Defender que todos los ciudadanos tengamos un acceso justo al medicamento y denunciar una realidad, que nuestro sistema sanitario está sometido a presiones oligopólicas y políticas ineficaces, han centrado el acto celebrado este fin de semana en Noblejas con motivo de la entrega de los III Premios de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento (AAJM) 2025.

El drama de millones de vidas truncadas por la imposibilidad de acceder a terapias esenciales evidencia una crisis estructural que ningún discurso institucional puede maquillar: el medicamento se ha convertido en una mercancía, yo diría que incluso en un privilegio, cuando la dignidad exige que sea derecho universal. Actualmente, 2.500 millones de personas en el mundo continúan sin acceso a los medicamentos necesarios, y cada año mueren diez millones por no poder pagar tratamientos vitales.

Esta cifra ilustra el fracaso de los sistemas sanitarios y la perversión de la lógica de mercado aplicada a bienes esenciales. En España, el gasto público en medicamentos representa aproximadamente el 3,4 % del gasto público total, según los datos más recientes disponibles para 2023 y 2024. Esta cuota ha permanecido relativamente estable en la última década, aunque ha bajado respecto a los valores históricos de los años 90 y 2000. Además, dentro del gasto sanitario público total, la partida destinada a farmacia y productos farmacéuticos oscila entre el 22 % y el 24 %, lo que evidencia el peso significativo de los medicamentos dentro del sistema sanitario español, pero cerca de la mitad de ese coste termina sufragado directamente por los ciudadanos, generando desigualdades profundas en el acceso efectivo. El sistema de copago, aunque modulado por rentas, sigue afectando especialmente a pacientes crónicos y familias vulnerables.

Las intervenciones de los distintos premiados han coincidido en señalar la influencia desproporcionada de la industria farmacéutica sobre las normas, la fijación de precios y la formación médica. La preservación de patentes y el sobreprecio de los medicamentos amenazan la sostenibilidad del sistema público y constituyen una hipoteca para futuras políticas de salud. El Colegio de Médicos de Toledo ha reclamado independencia científica frente a intereses comerciales, mientras que la prensa crítica como El Salto ha denunciado la opacidad institucional sobre los precios y la connivencia política, desafortunadamente avalada incluso por el sistema judicial.

La crisis sanitaria también se refleja en la atención primaria, marcada por la inestabilidad laboral de los profesionales, las listas de espera crecientes y la prescripción excesiva e ineficaz. La Confederación Salud Mental España, también entre los premiados, resaltó, además, el grave problema de la sobre medicación en salud mental y pidió una atención digna, multidisciplinar y libre de estigmas. Las consecuencias de la mercantilización del medicamento son directas para la población: agravamiento de la pobreza sanitaria, discriminación por rentas y pérdida de equidad en el tratamiento de enfermedades raras o crónicas.

Con el acto celebrado en Noblejas, la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento aspira a visibilizar la lucha de quienes trabajan por transformar el modelo sanitario y restituir el valor primordial del acceso universal a tratamientos eficaces. La denuncia social y el análisis técnico convergen en una reivindicación: replantear las reglas del juego, desmercantilizar el medicamento y reforzar políticas públicas basadas en la evidencia científica y en la ética. Se precisa una evaluación rigurosa de coste-efectividad, innovación farmacéutica planificada y estrategias específicas para apoyar a los colectivos más vulnerables.

Los ciudadanos deben saber que estamos ante una encrucijada histórica: o el medicamento vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser, uno de los derechos humanos, o estaremos condenados a asistir al agravamiento de una injusticia que condena, cada año, a millones de ciudadanos y familias a la exclusión terapéutica y a un sufrimiento evitable. Siempre afirmo que la peor decisión política es la que no se adopta, y se requiere esa decisión política, conjuntamente a la aplicación de criterios técnicos y suficiente valentía institucional para revertir un modelo que se evidencia insostenible.

Todo se resume en un principio que deberíamos compartir todos: el negocio nunca puede anteponerse a la vida. Por eso la lucha de esta asociación merece el apoyo de todos, porque un día podemos vernos sin poder acceder a fármacos que necesitaremos.

El Gobierno vasco ha dado este martes luz verde a las ayudas dirigidas anualmente a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos “frente al copago farmacéutico impuesto por el Gobierno español” cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno. Se trata de “garantizar así que ninguna persona deje de tomar, por motivos económicos, la medicación prescrita”.

El importe de los recursos económicos destinados a financiar esta convocatoria asciende a 2,5 millones de euros. Euskadi fue la primera comunidad del Estado que implementó medidas de compensación destinadas a personas con rentas bajas y grupos desfavorecidos (pensionistas, personas desempleadas o personas inmigrantes en situación irregular), se ha destacado. Desde el inicio de estas ayudas, hace ya 13 años, han sido cerca de 840.000 las solicitudes tramitadas con un importe superior a 46 millones de euros, informa Europa Press.

Serán beneficiarias de estas ayudas las personas pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, que cuenten con unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) de Osakidetza. También pueden acceder a ellas las personas en situación legal de desempleo y sus beneficiarios, con ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros, o perceptores de la RGI, la renta de garantía de ingresos vasca.

También podrán acceder a estas ayudas las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en el Estado español que ostenten el correspondiente documento acreditativo de reconocimiento de ese derecho expedido por la comunidad autónoma de Euskadi. Las solicitudes se podrán realizar de forma telemática o presencial en las Delegaciones Territoriales del Departamento de Salud, en los centros de salud de Osakidetza y en las oficinas de Zuzenean.

El Gobierno ha dado el primer paso para aprobar una nueva ley de medicamentos y productos sanitarios que pretende cambiar el ecosistema de la política farmacéutica en España. El anteproyecto, al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros, introduce cambios en cómo se establecen los precios para que los genéricos ganen peso en el mercado, permite recetar fármacos a las enfermeras y los fisioterapeutas y da más competencias a los farmacéuticos para evitar que los pacientes tengan que volver al médico si la farmacia no tiene disponible, por ejemplo, un medicamento en cápsulas. Podrán darlo en otra presentación como sobres.

Sin embargo, la reforma del copago farmacéutico, que estaba incluida inicialmente en la ley redactada por el Ministerio de Sanidad, se queda fuera de la norma. Al menos en esta primera vuelta.

“Vamos a mejorar el acceso a la innovación, favorecer una competencia saludable de los desarrolladores con una mayor introducción de genéricos y biosimilares y fortalecer la capacidad para los medicamentos esenciales”, ha defendido la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La última vez que España hizo una reforma integral de una ley de medicamentos fue en los años noventa.

Estas son las claves de una ley técnica con mucha letra pequeña que todavía está sujeta a cambios. El Ejecutivo pretende ahorrar 1.300 millones de euros con esta norma, aunque requiere, según sus cálculos, un gasto extraordinario de 320 millones de euros.

Qué pasa con el copago

El departamento que dirige Mónica García asegura que “no hay disenso sobre el fondo” de la reforma del copago propuesta por Sanidad y señala a otros ministerios como responsables de la decisión. “Plantean dejarlo para otro momento posterior en la tramitación de la ley”, apuntó el secretario de Estado, Javier Padilla, en un encuentro con la prensa, que no da por perdida la remodelación del copago. Solo por pospuesta.

Tal y como ya contó elDiario.es, la modificación que plantea el Ministerio ampliaba de tres a seis los tramos de renta que determinan cuánto debe asumir el paciente de su bolsillo y, como resultado, bajaba la aportación de las más bajas (hasta los 35.000 euros) y subía en los siguientes escalones. Además, introducía por primera vez un tope mensual a la población activa que ingrese menos de esos 35.000 euros. Hasta ahora solo lo tienen los pensionistas.

Los cambios, que ahora han quedado aparcados, se podrían introducir o bien en el texto que se envíe al Congreso para iniciar el recorrido parlamentario –en fase de proyecto o segunda vuelta– o bien durante su paso por el Parlamento. Algunos ven el copago, dentro de una ley tan técnica como esta, como una baza de negociación que guardarse cuando haya que negociar la ley en el Parlamento.

Los genéricos

Cuando un medicamento innovador pierde la patente (se suele mantener durante diez años), otras compañías pueden crear fármacos con la misma molécula. En ese momento el precio que se fija para todos ellos es el de la empresa que ofrece una cifra más baja. Con esta reforma, que pretende romper con la “rigidez” del sistema, se permitirá mantener un precio más barato en el genérico para que gane terreno y a las marcas, si así lo deciden, preservar uno más elevado.

