Al menos 332 municipios españoles, 14 de ellos en Aragón, están en alerta: su agua de consumo está contaminada por la presencia de nitratos puesto que en todos ellos se supera el límite legal de 50 miligramos por litro (mg/l). Aunque el mayor número de casos se concentra en Castilla y León, un estudio de Greenpeace España sitúa varios focos en Aragón; esos puntos aparecen dispersos en municipios de las tres provincias, pero con una persistencia que apunta a un problema estructural. El informe publicado por la ONG para consultar la calidad del agua en España hace visible un problema que durante años ha permanecido diluido en registros oficiales difíciles de interpretar.

La herramienta, un mapa interactivo que se apoya en datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), permite comprobar municipio a municipio los niveles de nitratos en el agua del grifo y dibuja un patrón claro: la contaminación se concentra en áreas rurales con fuerte presión agrícola y ganadera. Aragón aparece en ese mapa como uno de los territorios donde el problema no solo existe, sino que se consolida. Esa fotografía coincide con lo que ya venían advirtiendo otros indicadores oficiales. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro muestran que seis de cada diez muestreos detectaron niveles compatibles con zonas contaminadas por nitratos en Aragón, una tendencia al alza en los últimos años.

En la provincia de Huesca destaca el de la localidad de Banastás, que presenta, según estos datos recopilados en 2024, 115 mg/l. Chimillas, muy próxima a esta, no se queda atrás con 82 mg/l. Al oeste, La Sotonera muestra 103 mg/l y Loscorrales, 92 mg/l. En Zaragoza, las afectadas son Monreal de Ariza (78 mg/l), Torrehermosa (87 mg/l), Artieda (61 mg/l), Abanto (55 mg/l), Gallocanta (53 mg/l) y Azuara (50 mg/l). Y en Teruel, las poblaciones que rebasan el límite legal de nitratos en el agua para consumo humano son Muniesa (54 mg/l), Ariño (52 mg/l), Torremocha de Jiloca (51 mg/l) y la capital de la provincia con 59 mg/l.

Los cuatro municipios altoaragoneses donde el agua del grifo no es potable por la presencia de nitratos empiezan a vislumbrar una solución. En Banastás y Chimillas, la situación está más avanzada gracias a una intervención de la Diputación Provincial de Huesca ya finalizada, a falta únicamente de trámites administrativos para su puesta en marcha. El alcalde de Chimillas, Miguel Ángel Torres, señala que, una vez completados estos pasos, los vecinos “podrán beber agua de calidad, la misma que en la capital”.

En el municipio de La Sotonera, el problema persiste en los núcleos de Plasencia y Quinzano, donde los vecinos recurren desde hace tiempo a fuentes de ósmosis para obtener agua potable, mientras que la del grifo se destina a otros usos. Su alcaldesa, Maribel Bailo, explica que el Ayuntamiento trabaja junto a la Diputación en un proyecto para traer agua desde la sierra que abastecerá también a Loscorrales y Esquedas, aunque aún está pendiente de permisos. En Loscorrales, la solución depende ahora de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Lejos de ser un fenómeno puntual, la contaminación afecta de forma recurrente a acuíferos y sistemas de abastecimiento, especialmente en comarcas como Los Monegros o las Cinco Villas, donde confluyen regadíos intensivos y una elevada densidad de explotaciones ganaderas. El origen del problema está ampliamente identificado. Tanto los datos oficiales como el análisis de Greenpeace apuntan al mismo factor: el modelo agroganadero intensivo. El uso masivo de fertilizantes y la acumulación de purines procedentes de la ganadería industrial favorecen la filtración de nitratos al subsuelo, contaminando las aguas que acaban llegando a los grifos.

Luis Ferreirím, responsable de Agricultura en Greenpeace España, señala que en 2025 en España se sacrificaron cerca de 1.000 millones de animales para consumo humano, “una cifra que no solo refleja el impacto en términos de bienestar animal y medioambiental, sino también el enorme volumen de residuos generados por la ganadería. Desde los años 60, el sacrificio de cerdos se ha disparado un 2.000%, consolidando a la industria porcina como la principal responsable de esta presión”.

Añade que “el 81% del nitrógeno agrícola que llega a los sistemas acuáticos procede directa o indirectamente de la actividad ganadera. A ello se suma un modelo productivo orientado al exterior: el 60% de la carne se exporta, lo que ha convertido a España en la mayor productora de porcino de la Unión Europea y la tercera del mundo. Mientras la carne sale fuera, los residuos permanecen, acumulándose y contaminando las aguas”.

Una dimensión política

En Aragón, esta relación adquiere además una dimensión política. Tal y como ha publicado este medio, el Gobierno autonómico ha revertido limitaciones previas y ha eliminado topes a las macrogranjas con el apoyo de Vox y el PAR, en un contexto en el que los niveles de nitratos no dejan de aumentar. La decisión se produce pese a que España, y entre las comunidades señaladas, Aragón, ha sido condenada por la justicia europea por incumplir la normativa sobre contaminación por nitratos, precisamente vinculada a fuentes agrarias y ganaderas intensivas.

Las consecuencias se dejan sentir especialmente en el medio rural. En algunos municipios aragoneses, la presencia de nitratos obliga a restringir el consumo de agua del grifo de forma recurrente, con vecinos que dependen de cisternas o agua embotellada en determinados periodos del año. Además, la contaminación presenta una característica que dificulta su percepción: es invisible. No altera el sabor ni el olor del agua, lo que retrasa la reacción social y política. A esto se suma un factor que el propio mapa pone de relieve: la falta de información completa. Cerca de una cuarta parte de los municipios españoles no dispone de datos suficientes sobre la calidad del agua, lo que sugiere que la dimensión real del problema podría ser mayor.

El debate, además, va más allá del límite legal. Greenpeace y diversos estudios científicos sostienen que el umbral de 50 miligramos por litro está desfasado y que los niveles seguros deberían situarse en torno a los 6 mg/l. De aplicarse ese criterio, el mapa de la contaminación dejaría de ser un conjunto de focos aislados para convertirse en una mancha mucho más extensa que afectaría a buena parte del territorio, incluido Aragón.

La playa de El Reducto está desierta. Tiene una de las tres únicas banderas azules que quedan en la isla, está en el corazón de Arrecife, la capital de Lanzarote, y junto a las principales plantas hoteleras de la ciudad, pero no hay nadie en este tramo de costa. Desde el 14 de octubre, con algunas interrupciones, la bandera roja ondea en esta emblemática playa de la isla. De vez en cuando puede verse a alguna persona paseando por la arena o al socorrista pidiendo a un par de turistas despistados que salgan del agua, y es que desde hace casi dos meses está desaconsejado el baño en este enclave por vertidos de aguas fecales. Por el momento, se desconoce cuál es el punto de origen de las incidencias, y la reapertura de la playa no se contempla hasta encontrarlo.

El primer anuncio de cierre llegó el 14 de octubre. La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Arrecife tomó esta decisión “por prevención”, después de que la Policía Local constatara “nuevos vertidos con apariencia de aguas fecales” en una zona conocida como la Punta del Camello, donde se localiza un emisario submarino, los tubos que se encargan de transportar las aguas residuales supuestamente tratadas hacia el mar. Las analíticas realizadas ese día por el área de Salud Pública de Lanzarote confirmaron el episodio de contaminación al dar positivo en la bacteria E.coli, una bacteria común en el intestino de las personas.

El 16 de octubre a las 9.30 horas, el Ayuntamiento anunció la reapertura de la playa, después de que los resultados del Servicio de Inspección de Salud determinaran que la calidad del agua de la playa de El Reducto era óptima para el baño. Esa misma tarde, desde el Consorcio de Emergencias del Cabildo insular informaron de que se había vuelto a colocar la bandera roja por la mala calidad del agua. 

Dos semanas después, el 31 de octubre, Arrecife volvió a abrir la playa al baño con el respaldo de los informes positivos de Sanidad. Sin embargo, la bandera verde permaneció izada apenas cuatro días y el 4 de noviembre fue sustituida por la roja, que permanece hasta hoy. Ese día, Salud Pública aconsejó la prohibición del baño en la playa de El Reducto “hasta que la entidad responsable determine las causas que están originando estos episodios de contaminación fecal y garantice que se han tomado las correspondientes medidas correctivas y correctoras”.

Las entidades responsables a las que hace referencia Salud Pública son la empresa Canal Gestión y el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote. La primera es la empresa encargada del ciclo integral del agua en la isla desde 2013, cuando el expresidente insular y actual senador Pedro Sanginés (CC) le adjudicó el servicio por 106 millones de euros. Canal Gestión -filial de Canal Isabel II de Madrid- es la entidad gestora del aliviadero y de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) situados en la Punta del Camello, tal y como consta en el censo de vertidos del Gobierno de Canarias.

El Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote está integrado por el Cabildo y los siete ayuntamientos y es titular de las instalaciones. Fuentes de Canal Gestión han respondido a este periódico que hasta el momento no se ha encontrado el origen del problema y remiten para más información al Consorcio Insular de Aguas. Por su parte, desde el Cabildo han remitido a Canal Gestión al tratarse de un problema en la red de saneamiento y, por tanto, de su competencia. Mientras tanto, la playa sigue cerrada y sin solución a la vista.

Encontrar el punto de fuga 

Desde el Ayuntamiento de Arrecife sí han respondido que durante muchos años se han registrado vertidos en la zona, pero aseguran que las analíticas de los últimos meses han concluido que las aguas de El Reducto sí están aptas para el baño. “No es que sigan contaminadas, pero cuando Sanidad decretó el cierre advirtió que no se daría la autorización hasta que no se resuelvan las incidencias”, explican desde la corporación municipal. 

Las administraciones se topan ahora con el reto de encontrar el punto exacto en el que se producen las filtraciones de aguas residuales. El Consorcio, en un comunicado oficial emitido al Ayuntamiento de Arrecife y cuyo contenido fue publicado por el consistorio en octubre, aseguró que había constatado filtraciones en su sistema de la zona y obstrucciones en la red que lleva hasta el aliviadero de la Punta del Camello.

El consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, ha explicado en medios locales que cuentan con un robot para examinar el interior de una red de saneamiento obsoleta y detectar así posibles fugas. También se ha abierto una zanja de 20 metros en El Reducto para realizar catas y localizar la fuga. Según ha confirmado el Cabildo, Canal Gestión ha subcontratado a la empresa Canaragua la ejecución de estas catas.

Sobre si el área de Medio Ambiente ha evaluado el impacto ambiental de los vertidos en este tramo de costa de Arrecife, desde el Ayuntamiento indican que la bacteria E.coli solo afecta al cuerpo humano, pudiendo generar ronchas en la piel o irritación en los ojos. “No hay ningún otro tipo de contaminación”, apostillan. 

Ninguno de los dos puntos de vertidos localizados en la zona de la contaminación están autorizados, tal y como se recoge en el censo de vertidos desde tierra al mar actualizado por el Gobierno de Canarias este año. La memoria publicada por la Consejería de Transición Ecológica concluye que de los 36 puntos de vertido contabilizados en Lanzarote, solo ocho están autorizados. Los demás no lo están (50%) o están en trámite (28%). En concreto, la mayoría de puntos de vertido de la costa de Arrecife y San Bartolomé no tienen autorización. El porcentaje de puntos de vertidos regulados (22%) permanece congelado desde 2021, cuando los ilegales ascendían a un 57% y los que estaban en trámite caían a un 22%.

Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) ha detectado más de 40 contaminantes emergentes asociados al tráfico en la cuenca del río Tajo, según ha informado la institución.

El estudio, publicado por un equipo del Departamento de Medio Ambiente del Ciemat en 'Environmental Research', revela la presencia de aditivos procedentes del desgaste de neumáticos, frenos y otras partes de vehículos en el ecosistema fluvial y confirma una relación directa entre la densidad del tráfico y la carga contaminante del río, alertando sobre posibles efectos adversos en organismos acuáticos.

Además, el análisis también ha indicado que algunos de estos contaminantes son neurotóxicos y/o disruptores endocrinos pueden afectar a los organismos acuáticos.

El tráfico rodado representa más del 80% del transporte de pasajeros y mercancías en España y libera partículas y aditivos químicos que terminan en ríos y otros cuerpos de agua y que actúan como sumideros naturales de estos compuestos.

