Los ultraderechistas condenados por el asalto a la librería Blanquerna en 2013 tendrán que entrar en prisión. La Audiencia Provincial de Madrid ha puesto en marcha los plazos para que elijan la cárcel en la que quieren cumplir sus condenas después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado sus últimos recursos. Entre los condenados hay líderes de partidos ultraderechistas como Manuel Andrino, jefe nacional de Falange Española, o Pedro Chaparro, líder de Democracia Nacional. Uno de los condenados está en paradero desconocido.

Los diez fueron condenados por coordinar un asalto violento a la librería Blanquerna el 11 de septiembre de 2013 en Madrid, donde diversas autoridades celebraban la Diada de Cataluña. Entraron con gritos de “No nos engañan, Cataluña es España”, patearon y rompieron una cristalera, tiraron cosas al suelo y empujaron a varios asistentes. Entre los asistentes estaba el entonces diputado Josep Lluís Sánchez Llibre y también fue agredido un cámara de televisión. Los ultras habían acordado el asalto previamente en diversos canales de comunicación, tal y como declaró probado el Tribunal Supremo.

A nivel judicial el caso ha dado muchas vueltas antes de terminar con la entrada en prisión de los culpables. En un primer momento la Audiencia de Madrid les condenó a penas inferiores a un año de prisión pero en 2017 el Tribunal Supremo elevó las penas por encima de los cuatro años en alguno de los casos. El Constitucional ordenó retirar la circunstancia agravante de discriminación ideológica y finalmente en 2020 el Supremo dejó las condenas firmes en más de dos años y medio.

Esta segunda condena firme tampoco implicó su ingreso inmediato en prisión para cumplir condena y los jueces han tenido que esperar a que el Tribunal Constitucional rechazase sus recursos. Los diez condenados tendrán que ir a la Audiencia de Madrid los días 25 y 29 de noviembre para recoger personalmente su mandato de ingreso voluntario, y tendrán diez días a partir de entonces para escoger una cárcel. Dos de ellos, además, han pedido un indulto y están a la espera de respuesta.

El asalto a la librería Blanquerna, las posteriores detenciones y la causa judicial que ahora concluye supusieron un revulsivo para estos partidos ultraderechistas y sus líderes. Seis de ellos se presentaron pocos meses después a las elecciones europeas bajo la marca 'La España en Marcha', que aglutinó en varias convocatorias a La Falange, Movimiento Católico Español y Alianza Nacional. Para cuando perpetraron el asalto a la librería Blanquerna, varios de ellos ya tenían antecedentes penales: Andrino, por ejemplo, había sido condenado por estafar a una anciana e Iñigo Pérez de Herrasti - cuñado del exministro Iñigo Méndez de Vigo y primo del exministro Pedro Morenés - por intentar un atentado contra familiares de presos de etarras.

Varios de ellos han tenido también encontronazos con la Justicia después de pasar por el banquillo por el asalto a Blanquerna. Andrino fue absuelto - una decisión recurrida por la Fiscalía - después de llamar a “matar por España” para hacer frente al procés soberanista catalán. Chaparro, por su parte, también fue condenado por incitar al odio contra el fotoperiodista Jordi Borràs.

Los plazos puestos en marcha por la Audiencia Provincial de Madrid implican que los condenados pasarán las próximas fiestas entre rejas. Uno de ellos, que estuvo en búsqueda y captura, ya fue arrestado y cumple condena en el Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid mientras que otro “aún se encuentra en paradero desconocido”.

El Tribunal Supremo ha condenado a penas de más de dos años de cárcel a los 14 acusados del asalto al centro cultural Blanquerna de Madrid en la Diada de 2013, después de que el Constitucional le ordenase dictar una nueva sentencia por la aplicación indebida de una circunstancia agravante. La Audiencia Provincial de Madrid impuso a los responsables del asalto penas que oscilaban entre los seis y ocho meses de prisión por desórdenes públicos y una multa por daños con la atenuante de reparación, si bien el Supremo anuló parcialmente el fallo en 2017 y elevó las condenas hasta los cuatro años de cárcel.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional instó al Supremo a dictar una nueva sentencia al considerar que la anterior, en la que aplicó la agravante de motivos de discriminación ideológica, vulneró sus derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. Así lo ha hecho la Sala de lo Penal del Supremo, que ha vuelto a condenar a los acusados, en este caso a penas de 2 años y 7 meses a doce de ellos; 2 años y 8 meses a Jesús Fernando Fernández por encabezar la acción, y a un mes más a Juan Luis López por haber tenido un papel protagonista en los hechos, según informa el tribunal. La nueva sentencia no aprecia la agravante de discriminación por razones ideológicas, aplicando la doctrina del Tribunal Constitucional en su sentencia de enero sobre los límites de revisión de sentencias absolutorias.

En su nueva sentencia, fechada el pasado 9 de julio, los magistrados consideran que “el acto de reventar una reunión política constituye delito de desórdenes públicos en concurso con un delito contra el derecho de reunión” y no aprecia la atenuante de reparación del daño. Estima de este modo parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la Generalitat de Catalunya e impone también a los acusados la pena de inhabilitación durante el tiempo de la condena.

Los magistrados mantienen las multas que impuso la Audiencia de Madrid en relación al delito de daños dado que el TC dejó sin efecto la agravación que aplicó el Supremo y los efectos del pronunciamiento del Constitucional deben extenderse a todos los condenados, con independencia de que recurrieran o no. El asalto tuvo lugar el 11 de septiembre, día de la Diada, de 2013, en el centro cultural de Blanquerna cuando los acusados, con la finalidad de “impedir su celebración”, accedieron “en tropel”, rompiendo la puerta automática de cristal bajo la consigna “no nos engañan Catalunya es España”, según los hechos probados de la sentencia.

Al acto, contra el que afiliados y simpatizantes de formaciones políticas como “Democracia Nacional, Falange, Nudo Patriota Español y Alianza Nacional” convocaron una protesta, asistió el entonces delegado de la Generalitat en Madrid Josep María Bosch, sin que haya quedado acreditado que los asaltantes conociesen su identidad. Recoge también la sentencia que algún acusado insultó y amenazó de muerte a algunos de los asistentes al acto, donde también se produjo alguna agresión y uno de los asaltantes, que no se ha podido identificar, arrojó una sustancia irritante al público.