A cambio, los fármacos que queden por encima de ese umbral podrán seguir siendo financiados de manera parcial. Por ejemplo, si el paciente prefiere comprar una marca en lugar del genérico, no tendrá que asumir el precio completo porque una parte –equivalente al precio más bajo del sistema– quedará subvencionada. Una especie de copago evitable.

“Como desde que se aprueba un medicamento nuevo hasta que se financia pasan muchos días, tenemos a la industria innovadora interesada en competir con los genéricos en esta fase del mercado competitivo y eso hace que haya una menor entrada de genéricos respecto a Europa y que sean más caros, se quedan lastrados”, explicó el número dos de Sanidad en un briefing con la prensa.

El anteproyecto no ha gustado a la industria farmacéutica. Las patronales de medicamentos innovadores (como Farmaindustria), de genéricos (AESEG) o de biosimilares (BIOSIM) consideran en un posicionamiento conjunto que el nuevo sistema de regulación de precios propuesto por el Gobierno para los medicamentos fuera de patente “pone en riesgo el abastecimiento y el tejido industrial farmacéutico de España”.

Para Jaime Espín Balbino, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y miembro de la Asociación Economía para la Salud (AES), este sistema acerca el ecosistema español a un modelo europeo “más dinámico” y que “puede evitar problemas de abastecimiento” aunque “hay que esperar a ver cómo se articula en la ley”.

La Asociación de Acceso Justo al Medicamento, por su parte, teme que los precios que paga el Sistema Nacional de Salud por los genéricos suban y considera que había otras soluciones para enfrentar el estancamiento de estos fármacos más baratos en la cuota de mercado, señala su presidenta, Soledad Cabezón. “Se pretende que penetre más, haya más volumen y no sea tan barato”, apunta. Esta cuota está estancada desde hace años en poco más del 40% cuando en otros países del entorno tiene un porcentaje mayor.

Elegir en la farmacia

Una vez recetado un fármaco, el paciente va a la farmacia a recogerlo. Si la prescripción es por principio activo y a la persona le da igual, en la oficina de farmacia se entregará el de menor precio. Si pide un fármaco diferente al prescrito pero entra dentro de la horquilla, se le dispensará el que solicite sin ningún copago. La recarga al bolsillo de los pacientes se producirá si solicita un medicamento que está fuera de los precios de referencia. Entonces el Sistema Nacional de Salud cubre hasta el equivalente de menor precio y el resto lo asume el paciente, de acuerdo con la reforma planteada por el Ministerio.

El anteproyecto, además, crea una nueva figura llamada “medicamento de primera prescripción” que permitirá a un paciente tener disponible en su tarjeta sanitaria un fármaco durante un periodo de tiempo determinado sin que tenga que volver al médico a por una nueva receta. O sea, podrá ser dispensado en “sucesivas ocasiones sin prescripciones adicionales”.

Recetas de enfermeras y fisios

El anteproyecto “aumenta el número de profesionales sanitarios facultados para prescribir medicamentos siempre dentro de las competencias atribuidas”. Se habilita a profesionales de la enfermería y la fisioterapia a recetar, como ya se hizo con los odontólogos, por ejemplo.

En 2018 ya se aprobó un real decreto que pretendía caminar en este sentido pero no ha dado los resultados esperados y el Ministerio ha ido facultando a las enfermeras a indicar ciertos medicamentos, como los antibióticos para la infección de orina. Si esta ley sale adelante quedará por primera vez recogido en una norma de este rango. El cambio vendría a solucionar situaciones como las siguientes, que todavía se dan en algunas comunidades: una enfermera está curando durante meses una herida crónica a un paciente e indica qué producto se debe usar para ese proceso. Sin embargo, la firma corresponde al médico.

Cambios en las compras: pago a plazos y centralizar

Habrá también cambios en el sistema de compras. Por ejemplo, se abre por primera vez la posibilidad de fraccionar el pago de medicamentos que solo se administran una vez pero cuyos efectos se van a ver en un plazo de tiempo “en función de cómo van funcionando”. Sanidad lo contempla como una “innovación contable” que puede favorecer que se financien fármacos muy caros, como las terapias CAR-T contra el cáncer.

La reforma incluye también nuevos mecanismos de compra conjunta o centralizada “a nivel nacional o europeo”, como ocurrió con las vacunas durante la pandemia de Covid-19 y un nuevo mecanismo para poder financiar fármacos que no han pasado el filtro de la comisión de financiación en casos muy puntuales. El Ministerio quiere plantar “una habilitación normativa para que se puede producir con seguridad jurídica”.

Más competencias a las farmacias

Los cambios también tocan a las oficinas de farmacia. Hasta ahora, en el mostrador solo se puede dispensar la prescripción exacta que anota el profesional sanitario. Por ejemplo, paracetamol en sobres. La reforma abre la puerta a que el paciente pueda comprar, bajo el paraguas de la misma receta, comprimidos en lugar de sobres si tienen la misma cantidad y son el mismo principio activo sin necesidad de volver al médico a obtener otra receta.

El borrador también da nuevas facultades a los farmacéuticos: podrán sustituir el medicamento por otro parecido si el que está recetado no está disponible y es posible sustituirlo. Ahora bien, tendrá que informar al paciente de esta decisión y sus motivos y la última palabra en la elección la tendrá él o ella, no el profesional. Esta medida pretende aliviar eventuales situaciones de desabastecimiento dando una mayor flexibilidad a las farmacias y agilizando la llegada del fármaco a las manos del paciente. Con la regulación actual, la persona tendría que volver a Atención Primaria a obtener otra receta.

El Ministerio de Sanidad ya tiene preparada la ley con la que va a reformar el copago farmacéutico. Hasta ahora la aportación que hacían los ciudadanos para acceder a medicamentos financiados se dividía en tres tramos de renta. La nueva norma, que prevé aprobarse en enero en el Consejo de Ministros, amplía estos tramos a seis para que la carga sea más progresiva, de manera que bajará lo que tienen que asumir de su bolsillo las rentas más bajas (de hasta 35.000 euros al año) y subirá en los siguientes escalones.

Así está plasmado en el borrador del anteproyecto de ley de los medicamentos y productos sanitarios, al que ha tenido acceso elDiario.es y que fue adelantado por Demócrata.es. El equipo que dirige la ministra Mónica García introduce límites de aportación mensual por primera vez a la población activa. La idea es que estos topes, que actualmente solo funcionan para los pensionistas, se apliquen a los pacientes con rentas inferiores a 35.000 euros. Serán de 8,23 euros para los que ganan menos de 9.000; 18,52 euros hasta 18.000; y 61,75 hasta 35.000.

El hecho de que existieran para los pensionistas y no para el resto provocaba que jubilados con ingresos muy altos tuvieran condiciones más favorables que personas trabajadoras con rentas bajas. Estos cambios están pensados para garantizar que se mantienen los tratamientos crónicos, especialmente de los pacientes con varias patologías que deben comprar muchos fármacos al mes, aseguran desde el Ministerio.

A la vez, Sanidad plantea una subida progresiva de la aportación de las rentas más holgadas. Con el sistema actual existe un tramo muy heterogéneo que aporta lo mismo: da igual que la renta sea de 19.000 euros o de 99.000, todas las personas pagan un 50% del precio de los fármacos. La reforma trocea este grupo para que el tramo de hasta 35.000 pague un 50% pero con un límite que antes no existía de 61,75 euros; el tramo hasta 60.000 sube su aportación al 55%; se mantiene en el 60% para el tramo de hasta 100.0000; y, por encima de esta cifra, el porcentaje aumenta hasta el 65%. Como novedad, también entre los pensionistas se establecen topes más progresivos con el mismo fin: no meter en el mismo grupo a personas con rentas muy dispares.

Estos cambios, que para entrar en vigor necesita todavía tiempo (la ley tiene que pasar por Consejo de Ministros dos veces y después aprobarse en el Congreso), están pensados para redistribuir las aportaciones de modo que unos pagarán más y otros menos. Pero el balance global, según los datos que maneja el Ministerio considerando los datos de 2023, es que supondrá un ahorro global de 150 millones de euros para los pacientes. Las rentas inferiores a 18.000 euros son las más beneficiadas por la reestructuración, ya aportarán un 33% menos.

