Clavijo promete profesionalizar la sanidad y coloca a un estibador al frente de uno de los mayores hospitales de Canarias

“La Sanidad no se puede gestionar a golpe de carné de partido, como ha hecho el PSOE, sino con los profesionales”. El entonces candidato y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pronunció esta frase el pasado 22 de mayo, en un acto electoral en Lanzarote. Durante esa campaña, el líder de Coalición Canaria (CC) utilizó el incremento de las listas de espera registrado durante la pandemia como ariete contra el Ejecutivo saliente, liderado por los socialistas. Y se comprometió a “profesionalizar la gestión sanitaria”, a despojarla de los intereses partidistas para mejorar los indicadores. 

En esos comicios, el PSOE volvió a ser la fuerza más votada en las Islas, pero los números no le dieron para reeditar el pacto progresista y CC recuperó el poder gracias a un acuerdo con el Partido Popular (PP) al que también se han sumado dos partidos insulares, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la Agrupación Herreña Independiente (AHÍ). Clavijo nombró consejera de Sanidad a la psicóloga clínica Esther Monzón, que ya había ocupado un puesto de responsabilidad en su anterior Ejecutivo (directora del Área de Salud de Gran Canaria), que venía de dirigir un centro sociosanitario en la misma isla y que había concurrido a las elecciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como número 11 de la lista de CC, partido en el que se había enrolado tras abandonar su anterior formación, Unidos por Gran Canaria, con la que fue consejera del Cabildo. 

Más de tres meses después de aquellas palabras de Clavijo, esta misma semana han tomado posesión los últimos altos cargos del equipo que encabeza Monzón. Y entre ellos hay algunos con carné de partido y sin formación específica o experiencia en el ámbito de la gestión sanitaria. Uno de los casos más llamativos es el del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Al frente de este centro, uno de los cuatro mayores del Archipiélago con un presupuesto anual superior a los 400 millones de euros y con más de 6.000 trabajadores, el Gobierno ha situado a Adasat Goya, un licenciado en Economía y militante de CC que en los últimos 16 años ha ejercido como concejal, con dedicación parcial, en el Ayuntamiento de El Sauzal, un municipio de apenas 9.000 habitantes. 

El nuevo gerente del HUC ha compatibilizado esa actividad política con la profesional ligada al sector portuario. En concreto, como estibador en el Puerto de Tenerife. El currículo facilitado por el propio Gobierno destaca que Goya fue coordinador de la Terminal de Contenedores de la isla, que en 2006 opositó a la escala de habilitados nacionales de interventores-tesoreros y que cursa el segundo ciclo de la carrera de Dirección y Administración de Empresas. En el Ayuntamiento de El Sauzal ha ostentado competencias en las áreas de Economía y Hacienda, Protección Civil y Transportes y ha sido consejero de la empresa de servicios municipales. En su trayectoria formativa y profesional no figura, por tanto, vinculación alguna con el ámbito sanitario. 

El nombramiento de Adasat Goya destapa las conexiones del sector de la estiba con CC. El nuevo gerente del HUC es hermano de Antolín Goya, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, que representa al colectivo de los estibadores. Y ahí aparece la figura de un histórico de CC, el abogado Víctor Díaz, que en los últimos años ha ejercido como asesor jurídico de esa coordinadora. Díaz fue consejero de Empleo, es hermano del exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz y también ejerció la defensa letrada de Fernando Clavijo en alguna de las causas penales por las que el presidente del Gobierno fue investigado, todas ellas vinculadas con su etapa como concejal y alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna. 

Las conexiones no acaban ahí. La pareja de Víctor Díaz, Marisol Pastor, es médica y fue gerente del HUC con Clavijo como presidente. Su hijo, Airam Díaz, tiene una estrecha relación con Antolín Goya (el hermano de Adasat) y, pese a haber trabajado en Tenerife, ha sido nombrado por Clavijo representante de la Comunidad Autónoma en el Consejo de Administración de Puertos de Las Palmas, ahora en manos de Beatriz Calzada (CC). 

El de Adasat Goya no es, sin embargo, el único nombramiento que ha generado controversia, por su perfil, en algunos ámbitos sanitarios. Como directora del área de Salud de Lanzarote ha tomado posesión Esther Machín, que fue consejera del Cabildo con Coalición Canaria y que es técnico en agencias de viajes, habiendo desarrollado su trayectoria profesional en el sector de la empresa privada “vinculada con los viajes y la promoción turística en destino de productos elaborados en Canarias”. 

El pacto de gobierno entre CC y el PP en Canarias también integra a la Agrupación Socialista Gomera (ASG) del influyente Casimiro Curbelo, que exigió el control de la sanidad en la isla y que ha nombrado directora insular del área a Eva Ravelo, número 11 en las listas de ASG al Ayuntamiento de Valle Gran Rey en las elecciones locales celebradas el 28 de mayo. En los últimos años ha ejercido como técnica de educación infantil en ese consistorio de la isla colombina. El Gobierno destaca que esta alto cargo ha realizado cursos sobre “intervención psicológica en situaciones de crisis y sobre ”herramientas de autor para la generación de materiales educativos web en la Universidad de La Laguna“, además de cursar estudios de ”prevención de riesgos laborales psicosociales, auxiliar administrativo, dinamización de actividades infantiles y discapacidad, ofimática e inglés para atención al público“. 

