisieron aclarar que “el torrente del que hablan, a lo largo de su recorrido, está junto a diferentes instalaciones, no solo las aeroportuarias que también pueden estar originando vertidos ocasionales”.

Més d’una desena d’entitats —socials, ecologistes, veïnals i en defensa de l’aigua— han denunciat aquest divendres els abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Torrent de sa Font, un curs d’aigua que desemboca directament al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

La contaminació supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua, una entitat que advoca per millorar la política hídrica de les Pitiüses. Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

L’Aliança per l’Aigua explica que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Les entitats han anunciat, a més, que remetran l’informe i els resultats de les anàlisis a la Fiscalia de Medi Ambient i al Seprona de la Guàrdia Civil perquè investiguin els presumptes incompliments detectats. Així mateix, reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics i de la Conselleria de Salut per avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del Parc Natural de ses Salines.

Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva Europea sobre el tractament d’aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments són especialment greus”

“Els incompliments detectats són especialment greus”, sostenen les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesos en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent. “La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, explica a elDiario.es Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, argumenta que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, lamenta, i afegeix que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades.

“A això s’hi suma un tercer problema: s’estan fent abocaments d’aigües insuficientment depurades a l’entorn d’un parc natural”, resumeix. Malgrat tot, Tur recorda que AENA preveu destinar 230 milions d’euros a una ampliació de l’aeroport que promou, entre altres qüestions, una sala VIP més gran. “Nosaltres diem que menys sala VIP —que ja ens n’estan afartant— i més complir la normativa i adaptar les infraestructures a les necessitats actuals. Si volen ampliar la capacitat de l’aeroport fins als 11 milions de passatgers, abans haurien de garantir que les instal·lacions bàsiques, com la depuradora, funcionen correctament i compleixen la legislació”, adverteix.

Hazel Morgan, portaveu de l’associació ecologista Amics de la Terra, ha qualificat de “vergonyós” que AENA no sàpiga gestionar els recursos necessaris per a la terminal i ha considerat que el que està fent la gestora aeroportuària és “totalment il·legal”: “Pretenen fer l’ampliació sense fixar-se en aquestes qüestions; si necessiten més espai per als països no Schengen, que eliminin les botigues Duty Free per guanyar-lo”, afegeix Morgan.

Fonts d’AENA responen aelDiario.es que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins dels límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i al consum d’aigua, així com les analítiques i els informes que siguin d’aplicació, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent. “Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “a utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Risc sanitari

Dels mostrejos promoguts per l’Aliança per l’Aigua es desprèn que el pitjor resultat es va registrar el 8 de juliol, quan la contaminació orgànica va assolir un nivell 17 vegades superior al permès i els sòlids en suspensió van arribar a multiplicar per 18 el límit legal. Les anàlisis realitzades el 12 i el 25 de juny i el 22 de juliol també van detectar incompliments, sense que s’hi apreciés cap millora. Les entitats adverteixen que el problema és especialment preocupant perquè l’aigua tractada s’aboca al Torrent de sa Font, que desemboca al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, un espai protegit per la Xarxa Natura 2000.

El Torrent de sa Font neix a la serra Grossa, a uns 160 metres d’altitud, i recorre prop de nou quilòmetres fins a desembocar a la platja des Codolar. En el seu recorregut travessa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, s’uneix a un altre torrent i voreja les instal·lacions de l’aeroport abans d’arribar a la mar. En aquest darrer tram, conegut com a torrent des Rafal, la llera travessa una zona pràcticament plana fins a desembocar a l’entorn del parc natural.

Les anàlisis també posen el focus en el risc sanitari. La normativa permet un màxim de 200 unitats del bacteri E. coli per cada 100 mil·lilitres d’aigua quan aquesta es reutilitza per regar parcs i jardins, un ús que l’aeroport dona a part de l’aigua tractada. Tanmateix, en les mostres recollides les anàlisis van superar les 2.420 unitats per cada 100 mil·lilitres, el màxim que el mètode emprat era capaç de mesurar. Això significa que la concentració real podria ser encara més elevada, lamenten les entitats. En qualsevol cas, insisteixen que els resultats multipliquen per almenys dotze el límit legal.

Descarten que siguin fets aïllats

Les organitzacions adverteixen que l’aigua abocada acaba al Torrent de sa Font i, des d’allí, a la platja des Codolar, per la qual cosa temen que la contaminació fecal pugui arribar a una zona de bany i suposar un risc per a la salut pública. Per això reclamen que se suspengui cautelarment la reutilització d’aquesta aigua per al reg fins que se’n garanteixi la qualitat i que les administracions duguin a terme controls urgents tant als jardins de l’aeroport com a les aigües de bany des Codolar.

Els resultats descarten que es tracti d’un episodi aïllat, apunta l’Aliança per l’Aigua. Els incompliments es van repetir en les quatre campanyes realitzades entre juny i juliol, sense que les anàlisis reflecteixin cap millora, fet que, al seu parer, apunta a “un problema estructural de la depuradora més que no a una avaria puntual”. L’entitat sosté que la instal·lació ja és incapaç de tractar correctament el volum actual d’aigües residuals, una situació que considera especialment preocupant davant l’ampliació de l’aeroport projectada per AENA.

La denúncia arriba, a més, en un moment de creixent contestació social al projecte d’ampliació de la infraestructura aeroportuària. En les darreres setmanes, nombroses organitzacions ecologistes i veïnals han signat un manifest contra els plans d’AENA i el grup ecologista GEN-GOB també ha demanat a la Guàrdia Civil que investigui l’abastiment d’aigua potable de l’aeroport per presumptes extraccions il·legals d’un pou. A parer de l’Aliança per l’Aigua, les noves anàlisis evidencien que les infraestructures ambientals de l’aeroport ja presenten mancances amb la capacitat actual.

Les entitats exigeixen ara a AENA que faci públiques les dades tècniques de la depuradora, com la seva capacitat de tractament, el volum d’aigua que processa i el cabal que aboca, a més d’acreditar que disposa de les autoritzacions necessàries per a l’abocament i la reutilització de l’aigua. També reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics —dependent de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua— i de la Conselleria de Salut per “avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del parc natural”.

Más de una decena de entidades –sociales, ecologistas, vecinales y en defensa del agua– han denunciado este viernes los vertidos de aguas residuales y bacterias fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, un curso de agua que desemboca directamente en el Parc Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera.

La contaminación supera en hasta 17 y 12 veces los límites legales, respectivamente, según cuatro muestreos realizados por la Alianza por el Agua, una entidad que aboga por mejorar la política hídrica de las Pitiüses. Ses Salines de Eivissa y Formentera constituyen un ejemplo paradigmático de riqueza del ecosistema mediterráneo. Su singularidad radica en que es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como un espacio de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales.

La Alianza por el Agua explica que la denuncia se basa en los resultados de cuatro tomas de muestras realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear.

Las entidades han anunciado además que remitirán el informe y los resultados de los análisis a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil para que investiguen los presuntos incumplimientos detectados. Asimismo, reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos y de la Conselleria de Salud para evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de Es Codolar ni para el entorno del Parc Natural de ses Salines.

Los resultados evidencian el incumplimiento del Real Decreto 509/1996 –que transpone la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas– y de los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que el aeropuerto hace de su efluente. En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas.

“Los incumplimientos son especialmente graves”

“Los incumplimientos detectados son especialmente graves”, sostienen las organizaciones denunciantes, ya que los análisis reflejan un problema ambiental grave. La normativa fija unos límites máximos de contaminación permitido en el agua depurada pero la depuradora del aeropuerto los superó en las cuatro muestras recogidas por la Alianza por el Agua y analizadas por un laboratorio independiente. “La situación presenta varios incumplimientos. Por un lado, el acuífero está salinizado y esa salinización está provocando un proceso de desnitrificación y la generación de salmuera sin que sepamos dónde acaba. Todo ello se está haciendo, además, sin la autorización correspondiente”, explica a elDiario.es Rafa Tur, miembro de la Alianza por el Agua.

Tur, que está vinculado también al asociacionismo vecinal y la gestión forestal, argumenta que la depuradora del aeropuerto se diseñó para atender un volumen de unos cinco o seis millones de pasajeros al año, pero ahora el aeropuerto ya gestiona los nueve millones. “La instalación está claramente sobrepasada”, lamenta y añade que parte del agua depurada se reutiliza para regar los jardines del aeropuerto, pero que no cumple los parámetros exigidos por la normativa para la reutilización de aguas regeneradas.

“A eso se suma un tercer problema: se están realizando vertidos de aguas insuficientemente depuradas en el entorno de un parque natural”, resume. Pese a todo, Tur recuerda que AENA prevé destinar 230 millones de euros en una ampliación del aeropuerto que promueve, entre otras cuestiones, una sala VIP más grande. “Nosotros decimos que menos sala VIP –que ya nos están hartando– y más cumplir la normativa y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales. Si quieren ampliar la capacidad del aeropuerto hasta los 11 millones de pasajeros, antes deberían garantizar que las instalaciones básicas, como la depuradora, funcionan correctamente y cumplen la legislación”, advierte.

