En la histórica ciudad de Comayagua, Honduras, se encuentra un auténtico tesoro colonial, el que es considerado el reloj más antiguo de toda América Latina, una pieza de ingeniería que atrae a miles de visitantes por su mística y antigüedad. Ubicado en la blanquecida catedral de la Inmaculada Concepción, este mecanismo es considerado por muchos expertos como el cuarto más viejo del mundo entero. Su presencia domina la plaza central, siendo un símbolo de identidad nacional y un recuerdo constante de la herencia colonial que posee el país centroamericano. La tradición local lo abraza como una joya inigualable del patrimonio mundial. Su esfera de números romanos asoma entre las campanas, vigilando una ciudad que creció bajo su rítmico latido. Es, sin duda, el mayor atractivo turístico de la zona y un orgullo para todos los habitantes de la región.

Los orígenes de este legendario artefacto se remontan al año 1100, en plena ocupación árabe en el sur de la península ibérica. Según algunos relatos históricos, el reloj fue fabricado para adornar los majestuosos jardines y estancias del Palacio de la Alhambra. Tras la expulsión de los árabes de España en 1492, el dispositivo pasó a formar parte del botín de guerra obtenido por las fuerzas cristianas. Fue en ese contexto de reconquista que la pieza comenzó su largo viaje hacia el continente americano, cargando consigo siglos de conocimiento astronómico y mecánico. Los expertos señalan que su construcción refleja la sofisticación técnica de una cultura que dominó la ciencia del tiempo en el pasado. 

Este legado árabe sobrevive hoy en suelo hondureño, estableciendo un puente cultural entre la España medieval y la Honduras moderna que sigue asombrando a propios y extraños. La llegada del reloj a tierras hondureñas, eso sí, está rodeada de crónicas que mezclan la fe religiosa con las altas esferas de la nobleza española. Se dice que el monarca Felipe III ordenó su traslado como un regalo especial para la entonces provincia colonial en tiempos de gran auge. Otros relatos indican que el reloj fue entregado inicialmente al Duque de Cocentaina, quien a su vez lo cedió a su sobrino fray Jerónimo de Corella. Este fraile jerónimo fue nombrado obispo de Comayagua y trajo consigo la maquinaria para instalarla en la catedral que se planeaba construir. De esta manera, el “reloj árabe de la Alhambra” cruzó el océano Atlántico para marcar las horas de los colonos y evangelizadores locales. 

Su llegada definitiva a Comayagua ocurrió alrededor del año 1636, marcando un hito en la historia tecnológica de la región. La donación real simboliza la importancia que esta ciudad tenía para la corona durante la época de la conquista. Antes de ocupar su lugar actual en la torre de la catedral, el reloj tuvo su primer hogar en la pequeña iglesia de Nuestra Señora de La Merced. En este templo permaneció durante aproximadamente 75 años, cumpliendo con la vital tarea de organizar la vida diaria de los habitantes de la villa colonial. No fue sino hasta el año 1715 cuando se decidió trasladar la pesada maquinaria a la recién inaugurada catedral de Comayagua. Desde entonces, el reloj ha funcionado de manera casi ininterrumpida, convirtiéndose en el alma sonora de la plaza central de la ciudad. 

Su traslado representó un esfuerzo logístico considerable para la época, dado el peso y la complejidad de sus componentes metálicos y de madera. Hoy en día, el reloj se mantiene vigente, marcando no solo las horas sino también la resistencia del arte colonial frente al olvido. La mecánica de este reloj es una maravilla de la simplicidad y la eficacia, operando exclusivamente bajo la fuerza de la gravedad sin electricidad alguna. El sistema cuenta con ocho ruedas dentadas, de las que cuatro son para engranajes, tres para las pesas de plomo y una para el péndulo. El tiempo se anuncia mediante campanadas que marcan con precisión los cuartos, las medias y las horas completas del día. 

Un detalle curioso que fascina a los historiadores es la grafía del número cuatro en su carátula de madera, representado como “IIII”. Esta nomenclatura era común en la época medieval y se diferencia de la forma “IV” que se estandarizó posteriormente en el mundo occidental. La maquinaria se encuentra resguardada en una vitrina de cristal en el segundo nivel del campanario, accesible mediante escaleras de piedra. Su funcionamiento a base de peso demuestra el ingenio de los antiguos maestros relojeros que lo diseñaron hace siglos.

Junto a ocho campanas

El entorno que rodea al reloj es igualmente impresionante, ya que la catedral de Comayagua es considerada una de las obras arquitectónicas más bellas del país. Inaugurada oficialmente en diciembre de 1711, la estructura destaca por sus cinco cúpulas y su retablo mayor cubierto con finas láminas de oro puro. El templo alberga piezas de arte invaluables, como un Cristo Negro y frontales de plata que evidencian la riqueza religiosa de la época hispánica. En el tercer piso de la única torre de la catedral, el reloj casi milenario sigue operando junto a ocho campanas antiguas de gran tamaño. La conservación de estos elementos permite que el edificio sea no solo un centro de fe, sino también un museo vivo de historia. La combinación de la arquitectura barroca con la precisión del reloj crea una atmósfera única.

Como ocurre en tantos otros lugares, cada 31 de diciembre, miles de personas se congregan en la plaza central para pasar los últimos instantes del año bajo la maquinaria. Es el momento en que el corazón de Honduras late al unísono, celebrando la llegada del futuro con los ecos del pasado. La conservación de este aparato, que ha superado terremotos y el paso de los siglos, es un testimonio de la dedicación de un pueblo por sus raíces. Su tic-tac es la banda sonora de una ciudad que se enorgullece de su vasta herencia cultural.

Diez años después del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, los feminismos vuelven a señalar las responsabilidades políticas y económicas que sostienen la impunidad global. En el marco del 8M, este artículo vincula su memoria con las guerras, el extractivismo y las luchas actuales por una vida digna para las personas y el planeta, en distintos territorios del mundo.

Este 8 de marzo, a diez años de la siembra de Berta Cáceres, los feminismos organizados volvemos a afirmar una verdad incómoda pero urgente: la vida sigue siendo sistemáticamente atacada por un modelo patriarcal, extractivo y militarizado que actúa con total impunidad.

Recordar a Berta hoy no es un ejercicio de memoria nostálgica. Es un posicionamiento político. Berta encarna una forma de hacer feminismo profundamente enraizada en los territorios, que entiende que defender los ríos es defender a los pueblos, que no hay justicia ambiental sin justicia social, ni defensa de la vida sin confrontar al poder económico y patriarcal que la amenaza.

Recientemente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha hecho públicos nuevos hallazgos sobre la planificación y financiación del asesinato de Berta Cáceres. Lo que se confirma es lo que los movimientos venimos denunciando desde hace años: su asesinato no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura criminal organizada, con responsabilidades empresariales, estatales y financieras, que opera con impunidad en Honduras y en muchos otros lugares del mundo.

Vivimos una ofensiva global marcada por guerras, genocidios, militarización de fronteras y el poder creciente de las transnacionales. Un orden imperial que expulsa pueblos enteros de sus territorios, criminaliza la protesta y profundiza el machismo, el racismo y el colonialismo, mientras protege los intereses económicos y armamentísticos.

El feminicidio político de Berta Cáceres fue un mensaje dirigido a todas las mujeres y disidencias que defienden la vida. Sin embargo, no lograron silenciarla

Desde Abya Yala hasta África, desde Oriente Medio hasta Asia, los conflictos ecoterritoriales se multiplican. En Honduras, Guatemala, Colombia o Brasil; en la República Democrática del Congo, en Sudán o el Sahel; en Filipinas o la India, mujeres defensoras de la tierra, del agua y de los bienes comunes son perseguidas, criminalizadas y asesinadas por enfrentarse a proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y armamentísticos que destruyen territorios y comunidades.

Las violencias machistas no son un exceso ni un fallo del sistema: son una herramienta de control y disciplinamiento. El feminicidio político de Berta Cáceres fue un mensaje dirigido a todas las mujeres y disidencias que defienden la vida. Sin embargo, no lograron silenciarla. Frente a la demagogia de la crueldad, los feminismos comunitarios, populares y afrodescendientes siguen construyendo una pedagogía de la vida, la memoria y la resistencia colectiva.

Los feminismos antimilitaristas denunciamos que no existen guerras “lejanas” ni conflictos “inevitables”. Hoy asistimos al genocidio del pueblo palestino en Gaza, sostenido por la ocupación y la impunidad internacional, mientras los cuerpos de mujeres, niñas y niños son utilizados como botín de guerra. Al mismo tiempo, el asedio permanente a Rojava intenta destruir un proyecto político feminista y comunitario que demuestra que otras formas de organizar la vida son posibles.

Las guerras, la represión y el expolio generan desplazamientos forzados. Los movimientos migratorios no son una elección individual, sino el resultado de un sistema global injusto que expulsa a millones de personas de sus territorios. En Europa, las políticas migratorias convierten las fronteras en espacios de muerte y niegan derechos básicos, especialmente a las mujeres migradas, que sostienen trabajos esenciales como el hogar y los cuidados en condiciones de precariedad y violencia institucional.

En este contexto, celebramos como una victoria colectiva el avance de la campaña de regularización de personas migradas en el Estado español, fruto de años de lucha del movimiento migrante y antirracista. La Iniciativa Legislativa Popular impulsada desde estos colectivos logró más de 700.000 firmas, abriendo el camino al reconocimiento de derechos largamente negados y visibilizando el papel central de miles de mujeres migradas que sostienen la vida.

Hoy, despertar es asumir colectivamente que frente a la guerra elegimos la vida; frente a la impunidad exigimos justicia feminista global; y frente a la deshumanización apostamos por comunidad, por la sororidad y por la esperanza

Frente a esta ofensiva global, los feminismos afirmamos con claridad que no hay justicia ambiental sin desmilitarización, ni defensa del territorio sin desmantelar el complejo militar-industrial. La guerra es una herramienta central del patriarcado global para sostener el saqueo y la acumulación, y por eso nuestra lucha es antimilitarista, internacionalista y radicalmente comprometida con la vida.

A diez años de la siembra de Berta Cáceres, reafirmamos una solidaridad feminista internacionalista, antirracista y decolonial. Defendemos una cooperación feminista que no busca “salvar”, sino caminar juntas, tejiendo alianzas para sostener la vida en común.

Como dijo Berta Cáceres al recibir el Premio Goldman en 2015: “¡Despertemos, Humanidad! Ya no hay tiempo.”

Hoy, despertar es asumir colectivamente que frente a la guerra elegimos la vida; frente a la impunidad exigimos justicia feminista global; y frente a la deshumanización apostamos por comunidad, por la sororidad y por la esperanza.

Ya conocen lo del dominó: se alinean las fichas en posición vertical, se derriba la primera y, una tras otra, las demás van cayendo. La “teoría del dominó” fue uno de los ejes de la estrategia de Estados Unidos durante la guerra fría contra la Unión Soviética: había que impedir que los países recién descolonizados adoptaran, uno tras otro, un régimen comunista o socialista. Lo mismo valía para el “patio trasero” latinoamericano.

En Washington nunca han dejado de creer en el dominó, o en el contagio. Terminada la guerra fría, los ideólogos de George W. Bush creyeron (petróleo al margen) que la invasión de Irak permitiría democratizar el país y que, uno tras otro, los países de Oriente Próximo entrarían en una órbita liberal. La idea resultó en desastre y desembocó, indirectamente, en el fracaso de las “primaveras árabes”, en la hegemonía regional de un Israel cada día menos liberal y en una campaña genocida contra los palestinos.

La administración de Donald Trump (ignoro si él es aún capaz de pensar) ha recuperado la “teoría del dominó” para Latinoamérica y muy especialmente para Centroamérica. Y esta vez con éxito.

Nayib Bukele, alcalde izquierdista de una pequeña localidad salvadoreña, concurrió en 2018 a las elecciones presidenciales con una sola promesa: acabar con el poder de las maras, unas pandillas criminales de prácticas mafiosas y violencia extrema.

Bukele lo consiguió, prescindiendo de cualquier reparo relacionado con los derechos humanos. En El Salvador hay megacárceles, torturas y “desaparecidos”, la prensa libre apenas puede existir (más de 50 periodistas exiliados) y Bukele, que ahora se plantea prolongar su presidencia por diez años más, ha ido acumulando poderes dictatoriales.

En el libro “Bukele, el rey desnudo”, Óscar Martínez (uno de los mejores periodistas del continente, junto a su hermano Carlos, ambos de “El Faro”, ambos en el exilio) analiza cómo El Salvador se ha convertido en una dictadura. Una dictadura, de momento, muy popular.

Bukele fue la primera ficha del dominó. Las otras van cayendo. Hace unos días, el trumpista Nasry Asfura fue investido como presidente de Honduras. Asfura ganó de forma dudosa las elecciones celebradas en noviembre, en vísperas de las cuales Trump anunció el indulto del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía en Estados Unidos una condena de 45 años por narcotráfico.

Guatemala se encuentra desde hace unos días bajo Estado de sitio, por decisión del presidente Bernardo Arévalo. El objetivo de Arévalo (que hasta la fecha no ha hecho alardes de trumpismo) es, cómo no, disponer de poderes especiales para combatir a las maras, en especial la Mara Salvatrucha y la Barrio 18. Acabar con la violencia y las exacciones mafiosas fue la principal de sus promesas electorales.

Y hoy domingo se vota en Costa Rica, tradicionalmente el país más estable de Centroamérica. El actual presidente, Rodrigo Chaves, ha ido acercándose al “modelo Bukele” y al trumpismo y ahora busca la reelección para obtener “un poder absoluto” que le permita atajar, por cualquier vía, la creciente violencia que sufre el país.

Falta por caer del todo la ficha panameña. Pero la administración de Trump tiene gran interés en controlar el canal.

La pobreza, la violencia y el narcotráfico han volcado Centroamérica del lado de los regímenes represivos. Cada día hay más cárceles y más pobreza encerrada, cada día hay más emigración hacia el norte. El narcotráfico, evidentemente, permanece libre.

Los puentes sirven como paso seguro sobre ríos o corrientes de agua, y en la mayoría de los casos permanecen donde fueron levantados durante décadas. Sin embargo, los cauces pueden transformarse con el tiempo y, en raras ocasiones, desaparecer o desplazarse. Esa alteración puede convertir una obra útil en una estructura aislada, suspendida sobre un terreno seco que antes estuvo cubierto por agua.

Tales cambios no siempre responden a la erosión gradual, sino a variaciones repentinas del terreno o a fenómenos meteorológicos extremos que fuerzan al agua a buscar un nuevo camino. En esas circunstancias, un puente que en su origen conectaba orillas opuestas puede quedar convertido en un monumento a la fuerza imprevisible de la naturaleza.

La construcción del sur de Honduras resistió el temporal, pero quedó sin función

El puente de Choluteca, situado en el sur de Honduras, representa de forma clara esa paradoja. En 1998, la obra soportó el paso del huracán Mitch sin sufrir daños estructurales, pero el cauce del río que debía atravesar se desvió. La corriente excavó una nueva trayectoria, y el puente, que había sido diseñado para resistir vientos y lluvias intensas, se encontró sin agua bajo sus pilares. Durante meses quedó suspendido sobre tierra firme, un puente sólido que ya no unía nada.