“Hemos calculado que la reforma que reduce el impacto en el 60% de la población, el 30% se va a mantener igual y solo aumenta para un 10%. Nos centramos en la progresividad y ponemos pie en pared con los colectivos de renta más baja”, afirma el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en declaraciones a elDiario.es.

Según el borrador del anteproyecto, además, estarán exentos de aportación algunos grupos de usuarios, como los afectados por síndrome tóxico, personas con discapacidad, perceptores de rentas mínimas o menores de edad con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, entre otros.

Prescripción enfermera e impulso a los genéricos

El anteproyecto contiene otras medidas de calado como abrir la puerta a que enfermeras y fisioterapeutas puedan prescribir medicamentos. Actualmente estos grupos profesionales están muy limitados en su capacidad prescriptora y la acción queda reservada solo a los médicos. Con esta ley, podrán recetar las medicinas que son de uso habitual en su práctica, como ya pasa, por ejemplo, con los dentistas.

El borrador también da nuevas facultades a los farmacéuticos: podrán sustituir el medicamento por otro parecido si el que está recetado no está disponible y es posible sustituirlo. Ahora bien, tendrá que informar al paciente de esta decisión y sus motivos y la última palabra en la elección la tendrá él o ella, no el profesional. Esta medida pretende aliviar eventuales situaciones de desabastecimiento dando una mayor flexibilidad a las farmacias y agilizando la llegada del fármaco a las manos del paciente. Con la regulación actual, la persona tendría que volver a Atención Primaria a obtener otra receta.

Otros cambios de gran relevancia tienen que ver con los genéricos, estancados en el mercado farmacéutico español. La nueva norma busca darles impulso estableciendo la prescripción por principio activo como regla general “para fomentar el uso racional del medicamento y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario”. Se incluirán excepciones para los medicamentos en procesos crónicos cuya prescripción se corresponda con la continuidad de tratamiento; para los pacientes vulnerables o con problemas de adherencia; y para los fármacos considerados no sustituibles por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Además, los pacientes que deseen comprar el medicamento de marca cuando tienen recetado un genérico en su tarjeta tendrán que pagar una parte extra y se modificará el sistema de precios de referencia para favorecer la rápida entrada en estos genéricos y biosimilares en el mercado tras la expiración de las patentes de los medicamentos originales.

La norma, muy amplia en su ámbito de actuación, faculta también a la Aemps “para que actúe de forma rápida y eficaz ante problemas de suministro, ya sean reales o potenciales” de medicamentos estratégicos. Esto se materializa en que “podrá tomar medidas que afecten a la fabricación, importación, distribución y dispensación, e incluso al régimen económico y fiscal de estos medicamentos”, según Sanidad. Respecto a medicamentos innovadores, el anteproyecto recoge procedimientos para poder abordar una “financiación condicional, temprana y transitoria en los medicamentos que tengan un especial valor añadido para algún grupo de población, mientras se llega a la decisión definitiva de financiación”.

Actualmente en Europa el 40% de la población tiene más de 65 años. Vivimos en sociedades cada vez más envejecidas en las cuales, a la par que la tasa de natalidad cae, crece la esperanza de vida hasta superar los 80 años de media. En este contexto de alta longevidad se disparan las enfermedades, especialmente las crónicas, propias de edades avanzadas, con lo cual cada vez hay más personas que deben tomar más de un tipo de medicación al día, e incluso hacerlo varias veces por día. Son las personas que llamamos polimedicadas.

Según los datos de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, en la última década la población mayor de 64 años en tratamiento simultáneo con cinco o más medicamentos se ha triplicado. Hoy, el 28,2% de los mayores de 64 años está polimedicado, en un porcentaje similar al de dependientes.

Según el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, “las estadísticas señalan que actualmente hay muchos enfermos que no siguen al pie de la letra su tratamiento farmacológico, y esto resulta más evidente cuando se trata de pacientes afectados por alguna enfermedad crónica o en los que deben tomar varios medicamentos todos los días”.

El Colegio ofrece varios ejemplos: “entre el 29% y el 66% de las personas que toman fármacos para disminuir la tensión arterial incumplen el tratamiento; en el caso de los medicamentos para el colesterol o triglicéridos, este incumplimiento se sitúa entre el 40% y el 60%; en los antiasmáticos, entre el 25% y el 56%”. También destaca que este es un problema que se acentúa entre enfermos que deben tomar varios medicamentos a la vez (polimedicados) y señala que “entre un 20% y un 30% de las prescripciones que se realizan en las consultas médicas corresponden a enfermos crónicos que necesitan de varios fármacos”.

Por otro lado, esta ineficacia o falta de regularidad a la hora de tomar los medicamentos en el horario y las cantidades adecuadas por parte de las y los enfermos polimedicados tiene un coste para su salud y también para el erario público, puesto que su enfermedad avanza y se ven obligadas adoptar tratamientos más agresivos y más caros. Según el citado colegio de médicos de Barcelona, “en Estados Unidos el coste por incumplimiento o mal uso de los medicamentos es superior a los 76 billones de dólares al año”.

Por todos estos motivos, no solo en España, sino en toda la Unión Europea y en la mayor parte de los países considerados del ámbito occidental, se ha creado el sistema SPD o Sistema Personalizado de Dosificación

Qué un SPD

Un SPD o Sistema Personalizado de Dosificación es un servicio que se puede contratar en cada vez más farmacias en nuestro país. Consiste en la organización de toda nuestra medicación, ya sea semanal, mensual o en periodos variables, en diversos compartimentos de forma que la podamos tomar en el momento adecuado simplemente ingiriendo las pastillas de uno de los compartimientos.

En principio no se diferencia apenas de los clásicos pastilleros que muchas personas compran para organizar su medicación, salvo por dos motivos: este pastillero viene ya organizado por la propia farmacia donde nos lo dispensan, que nos da toda la medicación del periodo referido contenida en él. Y además ha sido preparado por empresas profesionales en condiciones de higiene y asepsia, ya que utilizan robots para efectuar las dosificaciones.

A diferencia de los pastilleros domésticos, que son más sencillos y duraderos, los sistemas de dosificación de los SPD suelen ser blísteres desechables o bien bolsas individuales, donde va toda la medicación que corresponde a cada dosis. En cada orificio del blíster se indica el número de la dosis y el día correspondiente, y a su vez también hay un sistema de colores para orientarnos más intuitivamente.

Ventajas de solicitar un SPD

Las personas polimedicadas pueden encontrar numerosas ventajas en el uso de SPD. Por ejemplo, llevar una cuenta más minuciosa sobre la medicación de modo que con un solo golpe de vista puedan saber si se han olvidado o no del turno de ingesta de sus pastillas. Esto es especialmente interesante en el caso de personas que viven solas –un colectivo en ascenso–, ya que generalmente no tienen a nadie al lado para preguntarles o recordarles que se han olvidado de tomar la medicación.

Por otro lado, los sistemas SPD ahorran cargar con numerosas cajas de medicamentos, ya que en los blísteres vienen todas las dosis organizadas por grupos, turnos y días, lo que siempre es más cómodo de transportar y guardar.

Desventajas del SPD

Aunque el servicio SPD puede ser un gran avance a la hora de garantizar la eficacia en la medicación de muchas personas, presenta ciertos inconvenientes. En primer lugar, el de que no todas las farmacias en el país han acogido todavía este sistema.

Por otro lado, a nadie se le escapa que este servicio duplica el desperdicio. Para organizar un dispositivo de SPD deberemos desechar los blísteres y cajas donde iban originariamente los medicamentos y cuando terminemos el periodo, el blíster que hemos usado también deberá desecharse (preferiblemente en un punto Sigre).

Además, no todos los medicamentos ni medicaciones pueden incluirse en el SPD. Así, no podemos incluir inhaladores, tampoco medicamentos, líquidos, fármacos en crema, inyectables, etc. Por otro lado hay algunos medicamentos que por ser muy sensibles al calor o a la luz no pueden incluirse en uno de estos blísteres o bolsas.

