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Una arquitecta incorruptible, un alcalde franquista y un presidente capitalista: así luchó Ibiza para proteger su naturaleza

Concentración del grupo ecologista GEN delante de la sede del Consell de Eivissa y Formentera en abril de 1990.

Nicolás Ribas

Eivissa —

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Ses Salines de Eivissa y Formentera constituyen un ejemplo paradigmático de riqueza del ecosistema mediterráneo. Su singularidad radica en que es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como un espacio de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales. Sin embargo, tal como explica el periodista y escritor con una dilatada trayectoria en Eivissa, Joan Lluís Ferrer, en su libro Ses Salines. L’orgull d’un poble (1975-2001. De macroprojecte urbanístic a Parc Natural), los ibicencos de la última mitad del siglo XX no valoraban tanto este paraje por su variada ornitofauna, ni por su biodiversidad ambiental, sino por lo que significaba histórica, cultural y económicamente.

Los flamencos, arrinconados en Ibiza por la sequía y la presión humana

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Fueron los fenicios quienes fundaron ses Salines en el año 654 a.C., momento en que ya constituía una fuente de ingresos importante. Con el paso de los siglos, la industria de la sal se convirtió en una de las principales actividades económicas de la isla, que llegó a dar empleo a casi mil personas. Este paraje natural, no obstante, estuvo en grave peligro, a punto de convertirse en un inmenso complejo urbanístico con 20.000 habitantes: hoteles, apartamentos, puertos deportivos, campos de golf y todo tipo de instalaciones turísticas.

El 9 de abril de 1975, últimos meses del franquismo, Ibifor S.A. (brazo urbanístico de Salinera Española S.A., dueña de los terrenos), presentó el plan parcial de urbanización en el Ajuntament de Sant Josep, que afectaba a 667,3 hectáreas de terreno. En esa época, el Consistorio no tenía aprobado un Plan Generación de Ordenación Urbana (PGOU) o unas Normas Subsidiarias (NNSS) que regularan urbanísticamente el municipio, por lo que el único instrumento que había era el Plan Provincial de Balears.

Como el proyecto sobrepasaba la legalidad vigente, Isabel Martínez de León, arquitecta municipal con solo 22 años (le sobró un año para licenciarse), informó desfavorablemente a la aprobación del megacomplejo. Y el alcalde, Josep Tur Serra, pese haber sido nombrado por Franco, tenía un cierto respeto por la legalidad, se enfrentó al poder franquista (favorable a la edificación en unos años en que el ladrillo era la piedra angular de la economía española) y tomaba sus decisiones en base a los informes de Martínez de León.

La arquitecta municipal recibió presiones e intentos de “soborno”

Tanto el alcalde como Martínez de León recibieron muchísimas presiones para que cedieran en sus pretensiones. Según se explica en el libro y reconoce Martínez de León en conversaciones con elDiario.es, sufrió intentos de soborno, con la propuesta de cobrar un tanto por ciento por cada licencia que se diera, que cifra en unas 2.000 viviendas. La arquitecta municipal denuncia presiones que no vendrían solo de la promotora, cuya cabeza visible era Pedro Salas Garau, sino también del secretario municipal, Josep Gustems (que estaba a sueldo de las promotoras, una práctica que no era ilegal ya que la ley de incompatibilidades fue aprobada con Felipe González como presidente del Gobierno) y del gobernador civil, Ramiro Pérez-Maura, quien acabó destituyendo al alcalde Tur Serra. 

Pese a la oposición de Martínez de León, implacable contra la corrupción, el plan fue aprobado en julio de 1977 por el nuevo alcalde, Joan Ribas, aunque su aprobación final quedaba pendiente de la Comisión Provincial de Urbanismo de Palma. Por su parte, Martínez de León fue cesada por el secretario municipal, Josep Gustems. Sin embargo, las decisiones del anterior alcalde, Josep Tur Serra y Martínez de León fueron capitales para que el proyecto no saliera adelante. “Fue fundamental parar el primer golpe, ya que ganaron un tiempo muy importante”, explica Joan Lluís Ferrer a elDiario.es, porque si el Ajuntament hubiera dado luz verde desde el principio, “la empresa promotora se hubiera podido ver tentada de sacar las grúas inmediatamente”, antes de la aprobación final. Cabe destacar también que años después, en 1989, el equipo de arquitectos formado por Isabel Martínez de León y Xavier Magriñá dejó su impronta en la redacción de las NNSS de Formentera, que dejaron ses Salines de la menor de las Pitiüses fuera de cualquier posibilidad de construir macrourbanizaciones.