El Tribunal Supremo tendrá que dictar una nueva sentencia contra los catorce miembros de grupos ultraderechistas a los que condenó a penas de entre tres y cuatro años de cárcel por el asalto al centro cultural Blanquerna de Madrid en la Diada de 2013. Así lo ha acordado este martes por unanimidad el pleno del Tribunal Constitucional, que declara vulnerados los derechos a un proceso con toda las garantías y a la presunción de inocencia por la aplicación por parte del Alto Tribunal de la agravante de obrar por motivos de discriminación ideológica.

El Supremo se basó en la aplicación de esa agravante para elevar la condena de la Audiencia Provincial de Madrid. El Alto Tribunal les impuso penas que oscilan entre tres años y once meses y cuatro años y dos meses de cárcel frente a los entre los seis y ocho meses de prisión por el delito de desórdenes públicos y de multa por el delito de daños a los que les había condenado el tribunal inferior. El Supremo entendió que la conducta de los atacantes debía ser castigada con años de cárcel porque entrañaba intolerancia hacia la ideología catalanista.

Por otro lado, el Constitucional inadmite otros extremos de su recurso relativos a supuestas vulneraciones del derecho a la libertad ideológica y a la libertad de expresión que habían alegado los condenados en sus recursos. El tribunal de garantías ha adelantado este martes únicamente la parte dispositiva de la sentencia, no el texto completo.

En noviembre de 2017, la Sala Segunda del Constitucional suspendió de forma cautelar el ingreso en prisión de los condenados por este asalto a la espera del dictamen de la sentencia final sobre los seis recursos de amparo que se ha conocido este martes.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar el ingreso en prisión de los condenados por asaltar en 2013 el centro cultural Blanquerna, a la espera del dictamen de la sentencia final sobre los seis recursos de amparo, que “será dictada a la mayor brevedad posible”.

Los magistrados esgrimen, en los autos en los que dictan las medidas cautelares y a los que ha tenido acceso Europa Press, que “de conformidad con el informe favorable del Ministerio Fiscal” han acordado suspender la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas a todos los condenados, “teniendo en cuenta el criterio establecido en pronunciamientos anteriores de este Tribunal en relación con la penas de duración inferior a cinco años”.

La Sala, que aún no ha entrado a valorar la cuestión de fondo de los recursos, ha dictado la suspensión de la entrada en prisión “a los meros efectos cautelares de asegurar la efectividad de la sentencia final, que será dictada a la mayor brevedad posible”.

Esta decisión se une a la tomada ayer por la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, que acordó también dejar sin efecto la fecha de ingreso en prisión a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

La defensa de dos de los acusados que ejerce el despacho de Miguel Durán (Durán Abogados) formuló hace unos meses recurso de amparo, en nombre de dos de las 14 personas que fueron condenadas en el caso 'Blanquerna' a unas penas que suman casi cuatro años de cárcel.

Dicho recurso de amparo, al igual que el de las defensas de algunos de los condenados, ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, que resolverá en breve sobre la suspensión de la ejecución de las penas durante la tramitación del recurso de amparo.

Recurso de las defensas

En su recurso, la defensa considera que se habría infringido gravemente por parte del Tribunal Supremo el principio acusatorio y, en concreto, el derecho de toda persona a no ser condenada por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse.

La segunda de las quejas de amparo también se funda en la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva consagrados en los apartados primero y segundo del artículo 24 de la Constitución Española, así como del derecho reconocido en el artículo 6.1 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.

Concretamente, se considera que el Tribunal Supremo, en este caso, al resolver el recurso de casación no debería haber realizado nueva valoración de los hechos para condenar sin, por lo menos, haber oído el Tribunal a los acusados.

Las condenas

A los acusados se les condenó por un delito de desórdenes públicos en concurso ideal con el de impedimento del derecho de reunión a la pena de 2 años y 10 meses de prisión, con la concurrencia de la agravante de obrar por motivos de discriminación ideológica, a quienes, en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, se les impuso por este hecho 6 meses de prisión.

Además se les penó también por un delito de daños ocasionados en bienes de propiedad pública 1 año y un mes de prisión y multa de quince meses al concurrir según el Tribunal Supremo la agravante de actuar por motivos ideológicos discriminatorios y la atenuante de reparación del daño.

La sentencia del Supremo estimó el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y algunos de los motivos planteados por la Generalitat de Cataluña y por su delegado del Gobierno, Josep María Boch Bessa, y anuló parcialmente el fallo de la Audiencia Provincial que impuso a los 14 condenados penas que oscilaban entre los seis y ocho meses de prisión por el delito de desórdenes públicos y de multa por el delito de daños con la atenuante de reparación del mismo.

El alto tribunal aceptó como elementos que agravaban el delito “la intolerancia hacia la ideología catalanista de los convocantes del acto, hasta el punto de llegar a impedirlos”, en referencia al grupo de ultras que irrumpió en septiembre de 2013 en la sala donde se desarrollaba el acto de celebración de la Diada portando banderas españolas y gritando consignas como 'Cataluña es España'.

El alto tribual suprimió además la atenuante de reparación del daño en el delito de desórdenes públicos que había aplicado la sentencia recurrida. En este sentido, su sentencia afirmaba que ni en los hechos probados ni en los fundamentos jurídicos existe dato alguno que permita extender esta atenuante de reparación de daños a dicho delito, ya que el mero hecho de una consignación de una cantidad para cubrir de forma genérica el importe de los daños causados, como hicieron los condenados, en nada afecta al delito de desórdenes públicos.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid exponía que todos los acusados indemnizarían conjunta y solidariamente a la Generalitat de Catalunya con 1.372,14 euros y al exdelegado de la Generalitat en Madrid Josep Maria Bosch en la cantidad de 94,2 euros. Tanto este como el entonces diputado nacional por CiU Josep Sánchez Llibre fueron golpeados por los asaltantes.