El desvío del río Choluteca fue el resultado de una avulsión fluvial, fenómeno que ocurre cuando una crecida extrema rompe las márgenes del cauce y el agua se abre paso por un terreno más bajo. Las lluvias torrenciales de Mitch hicieron que el caudal aumentara de forma descomunal y, al arrastrar sedimentos, el río buscó un atajo por una depresión cercana. El antiguo lecho quedó seco y el flujo principal se desplazó a un costado, dejando al puente en medio de una zona sin corriente. A simple vista parecía que el río había desaparecido, aunque en realidad seguía fluyendo, solo que por un trayecto distinto.

La estructura moderna, conocida también como Puente del Sol Naciente, había sido construida entre 1996 y 1998 por ingenieros japoneses. Con una longitud de 484 metros y vigas apoyadas en pilas de hormigón, fue una de las mayores obras de infraestructura del país. Su edificación formaba parte de un plan para modernizar la red vial y desviar el tráfico pesado de la carretera Panamericana fuera del casco urbano de Choluteca. Los cálculos y materiales empleados respondían a estándares preparados para soportar huracanes, lo que explica que el puente resistiera sin problemas cuando otros colapsaron.

La reconstrucción devolvió el uso al paso y separó funciones entre ambas estructuras

En octubre de 1998, el huracán Mitch azotó Honduras con lluvias equivalentes a varios meses en pocos días. Los deslizamientos de tierra y las crecidas destruyeron carreteras y puentes en gran parte del territorio. El nuevo puente de Choluteca permaneció casi intacto, pero los caminos de acceso quedaron destruidos y el paisaje cambió radicalmente. La fuerza del agua transformó el curso del río, dejando la estructura aislada, mientras los viejos puentes se hundían o desaparecían.

Con el paso de los años, el país reconstruyó la red de carreteras y se rediseñaron los accesos para devolver la funcionalidad al puente. Las obras permitieron que volviera a integrarse al sistema de transporte del sur hondureño. El antiguo puente Carías, restaurado, quedó destinado a tráfico local y a uso turístico, mientras el moderno retomó su papel principal como paso de la ruta Panamericana.

El conjunto se ubica en la ciudad de Choluteca, un área propensa a tormentas tropicales. El viejo puente, levantado en los años 30 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, fue durante décadas un símbolo del desarrollo nacional. Tras el desastre de 1998, ambos puentes quedaron con funciones distintas. Hoy representan dos épocas de la ingeniería hondureña y la evidencia de que incluso las obras mejor diseñadas pueden quedar fuera de su propósito cuando la naturaleza así lo decide.

La ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras, creció de manera desordenada a lo largo del siglo XX. A medida que su población se multiplicaba, la capital fue expandiéndose sobre las lomas y cerros que la rodean. En las faldas del imponente monte Picacho fueron apareciendo pequeñas viviendas, levantadas en pendientes abruptas con materiales modestos y colores vivos. En estos barrios populares, Libertad y Refundación (Libre) —el partido que la izquierda hondureña fundó tras el golpe de Estado de 2009— forjó los enclaves electorales que le abrirían el camino hacia la presidencia en 2021.

Cuatro años después, la candidatura de Rixi Moncada —cofundadora del partido y exministra de Defensa del actual gobierno de Xiomara Castro— ha quedado reducida al 19,3% de los votos. Una cifra que deja en “shock” a una militancia que confiaba en una victoria de la que han quedado a 20 puntos de diferencia. Libre ha exigido la “nulidad total” de las elecciones al considerar que se celebraron bajo la “injerencia” y “coacción”, pero los resultados preliminares han llevado a la organización a un debate interno para entender qué ha podido fallar.

En el barrio alto de Buenos Aires —bastión donde Libre arrasó en los comicios anteriores— el apoyo al partido se ha desvanecido, quedando superado por los candidatos de la derecha bipartidista: Salvador Nasrrala (Partido Liberal) ha obtenido un 36,2% del voto en esta zona popular; por detrás, Nasry Asfura (Partido Nacional) recabó un 35,5%, y en tercer lugar Rixi Moncada obtuvo un 26,1%. Siete puntos por encima del resultado nacional, pero muy lejos de los resultados de 2021.

“Se supone que este barrio era nuestro, pero bien pronto empezó el recuento y vimos que no”, resume con resignación Jennifer Berrío, vecina del barrio y militante del hasta ahora partido en el Gobierno. “Teníamos muchas expectativas; se prometieron demasiadas cosas que no se pudieron cumplir”, asegura esta vendedora de ropa de 38 años. “Se nos volteó la gente”.

La llegada de Libre al poder generó una ola de esperanza tras el golpe el Estado de 2009 y 12 años ininterrumpidos de gobierno conservador. “Mucha gente tenía expectativas que no se podían cumplir en tan poco tiempo y en un país convulsionado”, dice Pedro Cáceres, jubilado de 78 años. “Yo no me explico por qué Libre supuestamente perdió la elección”, agrega, con resignación.

“Nos faltó tiempo”, explica José Gómez, mecánico de 73 años. “No se pueden ver los resultados de este Gobierno porque, después de 12 años de dictadura, este era un gobierno de transición”, asegura. “Cambiar un país es un proceso muy largo y no se ha podido cumplir todo lo que la gente quería”, razona. “El país venía de un problema de gasto social nulo y de un gobierno de un condenado por narcotráfico”, dice, en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico e indultado por Donald Trump.

El “voto del miedo”

En el comedor Leiba, el número 47 del capitalino Mercado de Dolores, Pedro Cáceres, Jennifer Berrio y José Gómez discuten acaloradamente con otros dos vecinos de la capital. “¿Mano, pero es que no ves lo que pasa en Venezuela?”, replica uno, elevando la voz. “No queremos ñángaras aquí —término hondureño para referirse a los comunistas—, solo traen pobreza y miseria”, grita otro mientras se pone de pie y deja sobre el mostrador su plato de arroz, frijoles, huevo y banano. Gómez niega en silencio con la cabeza, se lleva el teléfono a la oreja y sube el volumen. Suena AC/DC.

Otro factor clave en la derrota de Libre ha sido el llamado “voto del miedo”, alimentado por una campaña especialmente polarizante en la que los candidatos de la oposición acusaban al Gobierno de querer convertir el país “en una dictadura comunista”. El propio presidente estadounidense irrumpió en la recta final. “¿Maduro y sus narcoterroristas se apoderarán de otro país?”, se preguntó Trump, advirtiendo de que Estados Unidos no “malgastaría su dinero” en Honduras si Rixi Moncada resultaba elegida.

“Ya estás con Venezuela otra vez, ¿no estamos hablando de Honduras?”, responde Pedro Cáceres, frunciendo el ceño. “Yo no soy comunista, por ejemplo; más bien soy trabajadora”, replica Jennifer Berrío. “Se nos asocia mucho, y yo creo que sí hubo gente que votó con miedo”, dice la vendedora.

Libre se autodefine como un partido de “socialismo democrático” y, si bien restableció relaciones con Venezuela durante el actual Gobierno, sus principales propuestas de campaña estaban centradas en “democratizar la economía”, con medidas como una nueva ley tributaria para gravar a las grandes fortunas.

Las advertencias de Donald Trump pesan con especial fuerza en Centroamérica, una región donde la cercanía geográfica con Estados Unidos y la profunda dependencia económica vuelven a estos países particularmente vulnerables a cualquier gesto o amenaza procedente de Washington. En EEUU residen más de dos millones de hondureños, muchos de ellos en situación irregular. Las remesas representan cerca del 25% del PIB nacional y la enorme mayoría proceden del país norteamericano. La posibilidad de que se intensifiquen las deportaciones masivas o disminuyan las inversiones estadounidenses parece haber sido un factor decisivo para muchos votantes.

Pese a que durante el Gobierno de Xiomara Castro la economía hondureña ha crecido por encima del 3,5% anual, según datos del Banco Mundial, y la pobreza se ha reducido en 15 puntos —volviendo a niveles prepandemia—, ese avance macroeconómico no se ha traducido con la intensidad deseada en las capas populares. Honduras sigue siendo uno de los 25 países más desiguales del mundo, de acuerdo con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Hemos tenido cuatro años de contranarrativa que, al mismo tiempo que invisibilizaba nuestro trabajo, nos demonizaba

Un cargo medio de Libre

“El trabajo sigue siendo un problema, no estamos, pero ¿cuándo hemos estado bien? Siempre hemos sido”, replica Pedro Cáceres con gesto tranquilo a uno de los dos acalorados votantes de la oposición con los que discute en el mercado. “Ha sido un voto de castigo sí. Es verdad que no está bien la situación laboral, pero porque la economía está colapsada de gobiernos pasados”, agrega José Gómez. 

Iglesia y televisión

“Los hondureños somos muy influenciables; tenemos mala formación política y espiritual”, asegura Cáceres. Para este votante de Libre desde su fundación, los medios de comunicación y la Iglesia desempeñaron un papel clave en las elecciones del 30 de noviembre. “La mayoría de los medios están en manos de la empresa privada, como en todo el mundo, pero aquí es todavía más intenso”, señala.

Fuentes de Libre que prefieren no identificarse públicamente hasta que concluya el debate interno señalan a elDiario.es que la gestión de la comunicación ha sido uno de los principales lastres del gobierno. “Hemos tenido cuatro años de contranarrativa que, al mismo tiempo que invisibilizaba nuestro trabajo, nos demonizaba”, afirma un cargo medio de la formación. “Pero tampoco reaccionamos a tiempo: no teníamos medios alternativos para contrarrestar ese relato. Enciendes la televisión y encuentras ocho canales hablando mal del Gobierno y apenas dos mostrando nuestro trabajo”. Desde el partido añaden que esta brecha con los medios tradicionales se profundizó después de que, durante el primer año de Ejecutivo de Xiomara Castro, se redujera la publicidad institucional. “Nos faltó comunicación, explicar lo que se ha hecho”, apostillaba el mecánico capitalino Gómez.

Las redes sociales también han jugado un papel determinante. “Llevamos años viendo cómo tiktokers de extrema derecha lanzan puro odio, y nosotros recién empezamos a generar contenido allá”, explica. En Honduras, la edad media de la población es de 25,7 años: un país joven donde las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios de consumo informativo.

Se cree que la religión también ha jugado un papel relevante en estas elecciones. Con la llegada de Libre al poder, varias congregaciones religiosas —católicas y evangélicas— comenzaron a movilizarse contra iniciativas como la reforma educativa, convocando a una “Marcha por la familia y los valores” frente a la “ideología de género”. Las tensiones entre el Gobierno de Libre y las iglesias de Honduras escalaron visiblemente cuando la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) y la Confraternidad Evangélica de Honduras convocaron una “caminata por la paz y la democracia” para el 16 de agosto de 2025, una movilización religiosa que muchos sectores críticos interpretaron como una señal de alineamiento con la oposición. Durante la movilización fueron visibles consignas “contra el comunismo” y lemas contrarios al Gobierno. 

Esta dinámica se ha multiplicado en la recta final de la campaña, donde algunos pastores evangélicos convocaron vigilias por la democracia y llamaron al voto por la oposición durante sus rezos. Este posicionamiento religioso cobra peso en un contexto donde la mayoría de la población hondureña se declara cristiana. Según datos recientes, casi la mitad de los hondureños se identifican como evangélicos, mientras que aproximadamente un tercio se autodefine como católico. 

Autocrítica

El pasado 9 de marzo se celebraron las elecciones primarias para definir a los candidatos presidenciales de cada partido. En Libre, la oficialista Rixi Moncada —respaldada por la corriente interna M-28J, a la que pertenecen la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya— obtuvo más de 674.000 votos, mientras que su rival, el diputado Rasel Tomé, consiguió alrededor de 53.000. En total, más de 720.000 sufragios emitidos en la interna del partido.

Libre va a resurgir como el ave Fénix

Pedro Cáceres — Jubilado

La cifra contrasta con los 520.000 votos que el CNE otorga a Moncada con el 85% de las actas escrutadas. Un retroceso que alimenta las teorías de fraude que la dirigencia de Libre sigue sosteniendo. Más allá de las irregularidades que el proceso pueda haber registrado, fuentes internas admiten que el partido debe “trabajar para mejorar la democracia interna”. “Fallamos en integrar a otras corrientes en las listas de diputados y alcaldes”, reconocen. “Se privilegió a personas afines por encima de cuadros con mayor conexión con la base, y eso no puede volver a repetirse”, admite un miembro de la formación.

En la misma dirección apunta Berrio. “Hay que pedir responsabilidades, hay gente que no es adecuada para su puesto”, sostiene esta vecina del barrio de Buenos Aires. “Espero que den un paso atrás y se revise lo que no se hizo bien”, dice. “Yo vengo ahorita de la reunión del partido y eso es lo que estábamos pidiendo”. 

Pese a que militancia y dirigencia siguen procesando la derrota electoral, se confiesan confiados en poder recuperar el terreno perdido. “Venimos de la calle, de un golpe de Estado y de represión. Ahorita toca ser autocríticos y reorganizarse”, asegura Cáceres. “Libre va a resurgir como el ave Fénix”, afirma sonriendo con rostro sereno. Y señala que la falta de mayorías parlamentarias va a ser un escenario para visibilizar la propuesta política del partido. “Hay que aprovechar la división en el Congreso para mostrar nuestro programa”.

Gómez es incluso más optimista: “En ocho años” estamos gobernando“. La derrota no le desmoraliza y no piensa abandonar el partido. ”Yo voy a continuar en Libre, el bipartidismo se ha repartido el país durante 130 años con cinco golpes de Estado“.

La noche ya ha caído sobre Tegucigalpa y el comedor Leiba es uno de los últimos que permanecen abiertos en el silencioso Mercado de Dolores. Las voces de la discusión se amplifican en los pasillos vacíos, rebotando entre los puestos cerrados. Solo el rock que brota del teléfono de José Gómez corta, por momentos, la acalorada conversación. “Ponme una baleada [plato insignia de la cocina hondureña] y un café para cenar”, pide Cáceres a la dueña del negocio. “Mañana seguimos”, asegura, despidiéndose de sus contertulios antes de encarar las cuestas que conducen a los barrios altos de Tegucigalpa.

El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, exhortó este lunes a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien la semana pasada fue indultado por el presidente de EEUU, Donald Trump.

“Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude”, indicó Zelaya en la red social X.

Los delitos contra Hernández están asociados a un caso millonario que también salpicó a exdiputados, empresarios y particulares en un desvió de recursos del Estado para financiar la campaña política en 2013. “Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, añadió. Zelaya señaló que su exhortación la ha hecho “en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora mañana 9 de diciembre”.

También indicó que “ya se ha concluido la primera línea de investigación y, tras la presentación del requerimiento fiscal, se ha capturado a la exdirectora del DINAF (otrora Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) Dulce María Villanueva Sánchez, por irregularidades cometidas durante su desempeño al frente de esa dependencia”. “Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia, tal como lo prometí en mi primer día al frente de esta institución”, enfatizó.