Fuentes de AENA responden a elDiario.es que, en base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Eivissa se abastece “exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada”. “Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes”, señalan.

Asimismo, indican que todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes, entre ellos la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern; la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que se declara el volumen de agua extraída para la liquidación del correspondiente canon. “Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas”, afirman y añaden que el aeropuerto está autorizado por Recursos Hídricos “para usar el agua saliente de la depuradora en riego de jardines y zonas verdes propias”.

Riesgo sanitario

De los muestreos promovidos por la Alianza por el Agua se desprende que el peor resultado se registró el 8 de julio, cuando la contaminación orgánica alcanzó un nivel 17 veces superior al permitido y los sólidos en suspensión llegaron a multiplicar por 18 el límite legal. Los análisis realizados el 12 y el 25 de junio y el 22 de julio también detectaron incumplimientos, sin que se apreciara ninguna mejora. Las entidades advierten de que el problema es especialmente preocupante porque el agua tratada se vierte al Torrent de sa Font, que desemboca en el Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera, un espacio protegido por la Red Natura 2000.

El Torrent de sa Font nace en la serra Grossa, a unos 160 metros de altitud, y recorre cerca de nueve kilómetros hasta desembocar en la playa de es Codolar. En su camino atraviesa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, se une a otro torrente y bordea las instalaciones del aeropuerto antes de llegar al mar. En ese último tramo, conocido como torrent des Rafal, el cauce atraviesa una zona prácticamente llana hasta desembocar en el entorno del parque natural.

Los análisis también ponen el foco en el riesgo sanitario. La normativa permite un máximo de 200 unidades de la bacteria E. coli por cada 100 mililitros de agua cuando esta se reutiliza para regar parques y jardines, un uso que el aeropuerto da a parte del agua tratada. Sin embargo, en las tomas de muestras recogidas los análisis superaron las 2.420 unidades por cada 100 mililitros, el máximo que el método empleado era capaz de medir. Esto significa que la concentración real podría ser todavía mayor, lamentan las entidades. En cualquier caso, insisten en que los resultados multiplican por al menos doce el límite legal.

Descartan que sean hechos aislados

Las organizaciones advierten de que el agua vertida acaba en el Torrent de sa Font y, desde allí, en la playa de es Codolar, por lo que temen que la contaminación fecal pueda llegar a una zona de baño y suponer un riesgo para la salud pública. Por ello reclaman que se suspenda cautelarmente la reutilización de esta agua para riego hasta que se garantice su calidad y que las administraciones realicen controles urgentes tanto en los jardines del aeropuerto como en las aguas de baño de es Codolar.

Los resultados descartan que se trate de un episodio aislado, apunta la Alianza por el Agua. Los incumplimientos se repitieron en las cuatro campañas realizadas entre junio y julio, sin que los análisis reflejen ninguna mejora, lo que, a su juicio, apunta a “un problema estructural de la depuradora más que a una avería puntual”. La entidad sostiene que la instalación ya es incapaz de tratar correctamente el volumen actual de aguas residuales, una situación que considera especialmente preocupante ante la ampliación del aeropuerto proyectada por AENA.

La denuncia llega, además, en un momento de creciente contestación social al proyecto de ampliación de la infraestructura aeroportuaria. En las últimas semanas, numerosas organizaciones ecologistas y vecinales han firmado un manifiesto contra los planes de AENA y el grupo ecologista GEN-GOB también ha pedido a la Guardia Civil que investigue el abastecimiento de agua potable del aeropuerto por presuntas extracciones ilegales de un pozo. A juicio de la Alianza por el Agua, los nuevos análisis evidencian que las infraestructuras ambientales del aeropuerto ya presentan carencias con la capacidad actual.

Las entidades exigen ahora a AENA que haga públicos los datos técnicos de la depuradora, como su capacidad de tratamiento, el volumen de agua que procesa y el caudal que vierte, además de acreditar que dispone de las autorizaciones necesarias para el vertido y la reutilización del agua. También reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos –dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua– y de la Conselleria de Salud para “evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de es Codolar ni para el entorno del parque natural”.

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe que abastece más de 400.000 personas en la provincia de Guadalajara, incluidas la capital y Azuqueca de Henares, además de llevar agua hasta Alcalá de Henares, en Madrid, está preparando la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) ubicada en Mohernando (Guadalajra) para afrontar “el posible impacto” que pudiera tener el incendio forestal de La Mierla sobre la calidad del agua de captación, en el hipotético caso de que se registren episodios de lluvia o tormentas en la cuenca del río Sorbe.

El incendio, que ya ha calcinado más de 32.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara, podría provocar, según advierte la entidad, “en caso de precipitaciones intensas”, un arrastre hacia los cauces de cenizas, sedimentos, metales, materia orgánica y otros compuestos, incrementando significativamente la turbidez del agua bruta.

El vicepresidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Juan Carlos Martín, ha explicado que la administración “está trabajando de forma preventiva y con la máxima anticipación para afrontar con eficacia cualquier posible incidencia que pudiera derivarse del incendio”.

Preparando los protocolos

En este sentido, ha señalado que los profesionales técnicos están analizando la evolución de la situación y preparando todos los protocolos necesarios para garantizar, en cualquier circunstancia, la calidad del agua.

Las medidas advierten, “únicamente se aplicarían en función de la evolución de la calidad del agua bruta captada”. En caso de que fuera necesario, la Estación de Tratamiento de Agua Potable ajustaría los distintos procesos de potabilización en función de las necesidades detectadas.

No solo se reforzarán los controles analíticos, para seguir en en particular parámetros como la turbidez, el color, la materia orgánica y los metales disueltos, sino que se incrementará “de forma controlada” la dosificación inicial de ozono y cloro para favorecer la oxidación de la materia orgánica disuelta y facilitar la precipitación de determinados metales presentes en el agua.

También se ajustará el pH y el incremento de las dosis de coagulantes “cuando resulte necesario” y se controlará la decantación de partículas derivadas del incendio.

Se realizará un “control exhaustivo” del proceso de filtración y se incidirá en la desinfección.

Son todas ellas medidas técnicas que se aplicarán, estas y otras que fueran necesarias, para “garantizar en todo momento un suministro de agua potable seguro y de máxima calidad para la población”.

La respuesta dada este 24 de junio por parte del director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, Ángel Montañés, a unas alegaciones presentadas a la modificación de la autorización del vertido desde tierra al mar de las aguas residuales urbanas depuradas en la EDAR de Puerto de la Cruz (que abarca al Valle de La Orotava y Santa Úrsula) han permitido difundir una nueva fecha para la conclusión de las obras de rehabilitación del emisario submarino de la zona.

Estos trabajos, envueltos en la polémica del consejo público de no bañarse en Playa Jardín desde julio de 2024, se adjudicaron en junio de 2025 por 2,7 millones de euros a la empresa Ferrovial y se recalcó que tendrían un plazo ejecutorio de 16 meses. Sin embargo, en la citada respuesta de la dirección, dependiente de la consejería regional de Transición Ecológica y Energía, se apunta que, “tras la obtención de los necesarios permisos”, se prevé que la conclusión de las obras tenga lugar, “de manera aproximada, en diciembre de 2027”.

Esta actuación comenzó tras los trabajos ejecutados en los pozos filtrantes. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila (CC), y el vicepresidente, Lope Afonso (PP), se trasladaron al Puerto de la Cruz para detallar esta actuación en el emisario y recalcaron que se invertiría un total de 30 millones para “acabar con los vertidos, proteger el litoral y garantizar un tratamiento adecuado del agua”, cifra que incluye la nueva estación depuradora y esta reforma del emisario que, sin embargo, va a incumplir el plazo anunciado entonces de 16 meses por un total de 28.

Las obras del emisario consisten en la sustitución de la instalación submarina en el barrio de Punta Brava en un tramo que presentaba poliéster reforzado con fibra de vidrio y en el que se situaba la fisura hallada. El nuevo material es de polietileno de alta densidad, lo que, según el proyecto, mejorará la situación actual del vertido, aparte de que se repondrán las tapas en este tramo, “en el que los bloques prefabricados, que funcionan como muertos de anclaje de la conducción, las han perdido, así como el fondeo de nuevos bloques de lastre para la zona de difusores”.

Estas obras, presentadas como una clara apuesta por resolver el problema de las aguas residuales en la comarca del Valle, se completan con la construcción de la nueva EDAE, con una inversión prevista de 25 millones de euros. Una depuradora prevista para unos 100.000 residentes de La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos y Santa Úrsula.

Además, se invirtieron dos millones en la instalación del sistema terciario de la actual depuradora, con el fin de disponer de un caudal adicional de agua regenerada para riego, que se impulsa desde la EDAR hasta la balsa de La Cruz Santa, en Los Realejos, reforzando el suministro agrícola en la comarca.

Por otro lado, quedan pendientes también las obras de mejora del alcantarillado de las viviendas de Punta Brava, con una inversión de un millón para disponer de una red de saneamiento moderna que evite vertidos.

