Alrededor de un centenar de trabajadores y trabajadoras se han concentrado este jueves en el entorno del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano para mostrar su rechazo al nuevo modelo organizativo planteado por la Dirección. Según informa el Comité de Empresa -convocante de la protesta- en un comunicado, este cambio supone la eliminación de decenas de puestos de estructura en distintas áreas del centro.

La movilización pone de manifiesto “la creciente preocupación de la plantilla” ante una reorganización que, según denuncia el comité, no responde a una reducción real de la carga de trabajo y sí introduce riesgos en la operativa y la seguridad industrial.

Según la información trasladada a la representación de los trabajadores, la propuesta incluye cambios organizativos acompañados de procesos de externalización y una reducción significativa de estructura que se suma a ajustes previos ya realizados en el complejo.

Desde el Comité de Empresa se cuestiona el argumento empresarial basado en la eficiencia, la digitalización o la reorganización interna. “Se pretende hacer más con menos, pero la realidad del día a día demuestra que no hay una bajada real de la carga de trabajo”.

En este sentido, advierten de que este tipo de decisiones tienen un “impacto directo” sobre la seguridad industrial. “Reducir estructura en entornos de alta exigencia técnica no es una cuestión administrativa. Afecta a la capacidad de respuesta, al control de procesos y, en última instancia, a la seguridad de las instalaciones”.

Para la representación de los trabajadores, la medida resulta “especialmente difícil de entender” en el contexto actual de la compañía. “No se puede plantear una reducción de puestos de estructura en un momento en el que la empresa presenta resultados sólidos. Estos resultados nacen del esfuerzo de los trabajadores, y las decisiones deben estar a la altura de ese compromiso”.

Asimismo, denuncian la falta de un proceso de diálogo real. “Son decisiones que se están tomando lejos del complejo, sin tener en cuenta la realidad operativa ni la experiencia de las personas que trabajan en él”.

Por ello, el Comité de Empresa ha pedido a la Dirección que retire la propuesta, la apertura de un proceso de diálogo “transparente” y la justificación objetiva de cualquier cambio organizativo, “priorizando en todo momento la seguridad industrial y unas condiciones de trabajo adecuadas”.

La empresa asegura que no afectará al empleo

Preguntada por este medio, desde Repsol aseguran que esta nueva estructura organizativa tiene por objetivo “adecuar su esquema actual a los retos de la transformación industrial del complejo”. Afirman que con las modificaciones quedan “garantizadas” la seguridad y la eficiencia, mientras que el personal que ocupa los puestos que se modifican será reubicado en otras posiciones, por lo que “no habrá” afectación al empleo.

“Este nuevo modelo pretende ayudar a que el complejo industrial de Puertollano esté preparado para afrontar los nuevos proyectos de crecimiento, el acceso a nuevos mercados y la especialización de sus negocios, manteniendo así su competitividad”, señalan desde Repsol, añadiendo que con esta propuesta buscan “proteger la actividad industrial y el empleo en Puertollano a medio y largo plazo, en un contexto económico complejo, marcado por la elevada volatilidad en los mercados energéticos y por un mercado químico europeo que va perdiendo competitividad”.

El accidente laboral más grave de los últimos años en Catalunya va camino de juicio. La magistrada que investiga la explosión en la química Iqoxe de Tarragona ha enviado a juicio a cuatro de sus responsables por la “conducta negligente” que, según la instructora, causó el siniestro, consistente en priorizar los beneficios económicos en detrimento de la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores.

En un auto de 80 páginas, la magistrada Sofía Beltrán pone fin a una investigación de más de tres años y realiza un pormenorizado relato de los hechos que antecedieron a la explosión del 14 de enero de 2020 y que provocó tres fallecidos (dos trabajadores y un vecino).

Según la instructora, los responsables de Iqoxe implantaron “una política empresarial de aumento de la producción y reducción de costes”, que derivó en un “deficiente mantenimiento de las instalaciones” y en que los empleados trabajaran “sin las debidas condiciones de seguridad” exigibles en la industria petroquímica. En otras palabras: producir más reduciendo costes y seguridad para ganar más dinero.

La magistrada relata que Iqoxe contaba con un “insuficiente número de trabajadores” para realizar los procesos productivos “en los debidos requisitos de seguridad”. Esta política empresarial, a criterio de la jueza, fue “compartida y ejecutada” por el director de la planta de Iqoxe de la Canonja (Tarragona), Juan Manuel Rodríguez Prats, y el director general de la empresa, José Luis Morlanes, y fue “conocida” por el jefe de servicios generales y medio ambiente de la firma.

Estos tres responsables de Iqoxe, además de la empresa como persona jurídica, se sentarán en el banquillo y pueden ser acusados de los delitos de imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores y estragos. Todos ellos ya están también procesados por otra causa relativa a delitos medioambientales en la misma planta por los vertidos contaminantes que presuntamente la empresa realizaba al mar

La “política empresarial” implantada en Iqoxe, continúa la jueza, generó unas “deficientes condiciones de producción, trabajo y seguridad” en la planta “al priorizarse la producción y rentabilidad sobre la seguridad de las personas, equipos e instalaciones”.

Con estos mimbres, la magistrada explica que la explosión se debió a una “concurrencia de diferentes causas”. En primer lugar, que la empresa no contempló que el producto que estalló, el MPEG, en sus dictámenes de seguridad. De hecho la jueza sospecha que el día del siniestro “se modificó” la receta del producto químico, lo que derivó en una reacción química “sin realzar ningún ensayo previo para constatar si la reacción era segura”.

“El proceso de fabricación se siguió sin ningún tipo de control por parte del personal, por la desectivación parcial del funcionamiento de alarmas al estar silenciadas las sonoras y al ser insuficiente el personal para vigilar el proceso, que tenía que atender a otras tareas fuera de la planta, y al no vigilarse el panel de control”, detalla el auto. La jueza también apunta a posibles averías en la maquinaria.

Más allá de las tres causas de la explosión, la instructora resalta que se trataba de un “modo de trabajo reiterado constantemente” en Iqoxe, de modo que era habitual que se priorizara la producción sobre la seguridad. Los mandos intermedios, además, “estarían sujetos a una situación de presión” para producir más, agrega la jueza.

La empresa Iqoxe de Tarragona cometió hasta cuatro infracciones “muy graves” en materia de seguridad industrial relacionadas con la explosión de enero de 2020 que incendió la planta y dejó tres muertos. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Departamento de Empresa de la Generalitat en su expediente abierto a raíz del accidente, y que ha decidido saldar con una propuesta de multa de 2,1 millones de euros. 

La propuesta de sanción, que se puede recurrir, se suma a la de 180.000 euros que le impuso la Inspección de Trabajo por incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral. En ambas sanciones, se detectan irregularidades en el proceso de fabricación de la sustancia MPEG 500, que fue el origen de la deflagración. Concretamente, la sanción hecha pública este miércoles constata que se alteró su proceso de producción sin ninguna precaución.