La cuarta pata del Gobierno canario es la Agrupación Herreña Independiente (AHI), una formación ligada históricamente a CC y con la que, a pesar de haberse desvinculado formalmente a principios de año, sigue manteniendo estrechos lazos. Como directora del área de Salud en El Hierro también se ha nombrado a una militante de AHI, Pilar Mora, que fue diputada del Parlamento de Canarias y consejera del Cabildo. Es técnica superior en Informática Empresarial y técnica superior en Administración y Finanzas y ejercía como profesora de Formación Profesional en Administración y Gestión. 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública también alude a otros perfiles ajenos al de la gestión sanitaria, como el del nuevo director del área de Salud de Tenerife, Rafael Luis Martín, que ha ejercido como responsable de gestión de planta de envases de Tenerife de la sociedad insular Simpromi (Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad). O el de la nueva directora de Salud de La Palma, Cecilia Sánchez, que ha trabajado como auxiliar administrativo en diversas entidades privadas y públicas, como el propio SCS o el Cabildo de La Palma. 

Por su parte, la trayectoria profesional de la nueva directora del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, Gemma Torres, está vinculada a una empresa de alquiler de pisos y habitaciones de media y larga estancia.  Y el nuevo director de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias (Essscan) es José Montelongo, que militó en el PSOE, fue alcalde de Arrecife, concurrió en las listas de CC tanto a las elecciones autonómicas del 28 de mayo como a las generales del 23 de junio y continúa imputado por prevaricación en una de las piezas del caso Montecarlo.  

Para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, los nombramientos realizados por el Gobierno de Clavijo “no animan a esperar una mejora” en la pretendida profesionalización de la gestión sanitaria y “no hacen concebir muchas esperanzas en que se solucionen los problemas de la sanidad canaria”. Este colectivo recuerda que, hasta ahora, “todas las gestiones sanitarias” en el Archipiélago se han caracterizado por “su alejamiento de la necesaria gestión profesional”, practicando una “de carácter político” que se refleja, entre otras cuestiones, en “la conformación de equipos dirigentes partidistas”, además de estar “francamente alejados del día a día de las trincheras en las que se lucha denodadamente contra la enfermedad y por la salud”.

La profesionalización de la gestión sanitaria es el principal objetivo de la Sociedad Española de Directivos Sanitarios (Sedisa), una entidad privada que persigue “la ampliación de los conocimientos y habilidades de gestión para hacer frente al complejo entorno sanitario actual”. Con este fin, promueve un máster de gestión y planificación sanitaria y ha planteado a las organizaciones profesionales acuerdos para “homogeneizar criterios de formación y de experiencia” en el ámbito de la salud.

Un estudio difundido por esta sociedad en 2018 concluyó que casi el 90% de las personas que ocupaban las gerencias de los hospitales españoles tenían formación universitaria en Medicina. “Solo directivos de la salud profesionales, con formación y experiencia adecuadas, serán capaces de hacer evolucionar el modelo sanitario hacia la transformación requerida, con enfoque a la cronicidad, a la integración de servicios, la continuidad asistencial y a la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a favor de calidad y eficiencia”, decía a raíz de ese estudio el entonces presidente de Sedisa, Joaquín Estévez.

Dos legislaturas convulsas en Sanidad

Las dos últimas han sido legislaturas convulsas en la sanidad canaria. El primer mandato de Clavijo (2015-2019) comenzó con la Consejería de Sanidad en manos del PSOE, con quien había pactado. Sin embargo, las discrepancias no tardaron en aparecer y el presidente acabó expulsando a los socialistas del Gobierno al año y medio. Clavijo había acusado a sus socios de un desvío presupuestario en Sanidad y se había reunido con los gerentes de los hospitales públicos para que recortaran 50 millones de euros “sin importar dónde”. Ya gobernando en solitario, colocó al frente del área al matemático José Manuel Baltar, que era gerente de una de las principales clínicas privadas del Archipiélago y vicepresidente de la patronal de la sanidad privada. 

A partir de ese momento, el PSOE lideró una oposición beligerante contra el consejero y contra el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, a quienes acusaba de una “deriva privatizadora” en la sanidad canaria.  

Las elecciones de 2019 pusieron fin a 26 años ininterrumpidos de CC en el poder. Se firmó un pacto progresista y el PSOE asumió de nuevo Sanidad. Esa legislatura (2019-2023) estuvo marcada por la irrupción de la pandemia de Covid-19, que puso patas arriba todo el sistema, pero también por la inestabilidad de los equipos directivos. En esos cuatro años hubo tres consejeros de Sanidad y cinco directores del Servicio Canario de Salud (SCS), además de numerosos cambios en los mandos intermedios. El PSOE recuperó a varios altos cargos que ya habían ocupado puestos de responsabilidad en el anterior gobierno de Fernando Clavijo. Entre ellos destacó el regreso de Conrado Domínguez a la dirección del SCS, un nombramiento que generó rechazo en un sector de las filas socialistas y la dimisión de algunos gerentes por su “manifiesta incompatibilidad” con Domínguez, que tampoco concluyó el mandato por su implicación en el denominado caso Mascarillas, que investiga la adjudicación de un contrato de emergencia de cuatro millones de euros por material que nunca llegó a los hospitales.