La Asamblea de Ceuta celebró la pasada semana las dos primeras sesiones plenarias en las que los diputados no adscritos suman más que cualquiera de las formaciones de la oposición. El PP ocupa nueve asientos, los parlamentarios sin partido ya son seis, hay tres de Vox y PSOE y dos de los partidos locales MDyC y Ceuta Ya, que terminan de completar el colorido entramado político de la ciudad al que ahora se suma un grupo heterogéneo de expatriados por diversas razones que ha permitido al Ejecutivo popular aprobar los presupuestos.

Lo logró cuando la suma de no adscritos solo iba por cuatro –hace poco más de dos semanas que alcanzó los seis–: tres exediles del PSOE, Navil Rahal, Fidda Mustafa y Hikma Mohamed, y una de Vox, Teresa López –a la que a no mucho tardar se sumaría su ahora excompañero de siglas y otrora portavoz, Carlos Verdejo, que acaba de presentar una moción de censura contra el Gobierno–, que votaron a favor de las cuentas del Ejecutivo. El resto de la oposición lo hizo en contra.

Los presupuestos enmendados a última hora con casi medio centenar de modificaciones introducidas tras la aprobación inicial por el propio PP incluían en su primer borrador una partida de 377.180 euros, que fue ampliada vía enmienda a 580.896 euros, para los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio. Se trata de un servicio que desde 2022 presta la empresa R&B Sebta, de la que fue apoderado Rahal y que pertenece a su entorno familiar, con su esposa a la cabeza.

Esta vinculación en forma de adjudicaciones de contratos a firmas de su órbita cercana provocó que sus excompañeros socialistas acusaran al PP de compra de voluntades y al ahora diputado no adscrito de transfuguismo. A mediados de 2024, Rahal y Mustafa se saltaron la disciplina de voto del PSOE en la Asamblea apoyando una iniciativa del Gobierno. Ambos fueron expulsados de su partido y supusieron las primeras incorporaciones a la bancada de los no adscritos.

Para aquel entonces, la firma R&B Sebta ya había sido adjudicataria de tres contratos por parte de la Administración local, correspondientes al servicio de inhumación de finados (24.833 euros), el de captura de animales (25.615 euros) y el más cuantioso –y vigente en el momento de la ruptura del diputado con el PSOE– relativo a la gestión de los citados mataderos portátiles entre 2022 y 2025, por 1,5 millones de euros. Esto serían unos 375.000 euros anuales, más de 200.000 menos de la cuantía cerrada para 2026 tras la enmienda presupuestaria del propio PP y apoyada por el diputado.

Este miércoles, la Ciudad ha sacado además a concurso el servicio de los espacios móviles para sacrificio de animales, incrementando aún más la cuantía. El Ejecutivo ofrece 2,3 millones de euros por cuatro años, es decir, algo más de 575.000 euros por anualidad. Los pliegos exigen experiencia demostrable en los últimos tres años en actividades de similar naturaleza.

Otra sociedad que recibió encargos de la Ciudad, en concreto de la compañía pública del agua, Acemsa, fue Academia Rahal S.L., de la que es administrador el hermano del ex del PSOE, que en el pasado figuró como apoderado. En este caso, la firma obtuvo un contrato menor por 41.270 euros para reconstruir un muro de contención en febrero de 2024.

Además, la compañía Quarry Urban Developments, que administra la nuera del socio de Rahal en los mataderos portátiles, acumuló cinco adjudicaciones de contratos menores entre 2024 y 2025 por importe de 174.117 euros. Entre ellos, uno del pasado once de diciembre relativo a la adecuación de espacios en materia de accesibilidad universal y salubridad en la barriada Príncipe Alfonso.

Estas relaciones contractuales entre las partes –se entiende, las que ya se habían rubricado entonces– fueron defendidas como “legales” por el portavoz municipal y vicepresidente segundo de la Asamblea, Alejandro Ramírez (PP) en una comparecencia poco después de que Rahal dejara el PSOE.

Acusaciones de racismo

Otro voto clave para que el PP sacara adelante los presupuestos para 2026 fue el de Teresa López, exdiputada de Vox y tercera en unirse a los no adscritos, que actualmente se desempeña en el gabinete de comunicación del equipo de fútbol local –ahora en segunda división– y que es la entidad deportiva con subvención más elevada de todas las que financia la Ciudad Autónoma.

La cuarta incorporación al grupo de los no amparados por siglas políticas llegó a finales del pasado mes de mayo. La socialista Hikma Mohamed ahondaba en la crisis parlamentaria del PSOE que se quedaba en la Asamblea con tan solo tres representantes. A la par, otro miembro de la dirección del partido presentaba su dimisión entre acusaciones de racismo, Mohamed Haidor.

Unos meses después, hace apenas tres semanas, con los presupuestos ya aprobados, Vox se veía también con tres diputados después de la decisión Carlos Verdejo de dar el salto al amplio grupo de los 'sin partido' tras meses apartado de sus compañeros. El que fuera durante años portavoz en la Asamblea de la ultraderecha llevaba meses acusando a su propia formación de haber perdido la identidad, llegando a deslizar en ruedas de prensa en solitario supuestos usos poco éticos de los fondos públicos que llegaban a la agrupación.

Aunque en varias ocasiones amenazó con difundir documentación, nunca llegó hacerlo. Mientras tanto, acumulaba expedientes sancionadores por parte de Vox. Finalmente, Verdejo dio el paso a los no adscritos un 28 de diciembre, definiéndose entonces a sí mismo como “antipolítico”, calificando la Asamblea de “circo” e ironizando sobre presentar una moción de censura contra el Gobierno de Juan Vivas. Al final cumplió esa determinación y llevó esta misma semana la propuesta ante la cámara para su debate en una sesión plenaria con fecha aún por fijar.

Casi a la vez que Verdejo dejaba Vox, salía de prisión –de manera provisional y tras pagar una fianza– el diputado del MDyC y funcionario de prisiones, Mohamed Ali Duas. Investigado por narcotráfico en el seno de la operación de la Audiencia Nacional en la que apareció un narcotúnel que conectaba Ceuta con Marruecos, dejó su partido al poco de llegar de vuelta a la ciudad autónoma. Este último, sin embargo, mantiene su acta de diputado, por lo que podría volver a los plenos próximamente.

Una reprobación salvada: “No soy el artífice”

La acción de los parlamentarios sin siglas volvió a notarse la pasada semana, en los plenos celebrados el martes y el miércoles, cuando, por ejemplo, el Ejecutivo se libró de la reprobación por su gestión en materia de salud mental, en parte, gracias a los votos de algunos de los seis diputados. Un efecto que podría repetirse de manera constante en lo que resta de legislatura, con unos presupuestos y medidas de calado aún por aprobar.

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa de cierre de año, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se sacudió la responsabilidad. El líder local dejó la pelota en el tejado de los partidos de los que salieron los representantes ahora no adscritos y aseguró que sus contactos con ellos siempre se han enmarcado en la “legalidad” y ceñido “exclusivamente” a cuestiones políticas. “No soy el artífice”, zanjó, sobre la atípica situación en la que se encuentra la Asamblea ceutí.

El Parlamento Vasco ha suspendido la grabación de EiTB Maratoia a favor del envejecimiento saludable que iba a tener lugar este jueves, 4 de diciembre en el salón de plenos a las 08.45 horas. No se ha dado explicaciones de la suspensión de la grabación, que se ha producido tras un acuerdo de la Mesa fuera del orden del día, pero esta coincide con las críticas de EH Bildu, quien ha anunciado que no va a participar este año en la iniciativa solidaria al considerar que “no es coherente” que la Cámara apoye el envejecimiento saludable, cuando recientemente ha rechazado la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer unas pensiones “dignas”.

Desde EH Bildu defienden que es “difícilmente comprensible” que el Parlamento “pretenda reivindicar un envejecimiento saludable en EiTB Maratoia, cuando hace apenas dos meses rechazó sin siquiera debatirla una iniciativa legislativa popular que reclamaba pensiones dignas”. “No es coherente rechazar esta iniciativa que se basaba en garantizar unas condiciones de vida dignas para las y los pensionistas, y a continuación bailar para reivindicar el envejecimiento activo”, defiende la coalición que manifiesta que “es responsabilidad de las fuerzas políticas hacer políticas públicas y, en este caso, garantizar unas condiciones de vida dignas para promover el envejecimiento activo”.

En este sentido, desde EH Bildu recuerdan que el Movimiento de Pensionistas “lleva años luchando por mejorar sus pensiones”. “Por el respeto que como representantes políticos se le deben tanto a la propia política como al conjunto de la ciudadanía”, ha anunciado que no participará en la grabación que horas más tarde ha quedado suspendida.

Este periódico ha consultado a EiTB si van a realizar declaraciones al respecto, pero no han ofrecido declaraciones.

EiTB Maratoia es una campaña solidaria anual organizada por el grupo de comunicación público vasco EITB (Euskal Irrati Telebista). Su doble objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre una causa social de gran calado y recaudar fondos para la investigación o apoyo a la misma. La iniciativa surgió en los años 2000 y el pasado 2024 celebró su 25 aniversario, en el que pusieron el foco en las enfermedades cardiovasculares. A lo largo de estas dos décadas han recaudado fondos para investigar enfermedades como el Alzheimer, el autismo o el cáncer infantil, pero el Parlamento Vasco participa en la iniciativa al menos desde el año 2019 a través de vídeos musicales solidarios.

En el 2019, los parlamentarios grabaron una versión de “Lau Teilatu” de Itoiz, por la investigación del cáncer infantil; en 2020, se adhirieron a la “cadena de bertsos” de ese año, destinada a la investigación de la COVID-19; en 2021, cantaron “Zeinen ederra izango den” del grupo Zetak por el Alzheimer; en el año 2022 la Cámara vasca cantó “Euritan dantzan” de Gatibu por la Esclerosis múltiple, mientras que en el año 2023 los parlamentarios y parlamentarias cantaron y bailaron al ritmo del grupo ETS la canción “Aukera berri bat” por la investigación del cáncer.

En esta ocasión, la iniciativa se centra en el envejecimiento activo y saludable. Bajo el lema “¡Larga vida a la buena vida!” (Bizi bedi bizipoza! en euskera), la campaña tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de no solo vivir más años, sino de vivirlos mejor, y recaudar fondos para la investigación e innovación en este ámbito. Para ello, estaba previsto que el Parlamento Vasco, además de otras instituciones y ciudadanía en general, canten y bailen el icónico tema “Euskal rock 'n' roll” de Niko Etxart, versionado por él mismo junto a Aurora Beltrán y Janus Lester para la campaña.

La Junta de Portavoces y la Mesa han acordado esta mañana, entre otros asuntos, modificar el calendario de sesiones plenarias “en el sentido de no celebrar las sesiones plenarias previstas en el mismo hasta la aprobación definitiva de los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales de La Comunidad Autónoma de La Rioja y de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2026, celebrándose únicamente las sesiones plenarias que sean necesarias para dicha aprobación”.

Además, la Junta de Portavoces y la Mesa han dado el visto bueno a la ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad a sendos proyectos de ley hasta el próximo 27 de octubre, a las 10 horas.

No es una excepción, es su modelo autoritario

Henar Moreno — Portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja

Izquierda Unida de La Rioja ha denunciado el cierre del Parlamento, considerando que constituye “una práctica sistemática para evitar el control democrático”. “Es la tercera vez consecutiva que lo hacen. Lo denunciamos en 2023, lo volvimos a denunciar en 2024, y ahora, en 2025, repiten el mismo bloqueo institucional. Ya no pueden hablar de medidas excepcionales: esto es una estrategia deliberada para amordazar a la oposición y gobernar sin rendir cuentas”, ha señalado la diputada Henar Moreno.

Como explica IU, el cierre del Parlamento impide la celebración de plenos, la tramitación de iniciativas, la comparecencia del gobierno ante las preguntas de los grupos, y la posibilidad de debatir sobre las necesidades urgentes de la sociedad riojana. “El PP ha convertido la mayoría absoluta en una herramienta para blindarse del debate y gobernar por decreto. No es una excepción, es su modelo autoritario”, ha remarcado Moreno.

Izquierda Unida recuerda que ni en la anterior legislatura, ni en ninguna anterior, se había llegado a cerrar el Parlamento de manera tan prolongada y reiterada. “Lo que hoy hace el Partido Popular, con Gonzalo Capellán al frente, no tiene precedentes democráticos en La Rioja. Jamás un gobierno había tratado con este desprecio a la cámara que representa a la ciudadanía”, ha denunciado Henar Moreno.

IU critica también la “doble vara de medir del PP”. “Hoy quienes cerraban el Parlamento acusan de bloquear; quienes clamaban por transparencia, imponen la opacidad. Los que antes hablaban de ‘secuestro parlamentario’ por mucho menos, hoy son cómplices de este cerrojazo sin rubor alguno”, ha recordado la diputada.

Desde la formación advierten de que gobernar sin control parlamentario perjudica directamente a la ciudadanía riojana: “Mientras el PP silencia el Parlamento, en las calles de La Rioja hay urgencias que no pueden esperar: listas de espera eternas en sanidad, recortes en la educación pública, crisis de acceso a la vivienda, precariedad en el sector de los cuidados... Y sin embargo, Capellán prefiere evitar el debate antes que dar soluciones. Que no cuenten con nuestra complicidad”.

El PSC, ERC y Comuns han registrado una proposición de ley que introduce el derecho al error de los ciudadanos, de tal manera que puedan evitar sanciones si han cobrado prestaciones de manera indebida siempre que haya sido de manera no fraudulenta.

