Tras las manifestaciones del miércoles por los tiempos de espera en la dependencia y en defensa de universidad pública, este jueves se ha sumado la de las familias NEAE de Andalucía. Bajo el lema “Porque la inclusión es un derecho, no un privilegio” y ante la posible desaparición de la Formación Profesional de grado básico dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales, las familias NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) han convocado este jueves en Sevilla una concentración en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. En ella, las familias y docentes han reclamado medidas adecuadas para atender las necesidades educativas de estos jóvenes. 

Al grito de “¡No son números, son nuestros hijos!”, más de un centenar de personas de varias provincias, llegadas en autobuses, han pedido medidas que protejan a los jóvenes con necesidades educativas especiales. Entre estas, se encuentran dotar de recursos suficientes en las aulas, la formación adecuada para el personal educativo, apoyos reales y personalizados, el cumplimiento efectivo de la inclusión y una educación digna en todas las etapas.

“Falta de todo”

“No hay recursos, dicen que hay, pero no los hay”, afirma entre lágrimas Cristina, madre de Álvaro, alumno con asperger y TDA. Ante la falta de maestros de pedagogía terapéutica (PT), su hijo pasa la mayoría del tiempo en clase con profesores “que no saben lo que tienen, porque no son médicos” y lo tratan como un alumno de “mal comportamiento”. Además, alega que el PT solo ve a su hijo dos veces a la semana, y una de ellas dentro del aula.

José Antonio, padre de una niña con parálisis cerebral, que actualmente se encuentra en un colegio de educación especial, asegura que en estos centros “siguen faltando recursos”. Sin embargo, asegura que durante el paso de su hija por un centro público tenían que estar constantemente “peleando con la directora” porque empezaba el curso sin los profesores especializados. Además, ha aclarado que “sigue faltando de todo” y como solución aboga por “la creación de más centros públicos”. 

La movilización no ha pasado inadvertida para el primer partido de la oposición en el arco parlamentario. En palabras de Ángeles Férriz, representante del PSOE, presente en la cita, “más que un Gobierno, Moreno ha sido una empresa de demolición de lo público”, a lo que ha añadido que “de vez en cuando se disfraza de buena persona, pero detrás lo que hay es la insensibilidad e inhumanidad de alguien que está destrozando lo que nos hace iguales a todos”. También ha acompañado a las familias el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo.

Soluciones que no convencen

Un poco de contexto al asunto. En 2024, la entonces consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo (hoy titular de Cultura), anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de 61 grados básicos de Formación Profesional (la mayoría concentrados en las provincias de Sevilla y Málaga) para que “los estudiantes más vulnerables titulen”. Ahora, la Junta plantea una reordenación de esta oferta, alegando que en torno al 50% de esos alumnos no ha promocionado ni superado el currículo. 

Este periódico ya informó de que al menos 33 institutos andaluces -más de la mitad de los que ofertan estos estudios- han recibido comunicación oficial de la Junta sobre la extinción de esta modalidad, lo que apunta a un recorte significativo en el número de ciclos específicos a partir del próximo curso 2026-27. Actualmente, estás FP hacen de enlace entre el mundo educativo y el laboral para las personas con necesidades educativas especiales. 

Entre las opciones que se barajan, la Junta plantea derivar a este alumnado a programas de transición para la vida adulta (PTVAL) –centrado en la autonomía personal del alumno y no orientado a la inserción laboral– o la creación de un Grado Básico Ordinario en institutos que no lo tenían en su oferta. Sin embargo, esto no convence ni a familias ni a docentes que alegan “nuestro alumnado tiene unas características que si los mezclas con alumnos con comportamientos disruptivos, alumnos con riesgo de abandono, alumnos con problemas de convivencia, etc. y le subes la ratio en una FP Básico Ordinario con 20 alumnos sería una bomba de relojería”, aclara una docente anónima de un instituto sevillano. Además, añade que “eso no es inclusión, es mezclar agua con aceite”.

El nuevo Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo se levantará junto a una parcela, de 16.000 metros cuadrados, ubicada junto a la Residencia Universitaria La Ribera en Logroño (en el Paseo del Prior), albergando tanto el centro educativo como la residencia.

La parcela, dotacional y de propiedad municipal, será cedida por el Ayuntamiento de Logroño al Gobierno de La Rioja gratis y de forma inmediata, de manera que antes del verano pueda licitarse la redacción del proyecto, tanto básico como de ejecución, cuya construcción comenzaría a finales del año 2027. Así lo han avanzado este jueves el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en una convocatoria a los medios de comunicación a la que también han asistido el consejero de Educación, Alberto Galiana, y la directora de centro, Yoana Sáenz.

Capellán ha recordado cómo el actual Marqués de Vallejo, después de más de cuarenta años, no se encuentra en las condiciones óptimas para poder atender con calidad a los usuarios, llegando a aparece grietas el pasado mes de noviembre, además de otros “problemas”. El pasado 5 de noviembre, 24 niños y niñas que vivían en el internado fueron desalojadas, es el único centro público de estas características en La Rioja.

La zona ocupada por la residencia, que atiende a 24 alumnos, ha relatado el presidente, se encuentra en una “ladera de una zona arcillosa cuya cimentación es complicada” y, por eso, el Gobierno de La Rioja asumió el “compromiso” de “buscar un nuevo espacio”.

De los 16.000 metros con que cuenta la parcela elegida para la nueva ubicación del centro en el Paseo del Prior (actualmente vallados para el esparcimiento canino), 9.500 se van a dedicar a una construcción en planta baja que permitirá pasar de los 152 usuarios a los que hoy se da servicio a 178 plazas, ha relatado el Jefe del Ejecutivo riojano. Además, existe posibilidad, ha dicho, de seguirse ampliando a futuro hasta llegar a las 203 plazas. Por otro lado, ha avanzado que cuento se alcancen las 178 plazas el personal contratado, actualmente de 128 personas especialistas, entre profesores, técnicos y enfermeras, se pasaría a 150.

Se va a contar, además, con una zona de aparcamiento de 3.000 metros que va a permitir noventa vehículos particulares además de los autobuses que dan el servicio y que, de aumentar las plazas, también crecerían.

Habrá 3.500 metros de zona exterior que permitirá “esparcimiento” en el entorno urbano, además de una “inclusión en el barrio”, junto con a zona de porches. El centro, además, tendrá una primera planta para administración. En cuanto a la residencia, se podrá pasar de las 24 plazas actuales a treinta. “Una buena noticia para la educación, para la inclusión social, para el mundo de la discapacidad y, en general, para la educación de esta sociedad”, ha considerado por su parte el alcalde de Logroño.

Por último, la directora del centro, Yoana Sáenz, ha asegurado que “toda la comunidad educativa ha recibido la noticia con gran alegría porque” llevan “muchísimos años luchando por un centro nuevo”.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha denunciado al conductor de un automóvil que realizaba transporte escolar por circular con dicho vehículo teniendo presencia de drogas en el organismo, cuestión que fue confirmada en el informe de ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por el laboratorio de referencia.

La infracción fue detectada a finales del pasado mes de febrero cuando componentes del Subsector de Tráfico de Ciudad Real realizaban un punto de verificación de transporte escolar y de menores en las inmediaciones de un centro de educación especial, de una localidad de la provincia de Ciudad Real, del que no se ha dado detalle, y procedieron a la parada aleatoria del turismo con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las condiciones del vehículo y sus autorizaciones administrativas.

Dio positivo en cocaína

Realizada la prueba de detección de drogas en el ámbito de la seguridad vial al conductor del vehículo de transporte escolar arrojó un resultado positivo a cocaína en el test indiciario salival al que fue sometido, por lo que hubo de hacerse cargo de la conducción del automóvil otro conductor debidamente habilitado.

Con motivo de los hechos relatados se confeccionó el preceptivo boletín de denuncia por infracción de la Ley de Seguridad Vial, por 'Circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo', el cual ha sido remitido al ayuntamiento correspondiente por tener las competencias atribuidas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denuncia por la grave situación que se está viviendo en distintos centros de la Administración debido a la falta de cobertura de las bajas laborales por parte de Función Pública.

La situación es de especial gravedad en el colegio público de educación especial Marqués de Vallejo, donde actualmente faltan 3 operarios de los 8 que componen la plantilla, “una situación que se prolonga desde hace meses sin que se haya adoptado ninguna medida efectiva para su sustitución, a pesar de ser solicitada su cobertura a Función Pública en innumerables ocasiones”, asegura el sindicato.

Esta misma problemática se está produciendo también en el cuerpo de ATE de este mismo centro, donde las bajas llevan mucho tiempo sin cubrirse. Según recalcan, “esta falta de personal está generando una sobrecarga de trabajo inasumible para los trabajadores que permanece en el centro, deteriorando las condiciones laborales y afectando directamente a la calidad del servicio que se presta”.

“Los trabajadores están asumiendo funciones y responsabilidades adicionales sin refuerzo alguno, lo que evidencia una preocupante falta de planificación y gestión por parte de la Administración y en concreto de la Dirección General de Función Pública”, subrayan.

CSIF ha denuncido esta situación en muchas ocasiones ya que “no es puntual, sino que responde a una dinámica reiterada en distintos ámbitos de la Administración, donde las bajas por enfermedad, jubilaciones o permisos prolongados no se están cubriendo en tiempo y forma”. Ante ello, exige a Función Pública que proceda a la cobertura inmediata de las vacantes y bajas existentes, garantizando así tanto los derechos laborales de los trabajadores como la adecuada prestación del servicio público.

“No se puede seguir sosteniendo el funcionamiento de los centros públicos a costa del esfuerzo y la sobrecarga permanente de sus plantillas”, recuerda CSIF.

El sindicado CSIF La Rioja pide al Gobierno de La Rioja que califique al Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo como 'centro de difícil desempeño'. Una denominación que implica, tal y como apuntan desde el sindicato, “más personal y más cualificado, unas instalaciones adecuadas a las necesidades de los usuarios; y formación específica para el personal de acuerdo a las necesidades de los usuarios del centro”. En la actualidad, en La Rioja no hay ningún centro de difícil desempeño.

A Educación solicitan que “dote al centro del personal docente necesario y que estos profesionales cuenten con un complemento específico por peligrosidad del puesto que desempeñan. Y a la Dirección General de Función Pública que ”urgentemente“ cubra las plazas de personal no docente. Entre ellas, citan las Ayudantes Técnicos de Educación o los fisioterapeutas (ahora mismo hay tres de baja). ”Esta Dirección General es conocedora de primera mano del grave entorno laboral que se está viviendo en el Marqués de Vallejo y lleva meses por no decir años, haciendo oídos sordos y tirando de la cuerda hasta que un día ocurra una desgracia y entonces se tengan que lamentar“.