Mientras sucedía todo esto, la población ibicenca no se estaba enterando de nada, porque la prensa de la época no se hizo eco de las decisiones del Consistorio hasta más adelante, con el plan aprobado por el nuevo alcalde. Ello condujo al nacimiento de una plataforma ciudadana, la Comisión de Defensa de ses Salines, nacida bajo el impulso del Institut de Estudis Eivissencs, al calor de la transición española, las ansias por la libertad y la lucha social por traer la democracia a España. En el contexto local, las reivindicaciones incluían la recuperación de la autonomía política (el autogobierno) y el catalán como lengua propia, entre otras. Esta Comisión de Defensa de ses Salines estaba formada por un grupo de personas de amplio espectro ideológico, desde la izquierda clásica hasta militantes de centro-derecha, aglutinando, por tanto, prácticamente al conjunto de la sociedad pitiusa. No había prácticamente nadie en Eivissa y Formentera que defendiera el proyecto de Ibifor.

El 29 de octubre de 1977, 2.000 personas se manifestaron pacíficamente en la ciudad bajo el lema “Ses Salines: Parc Natural”, lo cual no sucedía en la isla desde los tiempos de la Segunda República. Hay que tener en cuenta que, en aquella época, la sociedad ibicenca era mayoritariamente conservadora, poco dada a la protesta social, y, entre los más progresistas, había mucho miedo de salir a la calle debido a los cuarenta años de dictadura. Una manifestación con 2.000 personas, sin violencia ni incidentes, constituía un éxito sin paliativos. Dos días después, el 31 de octubre, llegó la primera victoria en la lucha por defender ses Salines: la Comisión Provincial de Urbanismo rechazó el macroproyecto urbanístico. Es importante tener en cuenta que algunos de los integrantes más activos de la plataforma que defendía ses Salines habían viajado a Palma para informar de lo que sucedía en Eivissa, en un momento en que la sociedad mallorquina estaba inmersa en un clima de lucha muy similar: el islote de sa Dragonera, ahora parque natural, corría el peligro de convertirse en un monumento a la especulación.

En ses Salines se había paralizado el primer intento de urbanización, pero el paraje no estaba protegido por la legislación, por lo que el entorno empezó a sufrir una progresiva urbanización de casas, chalets y algunas mansiones, prácticamente todo construido ilegalmente. Mientras tanto, la primera fase de la movilización había terminado con la denegación del proyecto por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo. Por otro lado, tuvo que pasar casi una década para que Sant Josep aprobara sus NNSS (un instrumento de ordenación alternativo al PGOU), en 1986, que preveía un techo poblacional de 180.000 habitantes, entre turistas y residentes, en un municipio con 20.000 habitantes y 16.100 plazas hoteleras en ese momento. Según señala Joan Lluís Ferrer, fueron los años en que Sant Josep estaba gobernado por Josep Serra Escandell (primero Alianza Popular y luego PP), “un alcalde totalmente irrespetuoso con la legalidad y aliado de promotores y especuladores que gobernó durante casi treinta años”. Con el nuevo planeamiento, ses Salines no eran totalmente urbanizables, pero la amenaza del hormigón continuaba planeando sobre algunos de sus entornos (Sa Canal, la Revista y sa Sal Rossa), así como sobre sus bosques y montañas.

Cañellas (PP), expresidente del Govern, tenía intereses económicos

En 1985, el gobierno de Coalición Popular (luego PP) y Unió Mallorquina (UM, de centro-derecha regional, liderado después por la otrora poderosa Maria Antònia Munar) declaró ses Salines Área Natural de Especial Interés (ANEI), aunque solo protegía los estanques salineros, las playas y los islotes intermedios. Se daba la circunstancia de que Gabriel Cañellas, presidente del Govern balear, tenía intereses económicos en Salinera Española S.A. “Cañellas, antes de ser presidente de la Comunitat Autònoma, ocupó altos cargos en Salinera España. Cuando dejó de ser presidente (del Govern balear), pasó a ser presidente de Salinera Española”, detalla Joan Lluís Ferrer. El propio Cañellas reconoció que tenía “unas pocas acciones” en la empresa, motivo por el que tuvo que salir del hemiciclo en una sesión del Parlament balear del 31 de octubre de 1984, mientras se votaban dos proposiciones de ley sobre ses Salines, para no entrar en conflicto de intereses.