La proposición, que es una modificación de la ley 26/2010 del régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas, reconoce el derecho a las personas a no resultar perjudicadas por “errores administrativos o malas prácticas de la gestión pública”. La norma reconoce dos casuísticas: la primera es la de las personas vulnerables que reciben prestaciones “vinculadas a las necesidades esenciales de subsistencia” como la Renta Garantizada de Ciudadanía. A estas no se les podrá reclamar el dinero si han cobrado ayudas que no les correspondían, pero pueden demostrar que el error fue de la Administración.

La segunda casuística es la de las personas que hayan cobrado indebidamente porque su situación ha cambiado y, por tanto, ya no cumplen los requisitos, pero no lo han comunicado. Para ellas, la nueva norma prevé el derecho a rectificar errores ante la Administración. Esto se traduce en que, aunque sí deberán devolver el dinero cobrado, podrán evitar sanciones si demuestran que no ha habido mala fe.

Este cambio se introduce justo cuando el Departament de Derechos Sociales se encuentra en pleno proceso de inspección de las prestaciones cobradas por jóvenes extutelados que podrían haber recibido pagos indebidos. Por ahora, el Govern ha comunicado a más de un centenar de afectados que podrían tener una deuda con la administración de entre 6.000 y 46.000 euros.

Esta situación también afectó a 9.500 familias a las que la Generalitat reclamó un total de 71 millones de euros el octubre pasado por cobros indebidos de la Renta Garantizada de Ciudadanía. La deuda, de unos 7.500 euros de media, se generó precisamente porque algunas de estas personas comunicaron cambios en su situación personal y económica que hacían que ya no pudieran recibir la ayuda, pero la administración “tardó unos meses en registrar el cambio”, tal como afirmó en su momento el Govern. Y durante ese lapso de tiempo, las familias siguieron cobrando.

En ese caso, se acabó amnistiando esta deuda y los afectados no tuvieron que devolver el dinero. En el caso de los jóvenes extutelados, el Govern no descarta hacer lo mismo. Pero estas condonaciones podrían abrir la puerta a una demanda por malversación. Precisamente esta ley que prepara ahora el Parlament, dota a estas amnistías de garantías jurídicas para que eso no sucediera.

La nueva normativa tendrá carácter retroactivo y, por tanto, se aplicará a todas las personas que tengan un expediente abierto en el momento en que se apruebe la ley, tal como han explicado a este medio fuentes de los Comuns, la formación que ha impulsado este punto en concreto. Así, esta ley podría dar cobertura a los jóvenes extutelados a los que la Generalitat exigirá pagos, pero sólo si entra en vigor antes de que sus expedientes se cierren.

El proceso, según afirman los grupos que han participado en la norma, no será rápido. En tratarse de una proposición de modificación de ley, se pone ahora a disposición del resto de grupos parlamentarios para que hagan enmiendas. Y después de su estudio, será llevada al pleno del Parlament para su votación. Pero eso no pasará hasta el mes de octubre y eso teniendo en cuenta que los partidos impulsores consigan que se tramite por la vía de urgencia. Si no lo logran, la ley no llegaría al pleno hasta, mínimo, diciembre.

Por su parte, desde la Generalitat han asegurado que esta ley, independientemente de si llega a tiempo de amparar a los exutelados, está pensada para que casos como este no se vuelvan a repetir. “No tiene nombre que, fruto de un error, vayamos a reclamar a una persona vulnerable recursos que no tiene y a los que no puede hacer frente”, ha asegurado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau.

“Tenemos que garantizar que no se produzcan casos como este, que son errores mayúsculos”, ha añadido. En este sentido, el conseller también ha destacado que el derecho al error aplica igualmente a los trabajadores públicos y al cuerpo de funcionarios. Estos se enfrentan a ser acusados de negligencia cuando cometen un error tramitando una prestación y, además, están obligados por ley a “perseguir” a las personas que hayan cobrado indebidamente. “A esto se le llama burocracia defensiva”, ha puntualizado.

“Estamos ante un acuerdo muy relevante”, según Dalmau, quien ha definido la reforma como “un mensaje de confianza hacia la ciudadanía, un cambio para tratarlos como adultos. La vida de la gente ya es suficientemente complicada, y ahora queremos que su relación con la Administración sea fácil”. Igualmente, ha asegurado que “no hay derecho a que cuando es la Administración la que se equivoca, persiga al ciudadano”.

Prestaciones proactivas

Otra de las novedades de la ley es que el Govern podrá recomendar y anticipar las prestaciones a las que tiene derecho cada ciudadano en función de su situación y momento vital. Actualmente, es la ciudadanía la que tiene que pedir que se le conceda una ayuda, pero esta normativa contempla que, mediante el uso de datos disponibles, la Administración pueda ser proactiva y simplificar los trámites de la ciudadanía, especialmente en momentos de cambio vital, como el nacimiento de un hijo, la defunción de la pareja, la jubilación o un despido.

Para que eso sea posible, cada persona deberá autorizar a la Administración que pueda usar sus datos personales a este efecto y podrá revocarlo en cualquier momento. De esta manera, se pretende conseguir que las ayudas lleguen a todas las personas que cumplen los requisitos para recibirlas, sobre todo a los colectivos más vulnerables que tienen menos capacidad para buscar y solicitar prestaciones.

“Es un cambio muy relevante para no dejar fuera del sistema a personas que no tiene acceso a la información o que se pierden entre la cantidad de ayudas. Queremos trabajar de forma anticipada e inteligente, avanzando hacia la personalización de los servicios”, ha añadido el conseller Dalmau.

En la línea de facilitar la relación entre la Administración y la ciudadanía, también se eliminará la obligación de cita previa para ser atendido presencialmente. Esta medida ya formaba parte del acuerdo del pacto del Acuerdo de Gobierno para reformar la administración, por el que ningún trámite con la Generalitat requería de cita previa. El cambio es que ahora, al dotar a esta decisión rango de ley, aplica a todas las administraciones públicas de Catalunya.

Por último, la norma también incorpora cambios para garantizar una comunicación más clara entre la Administración y la ciudadanía. Esto contempla el derecho a recibir información y resoluciones en un lenguaje llano, entendedor y accesible, dejando atrás las expresiones técnicas y jurídicas.

El Juzgado de Instrucción 1 de Huéscar (Granada) investiga al exalcalde de Puebla de Don Fadrique y actual diputado autonómico del Partido Popular, Mariano García Castillo, por su papel en la compra municipal de una finca rústica por 600.000 euros, una operación que, según los denunciantes, generó un perjuicio económico de cerca de 300.000 euros a las arcas del Ayuntamiento.

El auto de apertura de diligencias, de julio de 2024, señala como investigadas a varias personas, entre ellas el propio García, por un posible delito de prevaricación administrativa. La denuncia presentada también recoge indicios de malversación de caudales públicos, falsedad documental e intrusismo profesional. El parlamentario y exregidor defiende su actuación y considera que el caso es una “persecución personal”.

Mariano García es diputado del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía desde junio de 2022, ocupando las comisiones de Justicia, Universidad, Desarrollo Educativo, portavoz de la de Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y miembro del grupo de trabajo relativo a la inteligencia artificial. Hasta mayo de 2023, cuando se celebraron las últimas elecciones locales, García era cargo público en el Ayuntamiento de la Puebla de Don Fadrique, del que había sido alcalde desde 2011 y, tras ser nombrado parlamentario, estuvo ejerciendo durante un año más como concejal de Turismo.

Los hechos que se investigan se iniciaron durante su mandato como regidor y mientras fue responsable de Turismo. Junto a él, están investigados el vendedor de la finca, la actual alcaldesa y varios ediles del PP y una del PSOE. Aunque García está aforado por su condición de parlamentario andaluz, puede ser investigado por la justicia ordinaria.

Su aforamiento sería efectivo si el juez de instrucción considera necesario que declare como investigado. En ese caso, si así lo solicita el propio García, deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien le tome declaración por ser aforado. Entre tanto, el juez ordinario puede avanzar en la investigación, según confirma una fuente autorizada del tribunal. De momento, el juzgado de instrucción lo mantiene como investigado, pero no ha considerado necesaria su declaración.

La compra sin publicidad de una finca, bajo la lupa

El origen de esta investigación está en la compra por parte del municipio de una finca de 208 hectáreas, ubicada en los parajes de Los Collados y Los Castillos de La Sagra, en mayo de 2023 a través de un procedimiento negociado sin publicidad.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, fue presentada por la asociación ecologista La Sagra y el concejal de Podemos, Hilario Sánchez Díaz, que consideran que esa modalidad de compra se utilizó de manera irregular, ya que exige que el bien tenga una singularidad histórica, cultural o técnica que, según los denunciantes, la finca no tiene.

Consideran que la compra tendría que haberse efectuado tras un concurso público en el que los criterios hubiesen sido transparentes y claros. De hecho, sostienen que el terreno está compuesto en más de un 90% -188 hectáreas- por matorral, pinar improductivo y monte, sin edificaciones ni infraestructuras, y que la parte más valiosa del terreno -50 hectáreas- fue segregada previamente por el vendedor y no entró en la compraventa.

“Han dilapidado medio millón de euros en un erial sin ningún valor singular”, argumentan en el texto de la denuncia, al tiempo que acusan al Ayuntamiento de haber inflado artificialmente el valor de la parcela mediante una memoria justificativa que atribuía a la finca intereses geológicos, turísticos y culturales sin respaldo técnico.

Según los denunciantes, el informe del arquitecto municipal que tasa el valor de la finca en 600.000 euros califica el suelo con un valor por hectárea de alrededor de 2.500 euros, muy por encima de la tabla de la Junta de Andalucía que sitúa el valor en el entorno y por debajo de los 1.000 euros. El valor real, según los denunciantes, estaría en torno a los 300.000 euros. El desembolso supone casi un tercio del Presupuesto anual del municipio.

Por otra parte, argumentan que ese tipo de informes para suelo rústico solo puede firmarlos un ingeniero agrónomo. En dicha memoria, otro de los informes que dan valor a la compra lo firma el propio Mariano García, como él mismo reconoce, para explicar por qué este terreno es relevante para el municipio. Los denunciantes lo consideran irregular, ya que no tiene los conocimientos técnicos para ello -es profesor de biología- ni es la persona adecuada, teniendo en cuenta su implicación directa como exregidor y concejal del Consistorio que efectúa la compra. No solo eso, consideran que también se habría manipulado la tipología del terreno para hacerla pasar por encinar, lo que explicaría por qué el valor de la hectárea es mayor en la memoria que en la tabla de referencia de la Junta.

Un expediente impulsado por el exalcalde y parlamentario

La cronología de los hechos sitúa al parlamentario del PP en el centro de la investigación. El expediente que dio pie a la compra de la finca fue impulsado por el propio Mariano García cuando todavía era alcalde, en 2021. Después de ser elegido diputado andaluz en julio de 2022, continuó como concejal de Turismo y mantuvo su implicación directa en el proceso. De hecho, el pleno municipal aprobó la compra en mayo de 2023, a escasos días de las elecciones municipales, con los votos favorables de los concejales del PP y una edil del PSOE, pero García no dejó de ser edil hasta varias semanas después.

Para la acusación, la compra de la finca supuso una importante merma en las arcas municipales. La adquisición rondaba el 30% del presupuesto municipal que suele manejar el Ayuntamiento de la Puebla de Don Fadrique, en un momento en el que además contaba con un remanente de tesorería que superaba los 2 millones de euros, según se recoge en la denuncia.

Por todo ello y casi un año después de que se abriese la instrucción, el juzgado ha citado para el próximo 11 de junio a los denunciantes para que ratifiquen la denuncia. También comparecerán como testigos la secretaria-interventora del ayuntamiento y otra trabajadora municipal. Según la acusación, de esas declaraciones podrían pedir nuevas imputaciones si entienden que se cometieron más irregularidades. Por su parte, Mariano García no tendrá que declarar hasta más adelante y, entonces, su condición de parlamentario andaluz y por lo tanto aforado podría hacer que no declare si lo solicita ante el tribunal, en cuyo caso se abriría un proceso para elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Por ahora, el juez instructor de Huéscar puede seguir investigando, ya que el aforamiento no se activa de forma automática. Fuentes del TSJA explican que si durante la instrucción el juez considera que existen indicios sólidos contra García, deberá remitir una “exposición razonada” al alto tribunal andaluz, explicando por qué cree que el diputado debe ser investigado por un tribunal superior. Mientras tanto, el magistrado no puede citarlo formalmente a declarar.

García no ha comunicado voluntariamente su condición de aforado ni ha pedido comparecer, aunque ha expresado que, si lo citan, acudirá y ejercerá sus derechos. Desde el tribunal insisten en que este tipo de investigaciones pueden dilatarse, ya que requieren del análisis de la documentación administrativa y técnica antes de decidir si elevar el caso.

Una finca supuestamente “única”

El diputado del PP defiende la legalidad de la operación, que considera plenamente justificada. García niega que hubiera sobreprecio, y ha remitido a este periódico las escrituras que firmó el anterior propietario de la finca. En dicho documento aparece que en 2009 se pagó por ese terreno 950.000 euros e insiste en que existen otras operaciones similares en la comarca que han superado ese valor. “Se vendió una de 410 hectáreas por 1,6 millones. Otra de 10 hectáreas por 400.000. ¿De qué sobreprecio hablamos?”, dice. Según él, “si hoy el ayuntamiento la vendiera, sacaría el doble de lo que pagó”.

Según relata, mantuvo conversaciones con el vendedor, que también está siendo investigado, meses antes de iniciar el proceso de compra, en las que este le trasladó varias ofertas. Fue entonces cuando decidió consultarlo con su equipo de Gobierno. El exregidor insiste en que la localidad no sería “nada” sin el paraje natural de La Sagra y que, tras varias ofertas a la baja, entendió que era “una buena oportunidad” para la Puebla de Don Fadrique.