En los últimos días, te contamos la denuncia de una madre de una alumna de este centro que se vio obligada a acudir al Defensor del Paciente tras las lesiones de su hija en este centro. Esta familia dejó claro que su intención haciendo pública la historia es que “esto no vuelva a pasar a ningún niño con discapacidad porque los menores que acuden a este centro son especialmente vulnerables y necesitan cuidados extremos, profesionales especializados y centros dotados de recursos reales, no de buenas intenciones”. Tampoco quiso atacar ni cuestionar el trabajo del personal del centro: “sé que cuidan bien de mi hija, sé que la quieren mucho”. El problema, también aquí apuntaba esta madre, “es la falta de personal. Pero la respuesta del Gobierno de La Rioja también fue clara: ”de momento, no hay planteada la incorporación de más personal“.

Y eso es exactamente lo que denuncia la formación sindical que explica que en el Marqués de Vallejo trabajan 85 docentes cuyas plazas “son cubiertas con celeridad por parte de la Consejería de Educación y 70 empleados públicos no docentes a los que la Dirección General de Función Pública no reemplaza o lo hace con mucha lentitud a pesar de ser plazas de carácter urgente o excepcional. Actualmente, las bajas por motivos físicos y psicológicos son numerosos debido a la falta de seguridad ante situaciones violentas que se pueden dar por las características especiales de este centro”.

En el Marqués de Vallejo se atiende a alumnado de hasta los 21 años y “se dan situaciones muy complejas con crisis de conductas, agresiones físicas y verbales por lo que es imprescindible que haya trabajadores suficientes y que se les dote de la formación específica para que adquieran las herramientas suficientes que les permitan solventar estas situaciones de manera efectiva para ambas partes: alumnado y profesionales”.

En definitiva, insisten en la “urgente necesidad de que haya personal cualificado que evite las agresiones que sufren los trabajadores del centro” sugieren “profesionales de seguridad en el centro que ayuden a crear un entorno laboral seguro y tranquilo en el que los trabajadores puedan desarrollar sus funciones sin poner en peligro su salud y que los usuarios reciban la atención necesaria”.

CCOO Castilla-La Mancha quiere ser parte de las mesas de contratación en las que la Administración pública licita contratos de los servicios públicos y a las empresas privadas. También reclama estar en el proceso de seguimiento de estos contratos, tras detectar “incumplimientos” en las condiciones laborales de sus trabajadores.

El Área Pública de CCOO -que integran las federaciones de Enseñanza, de Servicios a la Ciudadanía y la de Sanidad y Sectores Sociosanitarios- cree “imprescindible” reforzar la intervención sindical para garantizar no solo que se cumplen los convenios colectivos sectoriales o de la empresa en cuestión, sino evitar fenómenos de competencia desleal o precarización laboral.

Así lo han expuesto en rueda de prensa este lunes en Toledo la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO CLM, Carmen Juste, y la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Ana Delgado. ambas han denunciado que el hecho de que en la adjudicación de los servicios externalizados de las administraciones públicas se priorice la oferta económica más baja porque eso, advierten, “repercute en la precarización de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y degrada el servicio público que se presta”.

De hecho, subrayan, “hay conciertos que se quedan desiertos, porque ninguna empresa presenta oferta, y se mantiene la adjudicación con empresas que incumplen”.

Para las sindicalistas, pese a las obligaciones que establece el marco normativo en materia de contratación pública, en la práctica se observa “con frecuencia” que los pliegos de licitación no incluyen cláusulas sociales suficientes ni mecanismos eficaces de control del cumplimiento del convenio aplicable.

Denuncian que “existen empresas licitadoras que presentan ofertas temerarias, sustentadas en costes laborales inferiores a los establecidos en el convenio colectivo” o que “los órganos de contratación no supervisan adecuadamente la ejecución de los contratos”.

Eso deriva en impagos, incumplimientos salariales o sustitución de convenios sectoriales por convenios de empresa menos favorables. “Estas prácticas no solo vulneran los derechos laborales, sino que también distorsionan la competencia entre empresas y deterioran la calidad de los servicios públicos”, lamentan.

En su opinión, las administraciones públicas tienen “la obligación” de garantizar que las empresas adjudicatarias cumplan con los convenios colectivos y con la normativa laboral, rechazando aquellas ofertas temerarias. Y sin embargo afean que “algo está fallando en las administraciones, hay una dejadez de funciones, cuando se aceptan ofertas a la baja con cálculos irreales de los costes y no hay con un control exhaustivo una vez adjudicado el servicio”.

¿Qué propone CCOO?

El sindicato propone una intervención sindical activa en todo el ciclo de la contratación pública con cuatro ejes de actuación que van desde su participación previa tanto en la revisión de los pliegos de condiciones y exigencia de inclusión de cláusulas sociales que aseguren el cumplimiento del convenio colectivo sectorial y las condiciones laborales dignas, como en la promoción de acuerdos con las administraciones para incorporar cláusulas tipo con referencia expresa al convenio aplicable.

Después apuestan por el seguimiento y control, a través de la creación de comisiones paritarias o mesas de seguimiento sindicales de la ejecución de los contratos, en coordinación con los órganos de contratación. En este aspecto reclaman “mecanismos de control y sanción frente a los incumplimientos”.

Otra de las propuestas pasa por la transparencia mediante la solicitud sistemática de acceso a la información pública sobre adjudicaciones y condiciones laborales de los contratos, además de la interposición de denuncias ante la Inspección de Trabajo y los tribunales de recursos contractuales cuando se detecten irregularidades.

Finalmente, CCOO detalla que está formando a delegados y delegadas sindicales para intervenir en estos procesos y detectar posibles vulneraciones.

La “precariedad absoluta” en centros de educación especial

El Área Pública de CCOO CLM ha citado algunos ejemplos en contratas de la Administración regional como el transporte sanitario que tiene “un convenio colectivo sin actualizar desde el año 2012, mientras que se sigue licitando el servicio”.

Después citan el caso de las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, de acompañamiento a los niños y niñas que estudian en centros de educación especial, y que sufren la “precariedad más absoluta”. A estas trabajadoras las recogen por la mañana en una localidad y las llevan hasta Toledo donde está el centro, quedándose en la ciudad hasta las 17.00 horas, que vuelven a recogerlas para llevarlas a su localidad. Están fuera de su casa 9 horas, pero únicamente están contratadas por tres horas los días lectivos, con salarios que no superan los 400 euros al mes. Hoy se esta celebrando el acto de mediación por esta situación que afecta a unas 500 personas trabajadoras en la región. También se han referido al caso de la licitación de los centros de menores “con incumplimientos que la propia Consejería de Bienestar Social ha reconocido”.

Para evitar este tipo de situaciones, CCOO insiste en que “la intervención sindical en la contratación pública no es una opción, sino una obligación derivada del mandato de defensa de los derechos laborales y de las propias normas europeas y nacionales”.

El centro público de Educación Especial Marqués de Vallejo de Logroño vuelve a ser noticia, esta vez tras reconocerse el derecho de una familia a ser indemnizada por las lesiones que ha sufrido su hija de 17 años y con una discapacidad del cien por cien. Así lo ha reconocido el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Educación y Empleo. Nuria es la madre de esta menor y en una conversación con este medio ha querido dejar claro que la intención con esta denuncia es “que esto no vuelva a pasar a ningún niño con discapacidad porque los menores que acuden a este centro son especialmente vulnerables y necesitan cuidados extremos, profesionales especializados y centros dotados de recursos reales, no de buenas intenciones”. Tampoco ha pretendido atacar ni cuestionar el trabajo del personal del centro. “Sé que cuidan bien de mi hija, sé que la quieren mucho”. El problema, también aquí, es “la falta de personal”.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero. Ese día, la “enfermera me llamó por teléfono y me contó que tras la sesión de fisioterapia, mi hija se puso a llorar de una forma distinta a la habitual y que tras llevarla a una camilla, que estaba a unos diez metros de la sala, le vieron un bulto”. Personal del centro y la madre de esta menor acuden al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Logroño. El diagnóstico: rotura fémur con desplazamiento por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Con este diagnóstico, Nuria pide explicaciones. “Pregunto qué es lo que ha pasado porque soy consciente de que ha sido un accidente. Confío en el personal del centro, accidentes tenemos todos, pero quiero saber qué es lo que ha pasado”. Y la respuesta que obtiene es que el fémur se ha roto y desplazado solo. “Me dicen que no saben cómo ha sido y que no ha pasado nada”. Nuria insiste, pero la versión sigue siendo la misma “y ya empiezo a ver contradicciones en el relato por lo que acudo al Defensor del Paciente para demostrar que, efectivamente, el fémur de mi hija no se ha roto solo”, como así ha hecho con diferentes informes.

Esta denuncia, insiste Nuria, “no va contra los profesionales, sino que queremos poner de manifiesto la falta de personal que hay en el centro”. El colegio Marqués de Vallejo se divide por pasillos. Su hija está en el amarillo, el pasillo en el que están los menores que van en sillas de ruedas y los más dependientes “y en el que la plantilla nunca está completa porque siempre hay alguien de baja así que los que quedan, hacen lo que pueden. Desde hace años venimos denunciando la falta de ATES, de profesionales cuidadores. Las bajas de profesores sí se cubren, pero estas no”. Por lo que también invita a estos profesionales a dar un paso adelante y denunciar su situación “porque estamos hablando de niños y niñas especialmente vulnerables”.

Me duele profundamente que se diga que mi hija no ha sufrido daño moral. Mi hija gritaba de dolor y nadie supo explicar cómo se fracturó el fémur

Nuria, madre de la alumna del Marqués de Vallejo

Con la resolución en la mano, Nuria se siente relativamente tranquila porque ha podido demostrar que el fémur de su hija no se ha roto solo. Por esto recibirá una indemnización económica de 17.000 euros. La abogada que ha tramitado el caso, Emma Pallardó es especialista en Derecho sanitario y adscrita a los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ y explica que “la resolución estima parcialmente la reclamación presentada por la familia, reconociendo la negligencia en el manejo de la niña, condenando al pago de una indemnización de 17.000 euros, pero rechaza indemnizar cualquier daño moral a pesar del sufrimiento evidente que ha soportado la menor —que no puede verbalizar su dolor ni interpretar lo sucedido— y el impacto emocional devastador en su entorno familiar”. Por lo que el caso no se acaba aquí y habrá recurso. “Mi hija no tiene voz, yo sí. Y la usaré para que esto no le pase a ningún niño más”, apunta la madre. “Me duele profundamente que se diga que mi hija no ha sufrido daño moral. Mi hija gritaba de dolor y nadie supo explicar cómo se fracturó el fémur”.

