La llegada de las lluvias a la Sierra Norte de Guadalajara, tres meses después de declararse el incendio de La Mierla que quemó más de 32.000 hectáreas de terreno, ha hecho que esta zona se encuentre “en alerta” y “preparada” ante el riesgo de que las precipitaciones arrastren cenizas, sedimentos y posibles metales hasta los embalses.

Así lo ha confirmado la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), cuyo vicepresidente, Juan Carlos Martín, ha asegurado este martes que “mantiene reforzada la vigilancia de la calidad del agua” por la posibilidad de la llegada de agua contaminada a la planta potabilizadora de Mohernando.

Aunque los parámetros actuales se encuentran “dentro de la normalidad”, la entidad no descarta que un episodio de precipitaciones intensas pueda elevar la turbidez del agua y obligar a adoptar medidas adicionales.

“Estamos en alerta y preparados. De momento, los niveles de turbidez son muy bajos, lo que nos da cierta tranquilidad, pero sabemos que llegarán episodios de lluvias que arrastren cenizas y otros materiales. Por eso estamos reforzando la vigilancia y preparados para actuar cuando sea necesario”, ha explicado Martín durante la presentación del balance del año hidrológico 2025-2026.

El vicepresidente de la MAS ha insistido en que, a día de hoy, los controles no reflejan una alteración preocupante de la calidad del agua, aunque el seguimiento se ha intensificado para detectar cualquier cambio.

“Estamos dentro de los parámetros normales”, ha reiterado tras explicar que la mancomunidad está incrementando las muestras y realizando un seguimiento continuo de la turbidez del agua bruta que entra en la planta potabilizadora de Mohernando.

Y es que, la semana anterior se registró un pequeño repunte en algunos parámetros, según ha señalado, pero se mantuvo dentro de los niveles habituales.

El vicepresidente ha advertido de que el principal riesgo está asociado a la llegada de tormentas fuertes capaces de arrastrar los restos del incendio desde las zonas afectadas hasta los cauces.

En ese escenario, la turbidez permitiría detectar la entrada de materiales y sedimentos, mientras que el análisis de posibles sustancias contaminantes, especialmente metales pesados, resulta esencial para evaluar la calidad del agua.

En su comparecencia, Martín ha apuntado que los residuos del incendio observados hasta ahora tienden a decantarse y depositarse en el fondo, una circunstancia que puede facilitar el trabajo de los decantadores de la planta.

También ha destacado el papel que puede desempeñar el tratamiento de choque con ozono en el proceso de potabilización, según la información trasladada por los técnicos.

No contemplan restricciones por el momento

Para hacer frente a posibles alteraciones, la MAS ha reforzado los medios de su laboratorio con la incorporación de equipamiento destinado a mejorar la detección y el análisis de sustancias relacionadas con el incendio.

Martín ha cifrado en alrededor de 60.000 a 70.000 euros la inversión adicional realizada para ampliar estos recursos.

Según ha explicado, la planta potabilizadora dispone de tratamientos para garantizar la calidad del agua, pero ha recalcado que cualquier decisión dependerá de los resultados de los análisis y de la evaluación de los responsables técnicos.

“Todas estas decisiones vendrán marcadas y adoptadas siguiendo criterios técnicos”, ha indicado, en referencia a las medidas que pudieran ser necesarias si las lluvias torrenciales provocaran una entrada importante de cenizas o sedimentos.

Como ejemplo de la situación más extrema, Martín ha señalado que, si los parámetros del agua tratada llegaran a incumplir los requisitos de calidad y no pudiera garantizarse su seguridad para el consumo humano, habría que comunicarlo a la población y adoptar las restricciones que correspondieran.

No obstante, ha insistido en que este escenario no es el que se contempla con los datos disponibles actualmente.

“Esperamos no llegar a este extremo, pero si tuviéramos que llegar, avisaríamos a la población”, ha manifestado.

El vicepresidente de este organismo también ha destacado las actuaciones preventivas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha construido albarradas en arroyos de la cuenca del Sorbe y en el entorno de Alcorlo para contribuir a reducir los riesgos derivados de las escorrentías.

Estas estructuras están destinadas a frenar el arrastre de materiales, aunque su eficacia dependerá de las características e intensidad de las precipitaciones.

Martín ha recordado que el tiempo de tránsito del agua hasta la planta puede proporcionar cierto margen de reacción, que ha estimado en aproximadamente un día y medio o dos días desde un episodio de tormentas en la cuenca, según las condiciones.

“Ojalá que las lluvias sigan siendo pausadas y tranquilas”, ha expresado el vicepresidente, quien ha resumido la posición de la mancomunidad con un mensaje de vigilancia preventiva y confianza en los medios técnicos disponibles.

Incremento del consumo de agua

En la misma comparecencia, Martín ha informado de que el embalse de Beleña se encuentra al 38% de su capacidad, con 20 hectómetros cúbicos almacenados, mientras que el de Alcorlo está al 53,4%, con 96 hectómetros cúbicos.

Aunque ha considerado que la llegada del otoño y del invierno puede contribuir a mejorar las reservas, ha pedido mantener un consumo responsable.

La MAS ha cerrado el año hidrológico con un consumo de 47 millones de metros cúbicos, frente a los 43 millones del periodo anterior, lo que supone un incremento del 7,7%.

Por último, el vicepresidente de la Mancomunidad se ha referido a la evolución de la demanda y a como la situación de las reservas obligan a mantener la atención tanto sobre el abastecimiento como sobre la calidad del agua, con especial vigilancia ante los posibles efectos de las precipitaciones sobre las zonas afectadas por el incendio.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha detectado un vertido sin autorizar en Arenas de San Pedro, Ávila, en concreto en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), por lo que ha propuesto la apertura de un expediente sancionador, según ha informado la entidad a elDiario.es. Fuentes de la Diputación de Ávila ya explicaron que se trató de un “vertido del colector de aguas residuales y pluviales” a la altura de la EBAR y explicaron que la analítica realizada estaba “dentro de los parámetros”.

Tras las inspecciones realizadas el pasado mes de marzo, la Confederación ha comprobado que en la actualidad la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “cumple con la autorización de vertido”.

Además, el ayuntamiento de Arenas de San Pedro ha recibido numerosas quejas informales sobre su zona de ocio, donde es habitual que los veraneantes se bañen en las piscinas.

Quejas por gastroenteritis

Este verano se han detectado varios casos de gastroenteritis atribuida al baño en las piscinas naturales de Arenas de San Pedro, que no están catalogadas como zonas aptas para el baño según la Junta de Castilla y León, pero que no cuentan con señalización en la zona. Desde la Delegación Territorial provincial se niega que haya habido “ningún brote relacionado con el baño en zonas recreativas”, aunque son muchos los comentarios en redes sociales en los que usuarios de estas piscinas han notificado malestar y necesidad de atención sanitaria.

“Nos pasó hace dos años, que el niño se puso malo y tuvimos que ir a Talavera de la Reina para que le pusieran una vía, y este, también”, explica Asier, uno de los afectados. “No habíamos vuelto a ir desde entonces, pero como el Ayuntamiento publicó posts diciendo que todo estaba bien, fuimos. Y acabamos en el ambulatorio, donde nos dijeron que habían tenido que atender a mucha más gente por este tema”, explica. Asier relata que, en esta ocasión, tuvo “malestar” durante “treinta horas”: vómitos, náuseas... “A las dos de la mañana nos tocó ir al ambulatorio”, explica.

La zona recreativa de Arenas de San Pedro no está considerada una zona de baño, por lo que no se realizan los controles sanitarios que sí corresponden a otros espacios. La Consejería de Sanidad ha publicado los informes sobre los resultados de estas pruebas desde 2021, y en ninguno de ellos figura Arenas de San Pedro.

Sin embargo, el Ayuntamiento, dirigido por el Partido Popular, insistía en que a finales de julio se realizaron unos análisis y “se confirmó el cumplimiento legal de los parámetros microbiológicos” en las piscinas naturales del río Arenal y en la presa del río Pelayo, por lo que defiende que son “aptas para el baño”, según exponía en sus redes sociales.

elDiario.es ha intentado en varias ocasiones contactar con el Ayuntamiento, pero la Diputación de Ávila, también dirigida por el Partido Popular, no ha facilitado dicho trabajo.También se ha puesto en contacto con el alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez Mesón, diputado provincial, pero no ha recibido ninguna respuesta por su parte.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Guardia Civil investigan el origen de un vertido oleoso, todo apunta a hidrocarburo, aparecido este lunes en las aguas del río Ebro, y que procedería de los entornos del polígono industrial de Lantarón, aguas arriba, en la provincia de Álava.

El concejal de Urbanismo, Guillermo Ubieto, ha explicado en una nota de prensa que varios avisos advirtieron de la presencia de un vertido “en la lámina de agua superficial del río a su paso por el término municipal”, y una visita permitió comprobar que cubría casi la totalidad de la superficie, que no eran manchas aisladas.

Por ese motivo, el Ayuntamiento contactó con la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Comandancia de la Guardia Civil, que han iniciado una investigación para determinar el origen y, tras analizar orillas, redes de saneamiento y pluviales y polígonos, se ha descartado que proceda del término municipal de Miranda.

“No se trata de ningún vertido, escorrentía o negligencia localizada en red municipal ni industrial ni particular ni municipal del término de Miranda”, ha indicado Ubieto, y el Seprona y la CHE han determinado que su origen estaría en el entorno del Polígono de Lantarón, ya en Álava.

Las lluvias del fin de semana habrían trasladado aguas abajo el vertido, que sería un combustible tipo hidrocarburo, cuya densidad ralentiza su disolución y transporte.

El edil ha indicado que no se ha producido mortandad de fauna, aunque mantendrán la vigilancia para comprobar el alcance del la afección al ecosistema fluvial, y ha explicado que hay que esperar a que se vaya diluyendo puesto que, dado que no se trata de un residuo sólido, no se puede retirar.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro no descarta personarse en caso de que se consiga determinar el origen del vertido y concretar si existe responsabilidad o negligencia, a fin de “salvaguardar el cuidado y protección del medio ambiente y ecosistema local”, ha defendido el edil.

