La Junta recurre la suspensión de la gran depuradora de Málaga por “imponer el criterio ambiental” sobre cualquier otro

La Junta de Andalucía llevará hasta la última instancia judicial su intención de construir la gran depuradora para la zona norte de Málaga en Vega Mestanza, un terreno permeado por el río Guadalhorce que produce entre 1,5 y 2 millones de kilos de cítricos cada año desde hace casi un siglo. En el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la suspensión de la obra, razona que la falta de estudio del impacto ambiental que tendría la depuradora en las ubicaciones alternativas no puede suponer que se anule la decisión de ubicarla en Vega Mestanza.  

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mandó parar máquinas cuando estas ya pisaban el terreno, el pasado junio, con el argumento de que la administración no se había tomado en serio la obligación de comparar el impacto ambiental que tendría la depuradora aquí con el que tendría en otros terrenos. Ahora, la Junta expone ante el Supremo que eso es un castigo demasiado grande, y que la ley no dice que haya que rechazar de plano un proyecto que no haya estudiado las alternativas desde el punto de vista ambiental.

Hacerlo es contrario al principio de proporcionalidad en la interpretación de la ley, dice la Junta en su recurso de casación, al que este medio ha tenido acceso. “Si los estudios preliminares sobre ubicación de una EDAR señalan una localización como la más idónea atendiendo a cualificadas exigencias técnicas de la misma, resulta de todo punto desproporcionada y carente de sentido la exigencia del análisis ambiental de cada una de las localizaciones descartables por su menor idoneidad técnica y por ende inviables”.

Una decisión tomada con criterios “exclusivamente económicos”

La sentencia dictada por el TSJA, el máximo órgano judicial andaluz, afeaba a la Junta que la decisión de colocar la depuradora en Vega Mestanza se tomara tenido en cuenta criterios “exclusivamente económicos”, ignorando en cambio el contraste desde el punto de vista ambiental con las alternativas que existían en otros lugares de la ciudad de Málaga, cuando precisamente en esta materia prima la protección del medio ambiente.

Los magistrados subrayaban que se había omitido “todo estudio medio ambiental” de las otras ubicaciones posibles. Todas las alternativas se descartaban por razones relativas al coste de los colectores y las expropiaciones. “Debió completarse con un estudio de las alternativas posibles (...) que debe abarcar a si estas presentan desde el punto de vista medioambiental más o menos inconvenientes”.

La Junta se revuelve contra la consecuencia de la falta de comparativa ambiental aplicada por los jueces. Por el contrario, argumenta que la ley establece que la ubicación debe decidirse por “un análisis global multicriterio”, donde entran en juego aspectos económicos, sociales y ambientales, y que la falta de una comparativa ambiental no lleva necesariamente a la nulidad.

“La perspectiva medioambiental no constituye un criterio selectivo preferencial a imponer sobre cualquier otra consideración”, argumenta la letrada de la Junta, que concluye que, por tanto, no cabe consagrar “la necesidad, en todo caso y sin excepciones, de una comparativa desde dicha perspectiva de las distintas alternativas”.

Aguas residuales de 250.000 personas y multa de 1,3 millones al año

La depuradora de la zona norte de Málaga es esencial para cumplir con las obligaciones de depuración y dejar de verter aguas sucias al Guadalhorce. Está previsto que la EDAR Norte trate cada día alrededor de 75.000 metros cúbicos de aguas residuales de unos 250.000 habitantes. Una parte de ese volumen se derivará desde la depuradora del Guadalhorce, y otra parte se vierte actualmente sin depurar.

Esos vertidos están entre los que justifican la sanción impuesta a España por la Comisión Europea, ratificada por el Tribunal de Justicia Europeo en 2018. Cada año, Andalucía abona 1,3 millones de euros por incumplir las obligaciones de depuración aquí, en Barbate (Cádiz) y en Matalascañas (Huelva). “Esta obra cuenta con toda la tramitación ambiental. Lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas”, observó el consejero Ramón Fernández-Pacheco cuando comenzaron las expropiaciones.

Sin embargo, la necesidad de depuración ha topado con la resistencia para que se ponga aquí de vecinos y propietarios de la tierra, productiva y fértil. De la mano de una líder carismática e incansable, esgrimen argumentos económicos, de seguridad y ambientales para oponerse con todas sus fuerzas al proyecto. Es así como lograron la victoria ante el TSJA.

Es un desenlace insospechado hace cuatro años, cuando empezaron las movilizaciones de los vecinos. La suerte de Vega Mestanza parecía echada al menos desde 2009, cuando fue señalada por los alcaldes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Málaga, Cártama y Torremolinos como la ubicación idónea para una EDAR que dé servicio a la zona norte del área metropolitana de Málaga.

Tras años de parálisis, el Gobierno de Moreno retomó el proyecto, aprovechando los fondos recaudados con el canon del agua que los socialistas no habían gastado. Fue adjudicado por 106 millones de euros hace dos años a una UTE integrada por Sando, Dinotec y Aquambiente.

La Junta de Andalucía nunca ha escondido que la elección de la ubicación estaba tomada desde mucho antes del procedimiento de evaluación y en ella pesaban otros criterios distintos a los ambientales. “La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha subrayado hoy que la ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Málaga Norte en el Cortijo Mestanza está decidida desde el año 2009 y cuenta con la aprobación en sesión plenaria de los cinco ayuntamientos afectados, ya que reúne las condiciones técnicas más adecuadas para ubicar esta EDAR”, señalaba en una nota de prensa de 2022.

Alhaurín de la Torre pide a la Junta que retire el recurso

El lugar, que se inunda en cada episodio de lluvias intensas, es una fértil vega de mandarinos, limones y naranjos, explotada por los descendientes directos de la familia Mestanza desde que la compraron a la familia Larios. Para evitar el agua, se contempla que la instalación, de 13 hectáreas, quede elevada en unos cinco metros.

La oposición a la obra ha concitado una inusitada mezcla de intereses: en las concentraciones previas a la paralización se daban cita ecologistas, activistas y partidos de izquierda, simpatizantes de Vox y creyentes en los chemtrails. La semana pasada, el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (el municipio más afectado por cercanía, aunque la vega esté en Málaga) aprobó una moción para pedir a la Junta de Andalucía que retire el recurso. Votaron a favor el PSOE y Con Málaga, y se abstuvo el PP.

El recurso de casación está firmado por la letrada jefa de la delegación territorial de la Junta de Andalucía, y de cómo se resuelva dependerá no sólo lo que ocurra con esta depuradora, sino también el alcance que se le dé a un buen puñado de conceptos ambiguos (indeterminados) la Ley de Evaluación Ambiental, de 2013. Por ejemplo, la norma habla de “alternativas razonables estudiadas” o de “alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables”, pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Hasta dónde llega la “razonabilidad”?