¿Cuántos jueces hacen un lawfare?

En un momento en el que media profesión periodística huele el cambio de ciclo y parece estar en modo 'búsqueda activa de empleo' pensando en lograr acomodo en la futura administración, los periodistas se han convertido en sospechosos. Si es, o parece, de izquierdas, porque es, o parece, de izquierdas; si es o parece de derechas, porque es o parece de derechas. Pero también hay margen de confianza para algunos. Por ejemplo, Fernando Garea tiene una trayectoria suficientemente solvente para imaginar que pueda dar una opinión personal de manera honesta o sin dobleces, independientemente del medio en el que lo haga. Pero esta semana, en la lotería de los pogromos de las redes sociales, le ha tocado a él.

Su crimen ha sido un argumento que creo que está equivocado, pero no deja de tener su lógica y, seguramente, su parte de razón. Según él, así lo dijo en Hora 25, uno de los motivos para descartar que exista lawfare en España es que en los tres juicios más sonados que afectan al Gobierno -la condena al hermanísimo, el caso Begoña Gómez y el del fiscal general del Estado- participaron cerca de treinta jueces, demasiados para poder hablar de lawfare.

Además, añado, no todos han ido en la misma dirección: solo hay que ver las manos de hostias que se ha llevado el juez Peinado a lo largo de su penosa instrucción para ver que las garantías existen. El problema, también de cantidad, es cuántas garantías son esas porque la humillación de que le retiren el pasaporte a Begoña Gómez -un honor que el exministro for sale Cristóbal Montoro parece no merecer- no se la quita nadie; la sanción que se merece Peinado por actuar así, en cambio, no llegará nunca. La impunidad es el motor del lawfare.

En materia de conspiraciones -y el lawfare lo es- la cuestión numérica es importante. En la misión Apolo XI, la que llevó al hombre a la Luna, participaron unas 400.000 personas. Demasiadas para pensar que ninguna se hubiera ido de la boca. En el caso de Kennedy, según el recuento de Vicent Bugliosi, tuvieron que tomar parte no menos de 80 personas, solo para cometer el asesinato. Demasiados para un plan secreto. ¿Significa eso que 30 jueces, de distintos lugares y tribunales, son demasiados para descartar una conspiración? No creo.

El problema no es tanto de número como de dinámicas. El objetivo del lawfare no es solo la condena sino la pena de banquillo si, por casualidad, el proceso acaba anulándose. Es lo que ocurrió con Lula da Silva o con el exprimer ministro portugués José Sócrates. En España, el exjuez Garzón -que no es santo de mi devoción- podría hablar del tema con conocimiento de causa: ni la ONU ha conseguido que se le haga justicia.

Si el problema es de dinámica, hay que pensar que el lawfare no es cuestión de voluntades individuales sino algo más profundo. Que la justicia en España cojea del pie derecho no lo pueden negar ni los mudos. De las tres asociaciones de jueces más representativas, una (la Asociación Profesional de la Magistratura) es muy de derechas (de brazo en alto, sin duda) y otra, solo muy conservadora (la Asociación Judicial Francisco de Vitoria). Solo estas dos suman el 75% de los magistrados asociados a alguna de las seis organizaciones de este tipo que existen. Ese tufillo franquista es el que explica, sin necesidad de lawfare, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no viera delito de odio en una agresión a un homosexual al grito de “te voy a hacer hetero a hostias”.

Pero volvamos a los guarismos. ¿Treinta son muchos o pocos? Difícil saberlo. Sería interesante conocer cuántas de sus señorías participaron en el juicio a Ahmed Tommouhi, que pasó 18 años en el talego por unas violaciones que no cometió, algo que la sala quinta de lo Contencioso-Administrativo del Supremo calificó de error “inequívoco y cualificado”. En esta lista hay que incluir a los togados de la Audiencia Nacional que le negaron incluso la indemnización que, finalmente, sí cobró. Lo importante, ya está dicho, es la impunidad. La pena más dura que les cayó a los que mandaron a Tommouhi a la cárcel fue que la prensa les amargó un desayuno.

Y luego está el derecho creativo, el que no nace de las leyes sino del corazón (o más abajo) de sus señorías. Al fiscal general lo condenaron sin saber si había sido él u otra persona (tal y como declararon todos los periodistas que publicaron la famosa filtración). David Sánchez (y otros ocho funcionarios) ha sido condenado a nueve años de inhabilitación, aunque no esté claro ni quién, ni cuándo, ni cómo presionaron a nadie, un nadie que tampoco está claro si existió. De hecho, para rebatir todos los argumentos en contra, el tribunal acusó a los funcionarios de ser funcionarios (como los propios jueces, por cierto) y por eso pueden haber mentido, olvidando que es precisamente su condición de empleados públicos lo que les permite decir la verdad sin miedo a represalias. En el caso de Begoña Gómez, como no se ha llevado ni un euro, la excusa para condenarla (no hay duda de que el borrador de la sentencia está redactado) es que pudo garantizarle “prestigio académico”, expresión lo suficientemente ambigua como para maliciarse que por ahí van a meter el gol.

Que el lawfare existe es innegable. El Gobierno abrió la caja de los truenos el día que decidió dar becas para que no solo los hijos de familia con posible puedan presentarse a las oposiciones. De telón de fondo, además del clasismo, está el tema de cuántos de esos que van dando lecciones de honestidad cobran en negro las clases que dan como preparadores. Luego, sumamos el “el que pueda hacer que haga”, las ganas de hacer currículo de cara a un cambio de régimen, el sesgo facha de muchos de ellos... y voilá.

¿Es todo lawfare? Evidentemente no. No parece que ese fuera el problema en el caso Ábalos ni en los más recientes de la cloaquera Leire o Zapatero. Ahí se palpa el fétido aroma de la corrupción del que hablaba el General Sternwood en El sueño eterno. Pero lo bien que les está yendo, de momento, a otros corruptos como Montoro, el ciudadano anónimo y chorizo confeso González Amador, a M. Rajoy o a Cospedal (a estas alturas van a ver si investigan un poquito sus audios con Villarejo) hace pensar que si no hay lawfare tenemos una justicia a medida -una para los vitoquiles y otra para los quequés- capaz de ajustarse cual guante en función de a quién toca enjuiciar.