El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha dicho este jueves que ahora mismo “no hay circunstancias” desde el punto de vista científico que impliquen la instauración del semáforo volcánico en la isla de Tenerife aunque haya enjambres sísmicos recurrentes al oeste de Las Cañadas del Teide.

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha dicho que no se prevé adopción a medio y corto plazo de medidas en materia de protección civil en la isla más allá de mantener una “vigilancia reforzada”.

“Cosa distinta es en La Palma”, ha comentado, donde el Pevolca sí está activado en nivel de alerta y el semáforo en color amarillo porque prosigue la emisión de gases en la zona de Puerto Naos y La Bombilla.

Ha detallado que una empresa hace seguimiento de los sensores y tanto la Universida de La Laguna (ULL) como el Involcan evalúan la emisión de radón y CO2, respectivamente, al tiempo que ha defendido la “transparencia” de su departamento con la gestión de la información.

Paula Jover (Vox) ha acusado al consejero se estar “ocultando la información” ya que los “pocos datos que hay” -a su juicio- “demuestran que Tenerife está en una situación mucho más comprometida que La Palma ahora mismo”. Esta afirmación es contraria a lo declarado en diversas ocasiones tanto por el Instituto Geográfico Nacional como por Involcan, que descartan una erupción a corto medio plazo en la isla.

Ha comentado que en La Palma “el riesgo estará en algunas pequeñas y pocas viviendas en Puerto Naos o en La Bombilla” pero eso “no justifica” que la isla tenga el semáforo amarillo.

Incluso, se ha preguntado “por qué” Tenerife no tiene este semáforo, algo que ha achacado a que se puedan permitir “determinados procedimientos administrativos”.

“Puede haber múltiples reuniones, actividades institucionales que son muy importantes con los sanitarios para efectivamente dimensionar las necesidades de protección civil, con los políticos responsables públicos, con educación, pero también con la ciudadanía, la ciudadanía demanda información, quiere tranquilidad”, ha destacado.

El PP de Canarias ha insistido este lunes en señalar al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como responsable en la denominada trama Koldo por las compras de material sanitario durante la pandemia, y eso pese a que no está imputado ni se han hallado indicios de delito en su gestión. El PP, aferrándose al dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias aprobado el pasado viernes, ha reclamado de nuevo de forma “rotunda” la dimisión “inmediata” del ministro. Sin embargo, ese dictamen, que obtuvo los votos favorables de CC, Vox y AHI (además del propio PP), fue rechazado por ASG, NC y PSOE, al considerar que no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos, y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su “fortaleza electoral”.

En una rueda de prensa conjunta este lunes, los diputados del PP Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo han criticado los “chanchullos” del ministro al “abrir la puerta” del Gobierno de Canarias a la trama Koldo, que recibió contratos valorado en algo más de 20 millones de euros -más el fallido de RR7 United por otros cuatro millones-, obviando que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo, presidido por Torres, y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Es más, tras la aprobación del dictamen, el PSOE critió lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres.

Este lunes, el diputado del PP Enseñat ha insistido en que tanto Torres como el PSOE se “han limitado a hacerse la víctima, a tomarle el pelo a todos los canarios negándolo todo y sin contestar a nada y sin dar una sola explicación y a menospreciar y descalificar al Parlamento”, diciendo que “todo es un circo o un amaño”.

Cabe recordar que Torres desmontó las acusaciones vertidas por el comisionista Aldama (que no aportó ninguna prueba de lo que relataba) y que el informe final de la UCO concluyó la investigación sin hallar ningún indicio de delito en la gestión de Torres.

Los populares, sin embargo, han destacado que los hechos constatados en el dictamen son “muy graves” y entiende que Torres debe asumir sus “responsabilidades políticas” y “dar la cara” por todas las acciones que realizó en esa época.

“Como muestra y recoge el dictamen, sin Torres la trama no hubiera podido operar en Canarias”, ha señalado Enseñat.

De nuevo, hay que recordar que el dictamen ha sido elaborado por diputados del propio Parlamento canario, mientras que las investigaciones policiles no han encontrado ningún indicio de delito achacable al expresidente.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente regional, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “absolutamente sectaria, manipuladora y tendenciosa” la ponencia apoyada en el Parlamento de Canarias por CC, PP y Vox sobre el llamado caso Mascarillas y ha señalado que responde a un intento de “mancillar” su imagen y la gestión del anterior Gobierno autonómico.

Así se ha expresado el expresidente del Ejecutivo canario en una publicación en su perfil de X, donde ha asegurado que “Canarias hizo un magífico trabajo durante la pandemia” al registrar el menor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes de España y ha denunciado que en los últimos tres años ha sido objeto de una campaña de “difamación, acoso, insidia e injuria”, por partidos políticos y medios “a su servicio”.

A su juicio, el documento aprobado en la Cámara regional omite deliberadamente las conclusiones del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia de Cuentas, cuyos responsables, ha dicho, archivaron el expediente de los contratos con las empresas RR7 y Soluciones de Gestión, implicadas en el caso, además, el órgano fiscalizador avaló “la legalidad” de los contratos con las entidades.

“Es absolutamente manipulador, porque cogen los testimonios que les interesan y obvian el resto de muchas personas que pasaron por la comisión de investigación”, ha denunciado el dirigiente socialista.

Además, Torres critica que estos partidos comparan la gestión de Canarias con la de islas de otros países en lugar de hacerlo con Baleares, por ejemplo.

“Estamos ante una manipulación de partidos políticos que no soportan que ganáramos las elecciones en el año 2023 y utilizan esta comisión de investigación como arma contra Torres para intentar mancillar su imagen y también su gestión, la del Pacto de la Flores, de la que nos sentimos orgullosos”, ha recalcado el ministro canario.

Torres ha lamentado también que la comisión terminara siendo “un paripé” y ha reprochado que se filtrase información, “a un periódico” que, según ha dicho, debía permanecer reservada durante los trabajos parlamentarios, y recuerda que, “al día siguiente, el presidente de la comisión, en vez de denunciar la filtración, lo que hizo fue atacar a Torres”, lo que para el dirigente socialista significa que “estamos ante una ”instrumentalización política y partidaria“.

Pese a ello, ha asegurado a los canarios y canarias que seguirán adelante con un trabajo “serio, riguroso, permanente, honesto y honrado” y ha reconocido que su Gobierno puede “cometer errores”, aunque siempre, ha dicho, “dando la cara por el bienestar de la gente de nuestra tierra”, concluye Torres.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha denunciado este miércoles en el pleno de la Cámara regional que la comisión de investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia nació con un “veredicto escrito de antemano”, y que fue utilizada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) como una herramienta de “confrontación partidista” para intentar desacreditar al anterior Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres.

Durante su intervención en el debate del dictamen de la comisión de investigación, Fierro sostuvo que los grupos que promovieron la comisión registraron su solicitud en febrero de 2024 hablando ya del denominado “caso Torres”, lo que, a su juicio, demuestra que “ni la investigación, ni el estudio, ni el análisis fueron nunca su objetivo”: “Sus conclusiones estaban escritas desde el mismo momento en que registraron la solicitud”, afirmó.

La diputada socialista aseguró que los trabajos parlamentarios, con más de 70 comparecencias y un amplio volumen de documentación analizada, han desmontado el relato político construido por CC, PP y VOX.

En este sentido, recordó que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Fierro criticó lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres. “Han intentado permanentemente dañar la imagen de una persona honrada y limpia”, afirmó, defendiendo que el exjefe del Ejecutivo actuó siempre desde el interés general y recordando que las resoluciones judiciales conocidas hasta la fecha respaldan esa actuación.

