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La hija de la activista Berta Cáceres, tras 8 años de su asesinato: “Es muy peligroso que este caso tarde tanto en cerrarse”

Bertha Zúniga Cáceres junto a una foto de su madre, Berta Cáceres.

Luciana Peker

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El sábado 2 de marzo se cumplieron ocho años del asesinato de Berta Cáceres, en 2016, en Honduras. El crimen evidencia la organización política, criminal y económica contra una luchadora por los derechos ambientales y de las mujeres. Berta era una lideresa del pueblo Lenca, protectora del río Gualcarque, a la que dispararon para silenciar su lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en Río Blanco.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) –que Berta presidió– convocó un acto, en La Esperanza, Intibucá, en el octavo aniversario de lo que denominan “la siembra de Berta Cáceres”. Como lema, utilizaron una emblemática frase de la activista asesinada: “¡Quiero que las autoridades entiendan que las exigencias de los pueblos indígenas no son caridad. Estamos pidiendo justicia por nuestros derechos!”. El encuentro dio lugar a un momento de espiritualidad, con una ofrenda en el cementerio donde descansa su cuerpo y un concierto en homenaje a su legado. 

Su familia pide justicia

A ocho años del femicidio, la familia y el COPINH exigen la confirmación de las penas que figuran en el expediente. En noviembre de 2018 la Justicia condenó a siete hombres por el asesinato de la activista. Sin embargo, todavía las sentencias no están ratificadas. Sus hijas Bertha Zúniga Cáceres, Laura Zúniga Cáceres, Olivia Zúnica Cáceres y Salvador Zúniga Cáceres piden justicia. “No podemos permitir que la Justicia se demore más. Exigimos a la Corte Suprema, presidida por la magistrada Rebeca Raquel, que confirme las ocho sentencias ya emitidas”, apunta Salvador.

Bertha Isabel Zúniga Cáceres es la coordinadora del COPINH y en conversación con elDiario.es remarca: “Invitamos a todas las personas del mundo a recordar el legado de mi madre”. Y advierte: “La justicia para Berta Cáceres está peligrando”. El caso es clave, ya que demuestra que la violencia machista se alía con trasnacionales, bancos y empresas para callar las voces de las defensoras de los derechos humanos que los confrontan. La organización reclama a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Honduras que actúe “de manera diligente y justa para poner fin a la prolongada espera”. Y alerta: “Las víctimas merecen justicia, verdad y reparación”. 

En la causa por el asesinato de Berta se condenó, el 5 de julio de 2021, a David Castillo, ex director ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), que está señalado como coautor del crimen. La empresa pertenecía a la familia Atala Zablah. La trama económica demuestra que este lobby tenía como modus operandi el uso de agentes militares y paramilitares para vigilar, infiltrar y violentar a la comunidad, además de utilizar la violencia de género extrema para quitarse de en medio a las mujeres que no aceptaban sus negocios.

“La violencia desarrollada por la empresa de la constructora del ilegal proyecto hidroeléctrico no hubiese sido posible sin el apoyo económico de los bancos que participaron. El COPINH tiene una demanda en Holanda para que se juzgue la responsabilidad en la financiación. También hay participación de fondos de Finlandia y de Centroamérica. Convirtieron al río en un producto de especulación financiera, en algunos casos, con mecanismos de lavado de activos que deben ser investigados”, señala Bertha Isabel Zúniga Cáceres.

La lucha de Berta

Berta era feminista y luchaba contra el patriarcado y la violencia dentro y fuera de las comunidades. Ella denunciaba el acoso sexual y peleaba por derechos sexuales y reproductivos. Pero su lucha era por un feminismo sin extractivismo. “No nos gusta el feminismo de élite, que está muy alejado de la lucha de las mujeres y de la lucha por el agua y los territorios”, contextualizó en una entrevista con Las/12. Para su hija, la lideresa es su “mami” y, también, un símbolo feminista. 

Berta decía, según recuerda su hija, que “el sistema más antiguo y complejo de dominación era el sistema patriarcal”. Por eso, luchó para elevar su participación política y condenó la violencia y el ultraje contra las mujeres que alzan la voz. “Yo la recuerdo muy graciosa, muy alegre, muy vital, moviéndose de un territorio a otro, tratando de colaborar, conectando diálogos, propiciando encuentros... por eso es una ausencia muy sentida para mí y para el movimiento social hondureño, que sufrió un proceso de debilitamiento. Ella llevaba su lucha con alegría y con esperanza”. 

El asesinato de Berta Cáceres se produjo durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, que gobernó desde el 27 de enero de 2014 hasta el 27 de enero de 2022. En esa fecha asumió la presidencia Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado el 28 de junio de 2009, en el primer golpe de una nueva ola de embates contra las elecciones populares en América Latina. “Dejemos atrás el pasado oscuro para renacer”, aclamó Xiomara. Pero el renacimiento todavía es una deuda. “El Gobierno tiene un gran desafío para demostrar su compromiso con la justicia para Berta y con las comunidades indígenas. Todavía hay que desmantelar los intereses privados que tienen las garras puestas en los territorios”, interpela Zúniga Cáceres.

