Mentir en la declaración de bienes del Congreso o el Senado es gratis cuatro años después del caso Granados

Hace más de cuatro años, en marzo de 2014, el escándalo de las cuentas en Suiza del dirigente madrileño del PP Francisco Granados abrió un debate sobre las declaraciones de bienes de los políticos y la ausencia de castigo para quienes mientan en ellas. El PSOE planteó a la mesa del Senado, donde entonces estaba Granados quien por supuesto no había declarado a la Cámara el millón y medio de euros en el banco de Ginebra, medidas para sancionar a los parlamentarios por estas u otras “omisiones”.

Granados acabó renunciando a su acta de senador y a su escaño en la Asamblea de Madrid y los casos de corrupción en los que estaba involucrado le llevaron pocos meses después a la cárcel acusado de graves delitos, dentro de la Operación Púnica, de corrupción generalizada en varias administraciones españolas.

Los socialistas pidieron entonces que se arbitrara algún sistema para verificar las declaraciones de bienes, rentas y actividades de sus señorías “cuando éstas sean puestas en cuestión” bien por un medio de comunicación o por denuncias de algún ciudadano. Además, apuntaron la necesidad de aplicar sanciones si se comprueba que existen falsedades en sus escritos sobre sus bienes u omiten datos de relevancia. De igual modo, también señalaron que si se demuestra que la denuncia no tiene consistencia, debía ser la Cámara correspondiente la que debía salir en defensa del honor del parlamentario.

En el Congreso, la idea del PSOE fue acogida con muchas reservas por el PP, que por entonces gobernaba. “Para comprobar las declaraciones que alguien considere dudosas, tendríamos que tener un equipo policial. Sería dar por supuesto que todos somos sospechosos de algo”, replicó a este diario, indignada, la veterana diputada del PP Celia Villalobos, que ocupó la vicepresidencia en la Mesa del Congreso en tiempos de Jesús Posada.

El propio Posada, que presidía el Congreso, reconoció las dificultades que implicaba la medida y prefirió fiarse de “la honradez” de sus señorías.

Ninguna de las Cámaras ha movido un dedo

Han pasado cuatro años y nada ha cambiado. Ni el Congreso ni el Senado han movido un dedo para cambiar sus reglamentos con el fin de evitar que estas conductas queden impunes. Por el camino, sin embargo, se han ido conociendo muchos otros casos de falsedades en las declaraciones de bienes y también en las de actividades de sus señorías. En la mayoría de los casos estas 'irregularidades' las subsanan presentando una modificación de sus escritos iniciales ante la Comisión del Estatuto del Diputado. Pero no se les aplica ningún castigo por ocultar o engañar sobre alguno de estos datos o sobre ciertas actividades que a veces se descubren al ser incompatibles con el acta.

El Reglamento del Congreso solo recoge la posibilidad acordar la suspensión temporal de la condición de diputado a quien persista en su actitud tras ser sancionado por dejar de asistir a la reuniones del Pleno o las comisiones o revelar información secreta, así como a quienes se nieguen a abandonar el hemiciclo tras ser expulsados, porten armas dentro del recinto o utilice su condición de parlamentario para hacer negocios. Si el asunto es de envergadura, en algunas ocasiones -aunque la Cámara no les obliga- puede desembocar en la renuncia al acta del afectado, 'empujado' por su partido.

Muy sonados fueron los casos de los diputados del PP, Vicente Martínez Pujate; Gustavo de Arístegui, exembajador en India, o Pedro Gómez de la Serna por sus negocios privados un tanto dudosos y no declarados en tiempo y forma en el Congreso.

Martínez Pujalte, no repitió en las listas electorales tras conocerse, entre otras, cosas, que siendo diputado percibió 75.000 euros en poco más de un año por asesorar a una empresa constructora sin declararlo en el Congreso. Arístegui se vio obligado a dimitir de su cargo diplomático tras estallar el escándalo de sus turbios negocios junto a su compañero De la Serna, que dejó el PP pero se marchó con su acta recién estrenada al Grupo Mixto.

