Armisticio veraniego en el puerto deportivo del amigo de Zaplana en Altea por un negocio de 40 millones

El Puerto Deportivo Campomanes de Altea vive un verano tranquilo tras el cese de hostilidades entre la concesionaria Marina Greenwich, compañía del empresario y amigo de Eduardo Zaplana Robert Batouche, y los amarristas, propietarios de los yates de lujo y embarcaciones atracados en el recinto. En este conflicto por el precio de los amarres tras el fin de la concesión de cincuenta años ha tenido que mediar la Generalitat Valenciana después de que se produjeran actos de “perturbación” en el uso de los amarres y la colocación de carteles críticos contra los gestores. Con toda probabilidad, la disputa acabará en los tribunales. Pero será después del verano.

El origen del conflicto está en el fin de la concesión de cincuenta años (1976-2026) de Marina Greenwich. La compañía ha conseguido una prórroga de diez años y entiende que, con la finalización de la concesión original, también deben extinguirse las condiciones de las que disfrutan desde hace décadas los amarristas, con tarifas congeladas y por debajo del precio de mercado. Algunos de ellos, incluso, han inscrito los amarres como de su propiedad, ya que en su día pagaron una cantidad por ellos. Los usuarios de Marina Greenwich sostienen que la concesionaria pretende dar un “pelotazo” con la prórroga, que podría generar al amigo de Zaplana “un beneficio potencial de unos 40 millones de euros”, según defendió en un artículo de opinión publicado en Alicante Plaza Gonzalo Pons-Trénor, secretario del Club Náutico Campomanes y abogado.

elDiario.es ha tenido acceso al documento confidencial que ha permitido el armisticio hasta el 16 de septiembre, fecha en la que ambas partes volverán a encontrarse. Los amarristas se comprometen a no acudir a la prensa y a retirar un cartel de aviso ubicado en una pared del edificio que alberga el Club Náutico. Marina Greenwich, por su parte, asume el compromiso de no perturbar el uso de los amarres ni de las embarcaciones y de seguir emitiendo las facturas “que estime convenientes” durante los meses que dure la tregua.

En el documento confidencial, las partes explican que la Generalitat Valenciana reconoce que, con la prórroga de la concesión, los derechos de los titulares de amarres y de los locales de restauración decaen en favor de la concesionaria. Sin embargo, también sostiene que Marina Greenwich no tiene autorización para comercializarlos y que, para alquilarlos, la Conselleria debe aprobar previamente unas nuevas tarifas. Es decir, los precios que plantea la empresa del amigo de Zaplana son desorbitados y deberán ajustarse a unas tarifas públicas que deberían mitigar ese supuesto pelotazo.

Según han explicado fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente a elDiario.es, la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos constituyó hace algo más de dos meses una mesa de diálogo entre Marina Greenwich y los amarristas con el objetivo de favorecer un acuerdo ante el conflicto surgido por la gestión de los atraques de la concesión portuaria.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, preside esta mesa y, desde la Generalitat, se recuerda que, aunque se trata de una cuestión de carácter civil entre el concesionario y los amarristas, la Administración autonómica está ejerciendo labores de mediación. En este sentido, el puerto constituye dominio público portuario y, por tanto, “la Administración autonómica debe mantenerse vigilante respecto a las actuaciones que se desarrollan en el ámbito concesional”, explican las mismas fuentes.

Desde la Dirección General de Puertos se insiste en la importancia de mantener abiertas las vías de diálogo para avanzar hacia una solución consensuada que permita dar estabilidad a la situación existente en Marina Greenwich y “evitar una mayor escalada del conflicto”, añaden. “Debido a las diferentes interpretaciones existentes, la Generalitat acordó mantener las condiciones actuales durante el verano para que, durante este tiempo, ambas partes puedan presentar sus propuestas y acercar posturas de cara a una futura reunión de la mesa de diálogo tras el verano”, añaden las mismas fuentes.

Un polémico puerto deportivo

El Puerto Deportivo Campomanes ha estado envuelto en la polémica en las dos últimas décadas. Marina Greenwich intentó hacer una gran ampliación de las instalaciones, pero se topó con la oposición de grupos ecologistas que tumbaron el proyecto por destrozar la costa de Altea. Eso sí, la aventura costó a la Generalitat 1,8 millones de euros de dinero público por paralizar el proyecto, pero el empresario Robert Batouche quiso cobrar 97 millones de euros a los valencianos, algo que la justicia no le reconoció.

El exministro Eduardo Zaplana tendría atracado un yate que, según la UCO, sería de su propiedad, así como dos viviendas en propiedad en el mismo recinto. El propio Eduardo Zaplana intentó hacerse en 2017 con la propiedad de la concesionaria, según las grabaciones del Caso Brugal.