Los cuatro miembros de La Falange condenados junto a otras 10 personas por asaltar en la Diada de 2013 el centro cultural Blanquerna, que deberían entran prisión este miércoles, lo harán dentro de 15 días, ya que han recibido una notificación de la concesión de un aplazamiento de dos semanas para entrar en la cárcel, ha informado el partido en su web.

Entre esos cuatro ultras se encuentra su presidente, Manuel Andrino, quien recogió su citación de prisión el pasado 27 de septiembre en la Audiencia Provincial de Madrid. 

“Mientras que a los que patriotas que defendemos la unidad de España y siglos en común de Historia nos ha mandado a prisión, a los que pretenden separarnos, a los que quieren separar a unos españoles de otros seguir ocupando públicos y desafiando al Estado con total impunidad, sin que la Justicia actúe contra ellos”, dijo Andrino al recoger su citación.

Los cuatro falangistas acudieron a la Audiencia Provincial a recoger sus citaciones de prisión acompañados por medio centenar de compañeros y amigos con banderas de España y pancartas. Enfrente de la Audiencia y vigilados por policías nacionales, corearon gritos como “Puigdemont, a prisión”, “España uno, no 51”, “No nos engañan, Cataluña es España”, “Unidad nacional”, “Separatistas, ilegalización” o “Rajoy, traidor, defiende la Nación”.

Estas citaciones de entrada en prisión se produjeron después de que el Tribunal Supremo modificara en enero las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que se podía aplicar el agravante de obrar por motivos de discriminación ideológica.

Tras la subida, las condenas pasaron de una horquilla de entre los seis y ocho meses de prisión por el delito de desórdenes públicos hasta las penas actuales, que oscilan entre tres años y once meses y cuatro años y dos meses.

El grupo de ultras irrumpió en septiembre de 2013 en la sala donde se desarrollaba el acto de celebración de la Diada portando banderas españolas y gritando consignas como 'Cataluña es España'. Miembros de este grupo causaron desperfectos en la puerta de cristal del local, increparon a Josep María Bosch y atacaron al entonces diputado de CiU Josep Sánchez Llibre.

El juzgado de lo penal 26 de Barcelona ha condenado al vicepresidente del partido fascista Democracia Nacional, Pedro Chaparro, a un año de cárcel y a una multa de 1.800 euros por un delito contra el ejercicio de libertades fundamentales por incitar al odio contra el fotoperiodista Jordi Borràs, que tuvo que abandonar la manifestación del partido ultra en 2015 en Barcelona que cubría como informador.

No obstante, la jueza ha absuelto tanto a Chaparro, pendiente de entrar en prisión por el asalto a la librería Blanquerna en 2013, como al responsable del servicio de orden en las manifestaciones del partido neonazi, Jorge Del Valle, de los delitos de coacciones y amenazas de los que estaban acusados. A Chaparro la magistrada también le prohíbe acercarse a menos de 1.000 del fotógrafo y asistir a manifestaciones ultras en Catalunya.

Ante las versiones contradictorias que neonazis y fotoperiodista mostraron durante el juicio, la magistrada concluye que no existen pruebas suficientes para condenar a ambos ultras por el delito de coacciones y de amenazas del que estaban acusados por la Fiscalía y Borràs.

El fallo considera probado que en los parlamentos que se realizaron después de la marcha el vicepresidente de Democracia Nacional se refirió en estos términos al fotoperiodista: “Hemos visto por aquí esa rata, Jordi Borràs. Os pido en todos que miréis a vuestro lado, y si está, le dais una capón, no muy violento, no sea que os vayan a detener, pero una buena hostia y que se vaya”.

La jueza resalta que el acusado reconoció durante el juicio que estas palabras fueron “desafortunadas”, pero que esta pseudisculpa no es un atenuante para considerarlas una incitación al odio y a la discriminación contra el fotoperiodista.

Por contra, la sentencia destaca que no ha quedado suficientemente probado que Chaparro jaleara a los asistentes a la manifestación ultra al grito de “ahí está el hijo de puta de Jordi Borràs”, como tampoco considera acreditado que Del Valle se aproximara al fotoperiodista “en actitud desafiante con peligro para su integridad física”. No obstante, el fallo sí recoge que el fotoperiodista tuvo que abandonar la manifestación.

El fiscal y la acusación particular que ejerce Borràs, representado por la abogada Eva Labarta, reclamaban las mismas penas para Chaparro: cinco años de prisión –tres por el delito de coacciones y dos por el delito relativo al ejercicio de libertadas fundamentales–, así como una multa de 3.240 y la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de Borràs y comunicarse con él durante 5 años.

Respecto a Del Valle, las acusaciones pedían condenar al ultra a tres años de prisión por un delito de coacciones, y la misma prohibición que a Chaparro de acercarse a Borràs, asistir a manifestaciones ultras y a dar clases o entrenar a menores. A ambos neonazis las acusaciones les reclamaban una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

Manuel Andrino, líder nacional de La Falange, entrará en prisión por los incidentes ocurridos en la librería Blanquerna de Madrid durante la Diada de 2013. La Justicia ha ordenado la entrada en prisión del líder de ultraderechista, y otros condenados, a los que les da cinco días para entrar voluntariamente, ha adelantado la Cadena Ser. Si no acuden por su cuenta, se emitirá una orden de búsqueda y captura.

Andrino estuvo este martes en la concentración en la Puerta del Sol convocada por para 'madrileños por el derecho a decidir“. Un pequeño grupo de personas contrapogramaron para ir en contra de los que protestaban por las detenciones de alcaldes en Catalunya. La Policía aisló a este pequeño grupo que portaba una bandera de Falange y algunas banderas por ”la unidad de España“. Los agentes crearon un cordón alrededor de ellos, al otro lado de la acera, y no permitía el paso de los manifestantes. Gritaban ”Cataluña es España“ o ”separatistas terroristas“.

El Tribunal Supremo elevó las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Madrid a catorce ultras que asaltaron el centro Cultural de Blanquerna de Madrid, perteneciente a la Generalitat de Catalunya, durante la celebración de la Diada de 2013 al aplicar la agravante de obrar por motivos de discriminación ideológica. Les impone penas que oscilan entre tres años y once meses y cuatro años y dos meses.

