El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los doce exdirectivos del Banco de Valencia --entre ellos su expresidente José Luis Olivas-- acusados de delito societario de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de 2009 y 2010 con el supuesto fin de ocultar un déficit de provisión superior a los 20 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado penas de dos años de cárcel para Olivas --que también fue presidente de la Generalitat-- y para el auditor Miguel Monferrer, dos años y medio para el que fuera consejero delegado de la entidad Domingo Parra, y había retirado la acusación para al resto de acusados en su informe de conclusiones definitivas.

Las defensas habían alegado en el juicio indefensión por haberse vulnerado el principio acusatorio a lo largo del procedimiento, pues no se hicieron constar las falsedades concretas que se les imputaban ni en los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones, ni en el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado. Tampoco, argumentaban, se había puesto de manifiesto al ser interrogados en fase de instrucción.

La sentencia, tras hacer un repaso de los hechos y analizar la doctrina del Tribunal Supremo (TS), explica que con solo leer el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, de 2 de diciembre de 2019, se aprecia que en el mismo no se hace mención a los estados intermedios de los ejercicios de los año 2009 y 2010 del Banco de Valencia, por los que se formula acusación por algunas acusaciones, por lo que no puede ser objeto de la presente causa, máxime cuando ni siquiera en el escrito de conclusiones se refiere cuáles son los apartados de tales estados que se pretenden falsos.

Lo mismo podría decirse, añade el fallo, respecto de las falsedades de las cuentas de los años 2009 y 2010 del Banco de Valencia que se imputan a los acusados, de las que ni en auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado ni en ninguno de los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones se reseñan los concretos apuntes contables que se dicen falsos.

Lo máximo que se refiere por vía de informe, indica el magistrado, es que los acusados eran conocedores de los mismos por estar descritos en los informes de los ejercicios 2009 y 2010 emitidos por la Inspección del Banco de España a los que se hace referencia en los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones.

“Acusación vaga”

El magistrado entiende que el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) no puede ser más claro al disponer que el escrito de calificación se limitará a determinar en conclusiones precisas y numeradas los hechos punibles que resulten del sumario, “lo que en el presente caso no se realiza en ninguno de los escritos de acusación que limitan los hechos por los que formulan acusación a poner de manifiesto los déficits de provisiones apreciados por la inspección en los años 2019 y 2010”.

“Con una acusación tan vaga se impone al juzgador y a las defensas como primera cuestión la de buscar y rebuscar en la causa para intentar descubrir cuales son esos concretos apuntes contables que se pretenden falsos por las acusaciones para fundar el delito de falsedad de las cuentas”, explica en su sentencia.

Y añade que “no resulta defendible que se pretenda solventar dicha omisión con una mera remisión a los informes internos emitidos por el Servicio de Inspección del Banco de España correspondiente a los ejercicios de los años 2009 y 2010”, pues “es una obviedad que estos no constituyen el escrito de acusación, siendo únicamente medios probatorios, amén de no dejar delimitado si la acusación se dirige por todos los apuntes contenidos en los mismo o solo por alguno de ellos, y en su caso por cuales”.

La sentencia insiste en que las omisiones de los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones no pueden solventarse por el mero hecho de que en el escrito de conclusiones definitivas se relaten por primera vez todos los apuntes contables de los ejercicios de los años 2009 y 2010 cuya falsedad se propugna para fundar el delito.

“Pues la indefensión ya estaba creada, como se dijo en el fundamento anterior, al impedirse a todos y cada uno de los acusados defenderse en juicio de tales hechos, negándoseles la posibilidad de proponer y aportar cualquier medio de prueba que les permitiera contradecir dichas pretendidas falsedades”, resalta.

Al hilo, comenta que no puede obviarse que “los citados informes de la Inspección del Banco de España son simples medios de prueba, y los análisis y calificación de los acreditados que en ellos se realizan admiten ser discutidos y aportar prueba en contrario”.

Ocultación de datos verdaderos

Para el magistrado resulta claro que en ninguno de los escritos de acusación se refiere ninguna ocultación de datos verdaderos, ni incorporación de datos falsos en el balance ni en las cuentas anuales de los años 2009 y 2010 del Banco de Valencia, fundándose la acusación en el desacuerdo de los inspectores del Banco de España con algunas de las calificaciones de acreditados y de las provisiones fijadas en los balances de la entidad de aquellos años.

En relación a la actuación del Banco de España, el juzgado señala que “no puede por menos que ponerse de manifiesto que resulta harto complicado llegar a apreciar en los acusados el dolo de falsear las cuentas del Banco de Valencia de los ejercicios de los años 2009 y 2010, cuando todos ellos eran conocedores de que dicha entidad bancaria se encontraba sometida a una inspección continuada por el Banco de España, al menos desde el año 2008, y que los inspectores se encontraban en continuo contacto con los directivos del Banco de Valencia por lo que había una altísima probabilidad de que cualquier dato inveraz fuera detectado por los inspectores”.

Por ello, el magistrado concluye que solo cabe dictar una sentencia absolutoria para todos los acusados pues no ha de olvidarse que el principio de presunción de inocencia reconocido en la Constitución exige que la actividad probatoria de cargo que se practique en el juicio, bajo los principios de inmediación y contradicción, debe ser suficiente para generar en el tribunal “la evidencia de la existencia, no solo, de un hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado”.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y los empresarios Bautista Soler, María Victoria Soler y Vicente Fons a devolver solidariamente 94 millones de euros al FROB, que tuvo que rescatar la entidad con dinero público por el agujero que dejaron con prácticas de administración desleal.

Conforme recuerda la Sala, la entidad tuvo que ser intervenida por el FROB el 21 de noviembre de 2011 con 4.500 millones de euros para sanear las pérdidas provocadas. Posteriormente, mediante un procedimiento de subasta pública, fue adjudicada a la sociedad “Caixabank, S.A.” por el precio de un euro y a continuación, llevó a cabo un proceso de fusión por absorción de Banco de Valencia.

La sentencia recuerda que “la intervención del FROB viene determinada porque la ley le obliga a intervenir en garantía de la estabilidad del sistema financiero” y cuantifica el perjuicio total 29 millones de euros por encima de lo estimado inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción.

Impone que además de Parra, los Soler y Fons también serán responsables civiles subsidiarias las mercantiles “Construcciones Valencia Constitución, S.L.” (CVC), “Arlette Dome, S.L.”, “Sapa, S.A.”, “Bami Newco, S.A.” y “Inmopark Alicante 92, S.L.”.

“Debe resaltarse el carácter de perjuicio irreversible para el FROB de estas operaciones”, dice el tribunal para explicar que con la venta, mediante subasta pública, a “Caixabank” por un euro al no haber oferta mejor, “se impide la recuperación del citado dinero público derivado de la inyección de capital por otras vías que no sea mediante la responsabilidad civil ex delicto”.

Afirma que “no puede dejar de valorarse que el FROB intervino en cumplimiento de las funciones que le impone la ley en garantía de la estabilidad del sistema financiero, y que el perjuicio causado por las ilícitas disposiciones de fondos que se declaran probadas en la sentencia, forma parte de las causas que colocaron a la entidad en una situación en la que resultaba necesaria aquella intervención”.

La sentencia, de la que ha sido ponente Fermín Javier Echarri, hace referencia a los créditos sin control que bajo mando de Parra se dieron a Bautista Soler, María Victoria Soler y Vicente Fons para comprar acciones de Metrovacesa, “sin un análisis de su viabilidad, incumpliendo su propio Manual sobre la concesión de créditos aprobado por el Consejo de Administración del Banco, sin la adecuada participación de los empleados de la entidad que tenían encomendados la función de análisis y evaluación de riesgo en el proceso de toma de decisiones”.