Gabriel Cañellas (PP), antes de ser presidente de Balears, ocupó altos cargos en Salinera España, la empresa que quería urbanizar ses Salines de Eivissa y Formentera. Cuando dejó de ser presidente balear, pasó a ser presidente de Salinera Española

Joan Lluís Ferrer Periodista y escritor

El proyecto de las empresas de Matutes

Mientras tanto, en los siguientes años, continuaron las edificaciones en la costa de Platja d’en Bossa, zona pegada a sa Sal Rossa. Diferentes sociedades del grupo empresarial de Abel Matutes Juan, que más tarde sería ministro de Asuntos Exteriores del primer gabinete de José María Aznar, presentaron un proyecto para construir apartamentos turísticos en unos 299.000 metros cuadrados, con una capacidad para 12.000 plazas hoteleras. Este plan, que inicialmente no fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo, obtuvo su visto bueno en junio de 1987, con el pretexto de que la concesión de licencia de obras estuviera “condicionada a la puesta en marcha de una red municipal de saneamiento y la depuradora municipal”. El proyecto fue aprobado por el Ajuntament de Sant Josep en 1989, con la oposición de uno de los principales grupos ecologistas de Eivissa, el Grup de Estudis de la Naturalesa (GEN), que denunciaba que “no se habían cumplido las condiciones de la Comisión Provincial de Urbanismo”.

Hubo más críticos con el proyecto. Entre ellos, Susana Aranda, regidora del Centro Democrático y Social (CDS) de Sant Josep, que denunció que “había licencia para construir cinco edificios y, en cambio, se construyó un sexto, de 1.532 metros cuadrados de superficie, sin tener permiso”. También se opuso a él Vicent Cardona, presidente de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera (FEHIF), que en declaraciones a Diario de Ibiza afirmó el 13 de marzo de 1989 que “ha llegado el momento de desenmascarar, dando nombres y apellidos, aquellas personas que utilizan el Consistorio de Sant Josep para defender sus intereses particulares”.

No fue el único dirigente del mundo del turismo que se mostró contrario. Mariano Llobet, presidente de Fomento del Turismo, opinaba en declaraciones a Diario de Ibiza el 28 de marzo de 1991 que “se ha acabado el tiempo en que se identificaba crecimiento con riqueza”. “Ahora, tal vez, deberíamos ir al revés. Se tiene que parar el crecimiento turístico y eso no quiere decir paralizar la construcción. Creo que hemos llegado al límite”, añadió. Tanto Cardona como Llobet dimitieron de sus cargos poco después de sus declaraciones en la prensa.

Por su parte, los dirigentes del grupo Matutes calificaron la urbanización de “modélica” desde el punto de vista paisajístico y ecológico. Según recoge Joan Lluís Ferrer, afirmaban que las construcciones se caracterizaban “por una baja altura” (en general, tres plantas con alguna excepción) y “un aprovechamiento del suelo edificable muy por debajo del que permitía la ley”. El 9 de abril de 1989, el GEN colgó una pancarta en la torre de sa Sal Rossa (desde donde se pueden ver las construcciones) que rezaba, en catalán, “Salvadme”. Después lanzaron un comunicado contra el proyecto de las empresas de Matutes destacando la importancia que tenía, también para el turismo, “la preservación de los espacios naturales que todavía quedan en la isla”.

División en el PP por la protección del espacio natural

Durante la década de los 90, continúa la lucha desde el plano social y político por convertir ses Salines en parque natural. En 1990, en los enclaves de sa Canal y la Revista se podían edificar 200.000 y 300.000 metros cuadrados, respectivamente, es decir, unos 600 chalets con dos o tres plantas de altura y todo lo necesario para crear un núcleo urbano. En las masas forestales, además, se podían construir casas y mansiones. “La escuela de Gustems continuaba intacta en Sant Josep”, relata Joan Lluís Ferrer. La construcción de casas ilegales, además, continuaba proliferando.