La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y algunos de los motivos planteados por la Generalitat de Cataluña y por su delegado del Gobierno, Josep María Boch Bessa, y anula parcialmente el fallo de la Audiencia Provincial que impuso a los 14 condenados penas que oscilaban entre los seis y ocho meses de prisión por el delito de desórdenes públicos y de multa por el delito de daños con la atenuante de reparación del mismo.

Las amenazas y las llamadas a la violencia para frenar la independencia de Catalunya son parte habitual de la manifestación que cada 12 de octubre celebran en Barcelona los grupos neonazis y de extrema derecha. En concreto, en la de 2013, se pudieron escuchar gritos como “Artur Mas, cámara de gas” o discursos en los que se aseguraba que “no habrá secesión de Catalunya si no es a base de mucha sangre”. Ahora la Fiscalía pide tres años de cárcel para dos de los jefes de filas neonazis que pronunciaron estos discursos de odio, Manuel Andrino –líder de la Falange y uno de los condenados por el asalto a Blanquerna– y Pedro Pablo Peña –líder de Alianza Nacional.

En concreto, el fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, considera que las amenazas lanzadas desde la manifestación y las palabras que los dos neonazis dijeron en sus discursos y en declaraciones a la televisión son constitutivas de un delito cometido con ocasión del ejercicio de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Además de la pena de cárcel, solicita para ambos una multa de 3.600 euros.

El fiscal asegura que los dos acusados actuaron “guiados por su animadversión y su densa hostilidad” contra las personas independentistas y que incitaron a realizar “actos violentos” a los asistentes a la manifestación y a los espectadores de los medios de comunicación que cubrían la marcha.

Peña, con antecedentes por una condena por tenencia de explosivos en 2006, llamó durante su discurso a la “lucha nacional” contra la independencia y aseguró que Catalunya no se iría de España si no era “a base de mucha sangre”. “Ya conocemos cual es el camino, el camino a lo mejor es la violencia”, remachó. Y posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, apostó por dar “una respuesta armada” a la independencia.

Por su lado, Andrino se dirigió a la manifestación en estos términos: “Que no lo duden, estamos dispuestos a morir, pero también a matar por España, faltaría más”. Y añadió: “Estamos dispuestos a dar hasta la última gota de nuestra sangre en la defensa de la sagrada unidad de España. Que no lo duden, estamos dispuestos a morir, pero también a matar por España, faltaría más”.

Uns seixanta neonazis s'han concentrat aquest dissabte a Barcelona per protestar contra la condemna de presó als catorze assaltants de la llibreria Blanquerna. Els ultres s'han reunit davant de l'Arc de Triomf de la capital catalana i han cridat consignes a favor dels condemnats –“Glòria eterna als de Blanquerna”– i en contra de la independència –“No ens enganyen Catalunya és Espanya”; “Catalanitat és hispanitat”.

La concentració havia estat convocada per diferents organitzacions d'extrema dreta, com Democràcia Nacional, i alguns dels assistents portaven banderes de la Falange. Entre les persones que han acudit a l'acte a Barcelona hi havia un dels condemnats pel Tribunal Suprem, Sergio Reguillón. A la mateixa hora que la concentració de Barcelona hi havia convocada una manifestació a la Puerta del Sol de Madrid.

El Tribunal Suprem va elevar les penes imposades per l'Audiència de Madrid als assaltants del centre cultural Blanquern“ durant la celebració de la Diada del 2013 i va imposar condemnes properes als quatre anys, en haver aplicat l'agreujant de motius de discriminació ideològica.

La sentència de l'Alt Tribunal va contemplar que l'actuació dels atacants, als qui l'Audiència de Madrid havia castigat amb penes que no implicaven l'ingrés a la presó, ha de ser castigada amb anys de presó perquè comportava intolerància cap a la ideologia catalanista.

El Suprem va imposar pel delicte de desordres públics en concurs amb el d'impediment del dret de reunió la pena de 2 anys i 10 mesos de presó, amb la concurrència de l'esmentada agreujant (article 22.4 del Codi Penal), a tots els acusats a qui l'Audiència Provincial de Madrid va imposar 6 mesos de presó.

L'Alt Tribunal va concloure que a la vista dels contundents arguments del fiscal, secundats per les acusacions (la Generalitat de Catalunya i Josep Maria Bosch Bessa), calia assumir que “el propòsit comú dels assaltants” era d'intolerància “amb un acte de celebració del dia de Catalunya, commemoració existent en totes les comunitats autònomes espanyoles”.

Unos sesenta neonazis se han concentrado este sábado en Barcelona para protestar contra la condena de prisión a los catorce asaltantes de la librería Blanquerna. Los ultras se han reunido frente al Arco del Triunfo de la capital catalana y han gritado consignas a favor de los condenados –“Gloria eterna a los de Blanquerna”– y en contra de la independencia –“No nos engañan Catalunya es España”; “catalanidad es hispanidad”.

La concentración había sido convocada por distintas organizaciones de extrema derecha, como Democracia Nacional, y algunos de los asistentes llevaban banderas de la Falange. Entre las personas que han acudido al acto en Barcelona estaba uno de los condenados por el Tribunal Supremo, Sergio Reguillón. A la misma hora que la concentración de Barcelona estaba convocada una manifestación en la puerta del Sol de Madrid.

El Tribunal Supremo elevó las penas impuestas por la Audiencia de Madrid a los asaltantes del centro cultural “Blanquerna” durante la celebración de la Diada de 2013 e impuso condenas cercanas a los cuatro años, al haber aplicado la agravante de motivos de discriminación ideológica.

La sentencia del Alto Tribunal contempló que la actuación de los atacantes, a quienes la Audiencia de Madrid había castigado con penas que no implicaban el ingreso en prisión, debe ser castigada con años de cárcel porque entrañaba intolerancia hacia la ideología catalanista.

El Supremo impuso por el delito de desórdenes públicos en concurso con el de impedimento del derecho de reunión la pena de 2 años y 10 meses de prisión, con la concurrencia de la citada agravante (artículo 22.4 del Código Penal), a todos los acusados a quienes la Audiencia Provincial de Madrid impuso 6 meses de prisión.