En el caso de Juan Orlando Hernández, el pasado día 1 quedó en libertad tras ser indultado por Trump el 28 de noviembre, en la víspera de las elecciones generales que se celebraron el día 30 del mismo mes.

Hernández cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y comercio ilegal de armas. El exgobernante fue capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022 a menos de tres semanas de haber dejado el poder en Honduras, atendiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos, que se cumplió en abril del mismo año.

En junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel, que no cumplirá por el indulto que le otorgó Trump, a quien el expresidente le agradeció públicamente la semana pasada.

Antes de anunciar el indulto a Hernández, Trump le expresó su apoyo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, para quien le pidió el voto a los hondureños.

Asfura lidera el lento escrutinio de las elecciones generales con 1.274.997 votos (40,52%), contra 1.232.804 (39,18%) de Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal.

La candidata presidencial del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar con 608.139 votos (19,32%), cuando se ha escrutado el 97,46% de las actas.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado este lunes, según los registros actualizados del departamento federal de prisiones (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense, Donald Trump.

Hernández, de 57 años, llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

El antiguo mandatario fue liberado el lunes de una prisión federal de alta seguridad de Estados Unidos en Hazelton (Pensilvania), según el BOP. Por el momento no se han confirmado detalles oficiales sobre su paradero actual o los pasos legales siguientes.

Trump anunció que pensaba indultarlo tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden “tendió una trampa” al exmandatario hondureño, que gobernó el país entre 2014 y 2022.

La decisión de liberar a Hernández ha generado críticas de varios sectores que consideran que el indulto debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras defensores señalan irregularidades en el juicio y denuncian persecución política.

Hernández pidió ser indultado por Trump con una carta en la que lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante su primer mandato, según publica el medio Axios, que ha tenido acceso a la misiva.

En la carta, Hernández trató a Trump de “Su excelencia”, algo que pudo favorecer el perdón presidencial en el que también pudo influir una “persistente campaña de cabildeo” desarrollada por Roger Stone, un antiguo amigo del presidente estadounidense.

La liberación se produce cuando todavía no se ha terminado de escrutar el voto en las elecciones presidenciales de Honduras. Dos candidatos de derechas se disputan la victoria tras el descalabro de la izquierda en el poder. El propio Trump intervino en los comicios para pedir el voto por el aspirante Nasry Asfura, del Partido Liberal.

Los candidatos de la derecha hondureña, Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasrrala, del Partido Liberal, lideran el recuento de votos en las elecciones presidenciales de este domingo, mientras que la candidata de la izquierda, Rixi Moncada —del oficialista partido Libre—, se ubica en una alejada tercera posición.

El Centro Nacional Electoral (CNE) publicó los primeros resultados oficiales cerca de las 23.00 horas locales (las 06.00 horas del lunes en España), con el 34,25% de las actas escrutadas, y situaba a Asfura en cabeza, con el 40,62%, seguido de Nasrrala, con el 38,78%. Más alejada aparecía Moncada, del Partido Libre, con el 19,60%.

A medida que avanza el recuento la diferencia entre conservadores y liberales se ha reducido a escasos 4.000 votos. Con el 55,87% de las actas escrutadas, Asfura lideraba con un 40% y 735.000 votos, frente al 39,8% y 731.000 sufragios de Nasrrala.

Estas elecciones, que se han desarrollado sin incidentes significativos, se han celebrado en un contexto de creciente polarización, acusaciones cruzadas de fraude electoral y la irrupción de Donald Trump. El mandatario estadounidense instó a votar por el aspirante del conservador Nasry Asfura, advirtiendo contra lo que llamó el “avance del comunismo” y señalando que, si Asfura no triunfa, “Estados Unidos no malgastará su dinero”.

Causas detrás de la debacle de Libre

El resultado fue recibido con euforia en los búnkeres electorales de conservadores y liberales y con escepticismo entre las filas de Libre. “Agradecida con el Partido LIBRE y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Mañana en conferencia de prensa, informaré mi posición en relación con los resultados que publica el CNE”, aseguró en un escueto mensaje en la red social X la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspiraba a dar continuidad a cuatro años de gobierno de la progresista de Xiomara Castro.

De confirmarse, el resultado electoral enterraría la aspiración de la izquierda hondureña de revalidarse en el poder tras “más de un siglo de bipartidismo y doce años de dictadura”. El gobierno de Xiomara Castro, primera mujer presidenta del país, ha logrado un crecimiento económico sostenido y reducir la tasa de pobreza a niveles prepandemia, pero la inseguridad —aunque ha disminuido ligeramente— y las acusaciones de nepotismo han pesado entre los hondureños.

Además, la polarizante campaña que situaba a Libre —partido que se autodefine como de “socialismo democrático”— como responsable de arrastrar al país hacia el supuesto “narco-comunismo” venezolano, sumada a las advertencias de Donald Trump, podrían haber “activado el voto del miedo”, según fuentes de la formación consultadas por elDiario.es. En un país donde las remesas enviadas desde Estados Unidos representan alrededor de una cuarta parte del PIB, esos mensajes encontraron terreno fértil.

“Hemos perdido la batalla mediática”, resumía un dirigente de nivel medio del partido en declaraciones a elDiario.es. “Tanto las cadenas privadas como los principales periódicos y muchos influencers llevan años construyendo una narrativa en nuestra contra”. Añadió que “la Iglesia evangélica y la católica también se volcaron contra nuestro Gobierno”, en un país donde una amplísima mayoría de la población se identifica como cristiana.

Manuel “Mel” Zelaya, expresidente liberal hondureño que creó el partido Libre tras sufrir un golpe de Estado en 2009, evitó pronunciarse sobre los resultados y llamó a sus seguidores a velar por el resultado. “La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones de nuestra candidata Rixi Moncada, es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer”, publicó en X.

Cautela entre los que encabezan el recuento

El entorno del Partido Nacional aseguró que Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y empresario de la construcción, no se pronunciaría hasta que el escrutinio avanzase más. No obstante, desde la formación conservadora se mostraron confiados en la victoria y reiteraron su agradecimiento a los presidentes estadounidense, Donald Trump, y argentino, Javier Milei, por su respaldo público.

A su vez, el candidato liberal, el excéntrico presentador de televisión Salvador Nasrrala, aseguró que la diferencia que le separa de la presidencia no es relevante. “23.000 votos es prácticamente nada” aseguró tras sostener que la mayoría de las actas por escrutar favorecerán a su candidatura. “Nosotros nos vamos a declarar ganadores en el momento en el que el CNE empiece a dar una tendencia a nuestro favor mañana primero de diciembre” dijo. Con más del 50% del voto escrutado, efectivamente se redujo a tan solo 4.000 puntos.

En declaraciones a la prensa tras conocerse el primer avance, Nasrrala aseguró que le están “llamando varios inversionistas extranjeros” con el objetivo de instalarse en Honduras tras su triunfo. Además, aseguró que todos los militantes de su partido que han acompañado el escrutinio serán “recompensados” con “oportunidades laborales” si llega al gobierno.

Además, Nasrrala aseguró que, de llegar al gobierno, “la relación con EEUU y con Taiwán va a ser muy buena”, una declaración significativa teniendo en cuenta que el Ejecutivo de Xiomara Castro rompió relaciones con Taipéi y reconoció a la República Popular China en 2022. También afirmó que rompería relaciones diplomáticas con Venezuela en caso de que Nicolás Maduro permaneciera en el poder.

Polarización y desconfianza

Tanto Nasralla como Asfura —candidatos de los partidos del bipartidismo hondureño, que se han alternado en el poder en el país durante más de un siglo— califican al gobernante Libre de “comunista” y de buscar subordinar al país a la “narcodictadura venezolana”. Moncada, en cambio, ha señalado a sus rivales de actuar como “marionetas de la oligarquía” y ha prometido que, frente al modelo “de la minoría”, impulsará un gobierno “socialista democrático” destinado a “democratizar la economía”.

Las dudas sobre la integridad del recuento de votos se intensificaron en la recta final de las elecciones. El CNE demoró la divulgación de los resultados preliminares en más de dos horas y ha anunciado que no realizará más actualizaciones durante la noche madrugada de este lunes. Los tres principales candidatos expresaron su malestar por el retraso y exigieron explicaciones a las autoridades.

La desconfianza del ente electoral había aumentado desde finales de octubre, cuando circularon cerca de dos decenas de audios que involucrarían a una representante del Partido Nacional ante el CNE, a un diputado de esa misma formación y a un militar en activo en un presunto plan para manipular los resultados. Pese a todo, la jornada electoral se ha desarrollado sin incidentes significativos, aunque con un fuerte despliegue militar.

Honduras acude este domingo a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes en un proceso de alto voltaje, marcado por acusaciones mutuas de fraude, profunda polarización y la intervención del presidente estadounidense Donald J. Trump, quien instó a votar por el aspirante del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, advirtiendo contra lo que llamó el “avance del comunismo” y señalando que, si Asfura no triunfa, “Estados Unidos no malgastará su dinero”.

Además de Asfura —exalcalde de Tegucigalpa por el Partido Nacional— compiten por la Presidencia la candidata izquierdista Rixi Moncada, postulada por el partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), y Salvador Nasralla, un excéntrico presentador de televisión, cuatro veces candidato presidencial, que concurre en esta cita de la mano del centenario Partido Liberal de Honduras (PLH).

Las encuestas publicadas recientemente muestran un panorama incierto: algunos estudios indican un posible empate técnico entre los tres candidatos principales, mientras otros les otorgan ventajas inconsistentes entre sí. Todos los partidos —Nacional, Libre y Liberal— aseguran estar confiados en una victoria y han desplegado campañas intensas en un contexto altamente polarizado.

Tanto Nasralla como Asfura —candidatos de los partidos del bipartidismo hondureño, que se han alternado en el poder en el país durante más de un siglo— califican al gobernante Libre de “comunista” y de querer subordinar al país a la “narcodictadura venezolana”. Moncada, por su parte, ha acusado a sus contendientes de ser “marionetas de la oligarquía” y ha prometido que frente al modelo de “la minoría” aplicará un gobierno “socialista democrático” que “democratizará la economía”.

Acusaciones de fraude electoral

Las elecciones llegan en medio de denuncias cruzadas sobre un presunto fraude electoral. A finales de octubre se difundieron cerca de dos decenas de audios que, según las autoridades, involucran a una consejera del Partido Nacional ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado de esa formación y un militar en activo en lo que sería un plan para manipular los resultados.

El fiscal general, Johel Zelaya, afirmó que se trataría de una “asociación ilícita para alterar la voluntad popular, buscando imponer un resultado en la elección presidencial”. En consecuencia, el Ministerio Público de Honduras (MP) abrió una investigación aún en curso, que el partido gobernante Libre interpreta como evidencia de lo que califica como “planes golpistas de la oposición”.

En su pronunciamiento ante la prensa, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, denunció un “plan de fraude electoral” emanado desde el CNE, y anunció que su partido adoptaría una “movilización permanente” como respuesta. “A Libre nadie le va a robar las elecciones”, sostuvo, y anunció que la formación realizará un conteo propio de los votos a partir de las actas físicas para garantizar la transparencia del sufragio.

Por su parte, la oposición del Partido Nacional rechazó la autenticidad de los audios y pidió que sean analizados en Estados Unidos. Tomás Zambrano, jefe de su bancada, calificó las grabaciones como “falsas, alteradas y manipuladas”. Además, el partido conservador emitió un comunicado declarando una “alerta permanente (y) alerta electoral democrática nacional”, advirtiendo de lo que califican como “maniobras” del oficialismo para desestabilizar las instituciones.

Fuentes vinculadas a los tres partidos con posibilidades electorales coinciden en que existe la posibilidad de que alguno declare su victoria antes de conocer los resultados oficiales, independientemente del conteo real. La desconfianza hacia el órgano electoral —alimentada por denuncias previas de irregularidades—, sumada al intenso despliegue militante que se observa en todo el país, alimenta el temor de que la noche del domingo pueda desencadenar un escenario de inestabilidad.

Las acusaciones de fraude y un posible golpe de Estado vuelven a agitar la memoria reciente del pueblo hondureño. En 2009, el país vivió un golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, derrocado antes de una consulta popular que proponía una Asamblea Constituyente. Durante los comicios de 2013 y 2017, también se denunciaron irregularidades como compra de votos, manipulación de actas y represión, bajo un clima de desconfianza que comprometió la credibilidad del proceso.

Donald Trump irrumpe en las elecciones

El proceso electoral hondureño saltó a primera plana internacional tras el doble llamamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, para votar por el candidato del Partido Nacional. “¿Maduro y sus narcoterroristas se apoderarán de otro país como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional” escribió este miércoles en su red social Truth Social.

“Normalmente, los hondureños inteligentes la rechazarían y elegirían a Tito Asfura, pero los comunistas están tratando de engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad”, aseguró entonces el mandatario estadounidense.

La primera reacción de Trump sacudió el tablero político hondureño — pero no fue la única. En una nueva publicación este viernes, el expresidente estadounidense aseguró que “si no gana [Nasry Asfura], Estados Unidos no estará tirando buen dinero tras malo”, condicionando así la futura cooperación financiera con Honduras al resultado electoral. Además, Trump anunció su intención de indultar al exmandatario Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos por narcotráfico— en caso de victoria del candidato conservador, lo que ha polarizado aún más al electorado hondureño.

El candidato liberal Salvador Nasralla, que durante la campaña electoral viajó varias veces a EEUU en busca de apoyos políticos, reaccionó al inesperado respaldo de Donald Trump a Nasry Asfura, atribuyéndolo a una “campaña de desinformación” impulsada por sus adversarios. Y aseguró que de llegar a ser presidente será un “fiel aliado” de la Casa Blanca. “Cuando este domingo sea electo por mi pueblo, podrá encontrar en mí a un aliado de las libertades en Iberoamérica. Insto a la sensatez y a la cordura en esta encrucijada que vive nuestro país. ¡Vivan los valores tradicionales!” escribió en su cuenta de X (antes de Twitter) el presidenciable liberal.

Por su parte, Libre calificó lo ocurrido de “injerencia insoportable”. Tras el anuncio del respaldo del expresidente Donald J. Trump a Nasry Asfura —y su promesa de indultar al exmandatario Juan Orlando Hernández—, dirigentes de Libre calificaron lo sucedido como una “injerencia insoportable” en la soberanía electoral de Honduras. Además, denunciaron la “ironía” de que quien declara combatir el narcotráfico se presente ahora como defensor de un condenado por narcotráfico.

Previo al pronunciamiento de Trump, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Estados Unidos ya habían expresado su alarma por lo que consideran un contexto de riesgo para la transparencia electoral en Honduras. La Secretaría General de la OEA subrayó la necesidad de que los órganos electorales mantengan su independencia institucional y advirtió que las disputas internas en el CNE no deben degenerar en una “parálisis institucional”.

A su vez, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, declaró el 12 de noviembre que Washington respondería “con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de perturbar el proceso electoral y exhortó a todas las autoridades competentes —electorales y militares— a respetar escrupulosamente la ley y la Constitución hondureña.

