El Parlament de Catalunya paga 1,7 millones anuales a funcionarios que ya no trabajan en la Cámara

El hemiciclo del Parlament de Catalunya

elDiario.es Catalunya / ACN - Agencias

Barcelona —

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El Parlament de Catalunya paga 1,7 millones anuales a funcionarios que ya no trabajan en la Cámara y que tienen más de 60 años. Según publica el diario Ara hay 21 trabajadores acogidos al régimen que se llama “licencia por edad”.

Esta figura, que existe desde 2008, permite que los funcionarios que llevan más de 15 años empleados en el Parlament y que tengan más de 60 años cobren durante cinco años sin trabajar, hasta llegar a la jubilación. Según informa el diario Ara, a raíz de una petición de transparencia, hasta 21 funcionarios del Parlament están acogidos a esta figura, entre ellos, dos exsecretarios generales que cobran más de 10.000 euros al mes. Quienes menos cobran y que están en esta misma situación son los ujieres auxiliares, que cobran 3.800 euros mensuales.

La mitad de las personas en licencia por edad son funcionarios de los rangos más altos de la cámara (A1), que se llevan la mayor parte del pastel. Las cifras individuales son dispares porque dependen de la categoría del funcionario, pero en promedio las retribuciones más bajas van desde casi los 4.000 euros al mes por catorce pagas –ujieres auxiliares o telefonistas– hasta los 10.000 euros mensuales en el caso de los exsecretarios generales o exjefes de departamento. O lo que es lo mismo: entre 56.000 y 140.000 euros al año sin trabajar durante un máximo de cinco años.

Debido a la política de protección de datos del Parlament, no se puede saber el sueldo exacto de las personas que están en licencia por edad, con lo que el diario Ara ha realizado un cálculo aproximado. La Cámara catalana ha entregado las retribuciones básicas y los complementos que perciben los funcionarios acogidos a este régimen, pero ha facilitado los trienios que cobran agrupando a todos los empleados públicos del mismo nivel.

Además, según el rotativo, la plaza no se puede cubrir hasta que el funcionario en licencia por edad se jubila, por lo que si faltan recursos humanos debe ampliarse la plantilla.

Cambios recientes

Después de la petición de información del diario Ara en abril, la actual Mesa del Parlament, presidida por Laura Borràs, ha introducido reformas que se aprobaron en la última reunión de la mesa de 2021. Se modificó la licencia por edad por contribuir a la “contención económica” de la Cámara y para que “no entorpezca la gestión de los recursos humanos” –el capítulo de gasto de personal funcionario fue de 12,9 millones en el 2021–.

Así pues, desde el 1 de enero de 2022 la licencia por edad se ha convertido en una especie de reducción progresiva de jornada por un plazo de cinco años, vinculando el sueldo a la asistencia. En cualquier caso, hay una prórroga que hace que no afecte ni a las 21 personas que ya están en este régimen ni a las que lo pidieron el año pasado. Los trabajadores que lo soliciten entre 2022 y 2023 también pueden optar por una licencia a tiempo completo sin ocupar el puesto de trabajo, pero cobrando menos que ahora.

El expresidente del Parlament justifica la licencia

El que fuera presidente del Parlament cuando se creó la “licencia por edad”, el republicano Ernest Benach, ha justificado la medida aduciendo que se tomó por unanimidad de todos los partidos presentes en la Mesa y que, en el año 2008, “el contexto social y político era diferente al actual”. Al parecer de Benach, en aquel momento, previo a la crisis económica, se consideraba normal que los funcionarios continuaran cobrando en la parte final de su carrera, algo que además habían reclamado los propios trabajadores.

Por su parte, desde ERC la portavoz Marta Vilalta ha considerado que la situación de los funcionarios en la Cámara necesitan una “revisión a fondo” y ha asegurado que su partido desconocía esta circunstancia, pese a que tenía la presidencia del Parlament tanto en el momento que se adoptó la licencia como en las últimas dos legislaturas. Por su parte el anterior presidente de la Cámara, el actual conseller de Empresa Roger Torrent, se ha limitado a indicar que en su etapa no se aplicó a los diputados el incremento salarial previsto.

También los grupos parlamentarios han reaccionado a la información reclamando explicaciones y que se revisen las situaciones laborales de los funcionarios. Por parte del PSC, la portavoz Elia Tortolero, ha considerado que todos los funcionarios deben deben cobrar “de manera justa” pero no tener privilegios. Además, Comuns y PP han calificado la situación de “escándalo” y han pedido a la presidenta que garantice que los pagos dejan de realizarse.

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