Los vecinos de Málaga que desafían a la Junta de Andalucía para evitar una depuradora en una vega de naranjos

Entre los naranjos que pintan de verde la Vega de Mestanza ondean, como extraviadas, unas cuantas banderas nacionales. No están allí por fervor patriótico, sino como hitos: sirven para hacerse una idea de las 29 hectáreas (290.000 metros cuadrados) a priori destinadas a una futura depuradora que la Junta de Andalucía quiere colocar sobre una elevación construida ex profeso en mitad del campo de frutales. Desde una atalaya con vistas a la vega, Mari Carmen Mestanza apunta con el dedo: “Es un atropello. Una vergüenza. Yo no puedo aguantar ver cómo cortan 20.000 árboles”. Y se echa llorar, como ocurrirá en varias ocasiones mientras explica por qué unos 300 vecinos y agricultores se oponen a la pretensión de las administraciones.

Este es un terreno con una historia ligada a una familia. Los Mestanza, hoy representados por los nietos y bisnietos de los pioneros, dan nombre a la vega. “Los primeros naranjos los planté yo con doce años”, dice María Díaz Mestanza, prima de Mari Carmen, que hoy tiene 78 y se quita los guantes de labranza mientras relata: “Mis abuelos compraron este terreno a los Larios. Llegaron con nueve hijos y otro nació aquí, y lo levantaron a base de pulmón: con burros, bueyes, caballos y la chapulina”.

Si hoy es una tierra fértil capaz de producir entre 1,5 y dos millones de kilos de cítricos al año es en parte por la violencia con la que el río Guadalhorce muestra cada poco tiempo. El terreno está en zona inundable. Una riada, más intensa que las que se producen cada año, modificó el curso del río y generó la vega entre medias de los dos brazos que quedaron. Eso convirtió la zona en una rareza: un vergel a una decena de kilómetros del centro de una gran capital. Desde entonces, decenas de pequeños agricultores han adquirido alguna pequeña parcela y plantando naranjos, mandarinos y limoneros.

Dice Mari Carmen que se dio cuenta de que todo iba en serio cuando se abrió el plazo para alegar al proyecto de depuradora, el 29 de julio. Entonces se compró un megáfono. Cada día comprueba la agenda pública del presidente de la Junta de Andalucía. Si él está en Málaga, allí se planta. “Esto es porque somos agricultores, y la agricultura no vale nada ni nunca ha valido, y se piensan que no tenemos posibilidades de defendernos”, lanza de nuevo con lágrimas en los ojos.

La Junta de Andalucía: “El tiempo apremia” por las multas europeas

El asunto está ante los tribunales, que deben decidir si paralizan urgentemente el proyecto porque a los vecinos, que han creado una asociación, se les ha ocultado información. Además, ellos insisten: esa depuradora en ese sitio es muy cara, un riesgo, un atropello ambiental y supone acabar con la forma de vida de decenas de agricultores. “No comprendemos por qué se empeñan”.

La administración autonómica cree que el problema es que nadie quiere una depuradora cerca de casa, y razona que los problemas serían similares en cualquier otra ubicación. “Nadie se queja por un parque infantil- Esto no le gusta a nadie, pero la administración tiene que velar por el interés general”, explica Sergio Arjona, Director General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía. Según asegura, esta ubicación está prevista desde 2009, aunque el proyecto se paralizó. Cuando en 2017 se conoció la sanción europea por la falta de depuración, los alcaldes de la zona (incluyendo el de Málaga, en cuyo término municipal está la depuradora) acordaron reactivarlo en la misma localización.

“Estas infraestructuras llevan mucha tramitación, las cosas no son arbitrarias. Cualquier paralización implica empezar de cero, y el tiempo apremia”, dice Arjona. Según él, descartar este proyecto implicaría una demora de al menos cuatro años por los trámites urbanísticos. “Cambiar ahora sería una irresponsabilidad”.

Una multa de 634.000 euros por semestre

Nadie duda de que hace falta una depuradora. La Comisión Europea lleva tres años multando a España por la falta de tratamiento de las aguas en varias aglomeraciones urbanas, entre ellas las de Alhaurín el Grande, que cada año vierte 5,9 hectómetros cúbicos (5.900 millones de litros) directamente al río Guadalhorce. Esta multa deben pagarla las comunidades autónomas. A Andalucía, la más incumplidora, le corresponden un total 5,5 millones de euros, más una cantidad por cada semestre de retraso. Cada semestre sin depuración de las aguas de Alhaurín el Grande le cuesta a Andalucía 634.320 euros. A ello se agarra la administración para insistir con su proyecto: urge hacerlo ya porque por cada día que pasa la multa aumenta en 3.466 euros.

La cuestión es por qué ese sitio y no otro es el idóneo para una instalación de 20,8 hectáreas (según el proyecto ahora modificado) con capacidad para tratar las aguas residuales de unos 250.000 vecinos, unos 75.000 metros cúbicos diarios. Los municipios a los que daría servicio (inicialmente, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama, con posible ampliación a zonas de Málaga capital) pasaron mucho tiempo echándose la pelota de unos a otros. Nadie encontraba sitio en su territorio, y el que tenía terrenos no la quería ahí.

Hasta que Málaga ofreció este enclave y a la Junta de Andalucía le pareció bien. Según Mari Carmen Mestanza, el alcalde Francisco de la Torre ya no estaría tan convencido, y les confesó sus dudas cuando fue a visitarlos el pasado otoño. También les advirtió de que probablemente era ya demasiado tarde para pararlo todo. A estas alturas, ocho UTEs pugnan por el contrato, en el que están interesadas empresas como FCC, Ferrovial, OHL, Acciona, Dragados o Sacyr, según informó Málaga Hoy.