“Con la sucesiva financiación de las empresas aludidas, el Sr. Parra Soria, infringió conscientemente las obligaciones inherentes a su posición, conculcando los deberes de lealtad y transparencia en relación con la entidad financiera a la que representaba, proporcionando un injustificado trato de favor a las sociedades del ”Grupo Soler“ y provocando, en consecuencia, un perjuicio patrimonial incuestionable a ”Banco de Valencia, S.A.“, dice el fallo.

Administración desleal

Impone así un año y tres meses de cárcel a Parra por administración desleal con un atenuante de reparación del daño que no aplica a Bautista Soler, María Victoria Soler, y Vicente Fons, sentenciados como cooperadores necesarios de un delito continuado de administración desleal a la pena para cada uno de ellos de dos años de prisión.

Asimismo, condena al empresario Rafael Ruiz Jarabo, como cómplice criminalmente responsable de un delito continuado de administración desleal, respecto de las operaciones relativas a 'Arlette Dome', a la pena de nueve meses de prisión.

Tanto Parra como los otros cuatro condenados (Rafael Ruiz Jarabo, Bautista Soler Crespo, María Victoria Soler, y Vicente Fons) quedan absueltos del delito continuado de apropiación indebida y del delito de falsedad documental continuada.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del expresidente de la Generalitat valenciana José Luis Olivas y de otros 47 exdirectivos de Bancaja y Banco de Valencia por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México que supusieron “una auténtica operativa de desfalco” para las entidades. En opinión de los magistrados, resultaría “increíble” que Olivas no hubiese estado al tanto.

Por estas operaciones inmobiliarias, que tuvieron un valor de 750 millones de euros, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ya ha abierto juicio oral contra los 48 exdirectivos, a los que ha impuesto además una fianza conjunta solidaria que asciende a más de 1.437,78 millones de euros.

Así, el magistrado requiere a Olivas, Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Alfonso Monferrer Daudí, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó, Juan Poch, Fernando Rodríguez Toral, Luis Candela, Marc Smet y Daniel Henry Kragt para que presten, de forma conjunta y solidaria, la cantidad de 639.268.905 euros con el fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que pudiera imponérseles.

En el caso de José Cortina Orrios y Rafael Tomás Codoñer Seguí, el juez les requiere igualmente por importe de 406.160.000 euros, mientras que para el resto de acusados -otras 35 personas- se fija una fianza en los mismos términos por una cantidad de 392.360.000 euros.

El auto, que recoge los escritos de acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Bankia Habitat y Banco de Valencia (Caixabank), da un plazo de diez días a las defensas para que presenten sus escritos de conformidad o disconformidad y señala a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento.

De Egea envía a juicio a los 48 exdirectivos al considerarles responsables de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

Inversiones de enorme magnitud

Según el relato de los hechos que hizo la magistrada Carmen Lamela, la anterior jueza instructora, entre 2005 y 2009 Bancaja --una de las siete cajas que actualmente integra Bankia-- y Banco de Valencia --absorbida por Caixabank-- participaron en inversiones inmobiliarias “diversas y de una enorme magnitud económica” en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Corald.

En palabras de la magistrada, “los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch”, beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros.

En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, todos ellos procesados.

En la confirmación del procesamiento que hace la Sala de lo Penal, los magistrados consideran que “no se puede establecer” que Olivas fuera “ajeno a los acontecimientos analizados” y el hecho de que fuera presidente no ejecutivo “será una cuestión a dirimir en el juicio oral”.

En todo caso, recuerdan que las dos entidades presididas por Olivas fueron las “financiadoras” de las operaciones inmobiliarias, de modo que resulta “increíble que no estuviera al tanto, sino al revés, pues le incumbía presidir los consejos de administración en que se aprobaban” los mencionados proyectos. PAGARON A OLIVAS 14 VIAJES A CUBA

La operativa se llevó a cabo de cinco operaciones: los proyectos 'Emerald', 'Zacatón', 'Piedras Bolas' y 'Vinoramas'; movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de Ferri y Baldó. Según el auto de procesamiento, toda esta operativa estaba “realmente” dirigida “desde dentro” de las entidades porque a Izquierdo y Parra “les guiaban espurios intereses económicos” conjuntos con Ferri y Baldó, a lo que se unió la “postura consentidora” de Olivas, entre otros.

Sobre el expresidente valenciano, Lamela sostenía que “conoció y alentó las inversiones millonarias” que se estaban realizando en Grand Corald, lo que entiende como un “continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó”, de tal manera que éstos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, le pagaron hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.

Ahora, la Sala de lo Penal comparte este argumento afirmando que “se trató de un favorecimiento económico de forma sistemática e injustificada” llevado a cabo por Bancaja y Banco de Valencia, “amén de la alusión a unos viajes de ocio en 14 ocasiones de los que resultó beneficiado el señor Olivas”.

A lo largo de la investigación de la Audiencia Nacional se ha determinado que los consejos de administración de Bancaja permitieron las operaciones “en claro menoscabo de la entidad”, con múltiples irregularidades y la ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, “constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Corald, lo que se valora en 750 millones de euros”.

Asimismo, durante la instrucción se pudo determinar una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta de la empresa Summerville, en la que se recibieron 16 millones de dólares de la “injustificable plusvalía” de la operación 'Zacatón' y 'Piedras Bolas', que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldó y Poch.

Por este motivo, la Fiscalía pide para Parra e Izquierdo 12 años de prisión por los presuntos delitos de apropiacion indebida y blanqueo de capitales, los mismos que para los empresarios Ferri, Baldó y Poch, mientras que a Olivas le atribuye sólo el primero de los delitos y solicita para él 6 años de cárcel. Para los otros 42 procesados, el Ministerio Público reclama penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes a las 10.00 horas las presuntas irregularidades inmobiliarias de Banco de Valencia y que se estima causaron un perjuicio a la entidad de unos 160,4 millones de euros.

En concreto, el tribunal juzgará las operaciones inmobiliarias denominadas Nou Litoral, Valencia Viviendas y Faverche Desarrollos y sentará en el banquillo de los acusados el ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra.

También están acusados en esta pieza sobre las irregularidades en la entidad valenciana el exdirector de Sociedades Participadas Inmobiliarias Alfonso Monferrer; los empresarios Salvador Vila, Juan Bautista Soler y Fernando Polanco; el notario Carlos Pascual de Miguel; y Teresa Villalba.

El FROB calcula que Nou Litoral le ha provocado un quebranto de 83,2 millones de euros; Valenciana de Viviendas, de 47,4 millones; y Faverch, de 29,8 millones. El fondo de rescate indicaba en su querella que se trató de “operaciones de financiación verdaderamente ruinosas para la entidad, con la intención de obtener un lucro para los diversos 'socios' del banco y generando un perjuicio evidente para Banco de Valencia”.

En el caso de Nou Litoral, sociedad de gestión de suelo constituida por el banco en 2003 junto a cuatro promotores inmobiliarios -entre ellos Salvador Vila y Juan Bautista Soler- Banco de Valencia adquirió una deuda de 109,6 millones de euros que el FROB se ha visto obligado a refinanciar para la compra de terrenos en Chiva.

Con Valenciana de Viviendas, el banco financió la adquisición de suelo en Vergel y Patraix a través de la sociedad participada, en beneficio del empresario Vila y Urbanas de Levante. En cuanto a la sociedad Faverch Desarrollos SL, la entidad aportó una elevada financiación para la compra de terrenos también en Chiva con la intervención del empresario Fernando Polanco y su mujer.

Bankia Habitat, filial inmobiliaria de la entidad financiera, acusa a los exdirectivos de Banco de Valencia Domingo Parra y de Bancaja Aurelio Izquierdo, así como a los cinco hermanos Calabuig, que dirigen Aguas de Valencia, de administración desleal y de causar un perjuicio de más de 29 millones de euros.