La presidenta socialista contrapuso esa estrategia política con lo que definió como “hechos probados” sobre la gestión de la pandemia en Canarias. Entre ellos destacó que el Archipiélago fue uno de los territorios con menor mortalidad por COVID-19, la realización de cribados en las residencias de mayores, la rápida respuesta ante el primer brote detectado en Adeje (Tenerife), la creación de comités científicos para asesorar las decisiones del Gobierno, y la colaboración entre las administraciones y el sector privado para garantizar el suministro de material sanitario.

Asimismo, hizo hincapié en que ningún cargo del PSOE en Canarias está investigado por la contratación de material sanitario, que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa de emergencia vigente durante la pandemia y que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas llegó a afirmar que los contratos eran “administrativamente impecables”.

Además, Fierro rechazó también algunas de las principales conclusiones recogidas en el dictamen de la comisión, calificándolas de “falsedades intencionadas”, y negó que Canarias fuera el epicentro de la corrupción en la compra de material sanitario, recordando que de los cerca de 1.300 expedientes de contratación solo dos han sido objeto de investigación parlamentaria.

Asimismo, sostuvo que no existe prueba alguna de que Ángel Víctor Torres interviniera en la adjudicación de contratos o favoreciera a empresa alguna.

La presidenta del Grupo Socialista también trasladó un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía canaria por el comportamiento demostrado durante la pandemia y reivindicó el trabajo realizado por el Gobierno del Pacto de las Flores para proteger la salud pública, el empleo y el Estado del bienestar en uno de los momentos más difíciles vividos por las islas, así como el rigor con lo que se actuó en un contexto fuera de la normalidad administrativa y donde salvar vidas era lo más urgente.

Fierro concluyó con un llamamiento a la responsabilidad política y a la defensa de la verdad frente a la confrontación partidista. También dirigió unas palabras a quienes integraron el anterior Ejecutivo autonómico y, de forma especial, al expresidente Ángel Víctor Torres, defendiendo que, pese a la “campaña de descrédito” sufrida durante los últimos años, la actuación del Gobierno socialista durante la emergencia sanitaria ha quedado respaldada tanto por la documentación analizada como por las resoluciones judiciales conocidas.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con los votos de CC, PP y Vox, el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Mascarillas, que sitúa la responsabilidad política en el Ejecutivo regional (formado entonces por PSOE, NC, ASG y Sí Podemos), y en particular en su presidente, el actual ministro Ángel Víctor Torres.

CC, PP y Vox han rechazado el voto particular presentado por PSOE, NC y ASG (que en la actualidad forma parte del Gobierno regional junto a CC y PP), que consideran que el dictamen no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su “fortaleza electoral”.

El debate se ha celebrado en un pleno semivacío por la ausencia de la oposición y la votación ha dividido a los grupos que apoyan al actual Gobierno de Canarias, ya que CC, PP y AHI han apoyado el dictamen, mientras que ASG, que formó parte del anterior Ejecutivo y también de este, se ha unido a PSOE y Nueva Canarias en un voto particular.

El informe concluye que la principal responsabilidad política recae en el Gobierno de Canarias y se proyecta “de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera y los responsables del área de Sanidad”, según expuso en el pleno del Parlamento el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Raúl Acosta, de AHI.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira Fierro, sostuvo que los grupos que promovieron la comisión registraron su solicitud en febrero de 2024 hablando ya del denominado “caso Torres”, lo que, a su juicio, demuestra que “ni la investigación, ni el estudio, ni el análisis fueron nunca su objetivo”: “Sus conclusiones estaban escritas desde el mismo momento en que registraron la solicitud”, afirmó.

La actuación de Torres, avalada por la justicia pero criticada por sus rivales políticos

La diputada socialista aseguró que los trabajos parlamentarios, con más de 70 comparecencias y un amplio volumen de documentación analizada, han desmontado el relato político construido por CC, PP y Vox.

En este sentido, recordó que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Fierro criticó lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres. “Han intentado permanentemente dañar la imagen de una persona honrada y limpia”, afirmó, defendiendo que el exjefe del Ejecutivo actuó siempre desde el interés general y recordando que las resoluciones judiciales conocidas hasta la fecha respaldan esa actuación.

La presidenta socialista contrapuso esa estrategia política con lo que definió como “hechos probados” sobre la gestión de la pandemia en Canarias. Entre ellos destacó que el Archipiélago fue uno de los territorios con menor mortalidad por COVID-19, la realización de cribados en las residencias de mayores, la rápida respuesta ante el primer brote detectado en Adeje (Tenerife), la creación de comités científicos para asesorar las decisiones del Gobierno, y la colaboración entre las administraciones y el sector privado para garantizar el suministro de material sanitario.

Asimismo, hizo hincapié en que ningún cargo del PSOE en Canarias está investigado por la contratación de material sanitario, que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa de emergencia vigente durante la pandemia y que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas llegó a afirmar que los contratos eran “administrativamente impecables”.

Acusaciones sin pruebas y basadas en bulos

Además, Fierro rechazó también algunas de las principales conclusiones recogidas en el dictamen de la comisión, calificándolas de “falsedades intencionadas”, y negó que Canarias fuera el epicentro de la corrupción en la compra de material sanitario, recordando que de los cerca de 1.300 expedientes de contratación solo dos han sido objeto de investigación parlamentaria.

Asimismo, sostuvo que no existe prueba alguna de que Ángel Víctor Torres interviniera en la adjudicación de contratos o favoreciera a empresa alguna.

La presidenta del Grupo Socialista también trasladó un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía canaria por el comportamiento demostrado durante la pandemia y reivindicó el trabajo realizado por el Gobierno del Pacto de las Flores para proteger la salud pública, el empleo y el Estado del bienestar en uno de los momentos más difíciles vividos por las islas, así como el rigor con lo que se actuó en un contexto fuera de la normalidad administrativa y donde salvar vidas era lo más urgente.

Fierro concluyó con un llamamiento a la responsabilidad política y a la defensa de la verdad frente a la confrontación partidista. También dirigió unas palabras a quienes integraron el anterior Ejecutivo autonómico y, de forma especial, al expresidente Ángel Víctor Torres, defendiendo que, pese a la “campaña de descrédito” sufrida durante los últimos años, la actuación del Gobierno socialista durante la emergencia sanitaria ha quedado respaldada tanto por la documentación analizada como por las resoluciones judiciales conocidas.

Los principales grupos del Parlamento de Canarais han “tirado a la basura” este miércoles una proposición no de ley (PNL) del grupo Vox sobre el Hospital Insular de Lanzarote en la que este partido ha vinculado el deterioro de la atención sanitaria con el coste de la asistencia sanitaria a migrantes.

Vox incluía en la exposición de motivos de la PNL referencias a la “inmigración ilegal” y a su impacto sobre los servicios públicos, y ha cifrado en 26 millones de euros los destinados por el Servicio Canario de la Salud en 2024 a la atención sanitaria de población migrante.

El primero en rechazar los planteamientos de Vox ha sido el diputado de Nueva Canarias Yone Caraballo, que ha dicho que el mensaje de odio en estos tres folios “define a Vox” y ha considerado que lo deberían leer todos los trabajadores.