Así, en el marco del proyecto 'Cemef', los investigadores del Ciemat analizaron muestras de agua procedentes de distintos puntos de la cuenca del Tajo utilizando diversas técnicas avanzadas. Este cribado permitió detectar más de 40 compuestos relacionados con el tráfico, algunos de ellos documentados por primera vez en un ecosistema fluvial español.

Los resultados muestran que la carga de contaminantes aumenta en zonas con mayor densidad de tráfico y actividad humana, lo que confirma al transporte por carretera como una fuente clave de entrada de estos compuestos al medio acuático.

El investigador Juan Escobar Arnanz ha señalado que “la presencia de estos contaminantes es especialmente preocupante, ya que algunos pueden causar toxicidad aguda o disrupción endocrina en los organismos acuáticos”. “Estos hallazgos subrayan la necesidad de continuar investigando y de desarrollar futuras normativas ambientales que protejan nuestros ríos”, ha añadido.

El Ayuntamiento de Plasencia y la unión temporal de empresas Aguas de Plasencia han informado del restablecimiento del nivel 0, de situación normal y vigilancia ordinaria, en relación al suministro de agua potable de la ciudad, después de un episodio puntual de deterioro registrado durante el fin de semana, que llevó al consistorio a recomendar no utilizar el agua del grifo para beber ni cocinar.

Los últimos análisis que se han llevado a cabo han confirmado que el agua distribuida cumple con los parámetros establecidos en el Real Decreto 03/2023 y la normativa vigente.

El incidente se produjo tras las intensas lluvias caídas en áreas afectadas por incendios durante el verano, lo que provocó un aumento de la turbidez por el arrastre de ceniza y materia orgánica, lo que provocó una alteración del pH en la entrada de agua bruta en la estación de tratamiento (ETAP). Este cambio obligó a activar el nivel 1 del Plan de Contingencia.

La UTE y el Ayuntamiento intensificaron durante el sábado y el domingo los controles analíticos, ajustaron los procesos de tratamiento y reforzaron el seguimiento técnico hasta devolver el suministro a la normalidad, según el consistorio, que ha destacado el trabajo coordinado entre los equipos técnicos, así como la implicación de las concejalías de Medio Ambiente, Gestión Integral del Agua y el gabinete de crisis municipal. También ha agradecido la colaboración de todas las áreas y entidades que han facilitado información durante la incidencia.

Aunque la ciudad ha regresado a la vigilancia ordinaria, el Gobierno local ha señalado que la situación “seguirá monitorizándose en los próximos días” y ha pedido a la población que consulte únicamente los canales oficiales para evitar la difusión de datos no verificados.

Plasencia (39.829 habitantes) ha activado el nivel 1 del Plan de Contingencia del Agua, lo que se traduce en una recomendación del ayuntamiento para que los vecinos no consuman agua del grifo ni para beber, cocinar ni lavarse los dientes. El motivo es que las intensas lluvias de las últimas jornadas ha arrastrado cenizas y materia orgánica procedente de los graves incendios que el pasado agosto padeció el norte de Extremadura.

El consistorio ha informado en la tarde de este sábado que en los análisis llevados a cabo se han detectado alteraciones en varios parámetros analíticos que afectan a su aptitud para el consumo directo. En concreto, se han visto alterados valores como el pH, la turbidez y la carga orgánica, complicando los procesos de tratamiento en la estación de tratamiento de agua potable.

Según indica el ayuntamiento en un comunicado, el alcalde, Fernando Pizarro, y el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, mantienen una coordinación permanente con Salud Pública, la UTE de Aguas, el centro de salud ambiental del Servicio Extremeño de Salud y el gabinete de crisis municipal.

Además, se han reforzado los canales de comunicación con residencias, centros educativos, industrias y establecimientos hoteleros para garantizar el suministro alternativo si fuera necesario.

“Estamos trabajando con total transparencia y anticipación. Las medidas de hoy nos permiten adelantarnos al comportamiento del agua y proteger a la población. Si pasamos a nivel 2, la respuesta estará ya preparada”, ha señalado Nisa.

Las lluvias ya han provocado problemas en varias localidades del Valle del Jerte y Las Hurdes precisamente por el arrastre de cenizas y materia orgánica de los incendios, aunque la Junta de Extremadura había minimizado el problema, a pesar de las numerosas críticas de los vecinos en localidades como Villar de Plasencia, Oliva de Plasencia, Cabezuela del Valle, Casas del Monte.

La Diputación de Cáceres puso a disposición de los municipios cisternas con agua potable y el secretario regional y candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, pidió la reunión de la Diputación permanente (la Asamblea está disuelta por la convocatoria electoral) para que la presidenta y candidata del PP, María Guardiola, dé “explicaciones sobre la gestión realizada en el norte de Extremadura tras los incendios. Pero la Junta subrayó que el arrastre de cenizas y las imágenes de los ríos y gargantas con agua negra era un fenómeno ”de gran impacto visual, pero pasajero“.

El proyecto para instalar una granja porcina en el término municipal de Las Peñas de Riglos ha desatado una fuerte oposición vecinal en la zona. La instalación se ubicaría en las inmediaciones de Concilio, una pequeña pedanía situada junto a la estación ferroviaria del mismo nombre, en el límite con Murillo de Gállego y a escasa distancia del Monumento Natural de los Mallos de Riglos, uno de los paisajes más icónicos y visitados del Prepirineo aragonés.

La iniciativa ha sido recibida con sorpresa y preocupación entre los vecinos, que aseguran haberse enterado del proyecto el pasado mes de agosto, cuando el Ayuntamiento de Las Peñas de Riglos realizó una consulta urbanística para comprobar si sería posible su instalación. “Se preguntó al Ayuntamiento, se hizo una reunión y nos aclararon que solo era una consulta urbanística, que no había proyecto todavía, pero se dio una respuesta positiva porque según las ordenanzas no había pegas”, explica Jorge González, portavoz de la plataforma 'Riglos sin granja porcina' y vecino de Concilio, donde regenta un alojamiento rural. El proyecto está promovido por la empresa Agrícola Miramonte S.L., que ha asegurado a este diario que se se “ciñen” a la ley y que si reciben la aprobación seguirán adelante.

Lo mismo sostienen desde el Consistorio de Las Peñas de Riglos. Juan Francisco Torralba expone que, por el momento, se está tramitando: “Una vez que se vea si el proyecto cumple los criterios, se elevará a otros organismos como la CHE, el Inaga o Patrimonio” y que el Ayuntamiento no está “ni a favor ni en contra”: “Si cumple los requisitos, los cumple y, si no, se le requerrirían medidas correctoras o se rechazaría”. En cuanto a la oposición vecinal considera que “no todo el mundo está en contra” y que hay “diversidad de opiniones”.

Desde el verano, el malestar vecinal ha ido en aumento. En apenas unas semanas, la plataforma ha reunido firmas y ha organizado reuniones informativas, carteles y charlas en los pueblos afectados. En su manifiesto, los vecinos subrayan que “Riglos y sus famosos Mallos son un Monumento Natural sobre el cauce del río Gállego. Aquí vivimos y trabajamos cientos de personas, y nos visitan miles cada año para caminar, escalar y disfrutar de este paisaje tan espectacular y singular”. Advierten de que la macrogranja “contaminaría un agua de boca ya vulnerable y atentaría contra el medioambiente, la salud del vecindario y la economía turística del territorio”, y alertan de que sus consecuencias serían “tan graves como si se instalara una granja de cerdos en las puertas del Parque Nacional de Ordesa”.

La preocupación tiene también raíces en la experiencia previa. González recuerda que desde 2011 ha habido varios episodios de contaminación del agua potable vinculados a vertidos de purines en la zona. “Los que nos contaminaron el agua son los mismos que ahora solicitan abrir esta instalación”, denuncia. Según explica, las mediciones realizadas por los propios vecinos —y confirmadas por el Seprona— revelan niveles elevados de nitratos en el agua, motivo por el que muchos habitantes de Concilio han dejado de consumir el agua de boca del pueblo. “Nos dijeron que no es apta para el consumo”. Según expone, el origen de esa contaminación sería el abono de los campos cercanos.

El impacto paisajístico y ambiental es otro de los argumentos que esgrimen los opositores. La futura explotación se situaría a apenas un kilómetro del núcleo de Concilio, en la zona de entrada a los Mallos, y cerca del barranco de Concilio, un enclave con abundante fauna y flora. “Es un lugar de una riqueza natural enorme. La contaminación empieza precisamente donde esta empresa tiene los abandonados”, asegura González. Además, añade, las distancias con las viviendas de la zona son “muy escasas y discutibles”. Aunque muchas de las casas están diseminadas y no forman un núcleo formal: “Son unas treinta o cuarenta, y aunque su situación legal es compleja, como personas les va a afectar igual”, apunta.

El temor de los vecinos es que la instalación —por su tamaño y características— degrade un paisaje emblemático y perjudique la principal fuente económica de la zona, basada en el turismo rural, la escalada y las actividades al aire libre. “Concilio es un punto muy icónico, la gente viene a pasear, a escalar, a desconectar. Nos parece un atentado a la sensibilidad de mucha gente. En Aragón ya hay tantísimas granjas y esta zona se había salvado. Estamos asustados”, confiesa el portavoz de la plataforma. “Esto, en lugar de fijar población, la espanta”.

La preocupación se extiende también a las implicaciones entre municipios. Aunque la granja se ubicaría en el término de Las Peñas de Riglos, el impacto afectaría directamente a Concilio, que pertenece a Murillo de Gállego. La plataforma advierte que el terreno donde se proyecta la explotación está aguas arriba del pueblo, lo que incrementa el riesgo de contaminación del acuífero. “Si ponen la granja arriba, el acuífero va hacia abajo”, resume González. Por eso, reclaman que los ayuntamientos de Riglos y Murillo actúen de forma coordinada y extiendan sus ordenanzas de protección del agua y prohibición de uso de purines.

La empresa promotora, Agrícola Miramonte S.L., defiende que el proyecto se ajustará estrictamente a la normativa y que no existe motivo para oponerse mientras se cumpla la ley. “Cada uno es libre de tener su opinión. Mientras nos ciñamos a la ley y a la normativa, es lo que hay. Si se puede hacer, se hará”, señalan sus responsables, que afirman ser personas del territorio que buscan poder vivir y trabajar en el pueblo. Por el momento, el Ayuntamiento de Murillo no ha respondido a los intentos de contacto por parte de este diario.

Mientras tanto, la plataforma continúa recabando apoyos y preparando alegaciones que presentará ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) cuando el expediente llegue a ese organismo. También han mantenido reuniones con la CHE, el Instituto Aragonés del Agua y otras administraciones, a las que piden que analicen con detalle el impacto ambiental y sanitario del proyecto. “Nos parece una catástrofe que en pleno monumento natural se instale una granja porcina. Este paisaje es nuestro mayor valor, y estamos dispuestos a defenderlo”, concluye González.

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha determinado que el episodio de contaminación que afectó al río Ayuda, que discurre por Álava, a comienzos de octubre y provocó una mortandad de medio millar de cangrejos señal fue “breve y muy localizado”. No tuvo “repercusiones significativas” a corto plazo y, más allá de las afecciones a la especie invasora, no se dejó notar entre el resto de la fauna piscícola del río, “muy abundante en ese tramo”, en las inmediaciones de la localidad alavesa de Urarte, perteneciente al municipio de Bernedo.

La información se desprende de la respuesta ofrecida ante el Parlamento Vasco por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, tras una solicitud de la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba. El 3 de octubre se tuvo constancia de la muerte de cangrejos señal en la zona y personal de URA se movilizó ya ese día. Se tomaron muestras, se inspeccionó el río aguas arriba para verificar que no había aguas residuales y se dio parte a las administraciones (incluyendo la Diputación de Álava y la Confederación Hidrográfica del Ebro). Si bien no hubo problema para el consumo de agua corriente, sí se requirió a los ayuntamientos tanto de Bernedo como de Berantevilla que trasladasen a la población la recomendación de no llevar a cabo actividades acuáticas. El río Ayuda es afluente del Zadorra, que a su vez desemboca en el Ebro.

