La endometriosis es una enfermedad crónica que afecta a 190 millones de mujeres en edad reproductiva en todo el mundo, el 10% de la población femenina global. Causa dolor intenso e incapacitante durante la menstruación, sangrado abundante y, en casos más graves, dolor pélvico crónico constante e incluso esterilidad. A pesar de su gravedad, no existe un tratamiento que cure de forma definitiva la endometriosis, y su diagnóstico depende en gran medida de técnicas invasivas que ni siquiera aseguran el 100% de precisión. Hasta este momento, su investigación ha pasado por alto el que ahora ha demostrado ser un importante indicador en su diagnóstico y tratamiento: la sangre menstrual.

Un nuevo estudio realizado por investigadores del Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha supuesto un gran avance para el futuro de las mujeres que sufren endometriosis. Y todo, gracias al análisis de la sangre menstrual, que podría ser la clave para diagnosticar esta enfermedad y mejorar su tratamiento. El estudio se suma al esfuerzo de diferentes entidades en todo el mundo que están empezando a poner el foco en la sangre menstrual.

El doctor Francisco Carmona, director de la Unidad de Endometriosis del Hospital Clínic de Barcelona y director científico de la clínica Women’s es coautor del estudio. Asegura que es el primero que se centra en “la epigenética en el endometrio, para mostrar las diferencias en mujeres con endometriosis y sin ella”. Lo que han descubierto los investigadores es que sí, existen diferencias entre el perfil epigenético de las mujeres que la padecen y las que no. 

Más allá de la secuencia de ADN que estudia la genética, la epigenética se centra en cómo el entorno social y el estilo de vida (dieta, estrés) activan o desactivan los genes sin modificar la secuencia de ADN. Mientras los cambios genéticos son irreversibles, los epigenéticos son reversibles y adaptables.

La endometriosis se caracteriza por el sobrecrecimiento del endometrio (el revestimiento interno del útero) o de tejido similar al endometrio, normalmente en ovarios, trompas de Falopio y zona pélvica. Pero también puede crecer en otros órganos, como en el intestino o la vejiga.

Un estudio pionero

El estudio, publicado en la plataforma científica BioRxiv, ha sido dirigido por investigadoras de endogene.bio, una empresa de medicina de precisión fundada por las españolas Cristina Fernández Molina y María Teresa Pérez Zaballos y con sede en París. Su equipo incluye especialistas en epigenética, ginecología, inmunología y biología computacional.

A diferencia de estudios anteriores, que se centraban en la genética, esta nueva investigación ha analizado la epigenética del endometrio para observar qué genes se expresan y cómo los factores ambientales o personales influyen en ellos. Todo, gracias a las células madres que se encuentran en la sangre menstrual. Así, la sangre menstrual podría funcionar como un análisis de sangre convencional para conocer si la paciente tiene o no endometriosis, y las características de su caso.

Carmona asegura que siguen trabajando en personalizar y clasificar el diagnóstico de cada mujer, para hacerlo lo más específico y eficaz posible. El objetivo es que el estudio de la sangre menstrual permita esclarecer cuestiones sobre la gravedad de la enfermedad, si afecta a la fertilidad, o el tratamiento que mejor funcionaría, dependiendo de las necesidades de cada paciente. 

“Nuestro objetivo es que no sea solo decir: tienes endometriosis”, explica Carmona. “Es clasificar y describir las especificidades de cada caso, por ejemplo, si va a ser más o menos agresiva”. Esto permitiría evitar tratamientos invasivos innecesarios y ofrecer terapias adaptadas a las necesidades específicas de cada mujer, mejorando la eficacia del tratamiento.

“El dolor menstrual es normal”, es lo que escuchan cada día cientos de mujeres que acuden a un especialista para encontrar el origen y tratamiento de su malestar. O “con un paracetamol esto se te pasa”, cuando ni siquiera la dosis recomendada de analgésicos es capaz de mitigar el dolor que padecen. Para aliviar los síntomas de la endometriosis se recetan fármacos como anticonceptivos hormonales o medicamentos como el ibuprofeno o el paracetamol. El día a día de quienes la padecen se vuelve un gran peso que puede mermar su calidad de vida y afectar directamente a su salud mental, además de la física. 

A pesar de esto, su diagnóstico y tratamiento sigue estando en una fase de investigación relativamente inicial. El tiempo medio de su diagnóstico es de entre siete y diez años, debido al sesgo de género de la medicina y la normalización del dolor femenino, que muchas veces es infravalorado. 

La laparoscopia, el “método de referencia” para su diagnóstico

Christine Metz, bióloga reproductiva de los Institutos Feinstein para la Investigación Médica de Northwell Health, en Estados Unidos, asegura que una de las grandes barreras para el diagnóstico de la endometriosis es “nuestra dependencia de la cirugía laparoscópica, también denominada ‘el método de referencia’, para el diagnóstico definitivo”. Metz explica que sus investigaciones en este ámbito se centran en “aprovechar la sangre menstrual para aprender todo lo posible sobre las afecciones de la salud uterina, incluida la endometriosis”. 

La laparoscopia para diagnosticar endometriosis consiste en introducir un instrumento de observación iluminado llamado laparoscopio a través de una pequeña incisión abdominal para detectar y extirpar el tejido endometrial. Esta cirugía, además de ser invasiva, “solo detecta alrededor del 70% de los casos, así, el 30% pasan desapercibidos o no se diagnostican”, explica Metz. 

De hecho, muchas mujeres se someten a esta cirugía en varias ocasiones antes de ser finalmente diagnosticadas. “Es posible que no detecte de forma sistemática las lesiones tempranas de endometriosis”, afirma Metz, “y la gravedad de la endometriosis no siempre se correlaciona con los síntomas”. 

Retrasos en el diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico y tratamiento para la endometriosis llega, en la mayoría de los casos, muy tarde. En Estados Unidos, la edad media en la que las mujeres obtienen un diagnóstico es de 30 años, a pesar de que el 70% de ellas ya presentaban síntomas en la adolescencia, según Metz. “Muchas adolescentes padecen dismenorrea (dolor menstrual intenso); sería fantástico detectar a tiempo a aquellas que padecen endometriosis y comenzar el tratamiento cuanto antes”, afirma la investigadora. En España, la edad media es un poco más elevada, alrededor de los 36-37 años, aunque, de nuevo, los síntomas aparecen mucho antes, pero no son correctamente diagnosticados.

Metz asegura que el análisis de sangre menstrual “proporciona información sobre los tejidos del endometrio y células en el momento de la menstruación, cuando se expulsan hacia la cavidad peritoneal, donde se implantan y crecen la mayoría de las lesiones de endometriosis. Un diagnóstico precoz permitirá iniciar los tratamientos antes. Aunque los tratamientos se limitan principalmente a la cirugía (para extirpar las lesiones en pacientes con síntomas graves) y a las terapias hormonales (que pueden resultar ineficaces y no ser bien toleradas), se están desarrollando nuevos tratamientos”, explica.

El flujo menstrual de las pacientes con endometriosis ha demostrado ser “radicalmente diferente” al de mujeres sanas, lo que abre la puerta a una mejor comprensión de la biología y un diagnóstico más fundamentado. 

El equipo del doctor Carmona complementa su trabajo con estudios de metabolómica (el estudio exhaustivo de moléculas pequeñas en células, tejidos o fluidos biológicos) y análisis celular.

La investigadora explica que los esfuerzos en los Institutos Feinstein tienen como objetivo “desarrollar herramientas de diagnóstico no invasivas y más precisas, así como mejores tratamientos”. “Estudios recientes revelan que el diagnóstico tiene un valor terapéutico en el ámbito de la salud conductual; sospecho que lo mismo se aplica a los pacientes (es decir, que tiene valor que tus síntomas y experiencias sean validados mediante un diagnóstico)”, asegura Metz.

Faltar a clase, al trabajo, a eventos sociales o actividades deportivas no debería considerarse normal, y las mujeres que viven con endometriosis “deben escuchar a su cuerpo, llevar un registro de sus síntomas y compartir sus ‘datos’ con sus profesionales sanitarios”, afirma. “Si los profesionales sanitarios no escuchan a las pacientes, estas deben buscar otro médico que las escuche y ayude”, concluye.

Las violencias del genocidio han atravesado las vidas de palestinos y palestinas de manera desgarradora. En el caso de las mujeres y las niñas palestinas, en particular, experiencias como la menstruación, el embarazo o el parto se han convertido en una auténtica pesadilla. Miles de mujeres palestinas se han visto forzadas a parir en condiciones extremas, sin acceso a cuidado pre o postnatal, en un escenario de devastación y falta de los insumos más básicos.

Todos los datos que dibujan la realidad de la salud sexual y reproductiva de las palestinas en tiempos de genocidio resultan abrumadores: aumento de los abortos espontáneos en hasta un 300%, casos de cesáreas sin anestesia o post mortem, incremento en las tasas de mortalidad en el parto de mujeres y sus bebés por condiciones prevenibles –como preeclampsia o diabetes–, histerectomías (intervenciones quirúrgicas para la extracción del útero) por falta de acceso a medicamentos para tratar infecciones, desnutrición, deshidratación y anemia que, entre otras cosas, impiden la lactancia.

A esto se suman las consecuencias derivadas de la falta de acceso a agua y a productos de higiene básicos –incluyendo los de higiene menstrual– en un contexto de bloqueo, desplazamientos sucesivos, hacinamiento y precariedad. Mujeres y adolescentes palestinas se han visto obligadas a improvisar compresas de ropa o con tela de tiendas, exponiéndose a un sinnúmero de enfermedades. “A veces necesito compresas y jabón mucho más de lo que necesito comida”, resumía una joven gazatí.

'Reprocidio'

Estos impactos no han sido una consecuencia más de la ofensiva israelí, ni un daño colateral. Investigaciones de expertos de Naciones Unidas, entidades feministas y académicas palestinas y, más recientemente, también ONG israelíes han denunciado la utilización sistemática y deliberada de la violencia reproductiva en el marco del genocidio. Una violencia que se caracteriza por afectar la capacidad de reproducción física y social de la población palestina. Para enfatizar el uso de este tipo de violencia se ha recurrido al término de “genocidio reproductivo” o al concepto “reprocidio”, como plantea la académica gazatí Hala Shoman, subrayando que lo que hay detrás es una estrategia deliberada para eliminar el presente y el futuro de una comunidad, a través de violencia directa y estructural, con efectos inmediatos y a largo plazo.

“Mientras el genocidio extingue las vidas de las personas que existen, el ‘reprocidio’ se asegura de que muchas vidas potenciales no existan nunca”, subraya Shoman. Esta violencia conecta así con las políticas y lógicas de la colonización, ocupación y apartheid impuestos por Israel en Palestina. La violencia reproductiva observada en Gaza se entiende así como una continuación e intensificación de las políticas del colonialismo de asentamiento israelí en su batalla demográfica contra la población palestina.

Aunque la magnitud de esta violencia es inédita en el marco del genocidio, no se trata de una violencia nueva en el contexto palestino, tiene precedentes históricos y tampoco se ha limitado a Gaza. Ejemplo de ello son los impactos del sistema de segregación, control y restricciones de movimiento impuestos por Israel en Cisjordania, que afectan de manera especial a la salud física y mental de las mujeres embarazadas, en especial a medida que se acerca la fecha del parto; o las estrategias de vigilancia de las tasas de natalidad de la población palestina que tiene ciudadanía israelí.

Desde un prisma de justicia reproductiva, se ha insistido también en que las políticas israelíes no solo han comprometido las posibilidades de la población palestina de procrear, sino también las opciones de decidir no tener hijos –por ejemplo, por la falta de anticonceptivos– y las posibilidades de una crianza en un entorno seguro y digno

En el contexto de genocidio en Gaza se han documentado ataques a infraestructuras sanitarias que han afectado a centros de salud materno-infantil y han comprometido el acceso a atención de salud sexual y reproductiva que necesitan más de medio millón de mujeres y niñas palestinas en edad fértil. A pesar de la reducción relativa de la violencia desde el alto el fuego de octubre de 2025, OCHA advertía este mes de la precaria situación que continuaban afrontando decenas de miles de mujeres embarazadas de la Franja.

Las crecientes restricciones impuestas por Israel al trabajo de organizaciones humanitarias en Gaza amenaza la labor de entidades como Médicos Sin Fronteras, que viene desarrollando un papel clave, en especial en la asistencia a los partos en la Franja.

Las reflexiones en torno a la violencia reproductiva han puesto el foco en el ataque israelí que en diciembre de 2023 afectó al principal centro de fertilidad asistida de Gaza. Más de 4.000 embriones –la última oportunidad para concebir para muchas familias– fueron destruidos en el bombardeo contra la clínica Al Basma, un episodio que ha reforzado las acusaciones contra Israel por “imponer medidas tendientes a prevenir los nacimientos de un grupo”, uno de los cinco crímenes contemplados en la Convención contra el Genocidio.

Desde un prisma de justicia reproductiva, se ha insistido también en que las políticas israelíes no solo han comprometido las posibilidades de la población palestina de procrear, sino también las opciones de decidir no tener hijos –por ejemplo, por la falta de anticonceptivos– y las posibilidades de una crianza en un entorno seguro y digno.

La campaña israelí ha arrasado con recursos vitales para sostener la vida y ha expuesto a la población a una lucha diaria por la supervivencia. Los duelos inconclusos, la incertidumbre diaria sobre si podrán proteger o alimentar a sus hijos e hijas y la frustración por la incapacidad de ofrecerles un horizonte de seguridad y esperanza, la carga de cuidados –incluyendo miles de niños y niñas mutilados–explican en parte los cuadros de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental, en una población palestina afectada por un trauma duradero, repetitivo, colectivo y transgeneracional.

Fracturar y subyugar

Los retos parecen difíciles de dimensionar cuando las heridas son tan profundas, cuando se estima que la práctica totalidad de los niños y niñas de Gaza requiere atención psicológica, cuando la infancia palestina implica vivir con una sensación de muerte inminente.

El marco de la violencia reproductiva también obliga a atender las consecuencias físicas y psicológicas, a corto y medio plazo, de la violencia sexual. Su uso también ha sido documentado y denunciado en el marco del genocidio, entre otras voces por una comisión internacional de investigación independiente de la ONU, que ha alertado sobre su incremento e intencionalidad: fracturar y subyugar al conjunto de la población palestina.

Hay evidencias que indican que la violencia sexual se ha ejercido con el aliento implícito o explícito de autoridades civiles y militares israelíes

La violencia sexual y de género ha sido utilizada como forma de castigo e intimidación colectiva y ha afectado en particular a prisioneras y prisioneros palestinos, objeto de abusos y violaciones registrados en vídeos y fotografías difundidos en redes sociales. La violencia sexual como mecanismo de tortura también ha sido denunciada en el último informe de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, quien ha exigido responsabilidades a altos cargos del Gobierno israelí.

Hay evidencias que indican que la violencia sexual se ha ejercido con el aliento implícito o explícito de autoridades civiles y militares israelíes. Las fuerzas israelíes también han explotado los códigos de género con el propósito de humillar a las mujeres y adolescentes palestinas durante sus incursiones y registros, por ejemplo, obligándolas a exponerse en ropa interior frente a su comunidad a sabiendas de que, por el contexto social y religioso, estas prácticas son especialmente degradantes para las mujeres; y conscientes, también, de que muchas palestinas serán reacias a denunciar abusos de carácter sexual por vergüenza, temor a respuestas negativas o a ser culpabilizadas.