La hija de Nuria ha vuelto al colegio, pero para ella no ha vuelto la normalidad porque “por las noches tiene pesadillas y necesita ayuda para dormir y, aunque confío en el personal, me genera mucha ansiedad dejarla allí cada día sabiendo que me han tratado de mentir, de ocultar la verdad y con el colegio en la situación en la que se encuentra”.

Poner de relieve un problema estructural

Esta resolución ha servido para poner de relieve un problema estructural. “La escasez de personal auxiliar y la falta de supervisión adecuada en un centro destinado precisamente a niños y niñas con grandes necesidades de apoyo” insiste la madre. En la misma línea se posiciona la Asociación El Defensor del Paciente que advierte de que este caso no es aislado sino la punta de un iceberg preocupante. “Hace años que denunciamos que los centros de educación especial sufren infrafinanciación, ratios insuficientes y falta de formación específica. Y mientras no se corrija, seguirán produciéndose lesiones evitables. Estos niños no pueden elegir ni defenderse. Dependen por completo del sistema. Y el sistema les está fallando. La protección de estos menores no es opcional: es un deber legal y ético”.

La semana pasada te contamos la condena de dos cuidadores, extrabajadores del centro Leo Kanner, otro centro público del Gobierno de La Rioja dedicado a la atención a personas con discapacidad, autismo, que incluye centro de día, residencia y terapias. Los profesionales han sido condenados a un año y ocho meses de prisión por maltratar a una residente. De hecho, según la sentencia del Juzgado número tres de lo Penal de Logroño, ambos cuidadores “después de haber duchado a la residente, sin tener en cuenta sus especiales necesidades, procedieron por dos veces consecutivas a volcar la cama en la que se encontraba, tirándola al suelo contra el armario, agarrándola y zarandeándola en ambas ocasiones y abandonando la habitación dejándola sola y desnuda”.

En este caso, el Gobierno de La Rioja limitó su responsabilidad y señaló que a la entidad gestora del centro. “Es una condena que tiene que ver con trabajadores de una entidad que tiene licitado ese contrato por parte del Gobierno de La Rioja”, señaló el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez. “Dentro de los mecanismos de control, cuando hay indicios de delito es la jurisdicción penal la que tiene la prioridad” y es esta “la que ha establecido la condena”. No obstante, sí señaló Domínguez, que el ejecutivo “analizará y tendrá muy en cuenta a la hora de vigilar el funcionamiento del centro”.

El Gobierno de la Rioja ha adjudicado, por procedimiento de urgencia, obras en la residecia del Centro de Educación Especial (CEE) Marqués de Vallejo después de que tuviera que desalojarse el pasado 5 de noviembre por seguridad. En concreto, la Consejería de Educación y Empleo ha adjudicado a dos empresas especializadas y por un importe total de 555.847 euros, la ejecución de las obras de consolidación de la cimentación del módulo de la residencia del Centro de Educación Especial (CEE) Marqués de Vallejo.

El objetivo de esta actuación es garantizar la estabilidad estructural en la zona residencial del centro ya que, según los informes técnicos, se apreciaban problemas asociados al terreno arcilloso donde está ubicado, agravados por la climatología en este último periodo. Por ello, era necesario intervenir de manera inmediata para evitar riesgos, a la vista de la aparición de desperfectos en una habitación del internado.

En concreto, se procederá a las siguientes actuaciones:

Mientras se realicen estas obras, el CEE Marqués de Vallejo continuará con su actividad lectiva de manera habitual, mientras que la mayor parte del alumnado del internado ya ha comenzado a alojarse en la residencia del IES La Laboral. 

No obstante, familias y equipo docentes están reclamando una solución más definitiva, que consista en la construcción de un nuevo centro. Desde la Consejería de Educación, aseguraron estar estudiando esta posibilidad “como alternativa de futuro y de mejora a las actuales instalaciones”, si bien antes estaban trabajando en las “soluciones inmediatas” que pasan por estas obras de urgencia por valor de medio millón de euros.

La protesta por la situación del colegio de educación especial Marqués de Vallejo de Logroño ha salido hoy a las calles de Logroño. La manifestación se ha convocado por el AMPA tras el cierre por seguridad del internado y los desperfectos que también sobre el colegio. Familias y personas usuarias han subrayado que se manifiestan “no por capricho, sino para exigir justicia y dignidad” y han reclamado “un centro digno, seguro y ejemplar”. “El que nuestros hijos merecen”, han subrayado.

En una marcha que ha partido desde la sede de la Consejería de Educación y ha finalizado con una concentración frente al Palacete de Gobierno regional, donde, acompañados de una batucada, se ha leído un comunicado, los participantes han coreado lemas reclamando el nuevo centro, pidiendo dignidad para los usuarios y han portado pancartas donde se leían frases como 'Por un centro digno y seguro ¡Centro nuevo ya!'.

En el comunicado, han resaltado “el deterioro progresivo” del centro, “que es el único centro público de educación especial de nuestra comunidad autónoma”. “Es un faro, un hogar y un referente para muchísimas familias. Es el lugar al que asiste el alumnado más vulnerable, aquellos que más que nadie necesitan un entorno seguro, adaptado y estimulante”, se ha incidido.

Por eso, “la realidad es intolerable y tiene responsables”, han considerado las familias. “Nuestro centro tiene más de 40 años de antigüedad. Un complejo de edificios con cuatro décadas de vida necesita un mantenimiento riguroso. El deterioro que hoy denunciamos se ha acentuado drásticamente en los últimos años por la falta de inversión crónica. Es un edificio que ha cumplido su ciclo y ya no responde a las necesidades actuales”, se ha resaltado.

También han agradecido “el compromiso de los equipos directivos y del personal del centro, que han hecho y siguen haciendo lo imposible, gestionando con absoluta dedicación y con los escasísimos presupuestos disponibles, su esfuerzo no puede suplir la obligación de la administración”. Sobre la situación del centro, han enumerado “grietas, goteras, zonas inseguras, poca eficiencia energética”. “Es injusto que nuestros hijos tengan que convivir con el riesgo y la precariedad”. Han exigido así “un centro digno, un centro que esté a la altura de los derechos de cualquier otro estudiante de La Rioja”.

Se ha puesto especial hincapié en “espacios colapsados y aulas minúsculas para atención especializada”. “Mientras la matrícula en el Marqués de Vallejo no deja de crecer, los espacios siguen siendo insuficientes, nuestros hijos necesitan una atención especializada e individualizada”, pero, se ha afirmado, “a pesar de las reformas registradas a lo largo de estos años, la mayoría de nuestras aulas son minúsculas”.

Una situación que “es especialmente grave en las clases de los alumnos de mayor edad, donde el riesgo es compartido por alumnos, maestros y asistentes especializados”, algo que, se ha incidido, “que no solo limita la capacidad de desarrollo de nuestros hijos, sino que compromete la seguridad y dificultad de la labor de los profesionales”.

“No es posible garantizar la calidad educativa si no se garantiza la seguridad y la adecuación de los espacios”, se ha afirmado, a lo que se ha sumado que “la inclusión real requiere medios reales, se habla mucho de inclusión educativa, de igualdad de oportunidades y de atender la diversidad, son conceptos hermosos, pero la inclusión no se decreta, se construye y no hay inclusión educativa real sin los medios y los recursos necesarios para atender las necesidades de cada alumno”.

“Si nuestro centro, referente de la educación especial de La Rioja, carece de la infraestructura y si sus profesionales tienen que trabajar en la precariedad, el discurso de la inclusión es vacío”, han criticado. Frente a ello, han reclamado “aulas amplias, salas de terapia adecuadas y zonas especial”, para que los profesionales que “se dejan la piel atendiendo” a sus hijos “puedan ejercer su vocación sin limitaciones, en las mejores condiciones posibles”, porque “invertir en el Colegio de Educación Especial Marqués de Vallejo es invertir en la inclusión”.

“Queremos decir alto y claro que, a pesar de estos anuncios, la realidad es que necesitamos mucho más para dejar el centro en condiciones dignas, seguras y aceptables, así que la cifra prometida es solo un parche. No nos cansaremos de repetirlo. Nuestros hijos tienen derecho a los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro niño o niña. Necesitan un centro seguro, bien equipado y diseñado para sus necesidades específicas”, se ha asegurado.

Han considerado que “la administración tiene una deuda histórica con el Marqués de Vallejo” y creen que es el momento de saldarla con “un compromiso real”, por lo que piden “un centro del siglo XXI, bien dotado y amplio que facilite la labor de los profesionales y el desarrollo de nuestros alumnos”. Algo que incluye “espacios adecuados para atender al alumnado creciente y sus necesidades específicas, un servicio de internado en condiciones dignas y seguras que garantice la correcta atención y la inclusión social de los alumnos residentes y la construcción de un nuevo centro educativo”.

“Y si esta propuesta no resultara viable económicamente, exigimos como mínimo una reforma integral, profunda y definida de la actual, respaldada por un plan de inversión urgente y ambicioso que garantice un edificio funcional y seguro”, se ha demandado, reclamando además que “si es verdad que ya se están planteando un colegio nuevo para nuestros hijos, que firmen todos los políticos a favor los presupuestos para que no dependamos de ellos”.

“Estamos aquí para dar a conocer la situación real. Es nuestro deber como padres de los niños que no se pueden defender ni reclamar con su propia voz. No nos iremos, no callaremos hasta que el Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo sea el centro digno, seguro y ejemplar que nuestros hijos merecen. El futuro de la educación especial riojana está en juego. Inversión ya en el Marqués de Vallejo. Ahora o nunca”, se ha finalizado el comunicado.

La Consejería de Educación y Empleo ha dicho estar estudiando “la posibilidad de construir un nuevo centro como alternativa de futuro y de mejora a las actuales instalaciones del Marqués de Vallejo” después que la zona del internado tuviera que desalojarsede forma preventiva tras la aparición de grietas. No obstante, antes, han dicho que están buscando “soluciones inmediatas” para poder prestar el servicio de alojamiento para el alumnado de educación especial que lo precise.