Al día siguiente, en otra inspección acometida por personal de URA, se constató que volvía a haber cangrejos vivos. A partir de nuevas muestras, se determinó que no había trazas de contaminación que pudiera ser perjudicial para la vida acuática de la zona. ¿Qué sustancias se detectaron? Según se indica en la información brindada por el consejero, se constató la presencia de “2,4-DTBP, xileno y etilbenceno, si bien en concentraciones inferiores a las normas de calidad ambiental existentes en las aguas continentales”. Asimismo, también había “cipermetina”, que se describe en la información como un “insecticida piretroide utilizado para el control de plagas en jardines, huertas y frutales, entre otros usos”.

“El episodio solo afectó a cangrejos y no a otras comunidades de invertebrados”, explica el consejero. La información que se recabó apunta, según dice, a “un episodio de contaminación de corta duración provocado por un compuesto de toxicidad diferenciada entre cangrejos y el resto de la biota acuática, ya que no se observaron peces ni otras especies afectadas”. “La ausencia de efectos residuales en las comunidades bentónicas sugiere que el evento de contaminación fue breve y muy localizado, sin repercusiones significativas a corto plazo sobre la calidad ecológica del tramo, tal y como muestra la presencia de cangrejos vivos el día después del aviso”, abunda.

El origen del episodio de contaminación, dice el consejero, no se ha podido determinar “fehacientemente”. “Sus características y los datos recabados apuntan como principal hipótesis a una mala práctica en la gestión de productos fitosanitarios (probablemente insecticidas) o sus residuos o sobrantes”, colige.

Lo venían advirtiendo los vecinos y los ecologistas. Las cenizas acumuladas en los montes del norte del Cáceres afectados por los incendios de este verano, sobre todo en el de la Jarilla, iban a originar problemas en cuanto llegaran las lluvias. Así ha sido.

El temporal que azotó el miércoles esa zona de Extremadura, que estuvo en alerta naranja por lluvias, ha teñido de un negro intenso los ríos y gargantas hasta amenzar el consumo de agua potable en varios municipios por el arrastre de cenizas con imágenes muy llamativas que se han viralizado rápidamente en las redes sociales y han creado alarma y críticas entre la población por la gestión de la Junta de Extremadura.

La Diputación de Cáceres, a través del Consorcio MásMedio, ha tenido que reforzar al apoyo a los municipios y, por ejemplo, en Jerte tuvieron que cerrar las captaciones de agua ante la baja calidad del caudal. Por eso, la Diputación ha desplazado un camión cisterna de 10.000 litros con agua potable para garantizar el suministro a la población. Ese recurso se mantendrá durante los próximos días por la previsión de lluvias el fin de semana.

Como medida preventiva también se cerraron las captaciones en Villar de Plasencia y Oliva de Plasencia, y se ha analizado la calidad del agua, aunque MásMedio ha preparado más cisternas y agua embotellada para los vecinos. En Cabezuela del Valle, también entre las localidades con más riesgos, no se han producido incidencias.

En Casas del Monte se ha gestionado el envío de otra cisterna de agua de 10.000 litros de capacidad. En este municipio el problema viene derivado del uso de una captación alternativa a la general, que se está viendo afectada por el arrastre de cenizas y se ha cerrado por precaución.

Pero la gestión llevada a cabo en el norte de Extremadura tras los incendios de verano ha servicio de munición política en la precampaña electoral. El candidato del PSOE para las elecciones del 21 de diciembre Miguel Ángel Gallardo, ha exigido que se reúna la diputación permanente (la Asamblea está dispuelta por la convocatoria electoral) para que la presidenta y candidata del PP, María Guardiola, dé “explicaciones y diga qué han hecho en materia de prevención ya que, sabemos que tenían 40 millones de euros guardados en un cajón que no han utilizado y que como consecuencia de la mala ejecución del postincendio ahora mismo tenemos los ríos contaminados”.

Sin embargo, la Junta ha restado importancia a los ríos negros que bajan desde el miércoles por el Jerte y las Hurdes. Es un fenómeno “de gran impacto visual, pero pasajero” , apunta la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. También recuerda que, en el caso del incendio de Jarilla, el más importante que se ha padecido en Extremadura, ardieron 16.000 hectáreas y se estima que dejara hasta tres kilos de cenizas por metro cuadrado.

En su descargo, la Junta de Extremadura también ha señalado que el sistema utilizado para evitar el arrastre de cenizas por las lluvias tras los incendios del pasado verano “no garantiza reducir al 100% este impacto” pero sí permite que esta incidencia “no sea la que se hubiera producido en caso de no contar con esta técnica”. Se refiere al 'helimulching', una técnica que consiste en esparcir paja desde helicópteros para proteger el suelo de la erosión que provoca la lluvia tras los incendios y evitar que la ceniza acabe en los cauces de los ríos y arroyos. Con este técnica se ha abarcado una superficie de 1.120 hectáreas.

En la pedanía murciana de El Mirador (San Javier) los estragos de la riada que atravesó sus calles la noche del pasado 10 de octubre son visibles y diversos. Las líneas blancas de la carretera se confunden todavía con el barro seco. El muro de la casa de una familia que tuvo que ser evacuada aquella madrugada está destrozado. Un vecino camina a paso lento por la acera, cargando en cada mano una garrafa de ocho litros rebosante de agua, y las coloca en el zaguán de una casa donde una mujer, Carmen, barre el suelo con cierto aire de fatiga. Enseña los restos del recogedor antes de tirarlos al cubo de la basura: tierra roja y arcillosa, piedras, cañas. De lejos viene un fuerte olor a abono que procede de los campos de cultivo que rodean el pueblo, muchos dispuestos a orillas de la desbordada rambla de Cobatillas, cercando su cauce, debilitándolo ante la lluvia torrencial.

“Toda esta mierda vino del campo. El agua pasó muy rápida por todas las calles. Daba miedo verlo. Parecía que ese río marrón se lo iba a llevar todo por delante. Entró en casas y comercios. Pero lo que no esperábamos, porque nunca antes había pasado, es que lo peor llegara horas después, cuando todo se calmó”, dice, y mete dentro de la casa las garrafas que le ha dejado su vecino.

Los habitantes de El Mirador llevan ya sin agua potable, este martes, un total de once días. El corte afecta a unas 100.000 personas en la ribera norte del Mar Menor, desde San Javier y San Pedro del Pinatar a Los Alcázares, pasando por diversas pedanías del Campo de Cartagena pertenecientes a Murcia y a Torre Pacheco. La incidencia, larguísima, viene propiciada por la inundación con agua de escorrentía repleta de barro de la almenara de un canal de abastecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT). Los trabajos de limpieza del tramo afectado, de unos 20 kilómetros de tuberías subterráneas, precisan fuentes de la MCT a este diario, concluyeron “en la madrugada del domingo 19 de octubre”. El Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado esta mañana que la normalidad se recuperará, al fin, “el miércoles o el jueves”.

Por el momento, en Los Alcázares y San Javier se permitió a partir de este pasado fin de semana usar el agua del grifo para higiene personal y tareas de limpieza. En El Mirador, considerada la zona cero de la dana, los vecinos solo pueden llenar la cisterna del váter. La MCT está enviando periódicamente a los laboratorios de la Consejería de Salud de la Región de Murcia el agua de los depósitos desinfectados para que ésta la analice y la decrete apta para consumo humano. 

“Nos dicen que tenemos que esperar, que pronto se solucionará, pero no nos cuentan nada más. Llevo 40 años viviendo en esta casa y no recuerdo nada igual. Me levanto todas las mañanas con la esperanza de leer en el móvil que ya tenemos agua. Pero eso no sucede. Lavamos la ropa a mano, como se hacía en estos pueblos antiguamente. Nos traen garrafas o vamos nosotros a llenarlas a las cubas, y nos duchamos con barreños de agua calentada en una olla. Jamás pensamos que esto fuese a durar tanto. Lo único que pido es poder darme una buena ducha”, explica Carmen.

“Cuando se ocupa el espacio natural del agua”

Alrededor de su casa, ubicada a un paso centro de El Mirador, se despliega un abanico infinito de tierras y fincas de cultivo del Campo de Cartagena, atravesadas, siempre, por el Trasvase Tajo-Segura, la infraestructura hormigonada que las abastece de agua de riego y que, junto a la rambla de Cobatillas, también fue desbordada con las tormentas del 10 de octubre. Hubo una conexión en ambos desbordamientos: la rambla, llena de agua, sedimentos y arrastres, se atascó en la intersección que tiene con el trasvase, justo en el punto que debe cruzarlo por debajo y seguir su curso hasta el Mar Menor. Acabó colmatándolo.

Un operario de la empresa municipal de aguas de San Javier revisa una conducción ubicada en un tramo de carretera que discurre junto al trasvase. Afloja la llave de paso de la boca y brota de ella un chorro leve. Dice que, desde el 10 de octubre, lo único que ha hecho ha sido doblar turnos y participar en las labores de descontaminación de los depósitos. Que este tramo de la rambla de Cobatillas fue la clave del siniestro, que se inundó todo y el agua se volvió incontrolable. Mira hacia el horizonte de cultivos. En medio de todos ellos está la almenara de la MCT donde la escorrentía se infiltró con una voracidad que nadie esperaba. “Cuando se ocupa el espacio natural del agua, ésta se busca otros sitios. Y al final pasa lo que pasa”, denuncia.

Cultivar en plena rambla

Pedro Conesa, otro vecino próximo a El Mirador, ya se había imaginado, con toda la lluvia que estaba cayendo aquella noche, que el nivel del cauce de Cobatillas, en esa intersección con el trasvase, iba a crecer hasta colapsar. Por ella llegaron a circular, en picos máximos, según estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), hasta 1.300 metros por segundo de agua. Las estaciones meteorológicas registraron precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado en la zona. Lo que históricamente había sido, relata Conesa, en ese tramo, una rambla abierta y natural, con espacio suficiente para que el agua discurriera con holgura, con el paso de los años fue comprimiéndose cada vez más, perdiendo terreno en favor de numerosas explotaciones agrícolas.

En 2021, explica, la puesta en marcha de una plantación de limoneros fue la gota que colmó el vaso. El lecho de Cobatillas había pasado de tener una anchura libre a una de poco más de 20 metros. “Por aquí ha pasado la rambla de toda la vida y nunca ha habido problemas. Pero ahora el agua de escorrentía tiene mucho menos espacio para circular por culpa del estrechamiento del cauce. Se han generado inundaciones en zonas que antes no eran inundables. La CHS no ha hecho su trabajo para evitar este desastre. La crecida fue tal que el agua, en vez de seguir hacia delante, fue en todas direcciones, y regresó también hacia atrás, hasta llegar al depósito, que en más de 40 años desde que se instaló es la primera vez que se anega”.

La almenara afectada de la MCT está en medio de los campos, sin más protección que un muro de obra no demasiado alto. La instalación se ha quedado obsoleta, teniendo en cuenta cómo se ha transformado drásticamente el territorio del entorno. Fuentes de la propia Mancomunidad achacan la incidencia a “la modificación en los últimos años de las parcelas existentes por encima del canal, que provocaron una concentración de agua de lluvia en un flujo que inundó la instalación”. “El episodio acontecido, unido a las modificaciones del terreno, no dejan otra opción que desplazar la almenara. Ya estamos trabajando en ello”, avanzan.

La ocupación del dominio público-hidráulico

El investigador en conservación de suelos y agua del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), Víctor Castillo, advierte en declaraciones a este periódico que “las transformaciones del territorio y la intensificación de fincas agrarias en torno a ramblas pueden provocar que ante un evento extremo de lluvias se generen más escorrentías que arrastran más sedimentos porque se artificializa el paisaje”. “Los cultivos”, prosigue, “han ido ocupando el terreno natural de los cauces”.

“Si se disminuye la capacidad de evacuación de una rambla por estrechamiento al colocar otros usos del suelo a los costados, esto provoca que cuando el agua llegue un cierto caudal, el cauce va a acabar desbordando. La ocupación de zonas de dominio público-hidráulico incrementa, por tanto, los efectos de las lluvias extremas”, explica Castillo. 