Desde una mirada de género también cabe atender otras violencias invisibilizadas en el contexto de genocidio. Entre ellas, el aún infradocumentado incremento de los matrimonios de menores palestinas –principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania–. Organizaciones feministas palestinas que vienen trabajando desde hace años en tareas de sensibilización e incidencia para erradicar esta práctica de la sociedad palestina han alertado sobre el aumento de los matrimonios precoces como una estrategia negativa de afrontamiento y que responde, en parte, a la preocupación por cuestiones de “honor”. Las dificultades económicas, el hacinamiento y la convivencia de jóvenes de ambos sexos en espacios reducidos y las complejas perspectivas de educación –en parte por la masiva destrucción de escuelas y universidades y el uso de instalaciones educativas como refugio, en el caso de Gaza– han aumentado las presiones sociales para que menores palestinas contraigan matrimonio antes de los 18 años.

En un escenario de supervivencia, a muchas niñas palestinas se les presenta esta opción como una vía para conseguir seguridad y estabilidad. Muchas adolescentes palestinas se asoman con pavor a esta posibilidad ante los riesgos asociados a embarazos tempranos y las reticencias a abandonar sus proyectos y aspiraciones. Otra forma más de violencia que trunca futuros y mina los cuerpos de las mujeres y las niñas palestinas. Violencias que no pueden ni deben ser silenciadas ni normalizadas.

Pamela Urrutia Arestizábal es investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Es probable que los espermatozoides en el espacio se desorienten y se pierdan mientras luchan por encontrar su camino hacia el óvulo, según un nuevo estudio. Al exponerse a la microgravedad en condiciones experimentales, los espermatozoides dan volteretas como un astronauta sin sujección, según investigadores de la Universidad de Adelaida. “Hace que den vueltas, que se pongan boca abajo... realmente no saben qué es arriba o abajo”, afirma la investigadora y coautora del estudio Nicole McPherson.

Australia forma parte de la misión planeada Artemis de la NASA para ir a la Luna y luego a Marte, mientras que empresas privadas, incluida SpaceX de Elon Musk, planean construir hábitats humanos en Marte. Como resultado, ha habido un creciente interés en cómo los humanos podrían reproducirse y criar animales en hábitats extraterrestres. 

Simulando la microgravedad

Los investigadores de Adelaida utilizaron una máquina para imitar la microgravedad: el mismo tipo de caída libre o ingravidez que experimentan los astronautas en la Estación Espacial Internacional. El clinostato “hace que las células realmente no entiendan o no sepan en qué dirección van”, dice McPherson.

“Con los recientes avances en los viajes espaciales y el interés internacional en la exploración del espacio profundo, el asentamiento en Marte y la minería lunar, es fundamental investigar el efecto de la microgravedad en los primeros eventos de fertilización no solo para crear fuentes de alimentos viables, sino también para mantener los asentamientos espaciales humanos, sin la necesidad de repoblar continuamente desde la Tierra”, señalan los autores en un artículo publicado en la revista Communications Biology. McPherson indicó que la investigación sobre microgravedad también beneficia a la ciencia reproductiva en la Tierra.

Los investigadores, del Instituto de Investigación Robinson, utilizaron muestras de esperma de humanos, ratones y cerdos. Las colocaron en una máquina clinostato 3D, que gira para anular el efecto de la gravedad, y luego en un laberinto que simulaba el tracto reproductivo femenino, aunque en el caso del esperma humano, no se colocó ningún óvulo al final por razones éticas. 

Los autores descubrieron que los espermatozoides expuestos a la microgravedad tuvieron dificultades para encontrar su camino a través del laberinto. Hubo una reducción de aproximadamente el 40% en el número de espermatozoides humanos expuestos a la microgravedad que lograron atravesarlo en comparación con el grupo de control.

La microgravedad también afectó cómo se desarrollaron los embriones de cerdo y ratón. McPherson, la autora principal, asegura que era la primera vez que demostraban que la gravedad era un factor importante en la capacidad de navegación de los espermatozoides, y que, aunque tenía un efecto negativo, aún podían formarse embriones sanos. “Esto nos da la esperanza de que reproducirse en el espacio pueda ser posible algún día”, afirma. “Estamos interesados no solo en comprender los efectos de la gravedad cero, sino también en esas fuerzas gravitacionales variables, cosas que podríamos ver en la Luna o Marte, porque sabemos que existe un plan a largo plazo para que los humanos tengan asentamientos allí”.

“Aunque pueda parecer un poco de ciencia ficción... en realidad estamos adquiriendo conocimientos fundamentales sobre cómo los espermatozoides navegan y atraviesan el tracto reproductivo femenino”, señala McPherson. 

Los investigadores colaboraron con el Centro Andy Thomas de Recursos Espaciales de la universidad. “A medida que avanzamos hacia convertirnos en una especie espacial o multiplanetaria, comprender cómo afecta la microgravedad a las primeras etapas de la reproducción es fundamental”, dice el director del centro, el profesor asociado John Culton. Agregar progesterona ayudó a superar la desorientación de los espermatozoides, lo cual los investigadores creen que se debe a que los óvulos también la liberan y puede ayudar a guiar al espermatozoide.

Un largo historial de experimentos

McPherson recuerda que la radiación, que bombardea a los astronautas al salir de la atmósfera protectora de la Tierra, también afecta a los espermatozoides. Existe una larga historia de estudios sobre la reproducción en el espacio. El artículo de la Universidad de Adelaida señala una investigación de 1987 en el Cosmos 1887, que encontró que “las ratas expuestas al espacio tenían una masa testicular reducida”, y experimentos con embriones de ratón en el transbordador espacial Columbia en 1998. 

En 2018, la NASA envió esperma humano en la misión Micro-11 a la ISS para estudiar los efectos de la ingravidez. La agencia espacial estadounidense también dirige un programa continuo de biología del desarrollo, reproductiva y evolutiva.

En 2024, el New York Times informó que Elon Musk se había ofrecido como voluntario para donar su esperma y ayudar a sembrar una colonia en Marte, una afirmación que él ha negado. En febrero, los científicos pidieron más investigaciones sobre la salud reproductiva en el espacio, afirmando que la colaboración internacional era “urgentemente necesaria” para cerrar las brechas de conocimiento sobre los efectos de la microgravedad y la radiación, y para establecer pautas éticas.

“Esto vale casi 500 euros y tú no vas a pagar nada”. Es la frase que escuchó Marta, el nombre ficticio de una mujer de 40 años que el pasado febrero acudió a la sanidad pública de la Comunidad de Madrid para abortar. En la unidad de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Comunidad, una oficina a la que tienen que acudir todas las mujeres que quieran abortar a través de la sanidad pública en Madrid, le atendió una persona que le remarcó el coste de la intervención y le aseguró que todos los hospitales de la región son objetores, a pesar de que la ley exige que la objeción sea una decisión individual de cada profesional.

Precisamente, hace solo unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a Isabel Díaz Ayuso poner en marcha el registro de objetores que establece la norma, pese al rechazo de la presidenta a cumplirlo.

En el audio de la conversación, que grabó la mujer y al que ha accedido elDiario.es, puede escucharse cómo personal de la unidad le hizo firmar un documento que hablaba de que su caso estaba dentro de los “supuestos despenalizados” para abortar, a pesar de que, desde 2010, España cuenta con una ley de plazos y no de supuestos. En el caso de Marta se trataba, además, de una interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas, un plazo en el que las mujeres no tienen que justificar su decisión ni demostrar que encajan en supuesto alguno. En el documento puede leerse cómo, tras los datos personales de la mujer, consta este texto: “Solicita la interrupción voluntaria del embarazo al estimar que se encuentra incluida en los supuestos despenalizados por la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo”.

Marta acudió a la oficina que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tiene en la calle Sagasta de la capital después de pedir información en una de las clínicas privadas más conocidas de Madrid, Isadora. Allí le explicaron que para que la sanidad pública financiara su procedimiento debía acudir a esa oficina para que le dieran el documento de derivación. Fue allí donde la enfermera del SERMAS que la atendía le remarcó que esa prestación tenía un coste que ella no iba a pagar y que le iba a entregar “una factura” que su hospital debería abonar en el plazo de un mes.

“Tú vas a ir a Isadora, esto vale casi 500 euros y tú no vas a pagar nada (...) Esto es una factura, tú vas a Isadora, Isadora te lo hace sin cobrarte nada y luego le pasa la factura al hospital”, le explica a la mujer, que le expresa su malestar porque le haga saber el coste de la intervención y por tener ella que hacerse cargo de ese trámite. “Yo misma trabajo en el SERMAS y en ninguna otra prestación le hacen al paciente recoger una hoja de pago cuando le derivan a un centro privado ni le hacen saber lo que cuesta la prueba o la operación que les van a hacer”, explica Marta.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran, sin embargo, que no se trató de una factura, sino de un “reconocimiento del derecho a la financiación”. “Es decir, se informa a la paciente mediante un documento y el coste autorizado para proceder a la interrupción voluntaria del embarazo. A su vez acredita que la paciente cuenta con tarjeta sanitaria y cumple los criterios. Este es un procedimiento que precisa de control y rigor”, señalan. Sobre la ley, reconocen que se trata de una ley de plazos y no de supuestos, “y hasta esa semana la mujer no tienen por qué expresar los motivos de la interrupción”, pese a que a Marta sí se le obligó a firmar ese documento.

Burocracia para abortar

Fuentes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) aseguran que son frecuentes las quejas de mujeres “que trasladan su malestar por la manera en la que les han atendido” en la oficina del Servicio Madrileño de Salud. “Tienen que pasar por este trámite burocrático, algo que no sucede si, por ejemplo, vas al traumatólogo y te derivan a la sanidad privada para alguna prueba o intervención. En otros casos, los pacientes no tienen que gestionar ellos mismos su carta de pago”, explican. El trato y el periplo que las mujeres tienen que pasar para abortar y que la sanidad pública madrileña se haga cargo del pago hace que algunas prefieran acudir directamente a un centro privado y abonar ellas el importe.

A pesar de que el aborto es una prestación sanitaria pública, el 78,7% de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan en clínicas privadas. En Madrid, esa cifra es del 99%, es decir, apenas el 1% de los abortos se realizan directamente en hospitales públicos. La mayoría de intervenciones las financia la sanidad pública de cada comunidad autónoma a través de conciertos con los centros. En el caso de la Comunidad de Madrid, sin embargo, no existe un concierto con clínicas privadas, sino que emiten facturas por cada intervención derivada. La comunidad gobernada por Ayuso es una de las regiones en la que más mujeres terminan pagando su aborto: el 27,5% de todas las intervenciones las abonan las pacientes, es decir, escapan a la financiación pública.

Hasta hace poco las cartas de pago contemplaban el coste de la intervención. “La mujer no tiene por qué saber nada de eso”, aseguran fuentes de ACAI, que critican que en este caso se le hiciera saber de palabra a la paciente. En los últimos meses, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid lanzó una batería de preguntas sobre el servicio que se da en la unidad de IVE y reclamó que las hojas de derivación dejaran de incluir el coste de la intervención. “Les hemos reprochado que les den estas cartas y que tengan que llevarlas las propias mujeres, esto no pasa en ninguna otra prestación sanitaria”, subraya la diputada socialista en la Asamblea Lorena Morales, que critica que solo exista un único punto en toda la comunidad para hacer este trámite y con un horario reducido, algo que “dificulta que haya mujeres que puedan acudir”. “Te hacen sentir que estás haciendo algo mal”, resume Marta.

“Supuestos despenalizados”

En el audio de la conversación puede escucharse cómo la mujer dice sentirse sorprendida por tener que firmar un documento en el que se habla de supuestos despenalizados al tratarse, además, de un aborto libre dentro de las primeras 14 semanas. “Lo tenemos redactado así”, le responde la enfermera que, ante las quejas de la mujer, le ofrece hablar con una superior. La coordinadora de la oficina le asegura entonces a Marta que la ley actual es “de plazos y supuestos”. “Si no quieres firmarlo, no lo firmes, pero entonces no te lo podemos tramitar, son supuestos basados en los plazos, pero sí se mantienen los supuestos porque no es lo mismo un psiquiátrico que un cáncer que un comité, que es por riesgo del bebé; el tuyo es el 14, que es gestación antes de las 14 semanas”, le dice a la mujer, que finalmente firmó el documento.

Desde ACAI señalan la “mala redacción” de la carta al hablar de “supuestos despenalizados”: “Eso no debería aparecer así porque tenemos una ley de plazos y esa explicación no es adecuada”. La ley de aborto de 2010 habla de supuestos solo a partir de la semana 14. Antes de ese plazo, “se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros”. Es a partir de esa fecha cuando existen plazos para abortar si concurren algunas circunstancias, como la existencia de anomalías fetales incompatibles con la vida, un hecho que debe pasar el dictamen de un comité bioético, o el riesgo para la vida o la salud de la embarazada. En ningún caso la norma actual habla de un supuesto “psiquiátrico”.

Cuando la pareja de la mujer pregunta a la enfermera por qué no es posible realizar el aborto en el hospital público que les corresponde, esta asegura que todos los hospitales de Madrid son objetores. La nueva ley del aborto obliga a las comunidades autónomas a poner en marcha registros de objetores que garanticen que la objeción de conciencia se ejerce de manera individual por cada profesional sanitario y no de forma colectiva por cada servicio de ginecología y obstetricia. En 2024, el Ministerio de Sanidad y las comunidades, incluida Madrid, acordaron los requisitos para crear estos registros. Sin embargo, la oposición de Isabel Díaz Ayuso a ponerlo en marcha hizo que Sanidad llevara a la comunidad a los tribunales. Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a la comunidad que iniciara los trámites para crear el registro.

Las doce trabajadoras del servicio de atención a violencias machistas y de atención a derechos en salud sexual y salud reproductiva del Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio, en Bilbao, han denunciado un recorte del presupuesto por parte del Ayuntamiento del 65%, pasando de 195.700 euros en 2025 a los 68.000 euros en 2026. Se trata de un módulo creado en los años 80 por el movimiento vecinal para dar respuesta a dos fenómenos graves que no estaban siendo atendidos institucionalmente: por un lado, la desatención a las personas jóvenes afectadas por la entrada masiva de la heroína en los barrios populares y, por otro, la salida del periodo dictatorial franquista, que supuso poder organizar recursos para la atención a las mujeres en los procesos de divorcio, que no fue legal hasta 1981, y la atención de su salud sexual y reproductiva, muy influida por el fin de la prohibición de la prescripción de anticonceptivos.

“La atención que ofrece el Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio a las personas afectadas por violencias machistas está íntimamente ligada a nuestra identidad de recurso del barrio, lo que supone que somos parte de la comunidad que habitamos. Esta identidad delimita que no somos uno más de los recursos para mujeres víctimas de violencia de género que vienen recogidos en las distintas leyes estatales y autonómicas. Nacimos con anterioridad a todas estas legislaciones, estando desde el inicio pegadas a las necesidades concretas del colectivo de mujeres de clase trabajadora, mayoritariamente inmigrantes de los territorios rurales, que eran las que habitaban el barrio y distrito de Bilbao en el que estamos”, aseguran las trabajadoras.

Según critican las trabajadoras, la noticia del recorte presupuestario ha llegado tras varias reuniones con el Ayuntamiento y la razón es que consideran que deberá ser el Departamento de Salud del Gobierno vasco quien abone el presupuesto. “Para comunicarnos los recortes han dedicado dos semanas y dos reuniones y se han servido de la mayoría en el pleno municipal. El argumento es que debería ser el Departamento de Salud quien financiase ese 65% por considerar que se dedican a servicios sanitarios y mientras tanto desde Salud dan la callada por respuesta. Nos están dejando en una situación de riesgo de desaparición para la entidad y de desempleo para las trabajadoras. No podemos seguir existiendo sin un claro compromiso de continuidad en la financiación”, lamentan.

“Nos parece de una mirada muy burocrática y desconectada de la realidad del trabajo que hacemos. Porque nuestro trabajo de acompañamiento es integral y nuestra forma de acompañar parte de la complejidad de las situaciones y necesidades de las personas que son imposibles de compartimentalizar”, denuncian las trabajadoras, que durante el pasado año atendieron a 2.058 personas.