La violencia marca la campaña electoral

Por primera vez en la historia reciente de Honduras, los ciudadanos acudirán a las urnas bajo un Estado de excepción —en vigor desde 2022 y prorrogado en varias ocasiones— instaurado por el gobierno de Libre con el argumento de “reducir la criminalidad”.

La campaña ha transcurrido en un clima de creciente tensión. El Partido Liberal de Honduras denunció que una de sus caravanas de cierre en Tegucigalpa fue atacada con piedras y palos, presuntamente por simpatizantes de Libre, lo que afectó a candidatos, simpatizantes y transeúntes. Su dirigente principal, Salvador Nasralla, calificó el incidente de “previamente planeado” con la finalidad de impedir una movilización pacífica.

No obstante, el acontecimiento más crítico tuvo lugar el 17 de noviembre en Santa Bárbara, cuando un niño de cinco años, Kaleb Hernández, murió tras un ataque armado tras un mitin que Libre celebró en la aldea El Aguacatal. La dirigencia del partido denunció el hecho como un acto de violencia política deliberada destinado a amedrentar a sus seguidores. 

Aunque las autoridades reportan una caída en la tasa general de homicidios bajo la administración de Xiomara Castro —ubicada ahora en 21 asesinatos por cada 100.000 habitantes— la persistencia de asesinatos múltiples y violencia colectiva mantiene elevados los niveles de inseguridad. Siendo esta la principal preocupación de los hondureños según diversos estudios de opinión.

“Es la lucha entre dos modelos: el modelo de la oligarquía, el modelo del capital sobre la fuerza del trabajo. Y el modelo socialista democrático”, aseveraba Rixi Moncada, candidata de la izquierda hondureña ante un abarrotado polideportivo de Tegucigalpa.

La izquierda se juega en las elecciones generales de este domingo 30 de noviembre revalidar el Gobierno en Honduras y quebrar definitivamente el sistema bipartidista que durante más de un siglo alternó el poder en la nación centroamericana.

Moncada busca dar continuidad al Gobierno de Xiomara Castro que, durante sus cuatro años de presidencia, ha conseguido un crecimiento económico sostenido y la puesta en marcha de grandes programas sociales que han afianzado la base electoral del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), un relato cuestionado por la oposición bajo acusaciones de nepotismo y críticas por la cercanía con países como Cuba y Venezuela.

Según las encuestas, Libre se encuentra entre las fuerzas con mayor respaldo junto a los conservadores Partido Nacional y Partido Liberal.

De Zelaya a Moncada

Moncada, candidata de Libre en estos comicios, encabeza un partido al que acompañó desde su nacimiento. La izquierda hondureña —históricamente proscrita o reducida a una corriente interna del Partido Liberal, una de las dos patas del bipartidismo junto al Partido Nacional— cristalizó como fuerza política propia tras el golpe de Estado de 2009 contra Manuel “Mel” Zelaya.

Zelaya había llegado al poder bajo el paraguas del centenario Partido Liberal, pero su acercamiento a los gobiernos progresistas de la región –liderados en ese momento por Hugo Chávez–, sumado a su voluntad de modificar la Constitución, le enfrentó con los sectores económicos más influyentes y con parte de su propia formación.

Es la lucha entre dos modelos: el modelo de la oligarquía, el modelo del capital sobre la fuerza del trabajo. Y el modelo socialista democrático

Rixi Moncada — Candidata de la izquierda hondureña

Tras su derrocamiento y posterior exilio, Zelaya comenzó a articular un espacio político propio con la intención de disputar al liberalismo el liderazgo del campo progresista. La ruptura coincidió con una oleada de movilizaciones contra el Gobierno surgido de las elecciones de noviembre de 2009. Aquellos comicios, que llevaron al nacionalista Porfirio Lobo a la presidencia, fueron reconocidos por Estados Unidos y la OEA, pero quedaron sin el aval de la mayoría de los países de la región.

En 2011, Zelaya impulsó la creación de Libre como “brazo político” del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), la plataforma que canalizaba desde las calles la oposición al Gobierno conservador del Partido Nacional. Al frente del nuevo partido se situó Xiomara Castro, esposa del expresidente, aspirante en 2013, 2017 —cuando finalmente cedió su lugar para favorecer una candidatura unitaria— y 2021, año en que logró una victoria contundente con el 51,1% de los votos y puso fin a 12 años de hegemonía nacionalista.

Crecimiento económico

Durante el periplo de la izquierda hondureña, junto al omnipresente matrimonio Zelaya-Castro siempre estuvo presente una mujer discreta y de tono recio: Rixi Moncada, figura de máxima confianza, funcionaria eficaz durante ambos gobiernos y clave en la arquitectura interna del partido. 

Moncada, exministra de Finanzas y de Defensa del Gobierno saliente, encara las elecciones del domingo con la promesa de continuar el “modelo de socialismo democrático” de Xiomara Castro, cuya ambiciosa política social ha reducido la pobreza a niveles prepandemia, y alcanzado un crecimiento económico superior al 3% anual, mientras la deuda pública está controlada y se dispara el gasto social del país hasta cotas antes nunca vistas. 

En los humildes barrios periféricos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, principales urbes del país, militantes de Libre ataviados con camisetas rojas y panfletos recorren las calles pregonando que 900.000 familias con bajos recursos no pagan su consumo eléctrico gracias al subsidio energético promovido por Xiomara Castro. “De esto van las elecciones”, sintetiza un partidario de Libre.

Moncada ha prometido profundizar la docena de programas sociales puestos en marcha por Castro con el objetivo de “democratizar la economía”. En Honduras, la pobreza extrema afecta al 38% de los hogares y la inseguridad continúa siendo la principal preocupación de un país golpeado por las pandillas y el todopoderoso narcotráfico.

Inseguridad y acusaciones de nepotismo

La aún preocupante tasa de homicidios, que Castro ha conseguido reducir hasta los 21 casos por cada 100.000 habitantes, ha llevado al Gobierno de Libre a implementar una controvertida política de seguridad declarando un Estado de excepción que lleva tres años vigente y prometiendo “acciones radicales” contra los criminales. Los resultados, aunque positivos, no han atajado la sensación de inseguridad y han generado críticas de organizaciones internacionales como la ONG centroamericana Cristosal, perseguida en El Salvador por Najib Bukele.

Al problema de la inseguridad se suman las acusaciones de nepotismo, uno de los principales ejes de campaña de la oposición. Que acusa al gobierno y a la cúpula de Libre de gobernar mediante “el familión”, en alusión al peso político y administrativo que mantienen el matrimonio Zelaya-Castro y la familia Moncada dentro del aparato estatal. 

Según el informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), organización civil hondureña, 12 miembros de la familia presidencial y diez de la familia Moncada ocuparían cargos públicos. El oficialismo rechaza la acusación, calificando el informe de “parcial” y subrayando que varios de esos cargos son de confianza o de elección popular. Moncada, desde un mitin en Copán, respondió que la verdadera concentración de poder no está en Libre, sino en “las diez familias que se han apropiado del 80% de la riqueza del país”. 

“Hay que democratizar la economía, hay que distribuir la riqueza, hay que hacerlo con justicia y con equidad y para ello necesitamos reformar las leyes”, aseguró Moncada, anunciando una ambiciosa reforma fiscal que grave “a la oligarquía”. “Ellos deben pagar impuestos, la ley de justicia tributaria debe ser una realidad, ellos dicen que son los desarrolladores de la economía, pero pagan salarios miserables, no llevan a la gente a la seguridad social, quieren que la gente siga siendo esclava del capital, nosotros no aceptamos a la gente como esclava del capital, queremos el capital al servicio de la clase trabajadora de Honduras”, concluyó.

Un equilibrio difícil en política exterior

Honduras, presa de su geografía y su historia, mantiene una dependencia económica y comercial respecto a EEUU que el Gobierno de Libre no ha podido ignorar. Las remesas que el millón de migrantes hondureños –la mitad de ellos en situación irregular– envían cada mes desde el vecino del norte representan más del 20% del PIB hondureño.

Esta relación se tensó especialmente con el inicio de las deportaciones impulsadas por Donald Trump, lo que llevó a la presidenta Xiomara Castro, en un discurso de Año Nuevo de 2025, a advertir sobre la posibilidad de “revisar la cooperación militar” y deslizar la posibilidad de eliminar la base aérea estadounidense de Soto Cano, donde se encuentran desplegados medio millar de soldados estadounidenses.

En paralelo, Castro viró la política exterior hondureña al romper relaciones, en marzo de 2023, con Taiwán y reconocer que “forma parte inalienable del territorio chino”. Una decisión que despertó recelos en Washington y aparejó grandes inversiones del gigante asiático en la nación centroamericana. “Reconocer el principio de ‘Una sola china’, establecer relaciones diplomáticas y cooperar con China puede traer oportunidades de desarrollo para Honduras”, sintetizó Castro durante la primera visita oficial de un presidente hondureño al país.

Además, Libre ha estrechado lazos diplomáticos con gobiernos progresistas en Latinoamérica, restableciendo relaciones con Venezuela y reactivando programas de cooperación con Cuba, una cercanía utilizada por la oposición para denunciar un supuesto apoyo de Castro a lo que denominan “el narcoterrorismo” venezolano.

En palabras de la activista de derechos humanos Dalila Argueta un defensor del medio ambiente es alguien que “mira con ternura la tierra que la parió”. Alguien con conciencia, que respeta, que asume ese compromiso. Alguien que no hace lo que hace para que le reconozcan por la calle, sino alguien que atiende el llamado de sus ancestros, de sus abuelos, cuando les decían que solo quien defiende la tierra, quien la cuida, tiene derecho a comer de ella. Alguien como ella que por esa defensa de su tierra tuvo que dejarla atrás y exiliarse en Euskadi para evitar que su vida corriera peligro.

Dalila Argueta tuvo que marcharse de Honduras hace casi siete años porque trató de defender con uñas y dientes el río que recorría su comunidad y que, a raíz de que el Gobierno concedió la ejecución de una mina a una empresa para que pudiera extraer minerales, estaba siendo contaminado. Las protestas que llevaron a cabo desde su comunidad hicieron que Argueta fuera señalada, insultada y amenazada. Cuando su vida empezó a correr peligro, sintió la necesidad de escapar.

A pesar del exilio, Dalila ha podido ver con sus propios ojos cómo está Honduras a día de hoy, gracias al documental 'Acuerpadas. Hasta que se haga justicia', que narra el viaje de periodistas vascas que de la mano de la ONG Alboan visitan territorios campesinos de Honduras y entrevistan a mujeres tanto de la comunidad de Dalila, como de otras que sufren problemas similares. En el documental se recoge el viaje, pero también el regreso de las periodistas que una vez en Euskadi conversan con Dalila y reflexionan acerca de lo aprendido.

“Todo comenzó con un viaje que hicimos Alboan, ERIC Radio Progreso de Honduras, nuestra organización aliada de Honduras, y tres comunicadoras vascas a Honduras movidas por el deseo de encontrar historias de resistencia y dignidad. Lo que encontramos fue mucho más que eso: en un país marcado por el extractivismo, el despojo y la violencia estructural, se cruzaron con mujeres que, pese a todo, alzan la voz, protegen sus cuerpos y defienden su tierra con una valentía conmovedora. La realidad hondureña es mucho más compleja de lo que podíamos imaginar y durante ese viaje, durante esos días fuimos descubriendo y fuimos profundizando en esa realidad. Un país sumido en una violencia bestial, un país con muchísima corrupción, muchísima impunidad, una desigualdad social y de género y económica muy grande. Todo ello es lo que contamos en la película”, explica una de las protagonistas del documental, Sara Diego, Técnica de Incidencia Política de Alboan.

A Diego le acompañaron en el viaje la ingeniera y comunicadora Lorena Fernández y las periodistas Gessamí Forner y África Baeta. “Lo que ocurre en Honduras parece que ocurre demasiado lejos, pero una vez que lo ves te das cuenta de que somos responsables directos. Que este sistema en el que vivimos no es posible sin explotar territorios para cubrir nuestras necesidades. Aquí somos tan individualistas que nos provoca un vacío tremendo que solo llenamos comprando. Allí el vacío individualista se llena con la comunidad”, sostiene Baeta tras la proyección de la película que ha tenido lugar este miércoles en la sala Bilborock de Bilbao.

Según han comprobado tras su viaje, en Honduras “hay un sistema que sostiene la violencia, en el que en primer lugar están las maras, después el ejército, los políticos y por último los sistemas capitalistas como el estadounidense o el europeo. Hay asesinatos que quedan impunes y todo se tapa. Eso crea mucha desesperanza”, lamentan.

El documental muestra como eje central la vida de las mujeres hondureñas que, en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el medioambiente y los derechos humanos, acuerpan la lucha como acto político, estrategia de supervivencia y forma de amar. De ahí el título del documental, 'Acuerpadas'. “Acuerpar es más que abrazar, es tejer, es sentir, es la resistencia de los pueblos. Somos descendientes de las tribus que no lograron asesinar. Por nuestras venas llevamos la rebeldía y seguimos acuerpando y construyendo camino para nuestras generaciones. No hay un yo, hay un nosotros constantemente”, defiende Dalila.

Sin embargo, pese a la resistencia de los pueblos, los ataques contra defensores de derechos humanos se han intensificado en los últimos años. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras documentó 453 casos de defensores de derechos humanos y periodistas que sufrieron acoso, amenazas o intimidación en 2023, y registró el asesinato de 17 de ellos. Entre enero y septiembre de 2024, al menos otros cuatro defensores de derechos humanos fueron asesinados, entre ellos Juan López, una de las personas cuyo testimonio se recoge en el documental. López era un defensor del medioambiente que fue asesinado hace un año en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Al igual que Dalila, Juan era defensor de los territorios ante la imposición del proyecto minero en el río Guapinol. Luchaba contra el 'Monstruo de Siete Cabezas', que es como llaman en Tocoa a este megaproyecto que incluye dos minas de óxido de hierro construidas en espacio protegido; la termoeléctrica que menguará de manera dramática el caudal del río Guapinol y sus afluentes; una planta peletizadora; y tres pozos de agua que resecarán la tierra. Otros tres activistas que trabajaban para la misma organización ambiental también fueron asesinados en 2023.

La lucha de Guapinol es una de las muchas que se libran a lo largo y ancho de la república de Honduras; un Estado fallido donde las comunidades son objeto de los atropellos sociales y medioambientales de ciertos conglomerados empresariales. Se trata, en su mayor parte, de proyectos extractivistas depredadores que pueden adoptar vías violentas ante la resistencia de la población. Y todo ello con la complicidad o -al menos, la omisión de obra- de instituciones corruptas. Una compleja trama de intereses empresariales beneficiarios del tráfico de influencias, que recurre a redes criminales, y se ve amparada en la impunidad.

Según reconocen, el mecanismo nacional de protección de Honduras, creado en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales del sistema de justicia presenta graves falencias. El mecanismo carece de autonomía financiera, de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores.

