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Juicio contra un expresidente de la Generalitat Valenciana por defraudar a Hacienda

José Luis Olivas se sentará en el banquillo por cobrar medio millón de euros con una factura falsa a Vicente Cotino, sobrino del expresidente del parlamento valenciano

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José Luis Olivas, en la salida a bolsa de Bankia.

José Luis Olivas, en la salida a bolsa de Bankia.

Jose Luis Olivas, expresidente de la Generalitat y de Bancaja, será juzgado por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por unos trabajos facturados a Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino.

La fiscalía pide 3 años de prisión para ambos. Cree probado que el empresario pagó a Imarol, sociedad de Olivas y de su mujer, 500.000 euros más 80.000 euros de IVA por unas supuestas actividades de gestión y asesoramiento en la venta de una participación de una empresa de energías renovables de Cotino a la multinacional Endesa.

La acusación pública cree que ese asesoramiento nunca se produjo, que la actividad "no existió". En otras palabras, el pago de Cotino a Olivas fue un regalo "que en ningún caso puede ser considerada gasto deducible en el Impuesto de Sociedades". Según Levante-EMV, que adelanta la noticia, contra la decisión del juez de celebrar el juicio no cabe recurso.

Un referente del PP

Olivas ha sido un referente del PP valenciano durante más de 20 años. Concejal en el Ayuntamiento de Valencia, conseller de Economía, presidente de la Generalitat entre los mandatos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, fue premiado por el partido con la presidencia de Bancaja, la caja de ahorros valenciana (ahora integrada en Bankia) más grande.

Olivas también está imputado por su gestión en Bankia y en el Banco de Valencia –controlado antes de su venta a La Caixa por Bancaja- por falsedad documental, delitos societarios y administración desleal.

Cotino, un empresario mimado por el PP

El sobrino de Juan Cotino también es un empresario bajo sospecha. Tenía parte de Valmor, la empresa que organizó la Fórmula 1 en Valencia y fue rescatada de la quiebra con dinero público. Y sus empresas –Sedesa y otras- recibieron adjudicaciones de cientos de millones de euros de administraciones controladas por el PP.

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