Por su parte, desde el área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao defienden que “con el Departamento de Salud se acordó la asunción de los programas por parte de cada sistema con base en las competencias correspondientes de cada uno de ellos, así como asegurar por parte del Ayuntamiento una financiación que podría llegar a igualar la del 2025 en 2026 en caso de que el Departamento de Salud no pudiera llevarla a cabo a tiempo”. “El Departamento de Salud se ha comprometido a integrar en el sistema público de salud a lo largo del 2026, aquellos servicios que siendo de competencia del sistema sanitario se prestan en los módulos. La compensación dependerá del proceso que lleve a cabo el Departamento de Salud con el que estamos en contacto. La decisión está supeditada a la integración en el Sistema de Salud”, argumentan en una respuesta a preguntas realizadas por el grupo municipal de EH Bildu.

En este sentido, desde el Ayuntamiento confirman que “mantendrán los servicios que se prestan actualmente y que son de competencia municipal” y que “tal y como se ha trasladado a los módulos, el proceso tendrá en cuenta a las y los profesionales que trabajan en los módulos analizado desde las competencias de cada una de las administraciones”.

Respira. Ahora que estamos a solas, quiero contarte algo. Cuando tenía diecisiete años viví uno de los momentos más agresivos que recuerdo. Aún lo veo nítidamente cuando me viene a la mente. El día comenzó normal. En mi grupo de bachillerato teníamos una excursión ese día, íbamos a una sala de teatro con otro instituto, y mis compañeras de latín y yo nos subimos al palco para ver lo que fueran a proyectar, sin saber que se trataba de Flor del desierto.

Cuando terminó la proyección hubo un receso para el posterior debate, dado que se trataba de una actividad de sensibilización. Sin embargo, a pesar del mal cuerpo que se me quedó viéndola, noté las miradas, señalamientos con el dedo y cuchicheos (“¿también lo tiene?”) punzantes sobre mí de los cientos de estudiantes que había en ese teatro cuando salí al baño. A veces pienso que se trata de una neura mía, pero escuchar al canijo de mi compañero Ramón espetar un “¿qué estáis mirando?” tan seco y contundente mientras se me acercaba, porque hasta la gente de mi instituto estaba flipando con la reacción de los demás, me hizo sentir que no estaba sola. Evidentemente se lo dijeron a la tutora, que no me dio la impresión de que le diera mucha importancia.

Era normal la reacción de esa juventud. En todo ese teatro, era la única al parecer que se parecía a la protagonista de la película. Era negra. Y esa fue la primera aproximación que tuve en mi vida sobre la ablación de clítoris, y no volvería a escuchar de ello hasta pasados unos años en la universidad.

¿Es paradójico, no? Una actividad que seguro que lo plantearon con la mejor de las intenciones para visibilizar una de las prácticas de la Mutilación Genital Femenina (MGF) supuso indirectamente un señalamiento a una niña negra, lo cual era sintomático de cómo, o al menos desde dónde, se diseñan las acciones de sensibilización y actuación contra estas prácticas.

Y es que, aunque las personas se han quedado sólo con el concepto de ablación, lo correcto es hablar de mutilación. Pero la problemática de haberlo racializado y localizado tanto (incluso dando un marco religioso) hace que, como han denunciado investigadoras africanas y afrodescendientes como Jenabou Dembaga Susoko, el discurso oficial en España contra la MGF supone la estigmatización de mujeres y niñas de contextos africanos o que son percibidas como tal, con especial interés con los contextos musulmanes.

No me mires así, que ya sé lo que estás pensando. Y no, no estoy diciendo que este tema se tenga que silenciar por las repercusiones racistas, es una trampa bastante perversa a las que se nos trata a las mujeres africanas, obviando lo multifactorial de cómo impactan estas medidas y campañas. Que ojo, cuando están bien diseñadas, estas actuaciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de niñas y mujeres. ¿Pero para quién están dirigidas realmente? ¿Y para qué?

Quiero decirte, ¿el problema es su expresión más cruda, la cuchilla sin anestesia? Porque entonces tal y como se ve que está pasando en algunos países africanos, al igual que en las comunidades blancas cristianas de Estados Unidos, está práctica está medicalizada y se realiza con anestesia. ¿Ahí no es un problema? Las consecuencias en la salud sexual y psicológica son las mismas, dado que se práctica en 94 países del mundo.

Esta misma conversación que estamos teniendo la tuve con una médica en las Jornada Participativa “Retos en la atención a la salud sexual y salud reproductiva en Andalucía”, jornadas donde puse sobre la mesa este tema junto a otros estereotipos que mujeres africanas han vivido en su trato en el mundo sanitario. Lo que esta mujer me planteaba es que habiendo trabajado específicamente esta cuestión, el perfil que se encontraba siempre era el de mujeres del África negra, y yo le comentaba como te cuento a ti, que una cosa no niega la otra, y precisamente ese es el reto para que quienes se encuentran en riesgo de sufrir esa violencia: que se vea encerrada entre las dagas del silencio para no traicionar a su familia o alimentar el señalamiento preexistente.

También es preocupante como desde algunos lugares se plantea como solución el rescatismo: ¡vamos a quitar a las niñas de sus familias! ¡Llevémonoslas de sus países que yo quiero ser madre y no me dejan adoptarlas!

Como si la mutilación fuera algo tan simple y no fuera una práctica multifactorial (cultural, económica, de mujeres, etc.), y sobre todo como si no hubiera mujeres y organizaciones de mujeres comunitarias trabajando sobre ello, aunque cierta cooperación internacional occidental piense que no existen, ¿pero a quienes se les escucha hablar de ello? ¿Y cuándo?

Asha Ismail y Hayat Traspas, de la ONG “Save a Girl, Save a Generation” en el podcast No Hay negros en el Tibet, hablaban este verano de este asunto y sobre la importancia de que este tema se hable fuera de las fechas señaladas (sin obviar la lucha detrás de su reconocimiento institucional), sino abordarlo cualquier día del año y desde otros lugares para que no se olvide, hablar y correr la voz, porque en el fondo es un tema que no interesa y más si se va salir del molde: es una cosa africana.

Si lo viéramos como algo más relacionado con los derechos sociales, quizás no lo sesgaríamos tanto, quizás lo viéramos como algo más relacionado con la justicia, y de esa manera como un problema global, no localizado y localizable.

Pero respira, porque como has visto, ese día en el teatro, no era la única que estaba bajo el foco, pero no manejar bien la conversación hace que la luz de ese foco nos ciegue a todas.

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha lanzado una alerta a raíz del fenómeno conocido como “chemsex”. Es un término que deriva de los vocablos ingleses “chemical” y “sex” y es utilizado coloquialmente entre hombres gais y bisexuales y otros hombres que tienen sexo también con hombres para describir una práctica sexual que implica el uso de drogas proactivas (mefedrona, GHB o metanfetamina) con el fin de intensificar sensaciones, perder inhibiciones y prolongar el placer durante las relaciones, que tras el consumo de estupefacientes pueden durar horas e incluso días.

Según el Departamento, que este miércoles ha llevado a cabo un coloquio sobre el tema con profesionales de Osakidetza, esta práctica conlleva el doble de riesgo. Por un lado, el de contraer infecciones de transmisión sexual; y, por el otro, el de sufrir adicción a las drogas. “Esta práctica lleva un doble riesgo, en la esfera de la salud sexual y en el psicosocial o la salud mental, con una mayor probabilidad de exposición a ITS, prácticas sexuales prolongadas, menor percepción del riesgo y posiblemente mayor número de personas”, han alertado desde Salud.

Durante el coloquio no han aportado datos específicos de personas que practican “chemsex” en Euskadi ni de adicciones o contagios de enfermedades de transmisión sexual que esto provoca, dado que por el momento, según han recalcado el coordinador del Plan del Sida e ITS de Osakidetza, Oskar Ayerdi, y el Jefe del Servicio de Adicciones en la Red de Salud Mental de Bizkaia, el psiquiatra Rodrigo Oraá, no cuentan con esos datos específicos. No obstante, sí que han aportado los datos recogidos por la encuesta europea EMIS, para hombres que tienen sexo con hombres, que apuntan que a nivel estatal, entre los hombres que habían tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, el 14,1% había usado drogas estimulantes para que el sexo fuera más intenso o durara más tiempo en ese periodo y el 7,6% lo había hecho en las últimas cuatro semanas antes de realizar la encuesta.

Según la última memoria del Plan del Sida e ITS de Osakidetza, en 2024 la transmisión de enfermedades como la clamidia, gonorrea o sífilis se duplicaron, especialmente entre la población más joven y se notificaron 125 nuevos casos de VIH, una cifra que se mantiene estancada en los últimos cinco años. Según han informado este miércoles, se espera que los datos de 2025 sean similares. En este sentido, en Osakidetza el pasado mes de diciembre, se atendieron a 1.538 personas en consultas de infecciones de transmisión sexual, 1.189 en Bizkaia, 266 en Gipuzkoa y 83 en Álava.

Preguntado por si la ciudadanía ya no se protege tanto como antes respecto a las enfermedades de transmisión sexual, el coordinador del Plan del Sida e ITS de Osakidetza, Oskar Ayerdi, ha detallado que “con el paso de los años lo que se está viendo es que hay herramientas preventivas innovadoras como pueden ser algunos fármacos, no solo frente a las infecciones de transmisión sexual, sino que también hay nuevas herramientas para evitar embarazos no deseados. Y todos estos avances que se han dado, que son muy positivos, pueden generar una sensación de confort o de comodidad y, al utilizarlos, puede producir que potencialmente se pudieran dejar de utilizar otras barreras preventivas como puede ser el uso del preservativo. Esto es una realidad que puede estar sucediendo y nos genera nuevos retos de cómo tenemos que abordarlo”, ha explicado.

En cuanto a las adicciones, el Jefe del Servicio de Adicciones en la Red de Salud Mental de Bizkaia, el psiquiatra Rodrigo Oraá, ha indicado que pese a que no se recoge específicamente el “chemsex” en el plan de adicciones, sí que están trabajando en “acercarse” a la población que puede tener más dificultad de acceso a la información o a personas en exclusión. “Preocupa la intervención, primero informativa, por puro derecho a la salud y luego también está la preocupación de abordarlo cuando se está produciendo, porque pensamos que en los últimos años se está produciendo con mayor intensidad que en los previos, porque así los recibimos en las consultas. Tenemos más casos ahora que hace unos años, aunque es verdad que nos fijamos más y es posible que tengamos mayor capacidad de detección o que un sistema más ágil en cuanto a derivaciones puede ester facilitando la llegada. En cualquier caso, como hemos dicho a lo largo del coloquio, es un tema que además del conocimiento y de la sensibilidad, necesitamos más rodaje, más práctica y en ello estamos”, ha reconocido.

El psiquiatra ha recalcado, que de cara a futuro, un abordaje de la situación sobre el “chemsex” requiere “conocer muchos detalles y una competencia cultural específica, conocer el argot, los contextos y las sustancias para hablarlo, para entenderlo, pero también para intervenir”. En este sentido, desde Oskidetza han insistido en la relevancia del cribado frecuente de ITS, la vacunación, los medicamentos para prevenir la infección por VIH en personas sin el virus con alto riesgo de exposición PrEP y PEP, la planificación del consumo y evitar el policonsumo, así como una atención estructurada de la salud mental cuando existe un consumo compulsivo y/o dependencia.

Una de las primeras medidas de la presidencia de Donald Trump fue anunciar despidos y recortes en la agencia del Gobierno de Estados Unidos que gestiona la cooperación internacional y la ayuda humanitaria y al desarrollo en países de todo el mundo (USAID). La medida, anunciada poco después de su llegada a la Casa Blanca, causó conmoción en todo el mundo. Muchas clínicas de salud cerraron inmediatamente, dejando a millones de personas sin acceso a medicamentos e instalaciones de importancia vital, con consecuencias potencialmente mortales, especialmente para los pacientes con VIH, niños y adolescentes, y mujeres.

Para muchos, la posterior supresión del 83% de los programas de USAID pareció puro nihilismo, orquestado por ideólogos que querían acabar con la agencia. Pero tras esta destrucción había una visión a largo plazo, según alertan los expertos. El desmantelamiento de USAID ha allanado el camino para la siguiente fase de un plan para transformar el panorama mundial de la salud, según afirman los defensores de la justicia reproductiva.

“Los primeros nueve meses [de la presidencia de DonaldTrump] se deben interpretar como la primera ronda”, afirmó Beth Schlachter, directora de relaciones exteriores de Estados Unidos en MSI Reproductive Choices -una organización internacional de salud que defiende y presta servicios de salud sexual y reproductiva- ante los delegados de la reciente Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar (ICFP) celebrada en Bogotá, (Colombia). “Ahora que han desmantelado el sistema de ayuda exterior estadounidense, el siguiente paso es reconstruirlo y ocupar ese vacío”, añadió.

La clave para “llenar este vacío” son los nuevos acuerdos bilaterales de ayuda que Estados Unidos está negociando con los gobiernos. Según Schlachter, es casi seguro que estos acuerdos incluirán condiciones que dificultarán a las organizaciones la prestación de servicios de planificación familiar. Schlachter no es la única experta que advierte a los gobiernos y a las ONG que estén muy alerta ante los intentos de Estados Unidos y de las organizaciones cristianas ultraconservadoras de socavar los avances en materia de salud sexual y reproductiva.

The Guardian ha hablado con líderes de organizaciones de justicia reproductiva sobre lo que se avecina, para entender el efecto que estos planes podrían tener en las mujeres y las niñas de todo el mundo.

El plan antiabortista 'Protego'

En octubre, el Instituto para la Salud de la Mujer (IWH) de Washington DC (un think tank conservador que promueve una agenda contraria al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de la política internacional) celebró el quinto aniversario de la Declaración de Consenso de Ginebra (GCD). Se trata de un manifiesto firmado en 2020, durante la primera administración Trump, que sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto, ni ninguna obligación internacional por parte de los Estados de financiar o facilitar el aborto”.

La declaración fue inmediatamente condenada por los gobiernos más progresistas y las organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha señalado que la GCD pone en peligro vidas, va en contra de los derechos humanos y de décadas de investigación en materia de salud.

Durante el evento, Hungría, uno de los países que ha impulsado la GCD desde sus inicios, dio la bienvenida a Guinea como último signatario. Con este país africano, el número total de Estados firmantes asciende a 40, la mitad de ellos en África. Valerie Huber, presidenta del Instituto para la Salud de la Mujer y artífice del GCD, afirmó que el objetivo es llegar a 80 países en los próximos tres años. Su objetivo es crear “una fuerza invencible para la salud de las mujeres, las familias fuertes y la soberanía nacional que ninguna presión internacional pueda quebrantar”, según sus palabras.

Huber lidera los esfuerzos para convertir las bases de la GCD en políticas activas de los países socios a través de su proyecto Protego, una estrategia que ha alarmado a muchos expertos y activistas. “Cualquier política basada en la GCD tiene un impacto catastrófico para la autonomía corporal y los derechos reproductivos. Todos deberíamos estar preocupados y atentos a las acciones que se están impulsando desde Estados Unidos”, alerta Jamie Vernaelde, investigador principal de la ONG de justicia reproductiva Ipas.

En declaraciones a The Guardian, Huber rechaza la idea de que la GCD represente una amenaza para la salud de las mujeres. “Los objetivos reales declarados de la GCD incluyen la reducción de la mortalidad materna, la mejora de los resultados de salud a lo largo de toda la vida y la promoción de la cobertura sanitaria para todos. Las afirmaciones de que 'pone en peligro vidas' contradicen el propio documento”, defiende la líder del grupo antiabortista.