“El tipo de cultivo en las parcelas también tiene su influencia”, continúa el investigador. “En el regadío, la clave reside en que el agua que cae en la tierra se intente evacuar lo antes posible porque, si se acumulase, resultaría perjudicial para los alimentos. De esta forma, las ramblas se acaban llenando mucho más. Hay un impacto claro en la transformación del suelo, sea por uso agrario, por la creación de caminos o por cualquier otra cosa. Todo ello modifica la hidrología natural del Campo de Cartagena y aumenta, sobre todo, la capacidad erosiva de los flujos”.

Los Alcázares vuelve a la normalidad

Una situación similar a la vivida en El Mirador sucedió en la dana a lo largo de buena parte de la comarca. El desbordamiento de otras ramblas como la de la Maraña sumió a Los Alcázares en una noche de máxima tensión aquel 10 de octubre. Las crecidas comenzaron a anegar las calles, aunque finalmente, para alivio de los vecinos, el agua no levantó más de unos pocos palmos del suelo.

Matilde pasea este martes junto a la rambla urbana de la pescadería. Allí los alcantarillados siguen vomitando barro hacia la orilla del Mar Menor. El municipio ha recuperado el suministro potable completo este martes a las 14 horas, al igual que San Javier. El domingo los vecinos ya pudieron ducharse, lavarse las manos y limpiar la casa con agua de sus propios grifos.

“Yo veo tercermundista toda esta situación”, explica Matilde. “Y no lo digo por llevar tanto tiempo teniendo que venir a recoger agua en garrafas del camión de abastecimiento, sino por la falta de información. No hemos sabido cuáles han sido las causas reales del corte. Pasamos más de una semana sin poder ducharnos o duchándonos en el polideportivo, días enteros sin poder limpiar, sin nada. Y once sin agua potable”.

Junto al Ayuntamiento, un bar informa a los clientes con carteles de papel escritos con rotulador azul que trabajan con agua embotellada. Dice Juan Pedro, su dueño, que los primeros días la gente no entraba ni a tomarse ni un café por miedo a estar ingiriendo agua contaminada.

En Los Alcázares, San Javier y Torre Pacheco, los consistorios han puesto en marcha servicios de información, asistencia y gestión de ayudas a los damnificados por los cortes. Cientos de personas han reclamado ya a la MCT que asuma los gastos que la incidencia está teniendo en su economía doméstica. En San Pedro del Pinatar, las autoridades sanitarias han declarado en la mañana del martes “la aptitud total” para el consumo humano del agua servida por la Mancomunidad, incluyendo la utilización para el consumo directo del grifo o la preparación de alimentos.

La ausencia absoluta de agua potable, nunca vista en la comarca, ha puesto en evidencia, explica Víctor Castillo, la debilidad manifiesta del territorio del Campo de Cartagena, a consecuencia de reducir ramblas para aprovechar al máximo la llanura y explotar el uso agrícola del suelo. “Hay que darles espacio a los cauces. Si se ocupa el terreno por donde discurre el agua, cada cierto tiempo habrá inundaciones, se llenará el caudal de sedimentos y arrastres, y volverá a suceder lo mismo”, concluye. 

Fuentes del Ejecutivo murciano consultadas ponen el foco del problema en la construcción proyectada por el Gobierno central, pero todavía no licitada, de diques de laminación en la zona de la rambla de Cobatillas. Por su parte, la ordenación del territorio de la cuenca vertiente del Mar Menor, competencia exclusiva del Gobierno autonómico e imperada por la ley de la laguna de 2020, acumula ya más de dos años de retraso. Aún no tiene fecha prevista.

El especial de Datadista publicado en elDiario.es 'Veneno en el grifo': ruta por la España sin derecho al agua potable' ha sido galardonado con el premio API 2025 de la Asociación de Periodistas de Investigación en la categoría de Periodismo de Datos. El reportaje interactivo, firmado por Ana Tudela y Antonio Delgado analiza y muestra los datos de contaminación del agua en diferentes zonas de España.

Además, el reportaje suma también vídeos y entrevistas que complementan la herramienta de visualización de datos utilizada y por la que se pueden ver los puntos más críticos en el mapa e interactuar con el especial haciendo scroll. En total, Datadista recopiló más de cinco millones de regisdtros oficiales sobre la calidad del agua en España.

“El jurado ha valorado el impacto que este tema tiene sobre la población, la exhaustiva y pormenorizada labor de documentación, la máxima calidad de las fuentes y los elementos innovadores en la narración y visualización de la historia”, explica la Asociación de Periodistas de Investigación en un comunicado. “Los autores logran traducir información técnica en conocimiento accesible para la ciudadanía mediante mapas interactivos, gráficos y narrativas multimedia que permiten explorar el alcance del problema a escala nacional”, añaden. También destacan el enfoque humano y territorial del trabajo, con reportajes sobre el terreno en diferentes pueblos.

El especial ‘Veneno en el grifo’ se enmarca dentro del proyecto europeo de investigación y datos ‘Under the Surface’, iniciado por Datadista y coordinado por Arena for Journalism in Europe, con el apoyo de Journalismfund Europe. El proyecto ya había sido premiado el pasado 20 de marzo por los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo.

No habrá una consulta popular a los vecinos y vecinas de Manzanares para que puedan opinar a través de un referéndum sobre la implantación o no de plantas de biogás-biometano en esta localidad de Ciudad Real, en la que operan una veintena de grandes empresas agroalimentarias. En la actualidad representan el 20% de su Producto Interior Bruto (PIB). El municipio ronda los 18.000 habitantes y es uno de los focos productivos del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha.

El pleno extraordinario celebrado este viernes para debatir sobre la cuestión que había planteado el Partido Popular ha rechazado esta opción, con la mayoría que ostenta el PSOE en el ayuntamiento.

Ha sido una sesión intensa que se ha prolongado durante más de cuatro horas porque no se ha puesto límites a las intervenciones de los representantes municipales, frente a un salón de plenos abarrotado.

En este municipio de Ciudad Real hay dos proyectos pendientes de ser autorizados, o no, por el Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque el Gobierno municipal dice que solo uno de ellos le ha sido presentado, sin explicar cuál.

“Los beneficios del biometano son tan claros, son tan evidentes...”, ha asegurado hoy el alcalde. Julián Nieva se muestra a favor de “convertir los residuos, aquello que contamina todo -los acuíferos ya están contaminados- en un gas verde que luego consumen los ciudadanos y en fertilizante natural para la agricultura” y en su opinión eso “no tiene debate”.

Ha justificado también lo económico como “determinante” a la hora de mostrarse a favor. En su opinión, contar con este tipo de instalaciones permitirá que nuevas empresas se asienten en el polígono industrial y con garantías para poder gestionar sus residuos.

Cuenta con el apoyo de la Asociación de Empresas del Polígono con cuyos representantes se reunió esta misma semana y rechaza los argumentos esgrimidos por la oposición, tanto del PP como del concejal no adscrito, que han alertado de posibles riesgos para la salud pública y para el medio ambiente. “Si lo que queremos hacer es alarmar es decir que es malo para la salud. Cuando pido lealtad hay que dirigirse al ciudadano con la verdad”, ha dicho rotundo el alcalde de Manzanares.

La consulta popular sería un lastre para generar confianza a quienes quieran invertir en Manzanares

Pablo Camacho — Portavoz del equipo de Gobierno del PSOE en Manzanares

Ha sido el portavoz del Grupo Municipal Socialista el que ha justificado el rechazo a una consulta popular. Pablo Camacho cree que “sería un lastre para generar confianza a quienes quieran invertir en Manzanares” y que además el PP no ha planteado “bien” su propuesta, aludiendo a un informe de la Secretaría General del ayuntamiento manzanareño.

Molina-Prados: “¿Quién pagará en caso de accidente?”

Pablo Camacho ha contestado a las dudas y críticas de la portavoz del PP Rebeca Sánchez-Maroto y del concejal no adscrito, José María Santos Molina-Prados.

Este último se mostraba radicalmente en contra de este tipo de empresas al expresar su más “firme oposición” a que la planta de biometano se instale en Manzanares, “en ningún sitio”, porque “genera inquietud en los vecinos por los riesgos ambientales”.

Se ha sumado a la idea de una consulta popular porque el proyecto “podría comprometer la salud del municipio” y rechaza la implantación de la tecnología para producir biogás con argumentos relacionados con el empleo. “No vamos a hipotecar nuestro futuro con falsas expectativas de empleo. Una decena de empleos mal contados”, decía. En su opinión, “el beneficio es irrisorio”.

“No podemos ser el vertedero que nadie quiere en otros sitios, sin olvidar el consumo de agua o el deterioro de las vías públicas para transportar los residuos”, añadía, aunque después ha admitido que podría llegar a “reconocer ciertas ventajas”.

También dejaba una batería de preguntas relacionadas con los olores, con el volumen de agua que se consumirá e incluso con las alternativas si la actividad se interrumpe una vez instalada la empresa o se acaba su ciclo de vida. “¿Quién pagará en caso de accidente?”, ha preguntado.

“¿Se enviarán avisos a la población sobre los olores? ¿Habrá garantía por escrito de que no afectará a la salud? ¿Qué sustancias y con qué frecuencias se emitirán? ¿Qué garantías hay de reembolso a Manzanares si hay daños de los camiones en las carreteras municipales?, preguntaba entre otras cuestiones de las que además ha pedido ”garantías por escrito“. No todas han sido respondidas.

El modelo propuesto ahondará en los desequilibrios territoriales: no fija población ni crea empleo por su automatización ni contribuirá a la descarbonización

Rebeca Sánchez-Maroto — Portavoz del PP en Manzanares

Mientras, la edil popular Rebeca Sánchez-Maroto ha comenzado su intervención planteando dudas sobre el impacto de este tipo de industria sobre la salud público. Lo ha hecho tirando del documento de alegaciones presentado por la Consejería de Sanidad al Plan de Biometanización, con horizonte 2030, que está elaborando la Consejería de Desarrollo Sostenible y que publicó elDiario.es.

El plazo de alegaciones, recordaba, terminó el 18 de agosto y se han presentado más de 13.000. “Eso pone de manifiesto la preocupación de la ciudadanía. El modelo propuesto ahondará en los desequilibrios territoriales: no fija población ni crea empleo por su automatización ni contribuirá a la descarbonización”, subrayaba la concejala. “Son datos objetivos y contrastables, no una opinión del Partido Popular”.

El equipo de Gobierno ha explicado que si llegan a instalarse cualquiera de las dos plantas de biometano estarán a unos nueve kilómetros del municipio. “Nadie quiere vivir a menos de diez kilómetros. Lo dicen los expertos, no nosotros”, replicaba la edil del PP. Después ha preguntado por la distancia a las parcelas colindantes. “No todos vivimos en el centro de Manzanares”.

Sánchez-Maroto se ha mostrado preocupada “especialmente por la contaminación del agua” y lo ha trasladado con preguntas: “¿Qué consecuencias conllevaría una posible fuga o filtración? ¿Cómo puede afectar a los sondeos o depósitos de agua?”.

También se ha mostrado escéptica sobre el tipo de residuos que se van a usar para generar biogás y fertilizantes. Uno de los proyectos que esperan autorización, citaba, procesará 69.000 toneladas, según el estudio de impacto ambiental que ha publicado en su web la Junta de Castilla-La Mancha. De ellas, “43.000 toneladas son subproductos animales y no vendrán de las bodegas de Manzanares”, afirma la edil.

El segundo proyecto gestionaría 227.000 toneladas al año de residuos y de ellas, subraya la edil, “122 toneladas serán purines y el resto vinazas y eso es imposible que sea abastecido por Manzanares. Llegarán por nuestras carreteras en camiones. Más de 800 toneladas al día”. Unos argumentos que ha negado el equipo de gobierno. Pablo Camacho lo califica de “bulos”.

La portavoz del PP se ha preguntando si “será Castilla-La Mancha el basurero de España. Esto no ecologismo o economía circular, será negocio, que respetamos, pero no nos vendan lo que no es”. Además, ha planteado dudas sobre el consumo de agua. “Consumo cero”, le ha respondido el portavoz socialista Pablo Camacho.