El Tribunal Supremo ha sepultado definitivamente el proyecto estrella del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno para construir en la Vega de Mestanza la gran depuradora del área metropolitana de Málaga, valorada en más de 106 millones de euros.

Los magistrados han inadmitido el recurso de casación presentado por la Junta contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado paralizar las obras de la llamada “EDAR Norte de Málaga” al poco de empezar los trabajos, argumentando que nunca se estudiaron si las posibles alternativas a ubicar la depuradora en este enclave eran menos lesivas desde el punto de vista ambiental.

La decisión del Supremo pone fin a la vía judicial y convierte en firme el fallo (junio de 2025) que paralizó una de las mayores infraestructuras hidráulicas previstas en la provincia, dando la razón a la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas en el recurso que interpusieron a finales de 2022 contra el anteproyecto de la depuradora.

El Gobierno andaluz deberá abonar 2.000 euros por las costas del proceso, pero el cálculo político y económico de este varapalo judicial es mucho más alto. El Ejecutivo de Moreno se había empeñado en ubicar una depuradora para tratar 75.000 metros cúbicos de aguas residuales de unos 250.000 habitantes -de cinco munipios, incluido parte de Málaga capital- en una zona inundable, ocupando unas 13 hectáreas.

El veto definitivo del Tribunal Supremo deja en el aire la adjudicación millonaria del proyecto -las obras ya habían comenzado- y abre nuevas incógnitas respecto a las expropiaciones a unos 150 propietarios de los terrenos donde se estaba construyendo la infraestructura hidráulica, que ya han cobrado el justiprecio de esas parcelas.

Desde hace casi dos décadas, los alcaldes de los cinco municipios malagueños afectados -Torremolinos, Cártama, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y Málaga capital- y la Junta de Andalucía conocían de la necesidad de disponer de una nueva depuradora de aguas para esta zona, que vierte al río Guadalhorce las aguas residuales de sus vecinos sin depurar.

El proyecto permaneció mucho tiempo latente, sin que el Gobierno andaluz (por entonces en manos del PSOE) lo abordara. El Ejecutivo de Moreno reactivó el proyecto durante su primer mandato, a finales de 2020, echando mano de los ingresos del canon del agua (una tasa que primero suprimió y luego volvió a activar).

La EDAR Norte de Málaga era la infraestructura de depuración más relevante de cuantas tenía asignadas la administración andaluza. El auto del Supremo, al que ha tenido acceso este periódico, supone un golpe a uno de los proyectos más emblemáticos del Gobierno andaluz del PP en esta provincia, que hace apenas dos semanas también vio cómo el Alto Tribunal Andaluz anulaba las expropiaciones de terreno que ejecutaron para construir la depuradora en este enclave, por entender que allanaban un proyecto que ya había sido censurado por los tribunales.

Los jueces argumentan en su auto, fechado este jueves, que “no se fundamenta suficientemente (...) que concurran alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo”, y concluye que “el pronunciamiento de la sentencia impugnada presenta una virtualidad expansiva que implicará su proyección o influencia sobre numerosas situaciones similares; circunstancia que en este caso no aparece debidamente cumplimentada”.

El Supremo fulmina así el último intento del Gobierno andaluz por reactivar las obras de su proyecto estrella y da por válidos los argumentos del TSJA que paralizó la depuradora. En aquella sentencia ya se afeaba a los técnicos de la Junta que sólo hubieran tenido en cuenta criterios “exclusivamente económicos” para elegir Vega de Mestanza, obviando un contraste ambiental con las alternativas que existían en otros lugares de la ciudad de Málaga.

El fallo puso énfasis en subrayar que Vega de Mestanza es un “punto estratégico” del Corredor Biológico Mundial al tratarse del Kilómetro Cero del Sur de Europa del Corredor Biológico Mundial, algo que los técnicos debieron valorar y comparar con otras opciones. Además, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, la cataloga como zona inundable de “alta probabilidad” de inundaciones, es decir, con una frecuencia previsible inferior a diez años, como se pudo comprobar en las últimas lluvias torrenciales del otoño.

El auto del Supremo, previsiblemente, obligará a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a buscar una ubicación alternativa. Su titular, el consejero Ramón Fernández-Pacheco, ya había advertido de que no depurar las aguas residuales de la zona norte metropolitana de Málaga obligaba a la Junta a pagar cada año casi 1,3 millones de euros a la Comisión Europea en concepto de multa.

La Justicia ha vuelto a fallar contra la gran depuradora de la zona norte de Málaga. Una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), notificada a las partes este miércoles, ha acordado dejar sin efecto las expropiaciones forzosas que la Junta de Andalucía ya había realizado en la Vega de Mestanza, unos terrenos en zona inundable que suman unas 13 hectáreas dedicadas desde hace casi un siglo al cultivo de cítricos, y donde estaba previsto ubicar la EDAR que depuraría las aguas residuales de unas 600.000 personas que viven en Málaga y su área metropolitana. Además, los magistrados imponen las costas a la Administración, unos 2.000 euros.

La resolución, que anula la convocatoria del levantamiento de las actas previas y por tanto, todo lo que vino después, es el corolario casi inevitable de otra sentencia previa, dictada hace ahora un año por el mismo TSJA, ordenando parar la obra cuando esta ya había arrancado. El TSJA estimó entonces el recurso de la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y las Lomas de Cantarranas, concluyendo que la Junta de Andalucía había evitado comparar la idoneidad de esta ubicación y otras alternativas desde el punto de vista ambiental, guiándose exclusivamente por un criterio económico.

Esa decisión, que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por la administración autonómica, supuso un notable varapalo a la Junta de Andalucía, que llevaba años preparando el terreno legal para ubicar esta instalación y tiene adjudicada la obra desde finales de 2021 por 106,5 millones de euros. Es una obra declarada de interés general para Andalucía, con un presupuesto total de 138 millones de euros con cargo al canon autonómico de mejora de infraestructuras hidráulicas.

La futura depuradora recogerá unos 75.000 metros cúbicos (ampliables a 125.000) procedentes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Torremolinos y un par de barrios de Málaga (Campanillas, Santa Rosalía). Desde 2018 España está sancionada por Europa por la falta de depuración de un puñado de aglomeraciones urbanas. Algunas han ido rematando sus infraestructuras, pero la del norte de Málaga sigue siendo una de las manchas. La multa la paga la Junta, la administración competente de la depuración, que cada año abona 1,3 millones de euros a la Comisión Europea.

La administración esgrime que hacer esta obra es urgente. En su día, el consejero Ramón Fernández-Pacheco desdeñó el argumento ambiental que defiende la conservación de los árboles, de los cuales haría falta talar unos 20.000, según los vecinos, contraponiéndolas al daño que provoca la falta de depuración. “Lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas”.

Unos 150 propietarios expropiados

La Junta de Andalucía empezó las expropiaciones en cuanto pudo. Primero lo paralizó un juez, pero en cuanto se levantaron las medidas cautelares, empezó a citar a los propietarios, unos 150, a los que fue notificando la ocupación de sus fincas, sin esperar ni siquiera a abonarles el justiprecio, que fijó en seis euros el metro cuadrado. De inmediato, y con el acta de ocupación urgente, empezó a vallar los terrenos y a mover las primeras piedras, encontrando la resistencia de decenas de activistas, muchos llegados desde fuera de Málaga para proteger a los árboles de la tala.

Todo se paró el pasado 16 de junio, cuando el TSJA dictó su primera sentencia. Fue una resolución dura con el Gobierno andaluz, al que los magistrados acusaban de desdeñar el impacto ambiental de su decisión. Peor aún: los magistrados sugerían que la administración había pergeñado una evaluación de impacto vacía de contenido, una mascarada que no hacía un análisis mínimamente riguroso de por qué esa era, frente a otras posibles ubicaciones, la mejor posible desde el punto de vista ambiental. El TSJA ordenó a la Junta de Andalucía que parara y empezara toda la tramitación de nuevo.

La sentencia conocida ahora es la consecuencia inevitable de aquella. Si el proceso para colocar allí la depuradora es nulo, también decaen las expropiaciones que se hicieron para llevarlo a cabo. “La anulación judicial anterior del instrumento jurídico que en su día dio cobertura al procedimiento expropiatorio (…) hace que deba también decaer el mismo”, escriben los magistrados.

Depuración en una zona en crecimiento

Málaga y su área metropolitana hacia el norte necesitan una depuradora desde hace más de veinte años. Se trata de una zona en crecimiento, con municipios como Torremolinos y otros que en treinta años han duplicado su población (como Cártama, que bordea los 30.000 vecinos) o incluso la han triplicado, como Alhaurín de la Torre, con 45.000. La previsión es que sigan absorbiendo parte del crecimiento previsto en el área metropolitana de la capital y en la provincia, una de las que más crecerá en las próximas décadas según las proyecciones del INE.

