La jueza procesa a los directivos de la química que explotó en Tarragona por verter residuos al mar

La explosión en la petroquímica Iqoxe de Tarragona, de la que el próximo mes de enero se cumplirán tres años, puso al descubierto un aluvión de irregularidades en las condiciones laborales y ambientales de la planta. Mientras la causa principal del accidente sigue bajo investigación, este jueves la jueza ha sentado en el banquillo a dos directivos de la empresa y a tres cargos de la misma por delito medioambiental en relación al vertido ilegal de residuos al mar que se habría alargado por lo menos tres años.

En un auto, la magistrada Sofía Beltrán cierra la investigación y da diez días a la Fiscalía y al resto de acusaciones para que acusen al director de la planta de Iqoxe de la Canonja (Tarragona), Juan Manuel Rodríguez Prats, al director general de la empresa, José Luis Morlanes, y a sus responsables de seguridad, tecnología y laboratorio, además de a la propia compañía como persona jurídica.

A juicio de la magistrada, existen suficientes indicios como para que los cinco investigados vayan a juicio por un delito de medio ambiente y contra los recursos naturales y otro de falsedad documental. La magistrada relata en su resolución que se han hallado “indicios de vertidos directos al mar de aguas residuales y conductas de ocultamiento de los mismos” mediante la manipulación de los análisis en el laboratorio.

Todo empezó cuando la planta de La Canonja fue adquirida por IQOXE en 2014 y la empresa quiso aumentar la producción de productos químicos a toda costa. La estación depuradora de aguas residuales de la planta, sin embargo, no permitía asumir la total depuración de los residuos, expone la jueza.

Según la magistrada, en una estrategia ideada desde la cúpula de IQOXE y ejecutada por varios cargos técnicos, se decidió verter “regularmente” residuos al mar. Para no ser detectados, abunda el auto, los vertidos se concentraron por las noches y los fines de semana y fueron tratados con productos desespumantes “para que no pudieran ser percibidos”.

“Estamos ante un modo de funcionar de la empresa fruto de una determinada estrategia directiva, por lo que distintos trabajadores de los departamentos afectados (producción, laboratorio, servicios generales) cumplían funciones propias de su puesto de trabajo en cumplimiento de las instrucciones y órdenes de la dirección”, remarca la resolución.

Al mismo tiempo, explica la jueza, los responsables de IQOXE pusieron en marcha sistemas para “enmascarar” el nivel de contaminante de las aguas. Diluyeron las aguas y manipularon y alteraron las analíticas “para aparentar el cumplimiento de los valores límite de emisión de las aguas residuales”, asevera la magistrada, que destaca que se llegaron a proporcionar datos alterados a la Agencia Catalana del Agua y a la empresa responsable del control ambiental.

El sumario del caso puso al descubierto que la Generalitat detectó varios “incumplimientos relevantes” de la normativa medioambiental de la planta en una inspección que técnicos de la conselleria de Territorio efectuaron un mes y medio antes de la explosión, que se saldó con tres fallecidos (dos trabajadores y un vecino).

Las irregularidades, que el informe de la secretaría de Medio Ambiente instó a Iqoxe a corregir de forma “inmediata”, incluían un consumo de reactivos excesivo de la distintas plantas así como emisiones a la atmósfera, aguas residuales y producción de residuos por encima de los valores permitidos.

Por otro lado, en la pieza principal siguen pendientes varias diligencias de instrucción. La jueza y los Mossos d'Esquadra han realizado una minuciosa investigación. Desde el inicio del caso la magistrada ha apuntado a una “política empresarial” para reducir costes en personal y seguridad en la química como desencadenante de la explosión, algo que Iqoxe niega.