En un escrito presentado ante el juzgado central de instrucción n 1 de la Audiencia Nacional, Bankia Habitat señala al ex director financiero de Bancaja Aurelio Izquierdo, al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, y a los hermanos Eugenio, Enrique, Celia, Pedro y Mercedes Calabuig, para los que solicita dos años de prisión y una indemnización de 28,2 millones de euros.

Los hechos se remontan a 2009, cuando Bancaja Habitat, que posteriormente daría lugar a Bankia Habitat, se hizo con un 46,40 % de Costa Bellver, sociedad dedicada al desarrollo inmobiliario, mediante la adquisición de 773 acciones.

De esas 773 acciones, 536 fueron adquiridas a Aguas de Valencia por un importe total de 42,2 millones de euros -84.425 euros por acción, y otras 237 a la familia Calabuig y a Fomento Urbano de Castellón (Fucsa), también controlada por los hermanos, por un importe total de 19,8 millones de euros, -83.780 euros por acción-.

En total, Bancaja Habitat invirtió 65,1 millones de euros en acciones de Costa Bellver.

El documento presentado en la Audiencia Nacional destaca que “llama extraordinariamente la atención que el importe abonado por Bancaja Habitat fue un 195 % superior al precio pagado por Fucsa y por Mercedes Calabuig dos meses antes”.

Asimismo, resulta “sorprendente” que se inviertan 65,1 millones de euros “en el año 2009, en plena crisis inmobiliaria, para adquirir una participación minoritaria, del 46,40 %, en una sociedad inmobiliaria controlada y gestionada por miembros de la familia Calabuig sin que Bancaja Habitat se reservase ningún derecho que pudiese proteger sus intereses”.

Según Bankia, los administradores de Bancaja Habitat autorizaron la inversión “sin contar con una tasación realizada por un tasador homologado por el Banco de España”, y pagaron más de 80.000 euros por acción cuando su precio real apenas sobrepasaba los 16.000.

Fucsa y los miembros de la familia Calabuig habrían generado unas plusvalías “muy elevadas derivadas de la venta de dichas acciones por importes muy superiores al precio pagado en su adquisición”; en concreto, un informe de KPMG estima que los Calabuig obtuvieron por este concepto más de 90 millones de euros.

En su escrito Bankia recuerda que Parra e Izquierdo “tenían una relación comercial anterior” con los Calabuig, ya que a través de la sociedad Gestor Inversiones IZPA, controlada al 50 % por ambos, realizaron distintas operaciones mercantiles con los hermanos “en su propio interés y beneficio”, lo que implica un “patente conflicto de interés”.

La diferencia entre el perjuicio de 29,2 millones y los 28,2 de indemnización estriba en el millón de euros obtenido en 2016 con la venta de las acciones de Costa Bellver.

Parra e Izquierdo están también acusados en la Audiencia Nacional, junto con los expresidentes de Bancaja Jose Luis Olivas y de Banco de Valencia Antonio Tirado de administración desleal y blanqueo en el proyecto Grand Coral en México.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Oliva, a los empresarios Juan Ferri y José Baldó y otras 45 personas por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México por el valor de 750 millones de euros que supuso “una auténtica operativa de desfalco” de Bancaja y Banco de Valencia.

En un auto con fecha del pasado 31 de julio, la magistrada instructora --que en septiembre pasará a formar parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-- ha concluido la instrucción que comenzó en junio de 2015 al considerar que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

Por otro lado, la juez también acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía. Además, emplaza a las acusaciones a que en un plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.

Compromís pedirá la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre en el rescate y posterior venta por 1 euro del Banco de Valencia y buscará apoyos de los demás grupos parlamentarios para abrir la investigación. El portavoz en las Corts, Fran Ferri, y en la Cámara Baja, Joan Baldoví, han mantenido este jueves una reunión en la que han acordado abrir esta vía.

Los portavoces recuerdan que en 2011 el Banco de España intervino el Banco de Valencia, un proceso en el que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) inyectó más de 5.000 millones de euros para garantizar la viabilidad de la entidad. Más tarde, se vendió la entidad a Caixabank por un euro “sin realizar ningún procedimiento público de licitación”, han indicado.

“Los valencianos nos merecemos una respuesta, nos merecemos que alguien nos diga por qué se regaló una parte muy importante de nuestro sistema financiero, gestionado siempre por políticos o ex políticos del PP, por un solo euro. Entendemos que alguien tiene que decir algo al respecto y asumir responsabilidades. Tienen que explicar bien claro a toda la sociedad valenciana por qué un banco como ese se puede vender por un euro”, ha señalado Baldoví.

Según ha apuntado Ferri, el objetivo de esa comisión sería “depurar todas las responsabilidades, e incluso, examinar si hay alguna responsabilidad contable para poder recuperar el dinero regalado a la banca”.

“Queremos saber por qué se tomó esta decisión y a cambio de qué se regaló por un euro una entidad valorada en 5.000 millones de euros. Queremos saber por qué se nos utilizó a los valencianos como moneda de cambio. Para los valencianos esta sospechosa venta del Banco de Valencia también supuso la desaparición casi completa de nuestro sistema financiero”, ha dicho.

Tres de les cinc entitats financeres que més diners públics van costar rescatar són valencianes. A més totes elles van suposar quasi la meitat del global del rescat (el 48,7%), amb un cost de 29.555 milions d'euros dels 60.718 milions del total.

Així ho ha estimat el Tribunal de Comptes en el seu informe de fiscalització de la labor de reestructuració financera que ha dut a terme el FROB (el braç financer de l'Estat). D'aquesta forma ha actualitzat la intervenció pública realitzada entre 2009 i 2015.

Concretament són BFA/Bankia (encara que aquesta suposava la fusió de Bancaixa amb Caja Madrid i altres caixes menors) que se situa en segon lloc del ranquing amb 12.346.843.000 euros; a continuació, en el tercer lloc, se situa la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), amb 11.064.872.000 euros; i en cinquè lloc tanca el llistat el Banco de Valencia, amb 6.142.824.000 euros.

La situació dels bancs valencians va suposar en el cas de la CAM la seua absorció per part del Banc de Sabadell amb la compra simbòlica per un euro al desembre de 2011, però es comprometia a assumir el 80% del seu deute. D'altra banda CaixaBank també comprava per un euro el Banco de Valencia, encara que en aquest cas es feia càrrec sols del 27,5% del deute, la resta ho assumia l'Estat.

Tres de las cinco entidades financieras que más dinero público costaron rescatar son valencianas. Además todas ellas supusieron casi la mitad del global del rescate (el 48,7%), con un coste de 29.555 millones de euros de los 60.718 millones del total.

Así lo ha estimado el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de la labor de reestructuración financiera que ha llevado a cabo el FROB (el brazo financiero del Estado). De esta forma ha actualizado la intervención pública realizada entre 2009 y 2015.

Concretamente son BFA/Bankia (aunque esta suponía la fusión de Bancaixa con Caja Madrid y otras cajas menores) que se sitúa en segundo lugar del ranquing con 12.346.843.000 euros; a continuación, en el tercer puesto, se sitúa la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), con 11.064.872.000 euros; y en quinto lugar cierra el listado el Banco de Valencia, con 6.142.824.000 euros.

La situación de los bancos valencianos supuso en el caso de la CAM su absorción por parte del Banc de Sabadell con la compra simbólica por un euro en diciembre de 2011, pero se comprometía a asumir el 80% de su deuda. Por otra parte CaixaBank también compraba por un euro el Banco de Valencia, aunque en este caso se hacía cargo solo del 27,5% de la deuda, el resto lo asumía el Estado.

José Luis Olivas Martínez (Motilla de Palancar, Cuenca, 1952) ha sido uno de los próceres del PP valenciano durante casi 30 años. Conseller de Economía, presidente de la Generalitat y luego presidente de Bancaja, el exvicepresidente de Bankia puede cerrar su existencia con años de miseria tras otros de gloria.