Vega Mestanza es el lugar elegido desde 2009, pero el proyecto hibernó hasta que fue rescatado en 2021 por el actual Gobierno autonómico. Cuando lo hizo, se encontró con un imprevisto: una resistencia numantina de vecinos y tenedores de los terrenos, familias que viven de los naranjos, mandarinos y limoneros allí plantados, lideradas por una mujer incansable, Mari Carmen Mestanza, que en estos años ha difundido su causa en todos los foros posibles: por allí han pasado políticos de izquierda a (ultra) derecha, divulgadores científicos, estrellas de la televisión, activistas ecologistas… Ha ido a Bruselas a contar su caso y no hay mitin en Málaga en el que no esté, da igual el partido, siempre dispuesta a insistir al político de turno.

Descendiente de la familia Mestanza, que a principios de siglo compró estos terrenos a la familia Larios para plantarlos de frutales, alega que la actuación destrozará un paisaje histórico, que no se ha justificado por qué esta es la mejor ubicación, que es cinco veces más cara que otras alternativas y que el terreno es zona inundable, como queda demostrado cuando llueve con fuerza y se refleja en los mapas de inundabilidad del Ministerio.

La anulación de las expropiaciones devuelve formalmente los terrenos a los vecinos, pero Mari Carmen Mestanza, que el pasado viernes acudió al mitin de cierre de campaña del PP con una réplica en cartón de Moreno en tamaño real, sabe que el partido de verdad se juega ahora en el Tribunal Supremo: “Yo espero que allí también nos den la razón, pero con estos nunca se sabe”.

Los microplásticos y los nanoplásticos se han convertido en un gran problema medioambiental, con billones de fragmentos que llegan, por bioacumulación, a la cadena alimentaria y al cuerpo humano. Debido a su tamaño y a su comportamiento coloidal, estas partículas se comportan más como el humo en el aire que como la arena en el agua. Es decir, no pueden capturarse fácilmente con filtros convencionales, según explican desde el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA).

En este centro, instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza, se trabaja ya en dos patentes para capturar y degradar estos microplásticos en un único proceso. Además, la solución se aplicaría dentro de las aguas de los sistemas de depuración, evitando que la contaminación llegase a ríos y mares.

La propuesta del proyecto 'BMRex' se basa en reactores de membrana biocatalíticos diseñados expresamente para actuar dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estos reactores permiten 'cazar' los microplásticos que circulan en el agua, retenerlos y degradarlos en un único acto, evitando que sigan circulando por el ciclo del agua. “Se trata de un avance especialmente relevante porque aborda el problema en su origen, antes de que los contaminantes se dispersen y resulten mucho más difíciles de eliminar”, exponen en una nota de prensa.

Está coordinado por Jonas Gurauskis, investigador ARAID del CSIC en el INMA. El proyecto, que arrancó hace tres años, está impulsado por un consorcio internacional formado por equipos de España, Alemania, Portugal, Dinamarca y Reino Unido y liderado por el CSIC. Ha recibido una subvención Pathfinder Open de 3.213.793,75 euros del Consejo Europeo de Innovación (EIC) y por la agencia británica de financiación de la innovación (UKRI), con 267.683,00 libras. Además, dentro del diseño de las membranas está siendo decisivo el trabajo de otro científico del CSIC en el INMA, Scott Mitchell. 

Una solución factible y no contaminante

Los reactores se fabrican con materiales cerámicos, resistentes y duraderos, que no añaden nuevos plásticos al sistema.  Por una parte, la cerámica ofrece una gran durabilidad y estabilidad en proyectos de tratamiento de aguas; y, además, no contamina, con lo que la solución es coherente con el propio objetivo ambiental del proyecto. 

Por otra parte, BMRex no sólo ‘caza’ los microplásticos y los degrada, sino que dedica una parte sustancial de su esfuerzo a asegurar que los compuestos resultantes de esta degradación no sean persistentes, tóxicos o problemáticos para los ecosistemas. No se trata solo de “hacer desaparecer” el plástico, sino de cerrar el ciclo sin generar nuevos riesgos invisibles.

El consorcio se encontró con un obstáculo imprevisto pero fundamental nada más empezar el proyecto: los microplásticos no sólo son difíciles de eliminar, sino también de medir. Por eso, el equipo no podía confiar plenamente en los protocolos existentes en el campo de caracterización y medición de los microplásticos, una polémica que está detrás de publicaciones recientes de revistas tan prestigiosas como Nature, que indican que las cifras de contaminación por estos diminutos materiales podrían estar sesgadas. Este estudio resulta especialmente fiable porque el primer reto del consorcio fue establecer sus propios procedimientos de medición y tratamiento de muestras para evitar errores de cuantificación.

El Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) ha sido el primero de nuestra Comunidad Autónoma en obtener la acreditación de excelencia Severo Ochoa, que concede la Agencia Estatal de Investigación. Ese reconocimiento supone una financiación de 4,5 millones de euros y la dotación de cinco contratos predoctorales para el periodo 2024-2028.  El INMA es un instituto mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza. Con alrededor de 300 miembros, tiene más de 40 proyectos europeos en curso y una media anual de 300 publicaciones y 7 millones de euros obtenidos en programas públicos competitivos. Además, trabaja en colaboración con la industria, logrando en torno a un millón de euros anuales por contratos y royalties.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) remitirá un escrito al Ayuntamiento de Ciudad Real advirtiéndole de que “el vertido de sustancias peligrosas a través de su estación depuradora de aguas residuales (EDAR) no está autorizado”.

Además, se comunicará en el mismo documento que en caso de existir este tipo de residuos “deben informar sobre la existencia de vertidos de dichas sustancias a los colectores de saneamiento”.

Y es que, añade, “la autorización de vertido urbano del Ayuntamiento de Ciudad Real, al igual que el resto de vertidos urbanos de la cuenca, no tiene incluido en su autorización la posibilidad de verter biocidas; es decir, no incluye entre los Valores Límite de Emisión (VLE) autorizados un valor para biocidas, por lo que la detección de un biocida constituiría un incumplimiento de la autorización de vertido”.

Así lo ha explicado el organismo de cuenca a elDiario.es Castilla-La Mancha después de que el Grupo Municipal Vox en esta ciudad denunciase, junto a su brazo sindical, Solidaridad, el pasado mes de mayo, el “uso opaco y temerario de productos químicos peligrosos para el control de plagas, sin garantías mínimas para la salud pública ni para los trabajadores implicados”.

Una denuncia que se producía apenas dos meses después de que el alcalde Francisco Cañizares decidiese retirar las competencias de gobierno a los concejales de Vox, partido con el que mantenía un pacto de Gobierno que automáticamente quedó roto.

Tras quedar relegado del Gobierno local, el partido ultra, y el sindicato Solidaridad, aseguraron que se estarían produciendo, presuntamente, “vertidos de biocidas altamente tóxicos directamente al agua”, a pesar de ser “una práctica expresamente prohibida” porque puede provocar “contaminación ambiental irreversible y un riesgo evidente para la fauna, los vecinos y el ecosistema del río Guadiana”. A ello se suma, añadía este sindicato en un comunicado, “el uso inadecuado de pulverizadores para tratar cucarachas, una técnica desaconsejada por el propio Ministerio de Sanidad por su capacidad contaminante”.

Después expresaban sus “dudas” sobre la cualificación del personal aplicador. “Según la normativa, los tratamientos deben ser diseñados por un técnico de nivel 3 y ejecutados por operarios con acreditación de nivel 2”, comentan.

“El Ayuntamiento cumple con la normativa”, dice el concejal del PP

El Gobierno del PP no niega el uso de productos químicos en el control de plagas de la ciudad. En una reciente comparecencia ante los medios del concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, aseguraba que el equipo de Gobierno “seguirá actuando conforme a lo establecido en la legislación actual, como ha venido haciendo hasta ahora, empleando los productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para el control de plagas por medio de los técnicos municipales cualificados para esa tarea con los que cuenta su Concejalía, garantizando el tratamiento de plagas a los vecinos de Ciudad Real”.

Y también ha dicho que “el Ayuntamiento de Ciudad Real cumple con la normativa vigente y cuenta con los profesionales cualificados adecuados para la realización de los tratamientos”, lanzando así un “mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía.

Lo que no ha explicado es si se están o no vertiendo este tipo de productos a los colectores de saneamiento y si se ha comunicado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de Gobierno de Ciudad Real sin respuesta hasta la fecha.

Vox acusó al PP de “doble irresponsabilidad”. Por un lado, “la medioambiental, por contaminar” y, por otro, la “laboral, por poner en riesgo a trabajadores municipales o contratados sin formación ni medios”, sostienen.

El concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, acusa al edil de Vox Ricardo Chamorro de “haberse entregado a un ecologismo absurdo haciéndole el trabajo sucio al PSOE intentando impedir el tratamiento legal contra plagas de ratas y cucarachas tal y como demandan los vecinos” y defiende “la profesionalidad de los técnicos municipales”.

Asegura también que la Sección de Limpieza del Ayuntamiento de Ciudad Real “cuenta con personal formado para aplicar estos tratamientos legalmente establecidos”.