Este miércoles, el internado en el que viven 24 niños y niñas tuvo que ser desalojado por la aparición de “una grieta en una de las habitaciones”, justificó la Consejería, si bien familias y docentes denunciaron denunciaron el centro sufre problemas de deterioro desde hace años. “El colegio se cae a cachos, se han caído puertas, baldosas, trozos de pared”, describieron de una “situación insostenible”. Por ello, un día después del cierre del inernado se concentraron para reclamar un nuevo centro.

Ahora, la Consejería de Educación ha dicho que “va a estudiar la posibilidad de construir un nuevo centro como alternativa de futuro y de mejora a las actuales instalaciones del Marqués de Vallejo”. Y han defendido que ello “demuestra la apuesta inequívoca y decidida del Gobierno de La Rioja por las infraestructuras educativas, en concreto por las de este centro singular”. En este sentido, han subrayado que “hace varios meses, tras escuchar al equipo directivo del centro y representantes de las familias y las necesidades de mejora que el centro demanda desde hacía ya demasiados años, se acordara un decidido impulso al Plan Director de reforma integral del colegio”, al que destinará 5,5 millones de euros en los próximos años. En concreto, dicen, “se han incluido 500.000 euros en los Presupuestos Generales de la Comunidad del próximo año para comenzar a ejecutar las reformas necesarias que culminen con una reforma integral del centro”.

También justifican que la actividad lectiva del centro “no se ha visto interrumpida en ningún momento, sino que continúa con absoluta normalidad para la totalidad del alumnado, tanto los que residen en el centro como los que no”. Finalmente, puntualizan que hasta que se reanude el servicio de internado, todos los estudiantes disponen de servicio de transporte escolar para que puedan desplazarse diariamente desde el centro hasta las localidades donde residen.

El último día antes de las vacaciones de verano, durante la fiesta de graduación en tercero de infantil de un colegio de Toledo, Adrián lanzó una piedra que, tras rebotar en la verja, dio a una niña compañera del centro. Con solo cinco años se quedó sin excursión de fin de curso. Hubo parte de incidencias. Uno más, porque cuenta su madre, Vanessa, que esta etapa escolar para Adrián fue “una sucesión de partes que llegaban del colegio reprobando su conducta”.

Nicolás pasaba una tarde de verano en la piscina junto a su madre, su tía y sus primos. Seguramente fue una pequeñez la que provocó una llamada de atención al pequeño que no dudó en responder con una violencia impropia de su edad y “me pegaba sin parar”, recuerda su progenitora Alicia entre otros episodios infantiles de desobediencia, arrebatos temperamentales y agresividad verbal o física.

Los dos, Adrián con siete años y Nicolás con diez, tienen un diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una afección neurobiológica crónica de origen genético que afecta a millones de niños y que, con frecuencia, continúa en la vida adulta. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad incluye una combinación de problemas continuos. Pueden incluir dificultad para prestar atención, ser hiperactivo y ser impulsivo.

Son niños con una neurodivergencia que les hace aparecer ante los demás como insoportables y a menudo se ven excluidos ante la incomprensión de sus actitudes pese a tener un diagnóstico. Para conseguirlo, sus padres atraviesan por una dura etapa hasta que, tras un largo proceso de varias sesiones, un especialista pone nombre a lo que les ocurre y así les pueden ayudar.

“Yo, como madre, no podía más, no podemos afrontar todo lo que les sucede (inquietud excesiva, habla constante, interrupciones frecuentes, toma de decisiones precipitadas), porque te desborda”, relata Alicia mientras se detiene en la importancia de la medicación que toma su hijo. “Es difícil asumir que tienes que medicar a un niño de cinco años”.  

Aunque el tratamiento farmacológico no cura el TDAH, usado correctamente y bajo supervisión médica, puede ayudar mucho con los síntomas. Pero, además, a estas familias les resulta imprescindible la terapia cognitivo-conductual. Con la ayuda de psicólogos desarrollan habilidades de manejo de la impulsividad, de la concentración y la organización. También puede proporcionar estrategias para manejar las dificultades en las relaciones interpersonales que a menudo acompañan al TDAH.

La importancia del manejo del TDAH en la escuela

“Los otros niños en el colegio huían de él. No le invitaban a ningún cumpleaños”. La madre de Nicolás respiró aliviada por haber cambiado de etapa escolar “porque ahora en Primaria, su profesora sabe cómo tratar a Nicolás”.

Charo García Barroso, orientadora educativa durante un tiempo en el colegio Rosa Parks de Toledo subraya la importancia de que maestros y profesores conozcan esta condición y aprendan a manejarla en el aula “porque solo así pueden poner nombre a los comportamientos de sus alumnos y dejar de usar etiquetas para simplificar lo complejo”. Pensar en la persona antes que en la clasificación.

Este es el objetivo de los talleres para colegios e institutos que organiza la Asociación TDAH de Toledo (tdahtoledo.org) y que el pasado curso se desarrollaron en cuatro centros de la capital. Se enmarcan entre las actividades indispensables, según su presidenta Fabiola D’Agostino Piano, que con su equipo directivo se ha propuesto revitalizar la entidad que cuenta hoy con cuarenta familias asociadas, aunque llegó a tener un centenar y por diferentes motivos había perdido su fuerza.

“Es urgente visibilizar este trastorno en el colegio porque hay una tendencia de rechazo”. “Son personas inquietas que sin un diagnóstico a tiempo se complican con el cambio hormonal cuando llegan a la adolescencia. Hay una estigmatización frente al niño maleducado que aumenta sus cuadros de ansiedad y depresión. Son imprescindibles estrategias en el aula para saber cómo ayudarles en caso de crisis. Pueden presentarse hasta dos y tres casos en una clase de 25 niños”.

Reflexiona la presidenta de la Asociación TDAH Toledo sobre las adaptaciones curriculares, que las hay. Y pone como ejemplo que estos chicos y chicas deben estar sentados en clase alejados de ventanas, delante de sus profesores y disponer de más tiempo en los exámenes. Lamenta que no se cumplen en una mayoría de casos Algunos colegios lo detectan, otros no.

Una lucha con nombre femenino

En Toledo, la Asociación, registrada en la Federación Nacional convoca a las familias una vez al mes en el Centro Cívico del barrio del Polígono. Durante esos encuentros los padres de niños TDAH, que se aíslan y evitan socializar, se conocen e intercambian experiencias que les sacan de su sentimiento de soledad.

Pero son sobre todo las madres, las mujeres más que los hombres, las que primero perciben la alerta de que algo no va bien y luego transforman su vida para luchar por la integración de sus hijos y enfrentar el desafío de lograr un trato hacia ellos “con normas, límites y cariño”. Vanessa lo atribuye al mayor vínculo materno filial. “Por defecto nos volcamos más en todo y cree que los padres se relajan un poco”. Ella se ha sentido arropada por su familia. La comprensión es una ayuda eficaz para poder seguir adelante. Muchos de estos padres necesitan asistencia psicológica

Estas madres se quejan de un cierto negacionismo entre especialistas, pero Nicolás está siendo tratado en la Unidad Infanto Juvenil de Psiquiatría del Hospital Provincial de Toledo y su madre habla con agradecimiento del trato dispensado allí por la Doctora Yagüe. “Nicolás ha cambiado mucho”.  

Si te identificas con este relato, busca ayuda

Una de cada siete personas tiene un cerebro que funciona de forma diferente. Se sienten aisladas. El entorno puede hacer mucho por estas otras formas de estar en el mundo. Con el propósito de transformarlo trabajan las familias asociadas en Toledo.

Se puede colaborar con ellos y solicitar sus servicios de asesoramiento e intervención terapéutica. Están dirigidos a “cualquiera que esté interesado en adquirir nuevos conocimientos sobre el Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, tenga familiares afectados y desee aportar ideas o compartir experiencias”. 

Un conflicto administrativo que comenzó a mediados de los ochenta y permanece abierto hasta nuestros días parece aproximarse a su fin. Aunque aún nadie tenga claro que este pueda ser el adiós definitivo, ni siquiera inminente. La escuela privada de El Ardal, en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, vive la que podría ser su última semana con malestar entre las familias e incluso una petición en Change.org para mantenerla abierta después de que, en mayo, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid advirtieran de su cierre por un problema de licencias. Finalmente, el cese de la actividad estaba previsto para el día 6 de octubre. Pero el Ayuntamiento ha desistido hasta que haya una resolución firme.

El curso ha comenzado y los usuarios de este centro, con 140 alumnos y un modelo educativo basado en la inclusión y con métodos de aprendizaje alternativo para personas con discapacidad, dificultades de aprendizaje o necesidades más especializadas, ya han abonado tanto sus matrículas como el pago de septiembre y octubre. “No se nos está escuchando”, lamenta Penélope, madre de tres hijos que han pasado por El Ardal y una de las portavoces de las familias que pugnan por mantener abierta la escuela. La renovación de las matrículas fue en marzo, unos meses antes de que las administraciones notificaran al espacio que tendrían que cerrar de forma definitiva. Es más, Penélope afirma que al presentar la solicitud de la beca de 0-3 años para centros de la Comunidad de Madrid, este colegio aparecía como un centro homologado en el sistema.

“No sé de quién es la responsabilidad, pero aquí hay un problema para el que las administraciones no se están coordinando. No hay coherencia: si tanta certeza había de que iban a cerrar, ¿cómo puede ser que digan que hay una orden de cierre desde mayo y yo solicité la beca a esta escuela el día 24 de junio, cuando aún la certificaban como escuela homologada en la propia solicitud?”, se pregunta esta madre. En su comunicado de denuncia, las familias también advirtieron del peligro de dicha actuación. “Este ataque a la infancia vulnera el interés superior del menor, principio fundamental reconocido tanto por la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas como por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia que exige que en toda decisión que afecte a la infancia priorice su bienestar”.

No obstante, desde el consistorio defienden que el problema de permisos no es nuevo y que las familias ya sabían desde mucho antes que El Ardal “no podía ocupar legalmente” el espacio sobre el que se edificó. Las familias aseguran que la orden de cierre la conocieron el pasado 12 de septiembre, pero el equipo municipal adelanta esa fecha. En realidad, el origen del conflicto reside en varias resoluciones judiciales ante las que no cabe recurso que fueron dictaminadas en 2003, otra en 2005 y la última en 2014. Las licencias urbanísticas han sido denegadas desde entonces, argumentando que el inmueble se eleva sobre un suelo no urbanizable que está protegido. El Ayuntamiento indica que el colegio se construyó a finales del siglo pasado según leyes vigentes durante la Transición y que, ahora, la normativa ha cambiado y ya no es compatible con su actividad.