Finalmente, hay que destacar que es un sistema que encarece el gasto farmacéutico, cosa que puede ser limitante en personas económicamente vulnerables como pensionistas o personas dependientes. El precio de un blíster se sitúa en torno a los cinco euros, según el Colegio de Farmacéuticos de las Islas Baleares.

Cómo puedo saber qué farmacias ofrecen SPD

Como hasta la fecha no existe una página oficial donde figure un listado o un buscador para encontrar las farmacias que ofrecen este servicio en España, es preceptivo acudir a los diversos colegios de farmacéuticos territoriales o servicios de salud autonómicos para buscar las farmacias indicadas.

El Gobierno vasco ha aprobado el programa de ayudas para la adherencia a los tratamientos médicos a través de compensaciones al copago farmacéutico, dotadas con 7,4 millones de euros ampliables en función de las necesidades. Este programa de ayudas se puso en marcha por parte del Gobierno vasco ante su rechazo al nuevo sistema de copago farmacéutico establecido en 2013 por el Ejecutivo central del PP, que supuso un encarecimiento del precio que abonan los ciudadanos por los medicamentos.

Las ayudas del Ejecutivo vasco están dirigidas a personas con rentas bajas y grupos desfavorecidos (pensionistas, personas desempleadas o personas inmigrantes en situación irregular y sin recursos), para garantizar que ningún ciudadano deje de tomar la medicación prescrita por motivos económicos. La convocatoria aprobada este martes abarca los gastos comprendidos entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020, y entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021, según recoge Europa Press.

Desde el inicio de estas ayudas, concedidas por octavo año consecutivo, han sido más de 669.000 las solicitudes tramitadas por el Gobierno vasco, por un importe superior a los 37 millones de euros. Este año se destinan al programa 7,4 millones de euros, ampliables en caso de necesidad). El pasado año, el Ejecutivo aportó 4,1 millones de euros a las personas beneficiarias de las ayudas correspondientes al segundo plazo de la convocatoria de 2019 y al primer plazo de la convocatoria de 2020.

Cambio en el sistema

Aunque este año ha aumentado el número de colectivos que quedan exentos del copago en las farmacias, dado que la actualización del sistema se produjo con posterioridad al 1 de enero de 2021, el Gobierno vasco ha animado a que las personas afectadas presenten sus solicitudes para que se les abone los pagos efectuados en diciembre de 2020 y hasta la fecha del cambio de su situación en 2021.

Serán beneficiarios de estas ayudas las personas pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, que cuenten con unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) expedida por el Departamento de Salud del Gobierno vasco. El programa también está abierto a las personas en situación legal de desempleo y sus beneficiarios, con ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros y que sean titulares de la TIS expedida por el Departamento de Salud del Gobierno vasco.

Asimismo, podrán acceder a las ayudas las personas que perciban la Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad de renta complementaria de ingresos de trabajo y sean titulares de la TIS, y las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en el Estado español que ostenten el correspondiente documento acreditativo de reconocimiento de ese derecho expedido por la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El decreto ley que aprobado este jueves en Consejo de Gobierno de Canarias por el que los pensionistas con rentas anuales inferiores a 18.000 euros no pagan por sus medicamentos ha entrado en vigor a las 00.00 horas de este sábado tras su publicación este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

De esta manera, la eliminación del copago farmacéutico se extiende a los pensionistas que ya la venían percibiendo y ahora además incluye a todos aquellos que antes estaban excluidos por la aplicación de la Ley General de Subvenciones -la fórmula que se aplicó en parte de 2019 fue una convocatoria de subvenciones vía decreto-.

Se trata de la primera vez que Canarias desarrolla la competencia que prevé el artículo 42.4 de la Ley General de la Seguridad Social y establece un complemento para los pensionistas con ingresos más bajos.

El decreto ley también establece el derecho a reembolso de las cantidades abonadas desde el 1 de enero hasta su entrada en vigor. Esos reintegros se llevarán a cabo principalmente a través de las diferentes oficinas de farmacia.

El Gobierno de Canarias ha explicado que en las próximas semanas se informará del periodo en que los pensionistas podrán acudir a cualquier farmacia del Archipiélago a solicitar tal devolución a través de los mecanismos que se están ultimando gracias a la colaboración de los colegios farmacéuticos de las provincias tinerfeña y de Las Palmas.

Finalmente, la medida permanecerá en vigor hasta que se articule por parte del Gobierno del Estado la eliminación del copago farmacéutico en todo el país, una decisión incluida en el acuerdo de Gobierno suscrito por las diferentes formaciones políticas que apoyan al presidente Pedro Sánchez.

La consejera de Sanidad ha explicado a los periodistas que la fórmula del decreto, que tendrá que ser convalidado en el Parlamento, “ofrece seguridad jurídica y es ágil” y a diferencia de la subvención que había hasta el momento, solo fija el criterio económico y no hay que hacer ninguna solicitud.

Para empezar a devolver las cantidades de los fármacos comprados desde el 1 de enero -el copago costó el año pasado 14,4 millones- el Gobierno ha dado un plazo de diez días a las farmacias para que se preparen logísticamente y puedan acometer los reintegros.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este jueves que la eliminación del copago farmacéutico para las familias monoparentales será “una realidad” antes de acabar el verano, mientras que la medida llegará a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión antes de que acabe el año . “Avanzamos para hacer una sociedad justa, solidaria y en la que nunca nadie se quede al margen”, ha destacado.

Así lo ha indicado Puig en la sesión de control de este jueves, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el síndic de Compromís, Fran Ferri, sobre cómo valora el Consell los primeros días sin copago farmacéutico para personas paradas con rentas inferiores a 18.000 euros, así como el impacto de esta política en el resto de colectivos con los que se les ha eliminado el copago impuesto por el Gobierno central.

Ferri ha aseverado que la “prioridad” del Consell es mejorar la vida de la gente y ha valorado que con esta medida se ha conseguido que las personas más vulnerables tengan medicamentos y no dejen los tratamientos por falta de recursos. “Mientras este gobierno trabaja por las personas ¿qué hace el PP con el apoyo de Cs?”, se ha preguntado para subrayar que el ejecutivo valenciano demuestra que “es posible mejorar vida de la gente” pese a la falta financiación y los “pufos del PP”.

En su intervención, Puig ha defendido que el Consell está cumpliendo con los objetivos que se marcó a principios de legislatura en materia sanitaria como fue recuperar la universalidad de la Sanidad, garantizar el acceso a los tratamientos de Hepatitis C y que el departamento de la Ribera ha vuelto a la gestión pública, lo que además da “credibilidad” a la política.

Ha valorado que “en este camino de reparación” en la Comunitat se ha atendido para garantizar el acceso a los medicamentos y, en este sentido, ha indicado que desde 2015 se ha trabajado para que “personas con rentas bajas, con diversidad funcional, en paro o monoparentales no tengan que sufrir consecuencias de un copago injusto”.

Puig ha indicado que cuando llegaron a la Generalitat el 32% pensionistas no podían iniciar su tratamiento y el 17% lo abandonaban. “Eran pensionistas que tenían que elegir entre pagar la compra para su familia o el tratamiento para sus enfermedades. Nuestra comunidad es decente y no se puede elegir entre subsistencia y salud”, ha subrayado.

Ir “más allá”

Por ello, ha reivindicado que se decidió acabar con el copago farmacéutico para pensionistas con rentas bajas y personas con diversidad funcional, pero “no era suficiente” y, por eso, se fue “más allá” y se amplió derechos sociales y a principios de 2017 se decidió acabar con el copago a menores en riesgo lo que supuso que eso 1,3 millones se hayan beneficiado y la tasa de abandono de tratamientos bajara un 40% en pensionista y casi un 30% en personas con diversidad funcional.

Este año, ha destacado, se ha roto “otro muro” y se ha acabado con el copago para desempleados que ingresan menos de 18.000 euros anuales y que en su primera semana más de 24.000 personas se han beneficiado de estas ayudas. “Quien ya sufre el paro no puede sufrir además la exclusión sanitaria”, ha reivindicado.

Así, ha avanzado que la eliminación del copago para las familias monoparentales será “una realidad” antes de acabar el verano, mientras que lo será para las personas titulares y beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión antes de que acabe el año. “Con estas medidas avanzamos para hacer una sociedad justa, solidaria y en la que nunca nadie se quede al margen”, ha destacado.