En 2011 Berta viajó a Argentina para denunciar el origen del golpe militar en Honduras y subrayó: “¿Quiénes impulsaron el golpe de Estado? Las familias oligarcas ligadas al Opus Dei y a la élite religiosa”. Su hija analiza el cambio político actual. “La realidad ha cambiado, no tiene nada que ver con el Gobierno de Hernández. El COPINH tiene un canal de interlocución con el Estado, pero los problemas estructurales no logran ser abordados por el Gobierno, como el desmantelamiento del modelo de concesiones que se dio tras el golpe de Estado y que amenaza a las comunidades indígenas con inversiones corruptas, ilegales e irrespetuosas”.

El COPINH, fundado en 1993, hace más de tres décadas, denuncia que ocho bancos –europeos, hondureños e internacionales, como el Banco Mundial– destinaron fondos para la cuestionada represa, a pesar de que había sido calificada como ilegal por Berta Cáceres, y de que esos fondos pudieron usarse para conformar la banda de sicarios que la asesinó. Un ejemplo es que una entidad financiera, propiedad de Jacobo Atala Zablah, ofreció pagar una fianza de cuatro millones de lempiras (aproximadamente 150.000 euros) al Estado de Honduras para mantener a David Castillo en libertad durante el transcurso del proceso penal.

En 2018 un fallo responsabilizó a siete hombres, entre ellos, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, acusado de identificar a Berta como un objetivo a eliminar para terminar con la oposición al proyecto de la represa e infiltrar y generar violencia comunitaria en Río Blanco. Por su parte, Douglas Geovanny Bustillo fue jefe de seguridad de DESA. En el COPINH indican que, entre 2015 y 2016, junto a militares y paramilitares hondureños, siguió a Berta, se infiltró en la organización y preparó su asesinato. 

Los empresarios se conjugaron con un grupo de sicarios coordinados por Mariano Díaz Chávez. El cabecilla del grupo que cometió el feminicidio fue Elvin Heriberto Rápalo Orellana, que era miembro del Ejército hondureño. Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Atilio Duarte Meza y Oscar Aroldo Torres Velásquez integraban el grupo de gatilleros. También fue imputado por el crimen Sergio Ramón Rodríguez Orellana. Sin embargo, todas las condenas están recusadas en casación por las respectivas defensas, que alegan errores de derecho en el proceso. Por eso, el COPINH alerta: “La justicia para Berta está en peligro”.

En la noche previa al aniversario de la muerte de Berta, el 1 de marzo, se exhibió el documental 'La ilusión de la abundancia', que se va a estrenar en Honduras en marzo, y que denuncia las represiones, amenazas y agresiones que sufre el pueblo lenca por oponerse a proyectos extractivistas. El film, que está codirigido por Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert, ya fue seleccionado en más de cien festivales desde su lanzamiento, en el Parlamento Europeo, en octubre de 2022. “La ilusión de la abundancia” ganó veintiséis premios como el mejor documental One World (Praga, República Checa), Innsbruck Film Fest (Austria), Double Exposure (Washington, Estados Unidos), Miradas Medellín (Colombia), Censurados (Perú), Séptimo Ojo (Bolivia) y DOCA (Buenos Aires, Argentina).

“Berta Cáceres, mi mamá, representaba una lucha efectiva en los territorios del pueblo lenca en contra del interés empresarial. Vemos las relaciones entre el norte y el sur y parece que nosotros debemos pagar por el consumismo brutal de otros países y asumir las consecuencias de la crisis climática a la que nos ha llevado esa explotación económica”, enmarca en la película Bertha Zúniga Cáceres. 

El documental expone su mirada y la de Carolina de Moura, de Brasil, y Máxima Acuña, de Perú, que lideran una lucha contra los que definen como “conquistadores modernos”, que son grandes empresas extractivistas. “Con las historias de nuestras protagonistas queremos por una parte evidenciar hasta dónde es capaz de llegar la irresponsabilidad y criminalidad de las corporaciones y la necesidad de protección efectiva que necesitan las personas defensoras ambientales”, afirman los directores.

El caso de Berta expone una situación que no es excepcional, sino un modus operandi, de extractivismo a punta de gatillo y efectos dictatoriales. En la última década, al menos, 136 personas defensoras de la tierra fueron asesinadas en Honduras, según datos de Global Witness. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras registró 310 agresiones contra ellas, solo entre diciembre de 2023 y enero de 2024. La impunidad arrastra más violencia.

“Ya ha pasado demasiado tiempo”, lamenta su hija sobre la tardanza del fallo definitivo. Y resalta: “Es una situación muy irregular que no se emitan las sentencias. Ya pasaron cinco años desde la primera parte del juicio. Es muy peligroso que un caso tan emblemático esté tardando tanto, por eso exigimos que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y cierre este proceso de una vez por todas”.

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