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España es el país líder en Europa en macrogranjas, con casi 4.000 explotaciones de ganadería intensiva, un modelo insostenible que daña nuestra agua subterránea y superficial, nuestro modo de vida y nuestra naturaleza. Pero algo ha cambiado en As Conchas, al sur de Ourense: después de años viendo cómo la mala gestión de los excrementos de las granjas del río Limia contaminaba su embalse, las vecinas han dicho basta y han hecho historia.

Con el apoyo de Amigas de la Tierra, Cecu y ClientEarth, han conseguido una sentencia que condena tanto a la Confederación del Miño-Sil como a la Xunta a repararlas porque, por culpa de su inacción, se han vulnerado derechos fundamentales como su derecho a la vida, a la intimidad, a un medio ambiente adecuado y, por supuesto, al agua. 

Puedes ver este programa completo aquí:

Carne Cruda viaja hasta allí en un documental sonoro en colaboración con Amigas de la Tierra para comprobar cómo el embalse de As Conchas está invadido por el color verde y el olor a huevo podrido. Conocemos a vecinas como Maricarmen, Pablo Álvarez y Mercedes Álvarez para que nos cuenten cómo ha sido este proceso, cómo ha marcado sus vidas, y qué le piden a las autoridades que les han dado la espalda durante tantos años.

El investigador del CSIC Serafín González nos explica qué implican los millones de cianobacterias generadas por los nitratos provenientes de los purines de las granjas y cómo ha actuado como perito independiente en esta demanda. Y recorremos la cabecera del río con Manuel García, un agricultor que fundó en 1981 el Movemento Ecoloxista da Limia y que lleva años midiendo y denunciando la contaminación del agua potable por culpa de esas granjas que en su mayoría aglutina Coren.

Y desgranamos el proceso judicial y las implicaciones que puede tener a nivel internacional con Nieves Noval, abogada de esta causa a través de la organización ClientEarth, Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra y David Sánchez Carpio, director de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU).

Lluvias violentas que generan una avenida de residuos que arrastra innumerables partículas plásticas. Y todo desemboca en el mar. Las riadas que provocan las precipitaciones torrenciales exacerbadas por el cambio climático vierten más microplásticos al mar de lo que se creía. “Amplifican este oculto, pero masivo conducto de contaminación”, concluye una investigación internacional recientemente aparecida en la revista Science.

Este equipo ha calculado que, solo en 2022, los ríos vertieron más de 260.000 toneladas de microplásticos al océano. Son una parte importante de la basura plástica que llega desde tierra adentro, la “contaminación que más rápido crece y la más difícil de revertir”.

“Hay que ser prudente con una cifra concreta”, explica la investigadora del Instituto de Investigaciones del Mar de la Universidad de Cádiz, Carmen Morales Caselles. “Todavía existe bastante incertidumbre sobre cuánto plástico queda retenido en las cuencas y en los propios ríos, cuánto se removiliza posteriormente y cuánto atraviesa realmente los estuarios y llega al medio marino”.

Sin embargo, añade, “refuerza la idea de que la llegada de plásticos desde los ríos al mar no es un flujo constante y que determinados eventos pueden movilizar en muy poco tiempo una cantidad importante del material acumulado en la cuenca”.

Hay mirar el ciclo de vida completo de los plásticos y entender que esta problemática no puede abordarse de forma aislada porque está conectada con las otras dimensiones de la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación

Carmen Morales Caselles — Instituto de Investigación del Mar de la Univerisdad de Cádiz

Los microplásticos son partículas de entre 1 y 5.000 micras —una milésima de milímetro—. “Debido a su extendida presencia y larga vida, suponen una amenaza persistente para los ecosistemas. Se estima que entre 10 y 40 millones de microplásticos se vierten anualmente al medio ambiente”, describe esta investigación.

Lo que ha hecho el trabajo es calcular cuánto y cómo toda esa basura viaja por los ríos hasta terminar en la costa. “Nuestro estudio refuerza la idea de que los ríos contribuyen significativamente a la contaminación marina global por microplásticos”, explican los autores. El flujo representa hasta una cuarta parte del vertido total de plásticos desde los ríos hacia el océano y entre el 9 % y el 33 % de la entrada total de microplásticos en el medio marino.

Morales Caselles recuerda que “la necesidad de mirar el ciclo de vida completo de los plásticos y de entender que esta problemática no puede abordarse de forma aislada, porque está conectada con las otras dimensiones de la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación”.

El Sur Global es la principal víctima de estos vertidos y el sureste asiático el punto más caliente. El Yangtsé (China) es la mayor fuente individual de microplásticos hacia el océano. Entre los más afectados se menciona el río Irawadi (Birmania) por ser uno de los que transporta mayores volúmenes, el Baram (Malasia), señalado por contener cargas masivas de basura microplástica comparables con ríos más largos debido a la densidad de población que atraviesa o el río Obi (Rusia) debido a que, aunque es muy septentrional, la escorrentía por las lluvias y la erosión lo convierten en sensible.

También aparece el Amazonas que, a pesar de ser uno de los mayores exportadores globales, presenta concentraciones más bajas por su caudal y porque la vegetación intercepta la basura. En este sentido, los científicos certifican que “la vegetación [de ribera] puede ayudar a retener los plásticos mientras que las superficies urbanizadas favorecen la escorrentía del agua y el transporte de los plásticos hacia los ríos”.

Con todo, y a escala nacional, los ríos españoles, por ejemplo, están invadidos al completo, según los análisis de proyectos como la Red de seguimiento de microplásticos en ríos y zonas costeras.

Los investigadores explican que no se trata de una corriente constante sino mediante “pulsos”. Los ríos van acumulando los microplásticos y sus componentes degradados que llegan desde las ciudades, los cultivos o las carreteras y luego los “liberan” a golpes que contaminan las costas y las cadenas alimentarias marinas rápidamente en cortos periodos de tiempo.

Esta manera de contaminar tiene amplias consecuencias para los ecosistemas costeros y marinos, ya que las altas concentraciones de basura, aunque sea un tiempo breve, pueden tener “efectos tóxicos agudos en el medio acuático”.

Y el gatillo de la riada de basura se dispara cuando caen tormentas violentas cuya agua busca luego su camino natural por los cursos fluviales. De ahí la relación con la crisis del clima.

Porque las lluvias torrenciales se han incrementado debido al calentamiento global. Las altas temperaturas intensifican la evaporación, es decir, añaden humedad a la atmósfera lo que “puede suponer combustible para las precipitaciones”, según explican los científicos. En España estos eventos se han multiplicado por cuatro.

En el origen de esta afluencia tóxica se sitúa, subrayan los investigadores, “el uso total de plástico” además de la gestión de la basura. Un uso que no para de crecer. Si este material —sobre todo en su forma de usar y tirar— estaba en el punto de vista ambiental en torno al año 2019, la pandemia de covid sirvió para relanzar su imagen. Desde entonces, las cifras de producción escalan año a año.

Este trabajo publicado en Science lo dice claramente: a menos que la producción de plástico se “recorte de manera más obligatoria y la gestión de los residuos mejore rápidamente”, las precipitaciones cada vez más extremas y frecuentes debido al calentamiento global “pueden amplificar este flujo de contaminación masiva”.

Sin embargo, la fábrica mundial de plástico, lejos de frenarse, se ha acelerado. Si en 2018 llegó a los 338,4 millones de toneladas, en 2024 se colocó en los 430,9 millones, según los datos de la patronal Plastics Europe. Un 78,5% más en seis años.

A la cabeza está China con un 34% de la producción mundial seguido por EEUU que fabrica en torno al 13%. Luego le sigue el resto de países de Asia con un 21% y Oriente próximo —nutrido por los países petroleros como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos— con un 8,3% del total.

El 89% de lo que se produce es de origen fósil y solo un 9% es reciclado, admite la patronal. Origen fósil porque se fabrica a partir de los hidrocarburos que se extraen del subsuelo: petróleo y gas.

El tratado global que no llega

“Sin un mayor control en la fabricación de plástico —y el manejo de desechos— el incremento de lluvias extremas puede intensificar esos pulsos de vertidos y empeorar la contaminación por microplásticos del mar”, insisten los investigadores en sus conclusiones finales.

En este sentido, los países parecieron prestar atención a las advertencias al comprometerse en 2022 a la creación de un tratado internacional vinculante para poner coto a la polución plástica. Sin embargo, la redacción final del texto ha fracasado.

En 2024 los países fueron incapaces de cumplir con su compromiso de acordar un tratado en dos años. Las conversaciones se suspendieron. Medio año después, en agosto de 2025, se repitió la historia. El principal escollo fue abordar el recorte de la producción de plástico nuevo.

Esta investigación demuestra que no podemos tener un tratado centrado únicamente en la gestión de los residuos: el problema es mucho más complejo y tiene múltiples dimensiones“, reflexiona la experta en plásticos Carmen Morales. Con todo, las negociaciones están actualmente en el limbo a la espera de fecha para que los países vuelvan a sentarse.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han rechazado las acusaciones de la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, sobre la responsabilidad de Madrid en la presencia de bacterias fecales en el río Tajo a su paso por Toledo. La consejera del Gobierno de Emiliano García-Page lo aseguró basándose en datos de un trabajo publicado en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y también el de José Luis Martínez Almeida han respondido con un comunicado, cuestionando que los datos de este estudio permitan establecer el origen de la contaminación.

Ambas administraciones han señalado que comparten la preocupación por la calidad ambiental del Tajo, pero han defendido que los datos difundidos no permiten atribuir científicamente a la Comunidad de Madrid las bacterias detectadas en Toledo, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en un comunicado recogido por Europa Press.

Argumentan que el estudio ha sido realizado por una estudiante de fin de grado o que no comprende un año hidrológico completo. Explica que analiza varios puntos del entorno de Toledo, pero no realiza un seguimiento continuo desde las salidas de Madrid ni caracteriza los distintos afluentes y puntos de vertido existentes a lo largo del recorrido.

Además, según han indicado, el trabajo no incorpora trazadores que permitan determinar si la contaminación tiene un origen humano o animal. Por ello, han advertido de que, sin conocer también el tiempo de viaje del agua, los caudales, las condiciones meteorológicas y las cargas incorporadas en cada tramo, “no puede afirmarse que las bacterias encontradas en Toledo procedan de Madrid”.