El Alto Tribunal concluyó que a la vista de los contundentes argumentos del Fiscal, secundados por las acusaciones (la Generalitat de Catalunya y Josep María Bosch Bessa), había que asumir que “el propósito común de los asaltantes” era de intolerancia “con un acto de celebración del día de Catalunya, conmemoración existente en todas las comunidades autónomas españolas”.

Una protesta espontánea, individual, de patriotas indignados con el desafío separatista y totalmente pacífica. Así han descrito ocho acusados el asalto al centro cultural Blanquerna que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2013, y por el que se sientan en el banquillo desde este lunes junto a otras siete personas que declararán mañana. En esa línea, el secretario nacional de comunicación de La Falange, Sergio Reguilón, declaró al tribunal que los hechos por los que se les acusa consistieron en “lo que popularmente se conoce como un escrache”.

Los quince acusados se enfrentan a penas que alcanzan hasta los 4 años y dos meses en el escrito de la Fiscalía y que crecen hasta los 16 años y 9 meses que pide para uno de los acusados la Generalitat. Mientras el Ministerio Público pide para la mayoría una condena por desórdenes públicos y un delito de daños, el resto de acusaciones suman los delitos de amenazas, contra la autoridad, coacciones, injurias y ultraje a la bandera de Cataluña.

Para evitar esa condena, las preguntas de los abogados de las defensas y las respuestas de sus mandantes estuvieron destinadas a negar cualquier tipo de orquestación, si bien todos defendieron la ideología que profesan y enmarcaron en la misma su actuación de aquel día.

Entre los acusados están los líderes de cuatro de las cinco organizaciones que poco antes del asalto habían formado La España en Marcha, una coalición de partidos ultras con la mirada puesta en las elecciones europeas del año siguiente que se dio a conocer con el asalto a Blanquerna durante la celebración de la Diada.

El primero en declarar fue el dirigente de Democracia Nacional Pedro Pablo Chaparro. Como la mayoría, aseguró que se se enteró del acto y la protesta por las redes sociales. Y allí se acercó con su novia, la también acusada Paula Mijares. “No fuimos con conciencia de delinquir sino por el amor a España”, declaró Chaparro ante el tribunal. Lo mismo hizo Reguilón. El dirigente de La Falange aseguró que se acercó “a título personal”. “Mi condición de patriota me obligaba a estar allí (...) Era una acto de exaltación independentista”, añadió.

Chaparro es el ultra que arrebata el micro a Josep Bosch, el entonces delegado de la Generalitat en Madrid. Iba a declarar en primer lugar su novia, pero ambos pidieron que lo hiciera antes él. “Mi novia, la pobre, me siguió”, afirmó el acusado. “Condeno todo tipo de violencia”, añadió durante su declaración. También negó que hubiera esgrimido la condición de inspector de Policía de su padre ante los agentes que le detuvieron y apeló a la Constitución para hablar de la unidad de España.

Su pareja admitió militar en Democracia Nacional. Por una parte, afirmó que acudió contra la celebración de un acto separatista porque la mueve “el amor a España”, aunque insistió en más ocasiones en el carácter dependiente de su novio. “Donde va Pedro, voy yo”, afirmó. “¿Va siempre detrás de Pedro?”, le preguntó su abogado. Y ella contestó: “Pues sí, para eso es el hombre de mi vida”. “¿Cómo es Pedro?, ”Muy noble, justo, de temperamento impulsivo y cuando se ataca la unidad de España, su conciencia grita“, respondió.

Chaparro y otros acusados coincidieron en que si la “protesta” duró solo un minuto y medio fue porque los invitados, entre ellos un buen número de autoridades del Estado, “se estaban poniendo un poco violentos”. Juan Luis López García es el hombre que increpa a Bosch muy cerca de su rostro. “Me encaré con él y él conmigo. De hombre a hombre, pero no le empujé”, relató. Según el acusado, lo único que le dijo al delegado de la Generalitat es “aquí no se viene a joder”.

A la pregunta de si hubo una consigna para entrar justo cuando iba a arrancar el acto, López García respondió: “Sólo la providencia quiso que entráramos en el momento justo”. Al interrogar un abogado por la actuación de otros acusados, contestó: “Soy un hombre y no un delator”.

Los ocho acusados que declararon este lunes se repartieron entre los que desconocían quién era Josep Sánchez Llibre, el exdiputado de CiU agredido, y que en la sala había magistrados del Tribunal Supremo, embajadores extranjeros y otras autoridades; y los que afirmaron saber quién es Sánchez Llibre, pero añadieron que no le vieron en momento alguno del asalto.

También declaró Iñigo Pérez de Herrasti, condenado en 2000 por tenencia de armas y explosivos con los que pretendía atentar contra un autobús de familiares de ETA. Dijo que acudió solo a la protesta y que de la misma forma se marchó del lugar. Su abogado es Pedro Pablo Peña, condenado en la misma causa, y que dos semanas después del asalto a Blanquerna dijo a Cuatro: “No se va a escindir ningún territorio de España sin que haya sangre”.

Al ser preguntado por su militancia, uno de los acusados, Javier Marcos, aseguró que ha estado afiliado a varias formaciones, incluida Izquierda Unida. El fiscal modificó su escrito de acusación al inicio de la vista porque, según alegó, el Código Penal que ha entrado en vigor aumenta las penas -5 años y medio la máxima que solicita por los 4 años y 2 meses de antes-. Este martes se reanudarán los interrogatorios, con la declaración de los siete acusados restantes.

El tribunal que juzga desde este lunes a 15 ultraderechistas por el ataque a Blanquerna examinará dos vídeos que pueden ser determinantes para la sentencia. Uno de ellos fue difundido el mismo 11 de septiembre de 2013 por la TV3. El otro no había trascendido hasta ahora. Fue obtenido por las cámaras de seguridad del centro cultural y en él se puede observar la magnitud de la agresión al entonces diputado de CiU Josep Sánchez Llibre y cómo este tiene un arrebato de responder a la agresión del ultra con un soporte metálico, pero es sujetado por otros asistentes al acto.

