Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) votó hoy, en el pleno del Parlamento, en contra del dictamen del proyecto de ley de licencias urbanísticas del Gobierno de las dos derechas canarias (CC y el PP) por usar la grave crisis habitacional del Archipiélago como coartada para privatizar el control urbanístico. La diputada Carmen Hernández defendió que Canarias necesita una nueva ley de la vivienda para frenar la especulación promovida por CC y el PP, apoyados por ASG y la AHI. La parlamentaria Esther González denunció que el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo impuso enmiendas sobre la vivienda vacacional ajenas al proyecto de ley y sin voluntad alguna para llegar a un consenso con los grupos de la oposición.

En el debate previo a la votación final, Carmen Hernández apeló a la necesidad de adoptar medidas urgentes y valientes frente a la gravedad de la crisis habitacional. Sin embargo, advirtió de que la vivienda “no puede ser la excusa para privatizar” el urbanismo.

La diputada del grupo nacionalista progresista sostuvo que el urbanismo no es un mero trámite administrativo, sino una herramienta de planificación que determina el crecimiento de los municipios, la ubicación de los equipamientos públicos (escuelas, centros de salud y demás), la construcción de viviendas y la protección del territorio.

Por este motivo rechazó que el control de las licencias pueda trasladarse a entidades privadas y defendió que siga siendo una competencia plenamente pública, al servicio del interés general. NC-BC defiende, tal y como indicó, que el urbanismo “siga estando bajo el control público, de los dueños y dueñas de esta tierra, que es el pueblo canario. Por eso nos parece una verdadera perversión política lo que hace este Gobierno, utilizar el mayor problema social de esta tierra, la vivienda, como excusa, como coartada para privatizar el suelo” en Canarias, censuró la ponente.

Hernández aseguró que el verdadero problema de la vivienda en Canarias no reside en la tramitación de las licencias municipales, sino en la ausencia de una política pública eficaz tras 30 años de gobiernos de Coalición Canaria (CC). “Están consiguiendo fracturar a esta tierra en dos Canarias, la que tiene vivienda y la que no va a poder tener vivienda”, censuró.

Aseguró que, aunque mañana las licencias se concedieran en la mitad de tiempo, “seguiríamos teniendo viviendas vacías, un parque público insuficiente, alquileres desorbitados y un mercado completamente tensionado”.

Criticó la incorporación de la figura de la vivienda asequible incentivada en los términos planteados por el Gobierno de Clavijo, al entender que “favorece la especulación”. Explicó Hernández que permite la construcción de promociones privadas beneficiadas con ventajas fiscales y urbanísticas para que pasen al mercado libre trascurridos solo siete años de protección. Es el “modo especulador” de Clavijo, denunció.

En su opinión, la especulación es un “caballo desbocado en esta tierra y ustedes no le quieren parar las patas. No les interesa controlar ni a las grandes inmobiliarias ni a los grandes especuladores”, recriminó la parlamentaria de NC-BC.

Como alternativa, Carmen Hernández reclamó una nueva ley canaria de vivienda que impulse la movilización de residencias vacías con seguridad jurídica, refuerce la promoción de vivienda protegida, permita declarar zonas tensionadas donde sea necesario y contemple una intervención efectiva sobre el mercado para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Vivienda Vacacional

Esther González centró su intervención en las formas empleadas durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley por los grupos del Ejecutivo. Recordó que la norma concebida para agilizar las licencias urbanísticas terminó incorporando numerosas enmiendas relativas a la vivienda vacacional, completamente ajenas al objeto inicial del texto.

A su juicio, esta forma de proceder evidencia “una manera de gobernar basada en la imposición”, en la que desaparece el debate parlamentario y se bloquean las propuestas de la oposición.

González explicó que, durante la sesión de esta mañana, los grupos de la oposición intentaron alcanzar un acuerdo para retirar las enmiendas presentadas in voce que modificaban cuestiones no incluidas en el texto original. En ese contexto, NC-BC retiró cuatro suyas con el objetivo de facilitar el consenso, al igual que hizo la Agrupación Socialista Gomera.

Sin embargo, denunció que CC, el PP y la AHI rechazaron cualquier posibilidad de acuerdo, obligando a la oposición a oponerse a la admisión de dichas enmiendas.

La diputada rechazó además las acusaciones de falta de apoyo a los afectados por la erupción volcánica de La Palma al afirmar que el rechazo respondía exclusivamente al intento de alcanzar un consenso que finalmente fue imposible por la negativa de los grupos del Ejecutivo de Clavijo.

El peno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la ley de agilización de licencias urbanísticas con los votos a favor de los grupos del Goberno canario (CC, PP, AHI y ASG), el rechazo de PSOE y NC-bc, y la abstención de Vox, una norma que en su trámite parlamentario se ha transformado en un “tinglado” de enmiendas sobre alquiler vacacional y otras cuestiones, según describió el representante de AHI Raúl Acosta, y criticaron NC y el PSOE.

La incorporación de enmiendas ajenas al objeto de la ley original, como las relativas a la vivienda vacacional, que han dividido al pacto de Gobierno, y otras sobre las islas verdes o el Parque Nacional del Teide, han transformado la norma en una ley “omnibus”, según denunció la representante del PSOE Patricia Hernández.

El texto sobre las licencias permite, entre otras cosas, que colegios profesionales y entidades urbanísticas acreditadas emitan informes técnicos con validez jurídica con el fin de que los ayuntamientos reduzcan los tiempos de espera para conceder los permisos. Hasta ahora, eran los funcionarios de los propios ayuntamientos quienes realizaban esos informes, pero ahora pasa a manos de entidades externas.

Según la ley, los informes técnicos necesarios para solicitar una licencia podrán ser encargados por un ayuntamiento o aportados por el promotor, en cuyo caso asumirá el costo del mismo, que no podrá exceder el valor de la tasa urbanística del proyecto. Aunque el informe no será vinculante, sí tendrá eficacia jurídica inmediata, sustituirá al informe municipal en los puntos favorables, no requiere de ratificación por técnicos municipales y, en caso de disconformidad o falta de cobertura, la Administración podrá completar el expediente.

La división en el gobierno ha partido del planteamiento de ASG para la incorporación de una enmienda transaccional con apoyo de la oposición de PSOE, Nueva Canarias y Vox para que las viviendas vacacionales dejasen de ser consideradas actividad clasificadas y pasaran a ser inocuas, una pretensión que no salió adelante por la aprobación de un voto particular de los otros socios del ejecutivo.

La vivienda vacacional copa el debate

Tras las votaciones, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha dirigido al pleno para reconocer que se ha producido “zozobra” e “incertidumbre” respecto a la aplicación de esta norma en las islas verdes, por lo que se ha comprometido a que el Gobierno de Canarias regulará y planificará esta actividad y que al mismo tiempo se tenga en cuenta la realidad de cada una de las islas.

De este modo, el debate parlamentario se ha centrado más en la vivienda vacacional que en el objeto inicial del decreto ley convalidado hace un año y tramitado como proyecto de ley, que era que los informes técnicos para construir viviendas puedan ser emitidos por colegios profesionales y no necesariamente por técnicos municipales, lo que para los grupos del gobierno agiliza la burocracia y para la oposición privatiza el control urbanístico.

El diputado de ASG Jesús Ramos Chinea defendió que las viviendas vacacionales no influyen en el alquiler residencial y reclamó diálogo para garantizar la seguridad jurídica de los pequeños propietarios.

Reivindicó la enmienda presentada por su grupo para que el arrendamiento vacacional sea considerado una actividad inocua en lugar de clasificada, siempre y cuando se desarrolle en viviendas unifamiliares aisladas o en pequeños edificios de un único titular que no generen impacto ambiental ni molestias acústicas.

Defendió la necesidad de adaptar la legislación a la diversidad territorial del archipiélago, con especial atención a las particularidades de las islas verdes y a las zonas rurales de los territorios capitalinos.