Los objetivos del proyecto Protego se describen en una guía de 62 páginas titulada 'Marco para la salud óptima de las mujeres'. Vernaelde señala que el documento contiene “un lenguaje que reivindica el valor de las mujeres y las niñas”, pero con “pocas recomendaciones específicas”. La estrategia, añade, va en contra de las políticas de salud pública basadas en la ciencia y “apenas menciona ningún método anticonceptivo moderno, excluyendo a las comunidades marginadas, como las personas con VIH, las personas que consumen drogas, las trabajadoras sexuales y las minorías sexuales y de género”. El investigador añade que, además, “no se hace ninguna mención al acceso de los adolescentes a una educación sexual integral; se da prioridad a los derechos de los padres sobre los derechos de los niños”.

“Está tratando de suplantar los marcos [de derechos humanos] existentes”, lamenta. En este sentido, Huber ha negado que no se concreten los detalles y que el proyecto intentara sustituir el consenso existente en materia de derechos humanos. “El marco contiene más de 1.000 citas y proporciona información exhaustiva y basada en pruebas... y ofrece a los países alternativas basadas en la investigación que se ajustan a sus valores culturales y su soberanía”, afirma.

El marco no menciona el aborto, salvo para decir que no es una forma de anticoncepción, pero asegura que es “coherente con los pilares fundamentales de la GCD”. Huber ha hablado públicamente sobre el potencial del proyecto para apoyar a los países en su defensa contra los donantes que, según ella, tratan de imponer a los países una “ideología” progresista, como el acceso al aborto seguro y legal.

Según Huber, el enfoque del IWH “se centra en reducir las circunstancias que llevan a las mujeres a considerar el aborto mediante sistemas de apoyo sólidos, una atención sanitaria de calidad y la educación. Este enfoque favorable a las mujeres aborda las causas fundamentales”. Huber aboga por una educación basada en la abstinencia en lugar de una educación sexual integral (ESI), el proceso respaldado por la ONU y la Organización Mundial de la Salud que consiste en enseñar información adecuada a la edad sobre la sexualidad y la salud sexual y reproductiva

Las investigaciones sobre el impacto de la educación sexual integral muestran que dota a los jóvenes de los conocimientos y habilidades necesarios para mantenerse seguros, mantener relaciones saludables, asumir menos riesgos y comprender la equidad y los derechos de género.

Proyecto piloto en Guatemala

En octubre de 2023 se puso en marcha un proyecto piloto de Protego en Guatemala, que tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes de América Latina y fue designada “capital provida de América Latina” por el expresidente Alejandro Giammattei.

Una de las primeras iniciativas de Protego en el país centroamericano ha sido una “guía de comunicación entre padres e hijos” impulsada por Huber y el entonces ministro de Educación guatemalteco. En este documento se ofrecen consejos sobre cómo abordar temas delicados, incluyendo consejos sobre las relaciones sexuales. En ella se hace hincapié en los derechos de los padres, lo que parece alimentar el pánico moral de la derecha ante la idea de que los padres están perdiendo el control sobre sus hijos.

Los esfuerzos por introducir la educación sexual en las escuelas de Guatemala ya se enfrentaban a numerosas barreras. La guía para padres de Protego socavará aún más esos esfuerzos, al situar el control parental por encima de los derechos de los niños.

Ahora, la atención de Protego se centra en África. Uganda, uno de los primeros patrocinadores del GCD, ha sido uno de los primeros países en adoptar Protego. Su primera dama y ministra de Educación, Janet Museveni, se sumó a este proyecto en febrero de 2024. Al igual que en Guatemala, una de las primeras iniciativas fue un plan de estudios escolar que servirá como alternativa a la ESI y que, según se informa, se ha entregado a Huber para su revisión. Burundi dio su apoyo en octubre de 2025. Vernaelde señala que “este proyecto está ganando terreno”.

“El hecho de que algunas organizaciones se opongan a nuestro enfoque refleja diferencias ideológicas y quizás incomodidad con nuestro rechazo al colonialismo ideológico, no deficiencias en nuestros marcos o enfoque”, señala Huber.

Rahom Maria Bukirwa, directora de programas de la Women's Probono Initiative (WPI), una organización ugandesa de asistencia legal centrada en los derechos de la mujer, alerta los peligros que esconde 'Protego'. Según advierte, este proyecto es solo el último avance de un ataque múltiple por parte de grupos religiosos conservadores. “Como mujer, he experimentado el patriarcado a nivel familiar —soy la primogénita y tengo un hermano menor— y ha estado presente constantemente. Pero al estar en este sector [de organizaciones que promueven derechos], veo cómo se desarrolla a mayor escala”.

Para Bujirwa, los discursos en torno al matrimonio y las relaciones entre personas del mismo sexo —estrictamente prohibidos en el país—, los valores familiares, la soberanía nacional y las críticas a la educación sexual integral están influyendo en las leyes, las políticas y las actitudes sociales.

Según señala, ste impacto se debe en parte al acceso directo que tienen estos grupos ultracatólicos a los legisladores, mientras que las ONG como WPI suelen quedar excluidas de los debates. “En el Gobierno, las alianzas se construyen en torno al dinero. La ventaja que tienen los grupos contrarios a los derechos es que cuentan con una red de financiación flexible. Nosotras [las ONG que trabajamos desde un enfoque de derechos] operamos en un entorno de financiación muy restrictivo, lo que dificulta acceder a esos espacios”, añade Bukirwa.

Más riesgo para las mujeres

Tras suspender abruptamente la financiación de USAID en enero, el Gobierno de Estados Unidos está negociando nuevos paquetes de ayuda con gobiernos de todo el mundo. El plan, recogido en la estrategia sanitaria global 'America First', pasa por firmar acuerdos bilaterales con 71 países que, según Washington, serán autosuficientes en unos años. El objetivo principal es la lucha contra el VIH y la prevención y el tratamiento de la malaria, la tuberculosis y la poliomielitis. El borrador del memorando de entendimiento prácticamente no hace mención alguna a la salud sexual y reproductiva.

“Sabemos que la planificación familiar no será una prioridad; el aborto quedará fuera del debate y se pondrá el acento en la abstinencia”, afirma Nelly Munyasia, directora ejecutiva de la organización keniata Reproductive Health Network Kenya.

Kenia dependía en gran medida de USAID para los programas de planificación familiar. La pérdida de esa financiación ha provocado una grave escasez de anticonceptivos. Las estanterías están vacías y las mujeres que acuden a renovar medicamentos o métodos anticonceptivos se encuentran con una puerta cerrada. Sin nuevos fondos, la escasez continuará.

Pero la preocupación no solo se centra en los recortes de la financiación para la salud sexual y reproductiva. También se teme que los acuerdos bilaterales vengan acompañados de condiciones que obliguen a los gobiernos a alinearse con los valores de la Administración estadounidense. “Muchos gobiernos están entusiasmados con la llegada de la financiación estadounidense”, afirma Schlachter. «[Pero] Estados Unidos no da nada sin nada a cambio, [y] no sabemos hasta qué punto llegará la administración Trump a la hora de pedir una contrapartida por la inversión. Es como un caballo de Troya“, añade.

Es probable que estas condiciones se ajusten a la ampliación de la denominada “ley mordaza global”, una política de Estados Unidos que condiciona la ayuda sanitaria internacional a que las organizaciones receptoras renuncien a ofrecer, promover o incluso informar sobre el aborto, aunque lo hagan con fondos propios y sea legal en su país. Cuando la medida entre en vigor a principios de 2026, incluirá por primera vez en su articulado que cualquier receptor de fondos sanitarios estadounidenses debe certificar que ni él ni ninguna otra ONG con la que trabaje promueve o practica el aborto.

A Munyaisa le preocupa que, si la ayuda sanitaria estadounidense pasa a estar condicionada a la ley mordaza global, grupos como el suyo, el mayor proveedor de servicios de planificación familiar del país, corran peligro. Estados Unidos ha declarado que solo canalizará fondos a través de grupos religiosos, y no de ONG, a las que acusa de malgastar el dinero. “Veremos un mayor control sobre las organizaciones que trabajan en torno al aborto y los anticonceptivos para adolescentes”, afirma Munyaisa. “Va a ser terrible; ya es terrible”.

“Si el Gobierno de Kenia acata estas condiciones, veremos cómo muchas organizaciones pierden su registro y aumenta el número de mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos. Esto nos preocupa como sociedad civil y nos preocupa por las mujeres y las niñas”.

“Si el Gobierno de Kenia acata estas condiciones, veremos cómo muchas organizaciones pierden su registro y aumenta el número de mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos. Esto nos preocupa como sociedad civil y nos preocupa por las mujeres y las niñas”, alerta.

Schlachter se hace eco de los temores de Munyasia. “Los acuerdos bilaterales son la siguiente etapa que limitará aún más el acceso a los servicios [de planificación familiar]. Si los programas se reducen, habrá más embarazos, más abortos inseguros, más mujeres que mueren... Es una continuación de esa fase de destrucción, con más destrucción”, lamenta.

Algunos países, más recientemente Zambia, Zimbabue y la República Democrática del Congo, están aumentando sus propios presupuestos de planificación familiar. Kenia no se encuentra entre ellos. Munyasia cree que esto sitúa a Kenia en una posición especialmente vulnerable. “Los países que ya han encontrado formas de mitigar la situación pueden negociar [con Estados Unidos], tienen la sartén por el mango. Analizarán el memorando de entendimiento y dirán sí a esto y no a aquello. Pero países como Kenia, mi querido país, están a cero [en cuanto a financiación nacional para la planificación familiar]”, señala.

La fase de “diseño”

“Destrucción, consolidación y diseño”, resume Neil Datta, director ejecutivo del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, para explicar el modus operandi de la Administración Trump. Si el cierre de USAID es la destrucción y los nuevos acuerdos bilaterales son la consolidación, la fase de “diseño” dará lugar a un nuevo sistema de servicios que ofrecen alternativas a los centros de salud sexual y reproductiva establecidos.

Entre los ejemplos que ya existen se encuentran los centros de crisis para embarazadas, que tratan de disuadir a las mujeres y adolescentes de acceder a los servicios de aborto; los programas educativos basados en la abstinencia, en lugar de una educación sexual integral; y las llamadas clínicas de planificación familiar “natural”, como sustituto de los métodos anticonceptivos modernos.

La mayoría de estos servicios están financiados por gobiernos u ONG gestionadas por iglesias o entidades religiosas que prestan servicios sociales o humanitarios desde una perspectiva confesional, pero no siempre es así. La Unión Europea retiró recientemente la financiación a tres proyectos de World Youth Alliance (WYA), una organización internacional conservadora que promueve una agenda contraria a los derechos sexuales y reproductivos, tras concluir que no se ajustaban a los valores de la UE y presentaban un enfoque parcial o sesgado sobre estos derechos. WYA niega las acusaciones. Uno de los principales servicios que impulsa la alianza es Femm, una aplicación de salud y fertilidad financiada por activistas católicos contrarios al aborto.

Otro de los programas impulsados es Teen Star, un currículo educativo centrado en la fertilidad “natural” que se imparte ya en una treintena de países. “Estos servicios contrarios al enfoque de género no solo se presentan como una alternativa, sino que suponen riesgos reales para la salud”, advierte Datta.

Si antes los servicios contrarios al enfoque de género se consideraban simplemente “molestos” o “peculiares”, hoy en día están ganando apoyo político.

Según un informe elaborado por Datta, entre 2019 y 2023 este “marco alternativo” canalizó en Europa alrededor de 121 millones de euros en financiación, repartidos entre 80 organizaciones. La renovación de la ayuda estadounidense, la ampliación de la ley mordaza global y el apoyo a proyectos como Protego significan que existe un “marco financiero y legal potencial listo para impulsar los servicios contrarios al enfoque de género en todo el mundo. [Esto es] para lo que debemos estar preparados en los próximos meses”, afirma Datta.

¿Cómo sé si mi hija tiene pubertad precoz o si es que le ha dado la regla pronto?

Imagino la preocupación de una madre o un padre en el momento en que su criatura tiene la regla pronto, antes de lo esperado y de las otras niñas de su clase. Normalmente, son las y los pediatras del centro de salud que, con la historia clínica personal y familiar y una exploración cuidadosa, valoran a las niñas y eventualmente remiten a endocrinos/as pediátricos si sospechan de una pubertad precoz que precise de tratamiento. 

Como ginecóloga simplemente puedo compartiros los criterios de las sociedades científicas para distinguir entre una menarquia (primera regla) fisiológica en edades tempranas o una pubertad precoz para saber cuándo es necesario derivar a endocrinología pediátrica. 

Se considera pubertad precoz el telarca (la aparición del botón mamario) antes de los 7-8 años y la menarquia antes de los 10. Después de esas edades no se realizan pruebas para diagnosticar la pubertad precoz. Por otro lado, si la niña o la familia necesitan acompañamiento psicológico para enfrentarse a esa etapa antes de lo esperado es importante que se atiendan sus inquietudes, miedos y dar la información necesaria a la niña y a sus progenitores para vivirla lo más serenamente posible. 

Se considera precoz también la menarquia que aparece antes del telarca o menos de dos años después de la aparición del botón mamario. En casos de menarquia antes de los 10, las niñas suelen ser derivadas a endocrinología pediátrica para valoración.

Suele ser necesario realizar una valoración de la edad ósea y en su caso una analítica hormonal con esteroides sexuales y hormonas tiroideas. Dependiendo de los resultados se realizará una ecografía pélvica para averiguar las causas de la pubertad precoz. En ciertos casos, serán necesarias otras pruebas de imagen para hacer un diagnóstico, iniciar un tratamiento o hacer seguimiento. Si la causa de la pubertad precoz es central (del eje hipotálamo-hipófisis) pueden ser necesarias pruebas de imagen de neurorradiología. 

Espero haber podido dar la información necesaria para que puedas pedir ayuda a las y los profesionales correspondientes.

Las técnicas de reproducción asistida forman hoy parte de la experiencia habitual de formar una familia. Su expansión ha sido vertiginosa en las últimas décadas pero no ha ido acompañada de un debate social a la altura sobre sus implicaciones, sus consecuencias o sus límites. En El precio de la reproducción (Bellaterra ediciones), Laia Forné, Estefanía Izarel, y Miquel Missé aúnan los textos de diversos autores y autoras que, desde el derecho, la filosofía, la antropología, la salud, o la sociología abren una conversación pública que no busca culpas ni señalamientos, sino la construcción de un relato que, desde la izquierda y el feminismo, falta sobre una realidad que atraviesa hoy la vida cotidiana.

A pesar de la expansión de las técnicas de reproducción asistida y de que acudir a ellas es ahora algo muy frecuente, sigue sin existir una conversación pública, un gran debate en torno a ellas, ¿por qué?, ¿influye que lo vivamos como un tema privado o que la gente tema ver cuestionadas sus decisiones vitales?

Miquel Missé: Diría que es como si hubiéramos pasado de un discurso esencialista de la maternidad como destino obligatorio, biológico, a un paradigma en el que es una elección individual que no tiene nada que ver ni con nuestra estructura social ni con nada. Pensamos que puede haber una tercera vía: no tiene que ser un destino biológico, pero tampoco una cosa que la gente tenga que resolver sola. Está claro que como comunidad social asumimos que queremos reproducirnos y eso es algo que tenemos que discutir como sociedad, no puede quedar en un plano individual donde cada uno hace lo que quiere.

Laia Forné: El feminismo ha impugnado el mandato de género que tenía que ver con que las mujeres nos realizábamos a partir de la maternidad y de los cuidados, pero eso no anula que no tengamos que tener como sociedad un debate público sobre qué lugar le queremos dar a la reproducción, también desde una mirada de los derechos. Si lo relegamos a un deseo, a una decisión personal, entonces estaremos diciéndole también al Estado y al resto de la sociedad que no tienen que corresponsabilizarse de eso.

Estefanía Izarel: Este libro quería abrir una conversación que no esté en exclusiva dedicada a aquellas personas que han atravesado un proceso de reproducción asistida o que son madres y padres, sino convocar a la sociedad para repensar la forma en la que queremos reproducirnos. Para quienes están atravesando un proceso de reproducción asistida es un tema muy sensible, e incluso quienes ya lo han pasado y han logrado tener a sus familias no quieren saber más del tema. Nos planteamos cómo interpelar sin acudir a la culpa e involucrando a toda la sociedad.

