Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, AHI y ASG) han aprobado este jueves el dictamen de la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad de profesorado con las críticas de la oposición, que teme una oportunidad perdida que puede generar frustración y cuestiona su legitimidad en época preelectoral.

La norma, que lleva tramitándose el último año, no contenta a asociaciones de madres y padres, mientras que los sindicatos, que en general la respaldan, han preparado enmiendas para mejorar el texto.

El dictamen pasará ahora al próximo pleno del Parlamento de Canarias para su debate y votación, y los grupos que quieran presentar un voto particular tienen de plazo hasta el próximo lunes para efectuar sus propuestas en este sentido.

Durante el debate del dictamen en la comisión de Educación en el Parlamento de Canarias el diputado del grupo Socialista Marcos Hernández ha criticado la forma “nada operativa y poco estética” de legislar “sobre lo ya legislado”, pues a su juicio la autoridad del profesorado ya viene regulada en la legislación estatal y autonómica.

“Al final esto es una puesta en escena que, no nos llevemos a engaño, no funciona así” si no se llena de contenido a la norma y por lo tanto puede quedar “en una oportunidad perdida” que la Consejería de Educación intentará “vender como un éxito sin ir a los problemas reales”, ha añadido Hernández.

Y “¿cómo vamos a llenar de contenido una norma si luego no ponemos los medios?”, ha cuestionado el diputado socialista, para quien el proyecto adolece de aspectos fundamentales en cuestiones como la recuperación del poder adquisitivo, el reconocimiento económico a las tutorías y revertir el recorte de las pagas extraordinarias con lo que, en suma, se puede generar “más frustración que certeza”.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha pedido a los grupos que apoyan al Gobierno que respalden sus enmiendas, puesto que surgen de los comparecientes a la comisión y proponen mecanismos “reales y efectivos” en este ámbito.

Hernández ha confiado en que sea una ley “de todo el Parlamento de Canarias y no sólo de CC, PP, gomeros y herreños” y ha expresado su convicción de que no sabe hasta qué punto hay legitimidad en aprobar una norma “de cinco meses de vida”, antes de las próximas elecciones autonómicas, “si no hay consenso”.

Para Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, el texto avanza en la dirección de aplicar medidas concretas y entender la convivencia como una responsabilidad compartida, con el desarrollo de un “escudo preventivo” para una norma necesaria que, ha recordado, surge por la reclamación de la comunidad educativa “y no ha sido un invento de un grupo parlamentario”.

Sonsoles Martín, del grupo Popular, ha objetado el discurso del “vaso medio vacío” de la oposición y ha precisado que el consenso significa modificar entre todos, no oponerse cuando “no se aprueba lo mío”.

Martín ha advertido de que en la comisión “se ha dejado caer algo peligroso” en cuanto a que si es legítimo aprobar ahora una ley, pues ha recordado que en Canarias no hay actualmente un periodo preelectoral y, por el contrario, se ha preguntado “si acaso es legítimo aprobar un Decreto en una Diputación Permanente que ha sido rechazado por el Congreso”.

Para el diputado del grupo Nacionalista Jonathan Martín la autoridad del profesorado y la convivencia escolar “deben reforzarse mutuamente para construir centros educativos más seguros, inclusivos y respetuosos”, y ha precisado que defender la autoridad del profesorado no significa defender una escuela más dura, sino trabajar porque sea más justa, segura y respetuosa.

Asimismo, ha explicado que el grupo Nacionalista rechazó parte de las enmiendas del PSOE y Nueva Canarias por considerar que sus contenidos deben abordarse en otras normas educativas, documentos en trámite o mediante el desarrollo reglamentario de la ley, y ha manifestado su oposición a la propuesta de Vox de eliminar la figura del coordinador de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

Por su parte la diputada no adscrita Marta Gómez ha considerado que la ley es “muy necesaria” porque va a dotar al profesorado de protección jurídica, apoyo psicológico y protocolos de actuación en caso de conflicto y lograr el objetivo de que las aulas sean un entorno seguro para docentes y alumnado. 

Opinión del Consejo Escolar y los sindicatos

El Consejo Escolar elaboró ya el pasado mes de abril un informe con conclusiones sobre este proyecto señalando que para que esta ley sea realmente efectiva “debe concretarse en un plan de acciones para que constituyan una herramienta útil y eficaz que mejore el clima de convivencia y el bienestar integral del profesorado”. Asimismo, reiteró la necesidad de garantizar una adecuada financiación del sistema educativo, ya que hoy día se sigue sin llegar el 5% del PIB para esta área.

El Consejo consideró que la ley aún carece de de propuestas en materia de recursos en los centros educativos y que el prestigio del profesorado se protege “asegurando unas condiciones laborales dignas que incluyan una disminución de las ratios, infraestructuras seguras, accesibles y en buen estado, una formación de calidad y una estabilidad laboral, entre otras acciones orientadas a asegurar sus derechos como trabajadores y trabajadoras”. 

Mientras tanto, los sindicatos han preparado enmiendas pidiendo, entre otras cuestiones, acciones concretas y un aumento de la financiación.

Por último, las familias, a través de las Federaciones de Ampas de Gran Canaria y Fuerteventura (Fapa Galdós y Fimapa), y la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, consideran que el concepto de autoridad docente enfocado a la gestión de la convivencia debe incluir garantías para toda la comunidad educativa y solicitan que el debate parlamentario se enriquezca incorporando también la experiencia de educadores sociales, trabajadores sociales y otros profesionales de la intervención socioeducativa, que trabajan directamente en la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de La Palma también criticó la presunción de veracidad. “Si la palabra del docente es la única que vale, ¿qué función tiene la comisión de convivencia?”, se cuestionó. 

 El discurso de Vox sobre inmigración y sanidad pública ha vuelto a generar un duro enfrentamiento político en el Parlamento de Canarias. La proposición no de ley presentada por el diputado Nicasio Galván, que relacionaba la llegada de migrantes con la saturación de los servicios sanitarios, fue rechazada por la Cámara en una sesión marcada por las acusaciones cruzadas, las críticas al discurso xenófobo y una llamada al decoro de la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez.

La iniciativa recibió 46 votos en contra y 13 abstenciones, correspondientes al Partido Popular (PP). El debate adquirió un tono marcadamente preelectoral, con Vox arremetiendo contra el PSOE y el resto de los grupos parlamentarios cuestionando sus planteamientos sobre inmigración.

Vox carga contra el PSOE y recibe una llamada al decoro

Durante su intervención, Nicasio Galván preguntó a los diputados de Coalición Canaria (CC) que qué más hacía falta para que perdieran la confianza en estos señores, en referencia a los parlamentarios socialistas. El diputado de Vox repasó lo que calificó como “las maldades y mafiosidades” del PSOE e instó a los grupos que sostienen al Ejecutivo canario a “remar en la dirección correcta”.

El socialista Gustavo Matos pidió la palabra para exigir a Galván que respetara la memoria de históricos representantes del PSOE que pasaron por la Cámara regional, como Juan Carlos Alemán, María Dolores Palliser, Pedro González y Pedro Zerolo, despertando los aplausos de la Cámara.

Ante la continuidad de los ataques por parte de Vox, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, llamó a Galván a mantener el decoro parlamentario. En el intercambio posterior, Pérez aclaró que calificar a Vox de ultraderecha no constituye un insulto.

CC y Nueva Canarias rechazan el discurso migratorio de Vox

Las críticas a la formación de Santiago Abascal también llegaron desde Coalición Canaria y Nueva Canarias. Jana González (CC) rechazó entrar en una dinámica de confrontación basada, en sus palabras, en “el odio, la xenofobia y el racismo”, y aseguró que los diputados de Vox son “los campeones” en ese terreno.

González defendió que las prioridades de su formación “son los derechos humanos y la dignidad” y reprochó a Vox su planteamiento político.

Por su parte, Yoné Caraballo (NC) advirtió de que este tipo de discurso puede tener consecuencias electorales y lamentó que haya personas de origen sudamericano que puedan votar a Vox. También defendió la necesidad de impulsar un Frente Amplio entre las formaciones de izquierda para desplazar políticamente a la ultraderecha.

El PP reconoce la saturación sanitaria, pero se abstiene

El Partido Popular justificó su abstención al considerar que los problemas de la sanidad pública canaria deben abordarse sin asumir automáticamente todas las propuestas de Vox.