En estos años, Jeroni Saiz, conseller de Obras Públicas del Govern (PP), preparaba la redacción de un Catálogo de Espacios Naturales que sirviera de base para la aprobación de la Ley de Espacios Naturales (LEN), que protegiera los parajes más emblemáticos de las Balears. El catálogo recomendaba la declaración de ses Salines como Parc Natural, pero sin incluir sus montañas y masas forestales. Cañellas, con intereses en Salinera Española, seguía siendo presidente del Govern, lo que para los ecologistas y la oposición explicaba por qué no se aprobaba una protección integral. Cabe matizar que, debido a la Ley de Incompatibilidades de 1984, ya no tenía responsabilidades en Salinera Española, pero sí su suegra y su esposa, una información que se puede comprobar, apunta Joan Lluís Ferrer, en Grano a grano. Historia de Salinera Española SA (1871-2015), escrito por encargo de la empresa y prologado por el mismo Cañellas.

La oposición, sin embargo, continuó apretando para que la LEN incluyera la protección total de ses Salines de Eivissa y Formentera. Dentro del PP había una discusión sobre el grado de protección que había que implementar, había diferencias entre los dirigentes del partido en Eivissa y Mallorca e incluso en el seno de los propios políticos del PP ibicenco. Esto incluía, por ejemplo, a Josep Tur Serra, el alcalde franquista de 1977 que paró el primer golpe contra el proyecto y que en los años 90 fue conseller insular de Medio Ambiente (sin competencias en ses Salines) y al alcalde de Sant Josep, Josep Tur Serra (PP), que se enfrentó, con muchos problemas, a Gabriel Cañellas, para recortar el proyecto de urbanización a un crecimiento no superior del 33%, es decir, unos 80 chalets.

El PP ibicenco acabó asumiendo esta postura, que fue aprobada en el pleno del Ajuntament el 25 de octubre de 1990 mediante una modificación de sus normas urbanísticas, para enfado de Cañellas y promotores. Unos meses antes, el 11 de mayo de 1990, se formó la Coordinadora Salvem ses Salines en la sede del GEN, que continuaba reivindicando la protección integral. El GEN, con ocho años de vida, pasaba ahora a estar liderado por una nueva hornada de jóvenes ecologistas, algunos de ellos dirigentes históricos, como Marià Marí o Neus Prats.

Una votación agónica en el Parlament

El 30 de enero de 1991 se votó la LEN en el Parlament balear. La discusión tenía que ver con el grado de protección que iban a tener ses Salines: la izquierda votó en bloque para que la protección fuera más elevada, mientras que el PP, partido de gobierno, quería que fuera más baja en Eivissa (y así permitir más construcciones en las zonas montañosas). Todo dependía de lo que hiciera UM (en coalición con el PP), el CDS y Carles Ricci, diputado menorquín del Grupo Mixto. Después de un empate a 29 votos, en segunda votación, Ricci votó a favor (después de haberse abstenido inicialmente) de la enmienda que apoyaban los partidos de la izquierda para dotar a ses Salines de un estado de protección mayor, noticia que fue recogida al siguiente día en las portadas de la prensa local.

Esta ley, sin embargo, fue modificada en la siguiente legislatura, después de que el PP ganara con mayoría absoluta las elecciones autonómicas de mayo de 1991. El PP ibicenco, una vez más, arrasó en todos los ayuntamientos, así como en el Consell Insular. El 23 de diciembre de 1991 se aprueba la modificación y las montañas de ses Salines vuelven a quedar desprotegidas: mientras que con la anterior legislación solo se podía construir una vivienda unifamiliar en parcelas de 200.000 metros cuadrados, con la nueva se podía edificar en terrenos de 30.000 metros cuadrados, dentro de las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI). En el caso de las Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP), el requisito pasó de 30.000 a 10.000 metros cuadrados de superficie.