La Comunidad y el Ayuntamiento han destacado asimismo que el propio estudio señala que “las estaciones depuradoras contribuyen a la carga global, pero no se comportan como puntos calientes aislados en comparación con la contaminación difusa ya presente en el cauce principal”.

Según ambas administraciones, esta contaminación difusa puede superar ampliamente a la procedente de fuentes puntuales, de acuerdo con el Plan Hidrológico del Tajo, y durante el recorrido entre Madrid y Toledo se producen procesos naturales de autodepuración, mortalidad bacteriana, sedimentación, dilución y posibles aportes intermedios.

Madrid defiende su sistema de depuración

Frente a las críticas de la consejera castellanomanchega, que ha atribuido a Madrid incumplimientos en parámetros de nitrógeno y fósforo y ha apuntado a posibles vertidos directos sin tratamiento, la Comunidad ha defendido que la región cuenta con “uno de los sistemas de saneamiento y depuración más avanzados de Europa”, gestionado por Canal de Isabel II.

El sistema presta servicio de saneamiento en la Comunidad y depura más de 500 hectómetros cúbicos de aguas residuales al año. Además, según el Gobierno regional, “no existe actualmente ningún expediente sancionador por la operación de las depuradoras madrileñas por incumplimiento de los parámetros de vertido”.

Asimismo, han recordado que el control de la calidad de las masas de agua, la vigilancia de los vertidos autorizados, la inspección de posibles vertidos ilegales y la evaluación del estado ecológico del Tajo corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo de cuenca dependiente de la Administración General del Estado.

Otro estudio ya detectó superbacterias en 300 kilómetros

No es la primera vez que un estudio científico desvela el nivel de contaminación del Tajo. El pasado mes de junio se publicó un informe de la Cátedra del Tajo-UCLM-Soliss en la revista científica Environmental Research que reveló la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos en los 300 kilómetros del curso medio del río Tajo. El estudio supuso la primera evaluación completa de este tipo realizada en este tramo del río.

Sin dejar el agua, ni lo que tiene que ver con la cuenca del Tajo, hoy mismo, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido ha cargado, precisamente, contra las aspiraciones de la Comunidad de Madrid relacionadas con uno de los ríos de la cuenca del Tajo, el río Sorbe, en la provincia de Guadalajara, del que reclama más agua. El también secretario general del PSOE de Guadalajara asegura que con esta concesión se frenaría el desarrollo del Corredor del Henares en esta provincia.

En concreto, la petición del Canal de Isabel II contempla el uso de aguas del cauce del río Sorbe, en la presa del Pozo de los Ramos que se ubica en la localidad de Tamajón, de 8.000 litros por segundo, con un máximo de 50 millones de metros cúbicos al año, para abastecimiento urbano de Madrid.

Las fuertes lluvias caídas en Galicia este jueves –donde se superaron en muchos puntos los 30 litros por metro cuadrado acumulado en 24 horas– no han permitido levantar todavía las restricciones en el consumo de agua en los 91 municipios gallegos en alerta o prealerta por sequía, pero sí han dejado otras consecuencias. En las últimas horas, la Xunta ha cerrado al baño dos playas en los concellos pontevedreses de Marín y A Guarda. La causa que se apunta como más probable es el efecto de las intensas precipitaciones y las escorrentías.

Según recoge Europa Press, el Ayuntamiento de A Guarda ha informado de la prohibición temporal de bañarse en la playa de O Muíño debido a un episodio de contaminación microbiológica.

El Gobierno local adoptó la medida tras recibir también una comunicación de la Consellería de Sanidade que señalaba la presencia de contaminación microbiológica en la última muestra de agua recogida. Dicha contaminación superaba los límites establecidos para permitir el baño.

La entidad local ha prohibido el baño para garantizar la seguridad y salud de los usuarios, y dicha prohibición permanecerá en vigor desde este viernes hasta nuevo aviso.

Así, el Ayuntamiento está pendiente de conocer los resultados del contraanálisis y de confirmar que la calidad del agua vuelva a los parámetros aceptables por la normativa.

Mientras, más al norte, en Marín, el ayuntamiento había recomendando no bañarse en la playa de Portocelo debido a la contaminación del agua por la presencia de enterococos intestinales y E.coli.

Fuentes del consistorio indicaron a Europa Press que el cierre se produjo en la jornada de este jueves, pero las analíticas que hace diariamente la Consellería de Sanidade seguían siendo positivas en la mañana del viernes. Esa misma tarde indicó que las nuevas pruebas mostraban el agua limpia de contaminantes y volvía a permitirse el baño.

Por el momento, se desconoce concretamente el origen y consideran que, al igual que sucede en playas de otros ayuntamientos, pueden haber influido las lluvias de estos días y las escorrentías.

El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil investiga els abocaments sistemàtics d’aigües fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Parc Natural de ses Salines. Els agents han dut a terme aquest dimarts al matí una inspecció sobre el terreny i han pres mostres per analitzar-les i determinar les característiques de l’abocament, després que l’Aliança per l’Aigua denunciés el cas.

L’actuació de l’institut armat es produeix després que l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia informés aquest dilluns la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern balear sobre l’abocament al torrent de sa Font. L’organisme autonòmic ha obert diligències prèvies i ha sol·licitat la col·laboració del Seprona. Fonts de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua assenyalen que, a partir dels resultats de la inspecció i de les anàlisis, es determinaran “les actuacions que corresponguin i, si cal, s’instruirà el corresponent expedient”.

Precisament, una setmana després que saltés l’alarma pels abocaments sistemàtics d’aigües fecals procedents de l’Aeroport d’Eivissa cap al Parc Natural de ses Salines, l’Aliança per l’Aigua ha dut aquest divendres el cas a la via penal en denunciar AENA per un presumpte delicte ambiental davant la Fiscalia de Medi Ambient aquest 14 d’agost. La denúncia encara està pendent de ser admesa a tràmit. AENA ha explicat a aquest diari que el Seprona està investigant el cas i que el gestor aeroportuari hi està col·laborant.

Aquesta acció judicial es produeix després que aquest dijous es formalitzés la denúncia i es lliurés al Seprona de la Guàrdia Civil un informe tècnic en què es detallen presumptes irregularitats mediambientals relacionades amb abocaments d’aigües residuals procedents de la depuradora de l’aeroport. L’Aliança per l’Aigua, que defensa la millora de la política hídrica de l’illa, reclama així una investigació del Seprona per verificar els possibles incompliments de la normativa mediambiental.

Cal assenyalar que els fets varen motivar el tancament parcial al bany de la platja des Codolar el divendres 7 d’agost, tot i que aquest dimarts es va tornar a obrir. L’Ajuntament de Sant Josep va informar que reobria la zona de la platja situada davant del torrent després que les analítiques realitzades aquest dilluns “confirmessin que la qualitat de l’aigua es troba dins els valors permesos”. “L’Ajuntament mantindrà durant les pròximes setmanes el control de la qualitat de les aigües de bany en aquesta zona amb l’objectiu de comprovar-ne l’evolució i detectar qualsevol possible incidència”, va remarcar.

Un laboratori independent

La contaminació dels abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al torrent de sa Font supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua en col·laboració amb un laboratori independent, com va informar aquest diari. L’entitat que defensa la millora de la política hídrica de l’illa va explicar que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva europea sobre el tractament de les aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora no va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments detectats són especialment greus”, varen sostenir les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesa en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent.

“La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, va explicar a aquest diari Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, va argumentar que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers a l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, va lamentar, i va afegir que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades. D’altra banda, va insistir que s’estan produint abocaments d’aigües insuficientment depurades al voltant d’un parc natural.

AENA defensa les seves actuacions

Fonts d’AENA varen respondre a aquest diari que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins els límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i el consum d’aigua, com també les analítiques i els informes que són aplicables, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent.

“Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “per utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Així mateix, varen afegir que la depuradora recull l’aigua de l’aeroport i, després d’un tractament previ, es reutilitza per al reg. D’aquesta manera, asseguren aquestes fonts, es pot “reduir notablement el consum d’aigua”. Tanmateix, a vegades d’alt consum o de tempestes, pot omplir-se “algun dels sobreeixidors de les successives etapes de depuració, cosa que provoca que surti una mica d’aigua ja tractada a l’exterior”.

“L’última analítica correspon al mes de juliol i encara no en tenim els resultats, però en les anteriors no s’hi han detectat anomalies”, va defensar AENA. L’organisme semipúblic va informar que estava prevista una inversió per ampliar la depuradora i que, addicionalment, des de l’aeroport “estan estudiant la possibilitat de dur a terme actuacions als lavabos que disminueixin el cabal d’aigua abocada”. Finalment, varen voler aclarir que “el torrent del qual parlen, al llarg del seu recorregut, està situat al costat de diferents instal·lacions, no només les aeroportuàries, que també poden estar originant abocaments ocasionals”.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga los vertidos sistemáticos de aguas fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Parc Natural de ses Salines. Los agentes realizaron la mañana del pasado martes una inspección sobre el terreno y tomaron muestras para analizarlas y determinar las características del vertido después de que la Alianza por el Agua denunciara el caso.

La actuación del instituto armado se produce después de que el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia informara el lunes a la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear sobre el vertido en el torrente de sa Font. El organismo autonómico ha abierto diligencias previas y ha solicitado la colaboración del Seprona. Fuentes de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua señalan que, a partir de los resultados de la inspección y de los análisis, se determinarán “las actuaciones que correspondan y, si es necesario, se instruirá el correspondiente expediente”.

Precisamente, una semana después de que saltara la alarma por los vertidos sistemáticos de aguas fecales procedentes del Aeropuerto de Eivissa hacia el Parc Natural de ses Salines, la Alianza por el Agua ha llevado este viernes el caso a la vía penal al denunciar por un presunto delito ambiental a AENA ante la Fiscalía de Medio Ambiente este 14 de agosto. La denuncia todavía está pendiente de ser admitida a trámite. AENA ha explicado a este diario que el Seprona está investigando el caso y que el gestor aeroportuario está colaborando.

Esta acción judicial se produce tras formalizarse este jueves la denuncia y entregar al Seprona de la Guardia Civil un informe técnico en el que se detallan presuntas irregularidades medioambientales relacionadas con vertidos de aguas residuales provenientes de la depuradora del aeropuerto. La Alianza por el Agua, que aboga por la mejora de la política hídrica en la isla, reclama así una investigación del Seprona para verificar los posibles incumplimientos de la normativa medioambiental.