En este sentido, Dalila pide que desde el mundo Occidental no se deje de enviar solidaridad y apoyo a esos territorios, para que sepan que “no están solos”. Aun así, lamenta que en esta parte del mundo también puede llegar “una ola que arrase con todo” y, por ello, alerta a la ciudadanía vasca. “Hay que pensar qué compramos, qué comemos. Vamos a sufrir si no nos queda tierra que sembrar. Debemos identificar a las empresas que allá explotan y después lo traen aquí. Estamos a tiempo de evitar que aquí hagan lo mismo que hicieron allá. Nosotros nos perdimos, no pierdan su montaña, no pierdan sus ríos, no pierdan sus territorios. Hay que volver a las raíces, nunca es tarde para sentir la tierra”, concluye la activista.

Durante siglos, Copán ha sido uno de los enclaves mayas más estudiados, pero también más enigmáticos. Esta ciudad, situada en el actual Honduras, fue un centro de poder durante más de cuatro siglos, hasta su colapso en el siglo IX. Ahora, por primera vez, el análisis de ADN antiguo extraído de los restos humanos hallados en sus tumbas reales ha permitido reconstruir el origen genético de su élite gobernante. “Estamos reescribiendo una parte importante de la historia maya”, afirma David Reich, genetista de Harvard y uno de los autores del estudio publicado en Current Biology.

El linaje extranjero de la dinastía

Uno de los hallazgos más impactantes es que los gobernantes de Copán no compartían el mismo origen genético que el resto de la población local. El fundador de la dinastía, K'inich Yax K'uk' Mo', parece haber tenido ascendencia mesoamericana, posiblemente del altiplano central, lo que refuerza las evidencias arqueológicas que lo conectan con Teotihuacán. En cambio, sus descendientes muestran una mezcla genética diferente, más próxima a la de los habitantes mayas de las tierras bajas.

Este patrón sugiere que la élite pudo haber legitimado su poder mediante alianzas con linajes locales. “La evolución genética de la dinastía apunta a una estrategia de integración política y cultural a lo largo del tiempo”, concluyen los autores del artículo.

Técnica pionera en condiciones adversas

Extraer ADN de restos humanos en climas tropicales como el de Copán ha sido históricamente una tarea frustrante por la rápida degradación del material genético. Sin embargo, gracias a nuevas técnicas de secuenciación, el equipo internacional ha conseguido obtener muestras válidas de 21 individuos, incluyendo miembros de la nobleza y pobladores comunes, lo que ha permitido establecer comparaciones robustas. El estudio combina el análisis de ADN mitocondrial -transmitido por línea materna- con secuencias del genoma nuclear, ofreciendo así una visión más completa de los orígenes y relaciones entre los diferentes grupos poblacionales de la ciudad.

Un modelo para otras civilizaciones antiguas

Este avance abre la puerta a nuevas investigaciones genéticas en otras zonas de Mesoamérica, donde la falta de ADN antiguo había limitado hasta ahora la interpretación de los hallazgos arqueológicos. Según los investigadores, Copán puede servir como modelo para analizar los efectos de la migración, el mestizaje y las transformaciones políticas en otras civilizaciones del continente.

Además, el trabajo pone de relieve cómo los linajes dinásticos pueden haber utilizado el parentesco, real o simbólico, como herramienta de poder y legitimación. “Los datos genéticos enriquecen —pero también complican— la historia que creíamos conocer”, apunta Christina Warinner, coautora del estudio.

Contradicciones con narrativas anteriores

Hasta ahora, se asumía que el colapso de Copán se debía principalmente a factores internos, como crisis ambientales, sobrepoblación o luchas de poder. Sin embargo, la nueva evidencia genética plantea la posibilidad de una transformación sociopolítica más compleja. La mezcla de linajes sugiere una dinastía que evolucionó con el tiempo, adaptándose a los cambios sociales y demográficos, y que podría haber mantenido su poder gracias a la flexibilidad y a la alianza con grupos locales.

Este hallazgo no solo aporta una pieza clave sobre el pasado de la civilización maya, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre cómo se construyen las identidades políticas en cualquier época.

Sobre las 18:00 horas del miércoles 26 de febrero, Ana Luiza Hernández Raudelez vio cómo su pareja, Juan Bautista Silva, de 70 años, recibía una llamada telefónica. Silva, defensor de la tierra que llevaba más de 20 años trabajando en la defensa del medio ambiente local, se preparaba para salir con su motocicleta a fotografiar talas ilegales cerca de Las Botijas, en Comayagua, el centro de Honduras, con el objetivo de que las imágenes pudieran apoyar una denuncia ante la Fiscalía.

Cuando estaba a punto de partir, Ana le sugirió que el hijo de ambos, Juan Antonio Silva, de 20 años, fuera con él, ya que su nuevo teléfono móvil hacía mejores fotos.

Padre e hijo calcularon que estarían de vuelta a las 20:00 horas. A medianoche, su familia, preocupada, llamó a las autoridades, que activaron la búsqueda. Al día siguiente, los encontraron muertos bajo un acantilado cercano a Las Botijas.

Uno de los hijos de Silva descubrió las partes de los cuerpos, que habían sido desmembrados con motosierras, y sus restos abandonados al pie del acantilado. Algunas partes no han sido encontradas.

Sus muertes son un nuevo recordatorio de la feroz violencia a la que se enfrentan los defensores de la naturaleza en Honduras, que en 2023 se convirtió en el país con el mayor número de defensores asesinados per cápita del mundo.

“Seguiremos luchando”

Selvin David Ventura Hernández, uno de los hijos de Juan, cree que la llamada telefónica, desde un número desconocido, es el punto de partida para explicar las desgarradoras muertes. La familia sospecha que la persona que hizo la llamada se hizo pasar por las autoridades. “Mi padre no le dio importancia”, dice Ventura. “En ese momento, ninguno de nosotros se la dio”.

Ahora, la familia vive con miedo. Rara vez salen a la calle y están sopesando mudarse. “Mataron a mi padre y creyeron que así ponían fin a la lucha contra la tala de árboles en la región. Y lo consiguieron; ninguno de nosotros seguirá sus pasos”, afirma Ventura. “Pero lo que no esperaban es que exigiéramos justicia. Ahora están esperando que esto se calme y que nuestro sistema judicial nos falle. Pero seguiremos luchando”.

La familia de Silva afirma que el defensor del medioambiente ya había sido agredido con un machete en marzo de 2020, lo que le causó graves lesiones en el brazo derecho y seis días de hospitalización. También aseguran que acudió repetidamente a la fiscalía para denunciar la tala ilegal, pero rara vez se tomaron medidas.

Tras los asesinatos, el Instituto Hondureño para la Conservación de los Bosques (ICF) emitió un comunicado en el que condenó los “actos violentos” y calificó de “trágica” la muerte de los dos hombres. También pidió que se abriera una investigación y se proteja a “quienes denuncian delitos ambientales en defensa del medio ambiente”.

Asesinatos y desapariciones forzadas

En 2023, la ONG Global Witness registró un total de 196 asesinatos y desapariciones forzadas de defensores de la tierra en todo el mundo. Honduras, empatado con México, fue el tercer país con mayor número de muertes violentas de defensores de la tierra (18), por detrás de Brasil (25) y Colombia (79), lo que convierte a Honduras en el país más peligroso en relación con el número de habitantes.

La investigación también muestra que, entre 2012 y 2022, al menos 131 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en el país centroamericano. Más de la mitad (70) se han cometido desde 2016.

Laura Furones, asesora principal de Global Witness, afirma que Honduras aparece “con bastante regularidad” como un “país preocupante” para los derechos de los defensores de la tierra. Entre los factores detrás de la alta tasa de violencia contra estas personas, explica, está la presencia de recursos naturales, que pueden ser explotados con fines agrícolas o intereses corporativos. Furones también afirma que Honduras alberga una sociedad civil “bastante activa”, incluidos grupos de activistas indígenas. En algunos casos, afirma, “intentar adoptar una postura y proteger esas tierras y recursos, puede desembocar en violencia”. Según la experta, los activistas que “se interponen en el camino de estos intereses corporativos” también corren el riesgo de ser atacados.

Impunidad

Las cifras de Global Witness coinciden con las registradas por las autoridades locales. A finales de febrero, la Comisión de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) señaló que desde 2022, 35 defensores de la tierra han sido objeto de muertes violentas en el país.

Frank Cruz, coordinador de la Defensoría del Pueblo Indígena y Afrohondureño de CONADEH, asegura que casos como la muerte de Silva y su hijo disuadirán aún más a los defensores de la tierra de denunciar delitos ambientales. “El mensaje que se envía es: 'no denuncies, porque si denuncias, te matarán”, lamenta.

Cruz cree que son varias las razones por las que muchos hondureños deciden no denunciar los delitos medioambientales. Dice que el Estado “no tiene capacidad suficiente” para responder a las denuncias, mientras que algunas personas que viven en territorios remotos “no conocen sus derechos” y desconocen la protección a la que tienen derecho. Otros, según Cruz, se han enfrentado a amenazas de violencia. Según él, la impunidad está contribuyendo a la normalización de la violencia contra los defensores de la tierra en Honduras.

“Si los agresores o autores de estos delitos, muertes y actos de violencia supieran que van a ser investigados, acusados y procesados por los órganos del Estado, no cometerían estos delitos”, dice Cruz, y añade que el Gobierno debe aplicar medidas a medio y largo plazo para “recuperar la confianza” de estas comunidades. “Cuanta menos impunidad haya, menos normalización. Cuanta más persecución haya, más sensibilización”, concluye.

Mauro Lara, coordinador de desarrollo forestal comunitario del ICF, trabajó con Juan como parte de una cooperativa forestal. Según Lara, aunque nunca ha registrado formalmente ninguna amenaza en la región donde operaba Juan, es probable que los defensores de la tierra se hayan enfrentado a ellas. “En general, la gente tiene miedo de enfrentarse a los madereros o de hablar de ellos. En la región se les teme”, dice.

De Berta Cáceres a Juan López

El país se ha enfrentado anteriormente a condenas por su gestión de los asesinatos de defensores de la tierra, del territorio, de los pueblos originarios y del medioambiente. En abril de 2009, la Corte Interamericana condenó a Honduras por la muerte de Blanca Jeannette Kawas Fernández, activista medioambiental asesinada a tiros en febrero de 1995. Kawas se había opuesto públicamente a la tala ilegal y a los proyectos empresariales que se iban a llevar a cabo en la península de Punta Sal, en la costa norte. El tribunal consideró que al menos un agente del Estado estuvo implicado en su muerte.

En marzo de 2016, la activista medioambiental Berta Cáceres fue asesinada a tiros, lo que desencadenó violentos enfrentamientos. Antes de su muerte, Cáceres había participado en iniciativas para impedir la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Gualcarque, considerado sagrado por la comunidad indígena lenca. Cáceres, galardonada con el premio Goldman de Medio Ambiente en 2015, llevaba tiempo sufriendo amenazas y fue asesinada por sicarios.

El asesinato de Juan López –activista contra la minería, defensor del agua y líder religioso local– en septiembre de 2024 provocó la condena internacional, incluida la del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Papa Francisco. López regresaba en coche de la iglesia cuando un grupo de hombres le disparó. Desde 2018, había estado abogando contra un proyecto minero en el parque nacional Carlos Escaleras, llamado así en memoria de otro ecologista hondureño, asesinado en octubre de 1997.

Ha pasado más de un mes desde las muertes de Silva y su hijo Antonio. Por el momento, las autoridades no han detenido a ningún sospechoso. No ha habido novedades desde el 19 de marzo, cuando el comisario de policía Miguel Martínez declaró que el caso estaba “en manos de la fiscalía”, y afirmó que la investigación seguiría su curso. 

Traducción de Emma Reverter.

Agentes pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja detuvieron en la mañana del día 7 de abril a una persona que tenía en vigor una requisitoria Internacional desde noviembre de 2024 emitida por Honduras. La detención se ha llevado a cabo en Logroño, lugar en el que residía de manera eventual. A la detenida se le considera presunta partícipe de un delito de asesinato cometido en Honduras.

El grupo de investigación perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) de la División de Cooperación Policial Internacional de la Policía Nacional, ha localizado y procedido a la detención de la presunta partícipe de un asesinato que tuvo lugar en Honduras. 

En octubre de 2024, presuntamente, tres personas de manera coordinada habrían realizado varios disparos sobre tres víctimas en Honduras con armas de fuego. La participación de la detenida consistiría en haber facilitado previamente un arma de fuego a uno de estos tres autores del tiroteo, por lo que se le considera partícipe de un delito de asesinato, motivo por el que ese país solicita su extradición.

La detenida, una vez practicadas las diligencias de investigación estrictamente necesarias, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, la cual ha acordado su ingreso en prisión. 

El banquero Guillermo Bueso Anduray, una de las mayores fortunas de Honduras, se ha sumado a la fiebre de multimillonarios latinoamericanos por el inmobiliario de ultralujo en Madrid. Su silencioso desembarco, paralelo a su única inversión conocida aquí, el banco español EBN, incluye una empresa de vinos, varias sociedades de reciente creación y la elusión fiscal mediante las denominadas ETVE, entidades de tenencia de valores extranjeros.

El magnate, de 58 años, dirige Grupo Financiero Atlántida (GFA), conglomerado propietario del Banco Atlántida, el más importante de Honduras (se fundó en 1913) y que preside desde 2010. Con unas 260 oficinas, más de 6.000 empleados, más de 4 millones de clientes y activos bajo administración de unos 21.000 millones de dólares, los tentáculos de GFA comprenden bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, sociedades de valores, depósitos fiscales, inmobiliarias u hospitales privados en ocho países.

A su máximo responsable una reciente investigación periodística le ha relacionado con la compra de un paquete de deuda tóxica asociada a la represa hidroeléctrica Agua Zarca, frenada tras el asesinato a balazos, en 2016, de la activista ecologista hondureña Berta Cáceres. 

Con sede en Tegucigalpa, GFA opera en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Ecuador y España, según su web. Hace años sus dueños compraron Pacific Bank, uno de los principales bancos de Belice, fijo en la lista de paraísos fiscales de la UE hasta este año.

El grupo, que no ha atendido a elDiario.es, tiene en España desde diciembre de 2021 un 9,9% de EBN, antiguo banco de inversión de las cajas de ahorro, adquirido en 2015 por el fallecido inversor catalán José Gracia Barba y Santiago Fernández Valbuena, ex directivo de Telefónica. El actual presidente de EBN, Rafael Gómez Perezagua, es consejero de Invatlan, la holding propietaria de GFA.

En julio se anunció el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a GFA para comprar el 45% de su gestora de fondos de inversión. El Confidencial aseguró entonces que Atlántida ultimaba la toma de control de EBN. Esta operación hasta ahora no se ha concretado. 

En España, los Bueso y su holding están vinculados a cerca de una decena de sociedades, la mayoría creadas desde 2022 y domiciliadas en el Paseo de la Castellana de Madrid. Entre las más antiguas figura Corporación de Bienes y Valores Panamericanos SL, aparentemente inactiva (sus últimas cuentas son de 2020) y constituida en 2017 en la calle Hermanos Bécquer, 8 de Madrid, en un edificio propiedad de los herederos del dictador Francisco Franco.

De 2019 data Inversiones Grupo Sur Altántida SL, que a cierre de 2022, últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, tenía unos 14 millones de euros en activos acogidos al régimen ETVE.