Casi la mitad del montante de la multa, un millón de euros, corresponde de hecho a esta cuestión. Según el expediente, se modificó la receta de fabricación, “concretamente el tamaño del lote, el catalizador a usar y la cantidad”. Todo ello, abunda la instancia administrativa, “sin respetar las instrucciones del fabricante, sin evaluar los citados cambios y sin efectuar ninguna prueba ni ensayo previo para constatar si la reacción era segura”.

Estas conclusiones chocan con los argumentos de la dirección de Iqoxe, que en sede judicial han asegurado que la deflagración fue imprevisible, en línea con el informe del Institut Químic de Sarrià (IQS) encargado por la empresa poco después. 

Tres años después del suceso, la investigación judicial sigue abierta. Desde el principio, la magistrada instructora ha apuntado también a una “política empresarial” de reducción de costes de personal y seguridad en la química como un desencadenante de la explosión, algo que Iqoxe también niega.

En su expediente, Empresa también ha detectado otras tres infracciones muy graves de la ley de seguridad industrial, y que sumadas sirven para alcanzar el montante de 2,1 millones de euros. La investigación concluye que se silenciaron las alarmas sonoras del sistema de seguridad en la sala de control (500.000 euros de multa), no se formara específicamente a los trabajadores (100.000 euros de multa) y el panel de la sala de control de una de las unidades, U-3100, “no estaba siendo objeto de supervisión” (10.000 euros de multa).

La Inspección de Trabajo de Catalunya (ITC) ha propuesto una sanción de 180.000 euros a la empresa Iqoxe por una infracción muy grave derivada de la explosión de su planta de La Canonja (Tarragona) de enero de 2020 en la que murieron tres personas (dos trabajadores de la empresa y un vecino). La multa administrativa de la autoridad laboral catalana llega en paralelo a la causa penal que mantiene imputados a dos directivos de Iqoxe y que encara ya su recta final.

La Inspección concluye que el accidente fue responsabilidad de la empresa. Según la ITC, Iqoxe incumplió varios aspectos de la legislación en material de seguridad y salud laboral durante el proceso de producción de la sustancia MPEG 500, cuyo tanque de fabricación explotó el 14 de enero de 2020.

Al margen de la multa por el accidente, la Inspección también tiene abierta un acta de infracción contra la empresa por las “continuas dilaciones” en la entrega de la documentación requerida y los “obstáculos” que, según la ITC, ha puesto Iqoxe durante la investigación.

Las conclusiones de la Inspección de Trabajo van en consonancia de los indicios que ha recabado la magistrada que investiga la explosión, que en las próximos meses debe decidir si envía a juicio a los dos directivos de Iqoxe imputados, su director general, José Luís Morlanes, y el director de la planta de La Canonja, Juan Manuel Rodríguez. La magistrada apunta como desencadenante del accidente una “política empresarial” para reducir costes en personal y seguridad en la química, algo que Iqoxe niega.

Además de la reducción de costes laborales y en materia de seguridad, el sumario del caso ha permitido constatar que la Generalitat detectó varios “incumplimientos relevantes” de la normativa medioambiental de la planta de Iqoxe en una inspección que técnicos de la conselleria de Territorio efectuaron un mes y medio antes de la explosión. Las irregularidades, que el informe de la secretaría de Medio Ambiente instó a Iqoxe a corregir de forma “inmediata”, incluían un consumo de reactivos excesivo de la distintas plantas así como emisiones a la atmósfera, aguas residuales y producción de residuos por encima de los valores permitidos.

La Generalitat detectó varios “incumplimientos relevantes” de la normativa medioambiental de la planta de Iqoxe de La Canonja (Tarragona) en una inspección que técnicos de la conselleria de Territorio efectuaron un mes y medio antes de la explosión. Las irregularidades, que el informe de la secretaría de Medio Ambiente instó a Iqoxe a corregir de forma “inmediata”, incluían un consumo de reactivos excesivo de la distintas plantas así como emisiones a la atmósfera, aguas residuales y producción de residuos por encima de los valores permitidos.

El informe de Medio Ambiente forma parte de los nuevos tomos del sumario del caso Iqoxe, que supera ya los 6.000 folios. La jueza y los Mossos d'Esquadra han realizado una minuciosa investigación sobre las causas del accidente que provocó la muerte de tres personas. La magistrada, que encara ya la recta final de la instrucción, apunta a una “política empresarial” para reducir costes en personal y seguridad en la química como desencadenante de la explosión, algo que Iqoxe niega.

Los técnicos de Medio Ambiente visitaron Iqoxe entre el 18 y el 27 de noviembre de 2019. La inspección ambiental era programada e integral, es decir, prevista para comprobar si la empresa cumplía con todas las prescripciones de la normativa ambiental. En los tres años anteriores Iqoxe había superado el examen, pero no así en 2014 y 2015, cuando la inspección concluyó que la empresa “no garantizaba un cumplimiento adecuado” de la legislación.

De nuevo en 2019 Iqoxe suspendió. Entre las irregularidades detectadas destaca la existencia de un “foco sistemático” de expulsión de gases a la atmósfera no contemplado en la autorización ambiental a la empresa. También figura como “incumplimiento relevante” de la normativa la emisión excesiva de aceites y grasas en las aguas residuales de Iqoxe, así como la generación por parte de la planta de “nuevos residuos” que no incluía su autorización ambiental procedentes de los procesos de destilación y reacción que tienen lugar en la fábrica.

Todo ello llevó a los técnicos a concluir que Iqoxe “no garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental”, por lo que conminó a sus responsables a adoptar las “medidas de corrección y prevención necesarias para evitar la afectación de los incumplimientos en las personas y el medio ambiente”, y a hacerlo de forma “inmediata”.

La magistrada está a la espera de recibir el informe definitivo de la Inspección de Trabajo, que se está demorando debido a la gran cantidad de documentación necesaria para su elaboración. Dicho dictamen, según expone la magistrada en un auto, versará sobre el nivel de salud y seguridad de los trabajadores “expuestos a los riesgos de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo” en el momento de la explosión. El caso se ha dividido en dos piezas: una sobre el accidente y las circunstancias que lo rodearon y la otra sobre los vertidos contaminantes al mar presuntamente realizados por Iqoxe.

En la causa permanecen imputados el director de la planta de Iqoxe en Tarragona, Juan Manuel Rodríguez Prats, y el director general de la compañía, José Luís Morlanes. Su defensa, en sucesivos escritos, ha criticado con dureza la investigación de la magistrada y los Mossos d'Esquadra. Según Iqoxe, las pesquisas mantenidas en secreto durante varios meses han generado “verdadera indefensión” en los investigados así como una “distorsión de la verdad material” de las causas del accidente.