La escuela ha pedido medidas cautelares que paralicen el cierre

El centro y la Asociación Comounomás –que vela por la inclusión de los menores en el ámbito educativo– han presentado recursos y alegaciones contra esta resolución. Además, han solicitado a los tribunales unas medidas cautelares contra el cese del lunes que, de momento, siguen su curso. Desde el centro confirman que se plantearon por dos vías: una ya ha sido inadmitida por el juez, pero tienen 15 días para recurrir, y avanzan que así lo harán; la otra aún está pendiente de resolución.

Si finalmente así ocurre y se les concede, la orden de precinto quedaría suspendida temporalmente y la escuela (que a día de hoy sigue funcionando con normalidad) podría continuar sus clases hasta que haya una nueva resolución firme. Y esto, a ojos del consistorio, es el problema que les ha llevado hasta aquí. “Llevan décadas sorteando un cierre que saben que va a tener que producirse e incluso han ampliado sus instalaciones en los últimos años aunque conocen la protección que existe sobre ese suelo”, destacan, señalando que al ser una propiedad privada pueden iniciar ciertas reestructuraciones sin solicitar luz verde del lado municipal.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid se han comprometido a “ayudar en lo posible” a las familias que, de verse sin escuela para sus pequeños con el curso ya iniciado, tengan que reubicarlos en un centro público cercano a sus domicilios. Pero el Ayuntamiento no dará su brazo a torcer con el asunto, ni se plantea recalificar el suelo (no pueden hacerlo por sí solos) para permitir esta actividad.

“Esa clasificación no está prevista para ser modificada, así que cualquier afirmación sobre eventuales proyectos urbanísticos o usos especulativos del suelo carece de fundamento alguno”, sentenciaron en un comunicado a raíz de las primeras publicaciones sobre el tema. Niegan, por tanto, que el terreno vaya a utilizarse para otro desarrollo de su interés: “Es un bulo intencionado y solo busca enmascarar la verdad”. Del otro lado las familias presionan para que no desaparezca esta escuela, reconocida con el sello Green School para instituciones educativas con un enfoque integral.

“Es un centro homologado por la Comunidad de Madrid que resulta imprescindible para muchas familias por el modelo pedagógico que ofrece”, señalaron a través de un comunicado emitido, según ellos –el Ayuntamiento insiste en que llevaban tiempo siendo avisados–, después de conocer la noticia. Se refieren a la mirada especial sobre la neurodivergencia y la discapacidad en los menores. “No solo se interrumpen aprendizajes y rutinas, sino que se rompen vínculos de apego vitales con compañeros, docentes y psicólogos que son figuras de referencia y seguridad emocional para los niños. Su pérdida puede generar ansiedad, desarraigo y tristeza, dificultando la adaptación en otros entornos y dejando una huella que afecte a su salud mental y, por ende, su salud física”, argumentan.

Es el caso de Tabi, uno de los niños que estudian en El Ardal y cuenta con un diagnóstico de autismo. “Ha fracasado en todos los modelos educativos y en todos los colegios donde había estado antes por su condición estigmatizada. Presentaba conductas autolesivas, era un niño agresivo, evitativo u oposicionista, pero con respeto y profesionalidad todo eso se ha podido ir recuperando. Esto es lo que le da vida y estabilidad”, defiende su madre en uno de los vídeos que las familias han difundido explicando por qué no deben clausurar el centro. De momento, la cruzada con el Ayuntamiento por la normativa urbanística sigue adelante y serán los tribunales los que decidan de qué lado cae finalmente la balanza. La cuenta atrás ya ha empezado.

El colectivo de auxiliares técnicos educativos (ATEs) del Centro de Educación Especial 'Los Angeles', en Badajoz, convocará una huelga indefinida desde el próximo lunes si la Junta de Extremadura no resuelve esta semana “la falta de cobertura de plazas vacantes” que sufre.

La auxiliar técnico educativa del centro Cecilia Ayuso ha expresado a los medios que este centro se encuentra en una “situación límite” debido a la ausencia de personal, lo que se ha agravado este año como consecuencia de un mayor número de matriculaciones.

La plantilla del centro debería contar al menos con 20 auxiliares pero solo hay 16 profesionales, debido a que no se han cubierto dos vacantes y otras tantas bajas por enfermedad.

Con este personal se debe atender a 85 alumnos con necesidades especiales y continuas, una veintena más en relación al anterior curso, por lo que caben a 16 estudiantes por profesional, cuando la propia normativa de la Junta de Extremadura establece que deben ser seis trabajadores por alumno, ha dicho.

El centro cuenta además con una residencia, lo que propicia que la plantilla se distribuya en tres turnos -mañana, tarde y noche-, una tarea “inasumible y peligrosa” a tenor del personal existente.

No obstante, han precisado que “más allá de los números, lo más importante son los niños, pues los alumnos necesitan una atención constante en su día a día”.

Asegura que frente a todo ello “solo se ha recibido silencio” por parte de la administración autonómica y ha pedido a la Junta de Extremadura la cobertura de las cuatro plazas el refuerzo de la plantilla con dos profesionales más.

Ha precisado que diariamente “se viven situaciones de peligro para los niños” debido a las dificultades que se encuentra cada profesional para abarcar a todos los alumnos con necesidades especiales que tiene encomendados.

El presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de Los Angeles, Manuel Machado, ha afirmado, a su vez, que los padres apoyan a los profesionales del centro pues “viven una situación límite, con muchas dificultades para atender a todos los niños”.

Machado ha lamentado que la Junta de Extremadura no haya resuelto esta situación pese a conocer desde el 1 de septiembre pasado el número de profesionales y de alumnos con los que iba a contar el centro. 

El sindicato STEPA denuncia que aunque las clases comienzan en Aragón el próximo día 8, estarán todavía sin cubrir, de manera estable, numerosas plazas en puestos como son los de Auxiliares de Educación Especial, que se ocupan del cuidado del alumnado con discapacidad sensorial, física o intelectual; y los Técnicos de Educación Infantil, que trabajan con niños menores de seis años.

STEPA señala que los 54 Auxiliares de Educación Especial que lograron la estabilización por concurso de méritos pasaron el reconocimiento médico en mayo, pero su incorporación a las aulas como funcionarias en prácticas está prevista en torno al Pilar, según se comprometió el director general de Función Pública con una representación de las personas afectadas. También otras 47 que superaron la estabilización por concurso oposición se incorporarán el 10 de septiembre. Ambos nombramientos se hacen en destino provisional y unido al reciente llamamiento de agosto de más de 400 puestos de esta especialidad “refleja la precariedad e inestabilidad que afecta a las trabajadoras y al servicio que prestan a los niños con necesidades especiales”.

Por otro lado, 51 Técnicos de Educación Infantil, también se incorporarán a las aulas el 15 de septiembre, tras la primera semana de adaptación, según consta en la convocatoria publicada este martes en la nueva plataforma de llamamiento de interinos. Estos contratos ya iniciadas las clases suponen casi el 30% del total de la plantilla, lo que para el sindicato es “una clara muestra de ineficacia, injustificable dada la clara programación del calendario escolar. Se demuestra la total falta de planificación por los responsables de gestión del personal”.

“Todos los meses tenemos nuevos ejemplos de la deriva en materia de Función Pública y del deterioro de los servicios públicos con este Gobierno de Aragón, pero este caso es especialmente grave porque afecta al alumnado con más necesidades”, ha concluido STEPA.

STEPA alerta especialmente del problema que supone la superposición de procesos de auxiliares de educación especial, que afecta al destino de cientos de trabajadoras. “Es intolerable el maltrato a un sector feminizado que tuvo que asumir durante los momentos más duros de la pandemia el cuidado de nuestros mayores en las residencias COVID y que ha realizado de manera intachable su trabajo durante décadas”.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón subraya que las familias y educadores se enfrentan “a un inicio de curso problemático por la pésima gestión de personal y falta de previsión del Ejecutivo de Jorge Azcón y el PP que asumió la hoja de ruta del anterior ejecutivo y resto de sindicatos que la aceptaron. Es intolerable la elevada temporalidad existente que unido a un retraso en el llamamiento hace que el servicio prestado se vea afectado”.

El sindicato reclama que la futura Ley de Función Pública de Aragón, cuya tramitación ya ha iniciado el Gobierno autonómico, sirva para abrir una nueva etapa en el empleo público, con oposiciones suficientes y en plazo, y “más estabilidad, igualdad y eficiencia”. Además, demanda que “dé solución a una de causas principales de esta situación, el incumplimiento por el Ejecutivo autonómico de las leyes que obligan a sacar a concursos de estabilización todas las plazas de los empleados públicos víctimas del abuso de temporalidad”.

Como ejemplo, STEPA ha señalado que las 54 auxiliares de Educación Especial que han consolidado su plaza por concurso de méritos son “solo una pequeña parte de las más de 300 que cumplen con los requisitos de la Ley estatal 20/21 para tener derecho a esta opción: llevar más de tres años trabajando como funcionarias interinas. Sin embargo, el Gobierno de Aragón las ha dejado fuera, sin justificación e incumpliendo su propia Ley de Presupuestos de 2024, que obliga a mapear estos puestos”.

Así ha reclamado al Gobierno de Aragón a rectificar y ampliar las plazas de estabilización, como el mejor sistema “para cumplir la ley y evitar sanciones europeas por la intolerable tasa de temporalidad, cercana al 50%, en la Administración autonómica; no dilapidar el conocimiento de muchas trabajadoras de larga experiencia y dedicación; y garantizar unos servicios públicos de calidad”.

Ian tiene nueve años y está a punto de terminar el curso escolar. Las vacaciones de verano se encuentran a la vuelta de la esquina y el tiempo libre aumentará de manera considerable hasta que la rutina en septiembre. A Ian le ilusiona hacer actividades de verano como cada año, pero no siempre es fácil apuntarlo a ellas.

Con parálisis cerebral, un grado III de dependencia y retraso en el desarrollo psicomotriz, Ian ve limitada su participación en las actividades y campamentos urbanos de verano debido a su coste.