PP: “Puede ser una buena idea”, pero solo si las plantas son “pequeñas”

Para el PP de Manzanares, lo que se está planteando son plantas de biogás “sobredimensionadas”. No ha negado sus beneficios aunque pone pegas. “Puede ser una buena idea cuando se trata de dar segunda vida a los residuos, siempre y cuando su tamaño se adecúe a los residuos en la zona”. Aboga por “plantas pequeñas” porque si los residuos han de llegar desde otros puntos del país, “ya no hablamos de sostenibilidad y economía circular.

Lo ideal, según el PP, son plantas que gestionen entre 20.000 y 30.000 toneladas al año, “que no es poco” para transformar los residuos de Manzanares. “Pasar de ahí, a plantas sobredimensionadas, generaría un problema ambiental que ahora mismo no tenemos”.

Se ha referido a la “fiebre” del biogás por las “tensiones geopolíticas para no depender de otros países respecto al gas” y recuerda que la Unión Europea está subvencionando este tipo de empresas. Su partido lo apoya pero ella no lo tiene tan claro. “¿Por qué tenemos nosotros que correr el riesgo de tratar residuos que no se producen en nuestro término municipal? Confiamos en los técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha, pero es que también son humanos y a veces se producen accidentes”, ha advertido, a causa de lo que ha calificado de “economía circular mal entendida” de la que ha puesto el ejemplo de la planta de incineración de residuos de origen animal en Puertollano denunciada por el Seprona hace ahora un año.

¿Por qué tenemos nosotros que correr el riesgo de tratar residuos que no se producen en nuestro término municipal? Confiamos en los técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha, pero es que también son humanos y a veces se producen accidentes

Rebeca Sánchez-Maroto — Portavoz del PP en Manzanares

“Los accidentes existen y ni los técnicos ni los científicos pueden asegurar el riesgo cero. Eso no existe. Plantas donde hagan falta, para tratar los residuos del entorno porque en el momento en que sobredimensionamos -con una producción de 110 gigavatios de gas- estamos fuera lo que se persigue con la planta de biometano. Eso economía circular no es” ha argumentado la concejala.

“Una planta de biometano para cada pueblecito solo tiene un problema: el proyecto de negocio no sale”, le replicaba el propio alcalde Julián Nieva durante la sesión plenaria.

PSOE: “Las plantas de biometano son un éxito de la Ciencia”

El portavoz del PSOE Pablo Camacho ha recordado que se instalarán 600 plantas de este tipo en toda España en los próximos tres o cuatro años. “En 2018 había en Europa 450 plantas de biometano. A mediados de 2025 hay 2.000. En España vamos con retraso. Hay unas 15 y no estamos haciendo los deberes”, asegura porque el el Parlamento Europeo “nos ha marcado objetivo como país hasta 2030: incrementar la generación de biometano. Habrá que construir entre 500 y 600 plantas.

En Castilla-La Mancha, decía, “hay un par de estas plantas y las previsiones llegan hasta las 100” y de eso “se va a comenzar a hablar en la mayoría de los municipios”.

Ha pedido no temer este tipo de proyectos porque, asegura, “las plantas de biometano son un éxito de la Ciencia” que “nada tienen que ver con las que se implantaban hace una década” y sostiene que le hecho de convertir los residuos en energía o abono, es “un hito científico”.

Ha hablado de “tecnología de última generación”, con un diseño “estanco” en sus procedimientos que “no generará molestias” a los vecinos de Manzanares, “ni por olores, ni por tráfico de camiones” o con un “consumo de agua cero”.

A lo largo del pleno ha citado las ‘ventajas’ de este tipo de industria que permitirá inyectar gas al sistema nacional “para proporcionar luz o calefacción” y que producirá “un fertilizante sostenible”, en alusión al digestato.

“Estas plantas son la alternativa para transformar un problema de la agricultura en solución”. En este aspecto ha citado el apoyo expreso de las más de cien industrias del polígono industrial o de las organizaciones agrarias como ASAJA o UPA.

Las plantas de biometano son la alternativa para transformar un problema de la agricultura en solución

Pablo Camacho — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Manzanares

El alcalde ha querido zanjar la discusión, apuntando a la “desinformación” que se está generando a través de las redes sociales, ha asegurado que no se podrá “de lado” sobre los temores de la ciudadanía. “Estamos a disposición de cualquiera que quiera aclarar dudas sobre esta planta de biometano”, ha apostillado el portavoz del Gobierno local.

El Gobierno de Manzanares ha puesto la pelota de la última decisión sobre la viabilidad de este tipo de plantas en el tejado de la Junta de Castilla-La Mancha. “Nosotros no somos competentes. Lo es la Junta de Castilla-La Mancha. Están analizando si las plantas cumplen con toda la legislación. Lo demás es desinformar y alarmar a la ciudadanía”, señalaba Camacho.

En todo caso, le recordaba la edil 'popular', será el gobierno de Manzanares el que tendrá que otorgar la definitiva licencia de actividad para la empresa o empresas que quieran operar en esta parte de la provincia.

A comienzos de este año 2025 había hasta 12 proyectos de plantas de biometano a la espera de autorización del Gobierno regional en diferentes pueblos de Ciudad Real.

El Gobierno de Castilla-La Mancha somete a información pública en estos días de verano, y hasta el próximo 18 de agosto, el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regional de Biometano 2024-2030.

Es un plan polémico que está recibiendo el rechazo de plataformas ciudadanas y e incluso de algunos ayuntamientos. Desde hace meses, son frecuentes las protestas sociales. Y lo son todavía más desde que, el pasado 31 de diciembre de 2024, terminó la moratoria que frenaba la posibilidad de implantar nuevas macrogranjas porcinas, o ampliar las ya existentes. Este tipo de instalaciones son las que nutren de residuos, entre otras, a las plantas que producen el biogás.

Estos colectivos se oponen al hecho de que la Junta de Castilla-La Mancha considere “estratégica” la idea de apoyar la implantación de cerca de un centenar de estas plantas por toda la comunidad autónoma, para valorizar 15 millones de toneladas de residuos. También rechazan que, para facilitarlo, se esté otorgando a muchos de los proyectos empresariales la condición de ‘proyecto prioritario’ para que los trámites burocráticos - y el filtro ambiental- sean más laxos.

Ahora, esa polémica arrecia. Ecologistas en Acción la Manchuela ha denunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no solo encargó la elaboración de la 'hoja de ruta' del Plan regional de Biometanización a una empresa con intereses, precisamente, en el biogás, sino que también le otorgó redactar el estudio ambiental estratégico que ahora se somete a información pública.

La empresa valenciana Biovic Consulting fue adjudicataria de dos contratos en este sentido. El primero el 7 de febrero de 2024 por un importe de 15.000 euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El segundo, el 4 de septiembre del mismo año por valor de 14.999 euros.

Según este segundo contrato, Biovic Consulting debía ocuparse de redactar el Documento Ambiental Estratégico en el que “se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan”. La organización ecologista detalla que la Junta de Castilla-La Mancha no convocó concurso público para estos servicios. Lo tramitó mediante dos contratos menores que no superaron los 15.000 euros, el máximo legal que permite adjudicar contratos de forma directa.

La compañía valenciana se describe en su web como “pionera en el sector del biogás”. Al frente de la empresa se sitúa Luis Puchades, el presidente de la Asociación Española de Biogás, AEBIG, donde están representadas las empresas con intereses económicos en el biogás y el biometano. Precisamente, el pasado febrero, AEBIG patrocinó el evento ‘Renmad Biometano 2025’ celebrado en Toledo, en el que participó el Gobierno regional.

Ecologistas en Acción ha solicitado los expedientes de adjudicación de ambos contratos a la Junta de Comunidades “al no considerar regular el procedimiento”. Reconocen que la adjudicación es legal, pero se muestran “convencidos” de que este es un caso claro de “conflicto de intereses que desaconsejaba la adjudicación”, porque creen fundamental que “los procesos de contratación se lleven a cabo de manera justa y equitativa”, evitando “comprometer la objetividad y el beneficio público”.

También ven “alarmante” que una empresa que tiene en marcha, según su web, más de 50 proyectos para plantas de biogás o biometano sea la encargada de diseñar y evaluar ambientalmente el futuro en este sentido de toda una comunidad autónoma. “De hecho, las líneas de actuación que se marcan en dicho plan coinciden bastante con el discurso de la propia empresa”, subraya la organización ecologista.

En su opinión, el Plan regional de Biometanización y el Estudio Ambiental Estratégico “ofrecen una visión sesgada del tema dónde las afecciones negativas a la salud o al bienestar de las personas son prácticamente inexistentes”. Y es que uno de los informes clave en el que se basa el plan regional de biometanización, abundan, es el elaborado por SEDIGAS, la asociación española de gas, y fue redactado con la colaboración de Biovic. “Ahora elabora el presente plan y se cita a sí misma. Parece que los hechos dejan poco margen a la duda”, comentan desde Ecologistas en Acción la Manchuela.

Tampoco gustan los efectos de algunas plantas de biogás que ya están funcionando por ejemplo en la vecina comunidad valenciana, ni en lo que tiene que ver con los olores o con posibles efectos en la salud pública, y una de las quejas reiteradas es que están demasiado cerca de los núcleos de población.

La Junta aduce que “la empresa ha prestado servicios de consultoría”

La Consejería de Desarrollo Sostenible asegura que es “falso” que el Plan de Biometranización de Castilla-La Mancha lo haya hecho una empresa. A preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha aclara que “ha sido elaborado por un equipo de siete técnicos que trabajan en la dirección general de Calidad Ambiental en las autorizaciones de plantas de biometano bajo la supervisión de su director general, Tomás Villarrubia”. Inciden en que el plan lo ha elaborado “la Junta de Comunidades a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible a la que pertenece la citada dirección general, porque es la competente en la materia”.

Eso sí, reconocen que la empresa mencionada, “como entidad cualificada del sector, ha prestado servicios de consultoría y asesoramiento a la Dirección General en materias que necesariamente se incluyen en el mencionado plan y en el decreto que se está tramitando, dado su conocimiento del sector”.

También subrayan que han cumplido “escrupulosamente” con lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público, y que el plan también cumple “a rajatabla” con la Ley de Transparencia de Castilla-La Manca. “Es precisamente por este motivo por el que Ecologistas en Acción tiene toda la información relativa a este expediente”, replican.

Recuerdan que el plan está en estos momentos en un proceso de información pública que expira el 18 de agosto y que “cualquier ciudadano de Castilla-La Mancha, incluida la organización que ha mandado el comunicado, puede hacer llegar las consideraciones y aportaciones que consideren oportunas para ser estudiadas, y sí procede incluidas en el plan”.

¿Qué es y que supondrá el Plan de Biometano en la región?

El Gobierno de Emiliano García-Page presume de ser la primera comunidad autónoma en desarrollar un plan de estas características y de la movilización de inversión privada por valor de 1.425 millones de euros, además de la creación de más de 1.600 empleos en el futuro. “Nos va a ayudar a descarbonizar nuestro sistema en base a la gestión de residuos y la transición energética enfocada a la sostenibilidad”, decía en febrero la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

Hace unos días anunciaba que la futura ley de cambio climático regional, una promesa de Emiliano García-Page que data de 2019, incluirá la creación de un mercado para gestionar los sumideros de carbono, reservas naturales o artificiales que absorben más dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera del que libera, ayudando a reducir la concentración de este gas de efecto invernadero en la atmósfera.

El sector primario es “el segundo sector más contaminante de la comunidad autónoma”, según Mercedes Gómez, y el Plan de Biometanización debe contribuir a reducir el impacto. Se trata, según el documento, de unificar los criterios que las instalaciones deben cumplir en cuanto a su ubicación, la gestión de sustratos, la producción de biogás y el manejo del digerido, y que además la actividad se integre armoniosamente en el entorno.

El plan habla del “potencial” de la comunidad autónoma con los residuos del sector agrario, incluido los de las macrogranjas, a la hora de producir biometano: 8,1 teravatios por hora (TWh) al año -estas cantidades hay que medirlas en millones-, a partir de 15,7 millones de toneladas anuales de materia orgánica valorizable. El plan establece un objetivo de producción mínima de biometano de 2,8 TWh/año para 2030.

La idea es implementar entre 80 y 100 plantas de biometanización. Ahora mismo en toda España hay 146, según datos del IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía.