Este miércoles ha quedado visto para sentencia el primer proceso de su calvario judicial: La Fiscalía pide contra él tres años de prisión por fraude fiscal. Olivas, cuando era presidente de Bancaja, la caja de ahorros quebrada durante su mandato, cobró 580.000 euros por intermediar en la venta de unas acciones de una empresa de energías renovables.

Las participaciones eran de Sedesa, compañía de Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes procesado por la visita del Papa a Valencia. Y el potencial comprador, Iberdrola , empresa participada por Bancaja. Olivas era miembro del consejo de administración de la compañía eléctrica en el momento de la operación, 2008. Su remuneración era un porcentaje del beneficio generado: una plusvalía de 39,3 millones de euros.

“Defendía los intereses de Bancaja y Cotino, también los de Iberdrola, que quería tener un parque eólico en la Comunidad Valenciana. No tenía ninguna incompatibilidad”, declaró durante el juicio, sin ningún empacho, Olivas. Ni hacienda ni la Fiscalïa le creen. Dado su desconocimiento del negocio de la energía, las conversaciones iniciadas por ejecutivos de las compañías implicadas y sus cargos en Bancaja e Iberdrola, Olivas, sostienen, no pudo tener un papel relevante o remunerable en la operación.

Es más, creen que el asesoramiento pagado con medio millón de euros “no existió” y se hizo únicamente para ayudar a Cotino a pagar menos dinero al fisco. Y van más lejos: Olivas recibió la contraprestación en pago por un “favor inconfesable”. La abogacía del estado, que también acusa al expresidente de la Generalitat, tampoco se corta: “Merece un reproche ético por representar a todas las partes, a compradores y vendedores en la misma operación. Su posición queda bastante en entredicho”.

Olivas no ha ocultado su indignacion con esa acusación, pero la operación con Cotino se revela ahora -aunque los hechos se remontan a 2008 la investigación arrancó en 2013- como el inicio de su descrédito. Antes lo había sido todo. Licenciado en derecho en la Universidad Complutense, Olivas tuvo una larga carrera política en Valencia. Comenzó en la UCD, de la que fue concejal, pero con la desaparición del partido de Adolfo Suárez se enroló en las filas del PP. En 1987 ya era concejal en la oposición y, cuatro años después, en 1991, responsable de hacienda en el gobierno de Rita Barberá.

En 1995, fue elegido por Eduardo Zaplana, que aquel año inauguraba cuatro lustros de gobiernos valencianos del PP, como conseller de Hacienda. Tenaz y de gran instinto de supervivencia, según un conocido del partido, ya estaba en el núcleo duro del poder.

En 1999 fue vicepresidente en el segundo gobierno Zaplana. Cuando éste abandonó la Generalitat para ser ministro de Trabajo con José María Aznar, fue elegido como presidente, de transición, de la Generalitat. Zaplana ungió a Francisco Camps como sucesor –con el que luego rompió relaciones- pero necesitaba un diputado autonómico que ocupara el Palau desde julio de 2002 hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2003.

Olivas aceptó ser comparsa. A cambio pidió la presidencia de una caja de ahorros valenciana, algo al alcance de la mayoría absoluta del PP autonómico, que ya había cambiado la ley para que Bancaja y CAM (sólo menos grandes que La Caixa y Caja Madrid) estuvieran al albur del poder político. Con su nombramiento como mandamás de Bancaja, aunque en ese momento nadie, ni él mismo, lo vislumbrara, comenzó su declive.

Ahora, con poca vida social y menos aún profesional, intenta defender su honor en los juzgados. “Ha habido permanentemente insinuaciones sobre mi comportamiento, sobre qué escondía esa factura, cuando queda clarísimamente, es evidente, que esa factura se debe a una operación en la que yo intervine y en la que Bancaja ganó 33 millones de euros, y Cotino, que tenía mayor participación en la sociedad, 39 millones de euros”,  ha dicho Olivas, informa Europa Press.

El calvario judicial de Olivas

 A la espera del fallo, la peculiar relación de Olivas con Vicente Cotino puede ser el menor de los problemas para el fugaz expresidente de la Generalitat. Por su participación en el pufo de Bankia -la fusión forzada entre dos cajas quebradas, Bancaja y Caja Madrid,  está imputado por falsedad, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas, y apropiación indebida y administración desleal.  El banco le ha costado al contribuyente más de 20.000 millones de euros.

Olivas también está investigado en otros asuntos: la gestión en Bancaja y Banco de Valencia y la ampliación de capital del Valencia Club de Fútbol. El que recibiera tratamiento de Molt Honorable es repudiado ahora por la sociedad valenciana.

José Luis Olivas Martínez (Motilla de Palancar, Conca, 1952) ha estat un dels eminents del PP valencià durant gairebé 30 anys. Com altres prohoms del partit en l’autonomia, els casos de Carlos Fabra o Rafael Blasco, després de molts anys de glòria pot tancar la seua existència amb uns quants més de misèria. Dimarts començarà oficialment el seu calvari judicial: seurà al banc dels acusats per un delicte contra la Hisenda pública i un altre per falsedat documental. 

L’acusació pública pensa que Olivas, de connivència amb l’empresari Vicente Cotino, va ordir una operació fictícia per a defraudar el fisc. El nebot de Juan Cotino, expresident de les Corts Valencianes, va pagar 580.000 euros a l’expresident de la Generalitat a canvi d’un informe de tres pàgines signat per la seua dona.

El document era, en teoria, un pseudotreball de consultoria: s’hauria assessorat en la venda d’unes participacions de Cotino en una empresa d’energia eòlica a una de les grans companyies del sector, Enel (abans Endesa). L’assessorament d’Olivas va tenir lloc quan era president de Bancaixa i, com a tal, conseller d’Iberdrola, l’elèctrica en què la caixa tenia accions.

La presumpta incompatibilitat d’Olivas per a fer aquesta faena, però, no està en dubte. La fiscalia –demana tres anys de presó i més de 200.000 euros de multa als dos acusats– creu que els 580.000 euros entregats per Cotino a l’expresident de Bancaixa es van fer a canvi de res. L’assessorament argumentat pels processats “no va existir”, diu l’acusació pública. Es va fer, com a mínim, perquè Cotino pagara, irregularment, menys a Hisenda. 

Bankia, Banc de València, Grand Coral i València CF

La perillosa relació d’Olivas amb Vicente Cotino pot ser el menys destacat dels problemes per a l’efímer expresident de la Generalitat, immers en altres causes judicials. Per la seua participació en l’estafa de Bankia –la fusió forçada entre dues caixes en fallida, Bancaixa i Caja Madrid– és investigat per l’Audiència Nacional. 

Olivas, com desenes de membres del consell d’administració, està imputat per falsedat, administració deslleial o fraudulenta, maquinació per a alterar el preu de les coses, i apropiació indeguda i administració deslleial pel fiasco de Bankia. El banc ha costat al contribuent més de 20.000 milions d’euros. 

El desastre de Bankia no és l’únic pel qual s’investiga Olivas. El rescat del Banc de València –l’accionista de referència del qual era Bancaixa– també podria portar Olivas al banc dels acusats. L’entitat va ser venuda a La Caixa per un euro i el compromís de l’Estat d’injectar-hi 5.500 milions d’euros. L’Audiència Nacional imputa a Olivas i a la resta del consell d’administració del banc un delicte de falsedat comptable.

El jutge Santiago Pedraz va assenyalar que els catorze imputats “han de donar explicacions sobre la diferència (....) entre els comptes aprovats i revisats” i els que va fer la Inspecció del Banc d’Espanya. Aquest organisme va detectar el 2009 “nombroses deficiències en la gestió del risc de crèdit i, particularment, en la presa de decisions sobre refinançaments” concedits a empreses de viabilitat dubtosa. 