“Usted habla de la carga de los 26 millones en gasto relacionado con la inmigración. ¿Y el gasto de los rubios con ojos azules que están en los centros de salud de todas las zonas turísticas? ¿Usted va a esos centros a ver si hay moritos o negritos? Porque lo que hay son guiris. Hay gente de Europa que también genera tanto gasto como los de la inmigración”, ha planteado Caraballo.

“Esta PNL no irá a la gaveta, irá a la basura”, ha concluido el diputado de NC.

David Toledo, del grupo Nacionalista, ha acusado a Vox de ir en contra de los derechos humanos en buena parte de sus iniciativas parlamentarias y ha defendido que el Hospital de Lanzarote seguirá siendo para los conejeros y ha cuestionado que el portavoz de Vox conozca siquiera el barrio en el que se sitúa.

Una cosa es defender el Hospital y otra utilizar cualquier iniciativa para generar odio, división. Me tendrá que explicar qué tiene que ver la inmigración con las necesidades de reparación de esta infraestructura, sus defectos en la parte eléctrica. ¿Por qué todas sus iniciativas tienen que ver con los conceptos que generan polarización y crispación“, ha lamentado Toledo, que ha dicho que hay que ”pararle los pies“ a Vox con ese tipo de planteamientos.

Por el PSOE, Marcos Hernández ha criticado la “carga de cinismo insoportable al mezclar inmigración y geriatría.

“Esto da una idea de la catadura moral que les inspira y les mueve. No damos pábulo a estas estrategias de los últimos contra los penúltimos y de deslegitimar a seres humanos. Todos los asuntos los convierten en odio exasperante”, ha concluido Hernández.

Del PP, la diputada Raquel Díaz le ha preguntado a Vox qué tiene que ver la agenda 2030 y el supuesto “fanatismo climático” con el Hospital Insular de Lanzarote.

“Se busca un marco, se introduce un relato ajeno al contenido y van a por el corte para redes”, ha lamentado la diputada, que también ha criticado que la izquierda “ha utilizado” el Hospital de Lanzarote para buscar rédito político.

El Proyecto de Ley de la Ciencia de Canarias ha salido adelante este miércoles en el Parlamento regional con el apoyo de los partidos del Gobierno de Canarias y sus socios (PP, CC, AHI y ASG) y con el voto en contra de la oposición: PSOE, NC y Vox.

Para el grupo parlamentario de Nueva canarias-Bloque Canarista (NC-BC) la nueva ley “menosprecia” a las universidades públicas isleñas y carece de financiación. La ponente de NC-BC, Carmen Hernández, a pesar de un último intento de consensuar enmiendas in voce y otras vivas de la veintena rechazadas durante la tramitación por CC, el PP, la ASG y la AHI, dijo que el texto nace “de espaldas” a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y a de La Laguna (ULL), “sin financiación suficiente y sin el consenso” de la comunidad científica y las personas jóvenes científicas.

Carmen Hernández defendió que hablar de ciencia no sólo son laboratorios, publicaciones e innovación tecnológica. Es, como subrayó la parlamentaria, hablar de educación, sostenibilidad, transición energética, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático y calidad de vida. “Invertir en ciencia no es un gasto, es una inversión estratégica en el futuro, en el bienestar de nuestra gente y en la diversificación económica que necesita Canarias”, afirmó.

La diputada lamentó que una ley llamada a marcar el rumbo de la ciencia canaria durante las próximas décadas no se haya construido con quienes sostienen el sistema público de investigación. Recordó que las dos universidades públicas, responsables de más del 90 por ciento de la producción científica del Archipiélago, trasladaron numerosas propuestas de mejora que fueron rechazadas por el Gobierno de las dos derechas (CC y el PP) de Fernando Clavijo, al igual que la práctica totalidad de las 22 enmiendas presentadas por NC-BC elaboradas con los planteamientos de la Ulpgc y la ULL.

El mismo rechazo por parte de los grupos de CC, el PP, la ASC y la AHI a las iniciativas de mejora de la comunidad científica y de la juventud investigadora inmersa en la precariedad, remarcó la portavoz de Nueva Canarias. El gabinete de Clavijo “ha preferido imponer su mayoría antes que construir un acuerdo”, denunció.

Uno de los principales motivos del rechazo de NC-BC al texto legislativo es la ausencia de un compromiso financiero vinculante. “Una ley sin financiación es papel mojado, maquillaje, márquetin mediático”, aseguró Hernández. Incidió la diputada además en que las dos derechas canarias han recortado, desde el Ejecutivo, 21,8 millones de euros en I+D+i, l, lo que convierte a Canarias una de las pocas comunidades que reduce su inversión en investigación.

También criticó que la norma no establezca una verdadera carrera investigadora para las personas jóvenes. “No hay mecanismos reales de estabilización, no se impulsan contratos de larga duración ni medidas eficaces para retener el talento”, denunció, haciéndose eco de las críticas expresadas por los propios jóvenes investigadores sobre la nueva ley.

Carmen Hernández cuestionó el modelo institucional que plantea la norma, al considerar que debilita a la Agencia Canaria de Investigación y resta protagonismo a las universidades públicas, incluso en el futuro Consejo Asesor de Ciencia, pese a ser las principales generadoras de conocimiento en Canarias.

Cuestionó la creación de una fundación universitaria por competir en funciones con la Agencia Canaria de Investigación. “Mucho nos tememos que se va a convertir en el nuevo coladero de cargos públicos o de afiliados de Coalición Canaria en el futuro, como hacen con otras fundaciones que hay por ahí andando”, censuró.

“Detrás de esta ley hay un claro menosprecio a nuestras universidades públicas, es no ponerlas en valor, no creer en ellas”, recriminó. Razones por las que, en opinión de NC-BC, el Gobierno de Clavijo tampoco aprueba el contrato programa con el objetivo de infrafinanciar a las dos entidades públicas de Canarias de enseñanza superior.

La parlamentaria de NC-BC defendió que “Canarias necesita una ley ambiciosa, bien financiada, consensuada con la comunidad científica y capaz de fortalecer, de verdad, el sistema público de investigación”. Lamentablemente, añadió la parlamentaria nacionalista, este proyecto “no responde a ese objetivo”, por lo que Nueva Canarias-Bloque Canarista “no puede apoyar” el mismo.

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por 63 votos a favor y tres abstenciones, de Vox, la ley de municipios turísticos, la primera norma tramitada en la comunidad autónoma a iniciativa legislativa municipal y que viene a regular la figura de este tipo de ayuntamientos. Pese a la importancia de la norma, la consejera del ramo, Jéssica de León, ha estado ausente en el Parlamento, al encontrarse de vacaciones.

La ley, impulsada inicialmente por trece ayuntamientos y asumida después por el conjunto de los municipios canarios a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), crea por primera vez un régimen jurídico específico para los municipios cuya actividad está marcada por el turismo y que prestan servicios públicos a una población muy superior a la empadronada.

La norma establece dos categorías: municipio turístico de excelencia de Canarias y municipio turístico de singularidad de Canarias.

Para obtener la consideración de municipio turístico de excelencia, la ley establece que los ayuntamientos deberán acreditar dos de tres requisitos: que su población turística anual sea cinco veces superior a la empadronada, contar con al menos 4.000 plazas de alojamiento turístico o disponer de plazas alojativas de cinco estrellas iguales o superiores al 10% de la población empadronada.

Además, la actividad turística deberá representar más del 15% de la economía municipal, mediante informe del Consejo Económico y Social o de una de las dos universidades públicas canarias.

