Acude al Defensor del Paciente tras las lesiones de su hija en un colegio público de educación especial y el Gobierno de La Rioja le indemniza con 17.000 euros
El centro público de Educación Especial Marqués de Vallejo de Logroño vuelve a ser noticia, esta vez tras reconocerse el derecho de una familia a ser indemnizada por las lesiones que ha sufrido su hija de 17 años y con una discapacidad del cien por cien. Así lo ha reconocido el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Educación y Empleo. Nuria es la madre de esta menor y en una conversación con este medio ha querido dejar claro que la intención con esta denuncia es “que esto no vuelva a pasar a ningún niño con discapacidad porque los menores que acuden a este centro son especialmente vulnerables y necesitan cuidados extremos, profesionales especializados y centros dotados de recursos reales, no de buenas intenciones”. Tampoco ha pretendido atacar ni cuestionar el trabajo del personal del centro. “Sé que cuidan bien de mi hija, sé que la quieren mucho”. El problema, también aquí, es “la falta de personal”.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero. Ese día, la “enfermera me llamó por teléfono y me contó que tras la sesión de fisioterapia, mi hija se puso a llorar de una forma distinta a la habitual y que tras llevarla a una camilla, que estaba a unos diez metros de la sala, le vieron un bulto”. Personal del centro y la madre de esta menor acuden al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Logroño. El diagnóstico: rotura fémur con desplazamiento por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.
Con este diagnóstico, Nuria pide explicaciones. “Pregunto qué es lo que ha pasado porque soy consciente de que ha sido un accidente. Confío en el personal del centro, accidentes tenemos todos, pero quiero saber qué es lo que ha pasado”. Y la respuesta que obtiene es que el fémur se ha roto y desplazado solo. “Me dicen que no saben cómo ha sido y que no ha pasado nada”. Nuria insiste, pero la versión sigue siendo la misma “y ya empiezo a ver contradicciones en el relato por lo que acudo al Defensor del Paciente para demostrar que, efectivamente, el fémur de mi hija no se ha roto solo”, como así ha hecho con diferentes informes.
Esta denuncia, insiste Nuria, “no va contra los profesionales, sino que queremos poner de manifiesto la falta de personal que hay en el centro”. El colegio Marqués de Vallejo se divide por pasillos. Su hija está en el amarillo, el pasillo en el que están los menores que van en sillas de ruedas y los más dependientes “y en el que la plantilla nunca está completa porque siempre hay alguien de baja así que los que quedan, hacen lo que pueden. Desde hace años venimos denunciando la falta de ATES, de profesionales cuidadores. Las bajas de profesores sí se cubren, pero estas no”. Por lo que también invita a estos profesionales a dar un paso adelante y denunciar su situación “porque estamos hablando de niños y niñas especialmente vulnerables”.
Me duele profundamente que se diga que mi hija no ha sufrido daño moral. Mi hija gritaba de dolor y nadie supo explicar cómo se fracturó el fémur
Con la resolución en la mano, Nuria se siente relativamente tranquila porque ha podido demostrar que el fémur de su hija no se ha roto solo. Por esto recibirá una indemnización económica de 17.000 euros. La abogada que ha tramitado el caso, Emma Pallardó es especialista en Derecho sanitario y adscrita a los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ y explica que “la resolución estima parcialmente la reclamación presentada por la familia, reconociendo la negligencia en el manejo de la niña, condenando al pago de una indemnización de 17.000 euros, pero rechaza indemnizar cualquier daño moral a pesar del sufrimiento evidente que ha soportado la menor —que no puede verbalizar su dolor ni interpretar lo sucedido— y el impacto emocional devastador en su entorno familiar”. Por lo que el caso no se acaba aquí y habrá recurso. “Mi hija no tiene voz, yo sí. Y la usaré para que esto no le pase a ningún niño más”, apunta la madre. “Me duele profundamente que se diga que mi hija no ha sufrido daño moral. Mi hija gritaba de dolor y nadie supo explicar cómo se fracturó el fémur”.
La hija de Nuria ha vuelto al colegio, pero para ella no ha vuelto la normalidad porque “por las noches tiene pesadillas y necesita ayuda para dormir y, aunque confío en el personal, me genera mucha ansiedad dejarla allí cada día sabiendo que me han tratado de mentir, de ocultar la verdad y con el colegio en la situación en la que se encuentra”.
Poner de relieve un problema estructural
Esta resolución ha servido para poner de relieve un problema estructural. “La escasez de personal auxiliar y la falta de supervisión adecuada en un centro destinado precisamente a niños y niñas con grandes necesidades de apoyo” insiste la madre. En la misma línea se posiciona la Asociación El Defensor del Paciente que advierte de que este caso no es aislado sino la punta de un iceberg preocupante. “Hace años que denunciamos que los centros de educación especial sufren infrafinanciación, ratios insuficientes y falta de formación específica. Y mientras no se corrija, seguirán produciéndose lesiones evitables. Estos niños no pueden elegir ni defenderse. Dependen por completo del sistema. Y el sistema les está fallando. La protección de estos menores no es opcional: es un deber legal y ético”.
La semana pasada te contamos la condena de dos cuidadores, extrabajadores del centro Leo Kanner, otro centro público del Gobierno de La Rioja dedicado a la atención a personas con discapacidad, autismo, que incluye centro de día, residencia y terapias. Los profesionales han sido condenados a un año y ocho meses de prisión por maltratar a una residente. De hecho, según la sentencia del Juzgado número tres de lo Penal de Logroño, ambos cuidadores “después de haber duchado a la residente, sin tener en cuenta sus especiales necesidades, procedieron por dos veces consecutivas a volcar la cama en la que se encontraba, tirándola al suelo contra el armario, agarrándola y zarandeándola en ambas ocasiones y abandonando la habitación dejándola sola y desnuda”.
En este caso, el Gobierno de La Rioja limitó su responsabilidad y señaló que a la entidad gestora del centro. “Es una condena que tiene que ver con trabajadores de una entidad que tiene licitado ese contrato por parte del Gobierno de La Rioja”, señaló el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez. “Dentro de los mecanismos de control, cuando hay indicios de delito es la jurisdicción penal la que tiene la prioridad” y es esta “la que ha establecido la condena”. No obstante, sí señaló Domínguez, que el ejecutivo “analizará y tendrá muy en cuenta a la hora de vigilar el funcionamiento del centro”.
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