Reclaman una investigación sobre presuntos vertidos ilegales

Vox ha exigido que el Ayuntamiento de Ciudad Real “haga público el requerimiento de la CHG y no lo esconda a los vecinos” y reclama abrir “una investigación interna inmediata para identificar a la empresa o servicio responsable” de los presuntos “vertidos ilegales” que, según aseguran, se están produciendo, aunque este extremo no ha sido confirmado por ninguna autoridad ambiental hasta la fecha. En su caso, exige “que se depuren responsabilidades políticas y técnicas por estas prácticas irregulares”.

Vox también carga contra “los sindicatos mayoritarios” para que “rompan con su silencio cómplice y expliquen públicamente por qué han mirado hacia otro lado”.

El alcalde de Toledo ha pedido al PSOE de Castilla-La Mancha que se encargue de que “no haya un solo municipio, que no haya un solo polígono industrial desde Aranjuez hasta Toledo, que vierta agua sin depurar al río Tajo”, porque es algo que “está sucediendo”, ha denunciado.

Carlos Velázquez salía así al paso de las críticas vertidas por los socialistas que han afeado el voto de los diputados del PP de Castilla-La Mancha ayer en el Congreso, a favor de mantener el trasvase Tajo-Segura, según los parámetros de envío de agua de 2014 y sin modificar las reglas de explotación del acueducto. Una votación a favor en la que participó el teniente de alcalde de Toledo José Manuel Velasco. Su vicealcaldesa, de Vox, Inés Cañizares, pedía hoy seguir manteniendo los trasvases a pesar de la situación del Tajo en la capital regional.

El edil ha restado importancia a lo que ocurrió ayer en el Congreso, que tumbó la proposición de ley de la Región de Murcia avalada solo por PP, Vox y UPN. Velázquez ha puesto el foco en su intención, asegura, de “trabajar con hechos en la mejora de la salud del río Tajo”. “Lo de ayer, al final, ha quedado en nada y queda en un fuego de artificio que está intentando ser utilizado por algunos como una cortina de humo para tapar el hecho real”.

Carlos Velázquez pide que se “pongan las depuradoras” y se “pongan los medios” para evitar la contaminación del río Tajo y mejorar su “salud” ambiental. “Cada uno debemos cumplir nuestras competencias”, ha dejado claro .

“La Junta tiene competencias importantes en materia de depuración que haría bien en revisar fundamentalmente y en lo que respecta al río de su paso por Toledo, desde Toledo hasta Aranjuez, en el término del límite con Seseña, Borox y Madrid-Aranjuez”, porque “hay zonas en la comarca de la Sagra que vierten sin depurar”.

La Junta le pide “valentía” para pedir lo mismo a la Comunidad de Madrid de Ayuso

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respondido a su petición y ha considerado “sorprendente” que el alcalde de Toledo, se fije en la depuración de aguas de los municipios de la Sagra, en la provincia de Toledo, y no mire a la Comunidad de Madrid .

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, le ha reclamado que sea “valiente” para decir a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que cumpla con las normas medioambientales y que defienda el río Tajo porque sus actuaciones “tienen consecuencias en nuestra región”.

“Nosotros queremos siempre que se cumplan las normas medioambientales, vengan de donde vengan, pero me parece muy sorprendente que el señor Velazquez se fije en los municipios de la Sagra y no le diga nada a su compañera del Partido Popular, la presidenta Ayuso”, ya que, según ha dicho, la Comunidad de Madrid ha recibido dinero del Gobierno nacional para depuración de las aguas y “sigue habiendo vertidos en la Comunidad de Madrid”.

El director general de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emilio Puig, ha señalado que “poco a poco” se recobra la normalidad en la región con motivo del apagón, con el cien por cien del servicio de Iberdrola recuperado y el 95 de Unión Fenosa, si bien restan cuatro municipios de Ciudad Real por recobrar la normalidad, en concreto Porzuna, Piedrabuena, Carrizos y El Robledo.

Según ha dicho tras la reunión del Centro de Coordinación Integrado (Cecopi), se ha trabajado además en solucionar los atrapamientos de pasajeros de tren a lo largo de toda la región, ya que se han acondicionado campamentos en distintas estancias y se les ha avituallado durante toda la noche.

En este sentido, ha confiado en que todos los viajeros lleguen hoy a su destino, ya que “se están poniendo autobuses y los trenes están empezando a funcionar”.

Ya están todas las depuradoras funcionando, además de que “no ha habido grandes problemas de seguridad ciudadana”.

Unos 5.000 pasajeros afectados

También ha explicado que han sido un total de 5.000 pasajeros de tren los afectados a lo largo de la noche por los parones de las locomotoras.

Ya están saliendo autobuses hacia destino y se va recuperando la red ferroviaria, según ha relatado. En Guadalajara hubo 415 personas atendidas en un polideportivo, con 40 alojados en hoteles por su situación de vulnerabilidad.

En Albacete han sido unas 20 personas atendidas, además de las 250 personas que permanecían por la mañana en un polideportivo de Cuenca o los casi 1.200 en Puertollano.

También 270 personas tuvieron que pernoctar en Tarancón, según sus datos, aunque estos viajeros han emprendido viaje a destinos como Madrid o Valencia.

Ahora esperan “seguir recibiendo información por parte de las provincias, estar en comunicación permanente con Adif y estar en comunicación permanente tanto con las eléctricas como con Telefónica para seguir” trabajando, ha indicado.

La estación del AVE en Toledo funciona, hay trenes pero sin horarios

El Ministerio de Transportes informaba esta mañana de que la línea de Cercanías entre Guadalajara y Madrid estaba cerrada. Además, el primer tren Avant entre Toledo y Madrid no salió.

Desde poco antes de las 9 de esta mañana la estación del AVE en Toledo funciona, hay trenes, pero sin horarios definidos, ni tampoco los habituales.

En la estación del AVE de Toledo, que comunica la capital de Castilla-La Mancha con Madrid es un día extraño, con un número de pasajeros indeterminado, según cada frecuencia.

Los trenes están funcionando de forma irregular, de hecho, lo hacen casi “a demanda”, según se está informado a los viajeros en la propia estación. Los convoys se encontrarán en su trayecto a otros que todavía permanecen varados el las vías tras el apagón eléctrico masivo de ayer. 

La nueva depuradora de Moreda de Álava y sus colectores asociados han entrado en funcionamiento este martes tras la conclusión de las obras realizadas por la Agencia Vasca del Agua (URA) en esta infraestructura, con una inversión de 2,5 millones. Las obras han consistido en la construcción de dichos colectores de aguas residuales, que han sido separadas de las pluviales para derivarlas a la nueva depuradora de Moreda de Álava. Los trabajos han requerido año y medio para su ejecución y la inversión pública global ha ascendido a 2,5 millones de euros, según ha informado URA en un comunicado.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi; el viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, y el director general de URA, Asier López Etxebarria, han visitado este martes la depuradora acompañados por la alcaldesa de Moreda, Maravillas García Díaz de Cerio, y el presidente del Consorcio de Aguas de la comarca, Pedro Mari Rodríguez. El consejero ha destacado que la nueva depuradora y colectores de Moreda de Álava evitará el vertido de aguas residuales a los ríos, algo que, según ha reconocido, es “un reto pendiente” en Rioja Alavesa.

La nueva infraestructura hará posible una gestión del agua más profesional y sostenible tanto en los hogares, como en las actividades económicas. Jauregi ha afirmado que el Gobierno vasco “seguirá trabajando para mejorar el ciclo integral del agua”. “Continuaremos incorporando nuevos sistemas de depuración para paliar el déficit infraestructural en Rioja Alavesa y mejorar, de esta forma, los vertidos a los ríos”, ha señalado, según recoge Europa Press.

Para 4.000 personas

A través de esta intervención, se construido un sistema de colectores para conducir los vertidos de aguas residuales a la nueva depuradora. Para ello, se ha construido dos ejes de colector que bordean el núcleo de Moreda, que suman 600 metros de longitud y han requerido mover más de 2.500 metros cuadrados de tierras. Además, se ha conformado la red de saneamiento, de forma que se han separado las aguas pluviales de las aguas residuales. De este modo se consigue que únicamente la red de pluviales vierta al arroyo Horcajo, y la red de aguas residuales sea conducida hasta la nueva depuradora proyectada.

Por otra parte, la depuradora permite ya el tratamiento secundario de las aguas residuales y su vertido al medio receptor compatible con el buen estado de las aguas. En este caso, la infraestructura está diseñada para una población equivalente de 4.000 personas y ha requerido mover 3.000 metros cúbicos de tierras. El acceso a la nueva planta depuradora se realiza desde la A-3226. Moreda de Álava no disponía de una infraestructura de tratamiento de aguas residuales, más allá de las fosas sépticas existentes. La red de colectores de saneamiento no era separativa en su totalidad, y existían varios puntos de vertido de aguas residuales a los arroyos Barriobusto y Horcajo.