Conflicto ASG-CC

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que la vivienda vacacional no influye “para nada” en el mercado residencial y ha defendido su enmienda de declararlo como actividad inocua ya que Canarias “es muy diversa” y hay “especificidades” en las modalidades turísticas, como viviendas unifamiliares aisladas o bloques de apartamentos del mismo propietario. Fue el voto particular de CC el que cambió esa consideración, ante el estupor de ASG, que registró un escrito de protesta la semana pasada.

No obstante, ha garantizado su “apoyo y lealtad” al pacto de gobierno suscrito en el archipiélago pese a que el voto particular de CC va a retirar la enmienda del dictamen de la comisión.

Raúl Acosta, de AHI, consideró que probablemente este “tinglado” comenzó con la tramitación de la ley de alquiler vacacional, lo que ha llevado a introducir enmiendas en este otro proyecto de ley para intentar arreglarlo.

“Tenemos a la derecha regulando el sector económico de la vivienda vacacional y a la izquierda pidiendo que se desregule”, lamentó Acosta.

El diputado herreño afirmó que a él le da igual “que se llame actividad clasificada o actividad inocua”, porque lo que le interesa es que “los requisitos que se establezcan” para El Hierro sean “cumplibles” y no pongan en riesgo el 70 % de la oferta alojativa de la isla.

También acusó a Nueva Canarias de vetar una enmienda in voce que afecta directamente a El Hierro y a La Gomera para dar seguridad jurídica en la aplicación de la Ley de las Islas Verdes de 2019.

“Privatizar el urbanismo”

La diputada de Nueva Canarias Esther González recordó que originalmente el proyecto de ley era para agilizar las licencias urbanísticas, pero los grupos que apoyan al Gobierno introdujeron modificaciones orientadas a la vivienda vacacional.

Señaló que su grupo ha intentando negociar la retirada de las enmiendas in voce que todavía no estaban incluidas en el texto, y así lo hicieron Nueva Canarias y ASG, pero PP, CC y AHI se negaron para intentar imponer su criterio y por esa razón han tenido que vetarlas.

La diputada del PSOE Patricia Hernández sostuvo que el proyecto había dejado de ser una norma para agilizar las licencias urbanísticas y se había convertido en una “ley ómnibus”, al incorporar numerosas enmiendas sobre materias ajenas a su objeto.

Acusó al Gobierno de favorecer la vivienda asequible incentivada frente a la vivienda protegida, reduciendo los periodos de protección, incrementando los márgenes de beneficio para los promotores y utilizando la crisis de la vivienda para beneficiar intereses privados.

Socorro Beato, de CC, defendió que la norma constituye una respuesta integral al problema de la vivienda y rechazó las críticas por la incorporación de otras modificaciones legislativas.

La diputada del PP Luz Reverón afirmó que el texto mantiene todas las garantías y el control público, al tiempo que elimina trabas burocráticas para acelerar la construcción de viviendas.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, afirmó que la ley utiliza la emergencia habitacional como excusa para privatizar el urbanismo y sostuvo que agilizar las licencias no resolverá por sí solo el problema de acceso a la vivienda.

La diputada de Vox Paula Jover defendió que el decreto original era una norma sencilla, centrada en agilizar la concesión de licencias urbanísticas, y lamentó que su tramitación como proyecto de ley hubiera “adulterado” el texto mediante la incorporación de enmiendas sobre cuestiones ajenas.

El pleno del Parlamento de Canarias ha incorporad la especial protección y visibilización de la salud mental a lo largo de todo el ciclo vital en la nueva Ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual, aprobada este miércoles.

Este “logro extraordinario” se unió al dictamen en la tramitación parlamentaria mediante un acuerdo unánime in voce de todas las fuerzas políticas, a propuesta de Nueva Canarias, y supone “la culminación de un intenso trabajo de orfebrería legislativa”. Así lo ha calificado la Fundación Juana Reyes, entidad que lucha entre otros fines por la eliminación del estigma de la enfermedad mental, y de quien emanó en origen esta iniciativa.

“Hemos demostrado la inmensa fortaleza y la competencia técnica que tenemos las organizaciones sociales vinculadas a la salud mental. Este éxito es la prueba de que el Tercer Sector tiene verdadera capacidad de influencia para transformar las leyes y liderar cambios normativos, así como para sentar las bases para que otros colectivos sigan planteando retos ambiciosos”, declaraba con entusiasmo su presidenta, Isabel Aguilar.

Esta añadió que desde la Fundación Juana Reyes se quiere valorar “la ejemplar escucha activa demostrada por los grupos parlamentarios de la Cámara, quienes han sabido situar la salud pública en un lugar destacado demostrando que la sensibilidad social y el rigor técnico pueden guiar la acción legislativa”.

Tras este “éxito histórico” en el Parlamento de Canarias, la citada Fundación anuncia que seguirá con atención el posterior desarrollo reglamentario de la normativa. “Nuestra organización busca sumar esfuerzos con los propios profesionales de RTVC, reconociendo su labor y ofreciendo vías de colaboración para que sigan siendo agentes claves de la salud mental colectiva. El cuidado de la salud mental no se limita al ámbito clínico; la palabra y la imagen en los medios tienen un impacto real en la salud pública. Por ello, confiamos en que este nuevo marco legal sirva de impulso para visibilizar su inmenso potencial como agentes de una labor educativa, pedagógica y de desestigmatización de la enfermedad mental. Aunque la norma se centra en el contexto del servicio público, estamos convencidos de que será igualmente una herramienta de inspiración para otros profesionales y líneas editoriales del sector audiovisual”, concluía su presidenta.

El Parlamento de Canarias, en su último pleno de este periodo de sesiones, continúa con el debate del proyecto de ley para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, entre otros asuntos.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha afirmado este martes que el archipiélago va “francamente mejor” que el que dejó el Pacto de las Flores (presidido por el PSOE en la pasada legislatura) mientras que el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, le ha reprochado que “ha vendido mucho y ha hecho muy poquito”.

En la sesión de control del pleno del Parlamento ha comentado que su Ejecutivo recibió “la peor” gestión de la historia de una comunidad autónoma (obviando que fue una legislatura marcada por la pandemia de COVID y el erupción en La Palma) y ahora el paro se ha rebajado a unas 141.000 personas, la lista de espera quirúrgica ha bajado un 11% y la espera por la dependencia ha pasado de 800 a 350 días.

No obstante, ha reconocido que “a las familias no les va mejor” y por ello, ha dicho, se ha deflactado el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, Clavijo ha justificado el que no se haya cumplido la promesa electoral de bajar el IGIC del 7 al 5% culpando al Gobierno central, del que ha dicho que no ha “hecho su tarea” con la planificación presupuestaria.

Ha insistido en que Canarias “tiene retos por delante muy complejos” y por ello ha pedido apoyo a los socialistas canarios y que “en vez de criticar desde la barra” colaboren y se pongan “a trabajar” por las islas.

Franquis ha respondido que el Gobierno canario ha “desaprovechado” una “oportunidad histórica” para mejorar el desarrollo económico y social de Canarias pues ha disfrutado de más recursos económicos que “nunca” gracias a los fondos europeos “extraordinarios” (Canarias tendrá que devolver unos 200 millones a la UE por no haberlos utilizado dentro del plazo previsto) y un “récord” de recaudación vía impuestos.

Sin embargo, en lugar de “cambiar las cosas”, lo que ha ocurrido es que han pasado tres años y el Gobierno canario ha dejado “3.400 millones de euros de los Presupuestos sin ejecutar”, más de 35.000 viviendas han salido del mercado residencial por la gestión y la “prepotencia” del Gobierno con el alquiler vacacional y hay 162 días de espera para una consulta con un especialista, “el peor” dato de toda España.

En esa línea ha criticado los “incumplimientos” y las “promesas” del Gobierno regional, especialmente la bajada del tipo general del IGIC “y con todos los ingresos que tienen”.