La diputada Rebeca Paniagua recordó que Canarias conoce de primera mano las dificultades derivadas de una crisis migratoria extraordinaria y la presión que soportan los servicios públicos. No obstante, sostuvo que reconocer la saturación sanitaria no implica respaldar todas las medidas incluidas en la iniciativa.

Paniagua pidió “no perder el foco” y responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación política y de los problemas denunciados por su formación.

El PSOE reivindica la aportación de la población migrante

La socialista Nira Fierro acusó a Vox de fomentar el odio entre la ciudadanía y de utilizar a las personas migrantes como “excusa para todo”, incluso en el debate sobre el deterioro de los servicios públicos.

Fierro defendió la contribución de la población migrante a la economía española y canaria, al producto interior bruto y al sostenimiento de las pensiones. “Tenemos que darles las gracias”, afirmó, al considerar que las personas migrantes son “parte fundamental de nuestro estado del bienestar”.

El Hierro reivindica la respuesta humanitaria ante la migración

El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, también rechazó la iniciativa y el discurso de Vox, pese a que El Hierro ha experimentado una importante presión sobre sus servicios sanitarios por la llegada de migrantes.

Acosta destacó la respuesta de la población de la isla, que, según afirmó, ha dado “un ejemplo de humanidad, empatía y generosidad”.

Por último, Jesús Ramos (ASG) lamentó que el debate parlamentario se desvíe hacia enfrentamientos ideológicos y reproches que, a su juicio, impiden abordar con rigor cuestiones de fondo como la presión sobre los servicios públicos.

La sesión volvió a evidenciar la distancia entre Vox y el resto de las fuerzas políticas canarias en materia migratoria, así como las dificultades para alcanzar acuerdos sobre cómo afrontar la presión asistencial sin convertir la inmigración en el centro de la confrontación política.

El pleno del Parlamento ha acordado este miércoles por unanimidad reforzar los medios humanos, materiales y tecnológicos que potencien la vigilancia aeronaval en Canarias, con la participación coordinada de Guardia Civil, Policía Nacional, medios militares y el Frontex, para hacer frente a las consecuencias de la migración irregular.

La iniciativa, que parte de una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por el Partido Popular, busca afrontar las consecuencias derivadas de la inmigración irregular a través de la ruta atlántica, y defiende retomar la operación Noble Centinela, ejecutada en 2006, en la lucha contra las mafias que trafican con migrantes.

En su intervención, Jacob Qadri (PP) ha recordado que Canarias “no sólo es frontera de España, sino también es la frontera sur de Europa”, por lo que “proteger esa frontera, garantizar la seguridad, salvar vidas humanas” son responsabilidades que, por lo tanto, le corresponderían al Estado y a Europa, a quien reclama “más actuación”.

“La respuesta no puede limitarse solo a actuar cuando un cayuco aparece frente a nuestras costas”, ha señalado Qadri, que ha recordado que si España “fue capaz de organizar una respuesta militar contundente, con medios nacionales y europeos ante una situación de crisis --en referencia a la Operación estatal 'Noble Centinela'-- ¿por qué el Gobierno de Pedro Sánchez ahora se niega a hacerlo con una situación que es igual o peor?”.

Seis medidas

El Partido Popular ha llevado a Pleno una PNL que comprende seis medidas, que finalmente han salido adelante, para reforzar la respuesta del Estado ante la inmigración irregular, entre ellas potenciar la vigilancia aeronaval con la participación coordinada de Guardia Civil, Policía Nacional, medios militares y el Frontex.

La segunda, ha continuado, plantea al Estado reforzar la cooperación con los países de origen y de tránsito, y tercera promueve la mejora de la identificación, atención humanitaria, acogida y mecanismos de traslado.

“Las personas que llegan a nuestras costas por supuesto deben recibir la atención que sigue la ley, pero esa responsabilidad no puede recaer en las islas. Nos hemos comido el problema de la inmigración solos, abandonados por los recursos del Estado”, ha puntualizado Qadri, que también ha solicitado disponer de instrumentos eficaces para agilizar las resoluciones retorno con garantías y una financiación “suficiente” en materia migratoria.

Por parte de Vox, que ha pedido la votación separada de los puntos 4 y 6, donde han mostrado su voto en contra -ya que instaban a la mejora de los recursos económicos y de acogida- Paula Jover ha considerado que si bien la PNL es “más necesaria que nunca, sigue siendo tibia, y en algunos casos ambigua, e incluso errónea”.

“Los canarios no quieren que se mejoren los dispositivos de acogida, como se plantea en la iniciativa, así como tampoco quieren que se movilicen más recursos para afrontar los costes de la inmigración ilegal. Queremos oír las palabras deportación, reemigración y también repatriación”, ha reclamado la diputada Jover.

Posiciones políticas

Desde ASG y CC también han mostrado su apoyo a una iniciativa que, según ha señalado Ramos Chinea (ASG), habla “de responsabilidades y competencias donde el Estado y Europa tienen un papel fundamental”. En ese mismo sentido también se ha pronunciado Jana María González (CC), que celebra una iniciativa que reclama “dignidad, humanidad en la migración recursos tan necesarios para poder atender de forma digna” a los que arriban a las costas.

Desde NC-BC, Carmen Hernández ha manifestado su sorpresa por “compartir” hoy una iniciativa de un PP que, a su vez, “cierra alianzas en diferentes comunidades con Vox”. Ha mostrado su apoyo a dar luz verde a una iniciativa que pide el refuerzo de la política migratoria, donde ha suscrito el “compromiso” necesario del Estado y Europa.

Las llegadas caen un 77%

El Partido Socialista, a través de la diputada Elena Máñez, ha defendido la acción del Ejecutivo central, que liderado por Pedro Sánchez (PSOE), “está trabajando” en la materia, ya que, actualmente “hay coordinación, presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los países de origen y, además, se aborda, en materia de inteligencia, la lucha contra las mafias”, una labor que sugió a raíz de la experiencia con Noble Centinela.

“Ha bajado un 77% la llegada de personas desde 2024. Entre enero y septiembre, llegaron 30.000 personas en 2024 y ahora mismo son 7.100. Un 77% menos de llegadas, y en eso tuvo que ver también con todo el despliegue promovido por el actual Gobierno central en África, así como también a través de las visitas a Mauritania, Gambia, Senegal, y la creación de la Alianza África Avanza”, ha añadido.

El Parlamento canario ha acordado por unanimidad reclamar al Estado el refuerzo de los medios humanos, materiales y tecnológicos destinados al control de las fronteras exteriores en Canarias, así como incrementar la cooperación con los países de origen y tránsito para prevenir las salidas irregulares y combatir las redes de tráfico de personas.

También ha acordado solicitar el refuerzo de los medios estatales destinados a la identificación, atención y traslado de las personas llegadas irregularmente a Canarias, además de reforzar los mecanismos de retorno de aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en España, de acuerdo con la legislación vigente.

Con el rechazo de Vox, la Cámara regional ha reclamado al Estado mejorar la capacidad de los dispositivos estatales de acogida y traslado, así como garantizar los recursos estatales suficientes para afrontar los costes extraordinarios derivados de la presión migratoria sobre Canarias.

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles con los votos de CC y el PP, la ausencia del portavoz del Grupo Mixto Raúl Acosta y la abstención de ASG tramitar la proposición de ley del Grupo Socialista que abogaba por compatibilizar la residencia con el uso turístico en el archipiélago, dando así una solución a los más de 70.000 residentes en zonas turísticas del archipiélago.

La norma, defendida por PSOE, NC-bc y Vox y que contaba con informe contrario del Gobierno regional, reconocía como compatibles los usos residenciales ya existentes en parcelas calificadas como turísticas o mixtas cuando así lo permita el planeamiento urbanístico, otorgándoles una situación legal de consolidación.

Igualmente, redefinía conceptos como establecimiento turístico de alojamiento y unidad alojativa para adaptar la normativa a la realidad de los complejos extrahoteleros de Canarias.

Esta propuesta venía a eliminar la imposición de multas a los propietarios de apartamentos ubicados en zonas que, años después de ser adquiridos por los propietarios, fueron declaradas turísticas. Los legítimos dueños de dichos apartamentos o bien residen en ellos o los usan como segundas residencias, y se negaban a cederlos a terceros para su explotación turística, motivo por el cual fueron sancionados por el Gobierno canario. Dichas viviendas tenían un uso residencial cuando fueron adquiridas, pero esto cambió, sin su consentimiento, con la Ley Turística canaria, que impuso el uso turístico.