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha valorado este miércoles la ‘Estrategia 9/19. Medidas para gobernar’ presentada esta semana por el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, quien es además vicepresidente segundo de la Junta.

Hernando se ha referido a estas propuestas y, en particular, a las que tienen que ver con la petición de Podemos para que la Junta subvencione con fondos propios (completando así las prestaciones por parte del Gobierno central) las pensiones más bajas de la región, comenzando por las que reciben las viudas hasta equiparlas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que actualmente se sitúa en algo más de 735 euros mensuales. Y junto a ello, “eliminar” todo tipo de copagos farmacéuticos establecidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy de forma que la Junta asuma, en sus presupuestos, ese gasto que hoy se ven obligadas a pagar personas con enfermedades crónicas, diversidad funcional, pensionistas o personas en situaciones socioeconómicas de riesgo.

El portavoz ha dicho que aun “estando de acuerdo en el fondo, es cuestión de formas. No podemos permitir que el Gobierno de España mantenga un copago y que seamos las comunidades autónomas las que pongamos el parche al insulto a los pensionistas”. En este sentido, ha expresado su temor porque, “desde la bondad”, el hecho de “querer poner parches a la negligencia del Gobierno de España” pueda provocar que se termine haciendo “todo lo contrario”. Y en particular, aduce que “tal y como están las cosas, con una infrafinanciación a Castilla-La Mancha, por la falta de dinero que estamos intentando recuperar a marchas forzadas, si ya es difícil intentarlo sin más recursos, puede ser inviable”.

García Molina anunció su intención de trasladar las medidas de hasta nueve ámbitos de actuación al Consejo de Gobierno confiando en que pudieran ser “implementadas” antes de las Elecciones de 2019 en los Presupuestos regionales aunque eludió pronunciarse sobre si eso supondría o no una condición para que la formación morada apoye los Presupuestos de Castilla-La Mancha el próximo año. Sobre el resto de medidas propuestas por Podemos, el portavoz del Gobierno regional, ha dicho que “estamos dispuestos a  debatirlo en las Cortes regionales”. 

En Castilla-La Mancha, “se ha dejado de considerar a los pensionistas como prestamistas”

El portavoz sí realizó, en cambio, una “reflexión” sobre lo que considera el tercer gran “problema estructural” de España junto al ‘procés’ catalán o la sequía y que tiene que ver, precisamente con las pensiones. Ha lamentado la situación de “aquella generación que supo levantar a España de la oscuridad” tras  40 años de democracia para recordar que el actual Gobierno de Castilla-la Mancha “ya dijo que había un problema hace dos años porque la hucha de pensiones se estaba agotando” y que, por eso, “se eliminó el repago farmacéutico”, que implantó Dolores de Cospedal durante su mandato a los pensionistas de la región.  “Se dejó de considerar a pensionistas como prestamistas” del sistema público y desde su eliminación, detalló, los pensionistas “han vuelto a tener en sus bolsillos 19,6 millones de euros” que ahora asume la Junta. Además, ha pedido que en el marco de la negociación de la financiación autonómica se aborden las actuales competencias de las comunidades autónomas.

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, asegura que “eliminar el copago ha mejorado la salud y la vida de 1.300.000 personas en la Comunitat y se ha reducido un 32% el abandono de los tratamientos”. Montón ha reclamado al ministerio de Sanidad que reúna a todas las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) y para empezar a abordar los problemas en esta materia, que llevan “congelados” durante un año de Gobierno en funciones.

Entre las cuestiones por abordar, según la consellera, está el Fondo de Cohesión, los tratamientos de la hepatitis C y la universalidad del SNS, que a su juicio “ha demostrado que no supone ahorro”.

Además, Montón ha criticado la falta de “interés” de la titular del ramo, Dolors Montserrat, en atender las necesidades sanitarias de su comunidad pese a los intentos de intentar concertar una reunión con ella y la “buena voluntad” de la Generalitat en la colaboración de los proyectos de interoperabilidad.

Entre sus reivindicaciones para la ministra, la consellera valenciana ha destacado la necesidad de que el Gobierno central derogue la reforma sanitaria que puso en marcha en 2012, que introdujo “la exclusión sanitaria y copagos”. “Dejar a los inmigrantes en situación irregular es ”aberrante, indecente e inmoral“.

La dirigente socialista ha defendido que entre sus ejes para reforzar la sanidad valenciana está apostar por la priorizacion del gasto, impulsar una gestión más eficiente y mejorar la situación de los profesionales sanitarios, para lo que pide que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, suprima “de una vez por todas y sin condicionantes” la tasa de reposición.

Por otro lado, también ha apostado por un modelo “más humanizado” que mejore la experiencia del paciente “cada vez que el sistema sanitario entra en sus vidas” y “desde el nacimiento hasta la muerte”, ha precisado.

Para ello, pide avanzar en los cuidados paliativos “con objeto de proteger la dignidad de la vida” y que el paciente pueda “planificar el final de su vida” con independencia de dónde elija morir.

“Una ley para que la sanidad pública sea preferente”

La consellera ha explicado que el Ejecutivo autonómico está trabajando en una reforma en favor de la gestión pública directa de la sanidad valenciana, mediante la modificación de la ley de Salud de la comunidad, para que la sanidad pública sea “la fórmula preferente”.

La futura norma recogerá “que no se prorrogarán los contratos de gestión de servicios públicos para la asistencia integral de los departamentos de salud de las concesiones”. “Es el compromiso colectivo de un gobierno que no entiende el derecho a la asistencia sanitaria como motivo de negocio”, ha apostillado.

El propósito comenzará a materializarse en la primavera de 2018 con el fin de la concesión a una empresa privada de la gestión de un Departamento de Salud como es el de Alzira“ que, según ha adelantado, ”será un departamento de gestión pública directa desde el 1 de abril de 2018, cuando finaliza su contrato“

Da la impresión de que cada ministro/a de Sanidad viene con el pan de las maniobras de distracción debajo del brazo. No es la primera vez tampoco que esta maniobra disuasoria versa sobre el llamado copago farmacéutico, convenientemente aderezado con retórica hueca sobre su distribución justa entre diferentes niveles de renta.

Lo primero que resaltar y recordar es que tanto los actuales pensionistas como el resto de la población ya contribuyen con sus impuestos al sostenimiento del Sistema Público de Salud. Por tanto, lo que trata la ministra Dolors Montserrat es aplicar un impuesto añadido, esta vez sobre los enfermos, cuando retiran sus medicamentos en la farmacia. Se entiende entonces que sería un repago sobre la enfermedad y que afectaría, precisamente, a aquellos sectores de la población que padecen por su avanzada edad afecciones y dolencias crónicas unidas a diversas patologías, pero que también, por esa misma condición de edad, son los sectores que han contribuido a lo largo de décadas de su vida a la financiación de un sistema sanitario del que justo ahora necesitan más atención.

Últimamente los pensionistas no ganan para sustos ya que hace bien pocas fechas han visto cómo el Gobierno no atiende siquiera a la revalorización de sus pensiones. Por si no fuera suficiente, ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy los convierte en los chivos expiatorios de una nueva maniobra de distracción, con el argumento de que las pensiones de cien mil euros pagan lo mismo que las de más de dieciocho mil. Como si no fuesen una absoluta minoría los pensionistas ricos y aún menos los que además recurren a la sanidad pública.

Por otra parte, llama la atención que se pretenda racionalizar el gasto farmacéutico haciendo hincapié en el papel del paciente, cuando quien de verdad decide no es él sino el médico que prescribe. Y, por encima de ambos, la Administración la que autoriza e incorpora los fármacos a la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público.

A todo ello se suma el hecho de que el gasto farmacéutico se incrementa en mayor medida en el ámbito hospitalario, y fundamentalmente con los fármacos novísimos, los oncológicos, los antivirales, los biológicos… sobre cuyos precios finales las compañías farmacéuticas y la Administración –y no ya el paciente– tienen una influencia determinante, cuando no exorbitante.

Pero, si no se trata de recaudación por lo reducido de la población afectada, ni de moderar la demanda que se genera en otros ámbitos, ¿cuál es la intención del Gobierno? ¿Qué pretenden el PP y sus ministras de Sanidad en cada maniobra recurrente sobre el copago farmacéutico?