¿Dónde estarán estas plantas? El plan incluye un mapa que sitúa a las de mayor capacidad en las zonas señaladas con el color azul oscuro y hay al menos una en cada provincia. En teoría se ha priorizado ubicarlas allí donde el territorio es más vulnerable a la contaminación por nitratos. De hecho, Castilla-La Mancha ya es la comunidad autónoma española más vulnerable y entre otras cosas quiere solucionarlo con estas plantas de biogás.

Se quiere lograr un ahorro de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 509.600 toneladas de CO2 equivalente al sustituir el gas natural fósil. También debe contribuir a reducir la contaminación del agua por nitratos “mediante la gestión centralizada de las deyecciones ganaderas y el uso adecuado de la fertilización nitrogenada”.

Aunque claro, para eso, según advierte el propio plan, ha de implicarse la empresa privada. “Es importante destacar que estos objetivos dependerán de la iniciativa privada ya que no se dispone de una dotación presupuestaria por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha al no estar dentro de sus competencias la promoción de plantas de biogás. No obstante, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establecerá el marco normativo y los medios necesarios para que estos objetivos puedan cumplirse”, recoge el texto del plan.

Es importante destacar que los objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero dependerán de la iniciativa privada ya que no se dispone de una dotación presupuestaria por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha al no estar dentro de sus competencias la promoción de plantas de biogás

Gobierno de Castilla-La Mancha

¿Qué son el biogás y el biometano? El primero es un gas que se genera cuando los residuos orgánicos fermentan y las bacterias son capaces de descomponer (digerir) la materia orgánica (también llamada sustratos).

Este proceso se realiza en los llamados biodigestores, cubiertos con una cúpula. La materia orgánica procede normalmente de residuos ganaderos, agrícolas, restos de mataderos y cadáveres, la fracción orgánica de la basura urbana y lodos de depuradoras y aguas residuales.

El biometano se obtiene de someter al biogás a un proceso denominado upgrading (purificación) en el que se eliminan distintos componentes como el CO2 para hacerlo similar al gas natural fósil y poder inyectarlo en la red de gasoductos.

En el biodigestor, es decir en cada planta, aparte de generarse el biogás queda un residuo llamado digerido o digestato, con aspecto de 'chapapote'. Si lo que trata es el purín de los cerdos, contiene altos niveles de nitrógeno y en ocasiones se usa como fertilizante.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la ampliación de una granja porcina ubicada en el municipio vallisoletano de Bahabón, tras denunciar Ecologistas en Acción la elevada contaminación por nitratos del acuífero del Páramo de Cuéllar.

En la sentencia, aportada por la organización ecologistas, el TSJCyL considera que la Junta no tuvo en cuenta de forma correcta la contaminación que podría generar la ampliación de esa explotación ganadera, junto a otra cercana también agrandada, sobre la que está pendiente de sentencia otro recurso judicial por el mismo motivo, en Cogeces del Monte, también en la provincia vallisoletana.

Por este motivo, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta que deniegue las autorizaciones para ampliar y construir nuevas macrogranjas en zonas vulnerables a la contaminación de acuíferos por nitratos.

Se da la circunstancia de que desde 2003 la veintena de pueblos de la comarca de La Churrería se tiene que abastecer de agua potable desde un manantial de la provincia de Segovia, habiéndose declarado por ello dicha comarca como zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero.

Según Ecologistas, las más de 20.000 toneladas de purines que producirían cada año ambas explotaciones agravarían el problema de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos, al esparcirse por los terrenos de la comarca, y también emitirían al aire 100 toneladas anuales de amoniaco y de metano, contaminantes tóxicos que inciden en la formación de partículas y ozono, y en el caso del metano son responsables del cambio climático.

La sentencia plantea que ni en el estudio de impacto ambiental ni en la declaración de impacto ambiental la Junta hace mención a la veintena de explotaciones similares que están ya asentadas en la misma comarca, por lo que no se han tenido en cuenta “los efectos acumulados y sinérgicos” de estas granjas, como exige la normativa vigente.

La comarca de La Churrería es una de las seis zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero existentes en la provincia de Valladolid, junto a los páramos de Esgueva y de Torozos, el acuífero de los Arenales y las comarcas de Medina y Tordesillas, zonas que en conjunto afectan a 111 municipios sobre más de la mitad de la superficie provincial.

En su comunicado, Ecologistas en Acción considera que la causa de esta elevada contaminación es el exceso de abonado de las fincas agrícolas y denuncia que la Junta y el PP “se han entregado completamente a los intereses d la ganadería industrial”, lo que implica sacrificar la salubridad del aire y el agua.

Tras recordar que el Tribunal Europeo de Justicia condenó en 2024 a España por la situación de las aguas subterráneas, entre otras regiones en Castilla y León, y la necesidad de revertirla, Ecologistas ha reclamado que la Junta sea coherente con el Plan Hidrológico del Duero que prohíbe la concesión de agua para este tipo de explotaciones, en lugar de “resistirse a asumir” esa norma.

Esta sentencia es recurrible en casación durante un mes después de su notificación, por lo que la resolución aún no es firme.

Hoy traemos la historia que hay detrás de uno de esos rincones industriales entre meandros y valles en el norte de España. Lo que hay detrás del cierre de una gran fábrica química que atrajo a trabajadores de todo el país en los años del desarrollismo. Es la historia del uso de sustancias altamente tóxicas que muchos años después de que ya no exista fábrica ni trabajadores, siguen contaminando el suelo a niveles peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.

Hablamos del “Expediente Arkema”, una investigación del proyecto periodístico Datadista, que acaban de publicar en elDiario.es. Con Ana Tudela, una de las fundadoras Datadista y coautora de este trabajo junto con Antonio Delgado, conocemos todos los detalles de este caso, donde se vislumbran algunos patrones típicos de las industrias especialmente contaminantes.

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Episodio relacionado: PFAS: historia del tóxico industrial que llevamos dentro

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El plástico se encuentra en todos los ecosistemas del mundo, tanto acuáticos como terrestres, costeros y continentales, incluso en la atmósfera y en las nubes. Forma parte indisociable de nuestras vidas e, incluso, de nuestro cuerpo: ya hay estudios que demuestran que está en nuestra sangre y en nuestros órganos, incluido el cerebro, acumulado en forma de pequeñísimas partículas. Literalmente, comemos, bebemos e inhalamos plástico a diario: en el agua embotellada, en los alimentos envasados y en el aire que respiramos. ¡Se estima que diariamente ingerimos más de 800 partículas de plástico! Además, somos el destino final de todo el plástico que han consumido los animales de los que nos alimentamos, que no es poco...

Las costas constituyen uno de los mayores sumideros mundiales de plástico, procedente de la actividad pesquera y el turismo de masas. El 40% del plástico que contamina los océanos procede de la pesca (hasta el 85% en algunas partes del mundo). Cada año se desechan en el mar nada más y nada menos que 640.000 toneladas de artes de pesca. La mayor parte de ellas son redes, la forma plástica más letal para la vida marina. Enredos, ahorcamientos, amputaciones… son algunos de los impactos más habituales provocados por las redes y otros plásticos abandonados en las costas y el mar. Pero no son los únicos.

Entre los residuos plásticos más habituales y contaminantes de las playas asociados al ser humano también están las colillas. Pequeñas, pero devastadoras. El acetato de celulosa del que están compuestos los filtros de los cigarrillos es un polímero altamente resistente, no biodegradable y extremadamente tóxico. Una sola colilla puede contaminar decenas de litros de agua con metales pesados (como plomo y arsénico) y numerosos aditivos dañinos para la vida marina.

Además, todos estos plásticos que llegan a las costas y al mar se fragmentan en trozos cada vez más pequeños debido a la meteorización (exposición a la luz solar, viento, erosión, etc.). Son los llamados microplásticos, que son fácilmente ingeridos por los organismos, bioacumulándose e incorporándose a las redes tróficas hasta llegar a nosotros. Es el karma del plástico: todo lo que tiras, vuelve a ti.

Aves marinas: las principales víctimas de la contaminación por plásticos

Muchos de estos plásticos también terminan en los estómagos de la fauna silvestre, en especial de las aves marinas, para las que representa una amenaza real. Más del 90% de las aves acuáticas del mundo tiene plástico en sus estómagos, y miles de ellas mueren cada año debido a él.

Desde la Estación Biológica de Doñana (CSIC) estamos estudiando la magnitud y multidimensionalidad de las interacciones entre el plástico y las aves acuáticas (proyecto IsoPlastic, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ref PID 2022-140057NB-100; proyecto Guanoplastic, Junta de Andalucía, Ref PY20_00756).

Tomemos como ejemplo las gaviotas, que son extraordinariamente adaptables y oportunistas, y han aprendido a usar la basura humana como recurso. Como otras muchas aves, producen egagrópilas o regurgitados con todos los restos que no son capaces de digerir: espinas de pescados, cutícula de cangrejos, restos de conchas… y, cómo no, plástico: colillas, tapones, bolsas, envoltorios, toallitas, cuerdas, gomillas, y un sinfín de objetos plásticos inverosímiles (juguetes, chupes, pulseras…).

El análisis químico de estos plásticos revela una amplia variedad de polímeros, incluyendo polietileno (el polímero más habitual y más producido en el mundo, con el que se fabrican plásticos de un solo uso), poliestireno, PVC, polipropileno, siliconas, etc. Muchos de ellos están asociados a aditivos altamente tóxicos, como los ftalatos, un tipo de plastificante que se utiliza para dar flexibilidad (por ejemplo, al PVC), y que se relaciona con procesos de disrupción endocrina, problemas reproductivos o alteraciones en el desarrollo.

El consumo habitual de plástico en las aves también produce plasticosis, una enfermedad, descrita recientemente en aves marinas, que se caracteriza por la inflamación crónica del tracto digestivo provocada por las lesiones y la toxicidad del plástico. También puede llegar a producir la muerte por colapso digestivo, como ocurre con el consumo desmesurado de gomillas al ser confundidas con gusanos. En muchos casos, las aves llegan a morir de inanición al dejar de alimentarse por sensación de saciedad (al estar sus estómagos llenos de plástico que no pueden expulsar).

El plástico es además uno de los materiales más cotizados por las aves marinas para la construcción de sus nidos. Se calcula que el 30% de los nidos de las aves de todo el mundo contiene material sintético, especialmente plástico. Las cuerdas y los hilos de pesca pueden convertir los nidos en verdaderas trampas mortales, no sólo para los pollos sino también para los adultos. Por otro lado, los nidos con plástico se calientan más, pudiendo afectar a la fecha de eclosión de los huevos. Estos desajustes fenológicos (es decir, entre los eventos biológicos y las condiciones ambientales) son muy importantes porque implican una desincronización con procesos clave, como pueden ser los picos de abundancia de alimento. En cualquier caso, el patrón global de acumulación de plástico en los nidos es un claro reflejo de nuestra huella plástica en la fauna silvestre.

Las aves no sólo son víctimas sino también vehículos de dispersión de plástico, lo que se conoce como biovectores. Esta es quizás la fase del ciclo del plástico menos conocida, el qué pasa con el plástico una vez que ya ha llegado al ambiente. Desde la EBD, usamos dispositivos GPS que colocamos a las aves, y a través de modelos matemáticos, cuantificamos esos flujos de plástico, contabilizando cientos de kilos transportados anualmente desde zonas altamente contaminadas a hábitats naturales (ver, por ejemplo, Cano Povedano et al. 2024 y Martín-Vélez et al 2024). El objetivo es conocer cómo afecta la conectividad ecológica al transporte de plásticos y otros contaminantes, como especies invasoras o bacterias resistentes a antibióticos (muy asociadas también al plástico); información muy valiosa para orientar la toma de decisiones en la conservación de espacios protegidos y la gestión de residuos.

Normativas y conciencia ambiental: fundamentales para limitar el daño

Existen mecanismos para limitar la contaminación por plástico en las costas, dando así un respiro a la fauna marina. Por ejemplo, existen normativas que prohíben plásticos de un solo uso (cubiertos, vasos y platos en chiringuitos y hostelería en general) y que obligan a las empresas productoras de plástico de usar y tirar a asumir los costos de limpieza. También podemos clausurar vertederos a cielo abierto, minimizando el acceso a las aves y el biotransporte de plástico a zonas naturales. E incluso podemos prohibir fumar en las playas con la declaración de “playas libres de humo”. La normativa está: ahora sólo falta aplicarla.