En el debate de toma en consideración, Gustavo Santana (PSOE) se ha anticipado a los argumentos de los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias para recalcar que hoy “no se aprueba nada”, o que su iniciativa “no hay por donde cogerla” cuando la exposición de motivos recoge “extractos de sus propias normas... se critican a ustedes mismos”.

Ha cuestionado que la ordenanza que tramita el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana “no resuelve el problema” que existe en otras zonas donde conviven residentes y turistas como Valle Gran Rey, Puerto de la Cruz, Arona o Teguise.

Respecto al decreto “filtrado a los medios” en el que trabaja la Consejería de Turismo, ha asegurado que rezuma la “mentalidad feudalista del PP”, y ha preguntado a los diputados de CC si la comparten.

Santana ha insistido en que tomar en consideración esta iniciativa “solo es empezar a discutir” sobre “la única alternativa para generar consenso” entre todas las partes implicadas.

Socorro Beato (CC) ha admitido la “preocupación” por resolver el problema pero no ha obviado la “complejidad” de los edificios turísticos en Canarias, subrayando que no se puede legislar “ignorando” las consecuencias que pueden tener.

“No podemos dar seguridad jurídica a unos propietarios generando nuevas incertidumbres en otros”, ha destacado.

CC urge a Turismo a mover ficha

La diputada nacionalista ha instado al Gobierno a que intensifique los trabajos y presente “cuanto antes” una propuesta legislativa después de “tantos años de incertidumbre” si bien ha afeado también al PSOE que se presente como “mero espectador” cuando ha tenido responsabilidades de gobierno.

Ha comentado que, según ella, rechazar la tramitación de la nueva ley no supone “dar la espalda a los residentes ni cuestionar sus legítimas reivindicaciones” pero ha defendido una solución “más amplia, más rigurosa y capaz de entender a las distintas realidades que existen en los complejos turísticos de Canarias”.

David Morales (PP) ha criticado que el PSOE haya puesto “en la diana” a los afectados “y los ha sentenciado civil y constitucionalmente”, recordando que votó a favor del principio de sustitución del propietario.

Ha comentado que la ley es “cortoplacista” buscando rédito electoral a través de la “manipulación social” y frente a ello ha defendido “honestidad, transparencia y rigor técnico y jurídico” gracias a los “avances” normativos desarrollados por la Consejería de Turismo.

Entre ellos ha destacado que “se pone fin para siempre” al derecho a expropiación y a las inspecciones de oficio y se incluye “posibilidad de conversión de complejos del uso turístico al residencial, blindaje de la actividad regulada y ordenada del alquiler vacacional”.

Derechos supeditados a los intereses de los explotadores turísticos

Esther González (NC-bc) ha compartido la “angustia” de las personas que viven en zonas turísticas y ahora se “imponen condiciones” que no existían cuando compraron las viviendas.

“Es difícil entender cómo puede un Gobierno cambiar las reglas de esta manera y desahuciar a miles de propietarios de sus casas”, ha explicado.

Ha criticado que los derechos de las personas queden supeditados a los intereses de los granes operadores turísticos e indicado que las casas de canarios “no son habitaciones de hotel”.

“Sus propietarios no tienen por qué renunciar a sus derechos para que otros hagan negocios en ellos”, ha afirmado.

“El Gobierno no ha hecho nada”

Paula Jover (Vox) ha reprochado al Gobierno su “rechazo virulento” a las iniciativas tramitadas en el Parlamento para proteger a los 70.000 afectados mientras no se hace la “renovación” urbanística de las islas y ha coincidido con PSOE y NC-bc en criticar el incumplimiento electoral de Fernando Clavijo.

“El Gobierno de Canarias no ha hecho nada”, ha señalado, incidiendo en que CC ha cometido una “traición” a los afectados, al igual que el PP, que no ha defendido la propiedad privada y proyecta un “modelo” que “enfrenta a turistas con residentes”.

Jover ha dado por “agotada” la legislatura en turismo y vivienda y ha instado a los diputados a desmarcarse del poder ejecutivo y admitir la tramitación.

Jesús Ramos (ASG) ha pedido “intentar hasta el final” la elaboración de una ley que dé respuesta a los afectados con consenso porque están en un “sinvivir y con procesos de ansiedad”, y entiende que la propuesta del PSOE podría ser un “punto de partida” para empezar a trabajar. “Estamos abiertos al diálogo y al trabajo”, ha explicado.

Ha dicho que “no se puede alargar en el tiempo” la solución a la residencialización turística porque los propietarios “siguen en la misma situación” doce años después.

“Busquemos un diputado de cada uno de los grupos y sentémonos y redactemos una ley, ayudémonos de quien tengamos que ayudarnos y busquemos una solución a estas personas que están desesperadas y creo que no es justo que sigan así en el tiempo”, ha comentado

El Parlamento de Canarias prosigue su sesión plenaria con el debate de, entre otras cuestiones, sendas mociones sobre la aplicación del complemento de vivienda dentro de la ley de la renta canaria de ciudadanía y las listas de espera sanitarias. 

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, resaltó este martes, tras su viaje a Madrid para participar en los actos conmemorativos del Día de la Fiesta Nacional “el reconocimiento de una historia y una cultura comunes, así como de los lazos que, a ambos lados del Atlántico, siguen formando parte de una herencia compartida”.

Astrid Pérez destacó que se trata de una fecha que “constituye también una oportunidad para reafirmar el valor de la convivencia, el respeto y la unidad dentro de la diversidad que caracteriza a la sociedad española”. A su entender, “el sentimiento de España se demuestra acompañando a quienes, desde Canarias y Ceuta, viven cada día la realidad de nuestras fronteras”, afirmó Astrid Pérez.

La presidenta del Parlamento de Canarias asistió al desfile de las Fuerzas Armadas, uno de los principales actos de la jornada, para reconocer la vocación, el compromiso y la entrega de los hombres y mujeres que trabajan al servicio de España, tanto en la defensa nacional como en la protección de la seguridad de la ciudadanía.

Tras el desfile, Astrid Pérez participó en la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real.

Una representación de afectados de todas las islas de la Ley Turística canaria se desplazará este miércoles al Parlamento de Canarias para ser testigo en directo de la posible admisión a trámite de la proposición de ley propuesta por el PSOE.

Dicha propuesta, según la Plataforma, “trae la devolución de la seguridad jurídica y la confianza legítima a los ciudadanos pues respeta el título constitutivo y los derechos con los que adquirimos nuestras propiedades”. Se trata, añade, de “viviendas de personas a las que se les había despojado de sus derechos con la Ley 2/2013 y sobre todo con la reciente Ley de alquiler vacacional aprobada el pasado diciembre”.

La Plataforma carga contra dicha Ley de alquiler vacacional porque, supuestamente, defendía el derecho a la vivienda de los ciudadanos, pero que “en las áreas híbridas del litoral lo que ha hecho es usurparlas, provocando que el registrador de la propiedad cambie los asientos y la publicidad registral con la que compramos nuestras casas, lo que nos lleva a tener que entregar nuestras viviendas al uso turístico, es decir, la TURISTIFICACIÓN de nuestros hogares promovida por Normativas aprobadas por nuestros gobernantes que pretenden que nuestros complejos los rija la Ley Turística y no la Propiedad Horizontal con la que habíamos nacido”. 

La PALT pide que esta Proposición de Ley sea el comienzo de un proceso de consenso, no el final de un debate que “todavía necesita a toda la sociedad canaria”. 

Por esta razón, la PALT, ha dirigido a toda la Cámara una petición de admisión, al igual que un “numerosísimo” número de propietarios, que se han dirigido a los diputados este fin de semana. 

Admitir la PL significa, en opinión de la Plataforma, permitir que la iniciativa pueda debatirse, estudiarse y mejorarse durante su tramitación parlamentaria. “Significa abrir una puerta para que se incorporen propuestas, se corrijan deficiencias y se alcancen acuerdos que hoy todavía no existen”, indica. 

La organización añade que no debe actuar por “afinidad ni por rechazo” a un determinado partido político, y recuerda que su obligación es defender los derechos de los propietarios y valorar las iniciativas legislativas por su capacidad para contribuir a resolver los problemas que les afectan. 

“Llevamos años defendiendo que los apartamentos y bungalows adquiridos legítimamente por sus propietarios no pueden quedar sometidos a interpretaciones que desconozcan su naturaleza jurídica, las circunstancias de su adquisición o los derechos que les corresponden. Es imprescindible diferenciar los establecimientos turísticos de los complejos inmobiliarios sometidos al régimen de propiedad horizontal, así como distinguir entre quienes deciden voluntariamente desarrollar una actividad turística y quienes desean disfrutar de su propiedad como vivienda”, recalca la organización. 