Pienso que se busca en primer lugar introducir una sostenibilidad financiera en el sistema y la alternativa de su mercantilización y privatización, como hace el PP con la gestión en aquellas CCAA donde gobierna. Aunque parece también que la intención es la de mantener los copagos actuales ante la previsible ofensiva de la oposición, por aquello de “¡virgencita que me quede como estoy!”. Recordemos que mantener los copagos y la exclusión sanitaria son dos cuestiones que llevan el marchamo del PP a través del funesto decreto 16/2012.

Además, el Ejecutivo de Rajoy también está lanzando un mensaje a las instituciones neoliberales: las contrarreformas no se tocan. Pero, sobre todo, el Gobierno busca eludir su responsabilidad en la medicamentalización del sistema de salud y en las relaciones de subordinación de la Administración respecto a la industria multinacional de la farmacia y las tecnologías sanitarias.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha avanzado que reclamará en la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos del 17 de enero iniciar con el Gobierno de España “un gran debate” para definir la estrategia farmacéutica a nivel estatal.  Según ha detallado, se trataría de un nuevo modelo en el que, o participan las regiones, o se reclamará al Estado que abone “al menos una parte” de los costes que supone.

García-Page, que ha recordado cómo uno de los objetivos del Ejecutivo regional y del estado de las autonomías nacido con la llegada de la democracia es “trabajar para la igualdad”, ha reiterado la necesidad de restablecer el Fondo de Compensación Regional entre las comunidades autónomas, con el objetivo de que no existan fronteras en la atención sanitaria entre regiones. De hecho, ha advertido de que las comunidades autónomas “no vamos a soportar durante mucho más tiempo” un sistema mediante en el que el Estado llega a acuerdos “con grandes industrias farmacéuticas” y cuyos costes deben posteriormente asumir los gobiernos regionales.

Asimismo ha recordado que en la cita de la próxima semana en el Senado, reclamará, entre otros asuntos, la eliminación de los límites establecidos actualmente en las ofertas de empleo público que realizan las comunidades autónomas.

Algunas de estas cuestiones las ha ampliado también el vicepresidente regional, quien asiste en Madrid al Comité Preparatorio de esta conferencia. Ha adelantado que Castilla-La Mancha planteará que las comunidades autónomas puedan hacer ofertar públicas de empleo en materias como  Sanidad, Educación y Servicios Sociales sin tener en cuenta las tasas de reposición. 

Despoblación, financiación autonómica y Tarjeta Social

El vicepresidente regional también ha destacado que Castilla-La Mancha pedirá “el diseño de una estrategia nacional” que afronte retos demográficos a través de un análisis específico sobre los problemas que existen en determinados territorios del país y ha recordado que desde el Gobierno regional se está trabajando, junto a otras comunidades autónomas con la misma problemática, en buscar soluciones que reviertan esta situación ya que tiene una incidencia importante en el coste de la prestación de determinados tipos de servicios.

En este sentido, ha subrayado que Castilla-La Mancha planteará también que se dé “el pistoletazo de salida” para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y que se incorpore un debate sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar que está gestionado “básicamente en tres de sus pilares” por éstas.

Otros de los asuntos que Castilla-La Mancha llevará será una modificación del reglamento de esta Conferencia incorporando la necesidad de que la comisión preparatoria tenga facultades de seguimiento de la ejecución de los acuerdos de la Conferencia, además de la creación de un grupo de trabajo para el diseño de lo que ha denominado el Gobierno de España “Tarjeta Social”, así como formar parte del grupo de desarrollo del Real Decreto Ley que ha previsto el bono social en materia de energía y que prevé mecanismos para evitar el corte del suministro eléctrico.

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, se ha debido perder la primera clase del curso general que imparte Rajoy desde que es presidente del Ejecutivo: “Marianismo en el Gobierno: cómo practicarlo y cómo funciona”. O faltó, o no presta atención en los consejos de ministros y no toma nota como debería. Debe ser la única miembro del gabinete, junto con sus seguramente jóvenes y brillantes asesores, que no es consciente de que precisamente el voto de los pensionistas y mayores de 65 años ha mantenido a Rajoy en la Moncloa y al PP en el poder.

Los pensionistas conforman el núcleo duro del marianismo, su santo grial, su nirvana, su tierra prometida. Sólo está permitido darles buenas noticias. Por eso un copago que iba a hacer justicia con los miles de pensionistas que, según la ministra, ganan cien mil euros y reciben casi regaladas sus medicinas va camino de acabar convertido en una rebaja general y barra libre de ibuprofeno y paracetamol mientras el cuerpo aguante. La ministra debe haber perdido el apetito para media legislatura después del atracón que se está dando con sus propias palabras.

El único copago que realmente tiene sentido en los servicios que presta el Estado del Bienestar es aquel que debería aplicarse, sin piedad, a todos los gestores y decisores públicos que se empeñan en seguir haciendo demagogia, a pesar de la abrumadora evidencia en contra, hablándonos de sus virtudes como instrumento para mejorar la eficiencia del sistema o aumentar su proporcionalidad o su justicia.

El gasto farmacéutico sigue donde estaba porque la razón que explica que supere con mucho la media de la UE no reside en el gusto abusivo de nuestro mayores por los jarabes, sino en el enorme y descontrolado poder del lobby de la industria farmacéutica, que infla los precios y ha logrado bloquear todas las medias de racionalización intentadas durante los últimos treinta años.

Que paguen más quienes más tienen, repiten sin cesar los demagogos del copago obviando que, si el sistema fiscal que financia los servicios funciona de manera justa y progresiva, eso ya ha sucedido y ya han pagado más quienes más tenían. Si no opera con la mínima justicia y progresividad, los copagos solo multiplicarán las injusticias.

Sin apenas resistencia el eslogan de recurrir al copago para garantizar la progresividad del sistema ha ido calando entre buena parte de la izquierda y los defensores de lo público. Con demasiada facilidad se ha abandonado a la universalidad como característica irrenunciable del Estado del Bienestar, mientras discursos como el de la ministra de Sanidad y el Gobierno Rajoy lograban consolidar la percepción de que los servicios y políticas universales resultan injustos porque benefician por igual a ciudadanos más afortunados. Cómo hacer más selectivo, no más justo, el sistema se ha convertido en el eje del debate sobre la reforma del Bienestar.

Su carácter universal fundamenta el concepto del Estado del Bienestar y es garantía de su legitimidad. Quienes creemos en cuanto ese concepto representa debemos afirmarlo sin concesiones, sin excepciones. El modelo universal de provisión del bienestar refuerza la legitimidad del Estado del Bienestar porque funciona de manera inclusiva, los problemas se perciben más claramente como comunes y compartidos, su implementación resulta más transparente dado que todos recibimos lo mismo y, por esa misma razón, el reparto de las cargas puede efectuarse de manera más equitativa y diáfana.

Los modelos selectivos minan la legitimidad del Estado del Bienestar porque resultan exclusivos y discriminatorios, incentivan la percepción de que los servicios públicos atienden problemas que afectan a otros, no los nuestros, y hacen que el reparto de las cargas y los beneficios se vuelva más opaco y difícil de controlar debido a la complejidad que conlleva su propio carácter selectivo.

Abandonando el modelo universal, en favor de la introducción de elementos más selectivos como el copago, se minan las bases de la legitimidad del propio Estado del Bienestar; y deslegitimarlo supone precisamente la única victoria que aún no han conseguido por completo los piratas de lo público.

“Mañana lunes 9, a las 9.30 podéis escucharme en el programa El Matí de Radio 4. Os espero”. Así anunciaba la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, su entrevista del pasado lunes. Ahí comenzaron 24 horas de anuncios, rectificaciones y amagos en torno al copago farmacéutico de los pensionistas.

En la entrevista en Radio 4, Montserrat avisó de que pretendía “ajustar” la cantidad de dinero que los jubilados deben aportar a la hora de adquirir medicamentos. El ajuste, en sus palabras, debía cumplir que “quien más tiene debería pagar más”.

¿A quién podría afectar estos planes? El copago actual, decretado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, hace tramos por rentas: menos de 18.000 euros –que pagan un tope de 8 euros al mes–, de 18.000 a 100.000 euros –cuyo máximo es de 18 mensuales– y por encima de 100.000 que están limitados a 62 euros.