García reconoce que firmó uno de los informes justificativos del expediente, aunque no el técnico-económico, y sostiene que la finca es “única” en la zona. “Yo soy biólogo, conozco el territorio. Me pidieron hacer un informe con los valores medioambientales y lo hice. Todo lo que recogí es verificable: la Sagra es un lugar de interés geológico, hay cabra montés, hay setas… No me inventé nada. Si eso es un delito, que me lo digan”, afirma. “Es como contratar a Ricky Martin: solo hay uno. Esa finca tiene un valor estratégico para el turismo de la Puebla”, dice.

“Una persecución personal”

Mariano García cree que la investigación judicial responde a una persecución personal por parte de los denunciantes. “El abogado que está detrás fue contratado por el ayuntamiento y dejó de trabajar allí cuando yo era alcalde. Desde entonces va a por mí”. Advierte de que han iniciado más procesos judiciales contra él, pero reta a “cualquiera” a que compruebe si la secretaría municipal le hizo alguna vez algún “arreglo” para sacar adelante sus políticas. “Me llevaba bien con los denunciantes, pero ahora por lo visto no. Les he querido explicar las cosas, pero no han querido escucharme”.

Por ahora, ni García ni su defensa han comunicado formalmente al juzgado su condición de aforado, pero no descarta emplear su condición de parlamentario para no tener que aguantar “denuncias de esta gente cada cinco meses”. El diputado dice que todo fue legal y que él no se iba a jugar el pan de sus hijas “por comprar una finca en La Sagra”. Su situación económica, recuerda, es pública como la de cualquier cargo de su relevancia.

Sin embargo, los denunciantes defienden que el uso del procedimiento negociado sin publicidad fue una maniobra para evitar la licitación pública y adjudicar directamente la compra a un conocido del exalcalde, sin concurrencia ni tasación independiente. Según su versión, si el ayuntamiento hubiera abierto un concurso público, podrían haberse presentado otras ofertas con terrenos de mejores características o a un precio más bajo. “Lo que se hizo fue forzar la ley para beneficiar a una persona concreta. Si esto no es corrupción, que alguien lo explique”, aseguran.

El caso sigue en fase de instrucción. El juzgado ha reclamado ya el expediente completo al ayuntamiento y, en función de las comparecencias y de la documentación, decidirá si amplía las imputaciones o traslada la causa al TSJA si finalmente se activase el aforamiento.

La democràcia envelleix. Hi ha pocs joves asseguts als escons dels parlaments on es tria amb llibertat els seus representants. És freqüent que menys del 5% dels diputats d'una cambra tinguin menys de trenta anys. El politòleg mallorquí Domingo Sanz, juntament amb els seus néts, els estudiants Júlia i Mario Martí, segueix rascant dades que evidencien “que el fenomen és un problema global perquè l'actitud còmoda i discriminatòria dels que decideixen les llistes electorals”: “Igual que s'ha blindat en diversos països la presència de dones en les institucions, hauria de fer-se el mateix amb els joves. Per llei”.

L'estudi, que es va presentar a l'últim Anuari de la Joventut que edita la Universitat de les Illes Balears, va començar analitzant les xifres del Congrés dels Diputats i del Parlament autonòmic de l'arxipèlag, i ara s'amplia a disset països més. “Democràcies consolidades, i més o menys transparents, és clar”, precisa Domingo Sanz, d'Europa –dins i fora de la UE– i d'Amèrica –de nord a sud del continent. Tot i que hi ha diferències entre països, els resultats són homogenis: la quantitat de persones menors de trenta anys que es poden presentar a unes eleccions nacionals supera el 10% de la població, però el nombre de diputats per sota d'aquesta edat sol ser ínfim.

L'opacitat també és una constant, es queixa Sanz: “L'únic web que ens ha posat les coses una mica fàcils és el del Parlament italià. A la resta, hi ha moltes dades que no són públiques, i que hem hagut de sol·licitar expressament. Crec que l'edat dels parlamentaris és molt important perquè influeix en les lleis que es voten i en les polítiques que s'hi apliquen. S'hauria d'exigir transparència i fàcil accés d'aquesta informació als ciutadans”.

L'exemple paradigmàtic és Ucraïna, òbviament, condicionat per la guerra que va desencadenar la invasió russa el febrer del 2022. En declarar-se llavors la llei marcial, els ucraïnesos no van a les urnes des del 2019, quan es van celebrar per darrera vegada eleccions presidencials i legislatives. Les legislatures ucraïneses són quinquennals, així que fa mesos que està caducada. Els parlamentaris que, en ser elegits, eren a la vintena, ja han canviat de dècada. “Un altre dels casos més flagrants que hem trobat”, explica Sanz, “és el de Mèxic: allà, amb un 23 per cent de població jove elegible, hi ha una mica menys d'un 1% de diputats menors de trenta”.

EUA: presidents ancians i només un noi de vint anys

Els gegants llatinoamericans (Argentina i Brasil tampoc no presenten dades molt diferents) segueixen el camí dels Estats Units: la democràcia més antiga del planeta només vol parlamentaris madurs o ancians. Per començar, juntament amb Itàlia, és el país que recull a la seva Constitució una edat més elevada per poder presentar-se a les eleccions: vint-i-cinc anys.

Malgrat la restricció, un 10% dels nord-americans estan actualment a la segona meitat de la vintena. 82 anys li ha donat el relleu a un president de 78, només hi ha un congressista de vint anys: Maxwell Alejandro Frost, nascut a Orlando, Florida, el 17 de gener de 1997, i membre del Partit Demòcrata.

Als Estats Units, només hi ha un congressista veinteañero. A més, la Constitució estableix que només els majors de 25 anys poden presentar-se a les eleccions

A les eleccions presidencials del novembre passat, Kamala Harris va vèncer Donald Trump entre els menors de trenta (amb un 54% dels vots), però els demòcrates van a la baixa entre la joventut (van treure més d'un 60 per cent de vots en aquesta franja en la primera victòria de Barack Obama). Bernie Sanders, que va néixer a la mateixa dècada, els 40, que els dos últims presidents, va dir aquestes paraules en un dels últims discursos pronunciats durant la gira que està realitzant pels Estats Units juntament amb Alexandra Ocasio-Cortez (que té trenta-cinc anys, és d'octubre del 89) per ressuscitar l'ànim del Partit Demòcrata i plantar cara a la Administración Trump: “Necessitem que us aixequeu per lluitar per la justícia econòmica, social i racial. Aquest país s'enfronta a desafiaments molt complicats, i el que passi en el futur depèn de la vostra generació. Podeu donar-vos la volta i ignorar el que està passant, però, si ho feu, serà en el vostre perjudici”.

Canadà també mereix capítol a part, malgrat haver presumit d'un primer ministre, Justin Trudeu, que va tenir el càrrec dels quaranta-quatre als cinquanta-quatre. Com a la majoria dels estats membres de la Unió Europea, els més grans de divuit, gairebé el 20% de la població nacional, es poden presentar a les eleccions. Tot i això, només dos diputats en la vintena s'enfilen fins al turó d'Ottawa on hi ha el parlament d'aquesta democràcia federal que és, alhora, una monarquia: el cap d'Estat és el britànic Carles III. “Valdria la pena que organismes amb més recursos es dediquessin a observar i analitzar aquesta realitat, que és mundial”, lamenta Sanz. Segons el politòleg, “la desafecció dels joves cap a la política que coneixen, un fenomen que condueix al populisme”és perquè estan orfes“de referents polítics en què puguin sentir-se reconeguts”.

Valdria la pena que organismes amb més recursos es dediquessin a observar i analitzar aquesta realitat, que és mundial. La desafecció dels joves cap a la política que coneixen és un fenomen que condueix al populisme

Domingo Sanz — Politòleg

Sanz, en bussejar en aquest mar de dades en companyia dels seus dos néts, que van estrenar fa poc la majoria d'edat, té per mà aquesta sensació de “desafecció que tenen molts joves per la democràcia”: “Quan estem al final de l'adolescència, com funcionem? En tribu. Formem grups. Si un jove té gent propera que està ficada en política, s'hi interessa. Si no és així, com veiem que està passant, es distancia de les decisions polítiques i veu el sistema que el governa com una cosa aliena. Aleshores arriba la temptació de voler canviar aquest sistema per un altre. Com que el sistema és la democràcia, ja sabem quin és l'altre. Just al revés que quan la meva generació, en un país com Espanya, era jove. Això em sembla molt perillós. Hem escrit els Ministeris de Joventut i de Presidència, sense resposta, ia associacions i col·lectius que se suposa que fomenten el lideratge juvenil, a veure si ens fan cas”.

Si un jove té gent pròxima que està ficada en política, s'interessa per ella. Si no és així, com veiem que està ocorrent, es distancia de les decisions polítiques i veu el sistema que li governa com una cosa aliena. Llavors arriba la temptació de voler canviar aquest sistema per un altre. Com el sistema és la democràcia, ja sabem quin és l'altre

Domingo Sanz — Politòleg

Dinamarca i Bèlgica, les excepcions

Estan trobant Júlia i Mario Martín i Domingo Sanz alguna bretxa al mur? Sí: Dinamarca i, sobretot, Bèlgica. Per entendre el context danès, és fàcil trobar a internet literatura universitària que explica com des de l'educació pública hi ha hores destinades a fomentar el debat i l'associacionisme polític entre els adolescents que estudien secundàries. Aquí en queden després les dades: Dinamarca, amb un 18% de joves entre els divuit i els trenta (1 punt més que Espanya), té gairebé un 8% de diputats nacionals en aquesta franja d'edat (5 punts més que Espanya). No és un fenomen regional: Suècia, el país nòrdic més poblat, es queda en un 2% de joves diputats.

Dinamarca té gairebé un 8% de diputats nacionals menors de 30 anys

“El cas belga”, amplia Sanz, “és l'únic on els menors de trenta són més del 10% dels diputats”. “Ens resulta molt interessant i ho volem estudiar en profunditat: a priori, em donen la sensació que, en els territoris on hi ha tensió per temes identitaris (i a Bèlgica, la divisió entre flamencs i valons és claríssima), els joves se senten més interpel·lats a participar en política, s'organitzen i reclamen les quotes de representació i poder. Estaria molt bé comparar-ho amb els parlaments autonòmics de Catalunya i el País Basc, on també hi ha un conflicte històric amb l'Estat”.

Els darrers comicis catalans i bascos –tots dos el 2024– deixen el percentatge de parlamentaris joves en un 5 i un 4%, respectivament. Més a prop del 2,57% del Congrés dels Diputats que del 10,67% del Parlament Federal Belga. A Barcelona, tres dels 70 anys que van prendre possessió d'un escó al Parc de la Ciutadella es van presentar a les llistes de VOX.

La democracia envejece. Hay pocos jóvenes sentados en los escaños de los parlamentos donde se elige con libertad a sus representantes. Resulta frecuente que menos del 5% de los diputados de una cámara tengan menos de treinta años. El politólogo mallorquín Domingo Sanz, junto a sus nietos, los estudiantes Júlia y Mario Martí, sigue rascando datos que evidencian “que el fenómeno es un problema global porque la actitud cómoda y discriminatoria de quienes deciden las listas electorales”: “Igual que se ha blindado en varios países la presencia de mujeres en las instituciones, debería hacerse lo mismo con los jóvenes. Por ley”. 

El estudio, que se presentó en el último Anuari de la Joventut que edita la Universitat de les Illes Balears, comenzó analizando las cifras del Congreso de los Diputados y del Parlament autonómico del archipiélago, y ahora se amplía a diecisiete países más. “Democracias consolidadas, y más o menos transparentes, claro”, precisa Domingo Sanz, de Europa –dentro y fuera de la UE– y de América –de norte a sur del continente. Aunque hay diferencias entre países, los resultados son homogéneos: la cantidad de personas menores de treinta años que puede presentarse a unas elecciones nacionales supera el 10% de la población, pero el número de diputados por debajo de esa edad suele ser ínfimo. 

La opacidad también es una constante, se queja Sanz: “La única web que nos ha puesto las cosas un poco fáciles es la del Parlamento italiano. En el resto, hay muchos datos que no son públicos, y que hemos tenido que solicitar expresamente. Creo que la edad de los parlamentarios es algo muy importante porque influye en las leyes que se votan y en las políticas que se aplican. Se debería exigir transparencia y fácil acceso de esta información para los ciudadanos”.

El ejemplo paradigmático es Ucrania, obviamente, condicionado por la guerra que desató la invasión rusa en febrero de 2022. Al declararse entonces la ley marcial, los ucranianos no acuden a las urnas desde 2019, cuando se celebraron por última vez elecciones presidenciales y legislativas. Las legislaturas ucranianas son quinquenales, así que lleva meses caducada. Los parlamentarios que, al ser elegidos, estaban en la veintena, ya han cambiado de década. “Otro de los casos más flagrantes que hemos encontrado”, explica Sanz, “es el de México: allí, con un 23 por ciento de población joven elegible, hay algo menos de un 1 % de diputados menores de treinta”. 

EEUU: presidentes ancianos y solo un veinteañero

Los gigantes latinoamericanos (Argentina y Brasil tampoco presentan datos muy diferentes) siguen la senda de Estados Unidos: la democracia más antigua del planeta sólo quiere parlamentarios maduros o ancianos. Para empezar, junto a Italia, es el país que recoge en su Constitución una edad más elevada para poder presentarse a las elecciones: veinticinco años. 