La existencia de una actividad turística no debería servir, por sí sola, para convertir a todos los propietarios de un complejo en participantes obligatorios de esa actividad, ni para atribuir al explotador facultades sobre propiedades ajenas, subraya. 

“Necesitamos seguridad jurídica, respeto a los derechos adquiridos y una regulación que concilie la actividad turística con los derechos de quienes son propietarios de sus viviendas”. Por ello, añade, la futura ley no debe ser patrimonio de un solo partido, ya que una cuestión de esta “trascendencia” no debería resolverse exclusivamente desde las posiciones del Gobierno de turno, ni quedar condicionada por los intereses de una sola formación política.

Por ello, la PALT considera necesario que todos los grupos parlamentarios, tanto los que sostienen actualmente al Gobierno, como los que se encuentran en la oposición, tengan la oportunidad de participar en la elaboración de una norma consensuada. 

También deben escucharse las aportaciones de los propietarios afectados, los trabajadores, los empresarios, los profesionales, las administraciones locales y el conjunto de la sociedad canaria. Por eso, concluye, “sería razonable abrir la puerta a una iniciativa que puede servir para iniciar el debate que Canarias necesita”. 

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha proclamado este martes que el ejecutivo canario se ratifica en su rechazo al proyecto del puerto de Fonsalía, en Guía de Isora, pese a figurar en la estrategia de movilidad sostenible e inteligente.

A instancias de la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, el consejero ha subrayado en el pleno del Parlamento que la postura del Gobierno autonómico “sigue siendo la misma” que trasladó en 2020 y 2021, y es que está en contra de este proyecto.

Respecto a la incoherencia detectada por Nueva Canarias, que ha denunciado un intento de “resucitar a un muerto con nocturnidad y alevosía”, a través de la estrategia de movilidad sostenible e inteligente, ha explicado que aunque el Gobierno tenga “una alternativa preferente” ha de aportar todas las posibles aunque sea para “descartar” a la mayoría de estas.

Eso es precisamente lo que se hace en esta estrategia: estudiar todas las alternativas para mejorar la conectividad entre Tenerife y las llamadas islas verdes, y una de ellas es el puerto de Fonsalía porque “sigue en algunos documentos oficiales” como, por ejemplo, el Plan insular de Tenerife.

Con lo cual, ha abundado el consejero, “es normal que los redactores de la estrategia hayan cogido como una alternativa, aunque sea para descartarla, el puerto de Fonsalía”, y ha garantizado que cuando se apruebe en el Consejo de Gobierno no será la opción elegida.

Carmen Hernández (NC) ha celebrado la aclaración del consejero aunque ha considerado “ilógico” recoger esta alternativa, que supondría “un atentado medioambiental”, en la estrategia de movilidad.

La diputada de NC ha abogado por no impulsar “más muelles vacíos” sino adaptar las infraestructuras existentes, como “la obra faraónica” del puerto de Granadilla o mejorar los accesos por carretera al de Los Cristianos. 

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde en la sesión de control al Gobierno del Parlamento de Canarias a varias preguntas sobre una política de vivienda y las medidas para limitar la compra de inmuebles por parte de no residentes.

El fundador del Centro de la Familia, Raimundo Moreno, ha exigido este martes en el Parlamento de Canarias el desarrollo de un pacto por la infancia y contra la pobreza infantil a diez años que incluya, entre otras medidas, el aumento de la inversión, la creación de centros de día para mejorar la conciliación familiar e implantar una tasa turística de un euro cuyos fondos se inviertan en la atención a la infancia de las islas.

En una comparecencia ante la comisión de estudio sobre la pobreza infantil en el Parlamento de Canarias Moreno no ha obviado que hace falta “mucho dinero” para corregir el rumbo y cohesionar la aplicación de las políticas públicas, pues, en su opinión, están disgregadas.

“Hace mucho tiempo que tenemos muchas familias pobres y eso da lugar a que haya muchos niños pobres, y a eso se ha añadido el que nos han venido muchos niños sin familia que también son niños pobres, con lo cual ha aumentado exponencialmente la pobreza infantil. Esto es una realidad, entonces no podemos mirar a otro lado”, ha comentado.

Ha animado a la Cámara a “no poner paños calientes” y ser “radical” en la toma de medidas ya que, por ejemplo, la nueva ley canaria sobre la infancia y la familia no incluye “nada especial” y mantiene el “estigma” de la declaración de riesgo, un concepto que ya considera caduco. “Hay que cambiar el sistema, no se puede plantear siempre lo mismo”, ha explicado.

“Una pena” de colegios

Ha dicho también que los colegios en las islas son una “pena y una lástima” que “deprimen” solo con verlos y aboga por crear espacios más abiertos, más convivenciales y más en contacto con la naturaleza.

“La mayoría de los colegios son mamotretos de hormigón donde metemos a los niños en un rectángulo para que vean a un señor que les enseña cosas y así no se puede crecer en salud y así te deprimes”, ha señalado.

En esa línea ha afirmado que el horario escolar “no es el adecuado” y debería abrirse a turnos de mañana y tarde para que las familias puedan conciliar pues muchos menores pasan las tardes solos, con pantallas, y encima en un “casucho”.

Además ha pedido “cambiar” los planes educativos para “educar más en contacto con la naturaleza”, una modalidad que se ha ido perdiendo por el riesgo de incendios forestales y la práctica casi generalizada de que los campamentos se realizan en las mismas instalaciones de los centros educativos.

Ahí ha introducido la propuesta de los centros de día, vinculados a los ayuntamientos, para que los niños “puedan estudiar” y también complementar su jornada con actividades de ocio o de alimentación, con equipos profesionales y objetivos marcados.

“Hagamos prevención, si no, estaremos siempre poniendo remedios de bomberos y eso no arregla Canarias ni la pobreza”, ha afirmado, subrayando que tienen que ser centro “organizados, serios, no cualquier chiringuito”.

Buscar viviendas “debajo de las piedras”

En cuanto a la vivienda ha comentado que hacen falta “ya” con un plan de construcción y un comisionado especial de la vivienda que “busque viviendas debajo de las piedras” porque lo que se hace ahora es un “paño caliente”. “El problema no es una broma, el problema es que se nos va a caer encima y nos va a aplastar”, ha agregado.

Méndez ha alertado también del “silencioso veneno” que supone el consumo de drogas entre los jóvenes, al igual que el de las pantallas, y ha puesto como ejemplo el caso de la isla de El Hierro, donde están “alucinados” con el consumo de droga.

“La droga funciona como el que vende papas fritas”, ha indicado, por lo que ha pedido extremar los controles en los ferries.

Ha cargado también contra el alquiler vacacional, que ha sacado 42.000 viviendas del mercado residencial y para hacer frente al turismo que “desborda” las islas y exige “mejores” carreteras y servicios, ha propuesto una tasa turística de un euro por pernoctación que daría una recaudación anual de 180 millones de euros y que podrían reinvertirse en políticas de apoyo a las familias.

En el caso concreto de la inmigración ha apuntado que lo primero que hacen las familias al llegar a Canarias es “buscarse la vida” y los niños se quedan “solos en casa” y “llegan deprimidos, llegan con autolesiones, llegan con intentos de suicidio”.

“Están solos en casa todo el día porque sus padres están buscándose la vida para poderlos alimentar, para poder pagar el alquiler que han conseguido allí de mala manera y poder salir adelante. Entonces, todo esto tiene una solución. Dinero, conciliación y poner los remedios”, ha comentado.

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, ha denunciado en la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la pobreza infantil que la vivienda es el principal factor de vulnerabilidad y de cronificación de la pobreza en las islas, por lo que ha reclamado limitaciones al precio de unos alquileres inasumibles, que alcanzan 600 euros por habitación en municipios no capitalinos.

Cabe recordar que el Gobierno canario no ha aprobado ninguna medida para limitar los precios en las islas y que tampoco amplica la ley estatal de Vivienda, que sí abre esa posibilidad en las llamadas zonas tensionadas. De hecho, el Gobierno canario no ha reconocido aún ninguna zona tensionada en el archipiélago.

La construcción de vivienda pública es demasiado lenta y mientras tanto es necesario que el Gobierno de Canarias adopte medidas como declarar zonas tensionadas para limitar los precios y fomentar la rehabilitación, ha señalado Brito.