Cabe señalar que los hechos motivaron el cierre parcial al baño en la playa de es Codolar el viernes 7 de agosto, aunque este martes volvió a ser reabierta. El Ayuntamiento de Sant Josep informó de que reabría la zona de la playa situada delante del torrente después de que las analíticas realizadas este lunes “confirmasen que la calidad del agua se encuentra dentro de los valores permitidos”. “El Ayuntamiento mantendrá durante las próximas semanas el control de la calidad de las aguas de baño en esta zona con el objetivo de comprobar la evolución y detectar cualquier posible incidencia”, resaltó.

Un laboratorio independiente

La contaminación de los vertidos de aguas residuales y bacterias fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, supera en hasta 17 y 12 veces los límites legales, respectivamente, según cuatro muestreos realizados por la Alianza por el Agua en colaboración con un laboratorio independiente, como informó este diario. La entidad que aboga por mejorar la política hídrica de la isla explicó que la denuncia se basa en los resultados de cuatro tomas de muestras realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear.

Los resultados evidencian el incumplimiento del Real Decreto 509/1996 –que transpone la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas– y de los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que el aeropuerto hace de su efluente. En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas.

“Los incumplimientos detectados son especialmente graves”, sostuvieron las organizaciones denunciantes, ya que los análisis reflejan un problema ambiental grave. La normativa fija unos límites máximos de contaminación permitido en el agua depurada pero la depuradora del aeropuerto los superó en las cuatro muestras recogidas por la Alianza por el Agua y analizadas por un laboratorio independiente.

“La situación presenta varios incumplimientos. Por un lado, el acuífero está salinizado y esa salinización está provocando un proceso de desnitrificación y la generación de salmuera sin que sepamos dónde acaba. Todo ello se está haciendo, además, sin la autorización correspondiente”, explicó a este diario Rafa Tur, miembro de la Alianza por el Agua.

Tur, que está vinculado también al asociacionismo vecinal y la gestión forestal, argumentó que la depuradora del aeropuerto se diseñó para atender un volumen de unos cinco o seis millones de pasajeros al año, pero ahora el aeropuerto ya gestiona los nueve millones. “La instalación está claramente sobrepasada”, lamentó y añadió que parte del agua depurada se reutiliza para regar los jardines del aeropuerto, pero que no cumple los parámetros exigidos por la normativa para la reutilización de aguas regeneradas. Por otro lado, insistió en que se están produciendo vertidos de aguas insuficientemente depuradas en el entorno de un parque natural.

AENA defiende sus actuaciones

Fuentes de AENA respondieron a este diario que, en base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Eivissa se abastece “exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada”. “Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes”, señalan.

Asimismo, indican que todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes, entre ellos la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern; la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que se declara el volumen de agua extraída para la liquidación del correspondiente canon.

“Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas”, afirman y añaden que el aeropuerto está autorizado por Recursos Hídricos “para usar el agua saliente de la depuradora en riego de jardines y zonas verdes propias”.

Asimismo, añadieron que la depuradora recoge el agua del aeropuerto y, tras un tratamiento previo, se reutiliza para riego. De esta manera, aseguraban estas fuentes, se puede “reducir notablemente el consumo de agua”. Sin embargo, en ocasiones de alto consumo o tormentas, puede llenarse “alguno de los aliviaderos de las sucesivas etapas de depuración, lo que ocasiona que salga algo de agua ya tratada fuera”.

“La última analítica corresponde al mes de julio y no disponemos aún de los resultados, pero en las anteriores no se han detectado anomalías”, defendió AENA. El organismo semipúblico informó de que estaba prevista una inversión de ampliación de la depuradora y, adicionalmente, desde el aeropuerto “están viendo la posibilidad de hacer actuaciones en los aseos que disminuyan el caudal de agua vertida”. Finalmente, quisieron aclarar que “el torrente del que hablan, a lo largo de su recorrido, está junto a diferentes instalaciones, no solo las aeroportuarias que también pueden estar originando vertidos ocasionales”.

Més d’una desena d’entitats —socials, ecologistes, veïnals i en defensa de l’aigua— han denunciat aquest divendres els abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Torrent de sa Font, un curs d’aigua que desemboca directament al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

La contaminació supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua, una entitat que advoca per millorar la política hídrica de les Pitiüses. Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

L’Aliança per l’Aigua explica que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Les entitats han anunciat, a més, que remetran l’informe i els resultats de les anàlisis a la Fiscalia de Medi Ambient i al Seprona de la Guàrdia Civil perquè investiguin els presumptes incompliments detectats. Així mateix, reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics i de la Conselleria de Salut per avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del Parc Natural de ses Salines.

Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva Europea sobre el tractament d’aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments són especialment greus”

“Els incompliments detectats són especialment greus”, sostenen les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesos en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent. “La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, explica a elDiario.es Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, argumenta que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, lamenta, i afegeix que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades.

“A això s’hi suma un tercer problema: s’estan fent abocaments d’aigües insuficientment depurades a l’entorn d’un parc natural”, resumeix. Malgrat tot, Tur recorda que AENA preveu destinar 230 milions d’euros a una ampliació de l’aeroport que promou, entre altres qüestions, una sala VIP més gran. “Nosaltres diem que menys sala VIP —que ja ens n’estan afartant— i més complir la normativa i adaptar les infraestructures a les necessitats actuals. Si volen ampliar la capacitat de l’aeroport fins als 11 milions de passatgers, abans haurien de garantir que les instal·lacions bàsiques, com la depuradora, funcionen correctament i compleixen la legislació”, adverteix.

Hazel Morgan, portaveu de l’associació ecologista Amics de la Terra, ha qualificat de “vergonyós” que AENA no sàpiga gestionar els recursos necessaris per a la terminal i ha considerat que el que està fent la gestora aeroportuària és “totalment il·legal”: “Pretenen fer l’ampliació sense fixar-se en aquestes qüestions; si necessiten més espai per als països no Schengen, que eliminin les botigues Duty Free per guanyar-lo”, afegeix Morgan.

Fonts d’AENA responen aelDiario.es que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins dels límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i al consum d’aigua, així com les analítiques i els informes que siguin d’aplicació, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent. “Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “a utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Risc sanitari

Dels mostrejos promoguts per l’Aliança per l’Aigua es desprèn que el pitjor resultat es va registrar el 8 de juliol, quan la contaminació orgànica va assolir un nivell 17 vegades superior al permès i els sòlids en suspensió van arribar a multiplicar per 18 el límit legal. Les anàlisis realitzades el 12 i el 25 de juny i el 22 de juliol també van detectar incompliments, sense que s’hi apreciés cap millora. Les entitats adverteixen que el problema és especialment preocupant perquè l’aigua tractada s’aboca al Torrent de sa Font, que desemboca al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, un espai protegit per la Xarxa Natura 2000.

El Torrent de sa Font neix a la serra Grossa, a uns 160 metres d’altitud, i recorre prop de nou quilòmetres fins a desembocar a la platja des Codolar. En el seu recorregut travessa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, s’uneix a un altre torrent i voreja les instal·lacions de l’aeroport abans d’arribar a la mar. En aquest darrer tram, conegut com a torrent des Rafal, la llera travessa una zona pràcticament plana fins a desembocar a l’entorn del parc natural.

Les anàlisis també posen el focus en el risc sanitari. La normativa permet un màxim de 200 unitats del bacteri E. coli per cada 100 mil·lilitres d’aigua quan aquesta es reutilitza per regar parcs i jardins, un ús que l’aeroport dona a part de l’aigua tractada. Tanmateix, en les mostres recollides les anàlisis van superar les 2.420 unitats per cada 100 mil·lilitres, el màxim que el mètode emprat era capaç de mesurar. Això significa que la concentració real podria ser encara més elevada, lamenten les entitats. En qualsevol cas, insisteixen que els resultats multipliquen per almenys dotze el límit legal.

Descarten que siguin fets aïllats

Les organitzacions adverteixen que l’aigua abocada acaba al Torrent de sa Font i, des d’allí, a la platja des Codolar, per la qual cosa temen que la contaminació fecal pugui arribar a una zona de bany i suposar un risc per a la salut pública. Per això reclamen que se suspengui cautelarment la reutilització d’aquesta aigua per al reg fins que se’n garanteixi la qualitat i que les administracions duguin a terme controls urgents tant als jardins de l’aeroport com a les aigües de bany des Codolar.

Els resultats descarten que es tracti d’un episodi aïllat, apunta l’Aliança per l’Aigua. Els incompliments es van repetir en les quatre campanyes realitzades entre juny i juliol, sense que les anàlisis reflecteixin cap millora, fet que, al seu parer, apunta a “un problema estructural de la depuradora més que no a una avaria puntual”. L’entitat sosté que la instal·lació ja és incapaç de tractar correctament el volum actual d’aigües residuals, una situació que considera especialment preocupant davant l’ampliació de l’aeroport projectada per AENA.

La denúncia arriba, a més, en un moment de creixent contestació social al projecte d’ampliació de la infraestructura aeroportuària. En les darreres setmanes, nombroses organitzacions ecologistes i veïnals han signat un manifest contra els plans d’AENA i el grup ecologista GEN-GOB també ha demanat a la Guàrdia Civil que investigui l’abastiment d’aigua potable de l’aeroport per presumptes extraccions il·legals d’un pou. A parer de l’Aliança per l’Aigua, les noves anàlisis evidencien que les infraestructures ambientals de l’aeroport ja presenten mancances amb la capacitat actual.

Les entitats exigeixen ara a AENA que faci públiques les dades tècniques de la depuradora, com la seva capacitat de tractament, el volum d’aigua que processa i el cabal que aboca, a més d’acreditar que disposa de les autoritzacions necessàries per a l’abocament i la reutilització de l’aigua. També reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics —dependent de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua— i de la Conselleria de Salut per “avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del parc natural”.

Más de una decena de entidades –sociales, ecologistas, vecinales y en defensa del agua– han denunciado este viernes los vertidos de aguas residuales y bacterias fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, un curso de agua que desemboca directamente en el Parc Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera.