En el caso de las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) y de los municipios de reto demográfico, bastará con que la población turística triplique la empadronada, que cuenten con 2.000 plazas alojativas o que dispongan de establecimientos de cuatro estrellas, incluso en municipios limítrofes.

Para ser municipio turístico de singularidad, la ley exige acreditar al menos dos recursos de interés turístico singular y que la actividad turística suponga más del 5% de la economía local, aunque en las islas verdes y los municipios de reto demográfico bastará con un recurso singular.

La declaración corresponderá al Gobierno de Canarias por decreto, a solicitud del ayuntamiento interesado, previo acuerdo plenario por mayoría absoluta, y tendrá vigencia indefinida, salvo pérdida de los requisitos, incumplimientos reiterados o renuncia expresa.

Qué implica para los ayuntamientos

Los municipios turísticos tendrán derecho a usar esa denominación, incorporarse a programas autonómicos e insulares de promoción, participar en órganos consultivos turísticos y ser tenidos en cuenta en políticas de infraestructuras y servicios que incidan en el turismo.

También asumirán obligaciones como adaptar sus ordenanzas, aprobar instrumentos de planificación turística municipal, mantener espacios públicos, proteger el patrimonio natural y cultural, reforzar servicios turísticos, impulsar la movilidad sostenible y favorecer la participación ciudadana.

Entre los servicios específicos que deberán prestar figuran la vigilancia ambiental, el refuerzo de la limpieza en zonas de uso turístico, el control de ruidos, la vigilancia y socorrismo en playas, la información turística accesible y la actualización de portales web con información para visitantes.

Votación de los grupos

De los grupos de la oposición, la diputada del PSOE Lucía Fuentes ha dicho que respaldan la ley por considerar que reconoce una reivindicación histórica de los municipios turísticos y ha destacado que el texto se ha mejorado durante la tramitación para incluir a los municipios de reto demográfico y evitar que localidades con valor patrimonial o natural quedaran fuera del reconocimiento.

Esther González, de Nueva Canarias también ha apoyado la norma, aunque ha defendido una enmienda -rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno- para suspender temporalmente expedientes sancionadores ligados al régimen de unidad de explotación hasta que el Gobierno tramite la reforma anunciada de la ley de renovación turística, al entender que es incoherente seguir aplicando una regulación que el propio Ejecutivo considera necesario modificar.

Por Vox, Paula Jover ha justificado la abstención por la ausencia de ficha financiera, por rechazar referencias que considera ajenas al turismo en materia climática y de género, y por oponerse al régimen previsto para funcionarios de carrera que ocupen órganos directivos en municipios turísticos de excelencia.

De los grupos que apoyan al Gobierno, Mario Cabrera, de Coalición Canaria, ha apuntado que si bien la ley no resuelve por sí sola los retos de la vivienda, el territorio o la movilidad, ni crea un fondo económico específico, sí ofrece un punto de partida para reconocer una realidad que hasta ahora no tenía encaje jurídico, y puede ser la base para debatir el modelo turístico de las islas y cuestiones como el reparto de la riqueza o el número de camas.

Del PP, el diputado David Morales ha destacado que la norma va más allá de un sello distintivo, porque reconoce el sobreesfuerzo en servicios públicos que soportan los municipios turísticos y refuerza la idea de Canarias como una unidad de destino turístico.

Jesús Ramos, diputado de la Agrupación Socialista Gomera, ha celebrado que la ley tenga en cuenta a las islas verdes y a los municipios de reto demográfico, al entender que el turismo puede ser una oportunidad para fijar población y generar actividad económica en esos territorios.

El diputado de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, ha considerado que la aprobación de esta ley supone un hito para el municipalismo canario, porque los ayuntamientos dejan de ser “convidados de piedra” y se convierten en impulsores de soluciones legislativas para el conjunto del archipiélago.

El pleno del Parlamento de Canarias debate este miércoles los dictámenes de la Ley Canaria de la Ciencia y de la Ley de Municipios Turísticos, entre otros asuntos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha asegurado en el pleno del Parlamento que si alguien va al médico de cabecera sin cita en la sanidad pública es atendido, después de que el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, denunciara que una cita tarda hasta más de diez días. “Si usted va mañana a su médico de cabecera sin pedir cita lo atienden el mismo día, porque a mí y a familiares míos nos ha ocurrido”, ha replicado el líder del Ejecutivo canario, y ha enfatizado: “Usted solo tiene que ir hoy al centro de salud si tiene cualquier problema y le aseguro que lo van a atender. Y, si no, vamos los dos juntos. Yo voy con usted”.

Clavijo, quien se ha declarado “usuario de la sanidad pública”, ha explicado que si en la atención primaria se da cita para otro día es porque los centros tienen que organizarse y hacer “un esfuerzo importante para reconfirmar aquellas citas a las que luego el paciente no acude”.

Según el presidente regional, “es evidente que la sanidad está mucho mejor” que como la dejó el anterior Gobierno de Canarias en 2023.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, denunció, por el contrario, “el progresivo deterioro del sistema sanitario público”, y se refirió a las protestas laborales, la saturación en urgencias y los retrasos en la atención primaria.

Campos reclamó a Clavijo que escuche las reivindicaciones de los profesionales del Servicio Canario de la Salud y ha calificado de “cínica” y “vergonzosa” la propuesta de la Consejería de Sanidad a los médicos en huelga para solucionar las sustituciones de las bajas y las vacaciones.

También ha denunciado Campos la situación de los técnicos de transporte sanitario en huelga o la situación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, cuya falta de captación de sangre ha provocado la suspensión de pruebas quirúrgicas.

El portavoz de NC ha lamentado además el “colapso estructural” de los servicios de urgencias en los grandes hospitales, donde se acumulan durante días enfermos en camillas, ha denunciado.

El presidente de Canarias ha insistido en que la sanidad está mucho mejor y ha sostenido que las listas de espera, las intervenciones quirúrgicas y las consultas han mejorado sustancialmente.

Respecto a las movilizaciones del personal sanitario, ha calificado las reivindicaciones de “legítimas” y “razonables”, pero ha matizado que la base del conflicto no se circunscribe a Canarias, sino que depende directamente del Ejecutivo central, que ha respondido con “arrogancia y prepotencia”.

En el ámbito autonómico, la Consejería de Sanidad negocia distintas propuestas para incorporar más recursos y aplicar cambios organizativos en la red, como la instauración de turnos de mañana y tarde, ha señalado.

En todo caso, ha advertido de que el Gobierno de Canarias no permitirá en ningún caso que se resienta la atención a los pacientes durante este proceso de reorganización asistencial.

Críticas a la consejera de Sanidad

El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino ha afirmado este martes que a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, no le preocupa el sufrimiento de los pacientes canarios, gobierna de espaldas a la Cámara y es indiferente a las reivindicaciones del personal de las ambulancias.

Miguel Ángel Pérez del Pino, que ha cuestionado a la consejera por su falta de interlocución ante las demandas del personal del transporte sanitario, ha aseverado que las respuestas de Monzón acerca de este conflicto son tan “vergonzantes” como las expresadas con anterioridad en el pleno por parte del presidente Fernando Clavijo sobre la sanidad canaria.

Monzón rechaza sistemáticamente reunirse con los sindicatos y se niega a sentarse con los trabajadores, pero con la patronal lo hace “disimuladamente”, ha opinado el diputado socialista, quien ha comparado esta situación con la intervención de Clavijo en el ámbito turístico “cuando sonaron los pitos de la patronal de Tenerife”.