Sobre la regulación del alquiler vacacional, ha denunciado que la inspección recae en los ayuntamientos sin que se les aporte financiación.

También ha planteado limitar la compra de viviendas por extranjeros, aunque ha reconocido las dificultades competenciales y las derivadas del marco europeo.

Brito ha denunciado la frustración de los municipios con el Gobierno de Canarias porque no ha dotado económicamente el catálogo de servicios sociales, argumenta que “ha planteado modificarlo, pero tampoco ha acometido esa reforma”, y no ha actualizado desde 2002 el Plan Concertado con los ayuntamientos.

La presidenta de la Fecam también ha exigido la cobertura total del ciclo educativo de 0 a 3 años en todas las islas, ya que los ayuntamientos se ven obligados a asumir competencias impropias para mantener las escuelas infantiles.

Ha reprochado a Educación hablar solo de infraestructuras y ha rechazado atribuir al mantenimiento municipal los problemas de climatización, porque “no se puede mantener lo que no existe”.

La representante municipal se ha quejado además de que las partidas del Estado contra la pobreza, que suponen entre 7 y 9 millones de euros para los ayuntamientos, llegan a final de año y apenas sirven para cubrir los gastos estructurales y de personal en que han incurrido a lo largo del año, de modo que no permiten impulsar nuevas iniciativas.

María Concepción Brito ha advertido de que el estrés económico y habitacional está relacionado con un aumento de problemas de salud mental diagnosticados en menores de 18 años y ha exigido al Servicio Canario de la Salud que incorpore psicólogos en los centros de salud comarcales, ya que los recursos de apoyo que están poniendo los ayuntamientos son insuficientes.

Existe una creciente problemática en salud mental y adicciones en jóvenes que exige equipos de educadores de calle y el sinhogarismo recae sobre los recursos insulares por falta de financiación municipal, ha denunciado Brito.

Brito ha considerado que los diagnósticos ya están hechos y ha advertido de que dos salarios en un hogar ya no bastan para cubrir todos los gastos esenciales de una familia.

Los ayuntamientos, sobre todo los de menos de 10.000 habitantes, carecen de recursos para mantener equipos multidisciplinares, se tienen que limitar a trabajadores sociales sin apoyo de psicólogos o educadores y los fondos del Plan Concertado son insuficientes para ampliar plantillas, ha insistido.

También ha propuesto actuar sobre la sobrecarga emocional en profesionales de acción social, sometidos a un gran desgaste y bajas por estrés emocional por la dureza de los casos a los que atienden, mediante la creación de un servicio especializado de atención psicológica dependiente de Sanidad. 

La diputada socialista Nira Fierro ha asegurado este jueves que el administrador general de Radio Televición Canaria (RTVC), César Toledo, muestra “un desprecio inaceptable” al Parlamento regional, y, particularmente, a la oposición, a lo que este ha respondido que no hay en Canarias empresa “más transparente” y con rendición de cuentas que el ente público.

Ambos han expuesto sus diferencias este jueves en la comisión parlamentaria de control de RTVC después de que la diputada socialista haya preguntado al administrador general del ente si considera necesario el control parlamentario, y ha señalado que es “una desgracia democrática” el tener que plantear esta cuestión.

Nira Fierro ha argumentado que su pregunta nace “del desprecio inaceptable a este Parlamento, y particularmente a la oposición”, que a su juicio muestra Toledo desde su nombramiento como administrador general en noviembre del año pasado.

El problema, ha expuesto la diputada socialista, es que Toledo “no responde” a las preguntas que le efectúa, por lo que esta ha tenido “la santa paciencia” de buscar todas las cuestiones que le ha formulado y que, “salvo una o dos”, han quedado sin repuesta.

El colmo, expuso Fierro, fue cuando en una ocasión su pregunta era similar a otra formulada por una diputada “de su grupo parlamentario, el que le trajo hasta aquí”, en alusión a CC, y “a ella le contestó y a mí no”, ha proseguido Fierro, para indicar a Toledo que “usted está aquí para rendir cuentas a este Parlamento por muy elegido por Clavijo que sea usted”.

El administrador general de RTVC ha contestado que “por supuesto” considera necesario el control parlamentario “y es más, lo considero imprescindible” y sin él “no estaría sentado aquí ni estaría dispuesto a dirigir un ente público sin control”.

Ha añadido que en su caso, como administrador general, ese control es “reforzado” y debe dar cuenta de los contratos firmados, para añadir que ha intervenido en ocho comisiones parlamentarias desde su nombramiento, en las que ha tenido tres comparecencias y contestado a 32 preguntas.

Fierro ha replicado que sólo faltaba que no cumpliera con la ley y ha puntualizado que sólo le pide “que me responda en comisión parlamentaria”.

Toledo le ha indicado que escucha a Fierro “con mucha atención y paciencia porque es mi obligación y creo que le respondo siempre y desde el absoluto respeto, quizás lo que ocurre es que no respondo de forma iracunda, agresiva y sin descalificaciones personales”.

A su vez, en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Paula Jover, el administrador general de RTVC ha indicado que los servicios informativos conservan “su propia independencia de la dirección” y la cadena de decisión “es la de siempre y qué, cómo y cuándo se cuenta lo deciden los servicios informativos” sin ningún tipo de instrucción del Gobierno “que por supuesto, no se recibe”.

La crisis de la vivienda impacta de lleno en los niveles de pobreza infantil en Canarias, tal y como se desprende de los datos ofrecidos por Cáritas en la comisión sobre Pobreza Infantil celebrada este lunes en el Parlamento regional.

A través del proyecto Base 25, dirigido a prevenir el sinhogarismo y financiado por el Cabildo de Tenerife, Cáritas ha trabajado con familias en las que había 527 menores y que estaban en riesgo de perder su vivienda habitual.

Cáritas atendió también, mediante sus unidades móviles, a 73 menores en Tenerife y 41 en La Palma en situaciones de exclusión residencial extrema.

El secretario general de Cáritas Diocesana de Tenerife, Ricardo Iglesias, ha detallado que Cáritas atendió en la diócesis a 12.466 personas en 2025, entre ellas 2.250 menores.

Iglesias ha situado la vivienda como “el núcleo de desarrollo de la familia” y ha denunciado que los problemas habitacionales afectan a una de cada tres personas en Canarias.

Los problemas residenciales generan inseguridad, miedo y falta de rutinas y de espacios seguros para los menores, además que provocan situaciones de tensión familiar, problemas de salud mental y violencia.

El secretario general de Cáritas ha defendido que las respuestas económicas deben complementarse con acompañamiento social y ha puesto como ejemplo Base 25, donde trabajadoras sociales y abogadas intervienen con las familias para prevenir la pérdida de la vivienda, facilitar trámites, mediar con propietarios y, cuando es necesario, proporcionar apoyo económico.

Según el último informe de la fundación FOESSA, vinculada a Cáritas, el 22,8% de los hogares canarios con un menor de edad está en situación de exclusión, cifra que avanza hasta el 38,4% en los hogares con dos o más menores, al 42,3% en las familias monoparentales y al 46,1% entre los hogares de cinco o más miembros.

Ayudas públicas

Entre las propuestas planteadas, Iglesias ha defendido la necesidad de ordenar y simplificar los procedimientos de los servicios sociales para facilitar que las personas en situación de exclusión puedan acceder a las prestaciones.

Al respecto, ha destacado las dificultades relacionadas con el empadronamiento, que es una “puerta de acceso” a derechos y prestaciones pero que se ve dificultado por las condiciones y procedimientos utilizados por algunos ayuntamientos.

También ha denunciado que las familias que cambian continuamente de vivienda afrontan nuevas dificultades administrativas, sanitarias y sociales.

Iglesias ha alertado sobre la cronificación de la pobreza y ha señalado que, aunque prestaciones como el ingreso mínimo vital han mejorado la situación económica de muchas familias, no han resuelto el problema de la vivienda.

Según ha explicado, el informe de Fundación FOESSA refleja una evolución positiva en otros indicadores económicos, pero un empeoramiento del relacionado con los suministros y las necesidades de la vivienda.

Por ello, ha defendido ampliar el parque de vivienda pública en régimen de alquiler y facilitar su acceso mediante criterios de vulnerabilidad.

