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El líder de Falange condenado por el asalto a Blanquerna vuelve al banquillo por llamar a “matar por España”

Andrino, sentado detrás de Peña este miércoles en el juicio

Oriol Solé Altimira

24 de marzo de 2021 16:10 h

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“Requerido por la fiscalía del odio, que pertenece al tribunal popular a modo de checa, como en el año 36, que quiere enjuiciar a los patriotas por defender la sagrada unidad de España”. En estos términos se expresaba el líder de Falange, Manuel Andrino, condenado por el asalto a la librería Blanquerna, antes de sentarse en el banquillo de los acusados este martes por su incendiario discurso del 12 de octubre de 2013 en Barcelona en el acto que cada año celebra la extrema derecha, en el que llamó a “matar por España”. El fiscal pide para él y para el otro acusado, Pedro Pablo Peña, jefe de Alianza Nacional, tres años de cárcel por delito de odio.

Toda la locuacidad de Andrino a las puertas del juzgado se ha convertido en silencio en la sala de vistas. El acusado se ha acogido a su derecho a no declarar, pero el fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha pedido reproducir sus declaraciones ante el juez en fase de instrucción y ante la Fiscalía. Andrino justificó todas sus palabras amparándose en la libertad de expresión y en que formaban parte del “discurso político” como líder de Falange. Por estos mismos motivos pide ahora su absolución.

En su discurso ante centenares de neonazis, Andrino pidió a la Guardia Civil que acudiera a casa de la entonces presidenta del Parlament, Núria de Gispert, por una resolución independentista aprobada por el Parlament y que, además de detenerla, “debía de haberle obligado a que se comiera hoja por hoja esa declaración de independencia, para que con un poco de suerte se hubiera asfixiado”. “Que no lo duden, estamos dispuestos a morir, pero también a matar por España, faltaría más”, agregó.

La marcha de la ultraderecha de 2013 fue convocada por La España en Marcha, un intento de aglutinar los distintos grupos de la extrema derecha en un momento ante los primeros pasos del proceso soberanista. Los Mossos d’Esquadra permanecieron en alerta por los potenciales actos violentos del acto ultra y registraron a 126 personas que llegaron en autocares desde Madrid, una cuarta parte de los cuales tenían antecedentes violentos. Según ha declarado un sargento de los Mossos, en la marcha se profirieron varios cánticos conta los migrantes, anarquistas y contra el entonces president Artur Mas (“Artur Mas, cámara de gas”).

Por su lado, Peña, con antecedentes por una condena por tenencia de explosivos en 2006, llamó durante su discurso a la “lucha nacional” contra la independencia y aseguró que Catalunya no se iría de España si no era “a base de mucha sangre”. “Ya conocemos cual es el camino, el camino a lo mejor es la violencia”, remachó. Y posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, apostó por dar “una respuesta armada” a la independencia.

“El lenguaje hay que cogerlo con pinzas y esto no es ningún delito de odio”, ha alegado el letrado de Andrino en su informe final, en el que ha dedicado varios minutos a cargar duramente contra el fiscal Aguilar, por, según él, “buscar la muerte civil” del dirigente de Falange. El letrado ha leído los fragmentos del discurso de Andrino que la Fiscalía considera delictivas porque, según ha argumentado, “no merecen vergüenza”.

Por su lado, el abogado de Peña, Santiago Borja, ha acusado al fiscal de “inquisidor” y ha reivindicado su asistencia junto a los acusados al acto de la extrema de Barcelona, al que acudió en autobús desde Madrid. “Estoy orgullosísimo de haber compartido ese viaje para reclamar el derecho y deber de los españoles de defender a España”, ha defendido. La magistrada que presidía el juicio no ha llamado la atención a los letrados por sus descalificaciones al fiscal.

Aguilar había rehusado leer las palabras en su informe final. “Son palabras que me repugnan y suponen un lenguaje bélico y clarísimamente delictivo”, ha argumentado el fiscal, que citando la numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo ha encuadrado los discursos de Andrino y Peña en el discurso de odio por el contexto –los inicios del proceso soberanista–, la capacidad de influencia y la contundencia del lenguaje empleado por los líderes de la ultraderecha para generar violencia.

El fiscal también ha argumentado que las palabras de los líderes de la extrema derecha no está amparados por la libertad de expresión y que cruzaron los límites constitucionales y abusaron de este derecho para proferir un discurso que incitaba a la violencia: “Llamar a derramar sangre es una incitación a la violencia contra los que no comparten sus postulados, en particular contra los independentistas”. Además ha afeado a los acusados que pretendan “ampararse en la democracia que aborrecen para amparar sus discursos aberrantes”.

En su turno de última palabra, Andrino se ha reafirmado en el “juramento a la bandera” que ha explicado que realizó y que según él le obliga a “derramar sangre si es preciso en defensa” de la soberanía de España. Con las palabras del dirigente de extrema derecha el juicio ha quedado visto para sentencia.

Andrino ha acudido a este nuevo juicio en vísperas de tener que entrar en prisión por el asalto al centro cultural Blanquerna. La Audiencia de Madrid dio este martes diez días a Andrino y otros cuatro de los catorce asaltantes del centro cultural Blanquerna para que ingresen voluntariamente en prisión. El Tribunal Supremo emitió en julio de 2020 una nueva sentencia, después de que el Tribunal Constitucional anulara la primera, y les condenó a penas de entre 2 años y 7 meses de prisión y 2 años y 9 meses.

Dos condenados más están en trámite de citación para recoger presencialmente el requerimiento de ingreso voluntario en prisión, informa la ACN. Cuatro de ellos todavía tienen en trámite alegaciones de un anterior requerimiento de ingreso en prisión porque han solicitado un indulto y otro condenado también porque ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional. Otro asaltante está en busca y captura y otro a la espera del informe de la Fiscalía para resolver sobre su ingreso.

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