“Es imprescindible que mi hijo esté ocupado”, se lamenta Mar, madre del pequeño. “Si no hace extraescolares, le rompes la rutina y puede desarrollar problemas conductuales, y en estas fechas ya se está poniendo nervioso porque hay que inscribirle”, afirma.

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado un año más el programa T’estiu molt, repleto de actividades para que los más pequeños puedan divertirse en vacaciones. El problema es que no todos los niños parten con las mismas condiciones para disfrutarlas, como es el caso de Ian.

Estos niños necesitan atenciones especiales, y en muchos casos las familias no pueden sufragar el gasto de las actividades propuestas, porque su precio es mayor que el de los niños y niñas que no tienen discapacidad, y no pueden permitírselo.

“Económicamente me afecta mucho porque, aunque haya ayudas, las subvenciones no son suficientes. Pero tengo que apuntarlo. Mi otra hija no tiene discapacidad y, con lo que me cuesta su campamento cinco semanas con comedor incluido, me da para una del de Ian y sin la comida”, añade Mar.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido quejas de nueve familias distintas porque sus hijos han tenido dificultades para acceder a las actividades veraniegas. Según los datos del Ayuntamiento, una semana de colonias para un niño sin discapacidad puede tener un coste de unos 225 euros, mientras que lo mismo para un niño con necesidad de adaptaciones especiales, puede tener un coste de 800 euros.

Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona tiene unas subvenciones que van desde el 30% al 90%, estas siempre serán del precio máximo fijado, nunca del precio final. “El importe de la subvención no se calculará de acuerdo con el precio de la actividad final, sino con los baremos establecidos como precio máximo”, afirma el síndic de Barcelona, David Bondia.

Esto quiere decir que hay un precio máximo fijado que, cuando se adapta a los niños con discapacidad, puede subir, con el beneplácito del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMDP). Y, ese aumento es el que no cubre la subvención; esta solo se dirige al primer precio. En el caso anterior de las colonias, habría más de 500 euros de diferencia no subvencionable entre los precios de coste de un niño con atenciones especiales y sin ellas.

Los datos del Ayuntamiento también exponen que una de las jornadas completas con comedor tiene un precio máximo semanal de 197 euros, mientras que el precio real para los niños con discapacidad es de 300 euros, una diferencia no subvencionable de 102 euros. Esto provoca que muchos hogares se echen para atrás y ni siquiera intenten conseguir esas ayudas económicas públicas.

Otro caso es el de una de las familias que ha tramitado su queja a la Sindicatura. Esta ha alegado que no puede permitirse pagar 400 euros a la semana para que su hija, que tiene una discapacidad del 69% y grado III de dependencia, vaya a una actividad de 9h a 14h sin la comida incluida. Son unos precios que se escapan de los bolsillos de hogares que no tienen un nivel económico holgado.

“Las actividades tienen que financiarlas el Ayuntamiento, porque las familias de niños con discapacidad ya viven con un sobrecoste permanente en gastos de transporte, soporte y/o prótesis”, declara el director de la federación Dincat, Victor Galmés.

En el caso de Mar, hay un sobrecoste importante en su día a día. “Ian necesita psicóloga, terapia sensorial, actividades extraescolares que no están subvencionadas para que esté ocupado, complementos de la silla de ruedas que no te pagan, zapatos especiales, juguetes sensoriales y férulas”, enumera.

Pocas plazas disponibles

Los precios no son la única traba en el acceso a las actividades de los niños con discapacidad. Tampoco hay todas las plazas disponibles que las familias querrían. Se parte de la base de que hay 1.080 actividades disponibles y solo 22 de ellas son inclusivas para menores con discapacidad, lo que se traduce en un 2% de toda la oferta.

Solo cuatro de estas actividades tengan un precio más bajo que los máximos establecidos por el Ayuntamiento, por lo que 18 actividades han superado los precios con subidas imposibles para muchas casas, según el Síndic de Greuges. Algunas de estas tienen un coste superior del 50%, y el IMDP alega que está justificado debido a los gastos en monitores, alimentación o transporte, entre otros.

En cuestión de plazas, esto se traduce en que hay 2.203 para niños con discapacidad frente a las 369.198 que existen para actividades en general. Es cierto que estos niños con atención especial pueden acceder también a las actividades ordinarias, porque hay una reserva del 5% de las plazas para ellos, pero de nuevo hay escollos. El problema principal, según el Síndic, es que para esas plazas no hay suficientes monitores, con lo que echa para atrás a las familias. .

Otras de las familias que se ha quejado ha denunciado que su hija con autismo de grado II, TDAH con hiperactividad severa y trastorno grave de conducta no ha podido inscribirse a una actividad. El motivo ha sido que hay un recorte de ayudas para monitores de apoyo y la matrícula no podía efectuarse porque ya hay niños con estas necesidades que van a utilizar los pocos servicios que mantienen.

“Las entidades promotoras deben garantizar que, si hay una reserva de plazas, los niños con discapacidad tengan las mismas oportunidades de acceso que el resto”, añade el Síndic de Greuges, David Bondia.

El Síndic reconoce que el Ayuntamiento de Barcelona está impulsando medidas adecuadas para la inclusión de los niños con discapacidad, como la reserva de plazas del 5% o las subvenciones, pero insisten en que estas medidas aún son insuficientes.

La entidad resume que se deberían cambiar los criterios para que desde un principio las familias sepan lo que tienen que pagar y las subvenciones cubran así el precio final fijado, sin riesgo a que después pueda fluctuar. Asimismo, denuncia que las administraciones públicas tienen el deber de asegurar un acceso igualitario para niños con y sin discapacidad a la hora de participar en actividades, y si comporta un aumento de monitores de soporte, que se efectúe.

“El ocio queda en segundo plano, se habla de vivienda y trabajo, pero no tener políticas de acceso al ocio es no proporcionar plena inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad”, concluye Galmés.

Diez alumnos de educación especial en Primaria y tres en Infantil para solo una auxiliar de educación especial. Eso es lo que está ocurriendo en el CEIP Moncayo de Tarazona desde el pasado mes de abril, según denuncian las familias del alumnado afectado. Pilar es madre de un niño que acude a una de las aulas de educación especial del centro y asegura que tanto la auxiliar como las docentes “van con el agua al cuello” para tratar de atender las necesidades de estos menores. 

Por ello, las familias del alumnado de necesidades educativas especiales del centro han realizado un escrito al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón en el que manifiestan su “profunda preocupación ante la situación que desde el pasado mes de abril venimos padeciendo y que, hasta el momento, no ha obtenido ni respuesta ni solución”. Dos de las tres auxiliares del centro se encuentran en baja laboral y “no han sido sustituidas”: “Esto ha dejado a una única auxiliar para atender a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, lo cual resulta absolutamente insuficiente”, exponen en el escrito.

Pilar explica que este es el único colegio de la comarca al que pueden acudir los niños con discapacidad. El curso empezó con tres auxiliares “y ya nos quitaron a la enfermera a principio de año cuando hay niños que tienen riesgo grave”. Desde hace un mes, solo cuentan con una auxiliar “que va atendiendo a niños que tienes que darles de comer, cambiar pañales, ayudar a ir al baño, tirar de la silla de ruedas...”. Pilar destaca la profesionalidad de esta auxiliar, que “intenta duplicarse”, y el esfuerzo de profesoras y equipo directivo.

Asegura que tanto su hijo como el resto de alumnos y alumnas están atendidos por la implicación del centro, “están haciendo el trabajo de dos auxiliares el resto de profesores y la otra auxiliar. Son niños supervulnerables, si no nos quejamos nosotros no se quejan”. Reivindica que “una sociedad avanzada es la que cuida a sus seres más débiles, que siempre son los que pagan el pato. Nos llenamos la boca con la inclusión, pero a la hora de la verdad no se actúa”, expone Pilar.

Las familias aseguran que la falta de personal está “afectando gravemente al derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad de nuestros hijos e hijas”, además de provocar “una sobrecarga insostenible sobre la única auxiliar presente, con el consiguiente prejuicio para su salud laboral”. Exponen que se sienten “completamente ignorados” por parte de la administración educativa, “que permanece inactiva mientras esta situación se agrava cada día. Esta dejación de funciones vulnera la equidad del sistema educativo y pone en riesgo la integridad de un colectivo especialmente sensible y vulnerable”.

Fuentes del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón aseguran que la administración educativa está “haciendo todo lo que está en su mano para cubrir esas bajas” y que se han realizado varios llamamientos en listas, “pero ninguna persona ha mostrado interés por el momento. Se sigue llamando y no se ha dejado de llamar”. Recuerdan el problema de la falta de profesionales que quieran incorporarse al medio rural y las fechas en las que se produjeron las bajas, a menos de dos meses de acabar el curso.

Falta de enfermera en Calatayud

La ausencia de enfermera en un centro con alumnos con necesidades especiales no solo sucede en Tarazona. El CEIP Segeda de Calatayud lleva sin profesional sanitario de apoyo desde el pasado 9 de abril. “Este centro no dispone de enfermera y, por tanto, dos de sus alumnos no puede ser atendidos en condiciones de igualdad”, denunció la portavoz socialista en la Comisión de Educación, María Rodrigo. Añadió también que en Borja hay un caso similar, con un alumno sin poder asistir al centro educativo durante todo el año. 

María Rodrigo ha señalado que el Gobierno de Aragón “no cree en los servicios públicos, ni en la educación pública ni en la sanidad pública”: “Por esta dejación de funciones de ambas consejerías tenemos a alumnos en sus domicilios que no pueden acudir a los centros. Desde el inicio de la legislatura estamos observando una pésima gestión del Gobierno de Azcón”.

La portavoz en Educación ha anunciado que va a presentar una proposición no de ley en las Cortes para demandar que se cubran esas vacantes del personal sanitario en los colegios. Ha indicado que “no es excusa que esta plaza de Calatayud dependa de la consejería de educación para ser cubierta por sanidad cuando existen antecedentes con dos casos en Huesca y Sariñena que están cubiertos por sanidad”.

Esta situación también ha sido denunciada por CHA, que registró en las Cortes de Aragón una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de  Azcón , a través de Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y Portavoz Adjunta de CHA en las Cortes de Aragón, para exigir explicaciones y medidas urgentes ante la situación que atraviesa el colegio público de educación especial Segeda de Calatayud.