El grupo de quince asaltantes entró en la sala cuando el delegado de la Generalitat en Madrid, Josep Bosch, se disponía a abrir el acto de celebración de la Diada. A empujones y patadas, los ultras se abrieron paso hasta el escenario, donde derribaron la bandera catalana, exhibieron banderas y gritaron consignas como “No nos engañan, Cataluña es España”.

Después de encararse con distintas autoridades, se marcharon, prosiguiendo con los gritos y extendiendo un gas pimienta que provocó irritación en la garganta y los ojos de los presentes. La Fiscalía pide condenas de hasta 4 años y 2 meses que se endurecen en los escritos del resto de acusaciones, especialmente en el caso de la Generalitat, que solicita 16 años y 9 meses para todos ellos y uno más para el asaltante que tapó su rostro.

El último intento de la extrema derecha con carnet por hacerse un hueco mediático y electoral acaba en el banquillo. La Audiencia de Madrid juzga a partir de este lunes a 14 hombres y una mujer por el asalto al centro cultural Blanquerna, ocurrido el 11 de septiembre de 2013, durante la celebración de la Diada.

Entre los acusados figuran líderes de las formaciones que integran o integraban en ese momento La España en Marcha, una coalición de partidos de ultraderecha que hizo del ataque la carta de presentación de su frustrada iniciativa para adquirir el protagonismo que se les resiste desde los primeros años de la transición.

Por unos meses, nombres como La Falange o Alianza Nacional volvieron a mencionarse en los medios de comunicación. Pero una vez más, las urnas devolvieron a su nicho residual a los partidos nostálgicos del régimen franquista. Ni siquiera la dimensión del desafío soberanista en Cataluña les permitió atraer hacia sí los focos.

Los autores del ataque se enfrentan ahora a penas de cárcel. La Fiscalía pide condenas de hasta 4 años y 2 meses que se endurecen en los escritos del resto de acusaciones, especialmente en el caso de la Generalitat, que solicita 16 años y 9 meses para todos ellos y uno más para el asaltante que tapó su rostro.

Los asaltantes propinaron empujones, tiraron la senyera, causaron desperfectos, gritaron “No nos engañan, Cataluña no es España” y, antes de irse, expandieron un gas que provocó irritación en ojos y garganta a los presentes.

Unas semanas antes del asalto, cinco pequeños grupos habían hecho público un manifiesto titulado La España en Marcha, prácticamente desconocido hasta que entraron a empujones en Blanquerna. Aparecían como firmantes La Falange, Alianza Nacional, Democracia Nacional, Nudo Patriótico Español y Movimiento Católico Español. Exceptuando este último, todos contaron con dirigentes o miembros de sus listas electorales en el asalto al centro cultural.

En el texto apenas había novedades respecto al tradicional ideario ultraderechista, si bien los firmantes aprovechaban el auge del desafío separatista y exigían “la prohibición inmediata de la difusión de las ideas secesionistas con el cumplimiento íntegro de las penas para los delitos de lesa patria y de terrorismo”.

Un mes después, en la Fiesta de la Hispanidad, Montjuic midió si el proceso había azuzado la llama de la ultraderecha, como podría deducirse del ataque al centro cultural Blanquerna. Pero como en anteriores ocasiones, la convocatoria fracasó. Solo 300 personas respondieron a la llamada de La España en Marcha para que acudieran “patriotas” desde todos los rincones del país.

El fracaso del último intento por resurgir de la extrema derecha, al calor de fenómenos como el griego, terminaba por estrellarse en la siguiente cita con las urnas. En las elecciones europeas de 2014, las de la irrupción de Podemos, la coalición de La España en Marcha cosechó 16.876 votos. El cainismo entre los partidos de la ultraderecha española volvió a hacer mella y, a estas alturas, solo tres de los cinco integrantes originales continúan en el frente común, que no concurrió como tal a las últimas elecciones generales.

Este lunes se sientan en el banquillo de los acusados varios históricos de la extrema derecha, entre ellos el líder de La Falange, Manuel Andrino, el vicepresidente de Democracia Nacional, Pedro Chaparro, y el destacado militante de Alianza Nacional Iñigo Pérez de Herrasti. La Fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno de ellos por un delito de desórdenes públicos y otro de daños.

Pérez de Herrasti, de 56 años, fue condenado a 14 años de prisión en 2000 por tenencia de explosivos y armas con los que pretendía atentar contra un autobus de familiares de presos de ETA. Es primo del ministro de Defensa, Pedro Morenés, y una de sus hermanas está casada con el titular de Cultura en funciones, Iñigo Méndez de Vigo, según publicó Ara.

Sánchez Llibre, agredido

En el juicio que arranca este lunes ejerce también la acusación el exdiputado de CiU y dirigente de Unió Josep Sánchez Llibre, protagonista involuntario de los hechos, al ser derribado de un empujón por uno de los ultraderechistas, como muestran las imágenes de las cámaras de seguridad que hoy publica eldiario.es. También fue agredido un cámara de la televisión autonómica catalana, cuyo trabajo aquel día también servirá de prueba. Empresa y trabajador están personados y también ejercen de acusación.

Es la Generalitat y Sánchez Llibre quienes exponen más delitos y solicitan penas más altas. A los citados, estas acusaciones suman otro contra la autoridad, amenazas, coacciones, injurias y ultraje a la bandera de Cataluña. La pena que conlleva este último es una multa de 10 meses con una cuota diaria de 10 euros. En total 16,9 y 15,9 años de cárcel para todos los acusados y uno más para Jesús Fernando Fernández Gil, el hombre que abre la comitiva de ultras a empujones, con gafas de pasta naranja y un pañuelo que ocultaba su rostro. Precisamente, este es el agravante.

Según el relato que hace la Fiscalía, cuando el delegado de la Generalitat en Madrid Josep María Bosch tomaba la palabra para presentar el acto, accedió al local “un grupo de personas previamente concertadas en la finalidad de protestar frente al mismo e impedir su celebración y actuando por motivos claramente ideológicos”. Los quince acusados atentaron “contra la paz social y actuaron en grupo de forma conjunta”, destaca el Ministerio Público.

Este extremo lo niegan algunas de las defensas, que piden la libre absolución de todos los acusados. El líder de La Falange, Manuel Andrino, defiende que no hubo concierto previo para acceder al local, ni “motivos claramente ideológico”.