Durante la visita a Moreda, Jauregi ha podido comprobar el estado de los trabajos de la estación de bombeo de agua potable con la que el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa reforzará el abastecimiento de la comarca. El conjunto de dicha actuación ha requerido una inversión de 2,1 millones de euros. Estos trabajos dan continuidad a las labores de reforzamiento del abastecimiento llevadas a cabo por el Consorcio para solventar situaciones de sequía de los últimos años, entre los que destacan la instalación de una tubería de 5.204 metros de longitud desde el depósito de Casablanca (Laguardia), hasta el polígono industrial de El Carrascal (Lanciego, Álava).

Les obres que connecten les dues plantes potabilitzadores que abasteixen València i la seva àrea metropolitana estaran llestes abans que arrenqui el 2027. ment davant fenòmens adversos com podria ser la DANA. De fet, fonts de l'empresa reconeixen que l'octubre passat van estar a punt de tenir complicacions serioses pel desbordament dels cabals.

Les dues plantes potabilitzadores -La Presa, ubicada a Manises, i la del Realón, a Picassent- estaran interconnectades després de més de deu anys i una inversió total de 100 milions d'euros. Actualment només queden dos trams d'obra per finalitzar, el de Mislata, que estarà a punt el juny del 2025; i el que dóna eixida a Xirivella per la CV-36, que s'ajuntarà amb el tram de Picassent. Les obres destaquen per la seva complexitat, ateses les barreres físiques com la llera del Túria i les trames urbanes dels municipis metropolitans.

L'objectiu de la connexió entre ambdues potabilitzadores és aportar “més seguretat hídrica”, perquè, en cas que hi hagi alguna fallada en una de les plantes, es pugui continuar donant servei al conjunt de l'àrea metropolitana amb l'altra, segons va explicar el responsable d'Emimet, José Díaz, durant la visita a les obres, juntament amb Dionisio García Comín, de Aigua a l'Ajuntament de València, Carlos Mundina; Ricardo Triviño, cap de servei d'EMSHI; i Pura Almenar, directora de La Presa.

El projecte, finançat amb fons municipals que es demanaven a través de taxes a la factura del subministrament, té origen en el pla de xoc de 2009 que es dóna amb el naixement de l'empresa mixta. Als anys 2000, expliquen els responsables de l'ens, hi va haver un problema de comunicació que va deixar el canal Xúquer-Túria sec, cosa que va provocar un problema de proveïment per a la ciutat de València durant sis hores. Amb aquesta decisió al cap, l'entitat metropolitana va començar a treballar en el projecte, que va arrencar el 2015. Emimet és l'empresa mixta de Global Omnium i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi), una entitat conformada per 48 municipis metropolitans.

García Comín ha expressat que durant la DANA del 29 d'octubre passat la infraestructura hauria estat “més segura” de comptar amb la interconnexió, ja que la planta de La Presa estava “molt afectada, perquè el riu (Túria) baixava molt turbulent i perquè el canal Xúquer-Túria es va trencar”. “Si haguéssim tingut aquesta connexió, hauríem estat més segurs. Malgrat tot, les infraestructures van aguantar bé i van poder donar servei”, ha ressaltat. El desbordament del Túria va deixar la planta a un pas que l'aigua entrés a la zona de filtrat i decantat, clau al cicle de l'aigua. Des de llavors, van explicar els responsables, estan revisant els sistemes de seguretat i fent noves proves per augmentar-ne la resiliència.

Triviño ha destacat “la part intel·ligent” de les canonades d'interconnexió, ja que compten amb vàlvules per regular cabals, cabalímetres, manòmetres per regular la pressió, dispositius de control multiparamètrica sobre l'aigua - per mesurar valors com ph, terbolesa, clor o temperatura de la comunicació de fibra de fibra clor. Tot plegat s'analitza des del centre de control a Vara de Quart, des d'on es pilota tota la infraestructura.

A més de les obres de connexió, les empreses de gestió de l'aigua treballen per modernitzar la centenària planta de La presa, la més antiga d'Europa que continua en funcionament. La planta tenia una capacitat de 3.400 litres per segon (l/s) i la del Realón en té una de 3.000 l/s, per la qual cosa “treballen coordinades perquè fins ara cap de les dues pot abastir tota la zona i cal la interconnexió”. S'ha ampliat la infraestructura amb nou decantador i col·lectors nous, que permeten augmentar la capacitat de tractament de la instal·lació perquè pugui arribar als 5.000 litres per segon.

El regidor d'Aigües de l'Ajuntament de València, Carlos Mundina, ha posat en valor “el treball de previsió dels tècnics” per plantejar aquests projectes. “Gràcies a estar realitzats al moment de la dana, un moment crític en què La Presa va deixar de tenir subministrament d'aigua del Xúquer i del canal Xúquer-Túria, i si no hagués estat el decantador, hauríem tingut problemes de subministrament i de talls d'aigua”, ha assenyalat.

Las obras que conectan las dos plantas potabilizadoras que abastecen a València y su área metropolitana estarán listas antes de que arranque 2027. La previsión de la Emimet, la empresa mixta que gestiona el agua en el área metropolitana, es iniciar la última fase tras el verano y tener los canales operativos en diciembre de 2026. La conexión de las dos plantas supone una infraestructura clave para dotar de seguridad esta infraestuctura, garantizando el abastecimiento ante fenómenos adversos como pudiera ser la DANA. De hecho, fuentes de la empresa reconocen que el pasado octubre estuvieron a punto de tener serias complicaciones por el desbordamiento de los caudales.

Las dos plantas potabilizadoras -La Presa, ubicada en Manises, y la de El Realón, en Picassent- estarán interconectadas tras más de diez años y una inversión total de 100 millones de euros. Actualmente solo quedan dos tramos de obra por finalizar, el de Mislata, que estará listo en junio de 2025; y el que da salida a Xirivella por la CV-36, que se juntará con el tramo de Picassent. Las obras destacan por su complejidad, dadas las barreras físicas como el cauce del Túria y las tramas urbanas de los municipios metropolitanos.

El objetivo de la conexión entre ambas potabilizadoras es aportar “mayor seguridad hídrica”, para que, en caso de que haya algún fallo en una de las plantas, se pueda continuar dando servicio al conjunto del área metropolitana con la otra, según explicó el responsable de Emimet, José Díaz, durante una visita a las obras, junto a Dionisio García Comín, CEO de Global Omnium, y el presidente de la EMSHI y concejal de Gestión del Agua en el Ayuntamiento de València, Carlos Mundina; Ricardo Triviño, jefe de servicio de EMSHI; y Pura Almenar, directora de La Presa.

El proyecto, financiado con fondos municipales que se recaban a través de tasas en la factura del suministro, tiene origen en el plan de choque de 2009 que se da con el nacimiento de la empresa mixta. En los años 2000, cuentan los responsables del ente, hubo un problema de comunicación que dejó el canal Júcar-Turia seco, lo que provocó un problema de abastecimiento para la ciudad de València durante seis horas. Con ese fallo en mente, la entidad metropolitana comenzó a trabajar en el proyecto, que arrancó en 2015. Emimet es la empresa mixta de Global Omnium y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), una entidad conformada por 48 municipios metropolitanos.

García Comín ha expresado que durante la DANA del pasado 29 de octubre la infraestructura habría estado “más segura” de contar con la interconexión, ya que la planta de La Presa estaba “muy afectada, porque el río (Túria) bajaba muy turbulento y porque el canal Júcar-Túria se rompió”. “Si hubiésemos tenido esta conexión, hubiéramos estado más seguros. A pesar de todo, las infraestructuras aguantaron bien y pudieron dar servicio”, ha resaltado. El desbordamiento del Turia dejó la planta a un paso de que el agua entrara en la zona de filtrado y decantado, clave en el ciclo del agua. Desde entonces, explicaron los responsables, están revisando los sistemas de seguridad y haciendo nuevas pruebas para aumentar su resiliencia.

Triviño ha destacado “la parte inteligente” de las tuberías de interconexión, ya que cuentan con válvulas para regular caudales, caudalímetros, manómetros para regular la presión, dispositivos de control multiparamétrica sobre el agua - para medir valores ccomo ph, turbidez, cloro o temperatura- y una canalización con fibra óptica para mejorar las comunicaciones y la detección de fugas. Todo ello se analiza desde el centro de control en Vara de Quart, desde donde se pilota toda la infraestructura.

Además de las obras de conexión, las empresas de gestión del agua trabajan en la modernización de la centenaria planta de La presa, la más antigua de Europa que continua en funcionamiento. La planta tenía una capacidad de 3.400 litros por segundo (l/s) y la de El Realón tiene una de 3.000 l/s, por lo que “trabajan coordinadas porque hasta la fecha ninguna de las dos puede abastecer a toda la zona y es necesaria la interconexión”. Se ha ampliado la infraestructura con nuevo decantador y nuevos colectores, que permiten aumentar la capacidad de tratamiento de la instalación para que pueda llegar a los 5.000 litros por segundo.