La consejera ha replicado que tiene pleno conocimiento de las demandas de los trabajadores de las ambulancias, respeta sus reivindicaciones y comparte la necesidad de avanzar en su reconocimiento profesional, por lo que confía en que se culmine el proceso de negociación con todas las garantías.

Pero también ha incidido en que se trata de un conflicto de naturaleza laboral y retributiva en el que no puede intervenir la administración autonómica aunque Pérez del Pino “manipule”, ha dicho la consejera, para indicar que ello no implica que la Consejería sea ajena al proceso negociador.

No hay una posición pasiva y Sanidad está haciendo todos los esfuerzos posibles en su convicción de que el transporte sanitario es un servicio esencial que debe estar acompañado de unas condiciones laborales dignas, ha añadido Monzón, quien ha reiterado su rechazo a los recientes actos vandálicos que impidieron que pudieran efectuarse 59 tratamientos sanitarios.

El pleno del Parlamento de Canarias inicia una nueva sesión con una declaración institucional sobre los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha denunciado que CC y el PP han impuesto su mayoría en la Mesa del Parlamento de Canarias, presidida por Astrid Pérez (PP), para cambiar las reglas del procedimiento para legislar mediante una resolución y sin reformar el Reglamento de la Cámara con el objetivo de “reforzar el poder de la mayoría” de CC, el PP, la ASG y la AHI que sustenta al Gobierno presidido por Fernando Clavijo.

El portavoz parlamentario y la portavoz adjunta y vicepresidenta de la Mesa de la Cámara en la pasada legislatura de NC-BC, Luis Campos y Esther González, denunciaron esta alteración del Reglamento “por la puerta de atrás”, hecha además para “recortar las garantías de las minorías” en el Legislativo.

La resolución aprobada por la Mesa del Parlamento regula la tramitación de enmiendas a las propuestas legislativas en la fase de la ponencia. Esther González dijo que el Reglamento permite al órgano del Gobierno de la Cámara dictar resoluciones cuando existe una laguna, contradicción o discrepancia.

De hecho, la resolución argumenta que el Reglamento regula las enmiendas transaccionales, in voce y de subsanación en comisión y en pleno, pero no en ponencia. Es cierto, según la portavoz adjunta de NC-BC, que “aquí existía una laguna”, pero el problema “no es que se quiera completar esa laguna, sino la forma en que se ha hecho”.

Se refería a que las “discrepancias” serán resueltas por el criterio del “voto ponderado, que favorece automáticamente a la mayoría”. La Mesa “lo que no puede hacer es aprovechar ese vacío para cambiar las reglas en beneficio de la mayoría,” criticó la portavoz adjunta. Es una forma “perversa, maliciosa y fuera de toda lógica” de resolver una laguna del Reglamento, recriminó González.

Luis Campos elevó el grado de preocupación porque la mayoría impondrá su criterio. Están para gobernar, observó para subrayar a continuación que las “minorías también tienen derechos parlamentarios que deben ser protegidos”. Las “reglas del juego pertenecen a toda la Cámara y no pueden cambiarse unilateralmente”, censuró el portavoz parlamentario.

Esther González criticó que la resolución haya comenzado a aplicarse de manera inmediata en las ponencias legislativas, incluso respecto de iniciativas que ya se encontraban en tramitación. “Ya se aplicó en la ponencia celebrada este lunes, otorgándole además efectos retroactivos sobre procedimientos ya iniciados. Se están cambiando las reglas del partido cuando el partido ya está en juego”, recriminó.

Nueva Canarias-Bloque Canarista advierte de que este precedente supone una concentración de poder en la Mesa y abre la puerta a que futuras modificaciones del procedimiento legislativo puedan realizarse “sin acudir al mecanismo ordinario de reforma” del Reglamento.

En opinión de NC-BC, “estamos hablando de la calidad democrática” del Parlamento de Canarias. Hoy cambian las reglas para las enmiendas; mañana podrían hacerlo con cualquier otro derecho de la oposición, alertó Luis Campos.

Si el Reglamento necesita actualizarse, para Esther González debe hacerse con transparencia, mediante el procedimiento previsto y con el debate político que corresponde al pleno. Lo contrario “debilita la calidad democrática de la institución y reduce el papel de la oposición en la elaboración de las leyes”, reiteró la vicepresidenta primera de la Mesa en la pasada legislatura.

El presidente de la Fundación Weber, Álvaro Hidalgo, ha afirmado este martes que la carga total que supone la obesidad para Canarias asciende a la cifra “insostenible” de 327,5 millones de euros al año, pero “la buena noticia” es que tratar esta enfermedad es la inversión pública más rentable.

En su comparecencia en comisión parlamentaria este martes el presidente de la Fundación Weber ha dicho que para entender el impacto real de la obesidad en las islas se puede explicar “el viaje de Yaiza”, una paciente grancanaria de 52 años con 99 kilos de peso, un Índice de Masa Corporal de 35, esto es obesa, y diabetes tipo 2.

El ejemplo de Yaiza no es un caso aislado, pues hay 77.748 personas en Canarias en esta situación, ha proseguido Hidalgo, quien ha dicho que, según datos de 2025, más de 406.000 personas en las islas padecen obesidad, el 21,4 por ciento de la población adulta.

Esta situación provoca un coste visible y directo de 7.907 euros al año por paciente en gastos sanitarios, y de 4.955 euros en medicación y consultas para los 47.000 canarios con obesidad de tipo dos.

Si se le añade la diabetes tipo 2, hay más de 19.000 pacientes con un coste anual de 2.138 euros, y con hipertensión arterial hay más de 38.000 personas y un desembolso de 814 euros cada uno.

Pero además hay “un inmenso costo invisible”, el del impacto en la productividad laboral que Álvaro Hidalgo ha cifrado en 23,76 millones de euros al año, al tiempo que ha explicado que el 15% de los trabajadores con obesidad tiene absentismo laboral por crisis de salud, fatiga y somnolescencia.

Asimismo, el 66% de los trabajadores con obesidad refieren haber sufrido discriminación en entrevistas laborales o en el acceso a puestos de trabajo, y el presidente de la Fundación Weber ha hablado también de que el 74% de las personas obesas padece problemas de reducción de la movilidad.

Hidalgo ha llamado la atención sobre el dato de que el 96 por ciento sufre un impacto emocional negativo que se refleja en ansiedad y depresión, y por lo tanto afecta a su salud mental.

“El viaje de Yaiza nos muestra el coste de la inacción si no intervenimos a tiempo”, ha continuado el economista, quien ha señalado que “la buena noticia” es que tratar la obesidad es la inversión pública más rentable y, si se logra reducir entre un 5 y un 10%, habría un ahorro estimado en 786 euros.

Y en total el ahorro estimado sería de 61 millones de euros, por lo que invertir en obesidad no es un gasto, es “sostenibilidad para el Sistema Canario de la Salud”, ha añadido Hidalgo, quien ha pedido también reflexionar sobre si las políticas en este ámbito tienen en cuenta los diferenciales socioeconómicos.

Y ello porque hay tratamientos eficaces contra la obesidad que no están financiados por la sanidad pública, por lo que al final se está ampliando la brecha entre los determinantes socioeconómicos y el sobrepeso.

Ha opinado asimismo que muchos sanitarios no ven la obesidad como un problema de salud y no le prestan la atención que deberían, por lo que ha considerado fundamental un abordaje desde el punto de vista de la formación, la comunicación y la continuidad asistencial con énfasis en la atención primaria, o de lo contrario, ha dicho, será muy difícil cambiar la situación.