Pone especial hincapié el letrado Emilio Zegrí en que los Mossos, a su juicio, no han contrastado ni estudiado “con rigor” los documentos de la causa y han “huido y menospreciado” la versión de la empresa, “posicionándose” en contra de ella desde el inicio de la investigación. En suma, para Iqoxe sus directivos se han visto “cubiertos de una capa de desprestigio notable” no debido al accidente ni a las condiciones denunciadas por varios testigos, sino por la investigación.

A falta del informe de Inspección de Trabajo, los dictámenes de la Generalitat e Iqoxe dan explicaciones distintas sobre las causas del suceso. La consultora noruega DNV GL, en un estudio encargado por el Govern, sostiene que la deflagración se produjo por la descomposición térmica del óxido de etileno y la creación de un punto caliente, posiblemente un incendio, a raíz de una fuga externa o un fallo en el control de la presión del nitrógeno. Por contra, el Institut Químic Sarrià (IQS), a instancias de Iqoxe, descarta el incendio y mantiene que fue el MPEG 500 (el derivado que se estaba fabricando) el material que explotó, y no el óxido de etileno, como dice DNV.

No obstante, los Mossos d'Esquadra, en un informe aportado a la causa, señalan que desde Iqoxe se señaló a Protección Civil y a la Generalitat los días posteriores a la explosión que toda la información que la planta accidentada generaba sobre los procesos de producción se había “perdido” debido a que la explosión había afectado la totalidad de la unidad así como su sala de control.

La investigación de los Mossos concluye que los servicios de emergencia y los responsables del plan de alerta química realizaron “distintos intentos” para comunicar con Iqoxe sin éxito inmediatamente después del accidente, pero que no fue posible hasta las 19:38h., 57 minutos después de la explosión. “No hubo ninguna llamada o demanda de auxilio al 112 o los Bomberos por parte de la empresa, ni tan solo para comunicar la activación de su plan de autoprotección, como establece la normativa de riesgos químicos”, reseña la policía catalana, que también ha descubierto que Protección Civil respondió desfavorablemente a los planes de autoprotección presentados por la empresa en 2013, 2018 y 2019.

Despidos encubiertos, alarmas que no se activan, presiones de la dirección para aumentar la producción, falta de personal, fugas y deficiencias en la maquinaria que no se reparan... Son solo algunas de las irregularidades que trabajadores y exempleados de Iqoxe han puesto de manifiesto ante los Mossos d'Esquadra y la jueza de Tarragona que investigan la explosión en la planta química de la que este jueves se cumple un año.

La investigación del accidente, que provocó tres fallecidos, entre ellos dos trabajadores de la planta, ha avanzado más lentamente de lo previsto debido al estado de alarma. A la espera de recibir el dictamen definitivo de la Inspección de Trabajo sobre las causas del suceso, la magistrada del juzgado de instrucción 1 de Tarragona tiene sobre la mesa dos informes técnicos que dan explicaciones distintas. La consultora noruega DNV GL, en un estudio encargado por el Govern, sostiene que la deflagración se produjo por la descomposición térmica del óxido de etileno y la creación de un punto caliente, posiblemente un incendio, a raíz de una fuga externa o un fallo en el control de la presión del nitrógeno. Por contra, el Institut Químic Sarrià (IQS), a instancias de Iqoxe, descarta el incendio y mantiene que fue el MPEG 500 (el derivado que se estaba fabricando) el material que explotó, y no el óxido de etileno, como dice DNV.

Más allá del material químico concreto que habría causado la explosión, el sumario del caso Iqoxe, al que ha tenido acceso elDiario.es, muestra un reguero de actuaciones de la empresa para abaratar costes, aumentar la producción y, con ello, conseguir más beneficios. Y es esta línea de investigación la que sigue, por el momento, la jueza. En varios autos de la causa, la magistrada apunta a una “política empresarial” que derivó en un “deficiente mantenimiento de las instalaciones” y en “el ejercicio de la actividad sin las debidas condiciones de seguridad laboral e industrial y con un insuficiente número de trabajadores para realizar el proceso productivo en los debidos requisitos de seguridad”.

Al margen de las condiciones laborales y de seguridad en el momento del accidente, la jueza también investiga si la empresa siguió produciendo “de forma clandestina” mediante el reactor al que teóricamente sustituyó el accidentado, tal y como han testificado varios empleados. Las pesquisas además permanecen abiertas por un delito ambiental porque la empresa habría realizado vertidos al mar mezclados con disolvente que para no ser detectados se habrían producido por la noche o en fin de semana. Estos extremos han sido puestos de manifiesto por media docena de empleados, pero otros aseguran desconocer esta práctica contraria al medioambiente.

Iqoxe niega todas las acusaciones vertidas por los empleados y la jueza y asegura que no existió presión alguna a la plantilla para aumentar beneficios porque en el momento de la explosión el conjunto de la industria química tarraconense vivía un periodo de baja producción debido a la caída general de la demanda, motivo que también explica que no se renovara el contrato a seis empleados.

Reducir costes y producir “al límite”

“Las presiones consisten en reducir costes y aumentar beneficios”. Así empieza su declaración como testigo un empleado de Iqoxe que el día de la explosión estaba trabajando a 100 metros del reactor siniestrado. El testigo se siente “engañado” porque, según su versión, la empresa redujo la plantilla alegando que había menos trabajo, cuando en realidad hubo más. Al contrario de la versión de la empresa, el operario asegura que el día de la explosión la planta trabajaba “a marchas forzadas” porque tenían un aumento de demanda. Todos los testigos coinciden en que el día de la explosión se estaba fabricando un lote de MPEG 500 de 20,5 toneladas, cuando los seis encargos anteriores habían sido de 25 toneladas.

Otro trabajador del sector de la fábrica resaltó que era habitual que a partir de la segunda mitad del año bajara la producción, pero que no obstante el reactor que explotó, el de la planta U-3100, era el que más producía de la empresa al ser el más rápido. “Desde la cúpula de la empresa había un espíritu de mayor producción, de producir al límite, la planta estaba siempre funcionando”, declaró este testigo a la jueza. En la causa permanecen investigados el director de la planta de Iqoxe en La Canonja (Tarragona), Juan Manuel Rodríguez Prats, y el director general de la compañía, José Luís Morlanes. Por su lado, los 'comun' están personados en la causa como acusación popular.

Un tercer empleado, herido en el accidente, afirmó en su declaración judicial que, al igual que el conjunto de la plantilla, había expresado su preocupación a la dirección de la empresa porque los mismos empleados tenían que llevar “dos plantas a la vez”, la U-3100 y la U-2360. “Era horroroso, una locura, mucha tensión, presión, estrés”, describió el trabajador, que vio las causas de esta situación en “la finalidad de la empresa de aumentar la producción”. “La U-3100 no paraba nunca”, relató el testigo.