Sin especificar nada más, las palabras de la ministra resonaron: se planteaba retocar el copago de manera que se subiría a un grupo de pensionistas. Montserrat reculó. Lo hizo mediante un twit que decía “no es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas de más de 18.000 euros”.

Además, la ministra concertó una intervención en Los Desayunos de TVE para el día siguiente (este martes). Allí, directamente, ha declarado que el Gobierno del Partido Popular no tiene previsto “la reforma del copago farmacéutico”. Y se ha adherido al sistema actual: “Defiendo”, la fórmula ejecutada por el anterior equipo de Mariano Rajoy.

Sin embargo, al mismo tiempo, se ha mostrado “abierta” a “estudiar lo que digan los expertos” sobre los copagos. Según su criterio, “modificar” no implica encarecer sino que puede “que les bajes a los que tienen menos”: sentido contrario a lo que expresó 24 horas antes al incidir en que los que más ganan deban pagar más. Además, sobre si, de esa manera, puede desaparecer el copago de las rentas más bajas, Montserrat ha repetido que defiende el decreto de Mariano Rajoy.

El Partido Popular está sólidamente instalado en el copago farmacéutico. De hecho, el anterior ministro de Sanidad, Antonio Alonso –estando en funciones– aseveró en mayo de 2016 que si el PP volvía a gobernar “no se suprimirá [ese copago]”. Dolors Montserrat ha abrochado esta jornada de avances y retrocesos sobre la financiación de medicamentos pidiendo “no alarmar” a los pensionistas.

El Gobierno pretende subir el copago farmacéutico a pensionistas. Lo ha avanzado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en una entrevista de radio. Y se ha referido a los retirados con rentas más altas, entendiendo a los que ganen más de 18.000 euros al año. Sin más detalles disponibles, el PSOE ha pedido que la ministra explique los planes del Ejecutivo en la diputación permanente del Congreso.

El grupo parlamentario socialista ha firmado la petición solicitando que Montserrat dé cuenta “de sus intenciones respecto del aumento del copago que soportan los pensionistas desde 2012”. La argumentación de la ministra se ha limitado a un “quien más tiene debería pagar más”, sin especificar cómo abordará ese ajuste que afecta a pensionistas muy dispares: desde 18.000 a 100.00 euros anuales.

Lo que sí ha descartado, a priori, Dolors Montserrat es eliminar las cantidades que pueden imputarse a los jubilados sin ingresos o con muy escasas nóminas que llega a los ocho euros mensuales. Un copago que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana está bonificado al 100% por los presupuestos regionales.

Este domingo, 1 de mayo, entra en vigor la orden que anula el copago farmacéutico para los pensionistas en Castilla-La Mancha. Las farmacias de guardia operativas hoy serán las primeras en poner en marcha el nuevo sistema informático en el que SESCAM, farmacéuticos y los sistemas de gestión de oficinas de farmacia llevan trabajando de forma coordinada desde el pasado mes de agosto.

La Orden será aplicable a aquellos pensionistas y sus beneficiarios con tarjeta sanitaria individual del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha  en vigor, siempre que los medicamentos y productos sanitarios estén incluidos en la prestación farmacéutica, hayan sido prescritos por profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud o correspondan a una asistencia sanitaria concertada. De igual modo, tendrán que haber sido dispensados en oficinas de farmacias de Castilla-La Mancha.

Una medida “racional” que no será igual para todos los pensionistas

Una medida “racional” que no será igual para todos los pensionistasIgnacio José Romeo, presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha cree que la medida que, “por fin ve la luz”, redunda en beneficio del paciente. Lo considera algo “racional” porque, añade, “no tenía sentido que el paciente tuviera que avanzar un dinero que se le devolvía a seis meses vista”.

Se trata de limitar el tope del copago farmacéutico a los pensionistas pero no será igual para todos. Los más beneficiados son  aquellos que perciban rentan anuales que no superen los 18.000 euros y a los que las farmacias no podrán cobrar por los medicamentos más de 8,23 euros al mes. Un colectivo que, según la Junta, alcanzaría las 100.000 personas en la región y que Ignacio José Romeo cree que representan un 90% de los pensionistas de la región.

Después están aquellos que perciben rentas anuales entre los 18.000 y los 100.000 euros que tienen un tope de aportación de 18,52 euros mensuales.  Finalmente, estarían quienes tienen rentas anuales superiores  a los 100.000 euros y que abonan un tope máximo de 61,75 euros.

El presidente de los farmacéuticos cree que estas diferencias en el tope del copago pueden crear “confusión”. Asegura que muchos llegarán a la farmacia pensando que ya no tienen que pagar pero advierte que no será así ni tampoco igual para todos. En este sentido, Ignacio Romeo sugiere a los pensionistas que “pregunten todas sus dudas al farmacéutico”.

Cambios tecnológicos que pagarán los farmacéuticos

Cambios tecnológicos que pagarán los farmacéuticosLos cambios en el copago farmacéutico requerirán cambios tecnológicos que tendrán que asumir económicamente los farmacéuticos. “Requiere cambiar el programa de gestión de oficina de farmacia, manejar una nueva versión e incorporar un escáner de lectura  más modernos”, señala Romeo quien espera que “la gente valore que todos estos cambios requieren mucho esfuerzo”.

Las 1.270 farmacias de Castilla-La Mancha manejan hoy en día hasta 15 programas informáticos distintos.  El nuevo sistema formará parte del programa que ya gestiona la receta electrónica y que se encarga de establecer los topes de pagos. Hasta ahora el límite que tenía el farmacéutico era un número de dispensaciones por paciente de las que este debía abonar el 10% del coste.

“El lunes vendrá ese mismo paciente y al margen de las dispensaciones el sistema dirá cuánto debe pagar”, aunque reconoce que, con probabilidad, no será hasta la cuarta o quinta receta dispensada cuando el sistema diga “este señor ha llegado al tope y ya no se le cobra”.

En los últimos meses, según explica el presidente regional del colectivo, han recibido la formación necesaria. Esta misma semana seguían recibiendo información ante la inminente entrada en vigor de la Orden. Será este nuevo sistema informático el que indique al profesional de la farmacia hasta dónde debe pagar cada pensionista. “Los farmacéuticos nos estamos convirtiendo en expertos informáticos”, ironiza.

El próximo paso, evitar “barreras” con la receta electrónica

El próximo paso, evitar “barreras” con la receta electrónica No será, además, el único cambio para estos profesionales ya que, en los próximos meses, tendrán que trabajar con la llamada ‘interoperabilidad de la receta electrónica’. Ni más ni menos que poner de acuerdo a las 17 Comunidades Autónomas que han desarrollado su propio modelo de receta electrónica.

“Ahora hay que entenderse pero está muy avanzado en particular en Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias. Vamos por delante de Autonomías como Madrid”, asegura Romeo quien entiende que el desarrollo tecnológico en este sentido es necesario porque “no puede ser que existan barreras farmacéutico-sanitarias entre comunidades”.

El domingo 1 de mayo entra en vigor la Orden de la Consejería de Sanidad por la que se regula el procedimiento para el reintegro de gastos por aportaciones de los pensionistas y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. En la práctica, aseguraba este miércoles el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, supone eliminar el 'copago farmacéutico' puesto en el año 2012 por el Gobierno del Partido Popular.

“Se fijó un injusto sistema de copago farmacéutico”, decía Hernando, que supuso un “desprecio” a la generación que “llevaba toda una vida trabajando”. El portavoz aprovechaba para arremeter contra Mariano Rajoy al que acusaba de “dar la espalda de forma ingrata” a los hoy pensionistas“. 

La Orden será aplicable a aquellos pensionistas y sus beneficiarios con tarjeta sanitaria individual del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en vigor, siempre que los medicamentos y productos sanitarios estén incluidos en la prestación farmacéutica, hayan sido prescritos por profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud o correspondan a una asistencia sanitaria concertada. De igual modo, tendrán que haber sido dispensados en oficinas de farmacias de Castilla-La Mancha.

Evitar el “sobrecoste” a los pensionistas

Evitar el “sobrecoste” a los pensionistasEsta medida, según Hernando, evitará el “sobrecoste” que ahora pagan 100.000 pensionistas de Castilla-La Mancha con la implantación de un “sistema mucho más justo para que el pensionista no siga pagando de más”. De hecho, los pensionistas pagarán solo el tope legal de 8 euros mensuales.