Cáritas ha reclamado además simplificar los procedimientos de acceso a las prestaciones y desarrollar la Ley de Servicios Sociales para que se cumpla el catálogo de servicios sociales, así como mejorar la coordinación entre administraciones y entidades sociales.

Iglesias ha defendido una financiación más estable para las entidades del tercer sector, al considerar que los retrasos en las convocatorias y las condiciones de las subvenciones pueden poner en riesgo la continuidad de algunos proyectos.

El tercer sector no debe ser considerado solo por la prestación de servicios, sino también por su capacidad para generar redes comunitarias que permitan la integración de las personas en situación de exclusión.

El representante de Cáritas ha reclamado que las políticas contra la pobreza incorporen a la sociedad civil y ha defendido procesos de acompañamiento prolongados para evitar que las personas salgan formalmente de un recurso sin disponer de una red social que permita mantener su inclusión. 

Un total de 28 bebés recién nacidos fueron entregados en guarda en agosto pasado en Canarias tras renunciar sus madres a su cuidado en el momento del nacimiento, una cifra que “nunca se había dado”, según ha informado este lunes la directora general autonómica de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez.

Rodríguez ha explicado ante la Comisión de Estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias que se trata de una situación que ha llamado especialmente la atención de la Dirección General, si bien ha señalado que ninguno tuvo que ingresar en un recurso de acogimiento residencial, ya que se pudo recurrir al banco de familias de acogida para todos los bebés.

Ha indicado además que algunas de las madres proceden del propio sistema de protección o presentan problemas de salud mental, una circunstancia que, ha dicho, lleva a revisar qué actuaciones se han realizado hasta ahora y qué debe corregirse para evitar que estas situaciones se reproduzcan.

La directora general ha señalado que el refuerzo del acogimiento familiar es una de las líneas prioritarias de la política de protección a la infancia y al respecto ha señalado que Canarias cuenta con 1.761 menores en situación de desamparo, de los que 995 están en acogimiento familiar, el 56,5% del total.

El objetivo es elevar este porcentaje hasta el 70%, aunque Rodríguez ha insistido en que la medida de protección debe decidirse atendiendo al interés superior de cada menor y su situación individual, por lo que el acogimiento residencial sigue siendo necesario en determinadas circunstancias.

En este sentido, ha explicado que se ha recuperado el control del banco de familias de acogida en familia ajena y se ha creado un banco de familias de urgencia, con el objetivo de evitar que los recién nacidos tengan que entrar en recursos residenciales, salvo situaciones excepcionales.

Rodríguez ha señalado que ampliar el acogimiento familiar requiere no solo captar familias, sino también ofrecerles acompañamiento, formación y apoyo económico.

La directora general ha explicado que en 2025 unos 39.230 menores recibieron atención por situaciones de riesgo en Canarias, de los que 10.500 fueron atendidos por el sistema de protección.

Ha defendido que la pobreza infantil está directamente relacionada con la vulnerabilidad de los hogares y ha reclamado un abordaje transversal que implique políticas de empleo, vivienda, educación, sanidad y renta, además de las actuaciones específicas de protección a la infancia.

La directora general ha defendido además la creación de una red específica de atención a la salud mental y las adicciones infantojuveniles ante el impacto que estas patologías están teniendo en el sistema de protección de menores y ha advertido de que algunas familias llegan a renunciar a la guarda de sus hijos por falta de recursos para atenderlos.

Sandra Rodríguez insistió en que es necesario crear plazas suficientes para tratar a menores con problemas de salud mental porque están afectando a la red de acogimiento y de atención a los menores en desprotección, al igual que se necesitan plazas suficientes para ser atendidos una vez que sean adultos.

La directora general ha asegurado que hay familias que “no pueden más”, que una plaza privada de salud mental en la Península puede alcanzar los 6.000 euros mensuales y que su departamento está asumiendo el coste de algunas de estas plazas.

Rodríguez ha informado además de que la Dirección General aporta anualmente siete millones de euros a los ayuntamientos para los equipos de atención a la infancia y las familias y estudia fórmulas jurídicas para que esta financiación pueda tener carácter plurianual.

En cuanto a la transición a la vida adulta, ha anunciado la puesta en marcha este año de 200 nuevas plazas para atender a los jóvenes, que se suman a las existentes mediante entidades colaboradoras y cabildos. 

El Parlamento de Canarias se ha convertido, gracias al Partido Popular, en la primera cámara autonómica en instar al Gobierno de Pedro Sánchez a que no elabore nunca más una lista de periodistas con señalamiento concreto de la ideología de cada uno de ellos y del medio en el que trabaja. Ya saben que una lista así, con esos datos, elaborada por una periodista del gabinete de prensa del Ministerio del Interior, fue filtrada hace algunas semanas de modo y manera que todo el mundo se enteró primero y se escandalizó después al constatar cómo operan todos los gabinetes de prensa, absolutamente todos, unos con más disimulo que otros, para que sus jefes y jefas conozcan a quiénes se enfrentan cuando acuden a platós de televisión, estudios de radio o entrevistas en prensa de cualquier tipo.

Pero aquella lista se convirtió de inmediato en una buena oportunidad para a) meterle un dedo en el ojo a Pedro Sánchez y otro a Grande-Marlaska, b) hacer un brindis por la libertad de expresión y el derecho a la información libre y de calidad y c) retratar a los que se opusieran u opusiesen a la iniciativa por su actitud contraria a algo tan elemental.

La proposición no de ley (PNL) de defensa del periodismo en el Parlamento de Canarias la defendió mi colega Rebeca Paniagua, del PP, que está haciendo un buen papel de modernización de esa formación política, en muchas ocasiones anclada en modales antiguos o con ganas de reeditarlos. Y cuando me mandó la iniciativa la publicamos, como publicamos a continuación la enmienda que planteó el PSOE, que reclamaba extender esa defensa de la libertad de expresión y el respeto a los periodistas a la plantilla de Radio Televisión Canaria, tan en manos de los vaivenes de los comisarios políticos, actualmente los de Coalición Canaria y el PP.

Se cabreó Rebeca Paniagua con esa enmienda del PSOE, que fue rechazada por la Cámara, por considerar que la gente de Nira Fierro lo que pretendía era tapar las vergüenzas del Gobierno en vez de defender lo que hay que defender. Así que sus señorías, las que estuvieron presentes en el salón de plenos (59), votaron todas a favor de la iniciativa del PP.

Repasando lo que se dijo en ese pleno por parte de todos los portavoces políticos, resulta muy llamativa la preocupación extrema de sus señorías por los periodistas que ejercen mayormente en la villa y corte, y su desprecio más absoluto por los que lo intentamos aquí.

Escuchar a Melody Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera decir que las instituciones “no necesitan conocer si un periodista es de izquierdas o de derechas, si es afín o crítico con un gobierno” ya que “una democracia fuerte necesita periodistas libres”, resulta bastante rechazable. Porque su jefe de filas, Casimiro Curbelo, dio órdenes de retirar cualquier tipo de campaña institucional del Cabildo de La Gomera en Canarias Ahora después de que publicáramos el incidente que protagonizó con su hijo a la salida de un karaoke en Santa Cruz de Tenerife. Y desde entonces, cero euros.

La también periodista Vidina Espino, en estos momentos diputada de Coalición Canaria después de transfugarse desde Ciudadanos, elevó la calidad del debate proclamando que “la libertad de prensa no se defiende cuando el periodista publica algo que a mí me gusta, se defiende precisamente cuando publica algo que me puede ser incómodo”. Su trayectoria en la Comisión de Control de RTVC no avala sus soflamas porque una vez comenzada esta legislatura desaparecieron por completo sus diatribas contra la manera de comportarse el Gobierno con el ente público. Se ha convertido en una cómplice más del comisario político puesto al frente por Clavijo.

Es una pena que ambas periodistas, Vidina Espino, por CC, y Rebeca Paniagua, por el PP, no pregunten a las integrantes de la Mesa de la Cámara qué está pasando con el resumen de prensa que cada día se envía a sus señorías por parte de la agencia Metropolis, contratada para tal fin a razón de más de 30.000 euros al año. Deberían haberse percatado hace tiempo de la ausencia casi absoluta de noticias de Canarias Ahora que, cuando se incluyen, lo hacen bajo la cabecera de elDiario. Lo que equivaldría a referirse al Diario de Avisos como El Español, a Canarias7 como ABC o a La Provincia y El Día como Prensa Ibérica.