Es una estrategia distinta a la de otros acusados, entre ellos la de Pérez de Herrasti. En el escrito, el abogado de éste último coincide en que la presencia de su defendido se debió a una convocatoria por las redes sociales, pero el carácter ideológico de la misma queda reflejado cuando afirma: “Dado el cariz independentista que estaba tomando el Gobierno de la Generalidad, podía derivar en un acto de deslealta a España. La voluntad de mis representados era mostrar su protesta en el caso de producirse tal hecho”.

Este es el vídeo visto hasta ahora sobre el ataque, puedes ver otro inédito en este enlace

Decenas de manifestantes y representantes de partidos políticos se han dado cita en la librería Blanquerna, delegación de la Generalitat en Madrid, en repulsa por los actos vandálicos cometidos por grupos ultraderechistas en la tarde de ayer. Durante un acto de celebración de la Diada, unos quince individuos irrumpieron en la sala de manera violenta proclamando “No nos engañan, Cataluña es España”.

A partir de las 20.00 horas las inmediaciones de Alcalá 44 comenzaban a llenarse de manifestantes y representantes públicos a raíz de una convocatoria nacida en las redes sociales. Entre ellos se encontraban el delegado de la Generalitat en Madrid, Josep María Bosch, y el diputado de CiU Pere Macias. Bosch ha agradecido “todas las llamadas y correos de apoyo que he recibido”, entre los que se encuentran el del ministro de interior Jorge Fernández Díaz. En este sentido, ha agradecido la unánime condena política, así como la actuación de la policía, que se ha saldado con la detención de 12 de las 15 ultras que irrumpieron en el acto de Blanquerna.

El delegado ha enfatizado que “a día de hoy, los que escogen la violencia son marginales”. “La irrupción de la violencia es algo anecdótico, espero que no tenga continuidad”, ha señalado. A pesar de ello, y ante el creciente clima de crispación a hecho un llamamiento a que, independientemente de lo que dictamine la justicia, todos los ciudadanos defiendan la libertad y la democracia y que tengan en cuenta que “cuando la libertad del vecino es agredida, la nuestra también está en peligro”.

Bosch no ha querido señalar a ningún partido en concreto, dado que “en esto estamos unidos, no hay divisiones”, pero ha responsabilizado a determinados medios de favorecer un clima de crispación. “Algunos medios, unos más que otros, han usado un tono agresivo. Debemos hacer un esfuerzo de autocontención”, ha señalado al respecto. El diputado de CiU, Josep Sánchez Libre, también había mostrado este jueves su preocupación por el “sentimiento radical de catalanofobia”.

Entre los asistentes se encontraban representantes de Izquierda Unida y EQUO, formaciones que se habían adherido a la convocatoria. José Antonio Moreno, responsable de Derechos Humanos de IU, ha denunciado que “lo de ayer no es una anécdota, sino un atentado contra la libertad de expresión y reunión. Rechazamos la brutalidad fascista”. Moreno también ha pedido “firmeza institucional contra los que no respetan la pluralidad de España” así como la “ilegalización de aquellos grupos que atentan contra los derechos que nos hemos dado”.

Por su parte, Ramón Linaza, coportavoz de EQUO Madrid, ha lamentado que regresemos “a tiempos que pensamos superados”, cuando la extrema derecha protagonizaba actos violentos en la calle. Linaza también ha pedido que se ilegalicen estos grupos. Para Inés Sabanés, también de EQUO Madrid, lo acontecido ayer es el último capítulo de una historia protagonizada por “unos grupos radicales que, en el pasado, también han organizado campañas contra los inmigrantes”.

La policía detuvo el jueves a doce personas por su participación en el ataque fascista contra los asistentes a los actos institucionales de la Diada en Madrid que se produjeron en la librería la Blanquerna. A los asaltantes se les imputan unos delitos de daños, desorden público y atentado contra los derechos fundamentales. La agresión, en la que pudieron verse banderas de Falange, Democracia Nacional, Alianza Nacional y el Nudo Patriota Español, se engloba en una nueva vía que estos grupos de extrema derecha intentan tomar ante la escasa representatividad que tienen en el panorama nacional.

La iniciativa que enmarca estas acciones se denomina “La España en Marcha” o LEM, usado como acrónimo, y que comenzó tras muchos acercamientos y reuniones con la emisión de un manifiesto conjunto firmado por varios partidos con la intención de presentar una candidatura única que aspire a mejorar los exiguos resultados que a día de hoy han tenido.

El manifiesto, presentado el pasado mes de julio y firmado por La Falange, Nudo Patriota Español, Alianza Nacional, Movimiento Católico Español y Democracia Nacional, busca establecer una nueva política unitaria para ganar peso en el panorama político español. “La España en Marcha” nace con un ideario común de 16 puntos entre los que destacan la derogación de la Constitución, la prohibición de las ideas secesionistas, el cese de la inmigración, la oposición radical al aborto y la eutanasia, la abolición del matrimonio homosexual y la eliminación de las autonomías. Eduardo Arias, miembro de Nudo Patriota Español y uno de los promotores de la iniciativa, aspira a que sea una formación que tenga influencia en futuros pactos de gobierno.

La presentación de esta unión de partidos tendrá su puesta en escena el próxima día 12 de octubre en Barcelona, tal y como anunciaron en la web patriotas.es el pasado 18 de julio, un día después de la publicación del manifiesto. Entre las acciones previstas celebrarán el 28 de septiembre un acto previo a la presentación del 12 de octubre que han denominado “Quema de trapos separatistas”.

Este intento de unir a los partidos de extrema derecha no cuenta con todas las adhesiones que se suponen a un movimiento integrador. Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de las JONS, cuenta a este diario que ha decidido no unirse a la plataforma de partidos de extrema derecha “La España en Marcha”. Además, su grupo se ha desmarcado de la agresión en la librería Blanquerna.