“Coacción no, pero sí presión, la empresa exigía más de lo que se podía”, abundó ante la jueza un cuarto trabajador, que dejó la empresa un mes antes del accidente. Este exempleado puntualiza que si bien el ritmo de producción de la planta U-3100 estaba “dentro de sus límites”, con los trabajadores ocurría lo contrario, ya que además de la unidad que explotó debían controlar la U-2360. La situación, añade el exempleado, “provocaba inseguridad y estrés porque cuando se controlaba una no podían controlar la otra”.

En sus comparecencias ante los Mossos y la magistrada, la docena de trabajadores niegan que la empresa les coaccionara para participar de la investigación judicial, y no se ahorran en detalles sobre las malas condiciones laborales que, a su juicio, les sometía la dirección de Iqoxe. La queja más habitual es que, además de tener que controlar dos unidades al mismo tiempo, los operarios de las plantas deben en ocasiones ausentarse del panel de control –que en el caso de la U-3100 no estaba bunkerizado– para realizar trabajos de mantenimiento en las unidades. Según varios trabajadores, la reducción de un trabajador por turno en cada planta se aprobó por CCCO y UGT y contó con la oposición del sindicato COBAS. Además, meses antes del accidente las alarmas dejaron de ser sonoras para pasar a ser solamente visuales en el panel de control. Pero como el operario tenía que entrar y salir del puesto de control, no siempre podía estar observando la pantalla donde aparecía la alarma, denuncian los trabajadores.

17 accidentes laborales en 2020

Dos de los empleados llegan a explicar que la empresa había colocado, meses antes del accidente, a un supervisor, a quien se conocía como “el sombra”, que cronometraba el tiempo de trabajo físico, descontando no obstante el rato que pasaban vigilando el panel de control o saliendo del búnker para reparar una válvula o recoger muestras de los depósitos. Cuando se fue “el sombra”, agregaron los empleados, se despidió a un operador de planta por turno. Los empleados también relatan fugas en los depósitos de agua, válvulas de los reactores que fallaban y que tardaban en repararse y denuncian falta de mantenimiento preventivo de las instalaciones.

Las declaraciones de los trabajadores sobre la falta de seguridad en la empresa se refuerzan con el informe incorporado a la causa de la mutua de Iqoxe sobre los accidentes laborales ocurridos en la planta de Tarragona: desde que la histórica firma catalana La Seda vendió la fábrica de Tarragona al grupo extremeño Cristian Lay, la asistencias de la mutua por accidentes laborales crecieron un 750%, pasando de dos en el año 2014 a diecisiete en 2020.

Sobre las causas del accidente del 14 de enero de 2020, son varios los trabajadores que coinciden en definir el suceso como un “runaway”, una reacción que se produce al desprenderse calor del reactor por falta de material catalizador, lo que provoca el aumento de la temperatura, de la presión y, en última instancia, la explosión. En concreto, uno de los empleados apuntó que la válvula de seguridad estalló porque había demasiada presión en el reactor, y que al entrar en contacto con el gas el reactor explotó. Y otro extrabajador añadió que, a diferencia de otras plantas del complejo petroquímico de Tarragona, Iqoxe no dispone de un detector de reacciones runaway. Otro empleado describe una tormenta perfecta: “Coincidieron todos los elementos, falta de personal, problemas de averías en la planta, en el sistema, una fuga y al final sucedió lo que hace tanto tiempo que comentábamos que podía suceder”. La jueza está pendiente de recibir el informe de tres peritos químicos sobre las causas del accidente.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves al presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Rubén Folgado, perteneciente a la dirección de Messer Ibérica, como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental y soborno, han informado a EFE fuentes próximas al caso.

La detención se enmarca en la investigación judicial por las sospechas de que la planta de Messer Ibérica, en el polígono petroquímico Norte de Tarragona, en el municipio de El Morell, se construyó sin licencia.

Folgado es el director técnico de Messer Ibérica desde el año 2003 y presidente de la AEQT –la asociación que representa a las principales empresas del sector que operan en Tarragona– desde hace poco más de un año.

La investigación en secreto durante seis meses de la explosión en la planta de Iqoxe en la petroquímica de Tarragona ha desvelado un aluvión de indicios delictivos. Todos responden a la búsqueda de beneficios a toda costa. Con este objetivo, según la jueza que investiga el siniestro, la empresa estuvo funcionando sin las debidas condiciones de seguridad laboral, industrial y de protección civil, mantuvo en funcionamiento “de forma clandestina” un reactor que no tenía autorización ambiental y vertió residuos al mar, entre otras irregularidades.

Por el momento la jueza mantiene imputados en la causa al director de la planta de Iqoxe de la Canonja (Tarragona), Juan Manuel Rodríguez Prats, al director general de la empresa, José Luis Morlanes, y a la propia compañía como persona jurídica. Todos ellos siempre han defendido que la empresa cumplía con las normativas en el momento de la explosión, que provocó tres fallecidos –un vecino la localidad de Torreforta y dos empleados de la compañía.

La empresa ha respondido a las acusaciones con un informe pericial, encargado al Instituto Químico de Sarrià (IQS), que concluye que la deflagración fue el efecto de “una concatenación de circunstancias no detectables que llevaron a una reacción química súbita, inesperada e imprevisible por ser desconocida”. El estudio del IQS destaca que la explosión tuvo como origen el material químico que se estaba produciendo, el MPEG 500, y no el óxido de etileno que se usa para fabricarlo, algo desconocido hasta la fecha. En consecuencia, la explosión no se podía prever, conclusión opuesta a la del Govern.

La jueza no comparte por el momento esta versión y, a día de hoy, está lejos de exonerar a la compañía. En un auto del pasado 17 de julio, por el que ordena la causa en varias piezas poniendo fin al secreto de algunas de ellas, la magistrada advierte de que está investigando una causa “muy compleja” que pivota sobre el grado de cumplimiento de Iqoxe de las normativas de seguridad industrial, laboral y en protección civil antes, durante y después del accidente.

La magistrada enmarca la explosión en una política empresarial de aumento de producción y reducción de costes. Ello llevó a la empresa, según la jueza a presentar “un deficiente mantenimiento” de las instalaciones y a funcionar “sin las debidas condiciones de seguridad laboral e industrial”. Es más, la búsqueda de beneficios habría provocado que Iqoxe contara con un número de trabajadores “insuficiente” para producir “con las debidas garantías de seguridad”.

El 14 de enero de 2020 sobre las 18:37 h el reactor U-3100 de la planta explotó. Para la jueza no se trata de una explosión fortuita sino que el producto químico que se fabricaba en el reactor “no era usual y solo había sido elaborado en otras seis ocasiones anteriormente”. Pero además, en el momento de explotar fabricaba un lote de 20,5 toneladas. En la misma tarde de la explosión, se detectó una fuga en una de las bombas del reactor que antes del siniestro “ya tenía problemas por pérdidas de materia prima”. La magistrada destaca que pese a detectarse la fuga los responsables de la planta decidieron seguir adelante con la producción.