La contaminación supera en hasta 17 y 12 veces los límites legales, respectivamente, según cuatro muestreos realizados por la Alianza por el Agua, una entidad que aboga por mejorar la política hídrica de las Pitiüses. Ses Salines de Eivissa y Formentera constituyen un ejemplo paradigmático de riqueza del ecosistema mediterráneo. Su singularidad radica en que es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como un espacio de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales.

La Alianza por el Agua explica que la denuncia se basa en los resultados de cuatro tomas de muestras realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear.

Las entidades han anunciado además que remitirán el informe y los resultados de los análisis a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil para que investiguen los presuntos incumplimientos detectados. Asimismo, reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos y de la Conselleria de Salud para evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de Es Codolar ni para el entorno del Parc Natural de ses Salines.

Los resultados evidencian el incumplimiento del Real Decreto 509/1996 –que transpone la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas– y de los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que el aeropuerto hace de su efluente. En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas.

“Los incumplimientos son especialmente graves”

“Los incumplimientos detectados son especialmente graves”, sostienen las organizaciones denunciantes, ya que los análisis reflejan un problema ambiental grave. La normativa fija unos límites máximos de contaminación permitido en el agua depurada pero la depuradora del aeropuerto los superó en las cuatro muestras recogidas por la Alianza por el Agua y analizadas por un laboratorio independiente. “La situación presenta varios incumplimientos. Por un lado, el acuífero está salinizado y esa salinización está provocando un proceso de desnitrificación y la generación de salmuera sin que sepamos dónde acaba. Todo ello se está haciendo, además, sin la autorización correspondiente”, explica a elDiario.es Rafa Tur, miembro de la Alianza por el Agua.

Tur, que está vinculado también al asociacionismo vecinal y la gestión forestal, argumenta que la depuradora del aeropuerto se diseñó para atender un volumen de unos cinco o seis millones de pasajeros al año, pero ahora el aeropuerto ya gestiona los nueve millones. “La instalación está claramente sobrepasada”, lamenta y añade que parte del agua depurada se reutiliza para regar los jardines del aeropuerto, pero que no cumple los parámetros exigidos por la normativa para la reutilización de aguas regeneradas.

“A eso se suma un tercer problema: se están realizando vertidos de aguas insuficientemente depuradas en el entorno de un parque natural”, resume. Pese a todo, Tur recuerda que AENA prevé destinar 230 millones de euros en una ampliación del aeropuerto que promueve, entre otras cuestiones, una sala VIP más grande. “Nosotros decimos que menos sala VIP –que ya nos están hartando– y más cumplir la normativa y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales. Si quieren ampliar la capacidad del aeropuerto hasta los 11 millones de pasajeros, antes deberían garantizar que las instalaciones básicas, como la depuradora, funcionan correctamente y cumplen la legislación”, advierte.

Fuentes de AENA responden a elDiario.es que, en base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Eivissa se abastece “exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada”. “Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes”, señalan.

Asimismo, indican que todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes, entre ellos la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern; la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que se declara el volumen de agua extraída para la liquidación del correspondiente canon. “Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas”, afirman y añaden que el aeropuerto está autorizado por Recursos Hídricos “para usar el agua saliente de la depuradora en riego de jardines y zonas verdes propias”.

Riesgo sanitario

De los muestreos promovidos por la Alianza por el Agua se desprende que el peor resultado se registró el 8 de julio, cuando la contaminación orgánica alcanzó un nivel 17 veces superior al permitido y los sólidos en suspensión llegaron a multiplicar por 18 el límite legal. Los análisis realizados el 12 y el 25 de junio y el 22 de julio también detectaron incumplimientos, sin que se apreciara ninguna mejora. Las entidades advierten de que el problema es especialmente preocupante porque el agua tratada se vierte al Torrent de sa Font, que desemboca en el Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera, un espacio protegido por la Red Natura 2000.

El Torrent de sa Font nace en la serra Grossa, a unos 160 metros de altitud, y recorre cerca de nueve kilómetros hasta desembocar en la playa de es Codolar. En su camino atraviesa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, se une a otro torrente y bordea las instalaciones del aeropuerto antes de llegar al mar. En ese último tramo, conocido como torrent des Rafal, el cauce atraviesa una zona prácticamente llana hasta desembocar en el entorno del parque natural.

Los análisis también ponen el foco en el riesgo sanitario. La normativa permite un máximo de 200 unidades de la bacteria E. coli por cada 100 mililitros de agua cuando esta se reutiliza para regar parques y jardines, un uso que el aeropuerto da a parte del agua tratada. Sin embargo, en las tomas de muestras recogidas los análisis superaron las 2.420 unidades por cada 100 mililitros, el máximo que el método empleado era capaz de medir. Esto significa que la concentración real podría ser todavía mayor, lamentan las entidades. En cualquier caso, insisten en que los resultados multiplican por al menos doce el límite legal.

Descartan que sean hechos aislados

Las organizaciones advierten de que el agua vertida acaba en el Torrent de sa Font y, desde allí, en la playa de es Codolar, por lo que temen que la contaminación fecal pueda llegar a una zona de baño y suponer un riesgo para la salud pública. Por ello reclaman que se suspenda cautelarmente la reutilización de esta agua para riego hasta que se garantice su calidad y que las administraciones realicen controles urgentes tanto en los jardines del aeropuerto como en las aguas de baño de es Codolar.

Los resultados descartan que se trate de un episodio aislado, apunta la Alianza por el Agua. Los incumplimientos se repitieron en las cuatro campañas realizadas entre junio y julio, sin que los análisis reflejen ninguna mejora, lo que, a su juicio, apunta a “un problema estructural de la depuradora más que a una avería puntual”. La entidad sostiene que la instalación ya es incapaz de tratar correctamente el volumen actual de aguas residuales, una situación que considera especialmente preocupante ante la ampliación del aeropuerto proyectada por AENA.

La denuncia llega, además, en un momento de creciente contestación social al proyecto de ampliación de la infraestructura aeroportuaria. En las últimas semanas, numerosas organizaciones ecologistas y vecinales han firmado un manifiesto contra los planes de AENA y el grupo ecologista GEN-GOB también ha pedido a la Guardia Civil que investigue el abastecimiento de agua potable del aeropuerto por presuntas extracciones ilegales de un pozo. A juicio de la Alianza por el Agua, los nuevos análisis evidencian que las infraestructuras ambientales del aeropuerto ya presentan carencias con la capacidad actual.

Las entidades exigen ahora a AENA que haga públicos los datos técnicos de la depuradora, como su capacidad de tratamiento, el volumen de agua que procesa y el caudal que vierte, además de acreditar que dispone de las autorizaciones necesarias para el vertido y la reutilización del agua. También reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos –dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua– y de la Conselleria de Salud para “evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de es Codolar ni para el entorno del parque natural”.

El amanecer de este domingo dejó sus tonos anaranjados para teñirse de los 11 colores universales. Alrededor de 500 personas desnudas y pintadas en homenaje a la bandera del Orgullo desfilaron frente a la catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, bajo las directrices de los asistentes del artista Spencer Tunick, que observaba la escena con su cámara en mano desde la terraza de las Casas Consistoriales de la ciudad. Todo salió como se esperaba, hasta que terminó la intervención y tocaba quitarse la pintura.

Aunque la mayoría de los participantes optó por retirarse la pintura corporal en las duchas de sus casas, otros decidieron hacerlo directamente en el mar. Durante la mañana se vio a varias personas lavándose en zonas de la playa de Las Canteras, como Playa Chica o La Cícer, tiñendo el agua de un llamativo color azul fosforescente, tal y como publica la cuenta de X Mi laya de Las Canteras. Las imágenes no tardaron en generar indignación entre vecinos y usuarios de la playa, que cuestionaban por qué no se utilizaban duchas o instalaciones adecuadas para eliminar la pintura.

La pintura corporal utilizada en las intervenciones de Spencer Tunick es biodegradable, no tóxica y soluble en agua, características que garantizan que, tratada correctamente, no representa un riesgo para el medio ambiente. Sin embargo, esto no significa que pueda eliminarse en el mar. Que un producto sea biodegradable implica que sus componentes pueden descomponerse de forma segura en determinadas condiciones, como las que ofrecen las plantas de tratamiento de aguas o los sistemas de compostaje, pero no que esté diseñado para ser vertido de manera masiva en un ecosistema natural como el océano.

¿Qué ocurre si te quitas la pintura de Spencer Tunick en el mar?

Aunque el impacto de una sola persona pueda parecer reducido, el problema surge cuando cientos de participantes se lavan al mismo tiempo en la misma zona. Esa concentración repentina de pintura genera un episodio puntual de contaminación que el ecosistema marino no puede absorber de forma inmediata.

Los compuestos orgánicos presentes en la pintura pueden favorecer la proliferación de microorganismos que consumen el oxígeno disuelto en el agua durante su proceso de degradación. Esta disminución del oxígeno puede afectar especialmente a la microfauna marina y a otros organismos sensibles que habitan en la orilla, además de alterar temporalmente el equilibrio del ecosistema costero.

¿Cómo debe retirarse correctamente la pintura corporal?

La organización de este tipo de intervenciones suele establecer protocolos específicos para minimizar cualquier impacto ambiental. La forma adecuada de retirar la pintura es utilizar las duchas habilitadas por la organización o hacerlo en casa con agua, jabón neutro y una esponja.

De este modo, las aguas residuales llegan a la red de saneamiento y son tratadas en las estaciones depuradoras antes de su devolución al medio, evitando que los restos de pintura alcancen directamente el mar y reduciendo al mínimo su impacto sobre la flora y la fauna marinas.

El Ayuntamiento de Cuenca ha informado de que se va a proceder, por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, al precintado y señalización como “agua contaminada” de la Fuente del Royo, ubicada en el Monte de Utilidad Pública 106 'Palancares y Agregados', ubicado en el término municipal de Cuenca.

Fuentes municipales explican que esta decisión es el resultado de una de las analíticas que la Delegación realiza de forma regular en fuentes y espacios de agua de la región. Cuando salen niveles incorrectos, como este caso, se prohíbe el consumo.

Ahora el Gobierno regional “analizará las causas, pondrá solución y avisará cuando se solvente el problema”. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Cuenca recuerdan la importancia de extremar las precauciones y no consumir ese agua para evitar intoxicaciones u otras patologías que pudieran derivarse de su uso.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) ha comenzado a distribuir agua envasada entre sus vecinos ante la recomendación de no consumir la del grifo después de que la madrugada del sábado al domingo se haya detectado un acceso no autorizado al depósito del Cerro de los Perros, que suministra a buena parte de la localidad.