UPN vuelve a plantear que se sancionen los engaños

La semana pasada, el diputado de UPN, Carlos Salvador, reactivó el debate que la propia formación foralista también había plateado hace cuatro años. En declaraciones en el Congreso, Salvador anunció que van a aprovechar la reforma del Reglamento del Congreso que se está tramitando actualmente en la Cámara a instancias del PP para regular la actuación de los 'lobbies', para presentar una enmienda con el fin de que se sancionen los engaños en las declaraciones de bienes y actividades de los diputados.

En concreto, plantea que se reforme el artículo 101.1 del Reglamento, que establece los casos “de disciplina parlamentaria” en los que el Pleno del Congreso puede acordar la suspensión temporal de la condición de diputado si incumplan el artículo 18, que obliga a quienes obtienen escaño a “formular declaración de su bienes patrimoniales en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”. Así, se incluiría un nuevo supuesto de sanción disciplinaria para quienes aporten “información inexacta, falseadas o engañosa” en la declaración que deben entregar a la Cámara al inicio de cada legislatura.

Según explica Salvador a eldiario.es , la sanción se aplicaría “a los que de manera obscena mientan en su declaración”. Aunque prefiere no dar nombres concretos, deja caer que “hay diputados que han cambiado su declaración hasta cuatro veces al ver que alguien destapaba que había omitido bienes o minimizado sus ingresos hasta llamar la atención”.

“Ya que hacemos un ejercicio de streep tease tenemos que saber que tiene sus efectos si mientes”, señala Salvador, que reconoce que “va a ser difícil” que pueda tramitarse y aprobarse dicha reforma en esta legislatura como tampoco se ha conseguido en las anteriores.

Un caso llamativo, efectivamente, fue el del expresidente de Murcia y exsenador del PP, Ramón Luis Valcárcel, que en su declaración presentada en la Cámara regional en 2013 aseguró que en su cuenta corriente solo tenía 122 euros.

Las imprecisiones a la hora de rellenar los formularios están a la orden del día. Hay diputados que dejan casillas en blanco, o no dan detalles de sus inmuebles, poniendo simplemente que tiene “casa” en donde sea. O no desgranan bien sus ingresos. Si mienten es cosa de sus conciencias.

Los demás grupos, “abiertos a estudiar” cambios

¿Qué dicen los demás grupos del Congreso sobre la iniciativa aireada de nuevo por UPN?

Los socialistas se remiten a su propuesta de 2014, asegurando que no han cambiado ni un ápice sobre el tema, por lo que apoyarían estudiar modificaciones en el Reglamento para sancionar engaños u omisiones en las declaraciones de los diputados.

En el PP afirman que están “abiertos a estudiarla” mientras aseguran que ya propusieron una medida similar en la anterior legislatura para que la Comisión del Estatuto del Diputado tuviese capacidad de verificar los datos de sus señorías en sus declaraciones de bienes, y también en sus currículos, y de sancionarles si incurrían en falsedades.

Unidos Podemos tampoco pone obstáculos a la propuesta. La formación de Pablo Iglesias explica que está “elaborando una propuesta más amplia que tiene que ver con el régimen de incompatibilidades de los diputados y diputadas.”

“En esa línea concreta proponemos dos declaraciones de bienes por mandato. Una al comenzar la legislatura y otra de a tres meses a un mes antes de finalizar la legislatura (ahora la presentan después)”. “Valoramos que exista obligación de no ocultar datos ni de falsear los que se incluyan en dicha declaración, y por ello, que se contemple en el Reglamento una sanción por ello”, concluyen fuentes de UP.

Ciudadanos, en cambio, no ha querido mojarse alegando que hasta que no se abra el debate en la ponencia -si es que ésta llega a crearse- y conozcan la enmienda de UPN prefieren no opinar.

Por su parte, el PDeCAT apunta: “No nos opondremos nunca a medidas que tengan como objeto la transparencia”. PNV y ERC no han contestado a las preguntas de eldiario.es.