La explosión fue de gran violencia: además de un incendio, estallaron varias piezas de metal del reactor que volaron casi 2,5 kilómetros e impactaron en la casa de un vecino de Torreforta, que falleció en el acto. La jueza todavía está investigando por qué la empresa tardó tanto en reaccionar: no fue hasta las 19:15h., más de media hora después de la explosión, que los bomberos tuvieron conocimiento de la misma. Tampoco sonaron las sirenas ni los avisos de seguridad. Durante estos 30 minutos, la única intervención fue la de un bombero de una empresa contratada por Iqoxe y la de otros operarios que orientaron dos cañones de agua hacia el reactor.

A raíz de la investigación del momento exacto del accidente, sus causas y la reacción de los sistemas de seguridad y aviso a la población, la jueza ha ampliado las pesquisas a otros aspectos presuntamente delictivos del funcionamiento empresarial de Iqoxe así como a presuntos delitos contra el medioambiente cometidos por la empresa.

La magistrada ha descubierto que Iqoxe, desde que adquirió la planta de La Canonja 2014, empezó a aumentar la producción de la fábrica, pero sin tener en cuenta autorizaciones ambientales y la eliminación de las aguas residuales y otros residuos.

En concreto, Iqoxe pidió sucesivas modificaciones de la autorización ambiental que tenía la antigua empresa dueña de la planta para acometer, en palabras de la magistrada, “un sustancial aumento de la producción autorizada”. En 2016, la Generalitat permitió a Iqoxe aumentar la producción construyendo el reactor accidentado el pasado mes de enero, con la condición de que sustituyera al antiguo U-350. Sin embargo, la jueza constata que el reactor U-350 no se desmanteló en ningún momento y siguió funcionando “de forma clandestina”, y que además la empresa pidió nuevamente su puesta en marcha al solicitar permiso para construir un tercer reactor, el U-3200.

El aumento de producción desde que Iqoxe se quedó la fábrica conllevó un lógico aumento de los residuos producidos por la planta. No obstante, según la magistrada, la empresa no construyó una depuradora nueva sino que mantuvo la vieja. La falta de capacidad de la depuradora se solventó “realizando regularmente vertidos al mar”, que para no ser detectados, agrega la jueza, se realizaban por la noche o en fin de semana “y eran tratados con desespumante para no ser percibidos”.

El accidente en el polígono petroquímico de Tarragona de enero pasado, que supuso la muerte de tres personas, ha evidenciado “carencias” en los sistemas de alerta de la población del territorio afectado. Esta es una de las principales conclusiones del informe que ha presentado este lunes el Govern sobre el episodio, que reconoce que generó “desconcierto y preocupación” entre la ciudadanía sobre cómo debe avisarse de la necesidad de confinamiento y cuándo deben activarse las sirenas.

El relato de los hechos recogido en el informe constata que, tras la explosión ocurrida el 14 de enero en uno de los reactores de la planta de IQOXE, la red de sirenas no sonaron y la información que recibió la ciudadanía afectada “no fue suficientemente homogénea”. “Hace falta mejorar los aspectos comunicativos de la emergencia”, asegura el documento, ya que “la desinformación o la contradicción entre informaciones generan desconfianza”. 

Ante esto, el Govern se compromete a revisar y reforzar los protocolos de información y alarma a la población en caso de accidente, y a coordinarlo con los municipios. Algunas mejoras, indican los responsables de la protección civil, ya han sido introducidas en el nuevo plan de emergencias del sector químico, aprobado el pasado mes de marzo. Este nuevo protocolo da más peso a las autoridades locales de la zona afectada, y prevé la utilización de nuevos canales de información a la población, como los mensajes de texto SMS o por correo electrónico, las alertas que lleguen directamente a los móviles situados en determinadas zonas o mensajes “push” que se lancen desde la aplicación de la Generalitat.

La Generalitat también llevará a cabo, durante el segundo trimestre de este año, un estudio sobre las diferentes opciones para alertar a la población que se usan en otros países y en diferentes ámbitos. Asimismo, el documento recoge la necesidad de efectuar más simulacros. Ante un accidente como el ocurrido, indica el informe, “se necesitan instrucciones claras e informaciones precisas. Todo el mundo debe saber que tiene que hacer especialmente en los momentos inmediatos a la emergencia”, por lo que es necesario que haya ensayos previos sobre diferentes situaciones de riesgo.

El documento ha sido elaborado por el viceconseller de la Presidència, Pau Villòria, que ha trabajado durante dos meses en una mesa en la que ha reunido a los agentes relacionados con el sector, con las autoridades locales de Tarragona, y con el tejido social y económico de la zona afectada. Durante la presentación del informe, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha destacado que tras el accidente en el municipio de La Calonja se llevó a cabo una “exhaustiva revisión de los protocolos de atención de las emergencias”, así como del “rol que deben asumir los diferentes actores”.

Con todo, el dosier presentado por el Govern es incompleto y deberá ser completado por la investigación del accidente, mediante el expediente informativo abierto en el ámbito de la seguridad industrial. Este expediente, que el Govern prevé que pueda concluirse durante este mes de mayo, sin embargo está condicionado a la investigación judicial, que por el momento se encuentra bajo secreto de sumario. Esta circunstancia, indica el informe, está “condicionando la recogida de datos”. La Generalitat está estudiando además encargar la auditoria a una empresa externa, con un coste de 100.000 euros.

Respecto al posible retorno de la empresa a la actividad, el departamento de Empresa no tiene previsto aún autorizarla. Para hacerlo, la Generalitat pide que se justifique “fehacientemente” el cumplimiento de las condiciones de seguridad, y que estas sean avaladas por un informe y su correspondiente dictamen. 

El Govern se compromete además a “revisar” los recursos humanos de las tareas de control e inspección en empresas del sector petroquímico. Según indica el informe, la propuesta es incrementar en cuatro inspectores el personal encargado, de los cuales dos estarían destinados a la industria química del entorno de Tarragona. Por último, se creará un grupo de trabajo de Accidentes Graves, con la participación de representantes de empresas evaluadoras, organismos de control y organismos afectados, que se reunirá cuando acabe la investigación.

Unos 11.000 trabajadores están llamados este miércoles a la huelga en el complejo petroquímico de Tarragona para pedir una mejora en la seguridad de las empresas, un mes después de la explosión en la compañía IQOXE que causó tres muertos y diversos heridos. Según CC.OO., el 100% de los empleados han seguido la huelga, que el sindicato ha calificado de “histórica”.

En un comunicado, el sindicato ha asegurado que a las siete de la mañana no se habían producido incidencias destacables y que los servicios mínimos habían entrado a trabajar con normalidad. Esta es la primera huelga general de la historia de la petroquímica y se celebra bajo el lema Por una petroquímica fuerte, más seguridad y menos precariedad!. Los convocantes también piden a las administraciones una mejor información en caso de emergencia.