Metrópolis, la agencia de cabecera de CC

Metropolis, agencia de cabecera de Coalición Canaria, se cabreó mucho cuando, en el ejercicio de la libertad de prensa que se encumbró esta semana en el Parlamento, publicamos diversos conflictos laborales que sufría y cómo era y sigue siendo utilizada por los nacionalistas para contratar periodistas en gabinetes de prensa institucionales sin recurrir a procedimientos oficiales. Y con una suerte de concatenación de contratos menores directamente o a través de su filial Más Canarias que ya quisieran para sí muchas empresas. Por ejemplo, del Parlamento se lleva tres de esos por un importe total de 40.000 euros, a sumar a los 33.000 del seguimiento de medios.

Este mismo domingo, sin ir más lejos, el resumen de prensa digital que llegó a sus señorías no incluía ninguna noticia de Canarias Ahora ni de elDiario.es, pero sí de Tusnoticiasalminuto, Mundonews o Demócrata, además de otras cabeceras locales, justo el día en el que nuestro periódico, siempre con una fuerte carga de contenidos políticos, sociales y económicos, publicaba asuntos de mucha trascendencia, como el conflicto de la patronal tinerfeña con los sindicatos por el absentismo laboral, una entrevista con el líder nacional de COAG sobre la crisis agrícola canaria o varios reportajes sobre la crisis de la vivienda.

Nuestras quejas a la Mesa de la Cámara por este comportamiento poco profesional, antiético y perjudicial para las arcas públicas por el flagrante incumplimiento de contrato que supone, han sido sistemáticamente rechazadas después del correspondiente informe del gabinete de prensa del Parlamento, que siempre concluye que no son ciertas nuestras apreciaciones.

Opacar nuestro trabajo ante líderes de opinión como son los diputados y diputadas, los trabajadores de la Cámara y cuantas personas puedan tener acceso al resumen de prensa oficial del Parlamento supone automáticamente la pérdida de tráfico para nuestro periódico, lo que se traduce en internet en daño económico por su traslación automática al posicionamiento y, en definitiva, a la publicidad.

Es un daño económico que se produce por simple venganza, lo cual está siendo permitido por el mismo Parlamento que se pronunció con tanta solemnidad esta semana en defensa de la libertad de prensa. Y dos huevos duros.

Una vendetta que viene de lejos

Los ataques a Canarias Ahora desde Coalición Canaria con la complicidad de su socio del PP no se ha limitado solo a esta vendetta en el clipping de prensa del Parlamento. Desde que tomó posesión del Gobierno este pacto, los ingresos por publicidad institucional hacia nuestro periódico descendieron drásticamente en justa correspondencia con las amenazas que en los meses previos a las elecciones de 2023 recibimos de muchos mariachis de esos que llevan décadas viviendo alborozados y dando brincos alrededor del poder y que conocen perfectamente los mecanismos que se usan para castigar a los medios de comunicación que no les aplauden sus piruetas.

Como publicamos en su momento, el hostigamiento comenzó nada más tomar posesión en 2023, y sin disimulo. Agentes especializados en la materia, como el diputado José Alberto Díaz-Estébanez, anunciaban urbi et orbi que se nos iba a acabar el chollo, que estábamos muertos. Y acto seguido, efectivamente, sufrimos un recorte drástico en publicidad institucional y los programas de televisión que había defendido nuestra productora con el máximo de profesionalidad, desaparecieron por completo de la parrilla.

Nuestros intentos por normalizar las relaciones comerciales con las instituciones gobernadas por Coalición Canaria y el PP se han tropezado en demasiadas ocasiones con el sectarismo, cuando no con el miedo de algunos profesionales que no quieren ni que se nos vea hablando con ellos. Es el caso de una responsable de prensa de un Cabildo insular gobernado por Coalición Canaria y el PP. Tras valorar la propuesta que nuestra responsable de Publicidad le había enviado, esa profesional nos transmitió la respuesta más frustrante que podíamos esperar: “Es que ustedes son Canarias Ahora”.

Al castigo publicitario e institucional se ha sumado también la persecución periodística, porque también hemos desaparecido de las mesas de debate en la radio y en la televisión públicas todos los periodistas de esta casa, sustituidos de la manera que ya hemos contado aquí por los palmeros del clavijismo, reforzados un día sí y el otro también por esa nueva hornada de marcas blancas de Coalición Canaria que encabeza en número de apariciones estelares el líder de Drago, Alberto Rodríguez.

La persecución a Canarias Ahora y a sus periodistas ha llegado a niveles verdaderamente lamentables. Como cuando nos convocaron a participar en la mesa “Niños y niñas migrantes: vulnerabilidad y atención integral”. Cuando se estaban gestionando los billetes para los desplazamientos a Tenerife, dejaron de contestar a los correos electrónicos y diez días antes de las jornadas observamos cómo desaparecía del cartel de participantes el nombre de la periodista de Canarias Ahora que había sido invitada. La explicación que nos ofrecieron fue la siguiente: “Tras revisar la línea del evento y los diferentes perfiles” se reestructuraron las intervenciones porque preferían a una persona de Tenerife que haya sido “joven migrante”.

De esto tampoco saben nada sus señorías del Parlamento de Canarias porque ninguno de estos comportamientos antidemocráticos y atentatorios contra la libertad de prensa y de expresión lo han protagonizado ministros de Pedro Sánchez, que es el pim-pam-pum que se lleva ahora.

Hace tiempo que no esperamos nada de este Parlamento que se atrevió en 2007 a señalarnos, a través de una comisión de investigación, como autores intelectuales del caso Eólico en el que estaban metidos José Manuel Soria y su hermano Luis. Ninguno de nuestros intentos de solicitud de amparo ante la Cámara ha prosperado, y ahí sigue en sus archivos una acusación falsa sostenida por los votos de Coalición Canaria y el PP pese a las clarificadoras sentencias y el peso inapelable de la verdad.

Nosotros seguiremos clamando por que se respete nuestra línea informativa y editorial, por que nos dejen trabajar en paz accediendo a la contratación pública que nos corresponde por nuestra audiencia, y que se nos conteste cuando reclamamos información y transparencia. Hemos superado con deportividad que ni siquiera nos nominaran para el Premio Canarias de Comunicación el año pasado, cuando cumplimos 25. Seguiremos esperando. De momento, la única distinción nos ha llegado de fuera, de la Unió de Periodistes Valencians, que nos otorgó en 2024 su Premio Libertad de Expresión.

Nuestro principal premio, sin embargo, es el que cada día nos entregan los miles de lectores que nos siguen y que creen en nuestro trabajo. No necesitamos declaraciones solemnes y grandilocuentes, nos basta con que nos dejen trabajar en paz.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad un pronunciamiento promovido por el PP en contra de la elaboración de listados ideológicos de periodistas por parte del Ministerio del Interior, en un debate en el que los populares rechazaron incorporar una enmienda del PSOE a favor de la neutralidad de los medios de comunicación públicos de Canarias.

La diputada del PP Rebeca Paniagua fue la promotora de esta proposición no de ley, que parte de un documento elaborado en febrero de 2024 por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, que, según informaciones publicadas, recopilaba perfiles de centenares de periodistas y colaboradores clasificándolos según su supuesta afinidad o crítica al Gobierno, un asunto investigado por la Agencia Española de Protección de Datos.

Este “señalamiento” es incompatible con la neutralidad institucional, el pluralismo informativo y la protección reforzada de los datos relativos a la ideología, defendió la diputada.

Todos los grupos votaron a favor de la propuesta del PP, aunque el PSOE planteó sin éxito una enmienda para añadir un posicionamiento a favor de la neutralidad de los medios públicos canarios, en particular RTVC, que, según afirmó la diputada socialista Nira Fierro, cuenta con un “comisario político” encargado de vigilar las emisiones.

En su acuerdo unánime, el Parlamento de Canarias condena la elaboración por parte del Ministerio del Interior de listados de periodistas que incorporen valoraciones sobre su ideología, orientación política, posicionamiento editorial o actitud respecto de la acción del Gobierno.

También defiende el Parlamento canario la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de información, y respalda la labor de los periodistas y de los medios de comunicación de Canarias y del conjunto de España.

El Parlamento pide que ningún periodista o profesional de los medios de comunicación sea discriminado, señalado, clasificado o tratado de manera diferente por razón de sus opiniones, ideología, línea editorial o posición crítica respecto de las actuaciones del Gobierno. 