Domínguez defiende el balance económico y el PSOE le acusa de gobernar para una minoría

En su turno de palabra, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), también ha defendido los resultados económicos y sociales del Ejecutivo autonómico tras tres años de legislatura, mientras que la diputada socialista Nira Fierro le ha acusado de gobernar “para una minoría” y de olvidarse de “la inmensa mayoría de los canarios y canarias”, además de recordarle que la bonanza económica en España se debe a la reforma laboral impulsada por el Gobierno central.

Fierro, al igual que Franquis, ha reprochado al Ejecutivo canario que no haya aprovechado los años de crecimiento económico y generación de empleo para mejorar la redistribución de la riqueza en las Islas y dar respuesta a problemas como el acceso a la vivienda, el coste de la cesta de la compra o las dificultades en la sanidad.

La diputada socialista ha defendido la implantación de una tasa turística, una moratoria al alquiler vacacional, la creación de un registro de grandes tenedores y medidas para limitar los precios de los alquileres.

También ha criticado la política de vivienda del Ejecutivo canario, basada en construir más y más rápido, y ha sostenido que la vivienda asequible incentivada pueda pasar al mercado privado después de solo siete años, algo que ha calificado de “especulación”.

Fierro se ha referido asimismo a la situación del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y ha asegurado que “la Canarias de la calle sufre” por las políticas del Ejecutivo.

“Ustedes llevan tres años gobernando para una minoría, olvidándose de la inmensa mayoría de los canarios y canarias”, ha afirmado la diputada socialista.

Domínguez ha rechazado las críticas y ha acusado a Fierro de “faltar a la verdad” respecto a las medidas en materia de vivienda, un asunto que, ha señalado, será objeto de debate en el Parlamento.

El vicepresidente ha atribuido además la falta de vivienda en Canarias a la legislación estatal, que, según él, favorece la ocupación y provoca que viviendas que podrían destinarse al alquiler salgan del mercado. Cabe recordar que el propio consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, reconoció el año pasado que los datos oficiales de ocupación no se corresponden con la “excesiva alarma” que a su juicio generan algunos “medios o partidos políticos”. De hecho, en Canarias, los desahucios triplican el número de ocupaciones de viviendas.

Domínguez ha insistido en que “la falta de vivienda en Canarias es por la ley estatal, que favorece a los ocupa, que ayuda a la gente ocupa y que expulsa a la vivienda del mercado”, obviando que el Gobierno del que forma parte se ha negado a aplicar dicha ley en las Islas, especialmente la declaración de zonas tensionadas para lograr bajar el precio de los alquileres.

En cuanto al balance de la legislatura, el vicepresidente ha destacado que el producto interior bruto (PIB) de Canarias crece por encima de la media nacional y ha defendido la evolución del mercado laboral, eso sí, sin mencionar la reforma laboral del Gobierno central.

Domínguez ha asegurado que Canarias registra cifras récord de afiliación a la Seguridad Social y también ha resaltado la evolución del número de autónomos, que ha cifrado en 147.975.

Fierro le ha replicado que la mejora del empleo se debe a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de España y ha acusado al Ejecutivo canario de vivir en “un mundo de fantasía”.

En materia educativa, Domínguez ha destacado el incremento de las plazas para el primer ciclo de educación infantil, que, según ha indicado, han pasado de unas 500 cuando el actual Ejecutivo llegó al Gobierno a unas 4.000 en la actualidad, así como la gratuidad de los libros de texto. No ha mencionado que esas plazas se dejaron previstas por el anterior Gobierno.

Asimismo, el vicepresidente ha defendido estas actuaciones como medidas de política social destinadas a ayudar a las familias a afrontar situaciones de dificultad y los efectos de la inflación.

Domínguez ha cerrado su intervención afirmando que “cuando uno se dedica a gobernar y no a robar, puede hacer grandes cosas financieramente”. Sobre los 3.000 millones sin ejecutar no ha ofrecido ninguna explicación.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde en la sesión de control al Gobierno a varias preguntas sobre asuntos como la crisis habitacional, la inflación o la gestión de los fondos disponibles durante esta legislatura.

El PSOE y Nueva Canarias han acusado este lunes a la dirección de Televisión Canaria de parcialidad política y de excluirlos de los informativos y “pseudoinformativos”, a lo que el administrador general de RTVC, César Toledo, ha replicado que los crecientes índices de audiencia avalan la cercanía y la profesionalidad del ente.

El debate se ha suscitado en la comisión de control de RTVC del Parlamento autonómico, donde, para ilustrar sus denuncias sobre el “uso partidista” de Televisión Canaria, Carmen Hernández, de NC, ha preguntado por la conversión en “gran tertuliano”, presente en varios espacios, del concejal “de un partido de izquierdas que no tiene representación parlamentaria”, en referencia a Alberto Rodríguez (Drago Canarias).

La diputada del PSOE Nira Fierro ha abundado en este caso y ha denunciado el volumen de horas de emisión cedidas a quien no tiene representación en el Parlamento “ni en el 99,9% de las instituciones municipales de Canarias”.

Ninguna ha concretado a quién se referían, por lo que el administrador general ha respondido a Carmen Hernández: “Lo que le agradecería es que pudiéramos concretar esas denuncias para poder abordarlas, porque, si es tal y como usted dice, obviamente habrá que tomar medidas”, ya que por ahora a él no le consta.

César Toledo ha afirmado además que, aunque respeta el derecho de la diputada Nira Fierro “a construir el relato que estime oportuno”, cree no merecer “las sospechas veladas o las acusaciones infundadas”.

En su turno, Nira Fierro le dirigió algunas preguntas al administrador único: por qué no se emitió el testimonio de una víctima de abusos por parte de la Iglesia; por qué de nueve emisiones de un programa, ocho se dedican a hablar del PSOE sin llamar a este partido para contrastar la información; por qué no se dedica “ni un minuto” a informar del supuesto caso de enchufismo en el puerto de Las Palmas; y por qué se elimina un programa que tenía récord de audiencia.

César Toledo no contestó a la diputada del PSOE sobre estas cuestiones y tampoco a las de la representante de NC sobre por qué se utilizan, a su juicio, las tertulias de los programas de actualidad o entretenimiento “para atacar a Pedro Sánchez, pero nunca para cuestionar la actuación del Gobierno de Canarias”.

Tanto Nira Fierro como Carmen Hernández vincularon la decisión de eliminar el Consejo de Informativos de RTVC por parte del Gobierno de Canarias (CC-PP-AHI) con la voluntad del control del ente por parte del Ejecutivo.

“No quiero pensar que el Gobierno de Fernando Clavijo esté dirigiendo esas estrategias, el presidente tendrá cosas más importantes que hacer que manipular la opinión pública para ganar las elecciones”, comentó Carmen Hernández.

Nira Fierro lamentó que los profesionales de RTVC estén bajo la dirección de César Toledo y que él a su vez esté bajo la dirección del viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, al que definió como “brazo ejecutor del presidente del Gobierno”.

Explicaciones por enviar un equipo al Mundial sin acreditación de prensa

Nira Fierro también ha pedido explicaciones al administrador único de RTVC por el gasto de dinero público generado al enviar un equipo de Televisión Canaria a la final del Mundial de Fútbol en Estados Unidos.

Las dos personas de Televisión Canaria no pudieron entrar al estadio para la final, “ni siquiera pudieron acceder al perímetro del partido, no tenían acreditación de prensa y tampoco pudieron hacer directos”, ha señalado Nira Fierro.

En el anterior Mundial (2022, en Catar) no se desplazó ningún equipo “porque se entendía que el dinero público también debe gestionarse con rigor”, señaló la diputada al administrador único, quien no hizo mención a esta cobertura en su respuesta.

Las respuestas de César Toledo

En su réplica, César Toledo subrayó que, al igual que los informativos del ente, las productoras externas contratadas por RTVC están obligadas a cumplir los principios de imparcialidad, objetividad y pluralidad, como figura expresamente en los contratos, y sostuvo que la dirección de contenidos de RTVC (que no la dirección de informativos, que ha sido suprimida en esta legislatura) supervisa que se cumplan esos principios.