La huelga ha comenzado a las cuatro y media de la madrugada y durará 24 horas. A las siete de la tarde está prevista una manifestación por el centro de Tarragona abierta a la ciudadanía. Comenzará en la plaza Imperial Tarraco y ante la sede de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), y terminará ante la delegación del Gobierno bajo el lema 'Queremos seguridad, información y coordinación'.

130 entidades piden más transparencia

El paro en el complejo petroquímico se enmarca dentro de la reacción que ha habido en la zona después de la explosión en IQOXE. El pasado lunes, más de 130 entidades se unieron para reclamar más transparencia, seguridad, comunicación y cambios legislativos en relación a la industria petroquímica del Camp de Tarragona.

Cuando se cumplió un mes después de la explosión en la planta de IQOXE de la Canonja, las entidades adheridas presentaron el manifiesto Somos territorio, la impunidad se ha acabado, donde recogen una batería de propuestas que dirigirán al Gobierno con la intención de que se hagan efectivas. El portavoz de la Plataforma Cel Net, José María Torres, se mostró confiado en que el Ejecutivo atenderá las demandas planteadas por la sociedad civil dada “la preocupación general que existe entre la ciudadanía ante la falta de medidas y de control que mantiene el administración ”.

Torres insistió en que hay una falta de “seguridad y control” en el polígono petroquímico y que, ante la inacción de la Generalitat y las empresas, la sociedad civil se ha puesto de acuerdo y ha decidido “hacerles el trabajo” . Las demandas planteadas estructuran en cuatro bloques -seguridad, legislación, comunicación y transparencia-, bajo la premisa de proteger a la población por encima de los intereses de las empresas.

La Pobla de Mafumet (Tarragona) tiene 3.904 habitantes y dos polideportivos impolutos. Los vecinos disponen de dos piscinas climatizadas, pistas de tenis y pádel, una sauna, un espacio de hidromasaje y una sala de fitness. El Ayuntamiento ofrece actividades de aquagym a sus residentes, clases de inglés e incluso entrenamientos de petanca. En el pueblo no falta de nada. Unos carteles repartidos por el municipio, sin embargo, recuerdan que esas comodidades tienen un precio: los letreros indican cómo se debe actuar en caso de accidente químico.

La opulencia de las infraestructuras de este pequeño municipio, a tocar del complejo petroquímico de Tarragona, ilustra a la perfección la dicotomía que recorre toda la zona: a los vecinos no les gusta la industria que tienen alrededor y muchos le tienen miedo. La mayoría, no obstante, vive de ella y se beneficia del dinero que aporta a la provincia.

“En Tarragona vivimos casi todos de lo mismo”, señala Andrés Luna, un jubilado que trabajó durante 22 años en IQOXE (antiguamente llamada IQA), la planta química donde se registró la explosión del martes que se cobró tres vidas. “La otra cosa es que nos guste”.

Rafael Moya llegó de Jaén a La Pobla en 1966, cinco años antes de que se empezara a construir el complejo petroquímico que queda a pocos metros del pueblo. El recinto, el más grande del sur de Europa, ocupa 12 kilómetros cuadrados, la misma superficie que el barrio de Gràcia en Barcelona. “Aquí había melocotones, uvas y avellanas por todos los lados”, recuerda con cierta nostalgia este señor de 62 años. “Nadie nos preguntó si queríamos poner todas estas fábricas”. A pesar de sus quejas, confiesa que él también trabajó en la planta. 

El humo de las chimeneas de Repsol es omnipresente desde todos los puntos de este municipio, que dedica más de 354 euros por habitante a “actuaciones de protección y promoción social”. Más del doble que Tarragona, la capital de la provincia, que dedica 146 euros. Los altos ingresos en impuestos por la actividad industrial que se lleva a cabo en su suelo lo han convertido en un municipio rico -el Ayuntamiento tiene un presupuesto de 11,9 millones- que ofrece servicios que casi ningún otro pueblo puede brindar. 

“Existe un amor-odio con esta industria que nos rodea”, señala Enric Poll, vecino del municipio de 29 años. “Ha generado una infinidad de puestos de trabajo, pero también ha cambiado la esencia del campo, la gente y sus pueblos”. Según este joven, mucha gente de su edad opta por cursar estudios relacionados con la industria química porque saben que así podrán quedarse en la zona. “Hay oferta, está cerca y las condiciones laborales son muy buenas”.

Según algunos trabajadores consultados, los salarios oscilan entre los 20 y los 40.000 euros anuales en función de la antigüedad, del puesto que ocupan y de si están contratados directamente por la empresa.

Lluisa Ayza, 28 años, es profesora de instituto en Barcelona. Su infancia transcurrió en El Morell, otro pueblo cercano al complejo petroquímico. Su padre trabajó durante muchos años en la planta de Repsol. “Yo preferiría que esta industria no estuviera en la zona por las consecuencias que tiene, pero entonces no sé qué sentido tendría la vida aquí”, explicaba el miércoles. “Hay pocas alternativas en la zona para quien quiera trabajar”.

Una población sin alternativas

En el acceso a IQOXE, la planta química donde hubo la explosión, los trabajadores de la empresa se reúnen en corrillos. Los abrazos, llantos y lamentos son interrumpidos periódicamente por camiones de bomberos que entran y salen de la fábrica, todavía con algunas llamas durante la mañana del miércoles. Hace pocos minutos que les han comunicado que Óscar, uno de los jefes de producción, falleció durante la explosión. “Era un tipo cojonudo, de los mejores que había en la empresa”, se lamentaba Andrés Luna, el extrabajador de la empresa.

“Miedo hemos tenido siempre y sabemos que es peligroso”, asegura uno de los trabajadores, 50 años, tez rojiza y arrugada y un pelo blanco que le hace parecer mucho mayor. “Pero necesitamos el dinero: tengo dos hijos y un préstamo de 20.000 euros”. Según este trabajador, que rechaza ser citado por su nombre y apellido, los empleados de la planta venían alertando desde hace tiempo de los recortes que estaba llevando a cabo la empresa, pero esto no les echaba para atrás. “Si hay otra explosión, yo mañana soy el primero en volver a venir, no me queda otra”.

En 2012, 2015 y 2018, un equipo de la Universitat Politècnica de Catalunya realizó estudios independientes sobre la calidad del aire en el territorio. Los resultados de los tres estudios indicaban la presencia de niveles muy altos de distintos gases tóxicos que podían llegar a provocar cáncer. ¿Por qué entonces la población no se moviliza contra una industria que les podría estar matando? 

Según un estudio publicado en junio de 2014 en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, la población del Camp de Tarragona es consciente de los riesgos que corre, pero “generalmente aparenta mirar hacia otro lado”. Según este informe, los residentes en la zona no pueden decidir sobre los riesgos ni sobre su grado de exposición a los mismos y tienen una fuerte dependencia del sector, un factor que ha implicado que la población de la zona nunca se haya movilizado. 