Dicen en el libro que estas tecnologías no son neutras ni inocuas, aunque muchas veces lo parecen. ¿Al servicio de qué sociedad están ahora mismo estas tecnologías de la reproducción?

M.M: Las tecnologías han aparecido tratando de resolver un problema sobre el que como sociedad no habíamos decidido si esa era la solución que queríamos para, por ejemplo, el retraso de la edad de maternidad o la caída de la natalidad. No sabemos si realmente el diagnóstico que haríamos nos daría como respuesta que hay que seguir igual y que simplemente necesitamos mejores tecnologías para que la gente lo pueda hacer más tarde. Probablemente diríamos que no, que deberíamos hacer políticas públicas para que la gente pueda sentirse más acompañada en la crianza. Es un espejismo: las tecnologías de la reproducción nos están ahorrando de forma un poco tramposa la conversación más profunda sobre las causas de ese retraso y hacer políticas sociales para redistribuir los recursos y el cuidado. Las tecnologías son un parche, pero no la solución.

Nos parece que también tendríamos que pensar sobre cómo estas tecnologías muchas veces están ahondando en un imaginario muy esencialista o biologicista. Al final lo importante siempre es que el hijo sea lo más 'tuyo' posible, en el sentido de que sea tu hijo biológico, cuando la reproducción asistida sirve para tener hijos de muchas otras maneras. Las primeras propuestas que las clínicas les dan a la gente son muchísimo más caras, pero pasan por que se hagan con el propio material genético. Valdría la pena darle una vuelta, sobre todo en una sociedad que ha tenido muchos debates sobre lo que es ser un padre o una madre en torno, por ejemplo, a los movimientos de gays y lesbianas, o la cuestión de la adopción.

Lo que estamos viendo ahora con la industria de la reproducción es lo mismo que está sucediendo con otros bienes o recursos, como puede ser la vivienda o la alimentación: ya está atrayendo a fondos de inversión y vemos también un proceso de concentración de esta propiedad.

Laia Fornell

En España, la industria de la reproducción asistida es muy potente, casi todo el sector está privatizado, hay mucha gente haciendo dinero con esto. ¿Influye eso es cómo estamos entendiendo estas técnicas?

L. F: La industria de la reproducción asistida ha generado un volumen de negocio agregado de aproximadamente 630 millones de euros hasta 2023. Se trata de un sistema que busca la mercantilización. Esto no quiere que no sea cierto que, subjetivamente, está siendo una solución para que muchas personas respondan a este deseo, esta presión o este impulso de formar una familia. Sin embargo, es fundamental que estas decisiones individuales sean abordadas colectivamente. Lo que estamos viendo ahora con la industria de la reproducción es lo mismo que está sucediendo con otros bienes o recursos, como puede ser la vivienda o la alimentación: ya está atrayendo a fondos de inversión y vemos también un proceso de concentración de esta propiedad.

Ahora mismo en España cinco clínicas tienen el control de la mitad de este volumen de negocio. Puede llegar a pasar que el mismo fondo de inversión que te echa de tu casa porque especula con la vivienda sea el mismo al que años después acudirás a pagar este proceso de reproducción. En España, el 76% de las clínicas son privadas, con lo cual el acceso a este tipo de técnicas no está garantizado ni mucho menos. ¿Quién está marcando los criterios de la investigación científica?, ¿el mercado?, ¿el Estado?, ¿la medicina?, ¿la bioética?

¿Qué hace que España tenga esa posición líder en el mercado de la reproducción asistida, al menos en Europa?

E.I: La centralidad que tiene España a nivel global se da por tres factores: porque la donación es anónima y, al mismo tiempo, es recompensada, y porque hablamos de una idea de familia inclusiva, no hay discriminación por orientación sexual a la hora de recibir este tipo de tratamientos.

L.F: Y esto es muy diferente del resto de Europa, en donde todos estos factores no se dan así: la ovodonación es mucho más restrictiva y España tiene, en cambio, el banco de óvulos más grande de Europa. El 45% de los tratamientos con óvulos donados de toda Europa se hacen en España.

M.M: La principal hipótesis que todas las investigadoras plantean es que el éxito de España, entre otras cosas, reside en el anonimato, porque hay muchas más donantes. El caso portugués está siendo interesante, porque es un país que hace muy pocos años ha levantado ese anonimato y un reportaje reciente explicaban que no habían bajado las donaciones. Pensaban que tenía que ver con que había habido un debate público muy fuerte, que se ha hecho mucha pedagogía social y que mucha gente ha entendido que era importante la cuestión de la donación. Eso también es importante en la conversación en nuestro país, empezamos a ser una excepción problemática en el mundo respecto al anonimato.

La centralidad que tiene España a nivel global se da por tres factores: porque la donación es anónima y, al mismo tiempo, es recompensada, y porque hablamos de una idea de familia inclusiva, no hay discriminación por orientación sexual a la hora de recibir este tipo de tratamientos

Estefanía Izarel

Apostáis por que el Estado retome la iniciativa pública en la reproducción asistida, ¿cómo?

L.F: El Estado tiene que regular, no solo dentro del sistema público, sino el sistema privado. Se puede poner límite al lucro, se pueden establecer precios, igual que se establecen precios para la donación. Igual que la sanidad pública pone sus criterios de acceso, ¿cuáles son los de la sanidad privada? ¿Por qué en la sanidad pública una mujer puede acceder a un tratamiento hasta los 39 o 40 años y en la privada no hay límite de edad?, ¿queremos poner un criterio de edad máxima para reproducirse? El tema del registro de donantes empieza a funcionar, pero la ley decía que no puedes tener más de seis hijos por donante y nadie lo ha controlado bien. El Estado tiene muchos deberes pendientes.

¿Hay un relato muy romantizado de la reproducción asistida que esconde el coste que puede llegar a tener para las vidas y cuerpos de las mujeres?

M.M: Hay una sobrecarga enorme en las mujeres que se someten a estos tratamientos para ser madres, desde la cuestión económica, porque es muy caro, muchísima gente acaba endeudándose, a la cuestión de la salud. Hay mujeres que se hacen muchos tratamientos durante muchos años, y sobre eso hay un cierto silencio. Las personas que están atravesando esa experiencia pocas veces van a querer ser portavoces de las consecuencias en su salud, porque se arriesgan a una respuesta social de mucha incomprensión. Nos gustaría mucho pensar que en no mucho tiempo podamos tener estudios para saber cuál es el impacto en la salud de quienes pasan por estos procesos, no para estigmatizarlo, sino para tener mayor conocimiento. De hecho, una de nuestras entrevistadas en el libro, Carme Valls, se pregunta críticamente sobre, por ejemplo, las dosis de estrógenos en estos tratamientos.

El impacto sobre las mujeres está siendo muy potente y también sobre los hombres, que siempre son unos actores con mucha más dificultad para hablar de esta cuestión. Pero vemos también el malestar que les produce a muchos saber que su esperma no va a funcionar y los duelos que tienen que hacer respecto a eso. Otros explican cómo ven a sus parejas con un deseo muy fuerte y están muy preocupados por su salud, pero a la vez quieren ser respetuosos. Hay mucho dolor en esas experiencias, cuando acaban bien todo el mundo se alegra, pero de lo que nadie habla es de todas aquellas personas que abandonaron estos procesos porque no tenían más dinero, porque su cuerpo se bloqueó o porque no podían sostenerlo más.

Hay una sobrecarga enorme en las mujeres que se someten a estos tratamientos para ser madres, desde la cuestión económica, porque es muy caro, muchísima gente acaba endeudándose, a la cuestión de la salud. Hay mujeres que se hacen muchos tratamientos durante muchos años, y sobre eso hay un cierto silencio

Miquel Missé

Hay una idea que se repite mucho en algunos momentos, por ejemplo, cuando se habla de gestación por sustitución: que ser madre o padre no es un derecho. Sin embargo, la sanidad pública se hace cargo de tratamientos de reproducción asistida a personas que, de otra manera, no podrían tener hijos, luego se entiende que de alguna manera existe un derecho a algo. ¿No es esto una paradoja o una contradicción?

E.I: En el libro, Noelia Igareda explica que no es tanto que exista el derecho a ser madre o padre, sino que lo se intenta garantizar es el derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida. La pregunta sobre si efectivamente se trata de un derecho o no la hemos tenido internamente. Nos preguntamos si eventualmente para justificar ciertas técnicas o ciertos procesos se flexibiliza ese criterio. Creo que es algo que se va negociando en términos sociales.

M.M: Estamos atrapados en esa pregunta. Si concluimos que no hay ese derecho, entonces ¿por qué hay un sistema público que lo hace? Hay algo de toda esta cuestión en lo que no hemos ahondado. La derecha está ampliando ese derecho, en Madrid o Galicia se está ampliando la edad para congelar óvulos en la pública o para hacer un tratamiento. Tendríamos que complejizar esa conversación y no dejarla en 'no es un derecho'.

L.F: Si construimos una mirada que muestre que no es un tema solo de construcción de deseo, de apetencia, sino que hay una responsabilidad social pública, entonces sí que hay una responsabilidad del Estado. Pensamos que una sociedad en la que se facilita el cuidado o la colectivización de los cuidados es una sociedad que beneficia a todo el mundo, independientemente de si tienes o no hijos. Con lo cual, siempre desde la mirada de sumar derechos y no de quitarlos, es más interesante este debate.

Las técnicas pueden abrir imaginarios en los modelos de familia, pero no sé si estamos viendo eso o si estamos yendo a un intento de imitar lo más parecido posible a este modelo que tenemos de familia, que es un modelo muy concreto. Si tienes una sociedad en la que es muy difícil colectivizar el cuidado y se relega al ámbito familiar nuclear, pues es muy difícil también poder experimentar en otros tipos de comunidad y de parentescos.

Laia Forné

¿Qué sentido tiene que estas técnicas permitan en principio ampliar la noción de familia, las posibilidades de ser madre o de qué tipo de familia formas, mientras las políticas públicas siguen siendo prácticamente las mismas que cuando esto no existía? Es decir, siguen pensadas para el mismo modelo de familia.

M.M: Estas técnicas no están al servicio de la cohesión de nuestra sociedad, sino al servicio de una industria. No tiene sentido promover estas técnicas si no hacemos políticas públicas que tengan que ver con sostener el cuidado en nuestra vida, reforzar la sanidad pública, la educación pública. No sabemos qué hará la gente a nivel individual cuando tenga todas esas cosas garantizadas, pero ahora mismo estamos asumiendo que la gente se busque la vida y que se arruine por el camino, económica y físicamente. Pensamos que la conversación más importante es cómo garantizamos vivir en sociedades donde la gente tenga una relación equilibrada con la reproducción. Si nuestra sociedad se hace cargo colectivamente del sostenimiento de la vida y aun así hay un retraso de la maternidad, pues entonces lo discutimos. Pero ahora mismo no tenemos muy claro si tiene que ver con el deseo de la gente, si se explica por causas estructurales...

L.F: Es verdad que las técnicas pueden abrir imaginarios también en los modelos de familia, pero no sé si estamos viendo eso o si estamos yendo a un intento de imitar lo más parecido posible a este modelo que tenemos de familia, que es un modelo muy concreto. En su libro Mercados reproductivos, Sara Lafuente se pregunta qué están reproduciendo estas técnicas reproductivas más allá de bebés, qué modelo familiar estamos reproduciendo.

Si tienes una sociedad en la que es muy difícil colectivizar el cuidado y se relega al ámbito familiar nuclear, pues es muy difícil también poder experimentar en otros tipos de comunidad y de parentescos. Desde la izquierda tenemos que intentar situar bien este relato, porque la derecha y la extrema derecha están utilizando las políticas de natalidad para reforzar la noción conservadora de la familia.

La Asociación María Telo. Feministas de Extremadura celebrará el próximo 7 de noviembre en Hoyos (Cáceres) el taller 'Menstruación sin dolor', una propuesta formativa que busca ofrecer herramientas para vivir el ciclo menstrual desde el autocuidado, la conciencia corporal y el bienestar emocional.

El encuentro, que se desarrollará de 17.00 a 18.30 horas en el Centro de Profesores y Recursos de Hoyos, será impartido por la sexóloga y educadora sexual Betty López, conocida en redes como @hijadelobos. López, especializada en educación sexual con perspectiva feminista, lleva años trabajando en la divulgación sobre salud menstrual, placer y autoconocimiento a través de su proyecto Hijadelobos, con el que impulsa formaciones y acompañamientos en Extremadura y Andalucía.

Durante la sesión, la profesional abordará aspectos clave sobre la salud menstrual, la gestión del dolor y el impacto emocional del ciclo, promoviendo una mirada libre de tabúes y basada en el conocimiento del propio cuerpo. “El placer y la salud también pasan por reconciliarnos con nuestro ciclo menstrual y comprenderlo desde el respeto y la escucha”, sostiene López en su línea de trabajo.

El taller forma parte de las I Jornadas 'Mujer y Salud Sierra de Gata', bajo el lema 'Conocerse para cuidarse', un programa impulsado por la Asociación María Telo para fomentar el empoderamiento y la educación feminista en materia de salud.

Con 25 plazas disponibles y participación gratuita, la actividad cuenta con la colaboración del Centro de Profesores y Recursos de Hoyos y el apoyo financiero de la Diputación de Cáceres, que refuerza así su compromiso con la igualdad y la promoción de una educación menstrual saludable y accesible para todas las mujeres.

22 hospitales de España registran una tasa de cesáreas de más del 45%, es decir, uno de cada dos partos que atienden acaba en el quirófano. De esos 22, 20 son privados. De hecho, la probabilidad de tener un parto por cesárea es un 52% mayor en la sanidad privada que en la pública. Son algunas de las conclusiones de una investigación llevada a cabo por elDiario.es, que ha accedido a los datos de todos los hospitales públicos y privados de nuestro país desde 2010 hasta 2023 a través de varias solicitudes de información amparadas en la Ley de Transparencia.

Los datos muestran una gran disparidad en función del territorio y del hospital, y cuestionan la tesis principal que suele manejarse para explicar las elevadas tasas de cesáreas: el aumento de la edad media de las madres. El Instituto Nacional de Estadística publica la edad media de maternidad en cada comunidad autónoma, una cifra que no varía significativamente por territorio. Las cifras de los hospitales presentan, sin embargo, una variabilidad muy relevante, incluso cuando hablamos de centros que atienden un volumen de partos similares o que tienen un nivel de complejidad parecido. Por ejemplo, la tasa de cesáreas de Extremadura o Castilla-La Mancha prácticamente duplica a la de Euskadi y Navarra.

Los datos parten de una base de datos del Ministerio de Sanidad obtenida en virtud de la Ley de Transparencia, que remitió las cifras de partos y cesáreas de cada hospital de España entre 2010 y 2020 sin identificar el nombre del centro. elDiario.es logró vincular esas cifras a cada centro y ahora actualiza la serie incluyendo los años 2021, 2022 y 2023, los años inmediatamente posteriores a la pandemia. Haz click aquí para ver la metodología completa.

La tasa de cesáreas en cada hospital de España

Cada cuadrado representa a un hospital según el porcentaje de cesáreas entre los partos realizados entre 2021 y 2023

Tipo de hospital

Públicos Todos Privados

% de cesáreas

<15% Todos >30%

+ -

Fuente: elaboración de elDiario.es a partir de solicitudes de información por Transparencia

De los 22 centros hospitalarios con una tasa de cesáreas por encima del 45%, 20 son privados. Siete de ellos se podrían considerar centros con grandes maternidades donde han nacido más de 1.000 bebés tras la pandemia, como el Hospital Vithas 9 de Octubre (Valencia), el Vithas Santa Catalina (Las Palmas) o el Quirónsalud Murcia. Los dos únicos públicos en ese grupo de centros con las tasas de cesáreas más elevadas son el Hospital Virgen del Puerto (Cáceres) y el Hospital Santa Bárbara (Ciudad Real).