“Lo que sí hemos visto es que si invertimos dinero en prevenir, comunicar y tratar la obesidad hay un retorno claro para el paciente, el sistema y la sociedad”, ha indicado Hidalgo, para quien probablemente por la magnitud del problema “no podamos abordar todo de golpe, pero sí por partes” al identificar a los pacientes y proporcionarles la asistencia adecuada. 

La mesa de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre las compras de material sanitario durante la pandemia ha acordado este lunes aprobar de forma preliminar el dictamen elaborado en la fase de ponencia y abrir un plazo de cinco días para emitir votos particulares.

Cabe recordar que el pasado mes de abril el Tribunal de Cuentas dio carpetazo definitivo a la investigación por responsabilidad contable del caso, concretamente del expediente por el que el Servicio Canario de Salud (SCS) pagó cuatro millones de euros por adelantado a la empresa de compraventa de coches RR7 United a cambio de un millón de mascarillas que nunca se entregaron.

El actual texto ya incluye las enmiendas presentadas por CC y PP -únicos grupos que realizaron aportaciones- y ahora se remitirá al pleno del Parlamento para su debate y aprobación definitiva, ha detallado a los medios de comunicación el presidente de la comisión, el portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI).

Acosta ha indicado que el dictamen sigue siendo “secreto” hasta su aprobación en el Pleno y ha insistido en que “se guardarán todas las cautelas” por parte de la Cámara para que no sea divulgado -de hecho, el PP tenía previsto ofrecer este lunes una rueda de prensa que se ha desconvocado por consejo de los servicios jurídicos-.

El diputado herreño cree que es “factible” que el dictamen se pueda debatir en el último pleno antes del parón veraniego en la cuarta semana del mes de julio aunque es una decisión que queda en manos de la Junta de Portavoces de la Cámara.

La comisión se creó a iniciativa de CC, PP y Vox con el objetivo inicial de esclarecer un contrato de cuatro millones de euros suscrito con la empresa RR7 United por un millón de mascarillas que no fueron entregadas y posteriormente se añadieron otros como los de Soluciones de Gestión, empresa vinculada al 'caso Koldo'.

Los trabajos se iniciaron en marzo de 2024 y han contado con hasta cuatro prórrogas y por la sede de la Cámara regional ha pasado en torno a medio centenar de comparecientes, entre ellos el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, el exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, el empresario Víctor de Aldama o el exministro José Luis Ábalos.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado una iniciativa en la que se reclama al Gobierno de España la corrección de las dificultades técnicas que obstaculizan a los extranjeros con vínculo familiar directo con españoles la aplicación de su derecho al descuento de residentes en los viajes.

El diputado de CC, Miguel Yonathan Martín Fumero, ha dicho en el pleno que estos familiares extranjeros de ciudadanos españoles con autorización de residencia en las islas tienen reconocido el derecho al descuento, pero un problema técnico por la falta de adaptación de los sistemas de verificación telemática los deja fuera de este beneficio.

Los sistemas de verificación reconocen como requisito habilitante la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) asociada al régimen de familiar de ciudadano de la Unión Europea, pero no incorporan las nuevas autorizaciones previstas en la reforma de 2024, lo que está provocando denegaciones del descuento.

Para corregir esta situación, el Parlamento de Canarias insta al Ejecutivo central a clarificar expresamente el derecho de estos familiares a la bonificación en las mismas condiciones que el resto de beneficiarios, siempre que cumplan los requisitos generales de residencia y acreditación.

También reclama la adaptación urgente de los sistemas informáticos de verificación para evitar incidencias en la aplicación del descuento, así como la emisión de instrucciones interpretativas y de coordinación que garanticen criterios homogéneos en todo el territorio nacional.

A propuesta del PP, se ha incluido en la proposición no de ley que se garantice la verificación analógica en caso de que falle el mecanismo informático.

Todos los grupos votaron a favor de la iniciativa excepto Vox, que se opuso al entender que el descuento por residencia debería aplicarse solamente a los ciudadanos con nacionalidad española. 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha destacado este miércoles en el pleno del Parlamento que su Gobierno (CC y PP) “ha hecho su tarea” y por eso la Comunidad Autónoma está liderando en España el aumento de los salarios y de la productividad, así como las mejoras en la dependencia, pero ha añadido que no es suficiente y por eso es necesario, según él, que el Ejecutivo de España apruebe el denominado “decreto Canarias”. La oposión, en respuesta, le ha recordado que los índices de pobreza y exclusión siguen subiendo y son los más elevados del país, mientras el Gobierno de CC-PP es incapaz de gestionar los fondos disponibles.

Hay que señalar que, pese a lo señalado por Clavijo, los salarios en las islas son los segundos más bajos del país, y que los costes laborales son los más baratos. Por otro lado, el llamado decreto Canarias es un conjunto de medidas que el Gobierno canario alumbró a mitad de legislatura (con la intención de que el Gobierno central lo aprobase) asegurando que formaba parte del pacto de investidura de Pedro Sánchez. Eso quedó desacreditado, ya que el PSOE demostró que casi todas las medidas eran nuevas y no estaban incluidas en la llamada Agenda Canaria, que sí se pactó en 2023. El decreto propuesto, llamado por la oposición Decreto Clavijo, incluye medidas tales como exigir al Estado que se ocupe de financiar cuestiones como el despliegue de la Policía Canaria, la sanidad, la educación, la vivienda, la protección social y los sueldos de la clase trabajadora. Por ello, la oposición acusó a Clavijo en diversas ocasiones de preparar este decreto para intentar devolver competencias al Estado, desentendiéndose de cuestiones sobre las que las es el Gobierno regional el competente, como la vivienda o la sanidad.

Este miércoles, Clavijo ha vuelto insistir en la importancia de dicho decreto, que pide más financiación al Estado, mientras el Gobierno canario ha dejado sin ejecutar más de 3.300 millones de euros desde 2023, con 250 millones de fondos europeos que hay que devolver por no haberles dado uso y con la mayor recaudación vía IGIC de la historia. “No renunciamos” a la negociación del decreto Canarias, pese a que permanece “bloqueado” por el Gobierno de España, ha dicho Clavijo en relación con las 35 medidas que pide su Ejecutivo central para “mejorar las condiciones de vida de la población”, un asunto por el que le han preguntado en la sesión de control el PSOE, CC, PP y NC.

Clavijo ha sostenido que Canarias registra “los mejores datos de su historia en desempleo, vulnerabilidad y exclusión social” y lidera la subida de los salarios, la productividad y la mejora en dependencia en España. Pero ha admitido también que los datos de pobreza y desigualdad son preocupantes, que los avances son insuficientes y que los problemas estructurales no se van a solucionar de un día para otro (hay que recordar que Coalición Canaria ha gobernado Canarias durante más de 30 años).

Según Clavijo, de ahí la importancia de que se apruebe el decreto Canarias, con medidas como la deflactación del tramo estatal del IRPF, la exoneración de cuotas sociales a las empresas que aumenten los salarios por encima de convenio o las rebajas en el IRPF en islas no capitalinas, ha defendido Clavijo, quien ha pedido a PSOE y NC que apoyen esas medidas.

Pobreza, exclusión y 30 años de CC en el Gobierno

El portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, ha culpado a Clavijo y a los gobiernos de CC en los últimos 30 años de la persistencia de altas tasas de pobreza y exclusión social en el archipiélago, a pesar de que la comunidad lidera el crecimiento económico nacional y registra cifras históricas tanto en presupuestos públicos como en beneficios turísticos.