“Ni siquiera los ecologistas quieren cerrar la petroquímica, todo el mundo tiene allegados que viven de ella”, recuerda Lluisa Ayza, la profesora de instituto. “Lo que piden es que haya un control y que no se tapen los episodios de contaminación y las malas prácticas de las empresas”.

Las dos almas del Camp de Tarragona

“Esto puede iniciar una guerra entre los dos bandos”, alertaba otro trabajador de IQOXE en la entrada del recinto. Se refería a la brecha que, según él, se puede abrir entre los partidarios y detractores de esta industria en la zona. 

Como muestra, las dos manifestaciones convocadas en Tarragona tras el accidente. A las 18 h, un centenar de trabajadores del sector se han concentrado convocados por CGT para pedir una mejora en las condiciones laborales que eviten un nuevo accidente. Prácticamente todos los manifestantes pertenecían a esta industria.

A las 19 h, otra manifestación mucho más numerosa convocada por la organización ecologista Cel net pedía otra cosa: que el sector deje de crecer y que se controlen mejor las emisiones que genera. También exigían que la población de la zona esté más informada de los riesgos para la salud que tiene esta industria.

“Sería absurdo pedir su eliminación”, señala Josep Maria Torres, portavoz de la plataforma, que cree que la explosión del martes podría haber generado una catástrofe mucho mayor. “Lo que exigimos es que la administración considere nuestro contexto de alto riesgo y que ejerza un mayor control sobre estas plantas”.

A pesar de las diferencias en las manifestaciones, no existe ninguna brecha insalvable entre partidarios y detractores. Los residentes del Camp de Tarragona se han habituado a vivir con la amenaza de un accidente y con los olores que en ocasiones desprende el complejo petroquímico. Los jóvenes incluso se han acostumbrado a los simulacros de accidente en el colegio, aunque durante la explosión del martes no sonara ninguna sirena. “Tantos simulacros y el día que pasa algo no suena nada”, se lamentaba Christian Pizarro, estudiante de química de 18 años y vecino de uno de los fallecidos tras el accidente. 

A pocos kilómetros de ahí, en la Pobla de Mafumet, los vecinos aguardan la fiesta mayor de invierno que empieza de aquí 15 días. En los festejos de todo el curso el municipio invierte 657.000 euros, más dinero incluso que Tarragona a pesar de tener 130.000 habitantes menos. “No sé yo si sirve de nada tanto dinero”, reflexiona arrugando la nariz Rafael Moya, el vecino del pueblo de 66 años. “Otros lugares no han tenido la petroquímica y han tirado adelante sin contaminarse”.

Las temperaturas altas que se dieron en la primera semana de marzo, provocaron también que los niveles del ozono en la zona de Puertollano superase los niveles llamados 'de información' del contaminante. Era la primera vez que ocurría en España en los últimos cinco años, y ocurrió el pasado 10 de marzo. Es el primero de los umbrales que advierten del ozono, y está seguido por el de 'alerta' que se rozó, pero no se alcanzó a superar.

Además de los niveles contaminantes detectados, Ecologistas en Acción también ha advertido de la “insuficiente” labor informativa que se llevó a cabo por parte del Gobierno regional. Según explica Carlos Villeta, existe un protocolo que está determinado por una normativa europea, en e que se exigen una serie de medidas en el caso de traspasarse estos umbrales. En el caso del llamado 'información', tal como indica su nombre, los medios locales de la zona deben transmitir la situación, impulsados por las administraciones.

“Debería haber una manera en la que se notifique a los medios locales, como radios o televisión para informar a la población y para que las personas sensibles, como los mayores o niños puedan tener cuidado”, explica Villeta. Más allá, en el caso de alerta, se debe tener previsión de que estos niveles se pueden alcanzar, y, por tanto, debe haber un plan de actuación. Para este, desde Ecologistas proponen la posibilidad de suspender la actividad en las empresas que produzcan esta contaminación, como es el caso de la petroquímica de Puertollano.

El día 10 de marzo, los mayores niveles se registraron en las estaciones de control de Campo de Fútbol e Instituto en la localidad minera, y Ecologistas señala que se trata de las “más próximas” al complejo petroquímico. Este episodio, afirman, fue “previsible” debido a las condiciones meteorológicas y a los niveles de contaminación que se registraron en los días anteriores. “No obstante la Junta de Castilla-La Mancha no adoptó ninguna medida preventiva”, critican desde el colectivo.

Villeta afirma que es competencia de la Junta velar ante esta situación, y por eso afirman que se necesitan “mecanismos” para que estas medidas sean efectivas. “Debe haber una suerte de parada segura sin que haya problemas”, explica el activista. En resumen, se trata de un plan que permita reducir los niveles del contaminante en cuanto haya “algún problema”. Pero, a largo plazo, exigen otras gestiones, aunque reconocen que se trata de un planteamiento más complejo.

“Es más difícil porque el ozono no se ve por chimenea, sino que es un contaminante secundario. Aparece cuando hay un exceso de óxidos de nitrógeno y azufre y en la atmósfera hay condiciones concretas como ya ha ocurrido”, afirma Villeta. Entre sus propuestas, se encuentra un nuevo diseño de las chimeneas de las industrias que logren minimizar esto, o también cambiar los procesos industriales.

Y es que los efectos del ozono también pueden ser a largo plazo. Carlos Villeta asegura que entre los inmediatos se encuentran las enfermedades respiratorias agudas o, incluso, el agravamiento de patologías relacionadas con el aparato circulatorio. Sin embargo, con el tiempo, y debido a que se trata de un oxidante potente, puede desencadenar “incluso en un cáncer”. Finalmente, Ecologistas advierte de que el cambio climático tiene un efecto “evidente” en el aumento de los niveles de ozono, que no sólo se refiere a la contaminación.

Els vessaments de petroli i altres alertes s’han convertit en costum, tot i que els casos aguts han estat menys importants fins ara que la contaminació crònica causada per l’activitat quotidiana

A tot Espanya ja no hi queda en activitat cap jaciment terrestre de petroli. Els tres submarins de Tarragona proporcionen el 0,2% del consum anual del país, malgrat l’aparatositat i les incidències del complex petroquímic de la ciutat. La producció espanyola de petroli, avui concentrada exclusivament als tres jaciments tarragonins, cabria en un únic vaixell-cisterna, dels nombrosos que descarreguen als ports habilitats.

El primer jaciment petrolier explotat comercialment al conjunt d’Espanya ja va ser submarí. L’Amposta, malgrat el nom que li van donar, es trobava en aigües de Castelló. Del 1968 fins a plegar per esgotament el 1988 va proporcionar sis milions de barrils de cru.

L’entrada en servei l’any 2012 de dos nous pous submarins tarragonins, batejats Montanazo i Lubina, va triplicar la producció aportada fins aleshores pel veí pou Casablanca, en activitat a 50 km de la costa de Tarragona des del 1982. La petita producció global de tots tres és d’uns 6.000 barrils diaris, enfront del milió i mig de barrils diaris que consumeix el conjunt d’Espanya.