La mayor parte correspondía al 99,99% de cuatro filiales en Ecuador: Atlántica Casa de Valores Accitlan, Atlántida Advisors Ecuador Finatlan, Atlántica Inteligencia de Mercados Interlatlan y Fiduciaria Atlántida Fidutlan. También tenía otro 99,67% de la peruana Capital Advisors, SAC. De Grupo Sur Atlántida cuelga desde este año, según su web, D-Miro, un pequeño banco en Ecuador que compraron en marzo.

El régimen ETVE data de 1995. Está reservado a sociedades con sede en España que mantienen inversiones en el extranjero. Deja exentas las ganancias con origen tanto en dividendos, como en plusvalías generadas por la venta de acciones en sociedades extranjeras. Estos vehículos remontaron con fuerza en 2023. Atrajeron a España una inversión extranjera neta de 4.356 millones, frente a los cerca de 1.100 millones de 2022, según la Secretaría de Estado de Comercio, que no contabiliza esta cifra como inversión “productiva”. 

Los ETVE son una figura un tanto opaca y polémica, no muy diferentes del famoso “sandwich holandés”, instrumentales en Holanda controladas desde territorios de baja tributación. Las han utilizado durante años gigantes como Pepsi, Walmart, Pemex o Vodafone para ahorrarse cientos de millones en impuestos en otros países (especialmente de Latinoamérica) utilizando como plataforma España, gracias a la extensa red de convenios para evitar la doble imposición firmados con países del subcontinente. 

A este régimen se han acogido multimillonarios como el polémico magnate ultraliberal Ricardo Salinas Pliego, tercera fortuna de México, o Guillermo Bueso. Ambos han sido fijos en los recopilatorios de Bloomberg con las 500 personas más influyentes de América Latina. El hondureño se ha caído de la última edición, publicada en septiembre. 

En noviembre de 2023, una investigación conjunta del proyecto de periodismo de investigación OCCRP, de denuncia de la corrupción y el crimen organizado, y la Escuela de Periodismo de Columbia (Estados Unidos) reveló que Bueso compró con un fuerte descuento la deuda asociada a Agua Zarca, el proyecto hidroeléctrico en las tierras altas del occidente hondureño al que se opuso la líder indígena lenca Berta Cáceres, asesinada a tiros en su domicilio por tres sicarios el 2 de marzo de 2016.

La investigación del OCCRP mostró cómo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), principal institución de crédito multilateral de Centroamérica, desoyó varias advertencias sobre los riesgos del proyecto al prestar 24,4 millones de dólares a la promotora, la hidroeléctrica DESA, cuyo presidente, el ex oficial de inteligencia David Castillo, fue condenado a 22 años y seis meses de cárcel en 2022 como uno de los autores intelectuales del asesinato. La sentencia la confirmó el pasado martes la Corte Suprema de Honduras. Entre los condenados no están los dueños de DESA, la familia Atala, otra de las más ricas del país.

Tras paralizarse la represa, esa deuda, calificada de “tóxica” por el entonces presidente del BCIE, el polémico economista hondureño Dante Mossi, fue adquirida por apenas 500.000 dólares por una sociedad suiza vinculada al banquero Guillermo Bueso, amigo personal de Mossi. 

Y el BCIE realizó una donación por ese importe, medio millón de dólares, para impulsar un polémico proyecto de ley sobre el trato a las minorías étnicas que, según documentos internos de ese banco multilateral, permitiría reactivar más de un centenar de proyectos de infraestructuras que habían quedado paralizados. Entre ellos, Agua Zarca.

El BCIE lo presidía entonces Mossi, amigo de Bueso desde sus años universitarios. Denunciado en septiembre por el BCIE ante la justicia de EEUU por prácticas corruptas durante su mandato, Mossi fue conocido como “el banquero de los dictadores” por su apoyo a regímenes autoritarios en esa región como los del hondureño Juan Orlando Hernández, Nayib Bukele en El Salvador, y, sobre todo, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Guillermo Bueso, que en su cuenta de X reparte elogios a Bukele, pertenece a una dinastía imbricada en la élite financiera y política de Honduras desde hace más de un siglo. En 2007, el think tank local CEDOH situaba a su familia entre las 11 que dominan desde hace décadas este país, uno de los más pobres y desiguales de América Latina y el Caribe, golpeado por la violencia y el narcotráfico y con una población similar a la de Portugal.

Nacido en octubre de 1966 y educado en Estados Unidos, el banquero es bisnieto de Juan Ángel Arias Boquín, que llegó a presidir Honduras a principios del siglo XX. Su padre, Guillermo Bueso Arias, presidió el Banco Central de Honduras (BCE) y ostentó la presidencia del Banco Atlántida hasta que falleció en 2009. Su tío, Jorge Bueso (fallecido en 2023), fundó en 1951 el Banco Occidente, tercero del país, fue ministro de Economía y Hacienda, fundador y gobernador del BCIE o candidato presidencial en 1971 por el Partido Liberal de Honduras, al que ya estuvo ligado el abuelo de Guillermo Bueso, el banquero Manuel Bueso Pineda. 

Piso en los Jerónimos

Entre las sociedades en España vinculadas a Bueso figura Bueso Sucesores SL, que desde el 31 de enero es propietaria de un inmueble en Madrid al alcance de muy pocos: un piso con 271 metros cuadrados de superficie construida y plaza de garaje en una exclusiva promoción en el barrio de Los Jerónimos. Se alza en un edificio con una vivienda por planta, en una rehabilitación integral financiada con capital mexicano. Su web la promociona como “un verdadero tesoro arquitectónico de la ciudad cuyo porte distinguido atesora en su interior el valor del lujo y la comodidad”.

Sobre la finca, con un valor a efectos de subasta de 3,75 millones, según el Registro de la Propiedad, figura una hipoteca a favor de EBN Banco de Negocios, la entidad española de la que es accionista Guillermo Bueso.

Bueso Sucesores SL fue constituida en 2022 por el español Fernando de Mergelina, presidente en Panamá de Pacific Bank, uno de los bancos de Atlántida. La administra Dulce Osorio, que desde 2016 ejerce como “ejecutivo de Administración Fiduciaria” de Banco Atlántida, según su perfil en LinkedIn.

Domiciliada en las oficinas en la Castellana que administran la mayoría de las empresas de GFA en España, Bueso Sucesores es propietaria de Bodegas de Rubialejos SL, constituida hace menos de dos años y dedicada a “producción, embotellado y comercialización nacional e internacional de vinos”.

El administrador único de Bodegas de Rubialejos SL hasta febrero era Virgilio Paredes, embajador de Honduras en Corea del Sur hasta 2022, durante el segundo mandato de Juan Orlando Hernández, el expresidente que en junio fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico.

Otras sociedades de reciente creación vinculadas a los Bueso son Inversiones Atlacatl SL, Inversiones Tres Lagos SL o Pacific Ventures SL, creadas en mayo de 2023. La última de ellas, que hasta septiembre se llamaba Chiriqui Holdings, cerró 2023 con solo 50.000 euros en activos, según las cuentas firmadas en Nueva York el 2 de abril. 

La vivienda a nombre de Bueso Sucesores SL en Los Jerónimos está a pocos metros de la promoción de súperlujo que vendieron en 2021 los Dorado-Pizzorni: venezolanos de origen italo-gallego, afrontan varias reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social. Son exponentes, junto a Bueso, de esa nueva Miami con la que sueña la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Un domingo por la mañana, la puerta del centro de rehabilitación de alcohólicos se abre de par en par y los ayudantes se apelotonan en la parte trasera de la camioneta de la institución para sacar a un grupo de hombres que prácticamente están inconscientes. Huelen a alcohol. Los ayudantes los llevan hasta un banco y los interrogan. “¿Cómo te llamas? ¿Tu familia sabe dónde estás? Algunos tiemblan incontroladamente por la abstinencia; otros intentan moverse o estar erguidos, todavía están bajo los efectos del alcohol.

Según el pastor Rómulo, esta es una escena habitual en el centro de rehabilitación de alcohólicos que fundó hace dos años y medio en las afueras de Intibucá, el estado de Honduras con mayor densidad de población indígena lenca.

Intibucá, situado en el suroeste de Honduras, alberga a unos 250.000 habitantes. Su población es principalmente rural y la economía depende de la agricultura. Sin embargo, este estado es conocido por la producción de tejidos indígenas y arte artesanal, así como por su consumo inusualmente elevado de alcohol y el número de muertes callejeras relacionadas con esta sustancia. En 2021, sólo en Intibucá, se registraron 15,5 suicidios por cada 100.000 habitantes; la segunda cifra más alta de todo el país y más del doble de la media nacional.

“El alcoholismo es una lacra cruel que tiene bien agarrada a esta región”, lamenta Rómulo, cuyo nombre completo es José Rómulo Osorio Aguiluz. “En este pequeño centro de la ciudad [en la parte urbana de Intibucá], hay por lo menos 400 personas adictas que se despiertan en las calles de su juerga de fin de semana. Otros nunca volverán a despertarse.

“Al traerlos aquí, intentamos salvarles la vida, pero mueren como moscas en las calles”, añade el pastor. Según sus registros, sólo en 2023, 723 personas pasaron por el centro. Ahora hay 52 personas en la improvisada unidad de rehabilitación.

Un estudio llevado a cabo en 2017 por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) constata que el estado registró 27,9 muertes relacionadas con el alcohol por cada 100.000 habitantes. Es decir, Intibucá tiene el mayor número de muertes relacionadas con el alcohol de Honduras, más del doble que la capital del país, Tegucigalpa (12,7), y casi tres veces la media nacional (9,8). Si Intibucá fuera un país, tendría la tasa de muertes relacionadas con el alcohol por cada 100.000 habitantes más alta del mundo, superando a Bielorrusia (21,4) y casi duplicando la del segundo clasificado, Mongolia (15,8).

Las causas

Según María Isabel Mejía, jefa del servicio de urgencias del hospital central de La Esperanza en Intibucá, es probable que la cifra real sea mucho más elevada porque sólo unos pocos casos se relacionan con el alcoholismo y se registran como tales. “Muchos acuden a urgencias para tratar sus síntomas, que muy probablemente son inducidos por los daños sufridos tras años de alcoholismo, como cirrosis hepática, hemorragias gastrointestinales y otras afecciones médicas graves”, explica.

Según Mejía, el problema es que muchos no mencionan ni reconocen el consumo abusivo de alcohol, lo que dificulta enormemente el registro de este tipo de datos. “Así pues, sólo podemos responder a los síntomas”, afirma. “El número real de muertes relacionadas con el alcoholismo, diría yo, es anormalmente alto. Es un problema muy grave”.

Uno de los principales factores que impulsan el elevado consumo de alcohol en el departamento es la disponibilidad de bebida barata. En cualquier quiosco o supermercado se puede comprar un litro del popular aguardiente de producción nacional (Alcohol en volumen del 35%), más comúnmente conocido como guaro, por unos 50 lempiras (unos dos euros).

Fernando Pachero, sociólogo y profesor de la UNAH, considera que el problema no es circunstancial. “Es importante tomar en cuenta el trauma colonial que ha sufrido esta zona en particular”, afirma. “Es una zona a la que muchas de las comunidades indígenas fueron empujadas mientras los colonialistas utilizaban el alcohol como arma de dominación”.

Consciente de la necesidad de un mayor apoyo en la zona, Camilo –nombre ficticio para preservar su identidad– tomó cartas en el asunto y ofreció un cobertizo junto a su casa para celebrar reuniones periódicas de Alcohólicos Anónimos. Explica que hay más de 16 grupos de AA repartidos por zonas predominantemente urbanas. Se calcula que unas 500 personas participan en las reuniones de todo el municipio.

Lucha contra la adicción

“Muchos lugareños no son conscientes de que el alcoholismo es una enfermedad constante, incurable y mortal”, afirma. “Muchos participantes tienen varias recaídas mientras están en el programa, y tenemos que esperar y confiar en que vuelvan”.

A diferencia de Camilo, Rómulo ha puesto en marcha una iniciativa más proactiva para combatir el alcoholismo en su “Ministerio de la Vida”. Aquí, la policía o los familiares dejan a la persona que lucha contra la adicción, que se encierra en el edificio para seguir un programa de recuperación guiado y estrictamente evangélico. Si hay plazas libres, Rómulo se desplaza al centro de la ciudad con ayudantes para recoger a personas que han pasado la noche bebiendo en la calle, muchas de ellas en contra de su voluntad.

Rómulo cree que sus acciones están justificadas por la magnitud del problema. “Los hombres que duermen en la calle no son sólo borrachos sin rostro; son almas perdidas que tienen familia, y muchos tienen estudios. Los traemos al centro y los encerramos porque no son capaces de curarse solos”, afirma Rómulo. El pastor explica que el centro recibe poco apoyo económico y que, por eso, depende principalmente de las donaciones, muchas de las cuales proceden de personas que mandan a familiares al centro. “Muchos donan lo que pueden, como la cabeza o las patas de una vaca o ropa vieja”, señala.

Héctor, obrero de la construcción, fue llevado hasta Rómulo por sus familiares. Como el resto de la mayoría de testimonios, se utilizan nombres ficticios para preservar su identidad. “Mi alcoholismo hacía sufrir a mi familia”, reconoce: “Mi madre me trajo aquí porque yo no podía luchar contra esta enfermedad por mí mismo”.

Uno de los principales factores del alcoholismo y la violencia es el machismo extremo arraigado en nuestra cultura. Cindy Castellano, psicóloga

Ahora hace más de dos meses que está sobrio y tiene permiso para salir del centro durante el día para trabajar, pero permanece bajo supervisión.

Las mujeres cargan con el peso

Romery, una mujer que vive en una aldea a las afueras de la ciudad de Intibucá, explica que, en muchos casos, sobre todo en las zonas rurales, los hombres con problemas de alcoholismo desaparecen durante meses, obligando a la familia que se queda a ocuparse de los cultivos y llevar la cosecha al mercado. “Las familias, especialmente las mujeres y los niños, son las que cargan con la mayor parte del peso del alcoholismo de un miembro de la familia”, dice. “Algunos agricultores han vendido sus tierras y su coche para seguir bebiendo”.

Uno de esos casos es el de María y su hijo de nueve años. Cada mañana, recorre a pie cuatro horas desde su pueblo hasta el centro de la ciudad para vender su cosecha y regresa el mismo día. El camino no sólo es largo y duro, sino que cada vez es más peligroso: “A veces, hombres borrachos me asaltan cuando regreso con el dinero de la venta de la cosecha para robarme”, dice. “Estos hombres se llevan mi dinero para comprar más alcohol. Pero tengo que hacer estos viajes porque mi hermano bebe tanto que no le puedo confiar el dinero”.

La violencia ligada al consumo excesivo de alcohol no es nada nuevo para el policía José Morenga, sobre todo cuando se trata de violencia machista. “En todos mis años como policía, nunca he tenido un caso de violencia doméstica en el que no estuviera implicado el alcohol”, afirma.