Olivas també està imputat per l’escàndol Grand Coral: el finançament, amb més de 500 milions de dòlars, de sis operacions immobiliàries a Mèxic. Els receptors dels diners, dos empresaris ara a la presó, haurien desviat més de 130 milions a Andorra i a Suïssa. Tots dos s’estan a la presó, igual que dos exdirectius de Bancaixa. 

Olivas, després de ser detingut, va quedar en llibertat. Està imputat, juntament amb altres exdirectius de la caixa valenciana, per apropiació indeguda i administració deslleial. Es va defensar al·legant que les operacions van ser aprovades per unanimitat pel consell d’administració del banc i que les garanties aportades “cobrien i cobreixen els imports concedits”.

L’expresident de la Generalitat també està imputat per l’ampliació de capital del València Club de Futbol, finançada per Bancaixa el 2009. Olivas va abandonar a les darreries del 2011 els seus càrrecs en el Banc de València i Bankia, per això aquell any va cobrar 656.000 euros. Malgrat les imputacions en cascada, va defensar a ultrança la seua gestió en la seua primera declaració davant de l’Audiència Nacional. 

José Luis Olivas Martínez (Motilla de Palancar, Cuenca, 1952) ha sido uno de los próceres del PP valenciano durante casi 30 años. Como otros prohombres del partido en la autonomía, casos de  Carlos Fabra o Rafael Blasco, tras muchos años de gloria puede cerrar su existencia con otros de miseria. Este martes da comienzo oficial su calvario judicial: se sentará en el banquillo acusado de un delito contra la Hacienda pública y otro de falsedad documental.

La acusación pública cree que Olivas, en connivencia con el empresario Vicente Cotino, urdió una operación ficticia para defraudar al fisco. El sobrino de Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes, pagó 580.000 euros al expresidente de la Generalitat a cambio de un informe de tres páginas firmado por su esposa.

El documento era, en teoría, un pseudotrabajo de consultoría: se habría asesorado en la venta de unas participaciones de Cotino en una empresa de energía eólica a una de las grandes compañías del sector, Enel (antes Endesa). El asesoramento de Olivas se produjo cuando éste era presidente de Bancaja y, como tal, consejero de Iberdrola, la eléctrica en la que caja tenía acciones.

La supuesta incompatibilidad de Olivas para hacer ese trabajo, sin embargo, no está en entredicho. La fiscalía -pide tres años de prisión y más de 200.000 euros de multa a los dos acusados- cree que los 580.000 euros entregados por Cotino al expresidente de Bancaja lo fueron a cambio de nada. El asesoramiento argumentado por los procesados “no existió”, dice la acusación pública. Se hizo, al menos, para que Cotino pagara, irregularmente, menos a Hacienda.

Bankia, Banco de Valencia, Grand Coral y Valencia CF

La peligrosa relación de Olivas con Vicente Cotino puede ser el menor de los problemas para el fugaz expresidente de la Generalitat, inmerso en otras causas judiciales. Por su participación en el pufo de Bankia -la fusión forzada entre dos cajas quebradas, Bancaja y Caja Madrid- está siendo investigado por la Audiencia Nacional. 

Olivas, como varias decenas de miembros del consejo de administración, está imputado por falsedad, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas, y apropiación indebida y administración desleal por el fiasco de Bankia. El banco le ha costado al contribuyente más de 20.000 millones de euros.

El desastre de Bankia no es el único por el que está investigado Olivas.  El rescate del Banco de Valencia -cuyo accionista de referencia era Bancaja- también podría llevar a Olivas al banquillo de los acusados. La entidad fue vendida a La Caixa por un euro y el compromiso del estado de inyectar 5.500 millones de euros. La Audiencia Nacional imputa a Olivas, y al resto del consejo de administración del banco, un delito de falsedad contable.

El juez Santiago Pedraz señaló que los catorce imputados “deben dar explicaciones sobre la diferencia (....) entre las cuentas aprobadas y revisadas” y los que realizó la Inspección del Banco de España. Este organismo detectó en 2009 “numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmente, en la toma de decisiones sobre refinanciaciones” concedidas a empresas de viabilidad dudosa.

Olivas también está imputado por el escándalo Grand Coral: La financiación, con más de 500 millones de dólares, de seis operaciones inmobiliarias en México. Los receptores del dinero, dos empresarios ahora en prisión, habrían desviado más de 130 millones a Andorra y Suiza. Ambos están en prisión, al igual que dos exdirectivos de Bancaja. 

Olivas, tras ser detenido, quedó en libertad. Está imputado, junto con otros exdirectivos de la caja valenciana, por apropiación indebida y administración desleal. Se defendió alegando que las operaciones fueron aprobadas por unanimidad por el Consejo de Administración del banco y que las garantías aportadas “cubrían y cubren los importes concedidos”.

El expresidente de la Generalitat también está imputado por la ampliación de capital del Valencia Club de Fútbol, financiada por Bancaja en 2009. Olivas abandonó a finales de 2011 sus cargos en el Banco de Valencia y Bankia, por lo que ese año cobró 656.000 euros. Pese a las imputaciones en cascada, defendió a capa y espada su gestión en su primera declaración ante la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado una de las piezas que abrió por créditos irregulares contra los responsables del Banco de Valencia, entre ellos su exconsejero delegado Domingo Parra, pese a que el Banco de España ha cifrado en 12,6 millones el perjuicio causado.

En un auto, el magistrado recoge la tesis de la Fiscalía Anticorrupción para concluir que en la “financiación concedida a Royactura no queda acreditada irregularidad alguna relevante desde el punto de vista penal”, y que el perjuicio generado “no era previsible” en 2006, cuando se otorgaron los créditos a Royactura para la adquisición de unos terrenos en Móstoles (Madrid).

Tampoco su refinanciación estuvo “destinada a beneficiar a terceros en perjuicio de las entidades bancarias”, sino que se realizó para eludir las consecuencias del concurso de acreedores que solicitó la sociedad en junio de 2009.

Pedraz ha tomado esta decisión después de que Anticorrupción apoyara recientemente el archivo que había pedido uno de los imputados, Manuel Setién.

Sin embargo, hace menos de un mes, la fiscal Concepción Sabadell, se había opuesto ante los “indicios” de que este podría haber cometido un delito de administración desleal con la financiación otorgada.

Las operaciones consistieron en la concesión de una línea de crédito de 18 millones después ampliada a 40 millones, y en otros cinco créditos otorgados por Bancaja por valor de 20 millones, todos ellos refinanciados tres años después.

Quebranto de 32 millones para BFA-Bankia

Con ellas, el Banco de España ya cifró en 2013 un quebranto para el grupo BFA-Bankia, en la que integró con otras seis cajas, de 32 millones (un 74 % del total) a diciembre de 2012.

La fiscal pidió el archivo después de que dos peritos designados por el Banco de España concluyeran que las operaciones que denunció el Banco de Valencia no se realizaron “de acuerdo con unos principios de gestión prudente”, ya que se financió por importes de alrededor del 100 % del precio de adquisición de los terrenos.

Un precio que además contenía “un elevado componente especulativo”, esto es, la aprobación de un plan que los reclasificaba a urbanizables y unas expectativas de precios y plazos de venta que “no se compadecían con la realidad existente en dicho momento”.

Los dos expertos también confirman que no se realizaron tasaciones hipotecarias de los suelos, “de modo que no se contempló el hecho de que los valores hipotecarios” a la fecha de la concesión de los créditos “resultaban muy inferiores a los precios de compraventa”. Consecuencia de ello es que se alcanzó “un exceso de riesgo” de 15,8 millones.

No se alcanzaron las expectativas

Dado que no se alcanzaron las expectativas, se refinanciaron las operaciones “con perdida de las garantías personales” en 2009, cuando el valor de los terrenos “ha caído muy significativamente” por el empeoramiento de las condiciones de mercado, con una caída de precios del 15 %.