El concejal de Aguas del Ayuntamiento de València, Carlos Mundina, ha puesto en valor “el trabajo de previsión de los técnicos” para plantear estos proyectos. “Gracias a estar realizados en el momento de la dana, un momento crítico en el que La Presa dejó de tener suministro de agua del Xúquer y del canal Xúquer-Túria, y si no hubiera estado el decantador, habríamos tenido problemas de suministro y de cortes de agua”, ha señalado.

Un mínimo de 90 millones de euros o una cantidad superior a los 170 millones, pero en todo caso un desembolso muy importante. El Ayuntamiento de Zaragoza debe cumplir con los estándares comunitarios en materia de depuración de aguas y eso pasa por ampliar la actual estación de La Cartuja o bien por construir una nueva, según un estudio que se dio a conocer el jueves en el consejo de administración de Ecociudad. El equipo de gobierno del PP insiste en reclamar al Ministerio de Transición Ecológica que declare de interés general el proyecto y que participe en la financiación, mientras que la oposición del PSOE acusa a la alcaldesa Chueca de “priorizar asuntos con más rédito electoral”.

La depuradora de La Cartuja, que entró en servicio hace ya más de 30 años, debe adecuarse a los nuevos requisitos marcados por Europa o de lo contrario el Consistorio se arriesga a ser sancionado. En concreto, debe cumplir para 2039 con el vertido de nitrógeno (8 mg/l máximo) y del fósforo (0,5 mg/l), para lo que la instalación no está preparada. Y eso abre dos escenarios: o renovar la actual depuradora para cumplir con los nuevos estándares comunitarios o construir una nueva. 

El consejero de Urbanismo del Ayuntamiento, Víctor Serrano -también vicepresidente de Ecociudad-, abrió una nueva posibilidad: otra depuradora que sirva de apoyo a la actual.

En todo caso, la factura le va a salir cara a la Administración: según el estudio -que tiene carácter preliminar-, serían 90 millones de euros en el panorama más benévolo o más de 170 millones en el peor. Cuestionado al respecto este viernes, Serrano ha apuntado que la alcaldesa, Natalia Chueca, ha reclamado a la secretaria de Estado de Aguas “la declaración de interés general, como en otras ciudades de España, para que haya una aportación importante del Estado”.

“El único plan posible es que el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza emprendan el camino para una nueva depuradora, una que ayude a la existente o la renovación de la actúa”, ha reclamado el consejero de Urbanismo.

En el “peor momento posible”

Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha alertado este viernes de la “grave” situación de la depuradora y ha anunciado que pedirá una comparecencia de Serrano para saber los planes del Gobierno de Natalia Chueca en materia de saneamiento.

El desembolso necesario para la depuradora, ha asegurado el edil, llega en el “peor momento posible” al estar Ecociudad endeudada, con unas pérdidas a 30 de septiembre de dos millones de euros, y “un Gobierno de Natalia Chueca que ha priorizado asuntos como La Romareda o la reforma del Huerva con más rédito electoral antes que una inversión de este calibre”.

“No hay problema -ha abundado Royo- en que el Gobierno de Aragón remoce las riberas del Huerva con una aportación de 20 millones de euros, para quién sabe si poblarlo de quioscos como en el Parque Grande, pero sigue sin comprometer un plan financiero que permita a Zaragoza abordar este problema”.

En ese sentido, el concejal socialista ha recriminado que el Gobierno de Zaragoza haya “abandonado esa actitud reivindicativa” que mostraba en otros momentos ante el Ejecutivo aragonés en materia de saneamiento. “El Ayuntamiento de Zaragoza se ha olvidado de llevar estos asuntos a la bilateral y ha dejado de considerar fundamental que todo el dinero recaudado por el Impuesto Medioambiental sobre Aguas Residuales (IMAR) repercuta en inversiones en Zaragoza”, ha criticado.

En respuesta a Royo, Víctor Serrano ha criticado al PSOE, del que ha dicho que “en depuración tiene mucho que callar”, en referencia a “varios escándalos” en torno a la depuradora de La Cartuja.

Atender las obras de emergencia en Castilla-La Mancha tras la DANA con once infraestructuras hidráulicas que acometer y restauraciones hidrológico-forestales y en caminos forestales en 73 municipios por los daños ocasionados a través de 12 millones de euros son objetivos que van a plasmar en los presupuestos de la región en la Consejería de Desarrollo Sostenible para 2025.

Junto a ello hay que tener en cuenta que el 1 de enero del próximo año entrará en vigor el llamado canon medioambiental del agua que, según el propio Gobierno regional, supondrá alrededor de “un euro y algo” más en el recibo.

En rueda de prensa para desgranar las cuentas de su departamento, la titular del ramo, Mercedes Gómez, ha precisado que su cartera contará con 620,5 millones de euros, de los cuales 183,9 se destinan a transición energética y economía circular, 138,9 a infraestructuras por parte de la Agencia del Agua y de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha y 256,6 millones de euros, para medio natural.

Respecto al órgano transversal de la Consejería, la Secretaría General, contará con 41,1 millones de euros.

Nuevas infraestructuras para mejorar redes en los pueblos

En defensa del río Tajo y en el “empeño” de Gómez de que se modifiquen las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, esta Consejería seguirá “impulsando infraestructuras trascendentales para el desarrollo de la Comunidad autónoma”.

Unas de esas infraestructuras son las que corresponden a los 134 pequeños municipios que han sido beneficiarios de 9,9 millones de euros para mejorar sus redes. Son las del municipio toledano de Cebolla, o próximamente, la licitación para Cobisa “para prevenir inundaciones”. Ambas infraestructuras están financiadas con fondos MRR con 4,4 millones de euros.

Con 22 municipios que conforman la red de ribereños, se destinarán más de 25 millones de euros --que se están invirtiendo actualmente-- para mejorar los abastecimientos de Tajuña, Bornova y Picadas--Almoguera.

En depuración, se llevarán a cabo un total de 23 infraestructuras hidráulicas en 2025 en distintas fases, de las cuales, unas 14 finalizarán a lo largo del año y otras iniciarán las obras en este año.

En materia de infraestructuras de abastecimiento, se pondrá en funcionamiento el sistema de Campiña Baja, de La Muela, que van a permitir mejorar “la calidad y la cantidad de agua” en estas dos mancomunidades, aparte de otras infraestructuras relacionadas con Picadas Almoguera o Yuncler-Villaluenga.

La tubería manchega

Se firmará un convenio de la constitución del nuevo ramal de Llanura-Manchega para abastecimiento del campo de Calatrava en Ciudad Real, para más de 15 municipios, con una inversión de 96 millones de euros y abastecimiento para 130.000 personas.

También ha recalado la consejera en la creación de la oficina del hidrógeno verde que el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, “ha puesto encima de la mesa”.

La contratación del nuevo dispositivo de medios aéreos del plan INFOCAM contempla 19 millones en 2025, que permitirá contar con 33 medios aéreos, de una inversión total de 61,2 millones de euros.

Vox niega el cambio climático

El diputado de Vox Francisco José Cobo ha señalado que allí “donde ha habido obras hidráulicas, infraestructuras adecuadas e inversiones, no ha habido inundaciones”, por lo que ha pedido tener “menos políticos defendiendo el fanatismo climático”.

“Tenemos siglos, datos, donde vemos que los episodios son cíclicos, que son lo que son. El clima, son a periodos largos de tiempo, no es lo que hace hoy o va a hacer dentro de una semana”, ha afirmado.

Esta realidad ha sido “una variable durante todos los históricos”. “Si no ponemos el punto de vista y el foco de atención donde realmente está el problema, volveremos a tener episodios tan tristes como los que ya hemos tenido”, ha afirmado Cobo.

El PP y “la mano en la faltriquera

Por su parte, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha señalado que este presupuesto trae el cobro del canon del agua --“meterle a los ciudadanos la mano en la faltriquera”, lo ha calificado-- con “más recaudación pero menos mejoras”.

“Hablábamos que el año pasado teníamos 50 millones, este año tenemos 25. El año pasado no se cobró el canon del agua, este año se piensa cobrar, pero las infraestructuras en agua siguen sin mejorar y sin ampliarse. Los ciudadanos pagamos más y recibimos muchísimo menos”, ha reprochado el 'popular', señalando que se van a recaudar más de 15 millones de euros, de los que tiene previsto el Gobierno regional.

La subida de la partida de 11 millones para Geacam, ha mencionado el diputado del PP, no se puede explicar, si este ámbito “baja en personal”. “El año pasado decían que iba a haber más personal, este año dicen que va a haber mucho menos, pero lo que sí es cierto es que la partida presupuestaria es mucho más alta”, se ha planteado.

El PSOE dice que “muchísimos ciudadanos no pagarán” (el canon )

Por su lado, el diputado del PSOE Francisco Barato, ha destacado que Castilla-La Mancha “sigue un año más incrementando los recursos en áreas de desarrollo sostenible”, lo que “no admite ningún tipo de dudas” y que “está demostrando que la sostenibilidad no es sólo una meta sino un modelo de gestión integral que protege el entorno, fomenta la economía y mejora la calidad de vida de las personas”.