Las razones en contra: el coste, la inundabilidad y el impacto ambiental

Aunque para la familia se trata de un asunto con una enorme carga emocional, creen que hay razones objetivas para no levantar la depuradora en ese lugar. A finales de diciembre, la Junta de Andalucía publicó la licitación: quiere construir la depuradora en 42 meses, y está dispuesta a pagar 131 millones de euros a quien lo haga, y otros dos por “asistencia técnica”. Se trata de un coste muy superior al de cualquier otra depuradora, por las expropiaciones y por el incremento que supondría construir la plataforma. La EDAR de Nerja, que acaba de entrar en pruebas ocho años después de licitarse, tendrá un coste final de 25,2 millones de euros. Sergio Arjona enfatiza que la nueva depuradora será la tercera más grande de Andalucía. “¿Si la haces en otro sitio costaría menos? No lo sabemos. Pero en la actual también hubo que hacer cimentaciones especiales. Cualquier ubicación tiene pros y contras”.

La depuradora en Mestanza, construida a unos 120 metros de las viviendas, dejaría sin empleo a decenas de agricultores que cada año cuidan y recolectan la producción de cítricos de la vega. En épocas de recolección, unos 15 o 20 por cada una de las 40 parcelas. Federico Luque es uno de los pequeños propietarios. Llega en su camión cargado de fruta recién recogida y explica: “Esto es un desastre lo mires como lo mires. Tengo cinco hombres alicantando allí abajo. ¿Sabes lo que es? Cortar una a una cada naranja, para que quede el rabo y las hojas”. La depuradora no iría sobre su parcela, pero sí le afectaría el colector. La depuradora también necesitaría una nueva carretera.  

Además, está el principio de precaución: la zona, muy cerca de la desembocadura del Guadalhorce, se inunda con frecuencia, la última vez hace apenas unas semanas. Los vecinos colocan un bloque de adobe sobre el plano para explicar lo que ocurrirá si se pone allí la depuradora. “Si se hace la isla, estos 600 metros para que el río pase los reducimos a 60 por aquí y 80 por aquí. Imagina la velocidad a la que va a venir el agua”, comenta Luque, que advierte de que las vías del AVE, que circula en elevación apenas a un centenar de metros, ya se han anegado en un par de ocasiones.

También alegan motivos ambientales: habrá que cortar miles de árboles. Las parcelas están situadas entre el Paraje Natural del Guadalhorce y una zona especial de conservación incluida en la Red Natura 2000.

“Falta de información” sobre las alternativas

En su momento, la Junta de Andalucía valoró otras cuatro alternativas. Una de ellas es un solar público situado justo al lado de la depuradora que actualmente da servicio a Málaga capital. De hecho, el proyecto contempla que los fangos de la nueva depuradora se bombeen a la vieja EDAR por una tubería de 7,3 kilómetros. Pero según Arjona, aunque volvió a plantearse en una reunión reciente con el ayuntamiento, este terreno es inviable porque es pequeño y habría que instalar el emisario en una zona protegida.

El abogado Marcelino Abraira, que representa los intereses de la asociación de vecinos, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que paralice el proyecto, acompañando un informe donde se razona que todas las alternativas son mejores que la ubicación elegida, se apunta a irregularidades en el procedimiento y se alerta sobre la ligereza con la que se despachó cualquier otra opción. Los técnicos firmantes de ese informe creen que el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental están “dirigidos”: “La elección de alternativas no se puede sustraer al procedimiento de evaluación; este aspecto es de tamaña irregularidad técnica y normativa que resulta totalmente incomprensible que un proyecto público pueda devenirse de esta forma”.

También recogen que no se han estudiado las afecciones por ruidos y olores, el impacto sobre el paisaje, los hábitats, la flora y la fauna protegida (como el camaleón), o los riesgos sísmicos. “Esta falta de información define la pésima calidad del Estudio de Impacto Ambiental que debería haber forzado a la propia administración a su devolución y redefinición motu proprio”, concluye el informe.

“Si lo paraliza un juez, la Junta tendrá que replanteárselo”

“¿Hay que depurar? Pues claro. ¿Pero por qué tiene que ir en ese sitio concreto? ¿Cuál es el más barato, el que molesta menos, el que estropea menos?”, se pregunta el abogado Abraira, que de momento ha pedido la suspensión cautelar alegando indefensión. Asegura que el expediente nunca se colgó en la web y que la administración les remitió información incompleta. “Un plan sin participación es nulo de pleno derecho. Pueden empezar otra vez, pero lo tendrían que hacer en condiciones. Y entonces no saldría la Vega de Mestanza”, vaticina el abogado, que advierte que llegarán “hasta el final”. Cree que la decisión de instalar allí la depuradora podría ser arbitraria.

Arjona insiste: el plan es antiguo, cualquier ubicación presenta inconvenientes parecidos y no hay tiempo que perder. “Las explicaciones están dadas y no es una decisión de ahora”, dice. Otra cosa es la vía judicial: “Si lo paraliza el juez, la Junta evidentemente tendrá que replanteárselo. Pero a día de hoy no ha ocurrido”.

Un día, Mari Carmen consiguió hablar con el presidente Moreno. “Yo no soy quién para mover una depuradora de sitio”, le dijo: “Pero lo que sí sé es que allí se ha trabajado duro, hay agricultura y los agricultores merecemos una dignidad, y usted tiene que venir a verlo. Porque cuando pase el tiempo le diremos a los hijos: ”Mira si era importante la vega que vino el presidente de la Junta de Andalucía a despedirnos“. Por lo menos eso nos lo tiene que usted que dar. Me dijo que lo diera por hecho. Todavía lo estoy esperando”.