“No usaremos a los pensionistas como prestamistas” y es que, añadía, hasta ahora “prestaban” cerca de 700.000 euros al mes, al adelantar de su bolsillo la demasía en los medicamentos adquiridos, una cantidad que se les devolvía pasado un tiempo. 

Un sistema informático para evitar el copago

Un sistema informático para evitar el copagoLa Junta ya tiene listo el sistema informático para que sea aplicado en las farmacias, un sistema del que no dio detalles el portavoz aunque aseguró que funcionará de manera similar a la receta electrónica. De hecho, según recoge la Orden, todas las oficinas de farmacia autorizadas en Castilla-La Mancha están obligadas a incorporar en su sistema de dispensación electrónica la adaptación para el cálculo del tope máximo de aportación desarrollado por el SESCAM.

El programa informará a la farmacia en cada dispensación si debe o no cobrar aportación y, en su caso, la cantidad que deba cobrar y una vez llegado a su tope máximo le informará de que no debe cobrar aportación.

A partir de la entrada en vigor de esta Orden quedarán sin efecto, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las disposiciones legales de igual o inferior rango sobre procedimientos de reintegro de gastos en concepto de aportación farmacéutica.

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha está ultimando la normativa dirigida a revertir la situación generada por la implantación en nuestra Comunidad Autónoma del sistema de copago farmacéutico. Un sistema que ha supuesto que la mayoría de los pensionistas, aunque hayan llegado a su tope legal máximo de aportación mensual, tengan que pagar siempre por las medicinas que consumen y posteriormente se les reintegran los excesos que hayan pagado sobre los topes que la propia Ley establece. 

En los últimos meses, los responsables de la Consejería y del SESCAM están manteniendo diferentes reuniones de trabajo con los representantes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha y otros colectivos implicados para informarles del estado en que se encuentra el desarrollo normativo que se está llevando a cabo, los requerimientos técnicos necesarios para la aplicación de lo dispuesto en esta nueva norma, así como las implicaciones que tendrá sobre los sistemas de prescripción e información del servicio regional de salud. 

En el año 2012, y en virtud al Real Decreto-Ley 16/2012, se fijó un nuevo sistema de aportación farmacéutica por el que se aplican diferentes porcentajes de pago de los medicamentos y productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica según dos criterios: la condición de asegurado y el nivel de renta. Así, se establece un límite máximo de aportación mensual de 83 euros para los pensionistas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros; de 18,52 euros para aquellos con renta igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros; y 61,75 euros para los de renta superior a los 100.000 euros. 

Ahora, 100.000 pensionistas pagan un exceso

Ahora, 100.000 pensionistas pagan un excesoActualmente, en el SESCAM existe un procedimiento que articula el reembolso de las aportaciones en concepto de prestación farmacéutica de los pacientes que excedan en sus aportaciones de los límites aplicables conforme a lo establecido en el mencionado Real Decreto. Esta situación está suponiendo que cerca de 100.000 pensionistas de Castilla-La Mancha están pagando, cada mes, un exceso de aportación en la prestación farmacéutica, que se devuelven con un procedimiento de reintegro del copago farmacéutico. 

El objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como se comprometió el presidente Emiliano García-Page, es revertir esta situación de tal manera que una vez que un pensionista de Castilla-La Mancha haya alcanzado su límite máximo mensual, no tenga que hacer más aportaciones económicas durante el resto del mes en las dispensaciones de medicamentos que necesite con receta oficial del Sistema Nacional de Salud. 

Evitar el adelanto de 700.000 euros al mes 

Evitar el adelanto de 700.000 euros al mesCon este cambio en el procedimiento del copago farmacéutico se evitará que los pensionistas de la región adelanten de sus pensiones más de 700.000 euros cada mes. Además, con la modificación normativa y funcional que se está llevando a cabo se va a mejorar y agilizar el proceso de facturación tanto para el SESCAM como para las oficinas de farmacia. 

Asimismo, permitirá actualizar en tiempo real los cambios realizados en los tipos de aportación de los ciudadanos, para que en el mismo día que el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad nos informen de que un nuevo usuario ha pasado a ser pensionista se le pueda aplicar su tope correspondiente. 

Las farmacias informarán a los usuarios

Las farmacias informarán a los usuariosCon cada dispensación, la farmacia informará al usuario de la aportación que le corresponde pagar por el medicamento hasta el momento en que llegue a su tope mensual y desde ese momento le informará de que no debe pagar. La Consejería de Sanidad agradece la predisposición de los representantes del colectivo de Farmacéuticos mostrada desde un primer momento para colaborar en la realización de las modificaciones que sean necesarias en sus aplicaciones informáticas, así como en la formación de todos los profesionales de las farmacias en la aplicación de los cambios que introduzca la nueva normativa.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha exigido al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, la retirada del recurso contencioso administrativo presentado por el Gobierno contra las subvenciones al copago farmacéutico y ortopédico a pensionistas y personas con diversidad funcional.

Montón recuerda que gracias a esta medida, que entró en vigor el pasado 1 de enero, más de 807.000 personas de la Comunitat Valenciana se han beneficiado de estas ayudas. Así la consellera, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, afirma que el recurso del gobierno de Rajoy “no es un recurso contra la Generalitat sino contra el millón de potenciales beneficiarios de esta medida y de toda la gente que en estos momentos ya están disfrutando de estas ayudas”.

Carmen Montón también ha reclamado la derogación del decreto 16/2012, que introdujo medidas como el copago farmacéutico a pensionistas o la exclusión de personas migrantes en situación administrativa irregular. La consellera de Sanitat ha recordado que no es la primera vez que Rajoy intenta bloquear alguna de las iniciativas del Consell en materia sanitaria ya que también intentó bloquear la universalidad de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana y la llevó al Tribunal Constitucional, aunque en este caso fracasó, porque el Constitucional levantó la suspensión del Decreto.

Hepatitis C

La consellera también ha exigido el pago por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de los 27 millones que adeuda por los gastos de los tratamientos contra el virus de la hepatitis C para los pacientes de la Comunitat Valenciana, y que no se incluyeron en la partida del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) destinada a financiar los medicamentos frente a la hepatitis.

“Es una vergüenza el comportamiento del ministro de Hacienda respecto a esta cuestión”, ha indicado Montón. “No solo por no cumplir con la financiación de las cantidades a las que se comprometieron, sino también por decir que ya estaban todos los pacientes tratados, lo que no es cierto, o por computar como déficit público los préstamos destinados a cubrir los tratamientos”. Así la consellera recuerda que hace un año, en la presentación del Plan Estratégico Nacional por parte del Gobierno, se anunció que la financiación de los tratamientos no computarían como déficit para las autonomías.

Senadores valencianos del PSOE han presentado una moción, para que se discuta en la Comisión de Sanidad de la Cámara alta, en la que exigen al Gobierno de España la retirada de los recursos contra los decretos de la Generalitat Valenciana destinados a garantizar la universalización de la atención sanitaria.

En este sentido, la senadora valenciana y portavoz del PSOE en materia de Servicios Sociales, Encarna Llinares, ha explicado que han presentado esta iniciativa “ante la obsesión del gobierno de Rajoy de atacar y recortar derechos”. En este caso, con la presentación de recursos contra la Generalitat Valenciana “para que deje de subvencionar medicamentos y material de ortopedia a pensionistas y personas con diversidad funcional”, ha denunciado Llinares.

La Generalitat Valenciana dictó en diciembre de 2015 los decretos 240/2015 y 39/2015 que regulan las bases de ayudas para el colectivo de pensionistas y personas con diversidad funcional para eliminar los efectos del copago farmacéutico establecido por el Ejecutivo del PP en 2012, ante los que ahora Rajoy ha presentado un recurso contencioso-administrativo.

Por ello, los senadores socialistas han presentado una moción en el Senado para exigir al Gobierno de España que retire de “forma inmediata” los recursos presentados porque “son medidas muy necesarias y muy justas las que está aplicando el Gobierno valenciano”, ha dicho Llinares, quien ha defendido el ejercicio de las competencias autonómicas en esta materia.

La senadora ha remarcado que el Consell ha reservado una partida presupuestaria de 41 millones en 2016 para que pensionistas con rentas más bajas y discapacitados dejen de pagar por sus medicinas y artículos de ortopedia.