Joaquín Antón, Presidente CHA-Comunidad de Calatayud ha pedido explicaciones al Gobierno de Aragón ante una necesidad tan básica como es garantizar la presencia de personal sanitario en un centro de educación especial: “No se puede permitir que los alumnos con necesidades sanitarias específicas vean interrumpido su curso escolar por la falta de previsión o respuesta de la administración pública aragonesa”.

Además, CHA ha solicitado información concreta sobre los protocolos de sustitución de personal sanitario en centros educativos especiales y ha instado al Gobierno a detallar el calendario y planificación de la anunciada ampliación del colegio, que cuenta con una inversión prevista de 1,9 millones de euros.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Burgos ha condenado a una profesora a dos años de prisión, y seis de inhabilitación, por atentar contra la dignidad moral, despreciar y humillar a dos de sus alumnos, dos niños de cinco años con discapacidad, en un colegio de la provincia de Burgos.

La acusada, que reconoció los hechos en la vista oral celebrada el pasado abril, ha sido condenada por dos delitos contra la integridad moral cometidos por funcionario público a dos años de prisión cada uno, según la sentencia a la que ha tenido EFE y avanzada por el Diario de Burgos.

También ha sido condenada, en conformidad, a una pena de seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, tres años por cada delito, y no podrá ni comunicarse ni acercarse a menos de 500 metros de las víctimas durante un periodo de tres años.

Y deberá pagar una indemnización de 3.000 euros a cada uno de los menores por daños morales.

En la sentencia se recoge, sin embargo, un acuerdo de suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un plazo de dos años, dentro de los supuestos recogidos por la ley en los que se considera más beneficioso evitar la cárcel, aunque debe cumplir una serie de requisitos.

En concreto, no volver delinquir durante el plazo de la suspensión; cumplir con su responsabilidad civil; estar localizable; y participar en programas formativos relacionados con la actividad educativa y docente. De lo contrario, se revocará la suspensión e ingresará en prisión.

Los hechos tuvieron lugar a principios del curso 2022-2023 en un centro educativo de la provincia, en el que la profesora, interina, era la tutora de un curso de 3º de Infantil (5 años), al que acudían dos alumnos con discapacidad: uno con síndrome de Down y otro con una variante de Dandy Walker.

De acuerdo con la sentencia, ha quedado probado que la profesora “ejerciendo sus funciones de maestra, dentro del aula y en presencia del resto del niños” y “actuando con el deseo de menoscabar la dignidad, la integridad moral de los dos menores, de despreciarlos, humillarlos, de excluirlos del resto de sus compañeros” los metía en el baño de la clase cada vez que los niños no atendían a sus indicaciones, lloraban, gritaban o tiraban objetos.

En alguna ocasión llegó a cerrarles la puerta, y además esta acción la mantenía durante el tiempo que ella estimaba adecuado, apunta la sentencia.

Los padres de los menores denunciaron los hechos en octubre de 2022, momento en el que la Consejería de Educación la suspendió de manera provisional de sus funciones, suspensión que se ha mantenido hasta la actualidad.

A las 12:30 de la mañana del lunes, todas las aulas de España quedaron a oscuras. Muchas vivieron momentos de incertidumbre y desconcierto, pero pocas al nivel de la escuela Vil·lajoana. Se trata del único centro de educación especial público que atiende a alumnado con trastorno mental grave en Barcelona y se encuentra a las faldas de la sierra de Collserola, rodeado de bosque y sólo conectado con el resto de la ciudad por carretera y mediante unos ferrocarriles que dejaron de funcionar.

En esta escuela atienden a una sesentena de niños y niñas de entre 6 y 14 años con dos tipos de afectaciones: los que están en el espectro autista y los que tienen trastornos conductuales severos. “Tienen dificultad para regular emociones, son impulsivos y dependen de una rutina bastante estricta”, aseveran desde el centro.

Y esa rutina se vio desmontada el lunes por la mañana. No sólo se quedaron sin luz, sino que también falló el suministro de agua, esencial en una escuela con alumnado que a menudo sufre de incontinencia y se les deben cambiar pañales con frecuencia. Cuando las maestras vieron que la situación se alargaba, fueron al párquing a conectar las radios de sus coches y ahí supieron de la gravedad del asunto.

“En seguida empezamos a recolectar agua y nos llevamos a los niños al patio, para intentar que no notaran qué estaba pasando, mientras nosotras procurábamos contactar con las familias”, relata una de las maestras. Hasta sacaron las centralitas y las fichas de los alumnos a un espacio en el que se podía rascar un poco de cobertura, pero nada funcionó. Las conexiones estaban caídas y la campana que anuncia el fin de la jornada estaba a punto de sonar.

Al otro lado de la sierra de Collserola decenas de padres y madres pasaban el apagón sin tener ni idea de cómo estaban sus hijos ni cuándo podrían encontrarse con ellos. “Sabía que estaban bien atendidos y cuidados, pero estaba muy preocupada igualmente. ¿Cómo y cuándo nos íbamos a encontrar?”, se preguntaba Lia, madre de Gael, un niño seis años en el espectro autista.

Su hijo es “muy adaptativo y curioso” y vivió la jornada del lunes como “una aventura”. Pero ese no fue el caso de otros muchos niños que tienen trastornos conductuales más graves y que dependen de la medicación. Una medicación que los maestros no tenían. “Sólo disponíamos de las dosis que deben tomar durante las horas de cole, pero a partir de la tarde nos quedamos sin nada”, relatan las maestras.

Esa se convirtió en la principal preocupación de los docentes, ya que de no tomar sus medicinas, podían entrar en una descompensación grave. “En medio de una situación que escapa a la rutina podían ponerse muy nerviosos, sufrir brotes e iniciar conflictos en los que podrían hacerse daño a ellos o a otros”, cuentan.

Los niños tenían que volver a sus casas, pero nadie sabía como conseguirlo. Al ser la única escuela pública de este tipo en Barcelona, la Vil·lajoana acoge a alumnado de todos los barrios, mientras que en la mayoría de centros estos viven a pocas calles. Además, vienen de familias “bastante vulnerables”, aseguran los docentes.

“Muchas han sufrido desahucios y tienen bastantes problemas económicos”, añaden. Eso se traduce en que pocas tienen coche y muchas no pueden asumir el coste de un taxi. Por ello, hubo quien se planteó ir caminando. “Pero es que sin GPS no sabíamos el camino”, lamenta Lia. A ella el apagón la encontró en su trabajo, en el centro de Barcelona, desde donde hay más de dos horas y media a pie hasta la escuela. Y de ahí, todavía quedaban otras dos horas hasta su casa, en el barrio de la Vall d’Hebron. Trayecto que se hubiera alargado bastante más de la mano de su hijo Gael.

Custodiados por los Mossos

La Generalitat envió instrucciones a las escuelas aconsejando que todos los alumnos permanecieran en los centros hasta que las familias vinieran a buscarles. Fuera cuando fuera. Por eso, los docentes de la Vil·lajoana se plantearon quedarse a dormir con sus alumnos en el centro, pero en seguida entendieron que era una opción inviable. “Sin agua, sin medicamentos y sin luz era un riesgo para los niños y para las docentes”, aseguran.

“Estábamos desesperadas. Parece que lo exageremos, pero no es así. Podrían haber pasado cosas muy graves”, relata una maestra, que añade que se sintieron “solos, invisibles y abandonados”. Esta escuela afea al Consorci d’Educació que, a pesar de su situación vulnerable, no recibieran ayuda de “ningún tipo”. Desde el Consorci aseguran a elDiario.es que intentaron comunicarse con la escuela “reiteradamente” y que sólo se consiguieron ponerse en contacto hacia las 20h, cuando ya no quedaba ningún alumno en el centro.

Los maestros, a su vez, entienden la dificultad de establecer comunicación vía telefónica, por eso consideran que hubiera sido oportuno que algún representante de la administración se personara en el centro para comprobar cómo estaban o qué necesitaban.

Quienes sí se presentaron fueron los Mossos d’Esquadra, pero sólo después de que la responsable de un menor acudiera a comisaría a pedir ayuda. Junto a los agentes, los maestros decidieron que lo único que podían hacer era subirse a sus propios vehículos y, escoltados por la policía, ir llevando a los niños, uno a uno, a sus casas. Pero ahí vino otra duda: ¿cómo saber dónde estaban las familias?

“Nos coordinamos gracias a una madre”, cuenta Lia. Se trata de una mujer que vive en una localidad cercana y fue haciendo viajes desde el centro, donde recopilaba información, hasta su casa, donde había más conexión y la enviaba por mensaje al resto de familias. De esta manera, pudo avisar de las instrucciones: todo el mundo debía quedarse esperando en la calle -ya que los timbres tampoco funcionaban- a esperar a que sus hijos llegaran.

“No sabíamos cuándo, pero los llevaríamos”, relata una de las cinco maestras que ofreció su vehículo. Ahí empezó otra odisea, ya que trasladar a estos niños en coche puede no ser fácil. Debido, a sus trastornos, necesitan sillitas y dispositivos especiales que puedan contenerles en caso de brote. “Pero decidimos asumir el riesgo porque era la única salida que teníamos”, cuentan.

Se armaron equipos de dos docentes y dos alumnos por coche, de tal manera que una de las maestras pudiera conducir y la otra entretener a los pequeños. “Era un riesgo enorme y teníamos que evitar que se pusieran muy nerviosos. También queríamos evitar atascos para no alargar más la situación y aquí los Mossos nos ayudaron mucho”, relatan desde el centro.

Finalmente consiguieron llegar a Barcelona y cada vehículo se fue dirigiendo al barrio que se le había asignado, que era el que conocía más. Y es que, sin GPS, se debía llegar a los hogares de los niños a la antigua usanza: de memoria y preguntando.

“Fueron horas muy estresantes. Pero todo se compensó cuando llegamos al destino. Había familias que nos esperaban arropadas por todo el barrio, esperando a que llegaran los peques. Nos querían agradecer lo que habíamos hecho, pero sólo podían llorar”, recuerda una de las maestras.

Gael llegó a su casa pasadas las 19h de la tarde, donde su madre le esperaba ansiosa. Él, a diferencia de otros de sus compañeros, se apeó directamente de un vehículo de los Mossos que se ofrecieron a ayudar. “Estaba bien, casi contento porque para él ir en coche es toda una novedad. Además, venía acompañado de su psicóloga, que no le dejó en ningún momento”, recuerda Lia, llena de agradecimiento.

Ahora bien, aunque a primera vista Gael no había sufrido demasiado estrés, los problemas vinieron después. El pequeño no habla y acabó soltando la angustia por la noche, durante la cual tuvo diversos episodios maníacos. “El insomnio y el descontrol todavía duran, dos días después”, explica su madre.