Con todo ello, los valores de tasación se redujeron a los 4,8 millones, “lo que supone para Banco de valencia unas pérdidas de 12,6 millones de euros”, concluían los peritos

El juez imputó por estos hechos a Setién y al ex consejero delegado Domingo Parra, que fueron arrestados la semana pasada junto al expresidente José Luis Olivas y el ex director general Aurelio Izquierdo por haber favorecido presuntamente a dos empresarios amigos en sus inversiones en el Caribe mexicano.

Además, estaban imputados los empresarios Tito José Pajares San Román y José Antonio San Román Hurtado.

El exdirector general de Bancaja y antiguo presidente del Banco de Valencia Aurelio Izquierdo ha depositado la fianza de 500.000 euros que el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González le impuso para salir de prisión en la causa en la que investiga los créditos concedidos para financiar inversiones inmobiliarias en el Caribe, según informaron fuentes jurídicas.

La transferencia por valor de medio millón de euros ha llegado este jueves a la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado, que ha remitido un oficio a la cárcel para que ponga en libertad a quien fuera 'número dos' del expresidente de ambas entidades José Luis Olivas, que declaró un día antes en la Audiencia Nacional por delitos de corrupción.

El magistrado decretó también prisión eludible bajo fianza de medio millón de euros para el ex director general adjunto de Bancaja José Cortina, mientras que dejó en libertad con medidas cautelares al expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas (PP) y envió a prisión incondicional a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, propietarios del grupo Mar Confort y supuestos beneficiarios del “trato de favor” dispensado en las operaciones de Grand Coral.

González, que interrogó durante toda la jornada de este miércoles a siete de los nueve detenidos en la 'operación Coral', acordó la libertad provisional de Olivas a petición de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente y tras imponerle la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado más próximo a su domicilio.

También, quedaron en libertad con la obligación de realizar comparecencias periódicas el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra (una vez al mes); y Julián Dolz, director internacional de Negocio de Bancaja (cada 15 días).

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 atribuye indiciariamente a los siete los delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental. La Guardia Civil también arrestó este lunes a Rafael Tomás Codoñer y Manuel Setién, miembros del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja en esta investigación, que permanece secreta.

La investigación analiza los préstamos supuestamente fraudulentos que Bancaja y el Banco de Valencia otorgaron al Grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar sus inversiones en México.

Más de 500 millones en créditos

Según la Guardia Civil, los préstamos financieros para seis operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano superaron ampliamente los 500 millones de dólares y ocasionaron un quebranto a las entidades financieros de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.

Una vez recibida la correspondiente financiación, los adjudicatarios de los créditos desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.

La investigación se inició con una denuncia presentada en noviembre de 2013 por Bankia Habitat, que atribuyó a los antiguos administradores de Bancaja y Bancaja Habitat y a los empresarios Ferri y Baldó los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

“Obvio perjuicio económico”

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad señala que Bancaja Habitat asumió un riesgo en concepto de financiación que ascendió a 597,24 millones de dólares (sobre un total de 784,41 millones de dólares), de los que ha devuelto 134,12 millones de dólares.

El riesgo que permanecía vivo en esas fechas “como consecuencia de la gestión de los antiguos administradores de Bancaja y Bancaja Habitat” en relación con los préstamos concedidos a Grand Coral alcanza los 467,17 millones de euros. Esta financiación ha tenido que ser provisionada por un importe de 292,84 millones.

Estas operaciones, según la entidad, provocaron un “obvio perjuicio económico” a Bancaja Habitat que se tradujo en “un notorio beneficio económico para” los socios industriales del Grupo Grand Coral, en referencia a Ferri y Baldó.

Créditos dudosos por morosidad

Durante la presidencia de Olivas, Bancaja concedió al menos dos créditos a la sociedad Grand Coral que debieron ser considerados “dudosos por razones de morosidad” desde 2010, ya que la refinanciación aprobada por la entidad “no cumplía con las normas” del Banco de España.

Así consta en el informe pericial elaborado por dos expertos independientes del Banco de España que analizaron la fusión y salida a Bolsa de Bankia, al que tuvo acceso Europa Press, que analiza también el préstamo sindicado de 520 millones de euros que la entidad presidida por Olivas aprobó el 29 de enero de 2010 para llevar a cabo “la refinanciación y reagrupación de la deuda viva” de dos sociedades del Grupo Grand Coral: Playa Paraiso Maya y Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos.

El análisis pericial, que se basa en un informe 'forensic' de auditoría, señala que Bancaja concedió estos créditos por “la incapacidad de las sociedades del Grupo Grand Coral de hacer frente a los vencimientos de las financiaciones”.

El accionariado de Grand Coral estaba formado por Bankia Habitat (40%), Urbanika, SL (10%), Bacavum (sociedad propiedad del Banco de Valencia y la familia Calabuig, 15%), Iljafran (21%) e Inquan (14%). Estas dos últimas sociedades eran propiedad, respectivamente, de los empresarios Ferri y Baldó.

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha dejado en libertad con medidas cautelares al expresidente de la Generalitat Valenciana y Bancaja José Luis Olivas (PP) y ha enviado a prisión a dos exdirectivos de la entidad y dos empresarios tras imputarles delitos de corrupción por los créditos que esta entidad y el Banco de Valencia concedieron para financiar inversiones inmobiliarias en el Caribe, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado, que ha interrogado durante toda la jornada a siete de los nueve detenidos en la 'operación Coral', ha decretado la libertad provisional de Olivas a petición de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente y tras imponerle la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado más próximo a su domicilio.

También han quedado en libertad con la obligación de realizar comparecencias periódicas el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra (una vez al mes); y Julián Dolz, director internacional de Negocio de Bancaja (cada 15 días).

Cuatro a prisión

El juez González también ha decretado el ingreso en prisión eludible con fianza de medio millón de euros para Aurelio Izquierdo, ex director general de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia; y José Cortina, ex director general adjunto de la caja.

De igual modo, ha decretado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, propietarios del grupo Mar Confort y supuestos beneficiarios del “trato de favor” dispensado en las operaciones de Grand Coral.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 atribuye indiciariamente a los siete los delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.

Todos ellos han contestado a las preguntas de la representante del Ministerio Público y de sus defensas, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, que continúan bajo secreto del sumario. La Guardia Civil también arrestó este lunes a Rafael Tomás Codoñer y Manuel Setién, miembros del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja.

La investigación analiza los préstamos supuestamente fraudulentos que Bancaja y el Banco de Valencia otorgaron al Grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar sus inversiones en México.

500 millones en créditos

Según la Guardia Civil, los préstamos financieros para seis operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano superaron ampliamente los 500 millones de dólares y ocasionaron un quebranto a las entidades financieros de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.

Una vez recibida la correspondiente financiación, los adjudicatarios de los créditos desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.

La investigación se inició con una denuncia presentada en noviembre de 2013 por Bankia Habitat, que atribuyó a los antiguos administradores de Bancaja y Bancaja Habitat y a los empresarios Ferri y Baldó los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

“Obvio perjuicio económico”

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad señala que Bancaja Habitat asumió un riesgo en concepto de financiación que ascendió a 597,24 millones de dólares (sobre un total de 784,41 millones de dólares), de los que ha devuelto 134,12 millones de dólares.

El riesgo que permanecía vivo en esas fechas “como consecuencia de la gestión de los antiguos administradores de Bancaja y Bancaja Habitat” en relación con los préstamos concedidos a Grand Coral alcanza los 467,17 millones de euros. Esta financiación ha tenido que ser provisionada por un importe de 292,84 millones.

Estas operaciones, según la entidad, provocaron un “obvio perjuicio económico” a Bancaja Habitat que se tradujo en “un notorio beneficio económico para” los socios industriales del Grupo Grand Coral, en referencia a Ferri y Baldó.