Todo apunta, han asegurado fuentes municipales, a que esta madrugada han accedido con ánimo de robar al interior del depósito que suministra agua sobre todo a los barrios situados al sur del Duero, aunque también a parte del barrio de Santa Catalina y al área que sube desde el centro hasta el entorno de la ermita de la Virgen de las Viñas.

Este acceso ha obligado al Consistorio a implementar el protocolo de seguridad, realizando las comprobaciones técnicas y sanitarias para garantizar la plena salubridad del agua almacenada para el consumo humano, según ha informado el Ayuntamiento arandino.

Con la colaboración de los voluntarios de Protección Civil, a primera hora de la tarde se han empezado a llevar garrafas de agua a las residencias de ancianos y, a continuación, a las asociaciones de vecinos arandinas desde donde se están distribuyendo a la población en general proporcionando una garrafa por persona.

Está previsto que mañana se lleve también agua embotellada a los colegios y centros educativos para asegurar el suministro sin tener que recurrir a la de la red pública y se ha informado de que el Hospital Santos Reyes dispone de sus propios medios para garantizar el abastecimiento.

Mientras, este mediodía han acudido al depósito del Cerro de los Perros, ayudados de responsables municipales, efectivos de la Guardia Civil, el Servicio de Protección a la Naturaleza, y Policía Nacional y Científica para determinar qué ha pasado.

Sin embargo, no se puede asegurar que no se haya manipulado el agua almacenada, razón por lo que se ha recomendado que no se consuma.

Los resultados de los análisis pertinentes realizados podrían tardar alrededor de 24 horas, por lo que mientras no se confirme la salubridad del agua el Ayuntamiento recomienda que no se utilice ni para cocinar ni para beberla. 

Un equipo investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha detectado bacterias resistentes a antibióticos y genes asociados a esa resistencia en todos los puntos analizados del curso medio del Tajo.

Los resultados se han publicado en la revista científica Environmental Research y suponen la primera evaluación completa de este tipo realizada en este tramo del río.

El estudio analizó 19 puntos de muestreo que abarcan 300 kilómetros a lo largo del tramo medio del Tajo, incluyendo zonas protegidas de la Red Natura 2000, cada tres meses entre el verano de 2022 y la primavera de 2023, ha informado la UCLM.

En todas las muestras se detectaron microorganismos resistentes a distintos antibióticos de uso habitual, como la ampicilina y el sulfametoxazol, así como genes que permiten a las bacterias transmitir esa resistencia a otros microorganismos. Este último aspecto es especialmente relevante, porque no solo indica contaminación biológica, sino también la presencia de mecanismos que pueden facilitar su expansión en el medio natural.

La resistencia antimicrobiana, reto para la salud pública

La resistencia antimicrobiana es la capacidad de algunos microorganismos de sobrevivir frente a medicamentos diseñados para eliminarlos. Cuando esa capacidad se extiende, infecciones que antes se trataban sin dificultad pueden volverse mucho más difíciles de controlar. La Organización Mundial de la Salud considera este fenómeno uno de los mayores retos para la salud pública mundial, vinculado a cientos de miles de muertes cada año.

El Tajo no es ajeno a este problema. Los ríos pueden actuar como vías de transmisión de bacterias resistentes, especialmente en zonas con fuerte presión urbana, agrícola e industrial, como ocurre en la cuenca de este río.

El estudio detectó niveles elevados de bacterias totales y de coliformes, indicadores clásicos de contaminación fecal, con variaciones según la estación del año. En invierno, el aumento del caudal favorece la dilución y reduce la carga bacteriana. En primavera se registraron los valores más altos de genes de resistencia.

El enfoque del estudio se inscribe en la perspectiva conocida como One Health, que entiende la salud humana, la salud animal y la salud ambiental como partes de un mismo sistema. Desde esta visión, vigilar lo que ocurre en los ríos forma parte de la prevención sanitaria, no solo de la protección del medio ambiente. Los resultados refuerzan la necesidad de establecer sistemas de vigilancia ambiental más completos que incorporen la resistencia antimicrobiana como indicador del estado de los ríos.

La investigación, impulsada y financiada por la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss y el departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos de la UCLM, cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de los fondos europeos FEDER.

El equipo científico está integrado por las investigadoras del Campus de Toledo Cristina de los Reyes-Ramos, Susana Seseña, María Rodríguez, Beatriz Larraz, Rosa Carmen Rodríguez Martín-Doimeadios y M. Llanos Palop.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) investiga un vertido de Arenas De San Pedro (Ávila) en el río Arenal, según ha podido confirmar elDiario.es Castilla y León. El 11 de marzo se identificó un “vertido directo sin depurar” y se realizó un informe “que se encuentra en tramitación”, del que no han querido dar más información. Fuentes de la Diputación de Ávila aseguran que se trató de un “vertido del colector de aguas residuales y pluviales” a la altura de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) y defienden que la analítica realizada estaba “dentro de los parámetros”.

“Se solicitó autorización de reparación de Veolia a la Confederación y está pendiente de actuación. Todavía se está esperando a que baje el caudal del río Arenal”, aseguran desde la Diputación de Ávila. Veolia no ha respondido a las preguntas de este medio.

Sin embargo, la entidad con permiso para emitir esos vertidos es la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR): tiene un volumen de 1.791.857 metros cúbicos al año, según los datos de la Confederación del Tajo. Los usuarios del río denuncian mal olor junto al río y protestan porque ya se ha convertido en algo habitual desde hace años a pesar de que los últimos datos disponibles en los informes de la CHT no desvelan ninguna anomalía.

Varios vecinos denuncian que es frecuente que el río esté en mal estado en esa zona. Algunos han montado un grupo de Whatsapp para intentar hacer presión en el Ayuntamiento. También se han reunido en varias ocasiones con los miembros del equipo municipal, pero consideran que se les han contado “milongas” y dado “largas”.

“Queremos que se arregle, que no miren a otro lado y que no tiren el agua sucia al río”, protestan otras dos mujeres que prefieren mantener el anonimato. El alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez (PP), se ha negado a hacer declaraciones a elDiario.es Castilla y León.

España vierte un 20% más de contaminantes de nitrógeno a sus aguas que en 2010. Solo Portugal y Dinamarca presentan unos datos similares en la Unión Europea. De hecho, al menos 13 estados miembro han reducido este tipo de polución derivada de la ganadería y la agricultura intensivas, según el último informe sobre vertidos industriales de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en inglés).

El análisis de la Agencia muestra que, en la Unión Europea, estos vertidos que provienen básicamente de los desechos del sector primario han caído un 16% en esos 14 años, mientras que en España han crecido un quinto.

Detrás de esta contaminación está en buena parte la sobrefertilización de los cultivos “íntimamente relacionada con la intensificación de la agricultura”, explica la ecóloga del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Estela Romero. Los desechos ganaderos también contribuyen al problema.

La situación en España, aunque se han aplicado medidas, es regular porque sigue habiendo un notable exceso de nitrógeno que termina en el suelo, en el agua y los acuíferos

Estela Romero — Ecóloga del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)

“La situación en España, aunque se han aplicado medidas, es regular porque sigue habiendo un notable exceso de nitrógeno que termina en el suelo, en el agua y los acuíferos”, resume la investigadora a elDiario.es.

Sobrefertilizar es, en palabras llanas, echar más nutrientes de los que las plantas son capaces de absorber con el objetivo de obtener cosechas más copiosas. “Los cultivos son frecuentemente sobrefertilizados y sobrerregados para conseguir más rendimiento, lo que conlleva un alto riesgo de filtraciones”, según describe este análisis sobre la dinámica del nitrógeno en los cultivos del mediterráneo.

“Estamos pagando una política de apoyo al uso de nitratos porque la producción es la única manera de que a los agricultores les salgan las cuentas”, analiza el responsable del programa de aguas de WWF, Alberto Fernando Llop. “Como les pagan muy poco por kilo, tienen que producir mucha cantidad para compensar”.

En las cuencas de España y Turquía se constata una alta entrada de nitrógeno y fósforo para fertilización al tiempo que bajas tasas de exportación, es decir, salida de esos compuestos por el mar. Romero ha calculado que se aplican unos 3.500 kg de nitrógeno por km² al año y que el 75% de lo añadido queda retenido en suelos y aguas.

El nitrógeno que entra y no sale hacia el mar se queda en los ecosistemas ya sea acumulado en los suelos o infiltrado en los acuíferos (más una parte que se elimina). En zonas áridas o semiáridas (como el 75% del territorio español) donde hay menos escorrentía y mucha regulación hidrológica, es decir, muchos embalses, se retiene más nitrógeno.

De esta manera, los embalses actúan como “trampas de nutrientes”, explica la investigadora del CREAF. Y eso se ve en cuencas como la del Ebro, el Júcar o el Segura.

Más fertilizante no asegura más producción

Y lo peor es que esta sobrefertilización, en realidad, es muchas veces inútil desde el punto de vista agrícola. “En regiones con escasez de agua, los cultivos se saturan de nitrógeno rápidamente”, explica el estudio encabezado por el investigador del CEIGRAM de la Universidad Politécnica de Madrid, Luis Lasaletta. Y el exceso de este compuesto y los vertidos contaminantes “pueden ocurrir incluso con tasas de fertilización bajas”.

Esto rompe la idea de que a más fertilizante mejor cosecha. Hay un punto de saturación a partir del cual no se produce más, pero sí se acumula el excedente de nitrógeno.

En las últimas seis décadas el cultivo de arroz, soja, maíz y trigo a nivel mundial ha sobrefertilizado los campos: una parte importante del nitrógeno, fósforo y potasio aportados no lo han absorbido las plantas y se han quedado en los ecosistemas generando “un importante impacto en el medio ambiente”, según ha calculado un reciente estudio del CREAF y el CSIC publicado en Nature Communications.

Este trabajo muestra que hay zonas del planeta, como Asia, donde el uso de fertilizantes “puede ser descontrolado y excesivo”, mientras en Europa, tras mucha sobrefertilización, “se gestionan mejor aunque aún se aplican en exceso”. De hecho, Estela Romero explica que, en Francia, los suelos han acumulado tanto fósforo extra que ahora “no es necesario aplicarlo”.