Franquis denunció que, pese a que el Gobierno de Canarias cuenta con el mayor presupuesto de la historia, la ciudadanía percibe un progresivo deterioro en los servicios esenciales en sanidad, educación y servicios sociales, por lo que demandó decisiones políticas enfocadas en defender a la “mayoría social”.

Sin embargo, David Toledo, de CC, respaldó a Clavijo (jefe de su partido) y demandó que el Gobierno de España responda a las demandas incluidas en el denominado decreto Canarias, porque son, según él, indispensables para paliar las dificultades económicas que atraviesan las familias pese a los buenos datos de empleo.

La portavoz del PP (socio de CC en el Gobierno), Luz Reverón, coincidió con el presidente en que “Canarias ha hecho sus deberes”, pero el que no ha cumplido con el decreto Canarias es el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien reclamó que asuma sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción y convoque elecciones.

Se agrava la exclusión social

En su turno, el portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, vinculó las políticas fiscales y económicas del Ejecutivo de Fernando Clavijo, “beneficiosas para la minoría de los más ricos de las islas”, con el agravamiento de la exclusión social. El diputado denunció “la otra cara” de la realidad de Canarias, la que bate récords de turistas, crecimiento económico y Producto Interior Bruto (PIB) mientras continúa liderando las tasas de pobreza y vulnerabilidad social.

Luis Campos cuestionó al presidente sobre las medidas que piensa adoptar para revertir que el Archipiélago se mantenga como la comunidad con mayor tasa de exclusión social del Estado, según el último informe de Cáritas.

El portavoz de NC-BC, tras denunciar que “Canarias no va bien”, leyó textualmente parte de las declaraciones realizadas por el director de Cáritas en Canarias, Gonzalo Marrero, cuando dijo que “los informes económicos reflejan mejores resultados, pero los datos en 2025 constatan el incremento de la exclusión social y el impacto del reparto desigual de la riqueza que deja atrás a muchas personas, especialmente a las más vulnerables”.

Luis Campos calificó de “paradójica” la situación que vive el Archipiélago al considerar que el crecimiento económico y los récords turísticos no se traducen en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Recordó que Canarias podría alcanzar este año los 19 millones de turistas y nuevas cifras máximas de crecimiento económico y del Producto Interior Bruto.

Sin embargo, hizo hincapié en que el informe de Cáritas revela una realidad que “no es razonable” ya que la entidad atendió en 2025 a un 2% más de hogares en situación de vulnerabilidad que el año anterior. También alertó del aumento de las personas sin hogar, que según los datos expuestos superan ya las 1.604 en Canarias tras incrementarse en 33 durante el último año.

“Estamos asistiendo a un incremento de la desigualdad”, denunció el parlamentario de Nueva Canarias, quien responsabilizó parcialmente al Ejecutivo de Clavijo por la adopción de determinadas decisiones políticas.

Entre ellas, la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones para los patrimonios más elevados de las islas nada más llegar al Gobierno en julio de 2023. También, detalló Campos, la falta de ejecución de más de 3.300 millones de euros en los últimos tres años presupuestarios, la devolución de los fondos europeos por la incapacidad de CC y el PP de gestionar en plazo y tener que aplicar recortes en el gasto público de más de 1.000 millones de euros, a partir de este año, por el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 y 2025. 

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Pérez del Pino, ha denunciado este martes en el pleno de la Cámara regional el “fracaso político” del Gobierno de Canarias en la gestión del servicio público de donación de sangre y hemoderivados, durante una interpelación dirigida a la consejera de Sanidad, Esther Monzón.

Pérez del Pino alertó del progresivo deterioro de los indicadores de donación en Canarias desde la llegada de este Gobierno, y denunció que las donaciones de sangre han descendido un 8,5% entre 2022 y 2025, pasando de 65.941 a 59.106 bolsas, mientras que el índice de donación por cada mil habitantes ha caído de 29,16 a 27,2.

En este sentido, aseguró que esta reducción ha tenido consecuencias directas sobre la capacidad asistencial del sistema sanitario, con reservas de sangre situadas de forma recurrente en niveles críticos y la necesidad de cancelar y reprogramar más de 180 intervenciones quirúrgicas entre 2024 y 2025 por falta de existencias.

Además, analizó los últimos datos oficiales consolidados del Sistema Nacional para la Seguridad Transfusional correspondientes a Canarias en 2024, destacando que solo el 23% de la sangre donada se destina a transfusiones, mientras que el 77% restante, del cual un 56% es plasma sanguíneo, se utiliza para la elaboración de medicamentos hemoderivados esenciales.

El portavoz de Sanidad recordó que Canarias únicamente produce alrededor del 35% de los hemoderivados que necesita y depende en un 65% de hemoderivados importados para cubrir la demanda asistencial. En este sentido, señaló que el Servicio Canario de la Salud destina cerca de 15 millones de euros al procesamiento del plasma y otros 29 millones adicionales a la adquisición de hemoderivados que nos faltan, procedentes del exterior.

Para el diputado socialista, la situación se agrava por los problemas de conservación y almacenamiento detectados en las cámaras frigoríficas de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia. Según denunció, se han desechado alrededor de 3.500 bolsas de plasma, equivalentes a unos 1.050 litros, por la incapacidad de mantener las condiciones de calidad exigidas en las cámaras frigoríficas. “Han tirado por el retrete la voluntad y la sangre de los donantes, así como 5,5 millones de euros adicionales para comprar de nuevo todo el plasma desechado, porque no han sido capaces de mantener las infraestructuras como tienen que hacer”.

Un tercio de la producción anual del plasma, perdido por fallos en las infraestructuras

“Estamos hablando de aproximadamente un tercio de la producción anual de plasma perdido por fallos en las infraestructuras, en las cámaras frigoríficas. Esto supone una pérdida cercana a los 5,5 millones de euros al año, que podrían destinarse a reforzar otras necesidades sanitarias de Canarias”, señaló.

Pérez del Pino recordó además que el Grupo Socialista presentó durante la tramitación de los Presupuestos de Canarias para 2026 una enmienda para destinar una primera inversión plurianual de cuatro millones de euros a la renovación de las instalaciones de almacenamiento y gestión de sangre y hemoderivados en ambas provincias, que fue rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno.

El diputado socialista criticó también que el Ejecutivo alegue falta de recursos para rechazar iniciativas relacionadas con enfermedades raras, COVID persistente, cribados oncológicos o refuerzos de personal sanitario, mientras permite pérdidas millonarias derivadas de una deficiente gestión de las infraestructuras.

Asimismo, reprochó a la consejera que evitara responder a las preguntas planteadas sobre el estado de las instalaciones, el conocimiento de los problemas de conservación del plasma y las medidas previstas para corregir esta situación.

Para Pérez del Pino, la gestión sanitaria del actual Gobierno refleja una preocupante falta de planificación y capacidad de gestión. “Nunca la sanidad canaria contó con tantos recursos económicos y nunca estuvo tan deficientemente gestionada”, afirmó.

También exigió transparencia y responsabilidades ante una situación que, a su juicio, compromete la autosuficiencia de Canarias en materia de hemoderivados y pone en riesgo la calidad del servicio público. “La ciudadanía canaria y, especialmente, los miles de donantes que contribuyen solidariamente cada día merecen explicaciones claras y soluciones inmediatas”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, responde ante el pleno del Parlamento autonómico a cuestiones sobre medidas fiscales para las familias y la tasa de exclusión social, entre otras.