Las familias recuerdan este episodio como un susto y se muestran tremendamente agradecidas al equipo docente. Estos, por su parte, son conscientes de los riesgos que asumieron y reclaman a la administración que facilite protocolos de evacuación y de actuación para casos así. “No es sólo un apagón; estamos en medio del bosque y pueden ser incendios, nevadas o cualquier otra cosa”, apuntan desde el centro.

El Consorci, por su parte, felicita la “rápida” actuación de los maestros y reconoce que la situación vivida el lunes “llevará a revisar los protocolos para, entre otros, evitar la dependencia exclusiva de los canales de comunicación digitales y para hacer frente a otros casos similares”.

“Yo sólo pido que me digan cómo actuar. Si me dicen que, si pasa algo, mi hijo va a dormir en el gimnasio, me parece bien. Si tengo que esperar en el portal de casa como el lunes, también. Pero es solo tener certezas, no pedimos más”, apunta Lia. “Por el resto, confianza absoluta en estos profesionales que han cuidado de nuestros hijos”, asegura mientras mira a su hijo Gael, que acaba de salir del colegio y, hoy sí, podrá llegar a casa sin complicaciones. 

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Por Andalucía que había incorporado, a través de enmiendas aceptadas a otros grupos, la petición de cese y reprobación del delegado provincial de Educación, Miguel Ángel Araúz, por la mofa que se le atribuye en un encuentro con asociaciones de madres y padres de alumnos sobre las necesidades de profesores de apoyo a sus hijos.

Al Grupo Popular le ha bastado con sus votos para rechazar la iniciativa, que ha contado con el apoyo del grupo proponente, así como del Socialista y de Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox en Andalucía ha votado favorablemente con estos grupos a parte de la iniciativa y también se ha abstenido.

La defensa de la iniciativa la ha asumido la portavoz adjunta de Por Andalucía, Alejandra Durán, quien ha argumentado que se trataba de una iniciativa “fruto de la indignación”, en su vertiente de reclamar la marcha de Araúz por su comportamiento con los padres, pero igualmente “consensuada” con los padres y comunidad educativa.

La iniciativa reclamaba al Gobierno andaluz que, coyunturalmente, afronte “un refuerzo” con la contratación de 9.000 profesores de integración social para este curso 2024-2025 para propiciar “una educación de calidad” a niños con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) o necesidades educativas especiales (NEE) en Andalucía.

Además de ese refuerzo para el curso actual proponía Por Andalucía que el Gobierno andaluz disponga en el curso 2025-2026 de una normativa que “establezca una ratio de, como mínimo, un profesor de pedagogía terapéutica (PT) y de audición y lenguaje (AL) por cada 12 alumnos que precise alguna necesidad educativa específica”, así como que “no se sobrepase la ratio de 1/8 alumnos con necesidades educativas especiales sin que dicho profesorado pueda compartir centro educativo”, además de “apoyos específicos para casos graves”.

En este punto otra demanda era “una ratio máxima de un profesional técnico de integración social (PTIS) para cada aula específica”, así como “una ratio máxima de dos alumnos por cada PTIS para el alumnado con dictamen de escolarización B, escolarizados en aula ordinaria”.

Pedía una ratio de 250 alumnos por cada orientador y que se elimine “el sistema de rotación en los centros de educación infantil y primaria y dotando a cada colegio de un orientador”, además de establecer “una plantilla estructural a todos los equipos de orientación educativa”, integrados por profesionales de la psicología, pedagogía, medicina, fisioterapeutas y enfermería escolar.

Reclama al Gobierno andaluz que en el curso 2025-2026 se establezca que el alumnado con necesidades específicas de apoyo o necesidades especiales tengan “como mínimo, el doble a efectos de la ratio de aula, incrementándose ese coeficiente dependiendo de la gravedad del caso”, que sería del triple para los alumnos con adaptación curricular.

PP-A: EL CESE DEL DELEGADO NO VA A CAMBIAR LA SITUACIÓN

La parlamentaria del Grupo Popular Remedios Olmo ha apuntado que en el posicionamiento de los grupos subyace que “se han cuestionado el trabajo” de los profesionales al argumentar que “todo el equipo educativo” se implica con el alumnado de necesidades educativas especiales al esgrimir que ese trabajo “no es exclusivo de PT (Pedagogía Terapéutica), AL (Audición y Lenguaje), ILSE (intérprete de lengua de signos) o PTIS (persona técnico de integración técnica)”.

Ha blandido que “este Gobierno le ha dado cobertura legal más de 400 profesionales”, de las que ha recordado que “son contratadas por Función Pública (Consejería de Justicia) y no por el APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación)”, así como ha advertido de que “los alumnos ha aumentado más de un 20% sobre 2018”.

Ha afirmado sobre el delegado de Educación que “es un hombre honrado” y que “ha dedicado su vida a la integración”, para expresar su percepción de que “a la oposición le interesa el desgaste de este gobierno, no las familias” y ha apuntado “que se vaya el delegado provincial no va a cambiar la situación”, antes de recordar que el Gobierno andaluz dedica 589 millones a esta enseñanza, “un 70% más que en 2018”, y que en estos momentos son 13.600 profesionales, 6.000 de Pedagogía Terapéutica.

La socialista Susana Rivas ha asegurado que el alumnado de necesidades educativas especiales protagonizó un hito el 4 de diciembre de 2023 cuando en una movilización “gritaron el lema quiero ir a clase como tú” y ha advertido de que “se enfrentan a barreras invisibles”, además de que “nos enseñan el verdadero significado de resiliencia”.

Ha recriminado al Gobierno andaluz que “ser andalucista no es envolverse en una bandera cada 28 de febrero”, mientras ha advertido que retira fondos propios “cuando gobierno duplica su participación con 95 millones más”, por lo que ha lamentado que la Junta ha reducido un 2% la autofinanciación.

Ha reclamado al Gobierno andaluz la elaboración de “un censo real del alumnado NEAE (necesidades específicas apoyo educativo) en Andalucía”.

El parlamentario de Vox Antonio Sevilla ha recriminado a los grupos de izquierda esta iniciativa por cuanto ha inferido de ella que “refleja que ustedes tampoco lo solucionaron”, al tiempo que ha instado al Partido Popular a que “no se den muchos golpes de pechos como gestores” tras advertir sobre “las vías de agua en sanidad y educación”, por lo que ha concluido que este ámbito de la educación “ha sido ignorado por la izquierda y la nueva izquierda, me refiero al Partido Popular”.

Sevilla ha esgrimido como “muestra del compromiso de Vox” sucesivas enmiendas al Presupuesto de la Junta para incrementar los recursos destinados a la contratación de las PTIS, antes de reclamar a la Junta “gestiones, no eslóganes, para esto le pagan todos los andaluces”, por lo que ha planteado que “si no saben gestionar, por lo menos, no presuman”.

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recordado durante el debate de la iniciativa que a las 16:30 horas se celebraba una concentración de padres y madres a las puertas del Parlamento y ha lamentado que “para la Junta de Andalucía la inclusión es una chapita” y se ha preguntado “el resto de días qué”.

Ha concluido que “la inclusión educativa es mentira”, convencido de que “es algo que me apasiona, es mi oficio”, pero “es imposible con esta ratio y estos recursos”.

Ha acusado al Gobierno andaluz de “estar discrminando a estos alumnos por sus características personales y su clase social”, de manera que ha descrito un mensaje implícito, según el cual, “si no te llega con lo que tienes, págatelo en la calle”.

“El que no tenga, que se apañe”, ha proseguido razonando, para advertir que las familias ante la falta de atención en los centros llegan a la conclusión de que “mi niño estaba mejor en el centro específico”, conclusión que ha presentado que sería “dar pasos atrás” porque “volvemos al paradigma de la segregación”.

García ha calificado a Araúz como “la punta del iceberg”, ha recordado que “le subieron en el último Presupuesto un 19% el salario” y ha demandado “el cese del delegado por dignidad”, mientras que ha blandido propuestas como “establezcamos una ratio” de manera que haya “Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje (AL) y PTIS por cada centro”.

La Junta de Extremadura prevé que el nuevo centro de educación especial (CEE) Los Ángeles, que se ubicará en la zona de Ronda Norte de Badajoz, sea una realidad desde 2027, con la previsión de que las obras comiencen a mediados de este año.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, que ha visitado este viernes las actuales instalaciones del centro, ha recordado en palabras a los medios que el pasado 26 de diciembre se aprobó la licitación y la obra de la nueva dotación, proyecto con un importe de más de 10,19 millones de euros.

El nuevo espacio educativo contará con aulas de estimulación sensorial, de educación especial o de fisioterapia, talleres de formación profesional, salas de estimulación sensorial, de hidroterapia, fisioterapia o enfermería, una zona residencial, espacios comunes, un gimnasio, un salón de actos o una biblioteca, entre otros. En el espacio exterior habrá zonas de recreo y de juegos, pistas deportivas o un invernadero.

“El objetivo, por tanto, es contar con unas instalaciones donde los alumnos estén cómodos no solo en la parte educativa, sino también en la zona residencial”, ha manifestado la consejera. Según ha dicho, “está previsto que las obras comiencen dentro de unos cinco o seis meses” con un plazo máximo de unos 20 meses en su ejecución, con lo que “en 2027 se inaugurará el nuevo centro” si la evolución del proyecto transcurre con normalidad.

Vaquera ha recordado que el proyecto “estaba en el Plan de Infraestructuras 2016-20, y llevaba siete años parado”, de ahí que sea “una prioridad” para el actual Ejecutivo autonómico.

Docentes y familias pedían nuevas instalaciones, tanto por estar las actuales ubicadas a varios kilómetros de Badajoz (dotación que ahora estará en Ronda Norte, en el entorno urbano) como por las problemáticas sufridas en el edificio cuando llueve (los alumnos tuvieron que ser por ejemplo evacuados durante las borrascas Efraín o Juan).

La directora del centro, Mar García, ha manifestado en este marco que “el cambio será sustancial” aunque las últimas obras para evitar goteras y episodios de inundaciones han aliviado la situación, todo ello sin olvidar “el hándicap que representa hoy la lejanía, pues por ejemplo no hay transporte público”.

Según el proyecto, el centro estará destinado para unos 100 alumnos y la residencia con una capacidad de al menos el 50% de los matriculados.