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado, con la abstención del PP, una propuesta de Vox en la que se defendía la soberanía española sobre Canarias, Ceuta y Melilla, lo que ningún grupo puso en duda, pero que además pedía la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos y revisar los acuerdos de cooperación, así como, llegado el caso, de persistir el “ataque a la soberanía nacional”, expulsar a su embajador.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, rechazó una enmienda de sustitución de Coalición Canaria y AHI en defensa de la integridad del territorio terrestre y marítimo del archipiélago canario y la delimitación de la mediana, así como de una solución justa, duradera y mutuamente aceptada por las partes para el Sáhara Occidental.

La decisión de CC de enmendar la propuesta no gustó al diputado del PSOE Gustavo Matos, quien advirtió a los nacionalistas de que “comprar, aceptar y legitimar el marco de debate de la ultraderecha” no hace sino aumentar su apoyo popular, como ha ocurrido en Alemania y podría ocurrir en España en las próximas elecciones.

En su defensa de la PNL, Nicasio Galván atribuyó a miembros del Gobierno marroquí las reivindicaciones territoriales sobre Ceuta, Melilla y Canarias, país que ha promovido “una invasión” en Ceuta con “la complicidad” del PSOE, dijo.

Gustavo Matos replicó que a la ultraderecha no le interesa lo más mínimo Ceuta y pidió a Galván que se “lo haga mirar” por decir que “un niño desamaparado” es un invasor.

Ana Oramas, de CC, señaló que la gestión de la crisis migratoria de Ceuta “ha sido desastrosa”, pero acusó a Vox de pretender que tanto la ciudad autónoma como el archipiélago canario se conviertan en “centros de retención”, así como de promover el odio y la xenofobia hacia otros seres humanos.

Por el PP, el diputado Jacob Qadri consideró que lo de Ceuta “es un aviso” que no se puede ignorar en Canarias, aunque responsabilizó a Vox de pretender bloquear la salida de inmigrantes desde Canarias en caso de “avalancha migratoria”, como están haciendo en Ceuta, obviando que el PP es quien gobierna con Vox en las regiones que se niegan a acoger a los menores derivados.

Para Luis Campos, de Nueva Canarias, la propuesta de Vox no trata de defender Ceuta, sino de difundir odio y criminalización de las personas migrantes.

El diputado de ASG Jesús Ramos dijo que nadie pone en cuestión que Ceuta, Melilla y Canarias forman parte de España, “pero una cosa es compartir el objetivo y otra muy diferente la escalada diplomática que propone Vox”, que en su opinión no es la respuesta más adecuada.

Raúl Acosta, de AHI, rechazó que la respuesta a Marruecos sea suspender el Tratado de Amistad, revisar las relaciones bilaterales o expulsar a su embajador, puesto que “los intereses de Canarias se defienden mejor desde la firmeza, el diálogo y el Derecho internacional”. 

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, ha reconocido este miércoles que el archipiélago “no está bien”, pero, a renglón seguido, ha dicho que va “mejor” que con el Gobierno anterior, de, PSOE, que, según él, dejó una Canarias “oscura, gris y triste”. Cabe recordar que la pasada legislatura fue la de la COVID-19, con el consiguiente cero turístico, y el volcán en La Palma.

En una interpelación ante el pleno del Parlamento solicitada por el Grupo Socialista, Domínguez ha apoyado su intervención en algunos datos como el crecimiento del PIB un 3,6% en 2025, por encima de la media nacional, la afiliación a la Seguridad Social, con un 10,1% más, “récord histórico”, lo mismo que con los autónomos, que alcanzan la cifra de 148.179.

Asimismo, ha destacado que la tasa de paro se sitúa en el 11,6%, el mínimo desde hace 19 años, la deuda autonómica en torno al 10,5%, la segunda más baja de todo el territorio nacional, y el IPC en agosto al 3,8%, el más bajo del país.

El vicepresidente ha resaltado también que la tasa de riesgo de pobreza está en el 22,9%, 6,5 puntos menos que en el año 2022, y la tasa AROPE en el 31,2%, el mínimo desde hace 18 años.

Sin embargo, no ha mencionado que este ciclo de bonanza se da en todo el país y se corresponde con medidas adoptadas desde el Ejecutivo central como las distintas subidas del Salario Mínimo Interprofesional o de las pensiones, o la reforma laboral, que ha llevado la tasa de paro en España a mínimos y a récords de creación de empleo, con más de 22,7 millones de trabajadores.

Domínguez, que atribuye estos éxitos en las islas a las políticas del Gobierno canario, ha querido huir de “triunfalismos” y ha dicho enfocarse en “seguir trabajando” para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que ha invitado a la diputada Tamara Raya (PSOE) que le dé “al F5” y al “reset” y mire los avances logrados por el actual Ejecutivo regional, aunque él mismo ha obviado el impacto de las políticas económicas del Gobierno central.

Ha señalado también que el combustible es “caro” en Canarias, pero que lo sería aún más en las islas verdes si no estuviera bonificado, medida que, según él, desde el anterior Gobierno se tildaba de “imposible”, y se ha jactado especialmente de la gestión con los autónomos tras la “nada” que, en su opinión, caracterizó el Pacto de las Flores.

“Recibí palos por todos lados y hemos sido los mejores en gestión de autónomos en España”, ha destacado, sin explicar esta afirmación.

“Su política económica no existe”

Por contra, Raya (PSOE) ha reprochado al PP canario que ha votado en contra de todas las medidas que ayudan a mejorar el bienestar de los ciudadanos como la reforma laboral, la subida del SMI o las ayudas por la guerra de Irán y ha recordado que, frente a la “catástrofe laboral” que auguraron para el país con las reformas del Gobierno central, España es el “motor” del crecimiento en Europa, con “récord” de empleo y afiliados.

Ha ironizado con que su aportación a la mejora del poder adquisitivo de los canarios es bajar el IGIC de la mantequilla, la sal y café y cuando el precio del carburante “se ha disparado hasta un 30%” y sospecha que el informe de inspección de estaciones de servicio anunciado por el Gobierno canario “acabará en la nada”.

En vivienda ha cuestionado la “medida estrella” de la ley de vivienda vacacional pues “no ha contribuido a mejorar la situación” ya que se han registrado 42.000 más desde que se anunció “y se han sacado del mercado residencial”.

En esa línea ha dicho que las únicas viviendas públicas que han impulsado “vienen del mandato anterior” y ha afeado al vicepresidente que “se negaron a una moratoria” y tampoco han puesto en marcha las zonas tensionadas.

La diputada socialista le ha preguntado si van a retirar la ayuda por carburante a las islas verdes en 2027 y le ha reprochado la falta de medidas económicas de gran calado para las islas. “Su política económica no existe”, ha agregado.

Para Raya, “el Gobierno ha desaprovechado el mejor ciclo económico en décadas para transformar las islas”.

El administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo, tendrá que contestar en el Parlamento de Canarias a una pregunta que le ha formulado por escrito la portavoz del PSOE en la Cámara, Nira Fierro: “¿Considera usted necesario el control parlamentario?”

La pregunta ha sido registrada para su traslado a la próxima comisión de control de RTVC, donde Toledo deberá contestarla verbalmente.

La iniciativa de la dirigente socialista responde a la ausencia de respuestas por parte del máximo responsable de los medios de comunicación públicos de Canarias en la última sesión de la comisión de control de RTVC. Allí se negó a contestar a las preguntas referidas a los últimos incidentes vividos en uno de los programas de Televisión Canaria, al que fue invitado un violento empresario desokupa a participar como debatiente en un cara a cara sobre el problema de la vivienda en España y en Canarias.

A ese programa, La Retranca, que RTVC presenta como el referente del análisis político de la cadena, se presentó Roberto Cristian Pérez, directivo de EZ Property Solutions, con cinco de sus empleados, de considerables dimensiones, con el fin de intimidar a los presentes y, sobre todo, a quien debatió con el empresario, la activista antidesahucios Inma Évora.

En ese mismo programa, emitido el jueves pasado, la cadena sustituyó en el último momento a una de las analistas convocadas, María González, por el líder de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, con la excusa de que se iba a tratar un asunto referido a Aena que requería un perfil de analista que, por lo dicho, no era el de la tertuliana tinerfeña asidua a platós nacionales.

El pleno del Parlamento de Canarias continúa con el debate, entre otros asuntos, de varias interpelaciones y proposiciones no de ley sobre asuntos como la revisión de las condiciones materiales de implantación de la FP Dual en Canarias o el acceso a la propiedad de las viviendas protegidas de titularidad de la comunidad autónoma y de Visocan.