Señaló además que el Consejo de Informativos y la Junta de Control de RTVC estaban previstos en la ley del ente de 2014, pero nunca se constituyeron porque el Parlamento “no ha sido capaz de alcanzar el consenso necesario”, así que sus funciones las ha asumido el administrador general “de forma transitoria y excepcional” hasta que se apruebe la nueva ley.

“El hecho de que las fuerzas políticas no hayan sido capaces de entenderse durante más de diez años no convierte la figura del administrador general en sospechosa de nada”, ha afirmado Toledo, quien dijo no merecer “las sospechas veladas o las acusaciones infundadas”.

César Toledo replicó que se está realizando una televisión “cada vez más cercana, más canaria, más nuestra que nunca y que cuenta con el respaldo y la confianza de la audiencia”.

Ha esgrimido que los datos demuestran que RTVC es la televisión autonómica que más crece de España y que los servicios informativos han alcanzado un 12% de audiencia en junio frente al 7,2% de hace un año.

Cabe recordar que desde la llegada del nuevo director general de RTVC, César Toledo, se ha producido un goteo incesante de dimisiones en el ente público, desde el director de informativos, hasta parte del departamento de administración e incluso la administradora general del ente, María Méndez, que había sido colocada por Fernando Clavijo para dirigir el medio público, y lo hizo, hasta que fue puenteada con la designación de Toledo como director de Medios y Contenidos.

La plantilla de RTVC se encuentra, además, en pie de guerra, con un huelga anunciada por la deriva que lleva la televisión pública tras la llegada de su nuevo administrador general, a la que siguieron de inmediato ceses y dimisiones en cascada, además de continuos incumplimientos de convenio.

El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha dicho este jueves que ahora mismo “no hay circunstancias” desde el punto de vista científico que impliquen la instauración del semáforo volcánico en la isla de Tenerife aunque haya enjambres sísmicos recurrentes al oeste de Las Cañadas del Teide.

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha dicho que no se prevé adopción a medio y corto plazo de medidas en materia de protección civil en la isla más allá de mantener una “vigilancia reforzada”.

“Cosa distinta es en La Palma”, ha comentado, donde el Pevolca sí está activado en nivel de alerta y el semáforo en color amarillo porque prosigue la emisión de gases en la zona de Puerto Naos y La Bombilla.

Ha detallado que una empresa hace seguimiento de los sensores y tanto la Universida de La Laguna (ULL) como el Involcan evalúan la emisión de radón y CO2, respectivamente, al tiempo que ha defendido la “transparencia” de su departamento con la gestión de la información.

Paula Jover (Vox) ha acusado al consejero se estar “ocultando la información” ya que los “pocos datos que hay” -a su juicio- “demuestran que Tenerife está en una situación mucho más comprometida que La Palma ahora mismo”. Esta afirmación es contraria a lo declarado en diversas ocasiones tanto por el Instituto Geográfico Nacional como por Involcan, que descartan una erupción a corto medio plazo en la isla.

Ha comentado que en La Palma “el riesgo estará en algunas pequeñas y pocas viviendas en Puerto Naos o en La Bombilla” pero eso “no justifica” que la isla tenga el semáforo amarillo.

Incluso, se ha preguntado “por qué” Tenerife no tiene este semáforo, algo que ha achacado a que se puedan permitir “determinados procedimientos administrativos”.

“Puede haber múltiples reuniones, actividades institucionales que son muy importantes con los sanitarios para efectivamente dimensionar las necesidades de protección civil, con los políticos responsables públicos, con educación, pero también con la ciudadanía, la ciudadanía demanda información, quiere tranquilidad”, ha destacado.

El PP de Canarias ha insistido este lunes en señalar al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como responsable en la denominada trama Koldo por las compras de material sanitario durante la pandemia, y eso pese a que no está imputado ni se han hallado indicios de delito en su gestión. El PP, aferrándose al dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias aprobado el pasado viernes, ha reclamado de nuevo de forma “rotunda” la dimisión “inmediata” del ministro. Sin embargo, ese dictamen, que obtuvo los votos favorables de CC, Vox y AHI (además del propio PP), fue rechazado por ASG, NC y PSOE, al considerar que no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos, y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su “fortaleza electoral”.

En una rueda de prensa conjunta este lunes, los diputados del PP Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo han criticado los “chanchullos” del ministro al “abrir la puerta” del Gobierno de Canarias a la trama Koldo, que recibió contratos valorado en algo más de 20 millones de euros -más el fallido de RR7 United por otros cuatro millones-, obviando que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo, presidido por Torres, y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Es más, tras la aprobación del dictamen, el PSOE critió lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres.

Este lunes, el diputado del PP Enseñat ha insistido en que tanto Torres como el PSOE se “han limitado a hacerse la víctima, a tomarle el pelo a todos los canarios negándolo todo y sin contestar a nada y sin dar una sola explicación y a menospreciar y descalificar al Parlamento”, diciendo que “todo es un circo o un amaño”.

Cabe recordar que Torres desmontó las acusaciones vertidas por el comisionista Aldama (que no aportó ninguna prueba de lo que relataba) y que el informe final de la UCO concluyó la investigación sin hallar ningún indicio de delito en la gestión de Torres.

Los populares, sin embargo, han destacado que los hechos constatados en el dictamen son “muy graves” y entiende que Torres debe asumir sus “responsabilidades políticas” y “dar la cara” por todas las acciones que realizó en esa época.

“Como muestra y recoge el dictamen, sin Torres la trama no hubiera podido operar en Canarias”, ha señalado Enseñat.

De nuevo, hay que recordar que el dictamen ha sido elaborado por diputados del propio Parlamento canario, mientras que las investigaciones policiles no han encontrado ningún indicio de delito achacable al expresidente.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente regional, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “absolutamente sectaria, manipuladora y tendenciosa” la ponencia apoyada en el Parlamento de Canarias por CC, PP y Vox sobre el llamado caso Mascarillas y ha señalado que responde a un intento de “mancillar” su imagen y la gestión del anterior Gobierno autonómico.

Así se ha expresado el expresidente del Ejecutivo canario en una publicación en su perfil de X, donde ha asegurado que “Canarias hizo un magífico trabajo durante la pandemia” al registrar el menor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes de España y ha denunciado que en los últimos tres años ha sido objeto de una campaña de “difamación, acoso, insidia e injuria”, por partidos políticos y medios “a su servicio”.

A su juicio, el documento aprobado en la Cámara regional omite deliberadamente las conclusiones del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia de Cuentas, cuyos responsables, ha dicho, archivaron el expediente de los contratos con las empresas RR7 y Soluciones de Gestión, implicadas en el caso, además, el órgano fiscalizador avaló “la legalidad” de los contratos con las entidades.

“Es absolutamente manipulador, porque cogen los testimonios que les interesan y obvian el resto de muchas personas que pasaron por la comisión de investigación”, ha denunciado el dirigiente socialista.

Además, Torres critica que estos partidos comparan la gestión de Canarias con la de islas de otros países en lugar de hacerlo con Baleares, por ejemplo.

“Estamos ante una manipulación de partidos políticos que no soportan que ganáramos las elecciones en el año 2023 y utilizan esta comisión de investigación como arma contra Torres para intentar mancillar su imagen y también su gestión, la del Pacto de la Flores, de la que nos sentimos orgullosos”, ha recalcado el ministro canario.

Torres ha lamentado también que la comisión terminara siendo “un paripé” y ha reprochado que se filtrase información, “a un periódico” que, según ha dicho, debía permanecer reservada durante los trabajos parlamentarios, y recuerda que, “al día siguiente, el presidente de la comisión, en vez de denunciar la filtración, lo que hizo fue atacar a Torres”, lo que para el dirigente socialista significa que “estamos ante una ”instrumentalización política y partidaria“.