Créditos dudosos por morosidad

Durante la presidencia de Olivas, Bancaja concedió al menos dos créditos a la sociedad Grand Coral que debieron ser considerados “dudosos por razones de morosidad” desde 2010, ya que la refinanciación aprobada por la entidad “no cumplía con las normas” del Banco de España.

Así consta en el informe pericial elaborado por dos expertos independientes del Banco de España que analizaron la fusión y salida a Bolsa de Bankia, al que tuvo acceso Europa Press, que analiza también el préstamo sindicado de 520 millones de euros que la entidad presidida por Olivas aprobó el 29 de enero de 2010 para llevar a cabo “la refinanciación y reagrupación de la deuda viva” de dos sociedades del Grupo Grand Coral: Playa Paraiso Maya y Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos.

El análisis pericial, que se basa en un informe 'forensic' de auditoría, señala que Bancaja concedió estos créditos por “la incapacidad de las sociedades del Grupo Grand Coral de hacer frente a los vencimientos de las financiaciones”.

El accionariado de Grand Coral estaba formado por Bankia Habitat (40%), Urbanika, SL (10%), Bacavum (sociedad propiedad del Banco de Valencia y la familia Calabuig, 15%), Iljafran (21%) e Inquan (14%). Estas dos últimas sociedades eran propiedad, respectivamente, de los empresarios Ferri y Baldó.

José Luis Olivas Martínez (Motilla de Palancar, Cuenca, 1952) ha sido uno de los próceres del PP valenciano durante casi 30 años. Como otros prohombres del partido en la autonomía, casos de Carlos Fabra o Rafael Blasco, tras muchos años de gloria puede cerrar su existencia con otros de miseria, perseguido por la justicia y tal vez en prisión. De Molt Honorable, título que el estatuto valenciano reconoce a sus expresidentes, a muy deshonorable.

Licenciado en derecho en la Universidad Complutense de Madrid, Olivas ha tenido una larga carrera política en Valencia. Comenzó en la UCD, de la que fue concejal, pero con la desaparición del partido de Adolfo Suárez se enroló en las filas del PP. En 1987 ya era concejal en la oposición y, cuatro años después, en 1991, responsable de hacienda en el gobierno de Rita Barberá.

En 1995, fue elegido por Eduardo Zaplana, que aquel año inauguraba cuatro lustros de gobiernos valencianos del PP, como conseller de Hacienda. Olivas, tenaz y de gran instinto de supervivencia, según un conocido del partido, ya estaba en el núcleo duro del poder.

En 1999 fue vicepresidente en el segundo gobierno Zaplana. Cuando éste abandonó la Generalitat para ser ministro de Trabajo con José María Aznar, fue elegido como presidente, de transición, de la Generalitat. Zaplana ungió a Francisco Camps como sucesor –con el que luego rompió relaciones- pero necesitaba un diputado autonómico que ocupara el Palau desde julio de 2002 hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2003.

Olivas aceptó ser comparsa. A cambio pidió la presidencia de una caja de ahorros valenciana, algo al alcance de la mayoría absoluta del PP autonómico, que ya había cambiado la ley para que Bancaja y CAM (sólo menos grandes que La Caixa y Caja Madrid) estuvieran al albur del poder político. Con su nombramiento como mandamás de Bancaja, aunque en ese momento nadie, ni él mismo, lo vislumbrara, comenzó su descenso al infierno.

Eso sí, antes hubo años de gloria. Olivas, en Bancaja y también desde la presidencia del Banco de Valencia, un banco que cotizaba en bolsa pero estaba controlado por la caja, presumía de resultados año tras año. En plena burbuja inmobiliaria, todos los días eran de vino y rosas.

2007, el mejor ejercicio del banco público, presentó unos resultados espectaculares: 81.000 millones en créditos vivos y 491 millones de beneficios. De morosidad ni se hablaba, y, para frenar a los agoreros que veían nubarrones económicos, Olivas no se cortaba: La situación de incertidumbre “va desapareciendo” gracias a la solidez del sistema financiero español, dijo entonces.

De la solidez al descrédito

En esa época, Olivas fue clave en la operación que ha provocado su detención y declaración en la Audiencia Nacional: el préstamo de 500 millones para operaciones inmobiliarias en el Caribe sin suficientes avales, eludiendo los controles y protocolos correspondientes y, una vez detectado el fiasco, no tomando las medidas pertinentes.

Esa y otras operaciones destrozaron el sistema financiero valenciano, y gran parte del español. Bancaja y Caja Madrid se fusionaron para protagonizar el famoso fiasco de Bankia. Y Banco de Valencia fue absorbido por La Caixa. La CAM había sido regalada por el estado a Banco Sabadell. Olivas, tras dejar su último cargo financiero en Bankia, en 2011, defendía su gestión, pero ya había caído en el descrédito.

En Valencia apenas se dejaba ver. Fue el único expresidente de la Generalitat que no acudió a la proclamación del socialista Ximo Puig y ha llegado a ser increpado en restaurantes y otros lugares públicos. Desde que se ordenó la apertura de juicio oral contra él por cobrar medio millón de euros de una factura falsa, no acude a ningún acto oficial. Olivas también está imputado en el caso Bankia, el caso Banco de Valencia y la ampliación de capital del Valencia Club de Fútbol, financiada por Bancaja pese a que la entidad estaba quebrada. Cinco asuntos judiciales que hostigan al Molt (des)Honorable José Luis Olivas.

Bancaja concedió durante la presidencia de José Luis Olivas, detenido este martes junto a otras ocho personas por su gestión al frente de la entidad, al menos dos créditos a la sociedad Grand Coral que debieron ser considerados “dudosos por razones de morosidad” desde 2010, ya que la refinanciación aprobada por la entidad “no cumplía con las normas” del Banco de España.

Así consta en el informe pericial elaborado por dos expertos independientes del Banco de España que analizaron la fusión y salida a Bolsa de Bankia, al que tuvo acceso Europa Press, que analiza también el préstamo sindicado de 520 millones de euros que la entidad presidida por Olivas aprobó el 29 de enero de 2010 para llevar a cabo “la refinanciación y reagrupación de la deuda viva” de dos sociedades del Grupo Grand Coral: Playa Paraiso Maya y Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos.

El análisis pericial, que se basa en un informe 'forensic' de auditoría, señala que Bancaja concedió estos créditos por “la incapacidad de las sociedades del Grupo Grand Coral de hacer frente a los vencimientos de las financiaciones”.

La estructura del grupo, que desarrolló la construcción de hoteles y viviendas de lujo en el Caribe mexicano, se articuló en un doble nivel con sociedades domiciliadas en Holanda que no realizaron “ningún tipo de actividad inmobiliaria” y una serie de filiales mexicanas que se encargaron de las actividades de promoción.

El accionariado de Grand Coral estaba formado por Bankia Habitat (40%), Urbanika, SL (10%), Bacavum (sociedad propiedad del Banco de Valencia y la familia Calabuig, 15%), Iljafran (21%) e Inquan (14%). Estas dos últimas sociedades eran propiedad, respectivamente, de los empresarios Juan Vicente Ferri y Jose Salvador Baldó, también arrestados en la denominada 'operación Coral'.

Créditos encadenados

En enero de 2010, la deuda viva de Playa Paraíso Maya con Bancaja era de 93,9 millones de dólares, mientras que la de Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos alcanzaba los 10,7 millones de dólares, según recogía este informe. “El resto de la financiación a las citadas sociedades era de Banco de Valencia y la sucursal en Miami de Bancaja”, señala el análisis, que añade que ninguna de las dos sociedades aportaron “tasaciones actualizadas” de las fincas de las que disponían.

El análisis también apunta que en 2009, “ante la imposibilidad” de Playa Paraíso Maya de hacer frente al pago de las primeras cuotas de un préstamo de 99,4 millones de dólares concedido en 2005, la compañía solicitó una renovación a Bancaja que se aprobó el 21 de mayo de 2009. Una de las operaciones tuvo el objetivo de pagar tres millones de dólares de carga financiera.