Cindy Castellano, psicóloga jefa del hospital central de La Esperanza e Intibucá, ha tratado casos de violencia y alcoholismo durante más de 20 años. “Uno de los principales factores de este nivel de alcoholismo y violencia es el machismo extremo arraigado en nuestra cultura, especialmente en esta región”, afirma. “La masculinidad está idealizada, y se espera que el hombre sea el patrón y el sostén del hogar. Esta presión social impuesta impide a muchos hombres aprender a gestionar sus sentimientos, ya que mostrarlos o reconocerlos se percibe como una debilidad”.

¿Prohibición como solución?

Cuando Norman Sánchez asumió la alcaldía de Intibucá en 2018, fue consciente del problema de alcoholismo en el municipio. Para frenar el exceso de venta y consumo de alcohol, él, junto con otros funcionarios, instauró una medida de prohibición. “Les quitamos todas las licencias de bebidas alcohólicas a las cantinas de las zonas rurales de Intibucá. También hemos frenado la renovación de licencias de alcohol en las zonas urbanas”, dice Sánchez. Esta prohibición se extiende por una amplia zona, que abarca la mayor parte de la población de Intibucá.

"Como ocurre con cualquier sustancia prohibida, tras la prohibición se desarrolla un mercado clandestino que margina aún más a las comunidades pobres afectadas"

La gran pregunta es si el problema de la violencia puede atajarse con represión. Pachero cuestiona la eficacia de la medida. En su opinión, prohibir el alcohol sin abordar las condiciones de vida y los medios de subsistencia agrava la vulnerabilidad de los agricultores, el principal grupo demográfico afectado. “Como ocurre con cualquier sustancia prohibida, tras la prohibición se desarrolla un mercado clandestino que margina aún más a las comunidades pobres afectadas”, afirma Pachero desde su experiencia como sociólogo.

“Si las comunidades permanecen en estas condiciones marginales de precariedad, el problema seguirá aumentando y nunca se resolverá”. Pachero también cree que sacar de las calles a quienes padecen trastornos por consumo de alcohol no es tanto una estrategia de salud pública como de protección de la imagen de la ciudad. “Lo veo más como un equipo de limpieza para sacar de las calles a personas que podrían interferir con el turismo”, afirma.

Según la propietaria de una licorería de la ciudad, que pudo conservar su licencia, la medida represiva no ha tenido eficacia, ya que las ventas han aumentado. “Lo único que ha hecho esta prohibición es impulsar la venta de alcohol en las ciudades, porque ahora la gente viene hasta aquí a emborracharse o a comprar alcohol y a traficar con él en los pueblos”, afirma.

La economía del contrabando ha crecido considerablemente, con los consiguientes beneficios. Por cada 100 cajas de cerveza, los vendedores pueden esperar un margen de entre 48.000 y 60.000 lempiras (entre 1.800 y 2.250 euros), lo que multiplica con creces los ingresos medios mensuales en Honduras, que rondan los 212 euros. En el caso del guaro, el sobreprecio es aún mayor: una botella de un litro, que se vende legalmente a 50 lempiras (1,9 euros) puede triplicarse y alcanzar el precio de entre 150 y 180 lempiras en las aldeas, lo equivalente a entre 5,67 y 6,80 euros.

Wendy, que tiene una cantina ilegal en una aldea cercana a Yamaranguila, Intibucá, afirma que el contrabando es cada vez más competitivo, lo que genera más violencia. “Desde que se prohibió el alcohol en las zonas rurales, el negocio se ha disparado”, afirma. “El alcohol es el principal mercado en esta zona. Incluso mayor que el de los alimentos”.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) ha sido condenado este miércoles a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por un tribunal de Nueva York por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas, con lo que finalmente se libra de la cadena perpetua que solicitaba la Fiscalía.

El juez Kevin Castel le impuso además una multa de 8 millones de dólares y emplazó a su abogado a que aclare en dos semanas cómo los pagará.

Entre los hondureños que se encontraban en la entrada, una veintena con banderas de su país, no hubo celebraciones aparentes, tal vez porque esperaban una condena mayor.

Además, el juez señaló que decidirá en 120 días cuál será la prisión donde deberá cumplir la sentencia Hernández, de 55 años y que actualmente se encuentra internado en la cárcel de Brooklyn.

Castel le dijo, antes de pronunciar la sentencia, que él era “un hombre de dos caras”: con una proclamaba su compromiso contra el narcotráfico y con la otra facilitaba la exportación de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, unas drogas que sumaban un valor de 10 millones de dólares, agregó.

Además, proclamó que esta sentencia —si la cumple íntegramente saldrá de la cárcel con 100 años— envia un mensaje “a los educados y bien vestidos para que no crean que van a librarse de las acusaciones”.

Hernández, al que se vio muy envejecido, con pelo y barba canosos, además de un bastón del que no se despegó, escuchó la sentencia sin casi inmutarse, tal vez porque la pena definitiva se acerca más a la que pedía su defensa (40 años) que a la perpetuidad que solicitaba la Fiscalía.

Solo utilizó su turno de palabra tras la sentencia para preguntar si podía mantener a Renato Stabile como su abogado, a lo que el juez contestó afirmativamente al menos hasta que dure la apelación, si esta se produce.

La defensa del expresidente hondureño recurrirá

El letrado Renato Stabile manifestó su descontento a la prensa y señaló que la sentencia “no es una victoria”, por lo que la recurrirán para tratar de conseguir un nuevo juicio.

“No creo que haya una reducción de la pena, queremos que haya un nuevo juicio. Juan Orlando Hernández considera que en un nuevo proceso sería declarado inocente”, aseguró Stabile.

Desde hoy, la defensa tiene un plazo de 14 días para comunicar a la Corte su decisión de apelar. Stabile aclaró que será “un proceso largo” para el que Hernández está mentalmente preparado.

El sábado 2 de marzo se cumplieron ocho años del asesinato de Berta Cáceres, en 2016, en Honduras. El crimen evidencia la organización política, criminal y económica contra una luchadora por los derechos ambientales y de las mujeres. Berta era una lideresa del pueblo Lenca, protectora del río Gualcarque, a la que dispararon para silenciar su lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en Río Blanco.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) –que Berta presidió– convocó un acto, en La Esperanza, Intibucá, en el octavo aniversario de lo que denominan “la siembra de Berta Cáceres”. Como lema, utilizaron una emblemática frase de la activista asesinada: “¡Quiero que las autoridades entiendan que las exigencias de los pueblos indígenas no son caridad. Estamos pidiendo justicia por nuestros derechos!”. El encuentro dio lugar a un momento de espiritualidad, con una ofrenda en el cementerio donde descansa su cuerpo y un concierto en homenaje a su legado. 

Su familia pide justicia

A ocho años del femicidio, la familia y el COPINH exigen la confirmación de las penas que figuran en el expediente. En noviembre de 2018 la Justicia condenó a siete hombres por el asesinato de la activista. Sin embargo, todavía las sentencias no están ratificadas. Sus hijas Bertha Zúniga Cáceres, Laura Zúniga Cáceres, Olivia Zúnica Cáceres y Salvador Zúniga Cáceres piden justicia. “No podemos permitir que la Justicia se demore más. Exigimos a la Corte Suprema, presidida por la magistrada Rebeca Raquel, que confirme las ocho sentencias ya emitidas”, apunta Salvador.

Bertha Isabel Zúniga Cáceres es la coordinadora del COPINH y en conversación con elDiario.es remarca: “Invitamos a todas las personas del mundo a recordar el legado de mi madre”. Y advierte: “La justicia para Berta Cáceres está peligrando”. El caso es clave, ya que demuestra que la violencia machista se alía con trasnacionales, bancos y empresas para callar las voces de las defensoras de los derechos humanos que los confrontan. La organización reclama a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Honduras que actúe “de manera diligente y justa para poner fin a la prolongada espera”. Y alerta: “Las víctimas merecen justicia, verdad y reparación”. 

En la causa por el asesinato de Berta se condenó, el 5 de julio de 2021, a David Castillo, ex director ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), que está señalado como coautor del crimen. La empresa pertenecía a la familia Atala Zablah. La trama económica demuestra que este lobby tenía como modus operandi el uso de agentes militares y paramilitares para vigilar, infiltrar y violentar a la comunidad, además de utilizar la violencia de género extrema para quitarse de en medio a las mujeres que no aceptaban sus negocios.

“La violencia desarrollada por la empresa de la constructora del ilegal proyecto hidroeléctrico no hubiese sido posible sin el apoyo económico de los bancos que participaron. El COPINH tiene una demanda en Holanda para que se juzgue la responsabilidad en la financiación. También hay participación de fondos de Finlandia y de Centroamérica. Convirtieron al río en un producto de especulación financiera, en algunos casos, con mecanismos de lavado de activos que deben ser investigados”, señala Bertha Isabel Zúniga Cáceres.

La lucha de Berta

Berta era feminista y luchaba contra el patriarcado y la violencia dentro y fuera de las comunidades. Ella denunciaba el acoso sexual y peleaba por derechos sexuales y reproductivos. Pero su lucha era por un feminismo sin extractivismo. “No nos gusta el feminismo de élite, que está muy alejado de la lucha de las mujeres y de la lucha por el agua y los territorios”, contextualizó en una entrevista con Las/12. Para su hija, la lideresa es su “mami” y, también, un símbolo feminista. 

Berta decía, según recuerda su hija, que “el sistema más antiguo y complejo de dominación era el sistema patriarcal”. Por eso, luchó para elevar su participación política y condenó la violencia y el ultraje contra las mujeres que alzan la voz. “Yo la recuerdo muy graciosa, muy alegre, muy vital, moviéndose de un territorio a otro, tratando de colaborar, conectando diálogos, propiciando encuentros... por eso es una ausencia muy sentida para mí y para el movimiento social hondureño, que sufrió un proceso de debilitamiento. Ella llevaba su lucha con alegría y con esperanza”. 

El asesinato de Berta Cáceres se produjo durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, que gobernó desde el 27 de enero de 2014 hasta el 27 de enero de 2022. En esa fecha asumió la presidencia Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado el 28 de junio de 2009, en el primer golpe de una nueva ola de embates contra las elecciones populares en América Latina. “Dejemos atrás el pasado oscuro para renacer”, aclamó Xiomara. Pero el renacimiento todavía es una deuda. “El Gobierno tiene un gran desafío para demostrar su compromiso con la justicia para Berta y con las comunidades indígenas. Todavía hay que desmantelar los intereses privados que tienen las garras puestas en los territorios”, interpela Zúniga Cáceres.

En 2011 Berta viajó a Argentina para denunciar el origen del golpe militar en Honduras y subrayó: “¿Quiénes impulsaron el golpe de Estado? Las familias oligarcas ligadas al Opus Dei y a la élite religiosa”. Su hija analiza el cambio político actual. “La realidad ha cambiado, no tiene nada que ver con el Gobierno de Hernández. El COPINH tiene un canal de interlocución con el Estado, pero los problemas estructurales no logran ser abordados por el Gobierno, como el desmantelamiento del modelo de concesiones que se dio tras el golpe de Estado y que amenaza a las comunidades indígenas con inversiones corruptas, ilegales e irrespetuosas”.

El COPINH, fundado en 1993, hace más de tres décadas, denuncia que ocho bancos –europeos, hondureños e internacionales, como el Banco Mundial– destinaron fondos para la cuestionada represa, a pesar de que había sido calificada como ilegal por Berta Cáceres, y de que esos fondos pudieron usarse para conformar la banda de sicarios que la asesinó. Un ejemplo es que una entidad financiera, propiedad de Jacobo Atala Zablah, ofreció pagar una fianza de cuatro millones de lempiras (aproximadamente 150.000 euros) al Estado de Honduras para mantener a David Castillo en libertad durante el transcurso del proceso penal.

En 2018 un fallo responsabilizó a siete hombres, entre ellos, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, acusado de identificar a Berta como un objetivo a eliminar para terminar con la oposición al proyecto de la represa e infiltrar y generar violencia comunitaria en Río Blanco. Por su parte, Douglas Geovanny Bustillo fue jefe de seguridad de DESA. En el COPINH indican que, entre 2015 y 2016, junto a militares y paramilitares hondureños, siguió a Berta, se infiltró en la organización y preparó su asesinato. 

Los empresarios se conjugaron con un grupo de sicarios coordinados por Mariano Díaz Chávez. El cabecilla del grupo que cometió el feminicidio fue Elvin Heriberto Rápalo Orellana, que era miembro del Ejército hondureño. Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Atilio Duarte Meza y Oscar Aroldo Torres Velásquez integraban el grupo de gatilleros. También fue imputado por el crimen Sergio Ramón Rodríguez Orellana. Sin embargo, todas las condenas están recusadas en casación por las respectivas defensas, que alegan errores de derecho en el proceso. Por eso, el COPINH alerta: “La justicia para Berta está en peligro”.

En la noche previa al aniversario de la muerte de Berta, el 1 de marzo, se exhibió el documental 'La ilusión de la abundancia', que se va a estrenar en Honduras en marzo, y que denuncia las represiones, amenazas y agresiones que sufre el pueblo lenca por oponerse a proyectos extractivistas. El film, que está codirigido por Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert, ya fue seleccionado en más de cien festivales desde su lanzamiento, en el Parlamento Europeo, en octubre de 2022. “La ilusión de la abundancia” ganó veintiséis premios como el mejor documental One World (Praga, República Checa), Innsbruck Film Fest (Austria), Double Exposure (Washington, Estados Unidos), Miradas Medellín (Colombia), Censurados (Perú), Séptimo Ojo (Bolivia) y DOCA (Buenos Aires, Argentina).

“Berta Cáceres, mi mamá, representaba una lucha efectiva en los territorios del pueblo lenca en contra del interés empresarial. Vemos las relaciones entre el norte y el sur y parece que nosotros debemos pagar por el consumismo brutal de otros países y asumir las consecuencias de la crisis climática a la que nos ha llevado esa explotación económica”, enmarca en la película Bertha Zúniga Cáceres. 

El documental expone su mirada y la de Carolina de Moura, de Brasil, y Máxima Acuña, de Perú, que lideran una lucha contra los que definen como “conquistadores modernos”, que son grandes empresas extractivistas. “Con las historias de nuestras protagonistas queremos por una parte evidenciar hasta dónde es capaz de llegar la irresponsabilidad y criminalidad de las corporaciones y la necesidad de protección efectiva que necesitan las personas defensoras ambientales”, afirman los directores.

El caso de Berta expone una situación que no es excepcional, sino un modus operandi, de extractivismo a punta de gatillo y efectos dictatoriales. En la última década, al menos, 136 personas defensoras de la tierra fueron asesinadas en Honduras, según datos de Global Witness. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras registró 310 agresiones contra ellas, solo entre diciembre de 2023 y enero de 2024. La impunidad arrastra más violencia.

“Ya ha pasado demasiado tiempo”, lamenta su hija sobre la tardanza del fallo definitivo. Y resalta: “Es una situación muy irregular que no se emitan las sentencias. Ya pasaron cinco años desde la primera parte del juicio. Es muy peligroso que un caso tan emblemático esté tardando tanto, por eso exigimos que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y cierre este proceso de una vez por todas”.