Alguns opinen que l’extracció petroliera i l’enorme complex petroquímic i portuari de Tarragona (1.200 hectàrees d’instal·lacions, 10.000 llocs de treball directes, 25% de la producció química espanyola i 50% de la catalana) dóna vida econòmica. Es tracta del polígon petroquímic més gran del sud d’Europa. Quan es passa de nit pel seu costat, al llarg de l’autopista AP-7, sembla un gegantí paisatge de ciència-ficció, dibuixat pels milers de llums espectrals i xemeneies que exhalen foc, fum o vapor.

Altres ho consideren una bomba de rellotgeria, a un territori de densitat urbana i turística que concentra la majoria d’indústries de risc i no vol veure’s convertit en l’abocador, la claveguera de Catalunya. Els vessaments de petroli i altres alertes s’han convertit en costum, tot i que els casos aguts han estat menys importants fins ara que la contaminació crònica causada per l’activitat quotidiana.

L’Audiència de Tarragona, a instàncies de la Fiscalia de Medi Ambient, va ordenar el setembre passat reobrir la investigació judicial per la degradació de la qualitat del semen dels tarragonins al llarg dels últims quinze anys, assenyalada per un informe mèdic del servei d’andrologia de l’Institut Marquès. El president de la patronal química AEQT i director de la planta tarragonina de Repsol va adduir, a tall d’exemple, que el plàstic que es fabrica en aquest polígon per a envasos de iogurt és un focus de “disruptors endocrins” que també es troba present en els pesticides utilitzats al camp. No era més que una altra de les permanents escaramusses.

Los vertidos de petróleo y demás alertas se han convertido en costumbre, aunque los casos agudos hayan sido hasta ahora menos importantes que la contaminación crónica causada por la actividad cotidiana

En toda España no queda ya en actividad ningún yacimiento terrestre de petróleo. Los tres submarinos de Tarragona proporcionan el 0,2% del consumo anual del país, pese a la aparatosidad e incidencias del complejo petroquímico de la ciudad. La producción española de petróleo, hoy concentrada exclusivamente en Tarragona, cabría en uno solo de los numerosos buques-cisterna que descargan en los puertos habilitados.

El primer yacimiento petrolífero explotado comercialmente en España ya fue submarino. El Amposta, a pesar del nombre que le dieron, se encontraba en aguas de Castellón. Desde 1968 hasta cerrar por agotamiento, en 1988, proporcionó seis millones de barriles de crudo.

La entrada en servicio en 2012 de dos nuevos pozos submarinos tarraconenses, bautizados como Montanazo y Lubina, triplicó la producción aportada hasta entonces por el vecino pozo Casablanca, en actividad a 50 km de la costa de Tarragona desde 1982. La pequeña producción global de los tres es de unos 6.000 barriles diarios, frente al millón y medio de barriles diarios que consume el conjunto de España.

Algunos opinan que la extracción petrolífera y el enorme complejo petroquímico y portuario de Tarragona (1.200 hectáreas de instalaciones, 10.000 puestos de trabajo directos, 25% de la producción química española y 50% de la catalana) da vida económica. Se trata del mayor polígono petroquímico del sur de Europa. Cuando se pasa de noche por su lado, a lo largo de la autopista AP-7, parece un gigantesco paisaje de ciencia ficción, dibujado por miles de luces espectrales y chimeneas que exhalan fuego, humo o vapor.

Otros lo consideran una bomba de relojería, en un territorio de densidad urbana y turística que concentra la mayoría de industrias de riesgo y no desea verse convertido en el vertedero, la cloaca de Catalunya. Los vertidos de petróleo y demás alertas se han convertido en costumbre, aunque los casos agudos hayan sido hasta ahora menos importantes que la contaminación crónica causada por la actividad cotidiana.

La Audiencia de Tarragona, a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, ordenó en setiembre pasado reabrir la investigación judicial por la degradación de la calidad del semen de los tarraconenses a lo largo de los últimos quince años, señalada por un informe médico del servicio de andrología del Instituto Marqués. El presidente de la patronal química AEQT y director de la planta tarraconense de Repsol adujo, a título de ejemplo, que el plástico que se fabrica en este polígono para envases de yogurt es un foco de “disruptores endocrinos” que también se encuentra presente en los pesticidas utilizados en el campo. No era más que otra de las permanentes escaramuzas.

La província de Tarragona concentra centrals nuclears, indústries petroquímiques i els efectes del fracassat projecte Castor. “El sud de Catalunya pateix una concentració d'indústries contaminants i perilloses. És una zona de sacrifici”, resumeix l'enginyer tècnic Alfons Pérez. Per aquest motiu la Xarxa de la Sobirania Energètica (XSE) i l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG), entre moltes altres plataformes, s'han centrat a Tarragona la tercera edició de la caravana Volt. Se celebrarà entre els propers 29 i 31 d'octubre.

Inspirat en els toxic tours americans que denuncien les infraestructures energètiques de les multinacionals, el Volt d'aquest any vol assenyalar les externalitats que afecten la salut de les persones, al medi ambient ia la sobirania energètica de les persones. Per exemple, els sismes que va provocar el magatzem subterrani de gas Castor, propietat del grup ACS de Florentino Pérez, en municipis de la costa de Castelló i Tarragona.

El Castor ha acabat en els tribunals, que investiguen si hi va haver prevaricació en els permisos i delicte contra el medi ambient a les injeccions de gas. La factura del fiasco del Castor ascendeix als 1.350 milions, que pagaran els consumidors. Els primers informes geològics van obviar l'existència de falles actives en el subsòl i del risc de sismicitat induïda. El projecte està paralitzat després de causar mig miler de petits sismes.

A més del Castor, el Volt III visitarà el polígon petroquímic de Tarragona amb la Plataforma Cel Net, que denuncia els repetits incidents de contaminació lumínica, sonora i ambiental de Repsol i la inacció de l'administració per combatre'ls.

L'última parada del Volt d'aquest any serà la planta que el grup Ercross té a Flix. Tal com va publicar en exclusiva eldiario.es, Ercros va ocultar a les autoritats la quantitat real de mercuri que s'acumula en la seva planta. La fàbrica va mantenir una doble comptabilitat d'aquest metall pesat altament contaminant utilitzat en la producció de clor.

“Les empreses tenen mecanismes per perpetuar el seu poder tot i les conseqüències mediambientals de la seva activitat: captació dels podres i recursos públics, callar les veus crítiques amb llocs de treball o capacitat d'influir en els marcs legals, especialment de l'àmbit energètic i elèctric” , explica Pérez.

A més de l'observació de macroprojectes sobre el terreny, el recorregut del Volt III vol ser una eina per vincular-se amb grups i lluites locals amb l'objectiu de teixir aliances futures i donar respostes col·lectives als grans projectes energètics. Per això aquest any si visitarà la cooperativa energètica de biomassa de Vandellòs.