La refinanciación implicaba, según el estudio de auditoría, “dar solución a las insuficiencias de liquidez de todo el Grupo Grand Coral y renovar los vencimientos de deuda viva en 2009, concediendo un plazo de carencia de 24 meses y posteriormente amortizaciones anuales (cuota que fue impagada en la primera amortización)”.

El destino de la refinanciación se destinó a cancelar la financiación viva concedida por Bancaja y el Banco de Valencia y atender el servicio de la deuda. “La deuda viva en Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos, a la fecha de formalización del préstamos sindicado (reestructuración y refinanciación) consistía en un préstamo concedido por Bancaja por importe de 14,51 millones de dólares y que estaba impagado en 10,71 millones”, señala el informe.

El expresident de la Generalitat y expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, ha tenido que ser atendido este lunes en la unidad de Urgencias del Hospital Peset de Valencia, en una jornada en la que ha sido detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a otras ocho personas más en el marco de la denominada 'operación Coral'.

Fuentes del centro hospitalario han confirmado a Europa Press que el expresidente -cuya indisposición no han precisado- ha pasado durante un breve periodo de tiempo por Urgencias del hospital, de donde ya ha recibido el alta.

La Guardia Civil ha detenido este lunes a Olivas y a otras ocho personas más, acusadas de diversos delitos de corrupción derivados de actividades desarrolladas por Bancaja y Banco de Valencia, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Además de las detenciones, se han practicado seis registros en domicilios y empresas de Barcelona y Valencia.

La operación tiene relación con la concesión de una serie de créditos bancarios para desarrollar operaciones en el Caribe que, según creen los investigadores, se concedieron sin cumplir los requisitos necesarios. Fuentes de la investigación han precisado que los dos empresarios detenidos son los propietarios del grupo Mar Confort, Juan Ferri y José Baldó.

Un exdirectivo del Banco de Valencia ha corroborado este miércoles las importantes discrepancias que surgieron para contabilizar las existencias de Acuigroup Maremar, fundada por el exministro Antoni Asunción, y los exresponsables de la entidad cuando tomaron el control de la piscifactoría.

Así, ha comparecido como testigo en la Audiencia Nacional un exasesor jurídico del banco valenciano, con el que Pedraz ha concluido por el momento los interrogatorios previstos en la causa en la que mantiene imputado a Asunción y a su exsocio Társilo Piles por delitos de administración fraudulenta y apropiación indebida, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Cuando en julio de 2010 Banco de Valencia se hizo con el 68,01 % del capital de la empresa a través de su participada Inversiones Valencia SCR, su entonces director gerente, Fernando Pemartín, informó de potenciales incorrecciones en la valoración de las existencias, que pudieron suponer una sobrevaloración de las mismas.

La corrección de la cuenta de resultados del grupo conllevó una pérdida entre 2010 y 2011 de aproximadamente 20 millones de euros, mientras el resultado del primero de los ejercicios fue de 60,6 millones.

Cuando IV SCR y Banco de Valencia supieron de la existencia de estas incorrecciones, encargaron a Deloitte un análisis de lo ocurrido, que concluyó en julio de 2011 el desfase en las existencias de entre 25 y 30 millones de euros.

Sin embargo, desde la piscifactoría alegaron que esas diferencias en las existencias se debieron a cuestiones climatológicas que perjudicaron la producción y que el banco no supo asegurar, según indicó ayer al magistrado el expresidente de la Fundación Valencia CF, Társilo Piles.

Como hiciera Asunción, arremetió contra los exresponsables de la entidad por la gestión que hicieron de su empresa.

El exministro de Interior subrayó tras declarar en la Audiencia Nacional que “fue un error dejar entrar” al Banco de Valencia en su piscifactoría, al tiempo que acusó a los exgestores de la entidad de “hundir” una sociedad que hoy podría estar “en la primera línea” del sector.

El exministro socialista Antoni Asunción ha asegurado este martes en la Audiencia Nacional que “fue un error dejar entrar” al Banco de Valencia en su piscifactoría Acuigroup Maremar, y ha acusado a los exgestores de la entidad de “hundir” una sociedad que hoy podría estar “en la primera línea” del sector.

Asunción ha declarado ante el juez Santiago Pedraz, que le imputó un delito de administración fraudulenta y otro de apropiación indebida por la venta de la empresa que fundó junto al expresidente de la Fundación Valencia FC Társilo Piles, que deberá comparecer mañana.

Según el exresponsable de Interior, ha conseguido “aclarar” el asunto al magistrado y se ha referido a la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia del 1 de diciembre de 2014, que desestimó el recurso de Inversiones Valencia SCR, participada al 100 % por el Banco Valencia.

“Hay una sentencia ya firme y no hay ninguna novedad que no estuviera resuelta en ella”, ha subrayado Asunción, que ha mostrado su confianza en que con ella logre acabar “con este conflicto”.

El imputado ha subrayado que su relación con los responsables de la entidad era simplemente “comercial” y “no había amistad por medio” ni “favoritismos de ningún tipo”, sino que, “al contrario”, les han “hundido la empresa”, hoy en manos de la familia canadiense Cooke.

“Fue un error dejarles entrar”, ha lamentado Asunción, que ha apuntado directamente a los “gestores que puso el Banco de Valencia, Celestino Aznar y Fernando Pemartín”, como los responsables de haber perdido una empresa “boyante y con una proyección impresionante”.

Adquisición del 20% de la piscifactoría

El Consejo de Administración de la entidad aprobó en junio de 2006 adquirir un 20% de Acuigroup a través de IV SCR bajo la condición de elaborar un informe de revisión contable, que concluyó la inexistencia de contabilidad en 2006, mientras que no se pronunciaba sobre las existencias, según un informe del Banco de España que consta en la causa.

Pese a que no se informó al Consejo, la entidad “consideró que la empresa valía 30 millones y se desembolsaron 6, de los que 3 se pagaron en una ampliación de capital y los restantes a los anteriores socios que, no obstante, mantuvieron” la gestión.

En julio de 2010, la Junta General de la piscifactoría acordó un aumento de capital de 2,3 millones, que fue íntegramente asumido por IV SCR, la cual desembolsó a su vez una prima de asunción de 2,7 millones. Así, se hizo con el 68,01 % del capital, mientras Asunción y Piles permanecían como titulares del 31,85 %.

Pero en esa fecha, la piscifactoría “ya se encontraba en situación de impago generalizado” y, en octubre, Banco de Valencia “obtuvo evidencias de la manipulación contable de las existencias”, motivo por el que se encargó un estudio jurídico a Garrigues.

“Potenciales incorrecciones”

Este despacho señaló que una vez adquirió la participación mayoritaria, el nuevo director gerente de IV SCR, Fernando Pemartín, “comienza a informar” de la existencia de “potenciales incorrecciones en la valoración de las existencias, que podrían suponer una sobrevaloración de las mismas”.

La corrección de la cuenta de resultados del grupo supuso una pérdida entre 2010 y 2011 de aproximadamente 20 millones, “una magnitud muy relevante en comparación” con el resultado del primero de los ejercicios, que fue de 60,6 millones.

Cuando IV SCR y Banco de Valencia supieron de la existencia de estas incorrecciones, encargaron a Deloitte un análisis “en profundidad” de lo ocurrido, que concluyó en julio de 2011 el desfase en las existencias de entre 25 y 30 millones de euros.

Además, Banco de Valencia “perdió garantías personales”, ya que en una póliza de 2011 por la que se otorgó un crédito de 11 millones a Acuigroup -que se sumaban a los 6 millones de la toma de la participación-, los anteriores propietarios de la compañía redujeron su garantía personal, remataba el supervisor.