Bomba ambiental a largo plazo

La sobrefertilización es una bomba ambiental. Su principal daño es que causa la denominada eutrofización, un tipo de “contaminación grave del agua”, como describe el Ministerio de Transición Ecológica.

El ciclo mortal es el siguiente: el exceso de nutrientes provoca estallidos de algas. La capa espesa y oscura de estas algas que cubre el agua impide que la luz penetre. Eso causa que la vegetación del fondo de un río o un lago muera. Las bacterias descomponen toda esa materia orgánica muerta y consumen gran cantidad de oxígeno. Sin oxígeno (anoxia), la zona se convierte en una zona muerta donde peces, moluscos o crustáceos no pueden vivir más.

Reducir la dependencia de fertilizantes también es importante por motivos estratégicos. Dependemos de importaciones de fertilizantes y, como se ha evidenciado con las recientes crisis de suministro, esto puede poner en riesgo la seguridad del sistema agroalimentario

Josep Peñuelas — Investigador del CSIC en el CREAF

Además, la contaminación por nitrógeno en el suelo supone un peligro de legado tóxico a largo plazo. El riesgo de los daños que causa se prolonga en el tiempo aunque se reduzcan los inputs de nitrógeno. La investigación de Estela Romero dice: “Podemos estar posponiendo y extendiendo en el tiempo los problemas de contaminación como se constata en muchos países europeos que actualmente tienen bajos niveles de calidad de agua debido a las prácticas agrícolas del pasado. Puede dificultar la consecución del buen estado de las masas acuáticas durante décadas”.

Josep Peñuelas, investigador del CSIC en el CREAF y coautor del estudio de Nature, concluye que “reducir la dependencia de fertilizantes también es importante por motivos estratégicos. En el caso de Europa dependemos de importaciones de fertilizantes y, como se ha evidenciado con las recientes crisis de suministros vinculadas a conflictos geopolíticos, esto puede poner en riesgo la seguridad del sistema agroalimentario”.

Yo me bañaba de chico, y jovencillo, en las concurridas playas de Safont, situadas a lo largo de las orillas siniestras del río, cerca de la estación de trenes. Los muchos metros que las acogían estaban llenas de merenderos ('gangos' llamados en Toledo, y en Aranjuez).

En los veranos, algunos jóvenes desocupados, negros como el tizón, poco se despegaban de los gangos. Eso sí, eran unos excelentes nadadores, salvando la vida de algunos turistas, mayormente ‘guiris’, que, incautos, se atrevían a flotar, empleando unas endebles balsas de plástico, rodeados de los peligrosos remolinos originados por la corriente. Los domingos por las mañanas, esos atestados terrenos que miraban, sobre todo, al Alcázar y al Puente de Alcántara, cierto que estaban a tope de gente, en especial perteneciente a las clases populares de Toledo.

En el año 1972 se prohibió el baño en el Tajo. Sobre la impetuosa corriente fluvial, flotaban sospechosos y antiestéticos montones de espuma, prueba de que el cauce corría degradado por los desechos producidos por las fábricas río arriba. Yo me bañé una única vez estando ya prohibido el baño en un Safont completamente desierto. Lo hice en compañía de un compañero de trabajo, Isabelo Herreros, padre del ensayista del mismo nombre que fue político izquierdista, con una gran vocación republicana, autor de muchos textos que indagan desde el emblemático personaje republicano Manuel Azaña hasta libros sobre la comida propia de la época de la República. Este compañero era asimismo tío de la afamada periodista Esther Esteban Herreros, prima del mencionado escritor.

Pocos años más tarde se autorizó el trasvase Tajo-Segura, derivando hasta un 70 por ciento de agua desde la cabecera, originando una preocupante rebaja del caudal que atraviesa la ciudad legendaria. Y al comienzo de la década de los años 80, cundió una alarma para reivindicar el río a su paso por la Ciudad Imperial.

La sociedad sintió la pérdida de ese grato espacio que ofrecía el baño en el Tajo. Se protestó pudiéndose ver pintadas como ésta: “Goma 2 contra el trasvase”, que se podía leer, por ejemplo, en la tapia del Museo del Greco. El Tajo recibía las aguas residuales de Madrid a través del Jarama, contaminándolo por completo. Hubo activos movimientos que se organizaron expresando la denuncia del maltrato que sufría el río. El penoso aspecto del Tajo persiste en la actualidad.

Por ese tiempo se publicó un libro escrito por Fernando Martínez Gil, que luego devendría historiador, profesor universitario y acreditado novelista. Toledano de pura cepa, es hijo del sobresaliente autor teatral Antonio Martínez Ballesteros, nombre sobresaliente en la historia de la dramaturgia española. De su obra, muy profusa, se ocuparon diversos especialistas, como Klaus Pörtl, Georges Wellwarth, Ángel Berenguer, José Monleón, Isabelle Reck, etc.

Fue muy conocido en los años sesenta y setenta del siglo pasado, encajándosele en el llamado teatro simbolista o experimental, junto a otros autores también célebres, como es el caso de José Ruibal o Luis Riaza, entre otros. Una obra suya muy resonante fue ‘Farsas contemporáneas: cuatro piezas breves para un solo programa’, por la que cosechó el Premio Guipúzcoa y que se pasó por televisión interpretada por el grupo Pigmalión, que él dirigía. Su hijo Fernando tiene un hermano que es un acreditado musicólogo, Carlos Martínez Gil.

El libro en cuestión se titula ‘El río de los castores’, y aunque lo puede leer todo tipo de público, fue Premio Nacional de Literatura Infantil. Su argumento está claramente inspirado por la degradación del Tajo y la intención se sanar al río enfermo. La historia se basa en que uno de los castores que pueblan el Gran Hermano (el río) tan ricamente, construyendo sus diques y contribuyendo a la perfección en una labor sumamente ecológica, al notar que el Tajo está aquejado por un mal, decide subir río arriba para averiguar el origen de la dolencia. El pequeño Moi, que así se llama el castor, emprende una larga distancia para rematar el fin de persigue. Atraviesa el bosque conversando con seres naturales (árboles, flores, animales) que le dan la razón, unos, y otros se la quitan. Pasa por pantanos y por tierras áridas, acercándose al hombre, peligroso, Ma, estando de él cada vez más cerca. Ma es el origen de la decadencia del querido río.

En la etapa final de su recorrido, se alía con el gato Ras, quien le descubre las nefastas causas que el hombre ha provocado. Un gran chorro de líquido grandemente contaminado es la evidencia del desastre. Moi vuelve a su lugar de origen. En el relato, el castor se convierte en una pequeña y milagrosa roca que redime la hasta entonces quejosa corriente, engrandeciendo, con esta secuencia, sustanciosamente el relato.

La conducta, tan justa, de la Naturaleza es el proceso de toda salvación. Conviene releer este libro en los momentos presentes, como yo he hecho, confrontando esas maldades actuales consistentes en la negación del cambio climático que si no se remedia, acarreará fatales e irremediables desgracias. Que así no sea.

¿Minerales cruciales a cambio de agua tóxica? La búsqueda de materias primas críticas en la que está inmersa Europa pone en riesgo la salud del agua de la que dependemos. La “simplificación para la concesión de permisos y las evaluaciones ambientales” que planifica Bruselas lleva aparejada la “reducción de los requisitos de protección ambiental o la rebaja de los mecanismos de control de las autorizaciones”, según analizan científicos y ambientalistas. Y una de las potenciales víctimas es la normativa de protección del agua.

“A todos los que amamos los ríos nos duele ver el trabajo de 20 años en riesgo de irse por la borda”, dice la investigadora sobre agua y cambio global del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Annelies Broekman. La normativa —añade— “fue revolucionaria por colocar como principio de eficacia la salud ambiental y sirve para preservar la fuente de la que depende toda la vida, no solo la humana. Porque todo depende de la salud de las masas de agua. Eso no puede sustituirse con ninguna tecnología”.

Aunque la Comisión no ha dejado ver muchos detalles sobre qué planea hacer, los cambios en la directiva Marco del Agua han levantado una nube de preocupación. Según la directora adjunta del Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, Agathe Euzen, “el objetivo de la reforma es relajar o limitar las restricciones que impone la directiva, sobre todo para facilitar la extracción minera en Europa”.

A todos los que amamos los ríos nos duele ver el trabajo de 20 años en riesgo de irse por la borda. La directiva sirve para preservar la fuente de la que depende toda la vida, no solo la humana. Porque todo depende de la salud de las masas de agua. Eso no puede sustituirse con ninguna tecnología

Annelies Broekman — Investigadora del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)

Porque lo que hay en buena medida detrás de esta desregulación es la necesidad de 34 materias primas críticas de las que 17 son consideradas “estratégicas” por los países de la UE, como el cobre, el cobalto, el litio o el tungsteno. “Son vitales para los sectores de la energía limpia, digital y de defensa”, explica la Comisión. Europa es muy dependiente de las importaciones y este plan prevé que, en 2030, al menos el 10% del consumo sea interior, así como que el 40% sean transformadas, el 25% recicladas y que ningún país acapare más del 65% de las ventas de un material a la UE.

El plan contempla la apertura o reapertura de 47 minas en el continente, siete de ellas en España, cuyos dueños son gigantes mundiales, ultrarricos y directivos multados por la CNMV. Y, para impulsar el proyecto, argumentan, hay que facilitar la vida a las mineras, lo que genera un caso que amenaza con romper el equilibrio entre actividades y ecosistemas.

La industria: “Son pasos en la buena dirección”

La responsable del programa de agua de WWF, Teresa Gil, desgrana que “el primer riesgo es debilitar el principio de no deterioro, el alma de la directiva Marco del Agua”. Según su análisis, “si se rebajan los requisitos para autorizar determinadas actividades, pueden afectarse estos ecosistemas acuáticos desde ríos, acuíferos, humedales o estuarios”. En segundo lugar, señala que se vayan a “ampliar las excepciones por las que se puede dañar un ecosistema para llevar a cabo un proyecto”. Eso abre un abanico para que “no haya que justificar tanto esas excepciones y que se hagan actividades sin todas las garantías”.