Pese a ello, ha asegurado a los canarios y canarias que seguirán adelante con un trabajo “serio, riguroso, permanente, honesto y honrado” y ha reconocido que su Gobierno puede “cometer errores”, aunque siempre, ha dicho, “dando la cara por el bienestar de la gente de nuestra tierra”, concluye Torres.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha denunciado este miércoles en el pleno de la Cámara regional que la comisión de investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia nació con un “veredicto escrito de antemano”, y que fue utilizada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) como una herramienta de “confrontación partidista” para intentar desacreditar al anterior Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres.

Durante su intervención en el debate del dictamen de la comisión de investigación, Fierro sostuvo que los grupos que promovieron la comisión registraron su solicitud en febrero de 2024 hablando ya del denominado “caso Torres”, lo que, a su juicio, demuestra que “ni la investigación, ni el estudio, ni el análisis fueron nunca su objetivo”: “Sus conclusiones estaban escritas desde el mismo momento en que registraron la solicitud”, afirmó.

La diputada socialista aseguró que los trabajos parlamentarios, con más de 70 comparecencias y un amplio volumen de documentación analizada, han desmontado el relato político construido por CC, PP y VOX.

En este sentido, recordó que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Fierro criticó lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres. “Han intentado permanentemente dañar la imagen de una persona honrada y limpia”, afirmó, defendiendo que el exjefe del Ejecutivo actuó siempre desde el interés general y recordando que las resoluciones judiciales conocidas hasta la fecha respaldan esa actuación.

La presidenta socialista contrapuso esa estrategia política con lo que definió como “hechos probados” sobre la gestión de la pandemia en Canarias. Entre ellos destacó que el Archipiélago fue uno de los territorios con menor mortalidad por COVID-19, la realización de cribados en las residencias de mayores, la rápida respuesta ante el primer brote detectado en Adeje (Tenerife), la creación de comités científicos para asesorar las decisiones del Gobierno, y la colaboración entre las administraciones y el sector privado para garantizar el suministro de material sanitario.

Asimismo, hizo hincapié en que ningún cargo del PSOE en Canarias está investigado por la contratación de material sanitario, que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa de emergencia vigente durante la pandemia y que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas llegó a afirmar que los contratos eran “administrativamente impecables”.

Además, Fierro rechazó también algunas de las principales conclusiones recogidas en el dictamen de la comisión, calificándolas de “falsedades intencionadas”, y negó que Canarias fuera el epicentro de la corrupción en la compra de material sanitario, recordando que de los cerca de 1.300 expedientes de contratación solo dos han sido objeto de investigación parlamentaria.

Asimismo, sostuvo que no existe prueba alguna de que Ángel Víctor Torres interviniera en la adjudicación de contratos o favoreciera a empresa alguna.

La presidenta del Grupo Socialista también trasladó un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía canaria por el comportamiento demostrado durante la pandemia y reivindicó el trabajo realizado por el Gobierno del Pacto de las Flores para proteger la salud pública, el empleo y el Estado del bienestar en uno de los momentos más difíciles vividos por las islas, así como el rigor con lo que se actuó en un contexto fuera de la normalidad administrativa y donde salvar vidas era lo más urgente.

Fierro concluyó con un llamamiento a la responsabilidad política y a la defensa de la verdad frente a la confrontación partidista. También dirigió unas palabras a quienes integraron el anterior Ejecutivo autonómico y, de forma especial, al expresidente Ángel Víctor Torres, defendiendo que, pese a la “campaña de descrédito” sufrida durante los últimos años, la actuación del Gobierno socialista durante la emergencia sanitaria ha quedado respaldada tanto por la documentación analizada como por las resoluciones judiciales conocidas.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con los votos de CC, PP y Vox, el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Mascarillas, que sitúa la responsabilidad política en el Ejecutivo regional (formado entonces por PSOE, NC, ASG y Sí Podemos), y en particular en su presidente, el actual ministro Ángel Víctor Torres.

CC, PP y Vox han rechazado el voto particular presentado por PSOE, NC y ASG (que en la actualidad forma parte del Gobierno regional junto a CC y PP), que consideran que el dictamen no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su “fortaleza electoral”.

El debate se ha celebrado en un pleno semivacío por la ausencia de la oposición y la votación ha dividido a los grupos que apoyan al actual Gobierno de Canarias, ya que CC, PP y AHI han apoyado el dictamen, mientras que ASG, que formó parte del anterior Ejecutivo y también de este, se ha unido a PSOE y Nueva Canarias en un voto particular.

El informe concluye que la principal responsabilidad política recae en el Gobierno de Canarias y se proyecta “de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera y los responsables del área de Sanidad”, según expuso en el pleno del Parlamento el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Raúl Acosta, de AHI.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira Fierro, sostuvo que los grupos que promovieron la comisión registraron su solicitud en febrero de 2024 hablando ya del denominado “caso Torres”, lo que, a su juicio, demuestra que “ni la investigación, ni el estudio, ni el análisis fueron nunca su objetivo”: “Sus conclusiones estaban escritas desde el mismo momento en que registraron la solicitud”, afirmó.

La actuación de Torres, avalada por la justicia pero criticada por sus rivales políticos

La diputada socialista aseguró que los trabajos parlamentarios, con más de 70 comparecencias y un amplio volumen de documentación analizada, han desmontado el relato político construido por CC, PP y Vox.

En este sentido, recordó que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Fierro criticó lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres. “Han intentado permanentemente dañar la imagen de una persona honrada y limpia”, afirmó, defendiendo que el exjefe del Ejecutivo actuó siempre desde el interés general y recordando que las resoluciones judiciales conocidas hasta la fecha respaldan esa actuación.

La presidenta socialista contrapuso esa estrategia política con lo que definió como “hechos probados” sobre la gestión de la pandemia en Canarias. Entre ellos destacó que el Archipiélago fue uno de los territorios con menor mortalidad por COVID-19, la realización de cribados en las residencias de mayores, la rápida respuesta ante el primer brote detectado en Adeje (Tenerife), la creación de comités científicos para asesorar las decisiones del Gobierno, y la colaboración entre las administraciones y el sector privado para garantizar el suministro de material sanitario.

Asimismo, hizo hincapié en que ningún cargo del PSOE en Canarias está investigado por la contratación de material sanitario, que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa de emergencia vigente durante la pandemia y que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas llegó a afirmar que los contratos eran “administrativamente impecables”.

Acusaciones sin pruebas y basadas en bulos

Además, Fierro rechazó también algunas de las principales conclusiones recogidas en el dictamen de la comisión, calificándolas de “falsedades intencionadas”, y negó que Canarias fuera el epicentro de la corrupción en la compra de material sanitario, recordando que de los cerca de 1.300 expedientes de contratación solo dos han sido objeto de investigación parlamentaria.

Asimismo, sostuvo que no existe prueba alguna de que Ángel Víctor Torres interviniera en la adjudicación de contratos o favoreciera a empresa alguna.

La presidenta del Grupo Socialista también trasladó un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía canaria por el comportamiento demostrado durante la pandemia y reivindicó el trabajo realizado por el Gobierno del Pacto de las Flores para proteger la salud pública, el empleo y el Estado del bienestar en uno de los momentos más difíciles vividos por las islas, así como el rigor con lo que se actuó en un contexto fuera de la normalidad administrativa y donde salvar vidas era lo más urgente.

Fierro concluyó con un llamamiento a la responsabilidad política y a la defensa de la verdad frente a la confrontación partidista. También dirigió unas palabras a quienes integraron el anterior Ejecutivo autonómico y, de forma especial, al expresidente Ángel Víctor Torres, defendiendo que, pese a la “campaña de descrédito” sufrida durante los últimos años, la actuación del Gobierno socialista durante la emergencia sanitaria ha quedado respaldada tanto por la documentación analizada como por las resoluciones judiciales conocidas.