Al final, todo queda en manos de la responsabilidad individual. En este sentido, la educación y conciencia ambiental son fundamentales. Y en ello estamos. Por ejemplo, a través del proyecto “Plastisfera” (financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, MICIU) tratamos de crear conciencia y cultura científica en torno a la contaminación por plástico. Como parte de este esfuerzo, la exposición “Plastisfera: Vida y Muerte en el Antropoceno” ) propone un viaje a través de la mirada de diferentes aves acuáticas estrechamente ligadas al ser humano, mostrando cómo conviven y conmueren con el plástico.

¡Ojalá en un futuro próximo las playas libres de plástico sean una realidad!

Referencias

Martín-Vélez, V., Cano-Povedano, J., Canuelo-Jurado, B., López-Calderón, C., Céspedes, V., Ros, M., ... & Green, A. J. (2024). Leakage of plastics and other debris from landfills to a highly protected lake by wintering gulls. Waste Management, 177, 13-23.

Cano-Povedano, J., López-Calderón, C., Sánchez, M. I., Hortas, F., Cañuelo-Jurado, B., Martín-Vélez, V., ... & Green, A. J. (2023). Biovectoring of plastic by white storks from a landfill to a complex of salt ponds and marshes. Marine Pollution Bulletin, 197, 115773

Los vecinos de los barrios de la zona norte de Aranda de Duero (Burgos) se encuentran sin suministro de agua potable después de que el Ayuntamiento lo haya cortado ante los altos niveles de turbidez que presenta, debido a la lluvia caída durante la tarde del martes.

Un bando municipal ha explicado que la “enorme tromba de agua” registrada, además de en Aranda en Tubilla del Lago (Burgos), donde se encuentra uno de los acuíferos que suministran agua, ha provocado la introducción de barro en los depósitos que abastecen al área septentrional de la localidad generando una importante turbidez.

Tras detectarlo, el Servicio Municipal de Aguas ha cortado el suministro a la mayor parte de los barrios de Santa Catalina, Ferial Bañuelos, Centro, Tenerías y Sinovas, una actuación que también ha afectado al área industrial Polígono Norte.

Todo el personal de este servicio municipal está trabajando desde la pasada madrugada, limpiando los depósitos y la red de agua, para intentar solucionar la situación.

El servicio, han indicado desde el Ayuntamiento, será restablecido en cuanto la calidad del agua sea apta para el consumo, probablemente a lo largo de esta misma jornada.

Dadas las características de la red de abastecimiento, es probable que el servicio vuelva de forma gradual, desde el barrio de Sinovas hacia el centro de la localidad.

Los vecinos de los barrios no afectados por este corte pueden consumir agua de la red municipal con toda normalidad, ha agregado el consistorio.

La minería está experimentando un nuevo impulso en Europa. Quienes apoyan esta nueva ola minera la justifican por la llamada “transición energética” que inunda de parques fotovoltaicos numerosas zonas agrícolas y ganaderas, un intento de electrificar el sistema productivo y de consumo, y el plan de la Unión Europea de ser menos dependiente del exterior en ciertos metales estratégicos considerados “materias primas fundamentales”. Aunque las multinacionales mineras y algunas administraciones públicas hablan de una “minería sostenible”, hay nuevos proyectos mineros que están contaminando gravemente nuestro entorno, especialmente los ecosistemas acuáticos. Entre este tipo de ecosistemas destacan arroyos, ríos, embalses y estuarios.

Las explotaciones mineras generan aguas ácidas cargadas de metales potencialmente tóxicos provenientes de drenaje de escombreras y del tratamiento de los minerales. Una vez que estas aguas con metales, ya hayan sido depuradas previamente o no, llegan a un ecosistema acuático, y esos metales tienden a depositarse en el fondo, en los sedimentos, lodos o fangos. El que los metales se almacenen en los sedimentos del fondo depende, principalmente, de dos procesos. Por un lado, los metales pueden pegarse a partículas en suspensión y estas partículas depositarse en el fondo en zonas de aguas tranquilas. Por otro lado, los metales pueden precipitar directamente conforme cambian las características fisicoquímicas del agua.

En todo caso, los sedimentos del fondo se comportan como un almacén de metales. Pero esto no es todo, una vez en el fondo, los metales pueden ser asimilados por la flora y la fauna, provocando biotoxicidad y bioacumulándose en las redes tróficas. Por ejemplo, la Mina de Cobre Las Cruces, situada junto a la ciudad de Sevilla, lleva vertiendo agua con metales al estuario del Guadalquivir desde 2008. Gran parte de estos metales se han acumulado en los sedimentos del fondo que están altamente contaminados con efecto ecotóxico y, además, los albures o lisas, una especie de pez, muestran altas concentraciones de metales, especialmente plomo.

Se van acumulando diferentes capas de sedimentos, unas sobre otras, a lo largo del tiempo, de manera que la acumulación de metales no tiene por qué reflejarse en un aumento de concentración, pero sí en un aumento de la profundidad de sedimentos contaminados en el fondo

La legislación actual en España no es adecuada para enfrentar la problemática ambiental descrita. En primer lugar, la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, del año 2000, no obliga a establecer normas de calidad ambiental para los sedimentos, a los que otorga un papel secundario en relación a las aguas. Sin embargo, como hemos visto, los sedimentos son clave en el proceso de contaminación por metales proveniente de minas.

En España hay normas de calidad ambiental establecidas para ciertos metales (arsénico, cobre, cromo, selenio y zinc) disueltos en agua, pero no en sedimentos (Real Decreto 817/2015). De esta manera, está regulado por ley que la concentración de estos metales no debe superar ciertos umbrales máximos admisibles y de media anual. Sin embargo, la legislación española no dice nada sobre concentraciones de metales permitidas en sedimentos, precisamente donde suelen acumularse más metales.

Además, esta legislación obliga a las administraciones públicas competentes en la protección de las masas de agua a analizar la tendencia a largo plazo de las concentraciones de ciertos metales propensos a acumularse en los sedimentos, cuyas concentraciones no deben aumentar significativamente. Sin embargo, cuando los metales se acumulan en los sedimentos de un ecosistema acuático no tienen por qué aumentar sus concentraciones. Esto es así porque se van acumulando diferentes capas de sedimentos, unas sobre otras, a lo largo del tiempo, de manera que la acumulación de metales no tiene por qué reflejarse en un aumento de concentración, pero sí en un aumento de la profundidad de sedimentos contaminados en el fondo.

Las concentraciones de los metales en los sedimentos del Guadalquivir se relacionan directamente con la actividad minera y las características del propio vertido minero

Además, los metales pueden pasar a la biota desde los sedimentos, haciendo que no se acumulen. Es más, los sedimentos contaminados con metales pueden ser arrastrados aguas abajo, contaminando nuevas zonas, cuando aumenta el caudal tras fuertes lluvias. Volviendo al ejemplo anterior, la mina de Cobre Las Cruces afirma que está cumpliendo la legislación porque las concentraciones de metales disueltos en las aguas del Guadalquivir no superan las normas de calidad ambiental y las concentraciones de metales en los sedimentos no aumentan significativamente de manera sostenida durante su vertido. Sin embargo, los sedimentos de la zona de vertido, y aguas abajo, están altamente contaminados con metales con efectos ecotóxico y las concentraciones de los metales en los sedimentos del Guadalquivir se relacionan directamente con la actividad minera y las características del propio vertido minero.

Como vemos, la legislación actual, tanto a nivel europeo como español, no pone suficiente acento en los sedimentos y, cuando los señalan, no lo hacen de la manera adecuada para detectar la contaminación metálica proveniente de explotaciones mineras. Por lo tanto, frente a la nueva ola de minería en Europa, urge una actualización legislativa. Gobiernos y parlamentos deben mirar por el bien común. ¿Qué menos que adecuar la legislación para detectar la contaminación procedente de las minas ahora que tantos esfuerzos ponen en impulsar la minería? Están en juego decenas de miles de puestos de trabajo, aguas debajo de las minas, en actividades como la pesca, la agricultura, la ganadería y el turismo, además de la salud pública y ambiental.

Castilla-La Mancha es la región de España con mayor superficie de zonas vulnerables a nitratos, tanto en hectáreas (3,7 millones de hectáreas), como en porcentaje sobre la superficie total (el 46,4%), según el Ministerio de Transición Ecológica.

Esto ha tenido un efecto en la calidad del agua del grifo, según Ecologistas en Acción que alude a datos del Ministerio de Sanidad: desde 2016, 58 municipios de la región han superado “en algún momento” los 50 miligramos de nitratos por litro de agua, lo que implica, dicen, “que el agua deja de ser potable debido a los riesgos para la salud que suponen las elevadas concentraciones de nitratos”.

En marzo de 2024, el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no tomar suficientes medidas ante la creciente contaminación por nitratos. Uno de los gobiernos señalados fue el de Castilla-La Mancha.

Ahora el Ejecutivo castellanomanchego prepara un nuevo decreto que permita “garantizar” la reducción de la contaminación de las aguas causada o inducida por nitratos procedentes del sector agrario y prevenir su extensión. Es obligatorio porque lo marca una Directiva Europea. Hay que definir las zonas vulnerables a nitratos para actuar sobre ellas reduciendo el uso de fertilizantes nitrogenados y de purines. Los agricultores y ganaderos deberían adaptar sus prácticas (este no es el primer decreto) para evitar contaminar.

El decreto incluye un programa de actuación y un listado de “medidas adicionales y reforzadas”, establece un programa de control y seguimiento para evaluar la eficacia de las medidas, define el régimen sancionador e incluye revisar el código de buenas prácticas agrarias.

El sector agrario pide “compensaciones” y apuntan a otras fuentes contaminantes

La propuesta no gusta ni al sector agrario, ni a Stop Ganadería Industrial ni a Ecologistas en Acción que rechazan la masiva implantación de macrogranjas porcinas.

De un lado, colectivos como la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II critican la “notable falta de precisión” en los criterios utilizados para designar zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Dicen que no hay información “clara” sobre qué parámetros técnicos y científicos lo avalan. De otro lado, lamentan “el impacto económico” de esta normativa para los agricultores porque, dicen, “se verán directamente afectados por las restricciones impuestas”.

Piden compensaciones económicas, ayudas técnicas y formación especializada para los agricultores, que les permitan adaptarse “de manera gradual y efectiva” a las nuevas exigencias ambientales.

Y no solo eso, reclaman que el decreto excluya de forma “explícita” a los regantes de “cualquier responsabilidad derivada de la contaminación difusa o de otras formas de degradación ambiental atribuibles a factores externos o a decisiones administrativas ajenas a su control directo”.

Este colectivo del que forman parte 9.000 usuarios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo consideran que la Junta de Castilla-La Mancha debe tener en cuenta otros posibles focos de contaminación distintas a las agrícolas: desde los núcleos de población, hasta las industrias y vertidos urbanos. Lo ven “crucial” para evitar “la imposición de restricciones desproporcionadas a los agricultores sin un análisis riguroso de todas las causas de contaminación que afectan a las masas de agua”.

Y si hay que limitar el uso de fertilizantes, también sugieren estudios “específicos” para cada tipo de cultivo. Incluso piden un manual de buenas prácticas -que ya incluye el decreto-, pero “basado en tecnología validada científicamente”.

Se hace caso omiso a (algunas) confederaciones hidrográficas

El decreto que prepara el Gobierno de Emiliano García-Page reconoce que forma expresa que, pese a que las prácticas agrarias han mejorado “notablemente” en las últimas décadas desde un punto de vista ambiental, “siguen contribuyendo de forma significativa a la contaminación de las aguas”.

De hecho nuestro país es incapaz de limpiar sus acuíferos de la contaminación por nitratos. Las cuencas de los ríos Guadiana, Jarama o Tajo están entre las más contaminadas, según el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica. El año pasado otro estudio de Ecologistas en Acción apuntó que más de 200.000 personas tienen contaminada el agua del grifo. Hay afectados en todas las provincias de Castilla-La Mancha.