Como en aquella canción, Noris Jarleny Flores Duarte recibe lo que da. Su humildad le impide reconocer abiertamente que las enseñanzas de sus padres ayudando a personas refugiadas en la frontera entre Nicaragua y Honduras, su país natal, de alguna manera les son devueltas ahora con formación e ilusión de cara al futuro tras haberlo pasado tan mal. Apenas cinco años después de haber tenido que huir de su país por seguridad y de haber llegado a España con una solicitud de asilo de equipaje (y “una maleta de mano”), quién le iba a decir que obtendría una mención cum laude en su tesis doctoral, convirtiéndose en la primera estudiante de la Universidad de Sevilla con una ayuda al estudio para personas refugiadas en terminar el Doctorado. Durante su aún corta estancia en nuestro país, al margen de ese importante logro académico, le ha dado tiempo a echar una mano en los asentamientos de temporeros de Huelva y a hacerle a escondidas el papeleo para esa misma beca a otros que, como ella, solo querían seguir formándose y salir adelante. “¡Uno de ellos es jefe en un hospital en Francia!”, exclama. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.

Pero “nada es fácil”. Agradecida a la Hispalense por la oportunidad, la historia de Noris Jarleny Flores no responde al apellido 'de superación' de forma gratuita. Dejando atrás una tragedia familiar, en marzo de 2018 llegó a Madrid con un “qué va a ser de mi vida aquí” en su cabeza, confiesa a SevillaelDiario.es en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Había terminado Microbiología en Honduras, pero el cambio radical de situación personal conllevaba miedo a empezar a trabajar, recuerda. La homologación de los estudios era lo primero, pero para aquello aún faltaban dos años, en pleno confinamiento. Mientras, su petición de protección internacional la llevó a ser voluntaria de Cruz Roja en Hueva durante cinco meses de la mano de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y un programa de asilo y refugio.

Y en esas, encontró “esa beca”, esa convocatoria de Ayudas al Estudio para Personas Refugiadas puesta en marcha por la Universidad de Sevilla que recondujo su vida y que le permitió doctorarse. “He tenido mucha suerte”, se repite, con alabanzas a sus compañeros y a la gente que le ha ido ayudando en su camino. “Rodéate de personas que crean en tus sueños, animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti”, de Roy T. Bennet, es una de las citas con las que arranca su tesis. Esto es, eliminando sustancias tóxicas de su vida como ella hace 'biorremediando' el agua en las marismas del Odiel y del Piedras. La investigación llevada a su vida, otra vuelta de tuerca a su particular 'todo se transforma'.

“Una vida muy tranquila, sin miedo”

En aquel marzo de 2018 le esperaba una hermana y, con sus ahorros, iba tirando. Al tener conocimiento de la beca para personas refugiadas, pidió solamente la ayuda parcial, que le pagaba la matrícula, renunciando a los pagos mensuales de manutención. “Pensé que otros estudiantes tendrían más opciones de seguir con sus estudios”, dice sin pretensiones. La ayuda completa ya la tuvo que pedir al año siguiente porque esos pocos ahorros se fueron agotando. “Gracias a eso y al apoyo y recomendación de mis directores pude seguir con el Máster y luego el Doctorado”, señala.

Ella tuvo que “empezar de cero en un país desconocido”, pero tuvo la “suerte” de encontrar por el camino a “personas maravillosas”. No puede evitar emocionarse al echar la vista atrás, donde había dejado “mi vida”. Llevaba una vida normal, pero tuvieron que ir abandonando su país. “Nunca imaginé que me tendría que ir”, relata. Con la nacionalidad española desde hace solo unos meses, la penúltima de una docena de hermanos (el mismo número de horas que tardó su vuelo desde Honduras) echa de menos a sus padres, a quienes no ve desde hace cinco años. Su intención era venir, pero llegó la Covid primero y otras circunstancias personales después. “Quizás algún día se arregle todo y vuelva”, confiesa, aunque reconoce que en Sevilla lleva “una vida muy tranquila, sin miedo”.

Con esfuerzo y trabajo todo se puede conseguir. Las barreras nos las ponemos nosotros mismos. Hay que aprovechar las oportunidades que te da la vida

De Honduras recuerda cuando era adolescente cómo ayudaba a los niños que vivían en la calle. “Les dábamos de comer, les enseñábamos a leer. Eso me marcó la vida”. Siempre con la guía de sus padres, lamenta lo “cruel” que era la vida de aquellos pequeños compatriotas, pero se alegra “mucho” al haber sabido que “algunos de ellos pudieron estudiar”. “Mis padres me han enseñado a ayudar a las personas. Estoy segura de que eso tiene algo que ver con la suerte mía y de mis hermanos”, dice pese a todo lo pasado. “Hay que luchar por los sueños”, asegura, admitiendo en todo caso que supo moverse bien.

Deseo personal, deseo científico

Finalmente, el pasado 18 de mayo leyó su tesis. “Gracias a mis padres por estar orgullosos”, resume en los agradecimientos. Y ahí sigue, con un contrato con cargo a un proyecto de investigación en el departamento en el que la visitamos, rodeada de microscopios, balanzas, mezcladores y otros utensilios. Esperando a que salga una convocatoria para proseguir con sus estudios posdoctorales, Noris Jarneley, aunque sabe que “cada vez es más complicado seguir en la Universidad”.

Noris Jarnely no quiere dejar la oportunidad de expresar “un deseo personal y un deseo científico”, lanza al final de la conversación. “Me gustaría que se siguiera invirtiendo en este tipo de becas para refugiados para formarse”, reclama. Ella admite que quiere “servir de ejemplo” a otras personas migrantes, sabiendo que “al principio es difícil, pero no imposible”. “Con esfuerzo y trabajo todo se puede conseguir. Las barreras nos las ponemos nosotros mismos. Hay que aprovechar las oportunidades que te da la vida”.

A su deseo científico tampoco habría mucho más que añadir más allá que transcribir las notas: “Que se invierta más en ciencia e investigación, que se ofrezcan buenos contratos a los investigadores. Porque se pueden hacer muchas cosas y, muchas veces, los resultados se quedan en los artículos, en las publicaciones que se nos piden. ¡Hay que invertir para llevar a cabo todo el proceso!” (por ejemplo, “regenerar los suelos de las marismas”). “No investigamos para que se quede en un papel sino para ejecutarlo”, insiste.

De los deseos pasamos a los hechos, que no pueden estar más relacionados con la actualidad. Noris Jarnely habla a boca llena de que en su departamento han conseguido “resultados impresionantes” en el cultivo de la fresa “reduciendo la cantidad de agua”. Inoculando determinadas bacterias, las cosechas han crecido un 20% con menos riego, explica con detalle. “Se puede. Tenemos los resultados”, zanja.

De vuelta a lo personal, ella quiere “llevar una vida tranquila, feliz, y que le pase igual a otras personas que tienen que emigrar”. Martin Luther King también se presenta en el arranque de su tesis: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy, todavía plantaría un árbol”. Fue su 'dream', y también el de la primera estudiante de la Universidad de Sevilla con una ayuda al estudio para personas refugiadas en terminar el Doctorado.

Karem viste una camisa blanca de flores y no aleja la mirada de su bebé, Mía, de ocho meses. A ratos le da el pecho y juega con ella, mientras relata una historia que hasta el momento ha mantenido prácticamente en secreto. Quiere hablar, pero le cuesta. Karem tiene 32 años y es madre de dos niñas, Kaitlin, de cuatro años y la pequeña Mía, de ocho meses. La menor nació en Euskadi después de que su madre y su hermana mayor migraran desde Honduras. “Compré un boleto con el dinero que pude ahorrar y salí de ahí embarazada de cinco meses y con mi hija de tres años. Sabía que si me quedaba las tres estaríamos en peligro”, confiesa a este periódico. Es la única de las madres que atiende diariamente la asociación Nueva Vida que ha querido contar su historia. Su objetivo, ayudar a más mujeres que, al igual que ella, buscan salir adelante con un futuro incierto y dejando atrás un pasado que no deja de perseguirlas.

Karem llevaba años siendo amenazada por un exnovio que no aceptó que tras romper con él rehiciera su vida con otra persona. La maltrataba física y psicológicamente y, en un país en el que la mayoría de las denuncias por violencia de género caen en saco roto y cada 20 horas una mujer es asesinada, consiguió llevar su caso a los tribunales. “Siento decir que no sirvió de nada porque lo absolvieron. Las Justicia en mi país es corrupta y, según salió a la calle, me llevó junto con otros hombres a un río y me obligó a comerme la denuncia. No le deseo a nadie lo que yo pasé”, asegura con un brillo en los ojos mientras sostiene a Mía en brazos y no deja de jugar con ella. El bebé ríe sin parar mientras las palabras brotan de los labios de su madre, que pese a la crudeza del relato a ratos trata de cambiar el tono a uno más cálido cuando se da cuenta de que su hija no le quita la mirada.

Su exnovio le dio dos opciones al enterarse de que había rehecho su vida, había tenido una hija con otro hombre y, además, estaba embarazada de una segunda: huir del país o la muerte. No tenía otra opción, así que decidió marchar. Por su parte, el padre de las niñas accedió a firmar el permiso para que estas abandonaran el país y se desentendió por completo. “El padre de mis hijas tuvo varios intentos de maltratarme, pero después de todo lo que había pasado con mi anterior pareja no podía volver a pasar lo mismo. Se lo dejé claro y se fue. Jamás negaré a sus hijas la posibilidad de hablar con él, a veces lo llamo para contarle cómo estamos, pero no contesta”, reconoce.

No podía marcharme de mi país sin mis hijas porque merecen una vida mejor que la que yo he tenido

Tras las amenazas de su exnovio, Karem decidió comprar un billete de avión a España, donde su hermana llevaba años viviendo, y con su hija que por aquel entonces tenía tres años y embarazada de cinco meses llegó a Vitoria. Estuvo un tiempo viviendo allí, pero, cuando Mía nació, su hermana le confesó no poder mantenerla a ella y a sus dos hijas y le dijo que tenía que irse. “Fue algo muy duro porque me quedé en la calle con un bebé recién nacido y una niña pequeña. No sabía qué hacer”, recuerda. Acudió a informarse a varias asociaciones para salir de esa situación y, desde Zehar Errefuxatuekin le dieron la posibilidad poder quedarse en Bizkaia en un centro con otras familias refugiadas. “Allí estuvimos un mes y medio y mi hija la mayor pudo estar con otros niños. Se le veía tranquila y aunque todas las historias de las familias que allí estaban eran trágicas, los niños jugaban y jugaban entre ellos. La verdad es que son mis hijas las que me dieron la fuerza para salir de la pesadilla que estaban viviendo y para seguir día a día. Sabía que no podía marcharme sin ellas porque merecen una vida mejor que la que yo he tenido”, sostiene.

Tras solicitar asilo le otorgaron protección internacional debido al riesgo real de amenazas graves contra su vida y cuenta con permiso de residencia y de trabajo. Sin embargo, el cuidado de sus hijas le dificulta encontrar trabajo e incluso completar las 20 horas de formación que contempla el programa de refugio. En su caso, Karem superó todas las pruebas para realizar un curso de limpieza en Orduña, algo a lo que se dedicaba en su país de origen y que le gustaría seguir realizando, pero no pudo inscribirse porque no pudo acceder a la beca de comedor que le permitía compatibilizar la formación y el cuidado de sus hijas.

Actualmente, Karem vive con sus hijas en un apartamento que le facilitan desde la ONG Nueva Vida tras adquirir la protección internacional. Su hija mayor, Kaitlin va a la escuela, mientras ella realiza cursos y trata de buscar un trabajo compatible con el cuidado de las menores. “Está siendo muy difícil porque la pequeña es muy pequeña aún y, aunque puedo dejarla unas horas en una guardería, no encuentro un trabajo compatible con eso”, confiesa.

La rutina de Karem es la misma cada mañana. Se levanta y lleva en metro a Kaitlin al colegio mientras empuja a Mía que va en el carrito de bebé. La deja y, según el día, sale a buscar trabajo o sigue realizando cursos en la ONG Nueva Vida hasta la hora de comer, que tiene que volver a por la pequeña, ya que no dispone de una beca para el comedor. Por las tardes también acude a clases, pero reconoce que no se siente del todo segura cuando se separa de sus hijas. “Estudio y voy a buscar trabajo con mi bebé. Puede ser que sea por lo que he vivido, pero no me siento cómoda dejando a la pequeña aún, la mayor sé que está bien en el colegio, pero me cuesta tener confianza. Es algo que tendré que superar, poco a poco”, señala.

La joven sabe que lo peor ya ha pasado y que ya están a salvo. “Esto para mí es el paraíso, en la nueva casa Kaitlin tiene su propia habitación y, cuando la vio, no se creía que era toda entera para ella”, confiesa, con una sonrisa en los labios, aunque reconoce que le aterra pensar en el día en el que tenga que explicarle a sus pequeñas todo lo vivido. “Kaitlin ya está empezando a preguntar por su papá y no sé qué decirle cuando eso pasa. Lo menos quiero es que las hagan sufrir”, lamenta. Por el momento vive gracias a la ayuda que le dan las instituciones por tener la protección internacional, pero asegura que no descansará hasta encontrar trabajo. “En mi país trabajaba recolectando fruta y verdura, es un trabajo duro, pero a mí me encanta trabajar con la tierra y las manos. Quiero dedicarme a eso o a limpiar, que también se me da bien”, responde al preguntarle cuál sería su trabajo soñado.

Lo único que queremos es tener la vida que en nuestros países no nos dejan tener

La Karem es una de las 95.000 familias monomarentales que hay actualmente en Euskadi, las cuales en un 82,4% están encabezadas por mujeres. Con el objetivo de visibilizar situaciones como la suya, desde Nueva Vida han realizado la campaña '¿Imaginas no tener red de apoyo?', enfocada sobre todo a las personas que cuentan con protección internacional, migrantes o refugiados. “La conciliación familiar y laboral supone un verdadero obstáculo para un colectivo de mujeres que carece de opciones que les permitan compatibilizar sus obligaciones como madres y su necesidad de acceder a un empleo para garantizar su manutención y autonomía. A esto se le suma la ausencia de una red de apoyo para suplir, de algún modo, esa falta de flexibilidad laboral”, explica a este periódico Julio David García, gerente de la asociación que cuenta con sedes en Santander, Palma de Mallorca y Bilbao.

Durante el año 2022 se han gestionado un total de 4.086 solicitudes de asilo en Euskadi, una cifra que se sitúa cerca de las solicitudes tramitadas antes de la pandemia, según los últimos datos presentados por Zehar Errefuxatuekin. Hasta el 31 de mayo de este año han tramitado la protección internacional en Euskadi de 2.518 personas. La mayoría de las personas que han solicitado asilo en Euskadi en 2022, un total de 2.023, lo han hecho en Bizkaia, mientras que 1.044 personas han solicitado asilo en Álava y 1.019 en Gipuzkoa. Además, se ha concedido la protección temporal a 4.282 personas procedentes de Ucrania. “Lo único que queremos es tener la vida que en nuestros países no nos dejan tener”, lamenta Karem que lanza un mensaje a todas las mujeres que se encuentran en la misma situación en la que estaba ella: “Todas merecemos estar a salvo y ser felices, si os hacen daño, no aguantéis, salid de ahí como podáis, hay un mundo para vosotras y vuestras hijas fuera de ese infierno”, concluye.