Pese a la restricción, un 10% de los estadounidenses están actualmente en la segunda mitad de la veintena. Son una fuerza significativa para decantar, a un lado u otro, la votación en unas circunscripciones estatales que funcionan con un sistema de arrastre: el partido que saca una papeleta más se lleva todos los escaños que conducen a la Cámara de Representantes donde se reúnen 435 políticos. En Washington, donde un presidente de 82 años le ha dado el relevo a un presidente de 78, sólo hay un congresista veinteañero: Maxwell Alejandro Frost, nacido en Orlando, Florida, el 17 de enero de 1997, y miembro del Partido Demócrata. 

En Estados Unidos, sólo hay un congresista veinteañero. Además, la Constitución establece que sólo los mayores de 25 años pueden presentarse a las elecciones

En las elecciones presidenciales del pasado noviembre, Kamala Harris venció a Donald Trump entre los menores de treinta (con un 54% de los votos), pero los demócratas van a la baja entre la juventud (sacaron más de un 60 por ciento de votos en esa franja en la primera victoria de Barack Obama). Bernie Sanders, que nació en la misma década, los 40, que los dos últimos presidentes, dijo estas palabras en uno de los últimos discursos pronunciados durante la gira que está realizando por Estados Unidos junto a Alexandra Ocasio-Cortez (que tiene treinta y cinco años, es de octubre del 89) para resucitar el ánimo del Partido Demócrata y plantar cara a la Administración Trump: “Necesitamos que os levantéis para luchar por la justicia económica, social y racial. Este país se enfrenta a desafíos muy complicados, y lo que ocurra en el futuro depende de vuestra generación. Podéis daros la vuelta e ignorar lo que está pasando, pero, si lo hacéis, será en vuestro perjuicio”.

Canadá también merece capítulo aparte, pese a haber presumido de un primer ministro, Justin Trudeu, que ostentó el cargo de los cuarenta y cuatro a los cincuenta y cuatro. Como en la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea, los mayores de dieciocho, casi el 20% de la población nacional, puede presentarse a las elecciones. No obstante, sólo dos diputados en la veintena trepan hasta la colina de Ottawa donde se encuentra el parlamento de esta democracia federal que es, a la vez, una monarquía: el jefe de Estado es el británico Carlos III. “Merecería la pena que organismos con más recursos se dedicaran a observar y analizar esta realidad, que es mundial”, lamenta Sanz. Según el politólogo, “la desafección de los jóvenes hacia la política que conocen, un fenómeno que conduce al populismo” se debe a que están huérfanos “de referentes políticos en los que puedan sentirse reconocidos”. 

Merecería la pena que organismos con más recursos se dedicaran a observar y analizar esta realidad, que es mundial. La desafección de los jóvenes hacia la política que conocen es un fenómeno que conduce al populismo

Domingo Sanz — Politólogo

Sanz, al bucear en este mar de datos en compañía de sus dos nietos, que estrenaron hace poco la mayoría de edad, tiene por mano esa sensación de “desapego que tienen muchos jóvenes por la democracia”: “Cuando estamos al final de la adolescencia, ¿cómo funcionamos? En tribu. Formamos grupos. Si un joven tiene gente cercana que está metida en política, se interesa por ella. Si no es así, como vemos que está ocurriendo, se distancia de las decisiones políticas y ve el sistema que le gobierna como algo ajeno. Entonces llega la tentación de querer cambiar este sistema por otro. Como el sistema es la democracia, ya sabemos cuál es el otro. Justo al revés que cuando mi generación, en un país como España, era joven. Eso me parece muy peligroso. Hemos escrito a los Ministerios de Juventud y de Presidencia, sin respuesta, y a asociaciones y colectivos que se supone que fomentan el liderazgo juvenil, a ver si nos hacen caso”.

Si un joven tiene gente cercana que está metida en política, se interesa por ella. Si no es así, como vemos que está ocurriendo, se distancia de las decisiones políticas y ve el sistema que le gobierna como algo ajeno. Entonces llega la tentación de querer cambiar este sistema por otro. Como el sistema es la democracia, ya sabemos cuál es el otro

Domingo Sanz — Politólogo

Dinamarca y Bélgica, las excepciones

¿Están encontrando Júlia y Mario Martín y Domingo Sanz alguna brecha en el muro? Sí: Dinamarca y, sobre todo, Bélgica. Para entender el contexto danés, es fácil encontrar en internet literatura universitaria que explica como, desde la educación pública, hay horas destinadas a fomentar el debate y el asociacionismo político entre los adolescentes que estudian secundarias. Ahí quedan luego los datos: Dinamarca, con un 18% de jóvenes entre los dieciocho y los treinta (1 punto más que España), tiene casi un 8% de diputados nacionales en esa franja de edad (5 puntos más que España). No es un fenómeno regional: Suecia, el país nórdico más poblado, se queda en un 2% de diputados jóvenes.

Dinamarca tiene casi un 8% de diputados nacionales menores de 30 años

“El caso belga”, amplía Sanz, “es el único donde los menores de treinta son más del 10% de los diputados”. “Nos resulta muy interesante y lo queremos estudiar en profundidad: a priori, me da la sensación de que, en los territorios donde hay tensión por temas identitarios (y en Bélgica, la división entre flamencos y valones es clarísima), los jóvenes se sienten más interpelados a participar en política, se organizan y reclaman sus cuotas de representación y poder. Estaría muy bien compararlo con los parlamentos autonómicos de Catalunya y País Vasco, donde también existe un conflicto histórico con el Estado”. 

Los últimos comicios catalanes y vascos –ambos en 2024– dejan el porcentaje de parlamentarios jóvenes en un 5 y un 4%, respectivamente. Más cerca del 2,57 %del Congreso de los Diputados que del 10,67% del Parlamento Federal Belga. En Barcelona, tres de los siete veinteañeros que tomaron posesión de un escaño en el Parc de la Ciutadella se presentaron en las listas de VOX.

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha recibido un total de 98.070 euros de las Cortes, según figura en su declaración de actividades, bienes y rentas publicada este jueves por el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

En concreto, Bellido, percibió 80.521,66 euros en sus funciones en el Parlamento regional, así como 17.548,60 en concepto de indemnización. Además, declara tener la propiedad de una vivienda de 197 metros cuadrados al 50% en Azuqueca de Henares. En cuanto a sus cuentas corrientes, su declaración indica que poseía una cuenta personal con 29.786 euros y otra cuenta familiar con 121.610 euros.

Mientras, la vicepresidenta primera del Parlamento, Josefina Navarrete, recibió de las Cortes 60.391,28 más 17.548,60 euros como indemnización. Navarrete tiene una vivienda de 149 metros al 100% de propiedad en Barrax más una ampliación de 73 metros cuadrados. En cuanto a sus cuentas, informó de una con 22.693 euros, así como un plan de pensiones con 4.921,52 euros.

De su lado, el vicepresidente segundo, Santiago Lucas-Torres, ganó 30.765,83 euros de las Cortes, así como 9.283,60 en concepto de indeminzación y 1.487,50 en gastos de locomoción. De igual manera, recibió 1.500 euros de una mutua de accidentes de trabajo, 9.420 euros por servicios de consultoría y 3.000 euros más en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles y negocios.

En cuanto a sus propiedades, declara poseer al 50% tres viviendas de 88, 177 y 153 metros cuadrados y dos garajes en Campo de Criptana; además de otra vivienda de 129 metros y dos garajes al cien por cien de propiedad en la misma localidad; otra vivienda de 177 metros en el mismo lugar al 33,33% de propiedad; otro inmueble de 63 metros cuadrados al 50%; tres inmuebles más de 116, 59 y 69 metros al 50% en Miguel Esteban; una vivienda de 136 metros cuadrados en Madrid; y una propiedad más de 623 metros cuadrados en Arenales de San Gregorio al 50%.

Además, declara tener 50% del capital de una empresa con un valor de 101.500 euros, el 29,62% de otra valorada en 60.101,20 euros, el 19,71% de una tercera por valor de 219.400 euros y el 50% de otra empresa más valorada en 95.000 euros. En cuanto a sus cuentas, poseía un saldo medio en cuentas bancarias de 31.480 euros, un fondo de pensiones con 11.526,93 euros y un seguro por valor de 15.606,25 euros.

Secretarios de la Mesa

A continuación, el secretario primero de las Cortes, Fernando Mora, ganó 60391,28 euros de las cortes más 17.548 euros en indemnización, así como 101,34 euros en intereses de cuotas, depósitos y activos financieros. Mora posee un piso de 100 metros cuadrados en Toledo, una vivienda unifamiliar de 233 en Nambroca, una plaza de garaje en Toledo y una vivienda de 60 metros cuadrados con garaje-trastero en Chipiona, todos ellos al 50% de propiedad. En cuanto a su cuenta corriente, declaraba tener una con 139.930 euros.

Finalmente, la secretaria segunda de las Cortes, Tania Andicoberry, percibió 30.765,83 euros de las Cortes más 9.283,60 en indemnización y 4.264 en concepto de locomoción; así como 10.377,93 del Ayuntamiento de Almansa; 1.001,41 euros como letrada; y 269,42 en concepto de intereses. Andicoberry posee un piso de 95 metros cuadrados en Almansa, además de una plaza de garaje, y un piso de 80 metros en Santa Pola, todos ellos al 50%. En cuanto a sus cuentas, tenía un saldo de 12.700 euros y un seguro de vida por 150.000 euros.

Grupos políticos

En cuanto a los grupos políticos, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Tomás Godoy, declaró percibir 66.107 euros de las Cortes, así como 17.548,60 euros como indemnización y 4.193,50 en locomoción, además de 4.078,82 euros por actividades agrícolas, 3.612,32 como productor de energía, 22,95 en intereses de cuentas y 4.500 por arrendamiento de inmueble.

En lo que refiere a sus propiedades, Godoy posee dos viviendas con garaje y trastero de 170 y 99 metros en Cuenca (la primera de ellas al 50% y la segunda al 100% de propiedad) y otra vivienda de 332 metros en Casas de Fernando Alonso al 12%. De igual modo, también es propietario de de cinco terrenos rústicos al 50% y dos más al 100% en Casas de Haro, seis más en Casas de Fernando Alonso, dos más en San Clemente y otras dos en Casas de los Pinos.

De igual modo, el presidente de los socialistas en las Cortes cuenta con el 25% de una empresa valorada en 18.000 euros, una cuenta corriente con 62.000 euros, un plan de pensiones por 26.954 euros y un fondo de inversión valorado en 16.000 euros.

Por su parte, la secretaria socialista, Ana Isabel Abengózar, ganó 63.391,28 euros de las Cortes, así como 17.548,60 como indemnización y 1.260 más en gastos de locomoción. Abengózar posee un inmueble industrial de 52 metros cuadrados al 50% y una cuenta bancaria con 90.000 euros.

En cuanto al PP, su presidente, Paco Núñez, ganó 60.391,28 euros, además de 17.548,60 como indemnización y 1.440 euros en concepto de gastos de locomoción. En cuanto a propiedades, Núñez declara poseer un terreno urbano de 345 metros cuadrados en El Casar y una vivienda de 145 en Almansa, ambas al 50%. En cuanto a sus cuentas, presentó una con 6.000 euros de saldo y otra con otros 1.000.

Mientras, la portavoz 'popular', Carolina Agudo, recibió 30.765,83 de las Cortes y 37.106,47 euros del Senado, además de 9.283,60 euros en concepto de inmdenización del Parlamento autonómico. Agudo declara poseer el 100% de una parcela urbana de 2.500 metros cuadrados en Toledo y una cuenta con 5.670,28 euros.

El portavoz de Vox percibe salarios de las Cortes, la Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Alovera

En lo que respecta a Vox, el presidente del Grupo Parlamentario, David Moreno, percibió 30.765,83 euros de las Cortes, además de 9.283,60 euros como indemnización y 622,50 en gastos de locomoción. De igual modo, declara ganar 3.500 euros de actividades profesionales, 2.062,57 por al arrendamiento de una nave y 40 más del Ipeta.

En lo que refiere a propiedades, Moreno posee una casa de 180 metros cuadrados, y otra de 120 en Talavera, así como dos naves de 76 y 480 metros y un local comerical de 125 en la misma ciudad, un solar industrial de 2.000 metros en Cazalegas y otro solar urbano de 245 metros en Las Herencias, todos ellos al 16,66% de propiedad. Además, tiene acciones por valor de 1.000 euros en una empresa y por 990 euros en otra y y un saldo en cuentas bancarias de 2.386 euros.

Finalmente, el portavoz de Vox, Iván Sánchez, declara ganar 30.765,83 euros de las Cortes más 9.283,60 como indemnización y 1.562,50 como gasos de locomoción, además de 14.247,92 euros de la Diputación de Guadalajara y 7.613,88 euros del Ayuntamiento de Alovera. Sánchez posee una vivienda al 50% de 280 metros cuadrados en Alovera y acciones de una empresa por valor de 10.500 euros y de otra por 12.500. Además tiene un saldo medio en cuentas bancarias de 32.500 euros.

Una famosa máxima de Clausewitz dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pareciera que en los últimos tiempos ha cundido el empeño por hacer esto mismo dentro de los parlamentos, sustituir el diálogo encaminado al entendimiento por la escenificación de un conflicto bélico enfocado a eliminar al adversario, con las asambleas legislativas convertidas en campos de batalla. Por eso hoy 30 de junio, Día Internacional del Parlamentarismo, se hace más necesario que nunca reivindicar una forma de hacer política que se basa en la deliberación y en el diálogo como fórmulas para determinar las decisiones con las que mejorar la vida de la ciudadanía. Esto, que parece tan obvio, no ha sido así siempre y no lo es en todos los lugares del mundo. Y en nuestro país, además, tenemos motivos para la preocupación. 