Por eso, Stop Ganadería Industrial considera insuficiente el decreto que prepara el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Las medidas reforzadas que proponen no están completas y además no se aplican nunca”, lamenta Toni Jorge, portavoz del colectivo.

Critica que la propuesta no incluya las recomendaciones de las confederaciones hidrográficas en informes emitidos entre 2020 y 2024 como las de la Confederación del Guadalquivir. En 2020 ya avanzaba “la necesidad de aumentar las inspecciones in situ y el establecimiento de medidas más coercitivas contra las malas prácticas”, recuerda Toni Jorge.

O la Confederación Hidrográfica del Segura que en 2024 iba “más allá”, dice el portavoz del colectivo ciudadano. “Dicen que la aplicación hasta la fecha de los programas de acción no ha logrado la reversión de la problemática de la contaminación por nitratos de origen agrario en las aguas continentales”, sostiene Toni Jorge. Este organismo de cuenca propone medidas reforzadas como la “prohibición de transformación de terrenos en regadío en las zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario y de la implantación de nuevas instalaciones, o la ampliación de las existentes, destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas”.

Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha y Ecologistas en Acción han presentado alegaciones al borrador del decreto y acusan a la Junta de Comunidades de hacer caso omiso a esas recomendaciones. “Es un despropósito que se aumente la cantidad de nitrógeno permitida en algunos cultivos de regadío y que se admita como garantía una simple declaración responsable en el plan de gestión de purines”.

Toni Jorge también lamenta las propuestas del sector agrario cuando piden compensaciones. “Siempre se socializan las pérdidas, nunca las ganancias”, ironiza para criticar la posición de la “agroindustria”, los grandes tenedores agrarios. “Normalmente no son los pequeños agricultores los que alegan. A ellos no les llegarán esas compensaciones y hay que ayudarles a cambiar de modelo. Estamos asistiendo a un proceso de concentración de la propiedad de la tierra”.

Tragsatec habla de control insuficiente y aumento de contaminación

Stop Ganadería Industrial y Ecologistas en Acción también pone el foco el informe CSIC-Tragsatec sobre la cuestión. Su análisis sugiere que la red de estaciones de control de aguas subterráneas es insuficiente. Está limitada y eso dificulta una evaluación precisa de la contaminación por nitratos.

El informe también concluye que sigue aumentando la contaminación. Lo dicen los datos que recogen esas estaciones de control dentro de las zonas consideradas vulnerables, con una excepción: el Campo de Montiel.

Como causas de esta situación, el informe habla de la transformación de terrenos de secano a regadío. Eso incrementa la necesidad de fertilizantes. De forma reciente, el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page abogaba por “seguir creciendo en regadío”. “No lo entendemos”, comenta Toni Jorge.

Tragsatec y CSIC proponen además dos zonas nuevas para estudio con vistas a una posible declaración futura como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario. Se trata de Molina de Aragón (Guadalajara) y la Sierra de Altomira, en Cuenca. Ambas suman 4.624 km2 más y se encuentran fuera de los límites de las Zonas Vulnerables (ZVN) actualmente designadas.

El informe también recuerda que Castilla-La Mancha sigue creciendo en número de explotaciones ganaderas intensivas, responsables de la generación de purines que contaminan los acuíferos.

Ese crecimiento que cita el informe será aún mayor, por cierto, teniendo en cuenta que desde enero ya no está vigente la moratoria para la instalación de macrogranjas porcinas y se ha levantado la veda de nuevas explotaciones. En cola para su reactivación en esa fecha había 61 proyectos en toda la región.

El Gobierno castellanomanchego apuesta ahora por un plan para el biometano con horizonte 2030. El Ejecutivo regional presume de la capacidad para producirlo, debido al elevado volumen de residuos orgánicos en el territorio, hasta 15 millones de toneladas. El plan será prioritario precisamente en zonas vulnerables a los nitratos.

Tanto los colectivos ecologistas como las plataformas ciudadanas contra las macrogranjas vienen defendiendo que lo que se busca en realidad es “satisfacer las demandas del 'lobby' gasista y de la industria cárnica, la más mimada por los mandatarios castellanomanchegos”.

¿Por qué no han funcionado las medidas para frenar la contaminación?

El decreto que prepara el Gobierno regional no es el primero. Desde 1998 la Junta de Castilla-La Mancha ha dictado 11 normas relativas a la lucha contra la contaminación por nitratos, según Stop Ganadería Industrial.

La pregunta que se hace este colectivo es por qué las medidas no han funcionado. La contaminación, sostiene su portavoz, Toni Jorge, sigue creciendo. “Se aplica la misma receta que no funciona una y otra vez”. Por eso pide una “profunda reflexión”. 

“Entendemos que la agricultura es necesaria, pero son necesarias otro tipo de prácticas que tendrá que propugnar la Administración regional o las cosas seguirán empeorando. ¿O es que vamos a seguir haciendo lo de siempre, que beneficia a los de siempre y fastidia a los de siempre y al medio ambiente?, se pregunta.

El alcalde de Toledo ha pedido al PSOE de Castilla-La Mancha que se encargue de que “no haya un solo municipio, que no haya un solo polígono industrial desde Aranjuez hasta Toledo, que vierta agua sin depurar al río Tajo”, porque es algo que “está sucediendo”, ha denunciado.

Carlos Velázquez salía así al paso de las críticas vertidas por los socialistas que han afeado el voto de los diputados del PP de Castilla-La Mancha ayer en el Congreso, a favor de mantener el trasvase Tajo-Segura, según los parámetros de envío de agua de 2014 y sin modificar las reglas de explotación del acueducto. Una votación a favor en la que participó el teniente de alcalde de Toledo José Manuel Velasco. Su vicealcaldesa, de Vox, Inés Cañizares, pedía hoy seguir manteniendo los trasvases a pesar de la situación del Tajo en la capital regional.

El edil ha restado importancia a lo que ocurrió ayer en el Congreso, que tumbó la proposición de ley de la Región de Murcia avalada solo por PP, Vox y UPN. Velázquez ha puesto el foco en su intención, asegura, de “trabajar con hechos en la mejora de la salud del río Tajo”. “Lo de ayer, al final, ha quedado en nada y queda en un fuego de artificio que está intentando ser utilizado por algunos como una cortina de humo para tapar el hecho real”.

Carlos Velázquez pide que se “pongan las depuradoras” y se “pongan los medios” para evitar la contaminación del río Tajo y mejorar su “salud” ambiental. “Cada uno debemos cumplir nuestras competencias”, ha dejado claro .

“La Junta tiene competencias importantes en materia de depuración que haría bien en revisar fundamentalmente y en lo que respecta al río de su paso por Toledo, desde Toledo hasta Aranjuez, en el término del límite con Seseña, Borox y Madrid-Aranjuez”, porque “hay zonas en la comarca de la Sagra que vierten sin depurar”.

La Junta le pide “valentía” para pedir lo mismo a la Comunidad de Madrid de Ayuso

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respondido a su petición y ha considerado “sorprendente” que el alcalde de Toledo, se fije en la depuración de aguas de los municipios de la Sagra, en la provincia de Toledo, y no mire a la Comunidad de Madrid .

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, le ha reclamado que sea “valiente” para decir a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que cumpla con las normas medioambientales y que defienda el río Tajo porque sus actuaciones “tienen consecuencias en nuestra región”.

“Nosotros queremos siempre que se cumplan las normas medioambientales, vengan de donde vengan, pero me parece muy sorprendente que el señor Velazquez se fije en los municipios de la Sagra y no le diga nada a su compañera del Partido Popular, la presidenta Ayuso”, ya que, según ha dicho, la Comunidad de Madrid ha recibido dinero del Gobierno nacional para depuración de las aguas y “sigue habiendo vertidos en la Comunidad de Madrid”.

El martes 29, Vigo, la mayor ciudad de Galicia, alcanzó los 25 grados de temperatura. Sin embargo, el baño en todas sus playas estaba prohibido porque la depuradora, inaugurada hace sólo siete años, se había parado con el gran apagón de la víspera. La instalación, presentada a bombo y platillo como una gran obra hidráulica, no cuenta con una fuente de energía auxiliar. Una situación que se repitió en otros puntos de Galicia. Aunque no aclara en cuáles, la Consellería de Medio Ambiente admite “problemas puntuales” en “algunas” estaciones. Fue por eso que la Xunta, ya en la tarde del martes, “recomendó” no bañarse en el mar, pero tampoco en los ríos, durante las siguientes 24 horas “como medida de precaución” debido a que, como informaba a través de la red social X, la falta de suministración eléctrica provocó que “parte de los caudales no pudiesen ser tratados con normalidad”. Los ecologistas estiman que, sólo en la ciudad olívica, se vertieron a la ría más de 400 millones de litros de agua sin depurar.

El ayuntamiento de Vigo fue el primero en alertar. A mediodía del mismo martes, el alcalde, Abel Caballero, admitía que, mientras la potabilizadora de la ciudad siguió funcionando gracias a un grupo electrógeno, la depuradora estuvo “aliviando” durante unas horas y “produjo algunos vertidos” que podrían haber llevado a las playas “bacterias contaminantes”. 48 horas después, el jueves 1 de mayo, ya sólo permanecía cerrado el arenal de A Foz, precisamente donde desemboca el río Lagares, que la divide en dos.

Proyectada en 2008 e inaugurada una década después, la depuradora de Vigo se presentó como la mayor planta por biofiltración de España. Preparada para dar servicio a 800.000 personas durante el siguiente medio siglo, estaba llamada a solucionar los problemas de vertidos a la ría con los que Europa, al igual que a otros puntos de la costa gallega, le venía sacando los colores. Hasta que se le apagó la luz, porque en esa inversión de más de 208 millones de euros, cofinanciada por Gobierno central, Xunta y Ayuntamiento, a nadie se le había ocurrido dotarla del soporte energético de emergencia que reclaman los ecologistas.

“Es incomprensible que la EDAR de Vigo, puesta en funcionamiento hace seis años y elogiada en su inauguración como una de las mayores obras hidráulicas del Estado y una de las mejores depuradoras del continente, quede inservible por non tener generadores auxiliares de energía. Y más si es algo que está previsto en la normativa para contar con una gestión moderna y uso sostenible y responsable de los recursos hídricos, siguiendo las premisas de la directiva marco del agua de la Unión Europea”, declaró Antón Lois, portavoz de Amigas da Terra.

Amigas da Terra, Ecoloxistas en Acción y Greenpeace creen que esta falta de sistemas alternativos puede suponer una vulneración de la Orden TED/1191/2024, del 24 de octubre pasado, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico. En su artículo 12.4, la orden establece que “en los elementos de control cuya tipología precise alimentación de electricidad se procurará disponer, en la medida de lo posible, de conjuntos redundantes para asegurar el suministro de energía. En el diseño de la instalación, se procurará disponer de una fuente alternativa fiable de energía y que se proceda a registrar de forma fehaciente un eventual fallo del suministro eléctrico”.

Los colectivos ecologistas consideran que el “grave” vertido de la depuradora viguesa durante el apagón fue “un ejemplo de las consecuencias de esta incomprensible falta de previsión”. Aseguran que la estación echó en la ría casi 28.800 metros cúbicos por hora de aguas sin tratar, lo que supone un total de 403.200.000 litros en las 14 horas que estuvo sin energía. Aseguran que esa contaminación, “a la que se sumaron las aportaciones de aguas contaminadas del resto de municipios que vierten a la ría y al cauce del río Verdugo, permanecerá durante dos semanas circulando” e irá “diluyéndose poco a poco”.

Las tres organizaciones ven “poco probable” que se repita una caída total del suministro como la del lunes, pero recuerdan que los cortes de electricidad locales “no resultan infrecuentes” y, aunque la luz se recupere con rapidez, “la depuradora de una ciudad media de Galicia puede verter unos 15.000.000 de litros de aguas contaminadas durante un apagón de sólo media hora”. Por eso, exigen tanto a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta —de la que depende Augas de Galicia— como a los ayuntamientos la incorporación “inmediata” de sistemas de soporte energético de emergencia en las depuradoras y una “explicación” de los motivos por los que todavía no contaban con ellos.