El siguiente ranking muestra los 22 centros hospitalarios en los que uno de cada dos partos fue por cesárea durante el periodo entre 2021 y 2023. La mayoría ya figuraban en el primer listado de hospitales con las tasas más altas de cesáreas que publicó elDiario.es en 2022.

Más allá del 30%

Los datos muestran que la tasa de cesáreas se mantiene estable en España en la última década alrededor del 24%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) solía marcar el 15% como cifra máxima ideal: a partir de esa cifra, subrayaban, era muy probable que se estuvieran haciendo más cesáreas de las médicamente indicadas. Sin embargo, en los últimos años la tendencia es otra. En lugar de marcar una horquilla de cifras concreta (para evitar que los centros la bajen pero a costa, por ejemplo, de aumentar los partos instrumentales, y para tener en cuenta también las diferencias que pueden existir de condiciones poblaciones o económicas entre países), la OMS aboga por una cultura sanitaria en la que todas las mujeres que lo necesiten (y solo ellas) puedan acceder a una cesárea.

El organismo puso sobre la mesa la clasificación de Robson: una serie de criterios que permiten comparar los datos de hospitales en función de los grupos de edad y características de las mujeres. En España, pocos centros lo hacen y tampoco existe una lista pública que permita comparar las cifras de cada hospital en función de esos criterios.

Un centenar de hospitales españoles superan el 30% de cesáreas. “Un 30% es un dato elevadísimo, salvo que estemos hablando de una población con mucha patología”, asegura Helena Eyimi, enfermera, matrona y consultora internacional para la OMS. Sin embargo, la mayoría de los centros con estas tasas son privados, mientras que son los públicos los que suelen atender los casos complejos. “Si tienes alguna complicación y estás en un centro privado te derivan a lo público, la tendencia, incluso en mujeres que hacen un doble seguimiento del embarazo en centros públicos y privados, es elegir el primero para el parto, porque suele haber mejores recursos”, confirma la obstetra del Hospital Clínic de Barcelona y secretaria de la sección de medicina perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Teresa Cobo.

El siguiente gráfico muestra la brecha que existe entre los hospitales de la red pública y los centros privados. De los cien hospitales que superan el 30% de cesáreas, 76 son centros del sector privado.

Una tendencia general

La tendencia al alza en las cesáreas es mundial. “Está sucediendo en todas partes, y es tanto de las que se hacen por elección de las madres como de las que se programan médicamente o son de emergencia. Lo que dicen los expertos ahora es que esa tendencia por ahora no va a bajar sino más bien a subir”, dice Eyimi, que apunta a un fenómeno multifactorial. “Hay que hablar del miedo de los centros a las denuncias, del tremendo aumento de la medicalización del parto y sus riesgos, del mayor número de inducciones, que aumentan el riesgo de que ese parto acabe en cesárea, y también de los intereses económicos de la sanidad privada”, prosigue la matrona, que menciona el aumento de la edad media de las madres como un factor más, pero en absoluto suficiente para justificar el alza.

La brecha entre hospitales públicos y privados sigue siendo amplia, pero se ha reducido en la última década. En 2023, los hospitales públicos registraron una tasa de cesáreas de 23,3% frente a un 38,8% en los privados, es decir, 10 puntos más. En 2010, la diferencia era de 16 puntos: los públicos registraban un 22% frente al 37,6% de los privados.

Si comparamos los datos por hospitales podemos ver cómo los centros cuya tasa de cesáreas era más elevada entre 2010 y 2020 son los que más la han reducido después y hasta 2023. Los centros que tenían tasas de cesáreas por encima del 35% entre 2010 y 2020, la redujeron en dos puntos de media entre 2021 y 2023. Por el contrario, en los hospitales con las tasas de cesáreas más bajas, la cifra se ha mantenido igual o ha subido ligeramente. 

Las cifras muestran cómo la mayor probabilidad de tener un parto por cesárea en la sanidad privada se repite en todas las comunidades autónomas. En la Comunitat Valenciana, una de las regiones donde la atención al parto está más privatizada, la tasa de cesáreas escala del 25% en la red pública al 38% en los centros privados. La patronal de la sanidad privada ASPE no ha querido participar en este reportaje para explicar a qué puede deberse la diferencia entre los hospitales públicos y los privados en todo el país.

Por su parte, Teresa Cobo, desde la SEGO, incide tanto en el aumento de la edad materna como en el hecho de que la reproducción asistida (uno de cada diez nacimientos ya procede de estas técnicas) permite ahora ser madre a muchas mujeres que antes no podían por sus patologías. “Vemos mujeres que van con corticoides, antitiroideos, heparina… con mucho tratamiento que les ponen desde fertilidad para mejorar la implantación y que se queden embarazadas. El tratamiento no es una causa de cesárea pero a lo mejor son mujeres que tienen 46 años o que tienen un lupus, diabetes o algún síndrome que favorece las trombosis... eso puede influir en que el embarazo no termine en parto espontáneo, quizá su útero no está tan preparado, o hay más riesgo de complicaciones, por tu enfermedad o complicación previa”, asegura.

Sobre la gran variabilidad entre territorios o entre centros con cargas similares, la obstetra menciona también las diferentes políticas de inducción: “En algunos sitios inducen el parto a mujeres con dos cesáreas anteriores o intentan el parto vaginal cuando el bebé se presenta en posición pedálica y en otros no [se indica directamente cesárea]”. Ahí, admite Cobo, sí influye la formación y práctica que tengan los profesionales, que “se ha perdido en algunos casos”. No cree, sin embargo, que exista un exceso de medicalización del parto o que los recursos humanos y logísticos influyan en los resultados.

La obstetra Rosario Quintana, que formó parte del comité técnico que discutió y elaboró la Estrategia de Atención al Parto Normal en España de 2006, rechaza de plano una explicación que solo contemple los factores maternos y no se fije tanto en los profesionales como en la práctica y en el contexto. Quintana habla del “modelo intervencionista” de atención al parto que se extendió durante años y que parte de la premisa de que el parto, en lugar de un acto fisiológico normal, es un evento peligroso lleno de riesgos. Eso, unido a una medicina defensiva que busca adelantarse a posibles demandas, estaría influyendo en esta tendencia.

“No se sabe seguir bien un parto que requiera la más mínima separación de la normalidad. Atenderlo bien un parto tiene su complejidad, requiere mucho conocimiento de la fisiología del parto, manejar bien la oxitocina, interpretar bien las gráficas y saber cómo evaluar el bienestar materno y fetal, actuar sobre la intensidad y frecuencia de las contracciones, saber cuándo es el momento ideal para hacer una rotación manual... Una cesárea se ventila en nada”, resume Quintana, que pide autocrítica a la profesión. “Los factores son más de cultura profesional que de situación epidemiológica. Si la edad o las patologías de las madres lo explicaran, no veríamos esas diferencias entre comunidades”, concluye.

Más matronas y paritorios, menos cesáreas

Un estudio publicado en 2021 mostraba cómo, cuanto mayor número de matronas y paritorios tiene un centro, menos cesáreas tiende a practicar, sin que eso empeore los indicadores de mortalidad materna o fetal. Para la investigadora Adela Recio, una de las autoras, estos resultados muestran que hay un “componente logístico” en el desenlace de los partos. “Por eso es importante invertir en personal, en infraestructuras y en formación para los profesionales. Cuantos menos medios tienes, más difícil es aplicar recomendaciones. Por ejemplo, sabemos que muchas cesáreas se hacen justo antes de que empiece el turno de noche. Las guardias o los turnos influyen. No se puede apuntar solo a los profesionales, es que hay un sistema detrás que está reforzando que esto sea así porque los medios son los que son. Aunque invertir en su formación es también prioritario”, señala.

La Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) ha denunciado sistemáticamente la precariedad de la profesión, con algunas diferencias entre comunidades. España tiene cinco matronas por cada 10.000 mujeres de entre 14 y 65 años –el grupo etario que atienden– y, aunque la tasa ha ido subiendo, el país sigue estando a la cola de Europa. Harían falta 5.093 especialistas para llegar a la mediana europea (9,1), según los datos del informe Desarrollo de la profesión de matrona en España: retos y recomendaciones, realizado a petición de la FAME en 2023.

La prioridad es que haya matronas en los paritorios. “Aun así, los que gestionan parecen no entender que si una mujer no pide epidural no puedes dejarla pegando voces, o que un parto no es pulsar un botón”, contaba el año pasado una matrona del Hospital Clínico San Carlos de Madrid que prefería no dar su nombre. La matrona Helena Eyimi subraya la importancia que tiene el trabajo de estas profesionales a la hora de atender partos: “En los congresos a los que voy no paramos de decir que el cuidado de una matrona reduce el número de cesáreas, porque la matrona va a ayudar a que el parto progrese de la manera más fisiológica posible, incluso cuando las mujeres tienen ciertas condiciones médicas adquiridas, como diabetes o hipertensión, o aunque las mujeres sean mayores. Hablamos de especialistas en movimiento postural, analgesia, gravedad…”.

Y ahí, el dinero y los recursos importan, insiste. “Si una mujer necesita 16 horas para parir y no tiene una matrona todo el rato atendiendo su parto, viendo qué hacer si el monitor marca una desaceleración, si hay algún signo patológico, si hay fiebre y necesitas hidratarte, cambiar de postura, ver el efecto en el bebé... Si tiene que estar entrando y saliendo mientras atiende otros partos no es igual a la hora de revertir cualquier síntoma o contratiempo. Acabo de venir de un hospital español en el que una matrona tuvo que atender a cuatro o cinco mujeres de parto a la vez”, relata.

Una Estrategia desactualizada

La Estrategia de Atención al parto normal se aprobó en 2006 y no se ha renovado desde entonces. El secretario de estado de Sanidad, Javier Padilla, asegura que su renovación se abordará después de la actualización de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que se hará antes de final de año. Es ese marco, y con las comunidades autónomas, donde, considera, debe acordarse, por ejemplo, qué datos de cada centro deben publicarse, aunque se muestra favorable a que indicadores como la tasa de cesáreas se hagan públicos para crear “una dinámica de competición virtuosa” entre centros.

Padilla también destaca que la tendencia al alza es un fenómeno mundial en el que influye la edad materna pero cuyas causas “son múltiples”. Menciona, por ejemplo, la cercanía del centro hospitalario y la alta dispersión como factores que aumentan los partos programados, o la existencia de cesáreas previas. Esa última causa es señalada por todas las expertas.

“Cuantas más cesáreas haces, más tienes que hacer luego, es una mochila que arrastras”, dice Rosario Quintana, que explica que haber tenido una cesárea previa condiciona en buena medida que tu siguiente embarazo también termine así. “Una cesárea hace que en el siguiente embarazo haya más riesgo de placenta previa o de otros problemas que muchas veces desembocan en otra cesárea”, añade por su parte Teresa Cobo. No obstante, aquí también influyen las estrategias de los hospitales y las competencias que favorecen en sus profesionales: hay centros concretos donde sí intentan partos vaginales incluso aunque la mujer tengan dos cesáreas previas.

Javier Padilla cree que existe poca conciencia de lo que supone la recuperación de una cirugía abdominal como es la cesárea. La obstetra Rosario Quintana explica que la mejora de la técnica y la seguridad de las cesáreas ha hecho que sea un recurso que “impone menos” aun siendo una intervención “con consecuencias a largo plazo”. El problema es que buena parte de esas consecuencias no son visibles para quien está en un paritorio. “Hablamos de que puede alterar la implantación de un embarazo posterior, pero también de las consecuencias psicosociales, que se pasan por alto: afectación del vínculo entre madre y bebé, consecuencias para la lactancia y la crianza, pero eso los obstetras no lo vemos. Lo ven los psicólogos, pediatras, matronas… Cuando se ponen riesgos y beneficios en la balanza, todo eso es invisible para el obstetra medio”. 

La cesárea es una operación quirúrgica que se basa en una incisión que atraviesa el vientre y el útero para permitir que un bebé nazca. Entre 2010 y 2023, uno de cada cuatro partos realizados en España se hicieron por cesárea. Sin embargo, la probabilidad de dar a luz por esta vía se puede multiplicar dependiendo del hospital al que una mujer acuda. Las cifras muestran una brecha gigante en la tasa de cesáreas en función del centro.

En este buscador puedes consultar, por primera vez, la tasa de cesáreas desde 2010 hasta 2023 en 363 hospitales públicos y privados de toda España.

Por primera vez en España se hacen públicos los datos individualizados de cada hospital de nuestro país, según la investigación realizada por elDiario.es. Los datos parten de una base de datos del Ministerio de Sanidad obtenida en virtud de la Ley de Transparencia, que remitió las cifras de partos y cesáreas de cada hospital de España entre 2010 y 2020 sin identificar el nombre del centro.

Esta información fue cruzada con los datos publicados en informes anuales de los servicios de salud, memorias de los hospitales, memorias corporativas de empresas privadas, cifras publicadas en notas de prensa, en páginas web archivadas y preguntando directamente a las comunidades autónomas y cada uno de los hospitales para identificar a cada centro.

Ahora, este medio actualiza la serie incluyendo los años 2021, 2022 y 2023, los años inmediatamente posteriores a la pandemia. En total, elDiario.es ha logrado identificar los datos de 363 hospitales de toda España que engloban el 99,9% de los partos realizados en la última década. Haz click aquí para ver la metodología completa.

26 hospitales españoles, públicos y privados, superaron el 45% de cesáreas entre 2010 y 2023, es decir, prácticamente la mitad de los partos que atienden terminan con esta operación, según la investigación realizada por este medio. La probabilidad de dar a luz por cesárea se multiplica en función del hospital al que una mujer acuda. Las cifras muestran una elevadísima variabilidad en función del centro. 

La tasa de cesáreas en cada hospital de España

Cada cuadrado representa a un hospital según el porcentaje de cesáreas entre los partos realizados entre 2021 y 2023

Tipo de hospital

Públicos Todos Privados

% de cesáreas

<15% Todos >30%

+ -

Fuente: elaboración de elDiario.es a partir de solicitudes de información por Transparencia

Sin embargo, las razones de esa tasa y de la gran variabilidad que existe entre comunidades autónomas y hospitales no pueden explicarse en función de la edad de las madres. Los datos recogidos por elDiario.es muestran que parir en un centro privado influye mucho más en la posibilidad de tener una cesárea que la edad de la madre.

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Fábricas de cesáreas en Alicante y Ciudad Real

Las claves que explican las pocas incisiones en Euskadi

La Rioja ha experimentado en los últimos dos años un aumento muy rápido del porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo que realiza en la sanidad pública. Tanto que, coincidiendo con el periodo de vigencia de la reforma de la ley del aborto de 2023, ha pasado de no practicar abortos y derivarlos todos a clínicas privadas de fuera de la comunidad autónoma -salvo casos excepcionales siempre por debajo del 9% anual- a realizar en el sistema público el 76,11% de los abortos en 2024, siendo la tercera comunidad con mayor porcentaje y la que ha experimentado cambio más drástico.

Este avance en el cumplimiento de la ley que garantiza el acceso al aborto en un centro cercano al domicilio de la mujer ha favorecido que las mujeres de La Rioja no se vean obligadas a cambiar de comunidad autónoma para interrumpir un embarazo. Así, de los 494 abortos registrados en La Rioja en 2023 (10,76% más que las 446 del año anterior), 375 se hicieron en la sanidad pública mientras que 119 mujeres tuvieron que acudir a una clínica privada fuera de la comunidad, que en el caso de La Rioja corresponde mayoritariamente a la Clínica Ansoáin de Navarra.