Gil afirma que los principales lobbistas son las empresas mineras: “Sabemos que compañías como Boliden [la que estuvo detrás del desastre ecológico con el vertido tóxico al Guadiamar que llegó a Doñana en 1998] están teniendo reuniones bilaterales para que las modificaciones vayan en su beneficio más que en el beneficio público”.

Precisamente, la patronal minera europea Euromines ve con buenos ojos la desregulación de la normativa de aguas: “Son pasos en la buena dirección para desbloquear las autorizaciones de la industria extractiva”. A juicio de las empresas mineras, se debe “mejorar las excepciones, ampliar los plazos y tener objetivos ambientales menos restrictivos”. También instan a redactar una “definición pragmática del concepto deterioro”.

El investigador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral, aclara que “partimos de una situación problemática: el estado global de las aguas en España, como en el conjunto de Europa, ha empeorado. No solo no han mejorado en estos últimos seis años, sino que han empeorado. Esta es una realidad objetiva”.

Con la legislación que hay actualmente puede haber actividad minera. No se está diciendo que no haya, sino que se realice en el marco de unas garantías ambientales y de salud humana

Teresa Gil — Resonsable del programa de aguas de WWF

Se refiere a que alrededor del 60% de las masas europeas ya sean subterráneas o superficiales presentan un mal estado. En España son el 40%. “Si con las medidas actuales que son más rigurosas no se ha avanzado, si se flexibilizan, si se debilitan, si se amplían las exenciones, lógicamente no se va a mejorar la recuperación. Es de perogrullo”.

Ahora ya es posible extraer

Gil específica que, “con la legislación que hay actualmente, puede haber actividad minera. No se está diciendo que no haya, sino que se realice en el marco de unas garantías ambientales y de salud humana”.

Y Leandro del Moral añade que los usos urbanos e industriales no solo están permitidos, sino que pueden autorizarse “incluso cuando deterioran el estado de las aguas”. Lo que ocurre —prosigue— “es que deben justificar una necesidad pública superior y demostrar la inexistencia de alternativas”. El catedrático reflexiona que lo que se pretende “es suavizar o simplificar los mecanismos para autorizar usos humanos, sociales o económicos que tienen impacto sobre las aguas y sobre el medio ambiente”.

Euromines va más allá: exige que se detenga la incorporación como norma de lo que el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que debe entenderse como “deterioro del agua”. Los magistrados entendieron en 2015 —a cuenta del dragado del río Weser en Alemania— que bastaba con que un indicador oficial empeorara, aunque no hubiera un daño generalizado, para considerar que ha habido deterioro.

Y, como actualmente está en proceso un proyecto legislativo para incorporar ese concepto a la directiva europea, las empresas quieren que eso se detenga porque socavaría las medidas para mejorar sus actividades.

Partimos de una situación problemática: el estado global de las aguas en España, como en el conjunto de Europa, ha empeorado. No solo no han mejorado en estos últimos seis años, sino que han empeorado. Esta es una realidad objetiva

Leandro del Moral — Investigador de la Fundación Nueva Cultura del Agua

Annelies Broekman contrapone a los argumentos de la industria que “ya hemos visto cómo la minería rompe las masas de agua”. La ingeniera detalla la “ruptura de vetas de los acuíferos, de la conectividad entre aguas subterráneas y superficiales o cómo se secan fuentes, aunque sean muy lejanas. Y lo que queda está supercontaminado”. La legislación actual, reitera, “no permite ese nivel de destrozo. Sería ilegal. Por eso tienen que desaparecer los condicionantes ambientales y con ellos el bien común”.

Aunque el proceso de modificación está yendo a alta velocidad, todavía quedan trámites por cubrir. De hecho, más de 270 entidades científicas y académicas han avisado del “claro retroceso” que supone esta potencial modificación de la legislación. El Gobierno de España ha expresado que, “aunque requiere algún ajuste puntual, no resulta oportuno ni conveniente reducir las exigencias ambientales en una eventual revisión”, según una carta remitida por la Dirección General del Agua a la Fundación Nueva Cultura del Agua.

“Hacerlo debilitaría la resiliencia hídrica de Europa y abriría la puerta a presiones sectoriales que prioricen los beneficios económicos a corto plazo”, sentencia el Ejecutivo en su misiva. Al final del trámite se verá qué parte ha prevalecido.

Al menos 332 municipios españoles, 14 de ellos en Aragón, están en alerta: su agua de consumo está contaminada por la presencia de nitratos puesto que en todos ellos se supera el límite legal de 50 miligramos por litro (mg/l). Aunque el mayor número de casos se concentra en Castilla y León, un estudio de Greenpeace España sitúa varios focos en Aragón; esos puntos aparecen dispersos en municipios de las tres provincias, pero con una persistencia que apunta a un problema estructural. El informe publicado por la ONG para consultar la calidad del agua en España hace visible un problema que durante años ha permanecido diluido en registros oficiales difíciles de interpretar.

La herramienta, un mapa interactivo que se apoya en datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), permite comprobar municipio a municipio los niveles de nitratos en el agua del grifo y dibuja un patrón claro: la contaminación se concentra en áreas rurales con fuerte presión agrícola y ganadera. Aragón aparece en ese mapa como uno de los territorios donde el problema no solo existe, sino que se consolida. Esa fotografía coincide con lo que ya venían advirtiendo otros indicadores oficiales. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro muestran que seis de cada diez muestreos detectaron niveles compatibles con zonas contaminadas por nitratos en Aragón, una tendencia al alza en los últimos años.

En la provincia de Huesca destaca el de la localidad de Banastás, que presenta, según estos datos recopilados en 2024, 115 mg/l. Chimillas, muy próxima a esta, no se queda atrás con 82 mg/l. Al oeste, La Sotonera muestra 103 mg/l y Loscorrales, 92 mg/l. En Zaragoza, las afectadas son Monreal de Ariza (78 mg/l), Torrehermosa (87 mg/l), Artieda (61 mg/l), Abanto (55 mg/l), Gallocanta (53 mg/l) y Azuara (50 mg/l). Y en Teruel, las poblaciones que rebasan el límite legal de nitratos en el agua para consumo humano son Muniesa (54 mg/l), Ariño (52 mg/l), Torremocha de Jiloca (51 mg/l) y la capital de la provincia con 59 mg/l.

Los cuatro municipios altoaragoneses donde el agua del grifo no es potable por la presencia de nitratos empiezan a vislumbrar una solución. En Banastás y Chimillas, la situación está más avanzada gracias a una intervención de la Diputación Provincial de Huesca ya finalizada, a falta únicamente de trámites administrativos para su puesta en marcha. El alcalde de Chimillas, Miguel Ángel Torres, señala que, una vez completados estos pasos, los vecinos “podrán beber agua de calidad, la misma que en la capital”.

En el municipio de La Sotonera, el problema persiste en los núcleos de Plasencia y Quinzano, donde los vecinos recurren desde hace tiempo a fuentes de ósmosis para obtener agua potable, mientras que la del grifo se destina a otros usos. Su alcaldesa, Maribel Bailo, explica que el Ayuntamiento trabaja junto a la Diputación en un proyecto para traer agua desde la sierra que abastecerá también a Loscorrales y Esquedas, aunque aún está pendiente de permisos. En Loscorrales, la solución depende ahora de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Lejos de ser un fenómeno puntual, la contaminación afecta de forma recurrente a acuíferos y sistemas de abastecimiento, especialmente en comarcas como Los Monegros o las Cinco Villas, donde confluyen regadíos intensivos y una elevada densidad de explotaciones ganaderas. El origen del problema está ampliamente identificado. Tanto los datos oficiales como el análisis de Greenpeace apuntan al mismo factor: el modelo agroganadero intensivo. El uso masivo de fertilizantes y la acumulación de purines procedentes de la ganadería industrial favorecen la filtración de nitratos al subsuelo, contaminando las aguas que acaban llegando a los grifos.

Luis Ferreirím, responsable de Agricultura en Greenpeace España, señala que en 2025 en España se sacrificaron cerca de 1.000 millones de animales para consumo humano, “una cifra que no solo refleja el impacto en términos de bienestar animal y medioambiental, sino también el enorme volumen de residuos generados por la ganadería. Desde los años 60, el sacrificio de cerdos se ha disparado un 2.000%, consolidando a la industria porcina como la principal responsable de esta presión”.

Añade que “el 81% del nitrógeno agrícola que llega a los sistemas acuáticos procede directa o indirectamente de la actividad ganadera. A ello se suma un modelo productivo orientado al exterior: el 60% de la carne se exporta, lo que ha convertido a España en la mayor productora de porcino de la Unión Europea y la tercera del mundo. Mientras la carne sale fuera, los residuos permanecen, acumulándose y contaminando las aguas”.

Una dimensión política

En Aragón, esta relación adquiere además una dimensión política. Tal y como ha publicado este medio, el Gobierno autonómico ha revertido limitaciones previas y ha eliminado topes a las macrogranjas con el apoyo de Vox y el PAR, en un contexto en el que los niveles de nitratos no dejan de aumentar. La decisión se produce pese a que España, y entre las comunidades señaladas, Aragón, ha sido condenada por la justicia europea por incumplir la normativa sobre contaminación por nitratos, precisamente vinculada a fuentes agrarias y ganaderas intensivas.

Las consecuencias se dejan sentir especialmente en el medio rural. En algunos municipios aragoneses, la presencia de nitratos obliga a restringir el consumo de agua del grifo de forma recurrente, con vecinos que dependen de cisternas o agua embotellada en determinados periodos del año. Además, la contaminación presenta una característica que dificulta su percepción: es invisible. No altera el sabor ni el olor del agua, lo que retrasa la reacción social y política. A esto se suma un factor que el propio mapa pone de relieve: la falta de información completa. Cerca de una cuarta parte de los municipios españoles no dispone de datos suficientes sobre la calidad del agua, lo que sugiere que la dimensión real del problema podría ser mayor.

El debate, además, va más allá del límite legal. Greenpeace y diversos estudios científicos sostienen que el umbral de 50 miligramos por litro está desfasado y que los niveles seguros deberían situarse en torno a los 6 mg/l. De aplicarse ese criterio, el mapa de la contaminación dejaría de ser un conjunto de focos aislados para convertirse en una mancha mucho más extensa que afectaría a buena parte del territorio, incluido Aragón.