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez (PP), ha vuelto a confrontar en el Parlamento de Canarias con el grupo Vox y le ha recriminado su postura respecto a las políticas de igualdad en el ámbito educativo y le ha preguntado si lo que quiere es volver a que haya hojas de parra en los genitales que aparecen en libros.

“Mientras yo sea consejero, la igualdad, la defensa de la mujer y el respeto en los centros educativos de Canarias no se toca”, ha manifestado Suárez durante su segunda intervención, que ha dirigido en su totalidad a Vox porque, según ha manifestado, “se le hace duro seguir con el guion previsto” tras las manifestaciones hechas por ese partido.

Suárez ha reivindicado los programas de igualdad y educación afectivo-sexual de su departamento y ha señalado la importancia de garantizar a las mujeres y a las personas LGTBI seguridad, protección y formación, así como herramientas para que las niñas y jóvenes sepan identificar la violencia de género y los niños y adolescentes no ejerzan violencia.

“No podemos tener una venda en los ojos para ocultar las realidades. Y por eso es importante la figura del coordinador de igualdad en todos los centros educativos de Canarias. No vamos a dar ni un paso atrás porque en los centros educativos se acabó el miedo”, ha señalado.

El consejero, visiblemente emocionado, ha dicho que el discurso de Paula Jover (Vox), tras “varios” intentos de la diputada, “le ha roto”, y le ha espetado que “afortunadamente” no ha tenido que escucharlos sobre ella o “pasar por ahí”.

“Qué pena que aquí todavía estemos hablando de políticas del pasado”, ha concluido Suárez, quien ha recibido el aplauso de la totalidad del hemiciclo salvo de los tres diputados de Vox.

Durante su intervención, la diputada de Vox Paula Jover había recriminado al consejero de Educación de “microadoctrinamientos en ideología de género” en las aulas canarias y de atacar a las familias, así como de promover cuentos y libros donde los menores aparecen desnudos o donde se “incentiva a masturbarse”.

“Ha dejado de celebrarse el día del padre para celebrarse Halloween y el 8M y a quienes no llevan una prenda lila hay profesores que acusan a los padres de pedófilos y pederastas”, ha dicho Jover, que ha añadido que en los colegios de las islas se “borra a los hombres” porque se ha dejado de leer a figuras masculinas para leer a mujeres, según ella.

Contra ese discurso también se ha pronunciado Carmen Hernández, de Nueva Canarias, que ha acusado a Vox de tener una visión ultracatólica de la educación afectivo-sexual mientras que del PSOE, Elena Máñez ha empatizado “con las caras” que ponía Suárez durante el discurso de Jover pero le ha recordado al consejero del PP que su partido gobierna con ellos y acepta ese tipo de planteamientos en varias comunidades autónomas, así como en varios municipios canarios. 

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha dicho este martes que se empiezan a ver resultados “muy positivos” en la aplicación del plan de choque de las Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) 2024-2026, a lo que que el diputado del PSOE Miguel Ángel Pérez del Pino le ha afeado que en la gestión hay “parches” y “desorden”, y la ha acusado de soltar “mentira tras mentira”. De hecho, un informe reciente de la Diputación del Común instaba a la realización de una auditoría independiente en las Urgencias del HUC, mientras que los médicos de este servicio han seguido protestando este mismo mes por las condiciones en las que se ven obligados a trabajar. Además, hay una huelga de médicos activa en toda Canarias.

En la sesión de control del pleno del Parlamento este martes, Monzón ha comentado que se está acometiendo una reforma “integral” el servicio de Urgencias basado en organización, gestión, recursos humanos e infraestructura y ha cuestionado al PSOE que no hizo “absolutamente nada” en la pasada legislatura, cuando las camas se agolpaban en los pasillos, obviando que hubo que lidiar con una pandemia.

Ante esa “situación catastrófica”, ha señalado Monzón, el Gobierno actual ha puesto en marcha un plan de acción para solucionar estos “problemas lastrados” y que se inició con la creación de un área de urgencias psiquiátricas, diferenciada de las urgencias generales, obras en el área de admisión y de atención de ayuda al usuario y puesta en marcha de una unidad de corta estancia que cuenta ya con 22 camas y otra de pacientes de alta complejidad.

Ha comentado también el “impulso continuado” de la hospitalización a domicilio, que cuenta ya con 32 camas, y la preparación de la licitación para las nuevas áreas de pediatría, urgencia, traumatología y reanimación.

En cuanto a los recursos humanos ha señalado que la plantilla del servicio de Urgencias se ha incrementado un 22% desde 2024 lo que hace que en cada jornada de guardia haya un total de 67 médicos. Cabe recordar que, tal y como informó recientemente este periódico, 40 de ellos carecen de especialidad reconocida, incluyendo a toda su dirección.

“Vieron pasar todos estos problemas, y eso sí que es falta de gestión. Nosotros gestionamos y por eso usted lo critica”, ha espetado Monzón a Pérez del Pino, al tiempo que ha resaltado que el HUC ha quedado en el puesto 33, de un total de 100, en el Monitor de Reputación Sanitaria.

Hay que recordar que el actual Gobierno de Canarias colocó al frente del HUC a un estibador portuario sin ninguna formación sanitaria, Adasat Goya, quien fue denunciado ante Sanidad por la Diputación del Común tras obstaculizar una inspección de este organismo a las Urgencias del Hospital. Ante la falta de respuesta de Sanidad, la Diputación se propuso llevar la denuncia a la Fiscalía y el día en que iba a presentarla, el Gobierno canario cesó a Goya del puesto en el HUC, pero poco después lo ascendió situándolo al frente del Servicio Canario de la Salud. Él es quien, junto a Monzón, dirige ahora la sanidad canaria.

“Mentira tras mentira”

Pérez del Pino ha comentado que la consejera “está más perdida que Wally” pues todo lo que ocurre en la sanidad canaria se debe a su “incapacidad política, permanente improvisación” y su “maldita manía de intentar esconder bajo un falso perfil de esfuerzo todos los desastres”.

Ha censurado que “no se planifica con criterios serios, con rigor y con seriedad” al tiempo que se gobierna con “mentira tras mentira” pues tanto CC como PP “han actuado de espaldas a los profesionales, sin escuchar a los que conocen realmente el funcionamiento de los servicios y sin construir acuerdos estables con los agentes sociales”.

Ha acusado a la consejera de estar “tapando la verdad” de lo que pasa en el Servicio Canario de Salud en los últimos tres años, con una “preocupante incapacidad” para anticiparse a los “verdaderos problemas” que tiene la sanidad canaria en hospitales y centros de salud.

A su juicio, el resumen de gestión de Monzón es “más presión asistencial, más listas de espera, más sobrecargas en urgencias, más precariedad laboral, peor atención a los pacientes canarios y más frustración de los trabajadores”.

Pérez del Pino ha sealado que “el problema de Canarias nunca ha sido ni la ministra, ni el Estatuto Marco” sino su “falta de voluntad” y liderazgo y la escasa capacidad de resolución y gestión de los problemas de la sanidad canaria.

Asimismo ha dicho que mientras el Gobierno canario “debilita intencionalmente la sanidad pública”, los conciertos sanitarios privados han crecido un 54,4% en los dos útimos años hasta alcanzar los 346 millones de euros en el año 2025.

“Ustedes destrozan todo lo que tocan”, ha destacado, al tiempo que ha instado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a asumir en “primera persona” la negociación con los sindicatos para acabar con la huelga médica autonómica.