Sin embargo, a pesar de la rápida incorporación de la sanidad pública a la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo, La Rioja sigue sin practicar abortos quirúrgicos, salvo por causas médicas como graves malformaciones del feto o riesgo para la salud de la madre, según han confirmado desde la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. De hecho, a pesar de que a nivel nacional el aborto quirúrgico supera al farmacológico, en la cuatro comunidades en las que las cifras de IVE en centros públicos son más elevadas -Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra-, el aborto farmacológico es mayoritario.

En el caso concreto de La Rioja, el aborto farmacológico alcanza el 68,21% del total, lo que significan 337 abortos en 2024. Este método se ofrece en esta comunidad a las mujeres hasta la semana 10, según señala Salud, lo que explica también los datos de abortos según las semanas de gestación. En concreto, siempre según los datos de 2024 publicados en el informe que ha publicado en octubre de 2025 el Ministerio de Sanidad, 368 se realizaron en la octava semana de gestación o antes (el 75,5%) y de ellos el 92,66% se realizaron en la sanidad pública. Entre la novena y decimocuarta semana de gestación, se practicaron 100 abortos y en este caso, la sanidad privada es mayoritaria y asume el 82% de ellos. A partir de la semana 15 de embarazo, cuando el aborto solo es posible previo diagnóstico médico que lo justifique, como malformaciones en el feto o enfermedad grave de la embarazada, se realizaron en La Rioja 26 abortos, 22 entre la semana 15 y 22 (13 en la pública y 9 en la privada) y 4 a partir de la semana 22, todos ellos en la sanidad pública.

El informe de Sanidad también diferencia el tipo de centro donde se realiza la IVE según los motivos de la interrupción, de lo que se obtiene que mayoritariamente los centros públicos realizan los abortos por causas médicas. Como excepción, cuando el motivo es grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, la privada realizó 8 de esos abortos y la pública, 1. Por riesgo de graves anomalías, 24 abortos se realizaron en centros públicos y uno en privado, mientras que por anomalías incompatibles con la vida se realizaron 6 abortos y todos en centros en públicos. En el caso de los abortos a petición de la mujer, 454 el año pasado, 345 se hicieron en centros públicos y 109 en privados.

Solo dos de los 26 ginecólogos de la sanidad pública no son objetores

Otra de las cuestiones que recoge la reforma de la ley del aborto es la obligación de las comunidades autónomas de crear registros de objetores de conciencia. En el informe que acaba de presentar el Ministerio de Sanidad se advierte que Madrid, Asturias, Aragón y Baleares todavía no cuentan con este registro y el presidente Pedro Sánchez les ha remitido una carta para que cumplan con este registro para garantizar el aborto.

La objeción de conciencia era hasta 2022 el principal obstáculo para que en La Rioja no se practicaran aborto, puesto que todos los ginecólogos y ginecólogas de la sanidad pública eran objetores. En una entrevista con la jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Pedro en marzo de 2024, María José Puente explicó que desde hace tiempo La Rioja contaba con este registro y se renovó después de instaurar el aborto farmacológico. En el momento de la entrevista solo tres de los 26 ginecólogos no eran objetoras, y según los últimos datos ofrecidos por la Consejería, actualmente solo dos no son objetores.

La Rioja ha saldado una deuda con los derechos de las mujeres, incorporando el aborto a la sanidad pública y facilitando que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo puedan hacerlo en su comunidad autónoma. Sin embargo, la sanidad pública sigue sin incorporar el aborto quirúrgico, la única opción posible para interrumpir el embarazo a partir de la semana 10. Así, 119 mujeres se siguieron viendo obligadas el año pasado a acudir y someterse a esta intervención en una clínica privada fuera de su comunidad.

¿Es cierto que la alimentación puede mejorar la fertilidad?

Durante años, el imaginario colectivo ha sostenido la idea de que no podemos hacer nada para mejorar la fertilidad. Y aún peor, que los problemas de fertilidad recaen únicamente en alteraciones de las mujeres, ya sea en la ovulación, en la calidad de los óvulos o en la implantación, dejando de lado la implicación del factor masculino. Aunque esta idea sigue muy arraigada, hoy sabemos que no es así: tanto mujeres como hombres pueden presentar problemas de fertilidad.

Existen múltiples factores internos y externos como el estrés, la calidad del sueño, la exposición a tóxicos o la alimentación que influyen en la capacidad reproductiva. El lado positivo es que, en parte, muchos de estos factores pueden mejorarse con cambios en el estilo de vida.

Para responder a la pregunta de si la alimentación puede realmente mejorar la fertilidad, más que hablar de una “dieta de la fertilidad”, deberíamos poner el foco en cómo la alimentación y el estilo de vida influyen en la calidad de los ovocitos y del esperma. Obviamente, no existe una “dieta milagro” para lograr el embarazo, pero sí podemos favorecer un entorno hormonal y metabólico adecuado para la reproducción mejorando el patrón alimentario y, por supuesto, el resto de pilares que conforman el estilo de vida (estrés, sueño, descanso, entorno, etc).

Un ejemplo de patrón de alimentación asociado a mejores resultados reproductivos es la dieta mediterránea. Rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado y aceite de oliva, este tipo de dieta favorece la ovulación, la calidad de los gametos y la implantación embrionaria porque contribuye a mantener un entorno hormonal y metabólico saludable. Su elevado contenido en antioxidantes y ácidos grasos insaturados ayuda a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, procesos que dañan las células reproductivas; además, aporta fibra y micronutrientes que mejoran la sensibilidad a la insulina, regulan la función ovárica y apoyan la calidad espermática.

Me gustaría que quedase claro que no son los alimentos de manera aislada los que impactan positivamente en la fertilidad, sino la matriz alimentaria, todos los alimentos de la dieta en su conjunto, los que son capaces de modular los procesos fisiológicos implicados en la reproducción.

Por el contrario, una dieta alta en azúcares, ultraprocesados y grasas de mala calidad sí puede incrementar la inflamación y el estrés oxidativo, dos procesos que afectan negativamente a la fertilidad. Una de las claves está en la calidad de los alimentos que ingerimos. Los alimentos, por sí solos, no “mejoran” la fertilidad, pero un patrón basado en verduras, frutas, proteínas vegetales, frutos secos y aceite de oliva influye directamente en procesos fisiológicos que regulan la función reproductiva. Un ejemplo es la resistencia a la insulina, un fenómeno que puede interferir con la ovulación, y está estrechamente relacionada con los hábitos alimentarios.

No podemos olvidarnos de los micronutrientes. Aunque se necesiten en pequeñas cantidades, son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Algunos importantes para la fertilidad son: los ácidos grasos omega-3 (presentes en el pescado azul), que modulan los niveles de inflamación; la vitamina D, que interviene en la función ovárica y en la receptividad del endometrio; y el folato, imprescindible antes del embarazo para prevenir alteraciones en el desarrollo embrionario.

En el caso de los hombres, no debemos olvidar que uno de los gametos procede de ellos. Dietas ricas en antioxidantes como vitamina C, vitamina E o zinc se asocian con una mejor movilidad y morfología espermática, además de proteger su ADN frente al daño oxidativo.

Podríamos decir que cuidar la dieta, priorizando alimentos frescos y nutritivos, evitar alcohol y tabaco y mantener un estilo de vida saludable son estrategias apoyadas por la evidencia científica que pueden impactar en la fertilidad. Además, debemos tener en cuenta que la fertilidad es un proceso complejo y multifactorial y que la alimentación, por sí sola, no va a garantizar resultados de éxito, aunque sí puede ser de gran ayuda.

“No se va a señalar a nadie por abortar pero tampoco por negarse a los propios diputados. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”. De esta frase casi incomprensible que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, soltó el jueves en la sesión de control a su Gobierno, solo queda clara una cosa: Ayuso no va a garantizar el derecho al aborto en la comunidad en la que gobierna. El señalamiento del que hablaba la presidenta hace referencia a algo muy distinto, el registro de objetores al que obliga la ley y que la Comunidad de Madrid no ha implantado.

Lejos de tratarse de una 'lista negra' o de un folio lleno de nombres que cualquiera va a poder consultar, el registro está pensado para que, con confidencialidad, los hospitales puedan ordenar sus recursos y tener claro, individualmente, qué profesionales practican abortos y quiénes no. Permite a las médicas y médicos que así lo quieran acogerse a la objeción de conciencia, pero también sirve para que el sistema de salud garantice un derecho. De paso, busca acabar con un viejo truco: declararte objetor en la pública pero estar dispuesto a practicarlos en la privada y sacar un dinero extra.

Como suele suceder, la realidad le importa poco a Ayuso. El objetivo es embarrar y aprovechar el barro para colocar su discurso, en este caso el discurso antiderechos al que su partido se ha sumado en las últimas semanas. Para el PP, el aborto debe aparecer como un acto causante de traumas, depresiones, suicidios o adicciones. Y el registro de objetores, como un señalamiento público, un ataque a la intimidad de las personas que ejercen la medicina. Si nos parece mal, dice Ayuso, pues ya podemos irnos a abortar a otra comunidad autónoma.

Es cuanto menos paradójico que en la tierra de la libertad, la Comunidad de Madrid, nos manden a abortar a otro lugar. Que quien invoca con frecuencia la legalidad vigente, la Constitución o el orden decida, en cambio, rebelarse contra la aplicación de una norma que busca, precisamente, asegurar el acceso a un derecho con garantías para mujeres y profesionales.

Pero es que, además, las mujeres ya se están yendo a otros lugares a abortar: en el caso de Madrid, a la sanidad privada. La comunidad gobernada por Ayuso es uno de los cinco territorios del país en el que menos del 1% de las interrupciones voluntarias de embarazos se hacen en centros públicos. Las mujeres son derivadas sistemáticamente a las clínicas privadas acreditadas, porque la pública no garantiza que accedan a una intervención que es perfectamente legal y que está dentro de la cartera de servicios.

Ahí empieza el auténtico señalamiento, el que sienten las mujeres cuando son expulsadas de los circuitos sanitarios habituales, como si esa interrupción voluntaria de su embarazo fuera algo que esconder, que condenar, que quitarse de en medio para que no moleste. Es más, en las inmediaciones de las clínicas acreditadas a las que son enviadas actúan grupos antiderechos que hacen pintadas de 'asesinas', persiguen a mujeres y profesionales, las acosan verbalmente, o forman grupos de rezo. No se va a señalar a nadie por abortar, dice Ayuso, pero no se refiere a las mujeres que han pasado y siguen pasando por este periplo para poder interrumpir su embarazo y decidir sobre su maternidad, sobre sus vidas al fin y al cabo.

No se va a señalar a nadie, pero a finales de 2022 Ayuso anunció una estrategia para aumentar la natalidad que incluía la propuesta de “enlazar” a mujeres embarazadas que decidieran abortar con familias adoptantes, en procesos de acogida o que se planteaban recurrir a la gestación subrogada para ver si así se replanteaban su decisión. 

Sí, el señalamiento existe y es a las mujeres. Somos las mujeres las señaladas y también las expulsadas, sin ningún pudor, de la sanidad pública. Que Ayuso o el PP acudan al barro, a los falsos síndromes, a los bulos sobre el registro de objetores, a las propuestas descabelladas que tratan a las mujeres como seres incapaces de tomar sus propias decisiones, solo tiene un objetivo: obstaculizar el derecho al aborto, recortarlo de facto.

Hola,

La mujer de la foto prefirió no enseñar la cara ni dar su nombre real para el reportaje. Por un momento nos preguntamos si eso no parecería contradictorio con la idea que teníamos, que era precisamente hablar de cómo el aborto no era esa condena al sufrimiento, el trastorno o la depresión que agitaba la derecha, sino una decisión que reforzaba la autonomía, en la que había historias con mil matices, y que también propocionaba alivio y liberación. 

La respuesta fue que, pese a ese alivio que todas las mujeres con las que hablamos mencionaron, el estigma existe y es fuerte, tanto como para que todas prefieran no aparecer con nombre o foto que las identifique. Y que esas propuestas ultra de dar información sobre falsos síndromes, escuchar latidos o poner en contacto a mujeres que decidan abortar con familias que no pueden tener hijos para que así se lo piensen (sí, lo propuso Ayuso hace un tiempo, yo lo había olvidado) solo incrementan ese estigma, la infantilización de las mujeres y la sensación de que estás haciendo algo malo. 

Esclarecedor lo que me dijo una psicóloga clínica que atiende en la sanidad pública a muchas mujeres por sintomatología depresiva o de corte traumático relacionada con procesos de embarazo, parto, aborto y maternidad: “No son mujeres con enfermedad mental, tienen síntomas o sufrimiento derivado no de su situación sino del juicio social que padecen al tomar cada decisión que tiene que ver con la maternidad. No hay síndrome, hay juicio público. Mi experiencia es que sanan sin mucha intervención psicológica más allá del espacio de escucha y de no juzgar, de trabajar la culpa y permitirse todo lo que han sentido, pensado y tomado como decisión”.

Luz de gas

"A lo mejor le pides ayuda o le cuentas a tu pareja algo que es importante para ti o que te gustaría cambiar y te dice es que eres muy intensa o inmadura, o que ya estás aguando la fiesta, generando un problema, o se victimiza diciendo que está aguantando tus neuras... A partir de ahí, suma y sigue, consigue que no confíes en tu propio criterio, en tu capacidad para interpretar la realidad”

Olga Barroso — Psicóloga

Publicamos este reportaje a finales de agosto, y tenía pendiente comentarlo y compartirlo por aquí. Porque si aún quedan desconocimiento y prejuicios respecto a la violencia machista en general, cuando hablamos de la violencia psicológica, aún es mayor. La luz de gas es un tipo de maltrato emocional que la psicóloga Olga Barroso resume así: “El sujeto te daña psicológicamente para conseguir que tú pienses que algo no es como tú lo has percibido o como tú lo has interpretado o como ha sucedido. Puede que él haga algo mal pero te hace ver que eres tú la que estás fallando. Permite controlar a esa persona, porque la haces estar peor, sentirse menos valiosa, menos competente, que tú misma prefieras dejar de hacer o decir ciertas cosas”. En este reportaje hay testimonios de mujeres que sufrieron este gaslighting y que explican cómo fue y cómo les afectó. Y muchas explicaciones respecto a cómo funciona esta luz de gas, en qué consiste, qué conciencia puede tener el sujeto de estar haciéndola, cuál es el objetivo y qué efectos tiene. 

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Una tal Cecília Moncorvo

Cecília Moncorvo escribió allá por 1922 el libro Enervadas. Moncorvo nació en Brasil y fue una periodista y escritora feminista que eligió un pseudónimo con el que firmar: Chrysanthème. La editorial Espinas contactó conmigo el año pasado para darme a conocer a esta escritora y su Enervadas: por primera vez iban a publicarla en España y me proponían escribir el prólogo.

Acepté, leí el libro y me entusiasmó descubrir a otra antecesora de mi Intensas, una mujer que escandalizó al Brasil de su época con un libro que habla de la pugna de una mujer por su libertad vital, intelectual y sexual, y que señalaba cómo algunos términos se utilizaban, incluso médicamente, para estigmatizar y patologizar a las mujeres que expresaban sus malestares. 

Un placer presentártela si no la conocías, y rescatar a otro nombre enterrado injustamente en el olvido. Y un placer seguir reivindicándonos intensas, enervadas. 

Ana

Alivio es la palabra más repetida por las cuatro mujeres que cuentan su historia en este reportaje. Las cuatro interrumpieron voluntariamente sus embarazos y, con diferentes experiencias y contextos, todas expresan un sentimiento de liberación por haber podido tomar la decisión sin coacciones y con la certeza de que se llevaría a cabo con todas las garantías. La decisión les conllevó distintas emociones, desde alegría a pesar o indiferencia, pero nada parecido a un síndrome que, según la evidencia, no existe a pesar de que Vox y el Partido Popular han aprobado introducirlo en Madrid. Sí hablan de estigma, uno que tiene que ver con la mirada social y los prejuicios, con no ser atendidas en la sanidad pública, como si hubiera algo de malo en lo que hicieron. Por eso, dar la cara es difícil. Las cuatro tienen claro que haberles hecho pasar por un proceso de información cargado de sesgos o por escuchar el “latido fetal”, como han propuesto las derechas en diferentes momentos, sí les hubiera dejado consecuencias psicológicas.