El deterioro del parlamentarismo es un síntoma de la pérdida de salud democrática, pero es a su vez una causa directa. Aunque no se trata de un fenómeno exclusivo de España, sin duda está cada vez más presente en nuestro país, como observamos en los bochornosos espectáculos a los que asistimos de manera habitual en las sesiones del Congreso, del Senado y de otras asambleas regionales. Un panorama que también amenaza la buena dinámica de algunos foros hasta ahora menos exaltados como nuestras Cortes de Castilla-La Mancha.

No es una mera cuestión estética. Las formas desagradables afectan también al fondo. La degeneración de la actividad parlamentaria, donde se recurre al insulto y la descalificación, con mensajes más emocionales que racionales, con absoluta falta de empatía y sin ninguna actitud de escucha, tiene unas consecuencias nefastas: polariza a la sociedad, provoca desafección ciudadana y nos impide que las decisiones que adoptamos se enriquezcan con lo bueno y válido que siempre puede aportar la otra mirada. 

El insulto fácil y recurrente hacia el que piensa diferente, la campaña de señalamiento hacia quien actúa de otro modo, la deslegitimación de quien gobierna por el mero hecho de responder a otras siglas, la desconsideración hacia las propias instituciones y tantas otras fórmulas que se aplican sin ninguna ética, caiga quien caiga y sin atender a las consecuencias a medio plazo, se han convertido en un modelo peligroso pero recurrente. Cada día, la crispación en las calles y en las instituciones sube un grado y está alcanzando cotas asfixiantes. Excita a los fanáticos, pero espanta a la inteligencia. El diálogo es imposible en medio del ruido y sin respeto entre los interlocutores: no solo impide el entendimiento entre quien debe hablar para convencer y quien debe escuchar para encontrar puntos de encuentro, sino que, además, expulsa a la ciudadanía verdaderamente interesada en participar de una conversación de calidad.  

Todo esto resulta más grave en los parlamentos, que son los templos de la democracia. A diferencia de lo que puede ocurrir en una tertulia en medios de comunicación, en una discusión de barra de bar o en el rifirrafe cada vez más insoportable en redes sociales, el debate parlamentario exige una dosis extra de consideración hacia la ética y el cumplimiento de las normas. Por supuesto que hay excepciones, pero la regla, cada vez más, responde a los estándares de lo que precisamente no deberíamos hacer. Estamos llevando el frentismo al corazón de las instituciones. 

Y en este ‘ecosistema’ todos los agentes involucrados tienen su parte de responsabilidad. En primer lugar, quienes desempeñamos una labor en las asambleas legislativas debemos esforzarnos, y en mi caso en las Cortes regionales prometo seguir haciéndolo, para que el debate sea respetuoso y fructífero. Debemos hacerlo mejor, elevando el nivel, no solo en el arte de la oratoria, sino especialmente en ese arte menos atendido que es el de la escucha activa. 

Ahora bien, no solo depende de nosotros y nosotras. También es clave el reflejo que tiene la actividad política en los medios de comunicación, el modo en que se traslada a la opinión pública lo que hacemos y decimos. El periodismo más irresponsable -no hablemos ya del ‘pseudoperiodismo’ que se cuela en las instituciones para socavarlas desde dentro- es un aliado clave en este ruidoso desconcierto en el que el debate útil se hace imposible. Ocurre cuando se desvía el foco del diálogo sereno, aunque posiblemente menos llamativo, y se sitúa en mayor medida en personajes dispuestos a protagonizar numeritos o en voces interesadas en verter insultos, mentiras o medias verdades. De manera opuesta, el periodismo serio y riguroso, que verifica y pone en contexto, y no solo reproduce los gestos efectistas y los exabruptos de una y otra parte, contribuye a mejorar la salud de nuestra democracia.

En la misma medida, y para completar la cadena de agentes implicados, a la ciudadanía le correspondería no jalear a quienes dinamitan el diálogo y sí aplaudir a quienes ejercen la política de manera responsable, esforzándose por realizar aportaciones en positivo y por alcanzar consensos: una actitud más valiente en estos tiempos que la de confrontar sin escuchar y atizar sin medida. 

Por último, si hablamos de parlamentarismo no es menos importante reparar en las tareas para las que la ciudadanía nos ha elegido. En el caso de las Cortes de Castilla-La Mancha, para debatir los asuntos que solo en nuestra Cámara merecen atención. Aquí tenemos que decidir cuestiones claves para el bienestar de nuestra gente como la educación, la sanidad, los servicios sociales o las infraestructuras que dependen directamente de la Administración Regional. Frente a quienes se predisponen a convertir nuestro Parlamento Regional en un plató para tertuliar sobre el asunto del día o para replicar los mismos debates que ya tienen lugar en otros foros como el Congreso, el Senado, las diputaciones o los ayuntamientos, insisto en que centremos el trabajo en nuestras funciones, que no son menores. Ahora mismo tenemos entre manos asuntos de tanta importancia como afrontar la reforma del Estatuto de Autonomía. Una labor que nos exige máxima atención y un clima de debate que propicie entendimientos.

Ser representante en el Parlamento Regional supone un orgullo que debemos corresponder atendiendo de manera ética y profesional los asuntos que aquí -y solo aquí- se tienen que debatir, sin pervertir el verdadero sentido del parlamentarismo. Debemos hacerlo por convencimiento democrático y por eficiencia, porque es mejor a medio y largo plazo. En un mundo con una permanente tentación por adoptar fórmulas autoritarias que prometen soluciones simples a los desafíos de una realidad compleja y que cambia a velocidad de vértigo, conviene aprovechar una fecha como hoy para pensar que no siempre el camino más corto es el mejor. En democracia hay que huir de los atajos. El parlamentarismo, aunque suponga un rodeo, constituye el camino a seguir.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido ha abogado este miércoles por un “ejercicio de reajuste” en el papel que juegan los diputados y diputadas en el actual modelo parlamentario español para “combinar la lealtad” a sus respectivos partidos políticos con las funciones que tienen reservadas como parlamentarios.

Lo decía durante el acto de inauguración de las XV Jornadas de Derecho Parlamentario ‘Debates constitucionales, el Estatuto del Parlamentario’, que se celebran hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, organizadas por la institución junto a la Fundación Manuel Giménez Abad, el Instituto de Derecho Parlamentario, el Instituto de Derecho Comparado y Centros de Estudios de Partidos Políticos y el Departamento de Derecho Político de la UNED.

Bellido ha criticado que el papel del diputado o diputada en el actual modelo haya quedado reducido al “papel de palomas mensajeras de las sedes de los partidos” y en su opinión “hay que hacer un ejercicio de exploración, de reajuste para combinar la lógica y necesaria lealtad a los partidos políticos” con la función como parlamentarios. “Hay que explorar esa vía”, reclamaba.

En esa apreciación ha coincidido con el secretario general de la Fundación Manuel Giménez Abad. “Reivindico la disciplina de grupo y de partido, pero eso no puede ahogar al diputado individual. Hay que encontrar su espacio”, decía José Tudela Aranda, quien ha apostado por aclarar “cómo y qué funciones le corresponde ejercer”.

Tanto Bellido como Tudela han coincidido también en apostar por el diálogo entre diputados de distintos partidos políticos. “Hay que elevar el nivel y no me refiero solo a la oratoria sino a la escucha activa. Tenemos que escucharnos”, señalaba el presidente del Parlamento castellanomanchego. 

“Uno tiene la sensación de que hay demasiado ruido y poco provecho” porque, reconocía, “las hostilidades son excesivas”. 

Para Tudela, es necesario “apelar al rigor, al diálogo y a la discrepancia racionalizada” porque, lamentaba “muchas de estas cosas no se dan actualmente en la vida pública”. Ha pedido también “excluir blancos y negros y reivindicar los matices. Hay que escuchar lo que dice el otro. Eso es el Parlamento, aunque hoy en demasiadas ocasiones eso parece el pasado”.

Las Cortes de Castilla-La Mancha son el primer parlamento autonómico en acoger estas jornadas que cuentan con quince años de trayectoria. En la jornada se hablará del ejercicio de las funciones parlamentarias en una mesa redonda protagonizada por Bárbara Cosculluela Martínez, letrada de las Cortes Generales y Yolanda Fernández Vivas, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares, moderada por Piedad García Escudero-Márquez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. 

También se analizará la suspensión y pérdida de la condición de parlamentario a cargo de Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla la Mancha y Lidia García Fernández, letrada de las Cortes Generales, en una mesa moderada por Elviro Aranda Álvarez, director del Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III.

La diputada del Grupo Mixto en el parlamento asturiano Covadonga Tomé, expulsada de Podemos junto a más de una veintena de dirigentes del partido morado, ha confirmado este miércoles que ese sector trabaja ya en la constitución de un nuevo proyecto político con el que concurrir a las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

El pasado mes de marzo la nueva dirección de Podemos confirmó su expulsión definitiva del partido y reclamó del parlamento asturiano que tomara las medidas necesarias para que Tomé no utilizase el nombre de la formación con la que fue elegida diputada el pasado mes de mayo tras encabezar su candidatura en las últimas elecciones autonómicas.

Tomé, que asumió su desvinculación “total” con Podemos Asturias y retiró las referencias a ese partido de la cartelería, el correo electrónico o cualquier material relacionado con el trabajo parlamentario, ha defendido que, al igual que otros dirigentes expulsados como Xune Lipe o Laura Tuero y que formaron parte de la candidatura autonómica, siguen teniendo “la misma ideología y la misma propuesta programática”.

“Podemos ya no es una opción”

“Podemos ya no es una opción, necesitamos un barco y está en proceso de construcción para seguir participando en política”, ha señalado la parlamentaria, que ha abogado por continuar “con la misma hoja de ruta” que si no hubiesen sido expulsados y ha avanzado que, para ello, intentarán aunar voluntades “evidentemente progresistas” para ocupar un espacio de cara a futuras confrontaciones electorales.

Aunque no ha descartado la posibilidad de que esa futura formación pudiera incorporarse a Sumar -“todo dependerá de cómo evolucione”, ha apuntado-, Tomé ha advertido de que, en el caso de Asturias y pese a que la plataforma que lidera Yolanda Díaz afirma aspirar “a ser algo más”, parece estar siendo sustituida “por una especie de IU 3.0” como es Convocatoria por Asturias, la coalición electoral formada por Izquierda Unida junto a formaciones como Izquierda Asturiana (IAS) o Más País.

Tanto Tomé como sus dirigentes más próximos fueron expulsados de Podemos por promover un encierro en la sede del partido en Gijón en las jornadas previas a la presentación de la candidatura a las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo que ella encabezaba tras imponerse en las primarias.

Además, la acusaban de haber hecho declaraciones públicas que han sido consideradas contrarias a los estatutos de Podemos y de no haber abonado las cantidades mensuales que, en función de la normativa interna, debería haber donado al partido tras tomar posesión de su cargo como parlamentaria.

Vox quiere retirar el sueldo y exclusividad de Francisco Igea en las Cortes de Castilla y León después de que el informe de los Servicios Jurídicos del parlamento rechazara la petición del PP de aplicar a Igea el Pacto Antitransfuguismo y expulsarle del Grupo Mixto.

Actualmente hay tres miembros en el Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, inicialmente formado por Podemos, Por Ávila y Ciudadanos. Dos procuradores —Pablo Fernández, de Podemos, y el exvicepresidente autonómico y ex de Ciudadanos, Francisco Igea— de los tres que componen el Grupo Mixto se rotan para llevar la portavocía del Grupo Mixto. Cada seis meses, uno de los dos tiene dedicación exclusiva, asignada con 76.737,08 euros anuales.

Tras el primer intento fallido del PP por reducir la participación de Francisco Igea en el parlamento autonómico, ahora el partido de extrema derecha pide a la Mesa de las Cortes modificar ad hoc un acuerdo del mismo órgano de 2021. Vox pretende retirar la dedicación exclusiva que pueden tener los miembros del Grupo Mixto si el procurador no está adscrito a ningún partido por haber sido expulsados o haber abandonado la formación por la que se presentó en las elecciones autonómicas.

“Hoy tenemos un nuevo capítulo de 'Matemos al señor Igea', que empieza a ser una serie larga”, ha ironizado Igea a través de la red social X, que ha llamado al portavoz de Vox, Carlos Menéndez, el “chico de los recados” del portavoz 'popular', Raúl de la Hoz. “la persecución y ganas de silenciar a este procurador empiezan a rayar en el acoso y probablemente en lo delictivo, si alguien tomara una decisión de este tipo”, ha advertido Igea, que no cree que la Mesa de las Cortes vaya a aprobar esta modificación que plantea Vox.

“No es admisible que se siga lucrando, pese a su condición de tránsfuga, de la percepción de una dedicación exclusiva”, defiende Vox, que cree que privar a Igea de la dedicación exclusiva no afecta a sus funciones y derechos, sino que “obedece al criterio de que la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrara la voluntad política”. También prevé adaptar el reglamento para evitar que Igea “siga gozando” de los “privilegios” de ser el portavoz del Grupo Mixto y que deje de cobrar su dedicación exclusiva “por representarse a sí mismo”.

El partido de Santiago Abascal quiere retirar el régimen de dedicación exclusiva a Francisco Igea —o a Pablo Fernández, que sigue en Podemos—, aunque sí permitirle cobrar las compensaciones e indemnizaciones por gastos derivados de la asistencia a las sesiones y reuniones de los órganos de la cámara, según el escrito, al que ha tenido acceso este diario.