Este cambio legislativo supuso un golpe muy duro para el movimiento ecologista, pero también una victoria para el PP ibicenco, que se granjeaba de este modo el apoyo de amplias capas de la población, especialmente en las áreas rurales. La batalla continuó en el plano político, pese a que los partidos de la izquierda ya no sabían qué hacer. El PP de Gabriel Cañellas acababa de ganar con mayoría absoluta en el Govern balear. La solución ideada por Izquierda Unida (IU) fue llevar una proposición de ley al Congreso de los Diputados, que declarara ses Salines Reserva Natural. Todavía gobernaba el PSOE de Felipe González, así que IU pensó que si se ponían de acuerdo con los socialistas podía haber alguna posibilidad. El problema era que había muchas dudas, desde el punto de vista jurídico (como así quedó demostrado después), de que se pudiera hacer, porque las competencias residían en el Parlament balear.

Pese a ello, después de muchas reuniones entre el PSOE e IU, el 15 de noviembre de 1994 el Congreso de los Diputados, con los votos del PSOE, IU y ERC, votó la toma en consideración de la propuesta del diputado de IU, Felipe Alcaraz, para declarar ses Salines como Reserva Natural (con un grado de protección similar a la figura de Parque Natural), que debía ser refrendada por el Senado, como así ocurrió. El PP anunció que iba a recurrir la decisión al Tribunal Constitucional (TC), pues como luego se demostró, las competencias eran autonómicas, pero la aprobación en las Cortes españolas de la nueva ley sirvió como medida cautelar para que, hasta que se pronunciara el TC (lo que podía llevar cinco o seis años), ses Salines quedaran preservadas íntegramente.

El Parlament aprueba el Parc Natural en 2001

Sin embargo, el PP se empezó a mostrar incómodo con la situación de, en palabras de Joan Lluís Ferrer, “aparecer siempre como el malo de la película”, por lo que el Govern empezó a buscar la fórmula para proteger ses Salines, tan rápido como el TC anunciara la inconstitucionalidad de la declaración de Reserva Natural. Pero no ocurrió nada nuevo. Gabriel Cañellas dimitió como presidente del Govern en julio de 1995, forzado por Aznar (que aspiraba a ganar las siguientes elecciones generales), por el caso de la construcción del túnel de Sóller y en junio de 1999, por primera vez en la historia, la izquierda ganó las elecciones autonómicas. El 11 de diciembre de 2001, después de que los partidos progresistas aceptaran casi todas las enmiendas presentadas por el PP, el Parlament aprobó, con todos los votos a favor, la declaración de ses Salines como Parc Natural. Desde entonces, esta conquista es patrimonio de todos los partidos y, sobre todo, una victoria de la sociedad ibicenca en su conjunto, después de 26 años de lucha.

“Ses Salines serían un monumento a la especulación urbanística, totalmente horrible (si se hubiera aprobado el proyecto de 1977)”, manifiesta Joan Lluís Ferrer, gran conocedor de la realidad urbanística y medioambiental de Eivissa. “Pese a que se ven algunos desastres que se han cometido, se ha salvado la mayor parte. Se ganó una batalla importantísima de la que es difícil ser consciente, porque los logros ecologistas son aquellos que no se ven. Cuando ves una montaña sin nada, piensas, ¿qué se ha conseguido? Pues, precisamente, que no veas todo lo que estaba previsto hacer”, aclara. “Para eso han hecho falta manifestaciones, polémicas, años y años de recursos para que, finalmente, siga igual”, argumenta. “Es una lección de todo lo que se puede conseguir con insistencia y tenacidad”, añade.

“El principal problema que tiene el Parc Natural, ahora mismo, es que hay muchísima gente, lo que genera problemas de acceso al litoral, se pisa el sistema dunar de Es Cavallet... Y el hecho de que algunos chiringuitos sean tan famosos no ayuda. Es un espacio con enormes usos, de protección y conservación pero también turístico”, explica a elDiario.es Joan Carles Palerm, presidente del GEN-GOB, sobre los retos actuales y asignaturas pendientes que, a su juicio, quedan. En la temporada turística de verano, las playas de ses Salines son de las más masificadas de la isla (hay estimaciones que apuntan a que por ses Salines acceden cerca de 2 millones de personas cada temporada) y hay muchísimo tráfico rodado, lo cual es un problema para la flora y la fauna. “Hay mucha gente, también local, que hace deporte o entra en bicicleta dentro de los estanques, lo que puede ser un problema para los flamencos, porque necesitan tranquilidad en época de nidificación”. En este sentido, concluye, considera que habría que reducir la actividad turística en la zona.

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