En materia de agua, la defensa de la acción del Gobierno regional la ha realizado el socialista Fernando Mora, centrado en apostar por las inversiones necesarias en torno al canon del agua, porque la “sed” de los habitantes es la misma en municipios del PP y del PSOE, rechazando el “partidismo” en este aspecto.

“Serán muchísimos los ciudadanos que no tengan que pagar ni un céntimo. Pero la parte que se recaude primero irá a los ayuntamientos para que puedan atajar las deficiencias que tiene su red de agua potable y por otra parte vendrá también a la Junta, para que pueda con ello construir las depuradoras tan necesarias para atender las necesidades de nuestros ciudadanos”, ha aseverado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, la ayuda urgente para la reconstrucción de las infraestructuras hidráulicas así como la restitución del medio natural que incluyen las vías pecuarias, caminos forestales y restauraciones hidrológico-forestales de 73 municipios afectados por la DANA y cuyos daños suponen una valoración inicial de, al menos, 12 millones de euros.

La consejera castellanomanchega Mercedes Gómez se ha reunido con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para analizar la situación de las infraestructuras dañadas por la DANA en el ámbito de las competencias de ambas administraciones en las zonas afectadas en las provincias de Cuenca, Albacete y Guadalajara, especialmente en los municipios de Mira y Letur.

“Ahora toca ver cómo actuamos sobre el territorio, cómo recuperamos en primera instancia las infraestructuras dañadas y que son fundamentales para el desarrollo socieconómico de las personas que viven en estos municipios, pero también analizar qué cosas tenemos que mejorar para prevenir posibles situaciones climatológicas adversas que cada día se están sucediendo más en el tiempo”, ha asegurado la consejera.

Al menos 11 depuradoras afectadas entre Cuenca y Albacete

Al respecto, ha indicado que, aunque hay un primer bloque de actuaciones que ya está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el Gobierno regional “ha puesto encima de la mesa que, en materia hidráulica tenemos al menos once infraestructuras de depuración afectadas en las provincias de Cuenca y Albacete, que tienen que ser adecuadas y puestas en servicio de nuevo”.

Así se ha referido a que “la más afectada de todas es la de Letur donde han desaparecido los colectores, por lo que es necesario realizar una reforma más exhaustiva. Pero también es fundamental recuperar las infraestructuras correspondientes al sistema de abastecimiento ya que en estos momentos ”están siendo abastecidos por una obra de emergencia de la Confederación con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla“.

Mercedes Gómez ha recordado que hoy mismo “todas estas actuaciones, han sido declaradas de emergencia por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha para actuar de forma inmediata”, independientemente de la petición formal que se va a hacer al MITERD para que la región se pueda acoger a los dos reales decretos de ayudas por la DANA del Gobierno central.

“Se contemplan fundamentalmente las infraestructuras para Mira y Letur, pero se deben incluir también actuaciones en municipios colindantes en ambas zonas y los afectados en la provincia de Guadalajara”, como ha insistido la consejera.

Durante la reunión se ha visto el primer bloque de actuaciones que ya se está llevando a cabo para la reparación de los daños en la zona de Letur, Socovos, Molinicos, Yeste, Ayna y municipios de alrededor por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, con algo más de 3, 5 millones de euros de inversión.

En concreto, en el término municipal Yeste, se trabaja en la restitución del camino de servicio de la presa de la Fuensanta, la reconstrucción de las obras de paso y de retención de arrastres en las ramblas anejas, retirada de sedimentos en el cauce aguas abajo que limitan el acceso y la capacidad de desagüe de la presa. También en la retirada de arrastres y limpiezas de pasos en varios barrancos y arroyos de Nerpio, Letur, Molinicos, Socovos, entre otros. Y además la reconstrucción del punto de control del sistema de información hidrológica (SAIH) y estación de aforos en el río Taibilla, confluencia con el río Segura, en Letur.

Petición de revisión de los cauces a las confederaciones

Por último, la consejera ha pedido que las confederaciones hidrográficas, las del Tajo y Ebro en el caso de Guadalajara; del Júcar en el caso de Cuenca y del Segura en el de Albacete, “que revisen todos los arroyos y ríos que han sido afectados para hacer una reevaluación de la situación y las actuaciones que se tengan que llevar a cabo para su acondicionamiento y evitar que pueda haber más daños”.

Gómez ha señalado que “el papel de las confederaciones es determinante en los municipios de la región y es importante minimizar las posibles afecciones en los cauces, por ello deben tener en cuenta la posibilidad de que los ayuntamientos actúen en los tramos urbanos, como ya ocurre en el caso de la Confederación del Ebro”.

Así durante la reunión se ha tratado de poder hacer un “trabajo conjunto entre confederaciones y Administración autonómica para realizar una serie de puntos de control de los cauces de cara a poder prevenir situaciones y donde poder actuar, pues debido al cambio climático estos episodios tormentosos de gran envergadura seguirán ocurriendo”.

En la reunión, la consejera ha estado acompañada por la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Mercedes Echegaray, y la directora de Infraestructuras del Agua de la región, Silvia Díaz del Fresno.

“El alcalde es responsable”, gritaba una treintena de vecinos de la urbanización 'Los Manantiales' frente al Ayuntamiento de Hontoba este pasado domingo. ¿La razón? El proyecto de una depuradora que se proyecta “pegada” a sus viviendas en este pueblo de Guadalajara. Los vecinos de 'Los Manantiales' argumentan que la normativa establece que este tipo de instalaciones debe estar a “dos kilómetros” de distancia del núcleo urbano, y que la depuradora se ubicará “ni a cien metros” de sus casas.

“La gente sobre todo habla de que es insalubre, de los mosquitos, el olor y otras molestias que causan las depuradoras”, explica Rosa García, vecina de la urbanización 'Los Manantiales' y que ha impulsado la protesta de este domingo. No tienen mucha esperanza de que vayan a paralizar el procedimiento, pero seguirán protestando. “Porque de alguna manera, va a contaminar el ambiente de quien vive ahí y de nuestro recinto social, la piscina y el bar”, asegura la afectada.

El proyecto de la depuradora tiene el visto bueno de otras administraciones públicas, según aseguran desde el Ayuntamiento de Hontoba. El Servicio de Urbanismo de la Junta de Comunidades en Guadalajara ha explicado en un documento “no vinculante” que la construcción es posible “sin necesidad de modificación de planeamiento [urbanístico]” para autorizar el uso de los equipamientos señalados, y un informe del arquitecto municipal de Hontoba explica que el uso de suelo para una depuradora es “apto”, según la normativa aplicable.

En el informe del Servicio de Urbanismo se da respuesta a una consulta sobre la cuestión y se puntualiza que “carece de competencias en relación con las licencias, que son exclusivamente de competencia municipal”, según el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). La consulta a la que responde llegaba desde el Consejo Rector de otra urbanización de la zona, 'El Mirador de Hontoba', que pide que la vecina urbanización 'Los Manantiales' ceda “todo o parte” de una parcela para la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Ambas urbanizaciones son privadas. En el mismo documento, se señala que las dos depuradoras que se proyectan se construirían “en el exterior del límite del suelo urbanizable”, tanto en el caso de la urbanización 'Los Manantiales' como 'El Mirador'. El informe advierte, igualmente, de que no se puede construir en una zona inundable de los cauces, y pide que se realice una “consulta” a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El alcalde de Hontoba, Pedro David Pardo de la Riva, explica que el ayuntamiento ha transmitido los datos sobre la calificación urbanística a las administraciones “competentes” y que estas “han dado el OK”. “Nosotros lo único que tendremos que hacer es admitir la licencia para que puedan hacer su proyecto. No tiene más”, explica a elDiarioclm.es. “No tenemos otra solución”, señala el alcalde, que explica que además esta propuesta de ubicación de la depuradora se aprobó “en el año 1984 o 1985”

“El ayuntamiento dice que ellos tienen que recalificar el terreno y no les queda otra”, lamenta Rosa García y coincide con las declaraciones del alcalde. Los vecinos de la urbanización, explica, se sienten “desamparados” ante lo que ven como algo imparable. En 'Los Manantiales' viven aproximadamente unas 120 familias, y también hay otras residencias durante la época estival o para las personas mayores que se van durante el invierno.

García lamenta también que la información no haya llegado con claridad a los vecinos. “Es muy hermético, esto se sabía con anterioridad y no nos llega. Tuvimos una asamblea general y no se nos informó de nada”, resalta la afectada. “Aunque sea una depuradora pequeña, no se puede poner tan cerca de un núcleo urbano”, resalta la vecina. A esto añade que los vecinos “no entienden” por qué una Junta de Compensación privada debe llevar una instalación de estas características. “Yo creo que como mejora para el medio ambiente, tendría que haber una depuradora grande, para varios municipios”, afirma.

La empresa IMEDAGUA, especializada en plantas compactas y sistemas para aguas industriales y urbanas, ha emitido un Informe de Impacto Ambiental, en el que defienden que la tecnología y el tratamiento que plantean para la zona “no solo mejora la calidad del agua” sino que también “contribuye a la recuperación de recursos y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.