El procurador Francisco Igea considera que de esta manera Vox pretende “limitar la capacidad de acción” y sus “derechos a la participación política” como representante público, según su escrito a la Mesa de las Cortes.

El exvicepresidente autonómico cree también que, de aceptar la petición de Vox, los miembros de la Mesa podrían incumplir el artículo 542 del Código Penal —por impedir el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes— y de prevaricación al dictar una resolución “a sabiendas de su injusticia”. Además, asegura que esta modificación podría incurrir en el “fraude reglamentario” al pretender “introducir una previsión dictada únicamente para procuradores no adscritos”.

Los servicios jurídicos de las Cortes de Castilla y León calificaron a Igea de “tránsfuga”, pero no ve posible aplicar el Pacto Antritransfuguismo —al que Vox no pertenece— por “la falta de adaptación del reglamento” porque no se contempla la posibilidad de que un procurador del Grupo Mixto pueda ser no adscrito. “Ningún procurador puede ser expulsado ni puede abandonar el Grupo Mixto”, asegura el informe jurídico, lo que para Vox supone “una laguna legal” que impide aplicar “las merecidas consecuencias jurídicas”.

Ha pasado más de un año desde que se destapó el escándalo de las licencias por edad en el Parlament, ese régimen especial que permitía a los funcionarios cercanos a la jubilación cobrar el sueldo íntegro sin ir a trabajar. Esa prerrogativa, que costaba 1,7 millones de euros al año, fue eliminada definitivamente un mes después de que la desvelara una investigación del diario Ara. Pero la polémica pasó sin que se conociesen al detalle los cargos y el salario exacto que percibieron. 

Imma Folchi, que fue secretaria general entre 1999 y 2015, el cargo de mayor rango de la Cámara catalana, ingresó entre 14.000 y 15.500 euros al mes durante cuatro años sin tener que ir al puesto de trabajo ni desempeñar ninguna tarea. Fue entre 2018 y 2021. Por su parte, Pere Sol, su sucesor en el puesto, que ocupó solamente entre 2015 y 2016, se acogió al año siguiente al régimen de licencia por edad y percibió cada mes un salario de alrededor de 10.000 euros. 

El detalle de las remuneraciones, que a veces triplican el salario base gracias a complementos y trienios, lo ha obtenido elDiario.es a través de una petición de Transparencia y un posterior recurso al Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Público de la propia Cámara. En él constan las licencias por edad que cobraron los tres altos funcionarios del Parlament, de rango A1 y nivel 17 o superiores, que solicitaron esta prerrogativa antes de la jubilación. Solo entre ellos tres percibieron 1,9 millones de euros en total. Asimismo, la información aportada por la Cámara incluye el desglose de los salarios de todos los letrados de la institución, que oscilan entre los 6.000 euros al mes y los 18.000 que llegó a cobrar el exsecretario general Xavier Muro. 

Las licencias por edad se introdujeron en el régimen laboral del Parlament en 2008, bajo el mandato de Ernest Benach (ERC), y se mantuvieron durante las presidencias de Núria de Gispert, de CiU; de Carme Forcadell, de ERC, y hasta llegar a Laura Borràs, de Junts, que lo abordó a raíz del reportaje del Ara. Se podían acoger a ellas todos los funcionarios de la Cámara, desde ujieres y asesores lingüísticos hasta los más altos cargos, y los requisitos eran haber cumplido 60 años y llevar más de 15 en la institución. La licencia duraba hasta los 65 años y durante ese lustro, además de cobrar el salario sin ir a trabajar, cotizaban a la Seguridad Social. 

De las 62 licencias por edad concedidas desde 2008, tres corresponden a esas categorías más altas de funcionarios. Además de Folchi y Sol, consta también David Pol Torrella, hasta 2015 Oïdor de Comptes del Parlament, es decir, su responsable económico y tesorero. Con licencia por edad desde ese ejercicio hasta 2019, cobró entre 9.000 y 10.000 euros al mes sin trabajar, un salario ligeramente inferior al que tenía estando realmente en activo, de entre 10.000 y 11.000. 

Según reconoció la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs, en plena controversia por estas licencias, su coste total desde 2008 para las arcas públicas ha sido de 14,3 millones de euros. Esto significa que el 13% del total abonado dentro de este régimen corresponde a los exsecretarios generales, Folchi y Sol, y al extesorero Pol. 

El escándalo no solo hizo que se pusiera fin a las licencias y que quienes disfrutaban de ellas fuesen llamados a incorporarse al trabajo desde el pasado noviembre. También provocó en su día una guerra interna entre letrados que acabó llegando a la opinión pública. Antoni Bayona, exletrado mayor del Parlament e integrante del órgano de transparencia de la Cámara, acusó a la entonces secretaria general, Esther Andreu, de obstaculizar las pesquisas periodísticas y la entrega de una información que debería ser de acceso público. 

Catorce meses para revelar los sueldos públicos

Los salarios completos de todos los letrados, los nombres de los funcionarios más altos y la confirmación de quiénes y desde qué fechas han estado acogidos al régimen de licencia de edad es una información que este diario reclamó en enero de 2022, hace catorce meses. Pese a que la ley de Transparencia catalana, emanada del propio Parlament, estipula que las solicitudes de información deben resolverse en dos meses como máximo, ampliables en otros tres si hay recurso, la Cámara ha superado todos los plazos, dilatando la entrega de una información que fue en 2022 de candente actualidad en el debate político y de interés ciudadano.

La razón por la que sucedió esto es que, a diferencia con el resto de instituciones locales, autonómicas y de la administración central, los parlamentos no están por ley sujetos a los órganos de garantía de transparencia independientes, que en Catalunya es la GAIP, sino que forman su propio órgano interno, compuesto por sus funcionarios. Debido a esto, dos miembros de este órgano alegaron un conflicto de intereses en el mes de abril (eran letrados que debían valorar el acceso a información que les afectaba directamente).

El Parlament sin embargo incurrió en una dilación de más de cuatro meses, cuando no designó a los sustitutos hasta el mes de septiembre. Fuentes de la Cámara alegan que la Mesa solicitó a la Sindicatura de Cuentas y a la Oficina Antifraude de Catalunya que propusieran “un letrado cada una para poder proveer las dos vacantes” y resolver así la reclamación. Este proceso, aseguran, “retardó mucho el plazo de resolución”.

Con todo, una vez designados, la Cámara volvió a dilatar los plazos, para acabar dictando una resolución que admitía entregar los datos sobre los funcionarios de más rango, pero rechazaba dar detalles sobre el grueso de sus trabajadores.

Dos millones al año en sueldos del rango más alto

Las tablas retributivas de los funcionarios del Parlament son públicas, pero los salarios reales que perciben, sumando complementos y sobre todo trienios, suelen ser muy superiores. Al menos así se aprecia en la relación de sueldos obtenida por elDiario.es, en la que aparecen entre 11 y 18 altos funcionarios en función del año, y que incluyen letrados, el director de Informática, de Estudios Parlamentarios, de Gobierno interior o el interventor. Desde 2008 hasta 2021, la masa salarial de los empleados de este rango concreto ha aumentado de 1,4 millones anuales hasta los 1,9 millones actuales.

El que percibe una mayor retribución es el ya citado secretario general, con 254.000 euros en el último año completo facilitado, 2020, que corresponde a Xavier Muro. El montante corresponde a 86.000 euros de salario base, 82.000 de complementos y 85.000 de antigüedad. El siguiente en el escalafón, el letrado mayor, que en el último ejercicio entero analizado fue Joan Ridao, cobró 151.000 euros. Destaca también el sueldo de Antonio Bayona, que fue también letrado mayor, y que como director de Estudios Parlamentarios ingresó 218.000 euros en 2020. O el de Esther Andreu, exsecretaria general, que ese año era directora de la Oficina de Aran y percibió un salario de 159.000 euros. 

Todos estos son salarios superiores a los de los consellers de la Generalitat, del president Pere Aragonès (132.000 euros al año) o la propia presidencia de la Cámara (155.000 euros). Sin embargo, no es menos cierto que están más cerca de lo que perciben los letrados con mayor responsabilidad en el Congreso de los Diputados. Las tablas salariales así lo indican. En el caso del secretario general, por ejemplo, son 11.800 euros mensuales en el Parlament y 11.500 en la Cámara Baja. Pero ahí habría que sumar la antigüedad. Se da el caso que en la institución catalana los trienios suponen el 5% sobre el salario base, a diferencia de la Generalitat o las empresas públicas, donde es del 3%. 

Fuentes de la Cámara remarcan que los salarios son “homologables” a otras cámaras legislativas españolas y añaden que se explican también por el “alto nivel de profesionalización, especialización y responsabilidad” de los funcionarios. Además, a diferencia de otras Administraciones, señalan, las posibilidades de promoción o de movilidad territorial son nulas.

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Los diputados del Congreso están obligados por ley a hacer públicos todos sus bienes o las actividades económicas que puedan entrar en conflicto con su quehacer político. Tienen que dar cuenta de esos datos y de otros regidos por las normativas de transparencia al tomar posesión de sus escaños en la Cámara Baja y, también, al dejar de ser diputados, para conocer si han tenido un enriquecimiento irregular durante su paso por el Parlamento.

Todo ello está establecido por el reglamento de las Cortes Generales, que está en consonancia con uno de los principios básicos de la cámara, cada vez con mayor peso en las instituciones públicas: la transparencia. Sin embargo, el texto no es específico y, en la mayoría de las ocasiones, los parlamentarios utilizan esta ambigüedad para no compartir con la ciudadanía información de interés, como en qué empresas están depositadas sus acciones o de dónde reciben ingresos extra. 

La obligación viene recogida en el Estatuto de los Diputados y en el artículo 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y por el Código de Conducta de las Cortes Generales aprobado en 2020. En los textos se especifica que sus señorías “están obligados a formular declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad” y de otras “que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias”. 

La declaración de sus actividades económicas, señala el texto, debe incluir cualquier actividad desarrollada en los cinco años anteriores a obtener el puesto de parlamentario y que pueda constituir incompatibilidad con su labor como diputados porque exista un conflicto de intereses, así como en general cualquier tarea que pueda suponerles ingresos, los posibles regalos recibidos o las donaciones. Esta es la manera que tienen los ciudadanos de conocer esta información, pero todo depende del nivel de detalle que quieran ofrecer los políticos, puesto que esas declaraciones no las coteja después la Agencia Tributaria ni ningún otro organismo público de control. 

El pasado 24 de julio, la Oficina de Conflicto de Intereses del Congreso llamó la atención a 52 diputados de Vox por omitir en sus declaraciones las actividades que pudiesen influir en su actividad política. La entidad indicó entonces que el objetivo de estos ejercicios de transparencia no era “detectar irregularidades”, sino informar sobre los intereses de los diputados que pudiesen suponer un conflicto en el desempeño de sus funciones.

La institución pública también especificó en su informe que los parlamentarios incluían en sus declaraciones de bienes respuestas tipo no “creíbles”, que no detallaban sus empleadores ni el sector al que pertenecen si trabajaban por cuenta ajena ni la información de su actividad cinco años antes de ocupar el cargo. Con todo esto, la Oficina propuso una nueva redacción del Código, ya que no se trata de la primera vez que los representantes del Congreso aprovechaban los recovecos de la ley para no cumplir con la transparencia exigida. 

De Granados a Abascal

Uno de los casos más sonados que pusieron de nuevo sobre la mesa el debate de la transparencia en el Congreso fue el de Francisco Granados, exdirigente del Partido Popular madrileño condenado por el chivatazo de la trama Púnica, que ocultó que tenía una cuenta en Suiza con un millón y medio de euros que no había declarado en la web. Entonces, cuando se destapó el escándalo, el PSOE planteó medidas para sancionar a aquellos parlamentarios que no cumpliesen con su deber de transparencia.

Sin embargo, los representantes siguen sin recibir represalias por saltarse el código ético. Y este no es el único caso, son muchos los ejemplos de parlamentarios que no completan sus declaraciones. De hecho, la mayoría de ellos, de una manera u otra, incumplen la normativa. 

El líder de Vox, Santiago Abascal, a pesar de que sí declara sus bienes y patrimonio, no entra al detalle. Como en otros casos, en el apartado correspondiente a los bienes inmuebles tan solo pone “vivienda”, sin especificar el valor catastral de la misma. Lo mismo sucede con el detalle de las cuentas corrientes, un apartado que deja en blanco a pesar de que tiene un préstamo por valor de más de 365.000 euros. Mientras, el documento que corresponde con los intereses económicos está vacío, solo acompañado de un texto que se repite en otros diputados de la formación de extrema derecha.

En esta declaración se suelen especificar, por ejemplo, puestos de funcionarios anteriores o cargos en empresas. “Ninguna de las actividades desarrollada por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente”, recoge la declaración firmada.

Esta misma respuesta aparece también en la declaración del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. En su caso, además, el documento de actividades económicas está totalmente en blanco y ni siquiera especifica su actual puesto dentro del partido –como sí hace Abascal–.

Las imprecisiones se dan en prácticamente todas las formaciones políticas con representación parlamentaria. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sí especifica sus intereses, continúa con algunas respuestas tipo como “vivienda” en el apartado correspondiente al tipo de vivienda, pero no especifica, por ejemplo, el valor catastral. Lo mismo sucede con otro tipo de bienes, como los vehículos. Es el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que en la sección donde debe especificar qué tipo de coche tiene se limita a poner “vehículos”.