María acaba de cumplir 40, vive en Barcelona y abortó hace dos semanas. No era la primera vez que lo hacía, a los 20, en la clandestinidad que entonces existía en Argentina, donde residía, decidió interrumpir su embarazo. “Tuve emociones muy diferentes en uno y otro porque las circunstancias que te llevan a hacerlo son también diferentes, la sociedad también es distinta... Lo que no hay es un conglomerado de síntomas”, relata. Este último aborto, prosigue, no fue fácil, pero poder tomar la decisión le dio una sensación reconfortante de autonomía.

“Hay alivio cuando podemos interrumpir un embarazo y recordarnos que la maternidad no es un destino, creo que eso nos da fuerza, esa sensación de soberanía de nuestros cuerpos que tiene un montón de efectos positivos. El sufrimiento viene justamente cuando coaccionan nuestra decisión y nos quieren llenar de miedo a ejercer un derecho que debería estar blindado. También depende de cómo te ha acompañado tu entorno, el personal sanitario, cómo ha sido el camino...”, afirma.

En esta ocasión, María no se ha sentido estigmatizada, cree que porque lo ha hecho en un contexto legal en el que no ha vivido ninguna dificultad. Y, precisamente porque el proceso y las circunstancias de cada una pueden conllevar distintas emociones, critica que esos sentires “se instrumentalicen” contra el derecho al aborto. Lo que sí señala como “estigmatizador” es no haber podido hacerlo en un hospital público, como hubiera sucedido con cualquier otro procedimiento. Esto ocurre porque en España los abortos están cubiertos por la sanidad pública, pero la inmensa mayoría –el 81%, según los últimos datos presentados esta semana por Sanidad– se llevan a cabo en clínicas privadas.

“Nos infantilizan”

Ana (nombre ficticio), que se quedó embarazada el año pasado y decidió abortar, apunta a algo similar. Tenía claro que no quería ser madre y no dudó. “Me informé. Tampoco te lo ponen muy fácil. Yo vivo en Aragón, fui al hospital y me trataron con respeto, no me sentí juzgada. El problema es que te mandan a clínicas privadas”, cuenta esta mujer de 39 años. En su caso, se sometió a un aborto farmacológico y ahí Ana no se sintió acompañada: “Me encontré sola en casa con unos dolores terribles y me sentí abandonada por la institución. Sentí que debería haber estado más acompañada por el sistema”.

Yo no me sentí mal, ni pienso en ello, ni recuerdo en qué día fue, ni creo que dentro de diez años me vaya a arrepentir, lo tengo claro.

Ana

“Por lo demás yo no me sentí mal, ni pienso en ello, ni recuerdo en qué día fue, ni creo que dentro de diez años me vaya a arrepentir, lo tengo claro. A mí no me ha afectado psicológicamente”, prosigue. Ana sí se encontró escondiéndolo en el trabajo o con dificultades para contarlo a unas amigas, bien por miedo a que ellas se sintieran mal porque estaban en búsqueda de un embarazo, bien por miedo a que la juzgaran.

“Ojalá lo tuviéramos tan normalizado como para dar aquí mi nombre. Desde luego, si me hubieran hecho escuchar el latido o me hablan de un supuesto síndrome sí me hubieran traumatizado. Me parece ir a machacar a la gente. Nos infantilizan, nos denigran porque es decirnos que no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones”, asegura sobre las propuestas que PP y Vox ponen sobre la mesa y que han llevado al presidente Pedro Sánchez a anunciar el blindaje del derecho al aborto en la Constitución.

Alicia Ibáñez es psicóloga clínica en un centro público de salud mental de la Región de Murcia y atiende “a cantidad” de mujeres por sintomatología depresiva o de corte traumático relacionada con procesos de embarazo, parto, aborto y maternidad. “No son mujeres con enfermedad mental, tienen síntomas o sufrimiento derivado no de su situación sino del juicio social que padecen al tomar cada decisión que tiene que ver con la maternidad. No hay síndrome, hay juicio público. Mi experiencia es que sanan sin mucha intervención psicológica más allá del espacio de escucha y de no juzgar, de trabajar la culpa y permitirse todo lo que han sentido, pensado y tomado como decisión”, explica.

“Lo viví como una alegría”

“Yo lo viví como una alegría, fue para mí una liberación”. Así habla Lucía (nombre ficticio) de la interrupción voluntaria del embarazo a la que se sometió hace 12 años, cuando ella tenía 28. Era 2013 y el gobierno, en manos del PP, estaba tramitando la reforma de la ley que acababa con el aborto libre y que, tras la fuerte oposición social, nunca llegó a salir adelante y acabó con la carrera política del entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. “Era justo ese momento, se estaba directamente cuestionando que pudiéramos abortar, pero yo no me lo pensé, tardé ‘cero coma’ en buscar una clínica y tomar la decisión porque sabía desde hacía tiempo que no quería ser madre”, cuenta.

Lucía asegura que no se arrepintió “jamás” y que tampoco ha experimentado culpa ni tristeza después de hacerlo, aunque es consciente de que hay mujeres “que pueden tener un duelo y vivirlo con frustración y emociones negativas” pero rechaza de plano que siempre tenga que ser así. “Yo me quité un problema porque era algo que no entraba en mis planes vitales”, dice Lucía, que abortó directamente en una clínica privada por 400 euros sin pasar por la sanidad pública. Es más, cree que abortar tuvo efectos positivos sobre su vida sexual: “La reformuló y me ayudó a ser responsable y cambiar mi conducta en los encuentros sexuales”. 

Cuando la información que se da es falsa es un problema, porque hay muchas mujeres con tiempo para contrastar pero otras no, especialmente las más vulnerables

Raquel Hurtado — Portavoz de SEDRA

Lo que sí experimentó fue la sensación compartida con otras muchas mujeres de sentir “que estaba haciendo algo malo”. “Aunque yo sabía racionalmente que no, que no estaba matando a nadie sino tomando una decisión desde mi autonomía, sentía ese estigma y ese juicio exterior, el de estar haciendo algo casi clandestino”, afirma Lucía, que ha preferido usar un nombre que no es el suyo precisamente porque hay gente cercana de su entorno que no lo sabe.

Desde SEDRA-Federación de Planificación Familiar, su portavoz, Raquel Huerta, defiende espacios de acompañamiento para “todas las cuestiones que surgen alrededor de la sexualidad”. “Para nada todas las mujeres que deciden abortar necesitan acompañamiento. Hay mujeres que lo tienen clarísimo y no necesitan ningún acompañamiento, o quizás sí un acompañamiento incluso más administrativo, logístico”, explica Huerta, que relata que, aún hoy, muchas mujeres acuden para saber si el aborto es legal, si es gratis o no, o cuál es el circuito a seguir.

“Otras mujeres no lo tienen claro y pueden necesitar a alguien que acompañe esa toma de decisiones pero de una forma no paternalista y desde una posición muy objetiva para ayudarles a hacerse algunas preguntas pero sin interferir. Cuando la información que se da es falsa es un problema, porque hay muchas mujeres con tiempo para contrastar y tener una mirada crítica pero otras no, especialmente las que son más vulnerables”, apunta la portavoz de SEDRA. Raquel Huerta critica que el Ayuntamiento de Madrid lanzara el bulo del síndrome postaborto y hablara de ofrecer información, mientras que la ciudad no está cuidando los espacios de información y atención a la salud sexual que ya existen o mientras la educación sexual sigue brillando por su ausencia.

“Si el sistema se opone sí es traumático”

Ocultar su rostro es la decisión que ha tomado también Carmen para hablar en este reportaje. La mujer, que tiene 36 años, abortó hace cuatro, en 2021, también en Madrid, aunque ella sí optó por la financiación pública del aborto a pesar de que la intervención, como casi todas, fue en una clínica privada. “No tuve ninguna duda ni malestares físicos ni psicológicos, ni antes ni después. Era algo incompatible en ese momento con mis elecciones laborales”, esgrime Carmen, que al tiempo ya sí decidió ser madre y tiene un hijo de un año y medio.

Detrás de las propuestas de PP y Vox como la del síndrome posaborto lo que hay es un cuestionamiento de nuestra voluntad

Carmen

Al igual que el resto, la mujer sí identifica el estigma “que sigue pesando” y recuerda como una experiencia negativa el periplo burocrático y la espera que tuvo que afrontar para que la sanidad pública le financiara el aborto. Es una vivencia común: los circuitos son largos y complejos en muchas comunidades y, en ocasiones, tras ellos hay profesionales como la que gestionó la petición de Carmen. “Me llegó a decir ‘le tienes que decir que se lo ponga, eh’, refiriéndose al condón. Sentí cuestionamiento y un tono de mucho juicio e infantilizador a pesar de que yo lo tenía tan claro”, explica.

Ambas, Carmen y Lucía, están seguras de que haber tenido que estar sometidas a alguna de las medidas que proponen PP y Vox, la última la del ‘síndrome postaborto’, hubiera dificultado el proceso. “Lo realmente traumático no hubiera sido abortar, sino someterme a ese escrutinio exterior. Mi vivencia no fue traumática, pero si el sistema se opone a tu libre elección, eso sí lo es”, opina Lucía. Carmen, por su parte, lamenta que desde las instituciones se dé pábulo a una teoría pseudocientífica que “puede llegar a inducir mucho miedo” en algunas mujeres: “Detrás lo que hay es un cuestionamiento de nuestra voluntad”.

Hola,

“Hola, ¿está Flora?”. Esa era la fórmula en clave que tenían que dar las mujeres cuando llamaban al piso de una calle de Valencia en el que un grupo de feministas practicaban abortos en la clandestinidad. Era finales de los años 70, Franco había muerto, pero los abortos seguían penados con cárcel. En España, redes de activistas y profesionales se organizaron para practicar abortos de manera segura en distintas ciudades.

Se cumplen 40 años de la ley que en 1985 despenalizó el aborto, aunque solo en tres supuestos: malformación fetal, violación y riesgo para la vida o la salud de la mujer. Ese último supuesto se convirtió en el comodín para que la mayoría de mujeres pudieran abortar hasta que en 2010 llegó la ley de plazos. El lunes estuve en un acto que conmemoraba ese 40 aniversario y allí recordaron algo muy importante: lo que se aprobó en 1985 no fue la legalización del aborto o una ley integral de interrupción voluntaria del embarazo, sino esa despenalización parcial, que fue muy contestada por el movimiento feminista.

Esa clave que te contaba al principio es parte de la historia de esos años de lucha y activismo por la interrupción voluntaria del embarazo. Lo contaba mi compa Marta Borraz en este reportaje hace unos meses. Ahí recogía la investigación que había hecho Paula Boira Nacher para su libro Un aborto, 8.000 pesetas (Libros del K.O).

En el libro aparece Consuelo Catalá, que estaba presente en el acto del lunes. Esta histórica activista regresó de un viaje al extranjero para abortar clandestinamente y se propuso crear esa red para conseguir que las mujeres españolas pudieran abortar. Empezó en Valencia, donde ella estaba estudiando medicina, y utilizaron el método Karman (que se usa actualmente), que habían importado desde Francia. En fin, la historia es apasionante y nos recuerda que estos derechos que tenemos ahora ni se consiguieron solos ni vinieron solo porque hubo gobiernos que los aprobaron.

Y ya que estamos, te recomiendo otras dos lecturas.

📓 No hay una única razón para abortar ni una misma manera de sentirse cuando lo haces.

📔 La despenalización de 1985 consiguió, a largo plazo, menos divorcios, más estudios y mujeres más felices.

Salir de casa por Gaza

Conozco a varias feministas que están involucradas en esta iniciativa y que me han pedido ayuda para difundirla. Ellas dicen: “Tradicionalmente los hombres han salido de casa para hacer la guerra; es tiempo de que las mujeres salgamos de nuestras casas para construir la paz”. La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF) y Mujeres de Negro contra la guerra, de distintos países europeos, van a juntarse en Bruselas entre el 10 y el 19 de octubre para exigir a la Unión Europea que actúe con firmeza contra Israel. Allí harán varias actividades, como un 'abrazo' al Parlamento Europeo. Si te interesa o quieres unirte de alguna manera te recomiendo que contactes con estas organizaciones.

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El enigma de la semana ;)

Este acertijo tiene mucho en común con el anterior: habla de una mujer escondida bajo un pseudónimo. ¿Te gustan los crisantemos? A ella creo que sí. No la conocía, pero una coincidencia 'literaria' me la descubrió. Por si no lo sabes, tengo un libro que se llama 'Intensas', y hay algo ahí, en la intensidad, en la rabia, en el enfado... que nos unió. Aunque ella murió allá por 1948 y vivió en otro continente. Ahora, por primera vez, la tenemos aquí o, bueno, tenemos aquí su literatura. 

No es fácil el de hoy pero ahí lo dejo. 

La respuesta, la semana que viene.

Ana

Cada 4 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, una iniciativa que la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS, por sus siglas en inglés) puso en pie en el año 2010. El objetivo de la jornada, que se celebra todos los años, es concienciar a la población sobre la importancia de proteger nuestra salud sexual y reconocer los derechos sexuales de todas las personas.

La salud sexual es un concepto amplio que abarca desde la posibilidad de tener relaciones placenteras y con consentimiento hasta el derecho a acceder a información de calidad sobre sexualidad. Además, hablar de salud sexual también pasa por hablar de métodos anticonceptivos. Píldoras, anillo vaginal, DIU… Hoy en día, existen multitud de mecanismos para prevenir el embarazo.

Sin embargo, si hay un método popular y con historia, ese es el preservativo. Según el último informe de Control, un 58% de los jóvenes entre 18 y 26 años en España usan siempre el condón a la hora de tener relaciones sexuales. No es una sorpresa. Tal como recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS), los preservativos, cuando se utilizan correcta y sistemáticamente, son seguros y muy eficaces; no solo para prevenir embarazos, sino también la transmisión de diferentes enfermedades e infecciones. 

Esta funda que se coloca en el pene es hoy conocida por todos, pero la sociedad no siempre tuvo a su alcance un método de barrera así. De hecho, los primeros registros de los condones de látex datan de 1930. Este material, más flexible, cómodo y efectivo, fue clave para desarrollar los preservativos modernos.

¿Cuál es el origen del condón?

Se cree que los primeros preservativos se utilizaron hace miles de años. La primera evidencia del uso de estos métodos podrían fecharse en torno al año 1000 a.C., cuando los egipcios utilizaban tripas de animales anudadas como protección para prevenir enfermedades. 

Esto nos da pistas de cómo, en un primer momento, el objetivo de utilizar estas fundas no tenía nada que ver con el control de natalidad. Así fue durante mucho tiempo. Por ejemplo, eel siglo XVI, durante el Renacimiento, el médico italiano Gabrielle Fallopio documentó el primer condón destinado a prevenir la sífilis. 

Para el siglo XVIII, los preservativos hechos con tripas de animales ya eran ampliamente utilizados y reconocidos por gran parte de la sociedad occidental. Para usarlos se tenían que remojar previamente con leche y, una vez usados, se desinfectaban para su reutilización. 

No fue hasta el 1843 cuando se inventó el caucho vulcanizado, un material que empezó a utilizarse como alternativa más resistente y reutilizable para fabricar condones de goma. El caucho se acabó reemplazando por el látex en 1930 y, el resto, es historia. Hoy en día, los preservativos fabricados con este material se siguen utilizando en todo el mundo, aunque la tecnología ha permitido crear todo tipo de variedades, con distintos sabores, texturas, colores y tamaños.