Los principales grupos del Parlamento de Canarais han “tirado a la basura” este miércoles una proposición no de ley (PNL) del grupo Vox sobre el Hospital Insular de Lanzarote en la que este partido ha vinculado el deterioro de la atención sanitaria con el coste de la asistencia sanitaria a migrantes.

Vox incluía en la exposición de motivos de la PNL referencias a la “inmigración ilegal” y a su impacto sobre los servicios públicos, y ha cifrado en 26 millones de euros los destinados por el Servicio Canario de la Salud en 2024 a la atención sanitaria de población migrante.

El primero en rechazar los planteamientos de Vox ha sido el diputado de Nueva Canarias Yone Caraballo, que ha dicho que el mensaje de odio en estos tres folios “define a Vox” y ha considerado que lo deberían leer todos los trabajadores.

“Usted habla de la carga de los 26 millones en gasto relacionado con la inmigración. ¿Y el gasto de los rubios con ojos azules que están en los centros de salud de todas las zonas turísticas? ¿Usted va a esos centros a ver si hay moritos o negritos? Porque lo que hay son guiris. Hay gente de Europa que también genera tanto gasto como los de la inmigración”, ha planteado Caraballo.

“Esta PNL no irá a la gaveta, irá a la basura”, ha concluido el diputado de NC.

David Toledo, del grupo Nacionalista, ha acusado a Vox de ir en contra de los derechos humanos en buena parte de sus iniciativas parlamentarias y ha defendido que el Hospital de Lanzarote seguirá siendo para los conejeros y ha cuestionado que el portavoz de Vox conozca siquiera el barrio en el que se sitúa.

Una cosa es defender el Hospital y otra utilizar cualquier iniciativa para generar odio, división. Me tendrá que explicar qué tiene que ver la inmigración con las necesidades de reparación de esta infraestructura, sus defectos en la parte eléctrica. ¿Por qué todas sus iniciativas tienen que ver con los conceptos que generan polarización y crispación“, ha lamentado Toledo, que ha dicho que hay que ”pararle los pies“ a Vox con ese tipo de planteamientos.

Por el PSOE, Marcos Hernández ha criticado la “carga de cinismo insoportable al mezclar inmigración y geriatría.

“Esto da una idea de la catadura moral que les inspira y les mueve. No damos pábulo a estas estrategias de los últimos contra los penúltimos y de deslegitimar a seres humanos. Todos los asuntos los convierten en odio exasperante”, ha concluido Hernández.

Del PP, la diputada Raquel Díaz le ha preguntado a Vox qué tiene que ver la agenda 2030 y el supuesto “fanatismo climático” con el Hospital Insular de Lanzarote.

“Se busca un marco, se introduce un relato ajeno al contenido y van a por el corte para redes”, ha lamentado la diputada, que también ha criticado que la izquierda “ha utilizado” el Hospital de Lanzarote para buscar rédito político.

El Proyecto de Ley de la Ciencia de Canarias ha salido adelante este miércoles en el Parlamento regional con el apoyo de los partidos del Gobierno de Canarias y sus socios (PP, CC, AHI y ASG) y con el voto en contra de la oposición: PSOE, NC y Vox.

Para el grupo parlamentario de Nueva canarias-Bloque Canarista (NC-BC) la nueva ley “menosprecia” a las universidades públicas isleñas y carece de financiación. La ponente de NC-BC, Carmen Hernández, a pesar de un último intento de consensuar enmiendas in voce y otras vivas de la veintena rechazadas durante la tramitación por CC, el PP, la ASG y la AHI, dijo que el texto nace “de espaldas” a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y a de La Laguna (ULL), “sin financiación suficiente y sin el consenso” de la comunidad científica y las personas jóvenes científicas.

Carmen Hernández defendió que hablar de ciencia no sólo son laboratorios, publicaciones e innovación tecnológica. Es, como subrayó la parlamentaria, hablar de educación, sostenibilidad, transición energética, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático y calidad de vida. “Invertir en ciencia no es un gasto, es una inversión estratégica en el futuro, en el bienestar de nuestra gente y en la diversificación económica que necesita Canarias”, afirmó.

La diputada lamentó que una ley llamada a marcar el rumbo de la ciencia canaria durante las próximas décadas no se haya construido con quienes sostienen el sistema público de investigación. Recordó que las dos universidades públicas, responsables de más del 90 por ciento de la producción científica del Archipiélago, trasladaron numerosas propuestas de mejora que fueron rechazadas por el Gobierno de las dos derechas (CC y el PP) de Fernando Clavijo, al igual que la práctica totalidad de las 22 enmiendas presentadas por NC-BC elaboradas con los planteamientos de la Ulpgc y la ULL.

El mismo rechazo por parte de los grupos de CC, el PP, la ASC y la AHI a las iniciativas de mejora de la comunidad científica y de la juventud investigadora inmersa en la precariedad, remarcó la portavoz de Nueva Canarias. El gabinete de Clavijo “ha preferido imponer su mayoría antes que construir un acuerdo”, denunció.

Uno de los principales motivos del rechazo de NC-BC al texto legislativo es la ausencia de un compromiso financiero vinculante. “Una ley sin financiación es papel mojado, maquillaje, márquetin mediático”, aseguró Hernández. Incidió la diputada además en que las dos derechas canarias han recortado, desde el Ejecutivo, 21,8 millones de euros en I+D+i, l, lo que convierte a Canarias una de las pocas comunidades que reduce su inversión en investigación.

También criticó que la norma no establezca una verdadera carrera investigadora para las personas jóvenes. “No hay mecanismos reales de estabilización, no se impulsan contratos de larga duración ni medidas eficaces para retener el talento”, denunció, haciéndose eco de las críticas expresadas por los propios jóvenes investigadores sobre la nueva ley.

Carmen Hernández cuestionó el modelo institucional que plantea la norma, al considerar que debilita a la Agencia Canaria de Investigación y resta protagonismo a las universidades públicas, incluso en el futuro Consejo Asesor de Ciencia, pese a ser las principales generadoras de conocimiento en Canarias.

Cuestionó la creación de una fundación universitaria por competir en funciones con la Agencia Canaria de Investigación. “Mucho nos tememos que se va a convertir en el nuevo coladero de cargos públicos o de afiliados de Coalición Canaria en el futuro, como hacen con otras fundaciones que hay por ahí andando”, censuró.

“Detrás de esta ley hay un claro menosprecio a nuestras universidades públicas, es no ponerlas en valor, no creer en ellas”, recriminó. Razones por las que, en opinión de NC-BC, el Gobierno de Clavijo tampoco aprueba el contrato programa con el objetivo de infrafinanciar a las dos entidades públicas de Canarias de enseñanza superior.

La parlamentaria de NC-BC defendió que “Canarias necesita una ley ambiciosa, bien financiada, consensuada con la comunidad científica y capaz de fortalecer, de verdad, el sistema público de investigación”. Lamentablemente, añadió la parlamentaria nacionalista, este proyecto “no responde a ese objetivo”, por lo que Nueva Canarias-Bloque Canarista “no puede apoyar” el mismo.

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por 63 votos a favor y tres abstenciones, de Vox, la ley de municipios turísticos, la primera norma tramitada en la comunidad autónoma a iniciativa legislativa municipal y que viene a regular la figura de este tipo de ayuntamientos. Pese a la importancia de la norma, la consejera del ramo, Jéssica de León, ha estado ausente en el Parlamento, al encontrarse de vacaciones.

La ley, impulsada inicialmente por trece ayuntamientos y asumida después por el conjunto de los municipios canarios a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), crea por primera vez un régimen jurídico específico para los municipios cuya actividad está marcada por el turismo y que prestan servicios públicos a una población muy superior a la empadronada.

La norma establece dos categorías: municipio turístico de excelencia de Canarias y municipio turístico de singularidad de Canarias.