Reuniones con lobbies

Las sucesivas quejas por la falta de transparencia en las dos cámaras llevó a la actualización de las normas de conducta en 2020. Ahora, los miembros no solo deben publicar sus bienes o sus actividades económicas, también tienen que exponer “su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés”. Esto es lo que se conoce como lobbies, por su nombre en inglés. Como sucede con el resto de datos, son los propios parlamentarios los que tienen que responsabilizarse de la “veracidad, exactitud y actualidad de la información publicada”. 

Y ¿cuántos diputados informan a la ciudadanía sobre las reuniones que tienen con estos grupos? Según el último informe de la Oficina de Conflicto de Intereses de este mismo año, solo siete de los 349 parlamentarios que componen la Cámara Baja. Estas reuniones deberían estar especificadas en el apartado ‘Agenda’ de la página web del Congreso, una sección con la que cuenta algo más de la mitad de la cámara –198 diputados–. 

Acciones en bolsa

Otro de los aspectos polémicos que muchas de sus señorías esquivan es la publicación de las acciones en bolsa. En algunos casos directamente se deja en blanco ese apartado; en otros, de nuevo se vuelve al terreno de la imprecisión y las respuestas tipo. Uno de los ejemplos más sonados es el del exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto, que en 2019 declaró más de 10 millones y medio de euros en acciones. En la casilla donde debía especificar la empresa y el concepto, de Quinto se limitó a registrar “acciones cotizadas en Bolsa”. En aquel momento, elDiario.es intentó conocer de qué empresa eran las papeletas y contactó con el partido, que se negó a aportar detalles. En la actualidad, Pedro Sánchez cuenta con más de 5.000 euros en acciones pero de nuevo no indica en su declaración a qué compañía corresponden. Lo mismo sucede con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que tiene más de 3.000 euros en acciones correspondientes a la empresa “Acciones”.

El 1 de octubre de 1931 no solo es el día en que Clara Campoamor (Madrid, 1888 - Lausana 1972) pasa a la historia como la mujer que cargó en sus espaldas el peso de la defensa y consecución del sufragio femenino en España, sino que también es el día en el que España madura; el día en que permite que las mujeres “puedan participar en el espacio de lo común”, en palabras de la escritora y doctora en Filosofía Marifé Santiago. Antes de 1931, Campoamor era una de las tres únicas diputadas mujeres que había en el Congreso, junto a Margarita Nelken y Victoria Kent. Y antes de 1931, España era un país en el que “las mujeres no eran personas porque, para serlo, hay que ser persona jurídica”. Después del 1 de octubre de 1931, Campoamor se convirtió en punta de lanza y principal responsable de uno de los cambios políticos más relevantes de la historia de nuestro país, si no el que más. Después de 1931, las mujeres españolas dejaron de ser ciudadanas de segunda clase. Por eso, el 'Antes de' de Clara Campoamor trasciende a la propia diputada. Todo lo que le ocurrió antes de aquel octubre de 1931 es la senda que, sin saberlo, anduvieron con ella todas las españolas de la historia. 

El padre de Clara era periodista. Ahí ve Marifé Santiago una semilla de la preocupación de la hija por la actualidad y los asuntos de su tiempo. La madre, costurera. “Y ahí quiero ver”, apuntilla la escritora, “que aprendió de ella la necesidad de hilar todos los hilos que están sueltos para poder crear algo que nos abrigue y que nos vista”. De esas dos simientes nació una niña que tuvo que dejar de estudiar muy pronto porque su padre murió cuando ella contaba solo diez años de edad. Fue en 1898. “Muy pronto se vio obligada a dejar de estudiar”, tercia Marifé Santiago. Quizás esa fue una de las cosas determinantes para configurar su pensamiento y apuntalar el sentido de su lucha. “Ella tenía claro”, continúa Santiago, “que si hubiera sido un hombre, la muerte de su padre no la hubiera condenado a tener que dedicarse a la costura, por ejemplo”. En otras palabras, experimentó en sus propias carnes que cualquier contratiempo condenaba a una mujer a aparcar su ambición.

Sin embargo, ella no lo hizo. Tras trabajar como modista, telefonista y dependienta con tal de colaborar con la economía familiar, en 1909 se presentó a la oposición para el cuerpo de Telégrafos y consiguió una plaza. “Era la única oposición a la que podían presentarse las mujeres”, concreta Santiago, “y eso explica que muchas mujeres de ese período que, más tarde, escribirían sus propias líneas en la historia trabajaran todas ahí”. Después, accedió a un puesto en el Ministerio de Instrucción Pública y en 1920 se inscribió en el Bachillerato. Solo cuatro años después, Clara Campoamor ya era licenciada en Derecho y pronto abriría su propio despacho. De algún modo, ya estaba poniendo en práctica eso que más tarde entendería cómo desprenderse del freno que muchos hombres consideraban que debían tener incorporado las mujeres. En una de las muchas escenas y experiencias que relata en su libro El voto femenino y yo: mi pecado mortal, Campoamor explica algo que escuchó, una vez ya se había convertido en diputada, de boca de un “republicano ardoroso, de agudo sentido liberal y, por lo demás, hombre respetable y respetado”, es decir, de alguien con quien, en principio, compartía cuerda política. El diputado espetó: “Es bueno que la mujer tenga el freno de la Iglesia”. Para Campoamor, esas palabras descubren “todo el profundo desprecio masculino por la hembra, a quien se considera precisada de freno”. Ella dedicó su vida a eliminar ese freno –a destruirlo–, aunque, para ello, tuviera que enfrentarse, incluso, a sus propios correligionarios.

El día que Victoria Kent no fue al Congreso

“Esto es uno de los mayores dramas de la historia del mundo”, bromea Santiago. “Victoria Kent y Clara Campoamor eran amigas”, continúa, “y se querían. Se admiraban”. Lo que ocurrió, en palabras de la escritora, es que “Victoria Kent, que formaba parte de un partido distinto al de Clara, votó en clave de partido y no en clave de conciencia”. Una opinión extendida en aquel momento consistía en que el voto de las mujeres podía acabar con la República, toda vez que, según esa corriente, votarían siempre lo que dijera la Iglesia y, por lo tanto, el sentido de su voto sería conservador. Victoria Kent formaba parte del Partido Republicano Radical Socialista, que, basado en esos principios, se oponía al sufragio universal. “Aquel 1 de octubre, el día en que se llevó a cabo la votación, Victoria Kent no se presentó en el Congreso”, apunta Santiago. Lo que sucedió aquella jornada ya es parte de la historia. Los síes vencieron a los noes y las mujeres ganaron, gracias a los 161 diputados que votaron a favor, pero, sobre todo, a Clara Campoamor, esa ciudadanía jurídica que las convertía en personas.

Después de eso, tal y como explica en el libro antes citado, su carrera política tocó a su fin. Haber encabezado la lucha por el sufragio fue “un pecado mortal”, tal y como ella misma lo describió. La Guerra Civil la obligó a exiliarse y no pudo volver a España nunca. Murió en 1972. Trabajó traduciendo textos de Victor Hugo y Émile Zola y ejerció la abogacía hasta quedarse ciega. La máxima responsable de que las mujeres puedan votar en España falleció en Lausana (Suiza) tras 36 años lejos de su país.

Los diputados autonómicos, Lorena Hernández Labrador y Jacob Qadri, así como el senador por la isla de La Palma, Borja Pérez Sicilia, y el senador autonómico, Asier Antona, han acudido a la interparlamentaria del Partido Popular de Canarias, celebrada este sábado en Santa Cruz de Tenerife, bajo el título Bajar impuestos para crear empleo. Durante la reunión se ha analizado “la complicada situación económica, social y política que atraviesa Canarias desde que hace seis meses llegase el gobierno de coalición encabezado por el PSOE”, se informa en nota de prensa. Hernández Labrador ha señalado que “llevamos seis meses sin proyectos para que las islas avancen, y prueba de ello es que no se ha mejorado nada en áreas tan importantes como educación o sanidad”. Además, apunta que “La Palma no está en la hoja de ruta de este gobierno llamado del progreso, los palmeros hemos sido castigados en los últimos presupuestos con 7 millones de euros menos que en los presupuestos anteriores”. Y añade que “a todo esto hay que sumarle el regalo que nos hizo el Gobierno de Canarias, nada más comenzar el año, subiendo el IGIC”. “Hay que recordar que este impuesto se incrementó medio punto y pasó del 6,5% al 7%”, dice. La diputada señala que “la unión del tijeretazo en el presupuesto para la isla y la subida de impuestos, que ya las familias canarias están notando, tendrá consecuencias nefastas para los más de 80.000 palmeros”, asegura.

Por su parte Qadri ha señalado que “el Partido Popular está en contra del castigo al que nos está sometiendo el Gobierno autonómico con la subida de impuestos”, y asegura que “pese a que no son buenos tiempos para Canarias, desde el PP vamos a seguir dejándonos la piel y defendiendo los derechos de todos los palmeros”, y apunta a que “solo conseguiremos salir a flote trabajando, como siempre hace y ha hecho el PP”. Por todo ello, Qadri afirma que “ahora más que nunca desde el Partido Popular vamos a formar un frente para frenar la subida de impuestos tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno central”, y añade que “trabajaremos juntos todos los estamentos públicos en la elaboración de propuestas que generen economía, puestos de trabajo y estabilidad para el país, así como para la isla”.

El senador por La Palma, Borja Pérez Sicilia, ha apuntado que el Partido Popular será “el dique de contención frente a la inminente subida de impuestos a los que nos someterá el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos”. Además, el senador afirma que desde el PP defenderán “la autonomía de las comunidades autónomas para determinar su política fiscal”, y advierte que “tendrá que ser Sánchez el que explique a los ciudadanos esta posible subida de impuestos, mientras el nuevo gobierno aumenta el gasto público”.

Por su parte, el senador autonómico, Asier Antona, señala que “desde la Secretaría de Política Autonómica se está coordinando visitar a todos los grupos parlamentarios autonómicos, con el fin de coordinar la actividad parlamentaria entre los Parlamentos autonómicos, Congreso, Senado y Parlamento Europeo”. Además, ha asegurado que “a partir del próximo mes van a realizar encuentros con los consejeros de gobierno, en las comunidades autónomas que gobierna el PP, y portavoces, en las comunidades en las que no gobierna, con el fin de coordinar mejor la actividad, y ver lo bueno que se está haciendo donde estamos gobernando”. Además, Antona no ha dudado en afirmar que “el PP está siendo y va a seguir siendo un rompeolas a la marejada de este gobierno de izquierda radical que tenemos en España”, a lo que añade que “ese rompeolas solo es posible desde la moderación y sentido común con el que estamos trabajando desde el PP”. Por último, el senador adelantó que “posiblemente el próximo mes de febrero Canarias tendrá un eurodiputado, Gabriel Mato, cuyo papel es fundamental para la defensa de las singularidades de La Palma, y de todo el archipiélago”.

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha agradecido este viernes a los siete grupos parlamentarios del archipiélago el apoyo y el ánimo que le han trasladado en las últimas dos semanas durante la gestión de la extinción de los tres incendios declarados en Gran Canaria.

Torres ha compartido con los grupos con representación en el Parlamento regional -PP, Ciudadanos, NC, PSOE, Sí Podemos Canarias, CC, y ASG- la información que ha manejado estos días el Gobierno autónomo sobre estos tres fuegos, el último de ellos el más grave, que sigue sin darse por controlado tras haber afectado al 8% de la superficie de Gran Canaria y que, según ha precisado, se inició en el Barranco de Crespo, en Valleseco, hace una semana.

“El Gobierno canario ha estado arropado por todos los grupos ante la amenaza certera de esta bestia”, ha dicho Torres, quien, tras insistir en que no es seguro acudir a la cumbre, ante los daños que presentan las carreteras que se han reabierto para que los evacuados puedan regresar a casa, ha recalcado que en la gestión de esta emergencia “no ha habido fisuras”. “No es un toque de queda, sino un llamamiento al civismo que ha demostrado” en esta crisis la población grancanaria, ha referido.

Tras este encuentro, el presidente canario ha manifestado el orgullo que sienten todos los grupos parlamentarios de las Islas por los “magníficos profesionales” que tiene la región en materia de extinción de incendios y ha asegurado que los medios aéreos enviados por el Estado permanecerán en Canarias, dada la alerta máxima declarada en algunas Islas por el repunte de temperaturas.

Sin embargo, los medios terrestres se han ido desplegando y muchos de sus efectivos llegados de otras islas y de la Península “han dormido hoy en sus casas”, según ha informado el consejero regional de Seguridad, Julio Pérez, quien ha resaltado que “la emergencia sigue activa, de ahí que también continúe vigente la prohibición de cazar” en Gran Canaria.

Ángel Víctor Torres ha garantizado que, como hará el Consejo de Ministros en próximas semanas, una vez quede extinguido el fuego que sigue activo aunque estabilizado en Gran Canaria, el Ejecutivo regional articulará las ayudas que se precisen para que los afectados puedan retomar cuando antes la normalidad, tal y como han avanzado que propondrán los diferentes grupos parlamentarios regionales, a los que ha agradecido sus “aportaciones constructivas” en esta emergencia.

Torres ha destacado que “en los momentos más críticos” de estos incendios, cuyas causas investiga la Guardia Civil en el caso de los dos últimos, una vez que se ha sabido que el primero tuvo lugar por una imprudencia, ha recibido llamadas telefónicas de su antecesor y actual senador de CC Fernando Clavijo, del exlíder del PP canario y ahora también senador Asier Antona, y del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

A ellos se han sumado, con su presencia en Gran Canaria, los ministros de Agricultura y Defensa, Luis Planas y Margarita Robles, el presidente del PP, Pablo Casado, y el propio presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha recordado.