La idea de esta política unitaria de la extrema derecha española nace de la nula representatividad que estos grupos tienen por separado en las elecciones. La razón de este escaso peso en el panorama político español se debe a la disgregación de las fuerzas de extrema derecha y al poder acaparador del voto conservador que tiene el Partido Popular. En el año 2009 un informe de FAES titulado ¿Dónde están los votantes? daba las pautas y una serie de consejos para que el Partido Popular recogiera el nicho de votantes de extrema derecha. El texto consideraba que este grupo de votantes iba a ir en aumento en un contexto social con un gran número de inmigrantes, una crisis severa y unas tasas de paro en aumento. El informe recoge que el PP debería cuidarse de no dejar ningún espacio en la derecha que pudiera ser recogido por otro partido que le privara de la victoria en las elecciones de 2011.

FAES aconseja ser consciente de la importancia del aumento de la cola de votantes de extrema derecha, basado en la teoría del Long Tail de Cris Anderson, y recomienda usar las nuevas tecnologías para captar el voto de extrema derecha de cara a las pasadas elecciones generales. Lo cierto es que los partidos que forman parte de “La España en Marcha” sufrieron un descenso significativo en las elecciones de 2011 en comparación con las generales anteriores. En 2008 los partidos que forman la coalición pasaron de tener 20.175 votos a tan sólo 4.760 en 2011.

La violencia de la extrema derecha

En julio de 2005 la policía desmanteló en la operación Panzer a un grupo denominado Frente Antisistema. Los 18 miembros detenidos de la organización fueron acusados de asociación ilícita por justificar el III Reich, divulgar el nacionalsocialismo y alentar el odio contra inmigrantes y homosexuales. Además les fueron requisadas diversas armas, entre ellas un lanzallamas, robadas de dependencias del Ejército. Uno de los detenidos, Pedro J. Cuevas, había ya sido condenado a 4 años de prisión por el homicidio del joven antifascista Guillem Agulló. Uno de los detenidos en la operación Panzer, Juan Manuel Soria Monfort, se presentó en 2008 para el Congreso en las listas de Alianza Nacional, uno de los partidos firmantes del manifiesto conjunto. Entre los detenidos se encontraba un concejal de Silla, en Valencia, y varios trabajadores de la empresa Levantina de Seguridad, de la que es dueño el abogado José Luis Roberto, líder del grupo de extrema derecha España 2000.

Uno de los miembros más peligrosos y violentos que forman parte de estos grupos de extrema derecha es Alberto Ayala Cantalicio, miembro del grupo Ultras Sur y próximo a Falange. Ayala Cantalicio concurrió a las elecciones con Falange y posteriormente en 2008 con Nación y Revolución, otro partido de extrema derecha que cambió de nombre en varias ocasiones hasta que con la denominación de Movimiento Social Republicano se unió a España 2000. El líder del MSR Juan Antonio Llopart fue condenado por una sentencia del tribunal superior de Valencia a dos años por un delito de difusión del genocidio.

Ayala Cantalicio ha sido detenido hasta en seis ocasiones y acusado de lesiones, daños, y atentado contra los derechos fundamentales. Alberto Ayala, a través de la asociación cultural y deportiva Vieja Escuela Madrid, sigue en contacto con los grupos y partidos de extrema derecha. De hecho la asociación que él preside fue una de las que pidió a la Delegación del Gobierno de Madrid los permisos para realizar varias manifestaciones, entre ellas una manifestación ultra el día que el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao iban a celebrar la final de Copa del Rey el pasado año en Madrid. La asociación Vieja Escuela Madrid sirve como herramienta a este miembro de los grupos neonazis para dar conferencias supremacistas, además de ser usado como gimnasio donde los miembros del grupo practican deportes de lucha tales como el boxeo y el kick-boxing.

La asociación mantiene vínculos con el grupo neonazi “Juventudes Canillejas”, escindido de Combat España, que fuera considerado por la policía uno de los grupos más peligrosos de Madrid.

La Policía Nacional ha detenido este jueves a otras seis personas relacionadas con el ataque ayer a la librería Blanquerna durante el acto de celebración de la Diada en Madrid, con lo que ya son 12 los individuos arrestados por estos hechos.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, las seis personas se han presentado esta mañana por su propio pie en la comisaría de Moratalaz y, tras tomarles declaración, han resultado detenidas.

Fuentes de la Policía han confirmado a eldiario.es que uno de los primeros detenidos (cinco hombres y una mujer de entre 23 y 56 años) está acusado de un delito de lesiones. El resto están acusados de desórdenes públicos, daños, amenazas y coacciones agravadas por estar dirigidas contra los derechos fundamentales.

No obstante, está previsto que, tras la toma de declaración a los que falten, los doce detenidos pasarán a disposición de un Juzgado madrileño esta noche, han precisado las mismas fuentes. La Brigada Provincial de Información no descarta nuevos arrestos, ya que en el ataque participaron unas 15 personas de ideología ultraderechista.

Gas vesicante

Tras una primera inspección en el centro Blanquerna, los agentes determinaron que durante los altercados se arrojó lo que al parecer es gas vesicante, conocido comúnmente como gas pimienta. La operación policial continúa abierta.

Cinco personas tuvieron que recibir asistencia médica, --de los entre 60 y 70 asistentes--, entre ellas una niña de cinco años, tras el boicot perpetrado por este grupo de personas con estética “neonazi”.

Los hechos ocurrieron en torno a las 19.30 horas de este miércoles en el citado centro, ubicado en el número 44 de la calle de Alcalá, cuando el delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Josep María Bosch, pronunciaba un discurso.

Según fuentes policiales, una quincena de personas irrumpió en el centro cultural para boicotear el acto, profiriendo gritos de “Cataluña es España” o “Es un orgullo ser español”.

Estas fuentes han explicado que los “ultras” se desplazaron a la parte de abajo del centro cultural y empujaron al diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, que ha sufrido heridas leves. También mantuvieron un forcejeo con un cámara de televisión, según estas fuentes.

Así, sanitarios del Summa-112 atendieron a una persona con una crisis nerviosa, a otra por contusiones y a una tercera por irritación ocular y las trasladó a distintos hospitales de la capital.

Por su parte, facultativos del Samur-Protección Civil atendieron a una mujer y a una niña de cinco años, que presentaba irritación en los ojos por efecto del gas. Las dos estaban leves y fueron atendidas y dadas de alta en el lugar.