La empresa de la explosión en la petroquímica de Tarragona vertió residuos al mar y aumentó la producción “de forma clandestina”

La investigación en secreto durante seis meses de la explosión en la planta de Iqoxe en la petroquímica de Tarragona ha desvelado un aluvión de indicios delictivos. Todos responden a la búsqueda de beneficios a toda costa. Con este objetivo, según la jueza que investiga el siniestro, la empresa estuvo funcionando sin las debidas condiciones de seguridad laboral, industrial y de protección civil, mantuvo en funcionamiento “de forma clandestina” un reactor que no tenía autorización ambiental y vertió residuos al mar, entre otras irregularidades.

Por el momento la jueza mantiene imputados en la causa al director de la planta de Iqoxe de la Canonja (Tarragona), Juan Manuel Rodríguez Prats, al director general de la empresa, José Luis Morlanes, y a la propia compañía como persona jurídica. Todos ellos siempre han defendido que la empresa cumplía con las normativas en el momento de la explosión, que provocó tres fallecidos –un vecino la localidad de Torreforta y dos empleados de la compañía.

La empresa ha respondido a las acusaciones con un informe pericial, encargado al Instituto Químico de Sarrià (IQS), que concluye que la deflagración fue el efecto de “una concatenación de circunstancias no detectables que llevaron a una reacción química súbita, inesperada e imprevisible por ser desconocida”. El estudio del IQS destaca que la explosión tuvo como origen el material químico que se estaba produciendo, el MPEG 500, y no el óxido de etileno que se usa para fabricarlo, algo desconocido hasta la fecha. En consecuencia, la explosión no se podía prever, conclusión opuesta a la del Govern.

La jueza no comparte por el momento esta versión y, a día de hoy, está lejos de exonerar a la compañía. En un auto del pasado 17 de julio, por el que ordena la causa en varias piezas poniendo fin al secreto de algunas de ellas, la magistrada advierte de que está investigando una causa “muy compleja” que pivota sobre el grado de cumplimiento de Iqoxe de las normativas de seguridad industrial, laboral y en protección civil antes, durante y después del accidente.

La magistrada enmarca la explosión en una política empresarial de aumento de producción y reducción de costes. Ello llevó a la empresa, según la jueza a presentar “un deficiente mantenimiento” de las instalaciones y a funcionar “sin las debidas condiciones de seguridad laboral e industrial”. Es más, la búsqueda de beneficios habría provocado que Iqoxe contara con un número de trabajadores “insuficiente” para producir “con las debidas garantías de seguridad”.

El 14 de enero de 2020 sobre las 18:37 h el reactor U-3100 de la planta explotó. Para la jueza no se trata de una explosión fortuita sino que el producto químico que se fabricaba en el reactor “no era usual y solo había sido elaborado en otras seis ocasiones anteriormente”. Pero además, en el momento de explotar fabricaba un lote de 20,5 toneladas. En la misma tarde de la explosión, se detectó una fuga en una de las bombas del reactor que antes del siniestro “ya tenía problemas por pérdidas de materia prima”. La magistrada destaca que pese a detectarse la fuga los responsables de la planta decidieron seguir adelante con la producción.

La explosión fue de gran violencia: además de un incendio, estallaron varias piezas de metal del reactor que volaron casi 2,5 kilómetros e impactaron en la casa de un vecino de Torreforta, que falleció en el acto. La jueza todavía está investigando por qué la empresa tardó tanto en reaccionar: no fue hasta las 19:15h., más de media hora después de la explosión, que los bomberos tuvieron conocimiento de la misma. Tampoco sonaron las sirenas ni los avisos de seguridad. Durante estos 30 minutos, la única intervención fue la de un bombero de una empresa contratada por Iqoxe y la de otros operarios que orientaron dos cañones de agua hacia el reactor.

A raíz de la investigación del momento exacto del accidente, sus causas y la reacción de los sistemas de seguridad y aviso a la población, la jueza ha ampliado las pesquisas a otros aspectos presuntamente delictivos del funcionamiento empresarial de Iqoxe así como a presuntos delitos contra el medioambiente cometidos por la empresa.

La magistrada ha descubierto que Iqoxe, desde que adquirió la planta de La Canonja 2014, empezó a aumentar la producción de la fábrica, pero sin tener en cuenta autorizaciones ambientales y la eliminación de las aguas residuales y otros residuos.

En concreto, Iqoxe pidió sucesivas modificaciones de la autorización ambiental que tenía la antigua empresa dueña de la planta para acometer, en palabras de la magistrada, “un sustancial aumento de la producción autorizada”. En 2016, la Generalitat permitió a Iqoxe aumentar la producción construyendo el reactor accidentado el pasado mes de enero, con la condición de que sustituyera al antiguo U-350. Sin embargo, la jueza constata que el reactor U-350 no se desmanteló en ningún momento y siguió funcionando “de forma clandestina”, y que además la empresa pidió nuevamente su puesta en marcha al solicitar permiso para construir un tercer reactor, el U-3200.

El aumento de producción desde que Iqoxe se quedó la fábrica conllevó un lógico aumento de los residuos producidos por la planta. No obstante, según la magistrada, la empresa no construyó una depuradora nueva sino que mantuvo la vieja. La falta de capacidad de la depuradora se solventó “realizando regularmente vertidos al mar”, que para no ser detectados, agrega la jueza, se realizaban por la noche o en fin de semana “y eran tratados con desespumante para no ser percibidos”.