Para obtener la consideración de municipio turístico de excelencia, la ley establece que los ayuntamientos deberán acreditar dos de tres requisitos: que su población turística anual sea cinco veces superior a la empadronada, contar con al menos 4.000 plazas de alojamiento turístico o disponer de plazas alojativas de cinco estrellas iguales o superiores al 10% de la población empadronada.

Además, la actividad turística deberá representar más del 15% de la economía municipal, mediante informe del Consejo Económico y Social o de una de las dos universidades públicas canarias.

En el caso de las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) y de los municipios de reto demográfico, bastará con que la población turística triplique la empadronada, que cuenten con 2.000 plazas alojativas o que dispongan de establecimientos de cuatro estrellas, incluso en municipios limítrofes.

Para ser municipio turístico de singularidad, la ley exige acreditar al menos dos recursos de interés turístico singular y que la actividad turística suponga más del 5% de la economía local, aunque en las islas verdes y los municipios de reto demográfico bastará con un recurso singular.

La declaración corresponderá al Gobierno de Canarias por decreto, a solicitud del ayuntamiento interesado, previo acuerdo plenario por mayoría absoluta, y tendrá vigencia indefinida, salvo pérdida de los requisitos, incumplimientos reiterados o renuncia expresa.

Qué implica para los ayuntamientos

Los municipios turísticos tendrán derecho a usar esa denominación, incorporarse a programas autonómicos e insulares de promoción, participar en órganos consultivos turísticos y ser tenidos en cuenta en políticas de infraestructuras y servicios que incidan en el turismo.

También asumirán obligaciones como adaptar sus ordenanzas, aprobar instrumentos de planificación turística municipal, mantener espacios públicos, proteger el patrimonio natural y cultural, reforzar servicios turísticos, impulsar la movilidad sostenible y favorecer la participación ciudadana.

Entre los servicios específicos que deberán prestar figuran la vigilancia ambiental, el refuerzo de la limpieza en zonas de uso turístico, el control de ruidos, la vigilancia y socorrismo en playas, la información turística accesible y la actualización de portales web con información para visitantes.

Votación de los grupos

De los grupos de la oposición, la diputada del PSOE Lucía Fuentes ha dicho que respaldan la ley por considerar que reconoce una reivindicación histórica de los municipios turísticos y ha destacado que el texto se ha mejorado durante la tramitación para incluir a los municipios de reto demográfico y evitar que localidades con valor patrimonial o natural quedaran fuera del reconocimiento.

Esther González, de Nueva Canarias también ha apoyado la norma, aunque ha defendido una enmienda -rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno- para suspender temporalmente expedientes sancionadores ligados al régimen de unidad de explotación hasta que el Gobierno tramite la reforma anunciada de la ley de renovación turística, al entender que es incoherente seguir aplicando una regulación que el propio Ejecutivo considera necesario modificar.

Por Vox, Paula Jover ha justificado la abstención por la ausencia de ficha financiera, por rechazar referencias que considera ajenas al turismo en materia climática y de género, y por oponerse al régimen previsto para funcionarios de carrera que ocupen órganos directivos en municipios turísticos de excelencia.

De los grupos que apoyan al Gobierno, Mario Cabrera, de Coalición Canaria, ha apuntado que si bien la ley no resuelve por sí sola los retos de la vivienda, el territorio o la movilidad, ni crea un fondo económico específico, sí ofrece un punto de partida para reconocer una realidad que hasta ahora no tenía encaje jurídico, y puede ser la base para debatir el modelo turístico de las islas y cuestiones como el reparto de la riqueza o el número de camas.

Del PP, el diputado David Morales ha destacado que la norma va más allá de un sello distintivo, porque reconoce el sobreesfuerzo en servicios públicos que soportan los municipios turísticos y refuerza la idea de Canarias como una unidad de destino turístico.

Jesús Ramos, diputado de la Agrupación Socialista Gomera, ha celebrado que la ley tenga en cuenta a las islas verdes y a los municipios de reto demográfico, al entender que el turismo puede ser una oportunidad para fijar población y generar actividad económica en esos territorios.

El diputado de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, ha considerado que la aprobación de esta ley supone un hito para el municipalismo canario, porque los ayuntamientos dejan de ser “convidados de piedra” y se convierten en impulsores de soluciones legislativas para el conjunto del archipiélago.

El pleno del Parlamento de Canarias debate este miércoles los dictámenes de la Ley Canaria de la Ciencia y de la Ley de Municipios Turísticos, entre otros asuntos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha asegurado en el pleno del Parlamento que si alguien va al médico de cabecera sin cita en la sanidad pública es atendido, después de que el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, denunciara que una cita tarda hasta más de diez días. “Si usted va mañana a su médico de cabecera sin pedir cita lo atienden el mismo día, porque a mí y a familiares míos nos ha ocurrido”, ha replicado el líder del Ejecutivo canario, y ha enfatizado: “Usted solo tiene que ir hoy al centro de salud si tiene cualquier problema y le aseguro que lo van a atender. Y, si no, vamos los dos juntos. Yo voy con usted”.

Clavijo, quien se ha declarado “usuario de la sanidad pública”, ha explicado que si en la atención primaria se da cita para otro día es porque los centros tienen que organizarse y hacer “un esfuerzo importante para reconfirmar aquellas citas a las que luego el paciente no acude”.

Según el presidente regional, “es evidente que la sanidad está mucho mejor” que como la dejó el anterior Gobierno de Canarias en 2023.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, denunció, por el contrario, “el progresivo deterioro del sistema sanitario público”, y se refirió a las protestas laborales, la saturación en urgencias y los retrasos en la atención primaria.

Campos reclamó a Clavijo que escuche las reivindicaciones de los profesionales del Servicio Canario de la Salud y ha calificado de “cínica” y “vergonzosa” la propuesta de la Consejería de Sanidad a los médicos en huelga para solucionar las sustituciones de las bajas y las vacaciones.

También ha denunciado Campos la situación de los técnicos de transporte sanitario en huelga o la situación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, cuya falta de captación de sangre ha provocado la suspensión de pruebas quirúrgicas.

El portavoz de NC ha lamentado además el “colapso estructural” de los servicios de urgencias en los grandes hospitales, donde se acumulan durante días enfermos en camillas, ha denunciado.

El presidente de Canarias ha insistido en que la sanidad está mucho mejor y ha sostenido que las listas de espera, las intervenciones quirúrgicas y las consultas han mejorado sustancialmente.

Respecto a las movilizaciones del personal sanitario, ha calificado las reivindicaciones de “legítimas” y “razonables”, pero ha matizado que la base del conflicto no se circunscribe a Canarias, sino que depende directamente del Ejecutivo central, que ha respondido con “arrogancia y prepotencia”.

En el ámbito autonómico, la Consejería de Sanidad negocia distintas propuestas para incorporar más recursos y aplicar cambios organizativos en la red, como la instauración de turnos de mañana y tarde, ha señalado.

En todo caso, ha advertido de que el Gobierno de Canarias no permitirá en ningún caso que se resienta la atención a los pacientes durante este proceso de reorganización asistencial.

Críticas a la consejera de Sanidad

El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino ha afirmado este martes que a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, no le preocupa el sufrimiento de los pacientes canarios, gobierna de espaldas a la Cámara y es indiferente a las reivindicaciones del personal de las ambulancias.

Miguel Ángel Pérez del Pino, que ha cuestionado a la consejera por su falta de interlocución ante las demandas del personal del transporte sanitario, ha aseverado que las respuestas de Monzón acerca de este conflicto son tan “vergonzantes” como las expresadas con anterioridad en el pleno por parte del presidente Fernando Clavijo sobre la sanidad canaria.

Monzón rechaza sistemáticamente reunirse con los sindicatos y se niega a sentarse con los trabajadores, pero con la patronal lo hace “disimuladamente”, ha opinado el diputado socialista, quien ha comparado esta situación con la intervención de Clavijo en el ámbito turístico “cuando sonaron los pitos de la patronal de Tenerife”.