Además de coincidir en destacar la transparencia informativa y la diligencia que ha mostrado el Gobierno canario, responsable de las labores de extinción de los incendios de nivel 2, como el que sigue activo, los distintos grupos han formulado otras aportaciones.

La portavoz y presidenta en funciones del PP canario, Australia Navarro, ha avanzado que su partido exigirá ahora la aprobación “urgente” de ayudas para los damnificados por este fuego, mientras que la de Ciudadanos, Vidina Espino, ha abogado por destacar, como ha asegurado que han hecho el resto de sus compañeros, la “ejemplaridad” que han mostrado estos días los grancanarios.

De igual forma, Espino ha dicho que todos los partidos coinciden “en poner en valor el trabajo que han hecho las casi mil personas que se han jugado la vida luchando contra el fuego”.

El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, se ha felicitado por que la Ley regional del Suelo “impida especular” en las Islas con los terrenos afectados por los incendios, mientras que la portavoz del PSOE, Nayra Alemán, ha insistido en la necesidad de que se extremen las medidas de seguridad a la hora de usar las carreteras dañadas por el fuego.

En representación de la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos ha mostrado a los afectados por estos incendios de Gran Canaria la solidaridad de La Gomera, isla donde un incendio se cobró, en 1984, la vida de 20 personas.

“Sabemos fielmente lo duro que son estos incendios, lo difíciles que son estos momentos, todos los problemas que pueden acarrear y, por eso, mostramos nuestra máxima predisposición a ayudar en todo lo que podamos”, ha referido el parlamentario gomero. 

Días atrás, durante los minutos de espera de una entrevista televisiva, un periodista preguntó a otros periodistas: “¿Había buenos diputados en el Parlamento andaluz?”. La pregunta implicaba que quien la formulaba no consideraba “buenos” a los parlamentarios actuales y dudaba de que los hubiera habido alguna vez.

Ahora andan los diputados andaluces de la X Legislatura inquietos por su futuro inmediato, es decir, por saber si repetirán en las listas, una vez que la presidenta de la Junta de Andalucía firme el decreto de disolución del Parlamento y fije la fecha de la próxima convocatoria electoral. Muchos pasarán del incipiente reconcomio al nerviosismo hasta saber qué será de ellos, si volverán a figurar en las papeletas y si los puestos asignados les garantizan el acta de diputado. No obstante, también tendrán cierta tranquilidad, ya que en función del tiempo que hayan estado ocupando el escaño, los que no repitan podrán cobrar indemnizaciones equivalentes a su sueldo (3.127,22 euros brutos al mes, al menos) por un periodo mínimo de un trimestre y máximo de un año.

Conforme el Parlamento de Andalucía ha ido cumpliendo años, la mediocridad ha ido ganando espacio. Ya nadie sorprende en un debate, los diputados hablan para los suyos, no para los demás. Los gabinetes de comunicación repiquetean lo dicho por sus jefes, con foto, subrayados y colorines cuando apenas han terminado de pronunciar la última sílaba. Por eso tiene todo el sentido que los periodistas más jóvenes inquieran si había buenos diputados.

“No hay imaginación, sino reiteración”

Enrique Linde, portavoz del grupo socialista desde 1986 hasta 1994 (II y III Legislaturas), contesta la pregunta: “Había gente muy buena. Los portavoces socialistas, menos yo, lo eran. Y Luis Carlos Rejón (IU) y el Javier Arenas (PP) de la primera época”, precisa. Linde, una de las mejores cabezas políticas que ha pasado por el Parlamento, dice no ser testigo del bajón de nivel, pero asegura que “ahora, en el debate político, se considera que con reiterar el argumentario es suficiente”. “No hay imaginación, sino mucha reiteración, muchos lugares comunes; los debates están muy encorsetados”, añade, aunque matiza que “volver a la novedad de los primeros tiempos será difícil”.

Luis Pizarro, el diputado socialista más veterano del Parlamento, tiene claro que no repetirá en las listas. No cree que la medianía actual se deba a la selección de los diputados, sino a las circunstancias históricas. “Antes era más vivo porque se estaba creando la autonomía andaluza”, opina.

“La figura del político rampante”

Ramón Vargas-Machuca, catedrático de Filosofía Política de la Universidad de Cádiz y exdiputado constituyente (PSOE), discrepa. “Desde hace mucho tiempo se ha impuesto un régimen de socialización política que demanda una selección inversa o reclutamiento negativo de las élites y aparatos políticos. De ese proceso resulta la figura del político rampante. Y es que, si ejercer de político profesional deviene el mejor modus vivendi que alguien tiene al alcance, la lucha por la supervivencia política se convierte en el interés principal de muchos de los que se dedican a esta actividad y termina volviéndose muchas veces en una lucha atroz”.

En el libro El poder político en España: parlamentarios y ciudadanía (Colección Academia del Centro de Investigaciones Sociológicas) los profesores Xavier Coller, Guillermo Cordero y José María Echavarren analizan la manera en la que se reclutan y seleccionan a las personas que irán o repiten en las candidaturas electorales. Aportan un estudio del CIS fechado en 2009 según el cual el 50% de los parlamentarios de las Cámaras regionales fue incluido en las listas por ofrecimiento directo de un cargo del partido; uno de cada tres, en el caso del Congreso y el Senado. Las bases de los partidos sólo están detrás “de entre un 1 y un 2%” de los futuros candidatos.

¿Se prima la fidelidad o la preparación? Los profesores escriben: “Según el perfil de parlamentario, los que no han obtenido un título universitario o han alcanzado el nivel de diplomado y los que llevan más años dedicados al partido son los que consideran que su lealtad es la primera razón por la que fueron incluidos en la lista electoral. En el lado opuesto se sitúan los más formados y menos vinculados al partido, quienes perciben que su formación ha motivado su inclusión en las listas”. Su conclusión es que “cuando la selección depende de unos pocos, la fidelidad de los parlamentarios se dirige en mayor medida a los que los han seleccionado”.

“Ensimismamiento invencible”

Vargas-Machuca sostiene que la lucha por la supervivencia es la que “hace que las organizaciones políticas estén encastilladas en sus redes clientelares y acaben más pronto que tarde siendo dominadas por élites endogámicas; de tal suerte que jefes e indios acaban afectados por un ensimismamiento invencible”. En su opinión, este horizonte “de estar a lo suyo, no les permite ver más allá y determina la selección inversa, el premio a la mediocridad y una lógica de competición, transacción y decisión que muchas veces resulta perversa”.

Elena Cortés, diputada de IU por Córdoba, no optará a un escaño. No quiere. Tampoco oculta su desencanto. “Aquí no hay división de poderes. Se aprueban leyes que luego el Gobierno no aplica y se rinde pleitesía al Ejecutivo. Lo sé porque lo noté cuando fui consejera en la anterior legislatura”.

El secretario Político de Podemos, Jesús Rodríguez, tampoco repetirá por decisión propia en las listas electorales. Para él, el Parlamento ha sido una decepción. Más aún tras el debate de la proposición de ley de Protección y Bienestar Animal, que defendió en nombre de su grupo, en el que una diputada de otro partido arrancó así su intervención: “Soy dueña de perro, le doy de comer, le doy agua, cuando necesita el veterinario va al veterinario y paseo también con él”. Para Rodríguez fue “el prototipo de debate que refleja la teatralización de la nada que supone el Parlamento andaluz”.

Asegura que además de razones personales, lo que le ha decantado por no repetir experiencia es su defensa de “desprofesionalizar la política y para eso hay que dar ejemplo. De lo contrario, como nos relajemos vamos a ser igual que el resto”. El diputado de Podemos por Cádiz ha aprendido en estos tres años y pico en la Cámara andaluza que “el aprendizaje va más lento que los comportamientos institucionales para conservar el sillón y que lo que va más rápido es la competición entre compañeros”.

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha pedido este lunes a los grupos del Parlamento de Canarias que no caigan en la “trampa” de apoyar la propuesta de nombrar un administrador único para la Radio Televisión Canaria.

Para la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias, disolver la figura del Consejo Rector y sustituirla por un administrador único es dar el poder a una sola persona para que, sin ningún tipo de control, pueda decidir una nueva privatización de los servicios informativos con la excusa de que no da tiempo recuperarlos para la público.

En un comunicado, el sindicato de periodistas ha indicado que en la actual Ley de Radio Televisión Pública de Canarias ya se establece el procedimiento para cubrir las vacantes del Consejo Rector, que pasa por la elección de nuevas personas candidatas, y una nueva votación, tras el rechazo a las propuestas anteriores.

A juicio de la unión de profesionales del sector, que se opte por un administrador único sólo puede significar que, una vez conseguido, sirve para luego argumentar, sin oposición, que no da tiempo recuperar los informativos públicos y venderán una nueva privatización de los servicios informativos mediante un concurso “puente” con una fecha de caducidad que se incumplirá sistemáticamente. 

La prueba, según este sindicato, es que el portavoz de CC, José Miguel Ruano, insiste en que, la modificación de la actual Ley, dentro de 6 meses, puede basarse en un modelo privatizador, como el actual.  Para la unión de profesionales, ese no es el único peligro de la propuesta de modificación de la Ley. 

Tanto CC, PP y ASG, por un lado; como el PSOE, por el otro, “apuestan por seguir con el modelo de cargos políticos como integrantes del Consejo Rector en vez de emular la propuesta de modificación en el Congreso de los Diputados para que la selección del Consejo de Radio Televisión Española (RTVE) sea por concurso público”.

Lamenta la “instrumentalización” de las personas trabajadoras de RTVC que hace el Gobierno para intentar sacar adelante su propuesta de administrador único y espera que, ni los grupos políticos, ni las profesionales del ente, caigan en la trampa de un modelo que sólo aumentará la precarización de los empleos.

La UPCC ha recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el archivo de las medidas cautelares para suspender la concesión de los servicios informativos mediante procedimiento negociado sin publicidad y recuerda que la causa continúa abierta el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife por demanda del sindicato. 

El Parlamento, en su portal de transparencia, actualiza periódicamente el listado de viajes de los parlamentarios y su coste. El último informe está fechado a 9 de mayo y recoge los desplazamientos del año en curso hasta ese momento. El más llamativo es una visita fechada el 20 de marzo a los terrenos de la futura haurreskola de Galdakao, a 56 kilómetros de Vitoria (62 por autopista de peaje de 5,40 euros), que supuso 649 euros de desembolso cuando cinco días antes cuatro aforados y un letrado viajaron a Madrid, a las Cortes Generales, por 875. Sin embargo, lo más significativo de este caso no es el abultado precio pagado, sino el hecho de que el viaje nunca se produjo, según ha podido comprobar eldiarionorte.es de media docena de fuentes parlamentarias. ¿A quién pagó el Parlamento?

De los diez viajes desarrollados entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2017, el de Galdakao es el único que no cuenta con la información precisa de los días que duró la estancia. Tampoco se enumera a los participantes, aunque existe una anotación que vincula el viaje a la comisión de Educación, compuesta por 17 miembros. Este periódico se ha puesto en contacto con varios de ellos, pertenecientes a varias formaciones políticas, y todos han confirmado que el viaje nunca se llegó a realizar.

En Galdakao existe un proyecto de construcción de un nuevo centro del Consorcio Haurreskolak, unos planes no exentos de polémica en el municipio. El Ayuntamiento y la comisión de Educación, presidida por Pili Zabala (Elkarrekin Podemos), plantearon la posibilidad de visitar el lugar en que se prevé levantar la guardería, pero las dudas de algunos partidos hicieron que la expedición se suspendiera a última hora. Es más, el curso político se cerró en julio sin que se acordara una nueva fecha en relación a este asunto.

No obstante, en el listado de gastos oficial del Parlamento sí consta un cargo de 649 euros del 20 de marzo de 2017 por ese viaje. Y eso que el Parlamento Vasco ya cubre con un sistema de dietas que incluso no se interrumpe en los meses vacacionales como agosto los gastos de desplazamiento de sus señorías dentro de la comunidad autónoma, así como el sistema de telepeaje. La cuantía de la dieta varía en función de la cercanía del territorio donde resultaron electos en relación a la sede legislativa de Vitoria. Mensualmente, los parlamentarios tienen un plus de 370, 543 ó 596 euros mensuales en función de si son aforados por Álava, Bizkaia o Gipuzkoa.

En la información facilitada desde marzo hasta la fecha a los miembros de la Mesa, según las fuentes consultadas, el órgano de control del Parlamento no ha tenido constancia de esta misteriosa factura. Fuentes cercanas a la presidencia de la comisión de Educación aseguran que desconocen todos los detalles de este pago y que analizarán toda la documentación para aclararlo.

Los otros viajes y gastos

Según la información oficial, al margen del de Galdakao, el viaje más caro y también el más largo fue el de seis miembros de la comisión de Turismo a la feria Fitur de Madrid, que se celebró del 18 al 22 de enero. La factura es de 3.696,60 euros (a 123,22 euros por persona y día). En febrero también hubo otro desplazamiento a la capital a un foro económico, dos días a 101,27 euros por participante. Algo más caro, pero no mucho más, fue la visita también de dos días al foro interparlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (107,66 euros).

A lo largo de esos primeros meses de 2017 también ha habido dos viajes individuales de día a Madrid, uno de Juan Luis Uria (presidente de la comisión de Salud) a la “presentación de resultados preliminarios del ensayo PsicAP” (295,33 euros) y otro relacionado con el Sáhara (163,50 euros). Completan las facturas distintas cenas benéficas celebradas en Vitoria en las que la Cámara ha abonado el cubierto, una de Aspanafoha, otra la Jan ta Eman y una tercera vinculada a las enfermedades del Corazón. El cubierto salió a 30, 25 y 50 euros, respectivamente.