La consejera ha replicado que tiene pleno conocimiento de las demandas de los trabajadores de las ambulancias, respeta sus reivindicaciones y comparte la necesidad de avanzar en su reconocimiento profesional, por lo que confía en que se culmine el proceso de negociación con todas las garantías.

Pero también ha incidido en que se trata de un conflicto de naturaleza laboral y retributiva en el que no puede intervenir la administración autonómica aunque Pérez del Pino “manipule”, ha dicho la consejera, para indicar que ello no implica que la Consejería sea ajena al proceso negociador.

No hay una posición pasiva y Sanidad está haciendo todos los esfuerzos posibles en su convicción de que el transporte sanitario es un servicio esencial que debe estar acompañado de unas condiciones laborales dignas, ha añadido Monzón, quien ha reiterado su rechazo a los recientes actos vandálicos que impidieron que pudieran efectuarse 59 tratamientos sanitarios.

El pleno del Parlamento de Canarias inicia una nueva sesión con una declaración institucional sobre los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha denunciado que CC y el PP han impuesto su mayoría en la Mesa del Parlamento de Canarias, presidida por Astrid Pérez (PP), para cambiar las reglas del procedimiento para legislar mediante una resolución y sin reformar el Reglamento de la Cámara con el objetivo de “reforzar el poder de la mayoría” de CC, el PP, la ASG y la AHI que sustenta al Gobierno presidido por Fernando Clavijo.

El portavoz parlamentario y la portavoz adjunta y vicepresidenta de la Mesa de la Cámara en la pasada legislatura de NC-BC, Luis Campos y Esther González, denunciaron esta alteración del Reglamento “por la puerta de atrás”, hecha además para “recortar las garantías de las minorías” en el Legislativo.

La resolución aprobada por la Mesa del Parlamento regula la tramitación de enmiendas a las propuestas legislativas en la fase de la ponencia. Esther González dijo que el Reglamento permite al órgano del Gobierno de la Cámara dictar resoluciones cuando existe una laguna, contradicción o discrepancia.

De hecho, la resolución argumenta que el Reglamento regula las enmiendas transaccionales, in voce y de subsanación en comisión y en pleno, pero no en ponencia. Es cierto, según la portavoz adjunta de NC-BC, que “aquí existía una laguna”, pero el problema “no es que se quiera completar esa laguna, sino la forma en que se ha hecho”.

Se refería a que las “discrepancias” serán resueltas por el criterio del “voto ponderado, que favorece automáticamente a la mayoría”. La Mesa “lo que no puede hacer es aprovechar ese vacío para cambiar las reglas en beneficio de la mayoría,” criticó la portavoz adjunta. Es una forma “perversa, maliciosa y fuera de toda lógica” de resolver una laguna del Reglamento, recriminó González.

Luis Campos elevó el grado de preocupación porque la mayoría impondrá su criterio. Están para gobernar, observó para subrayar a continuación que las “minorías también tienen derechos parlamentarios que deben ser protegidos”. Las “reglas del juego pertenecen a toda la Cámara y no pueden cambiarse unilateralmente”, censuró el portavoz parlamentario.

Esther González criticó que la resolución haya comenzado a aplicarse de manera inmediata en las ponencias legislativas, incluso respecto de iniciativas que ya se encontraban en tramitación. “Ya se aplicó en la ponencia celebrada este lunes, otorgándole además efectos retroactivos sobre procedimientos ya iniciados. Se están cambiando las reglas del partido cuando el partido ya está en juego”, recriminó.

Nueva Canarias-Bloque Canarista advierte de que este precedente supone una concentración de poder en la Mesa y abre la puerta a que futuras modificaciones del procedimiento legislativo puedan realizarse “sin acudir al mecanismo ordinario de reforma” del Reglamento.

En opinión de NC-BC, “estamos hablando de la calidad democrática” del Parlamento de Canarias. Hoy cambian las reglas para las enmiendas; mañana podrían hacerlo con cualquier otro derecho de la oposición, alertó Luis Campos.

Si el Reglamento necesita actualizarse, para Esther González debe hacerse con transparencia, mediante el procedimiento previsto y con el debate político que corresponde al pleno. Lo contrario “debilita la calidad democrática de la institución y reduce el papel de la oposición en la elaboración de las leyes”, reiteró la vicepresidenta primera de la Mesa en la pasada legislatura.

El presidente de la Fundación Weber, Álvaro Hidalgo, ha afirmado este martes que la carga total que supone la obesidad para Canarias asciende a la cifra “insostenible” de 327,5 millones de euros al año, pero “la buena noticia” es que tratar esta enfermedad es la inversión pública más rentable.

En su comparecencia en comisión parlamentaria este martes el presidente de la Fundación Weber ha dicho que para entender el impacto real de la obesidad en las islas se puede explicar “el viaje de Yaiza”, una paciente grancanaria de 52 años con 99 kilos de peso, un Índice de Masa Corporal de 35, esto es obesa, y diabetes tipo 2.

El ejemplo de Yaiza no es un caso aislado, pues hay 77.748 personas en Canarias en esta situación, ha proseguido Hidalgo, quien ha dicho que, según datos de 2025, más de 406.000 personas en las islas padecen obesidad, el 21,4 por ciento de la población adulta.

Esta situación provoca un coste visible y directo de 7.907 euros al año por paciente en gastos sanitarios, y de 4.955 euros en medicación y consultas para los 47.000 canarios con obesidad de tipo dos.

Si se le añade la diabetes tipo 2, hay más de 19.000 pacientes con un coste anual de 2.138 euros, y con hipertensión arterial hay más de 38.000 personas y un desembolso de 814 euros cada uno.

Pero además hay “un inmenso costo invisible”, el del impacto en la productividad laboral que Álvaro Hidalgo ha cifrado en 23,76 millones de euros al año, al tiempo que ha explicado que el 15% de los trabajadores con obesidad tiene absentismo laboral por crisis de salud, fatiga y somnolescencia.

Asimismo, el 66% de los trabajadores con obesidad refieren haber sufrido discriminación en entrevistas laborales o en el acceso a puestos de trabajo, y el presidente de la Fundación Weber ha hablado también de que el 74% de las personas obesas padece problemas de reducción de la movilidad.

Hidalgo ha llamado la atención sobre el dato de que el 96 por ciento sufre un impacto emocional negativo que se refleja en ansiedad y depresión, y por lo tanto afecta a su salud mental.

“El viaje de Yaiza nos muestra el coste de la inacción si no intervenimos a tiempo”, ha continuado el economista, quien ha señalado que “la buena noticia” es que tratar la obesidad es la inversión pública más rentable y, si se logra reducir entre un 5 y un 10%, habría un ahorro estimado en 786 euros.

Y en total el ahorro estimado sería de 61 millones de euros, por lo que invertir en obesidad no es un gasto, es “sostenibilidad para el Sistema Canario de la Salud”, ha añadido Hidalgo, quien ha pedido también reflexionar sobre si las políticas en este ámbito tienen en cuenta los diferenciales socioeconómicos.

Y ello porque hay tratamientos eficaces contra la obesidad que no están financiados por la sanidad pública, por lo que al final se está ampliando la brecha entre los determinantes socioeconómicos y el sobrepeso.

Ha opinado asimismo que muchos sanitarios no ven la obesidad como un problema de salud y no le prestan la atención que deberían, por lo que ha considerado fundamental un abordaje desde el punto de vista de la formación, la comunicación y la continuidad asistencial con énfasis en la atención primaria, o de lo contrario, ha dicho, será muy difícil cambiar la situación.

“Lo que sí hemos visto es que si invertimos dinero en prevenir, comunicar y tratar la obesidad hay un retorno claro para el paciente, el sistema y la sociedad”, ha indicado Hidalgo, para quien probablemente por la magnitud del problema “no podamos abordar todo de golpe, pero sí por partes” al identificar a los pacientes y proporcionarles la asistencia adecuada.