“¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel?”. Las dos preguntas fueron lanzadas este jueves en Twitter por el secretario general del PP, Miguel Tellado, a cuenta del asesinato de Charlie Kirk en EEUU, de cuya muerte el presidente americano, Donald Trump, ha acusado a la “izquierda radical”.

Tellado planteó en su tuit “abrir un debate” sobre la base de un supuesto “silencio ante la barbarie” que, en su opinión, “prende la llama de la crispación y la polarización. ”La violencia no tiene cabida en una democracia que se precie de serlo y hay que condenarla siempre, venga de quien venga“, aseguró en un mensaje que relacionaba esta muerte con la de una mujer refugiada ucraniana en Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, a manos de un hombre. Dos sucesos que, al menos hasta este jueves, nadie ha relacionado.

El secretario general declaró que su partido condena “enérgicamente el atroz asesinato” y se une a “la conmoción” del país.

Tellado habló en nombre de su partido, pero no fue el único dirigente del PP que abordó el asesinato, del que todavía se desconocen autor y motivaciones, en sus redes sociales. El propio líder, Alberto Núñez Feijóo, tuiteó en los primeros instantes tras el disparo que acabó con la vida de Kirk para desear su “recuperación”.

“¿Qué clase de sociedad es aquella en la que la palabra se combate con pistolas?”, escribió Feijóo, quien no ha vuelto a postear ningún mensaje sobre el activista asesinado.

También el portavoz nacional, Borja Sémper, quien relacionó los hechos ocurridos en la universidad del estado de Utah con la violencia terrorista sufrida en España durante décadas por parte de ETA y alertó del “daño que hacen quienes ante el asesinato de un inocente hablan de que llevaba la falda muy corta”. “Ya me entiendes”, añade en su mensaje en Twitter.

Desde el PP aseguran que la reacción de primer nivel al asesinato de Kirk se explica por la defensa de la democracia. “Si alguien muere por sus ideas no está de más que los demócratas lo comentemos”, apuntan desde la dirección del partido a elDiario.es.

Preguntados por el silencio de Feijóo, Tellado o Sémper ante otros asesinatos de referentes políticos en Estados Unidos, sostienen que esta “es una noticia de apertura de todos los medios nacionales”, y concluyen “que las personas que han puesto tuit habrán visto muy razonable trasladar su preocupación por el hecho de que se maten a personas por motivaciones políticas”.

También en EEUU, el pasado mes de junio fueron asesinados la congresista Melissa Hortman y su marido en un ataque en el que otro senador fue herido. El motivo del autor de los disparos, según las pistas que se encontraron en su vehículo, estaba relacionado con el movimiento antiabortista, y las autoridades de EEUU determinaron que era un “ataque político”.

Otros dirigentes del PP optaron por el silencio o, en todo caso, por retuitear a sus superiores. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no comentó nada al respecto en sus redes. Tampoco el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, con quien este viernes inaugura el curso político Feijóo en Málaga.

Este mismo jueves, Vox y las Nuevas Generaciones del PP de Madrid secundaron una concentración convocada frente a la embajada de EEUU en repulsa por el ataque.

De la fosa para el Gobierno al “miedo” de Sánchez

El extenso post de Tellado en el que pide un “debate” sobre la violencia política llega menos de una semana después de un discurso suyo en el que aseguró en Pamplona: “Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país”. En Navarra hay identificadas 261 fosas comunes con víctimas de la dictadura franquista.

El 'número dos' del PP respondió a las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Qué manipulación más burda pero el Francomodín ya no da más de sí”. Y eso que apenas un día antes su jefe de filas había comparado a Sánchez con el dictador por su supuesta negativa a convocar elecciones.

“Antes de Sánchez, el único que creía que las elecciones eran un incordio era Franco”, espetó ante un millar de personas reunidas en Arganda del Rey (Madrid) para el inicio del curso político del PP de Ayuso.

Durante su discurso, Feijóo dijo: “A este Gobierno solo le mueve el miedo”. “El miedo a la justicia a los socios y a la mayoría del pueblo”, añadió. “Sabe lo que piensan los españoles, no pisa la calle. Noventa y pico escoltas este verano. Por eso señala y acosa a todo el que puede imponerse en su camino”, sostuvo.

Ese viernes también intervino Ayuso, quien dijo: “Tenemos un presidente que va al choque con todo. Porque Sánchez lo que necesita es tener un país invivible, porque él ya no puede vivir en él. Necesita que nadie pueda vivir en él”.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha informado este lunes de que los médicos le han detectado un “tumor cancerígeno” y que comenzará el tratamiento de forma inmediata, lo que afectará a su labor política y la presencia pública. “Hace unos días, en el contexto de un chequeo médico rutinario, me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente, como tantos cientos de miles de españoles lo hacen al año”, ha asegurado en una rueda de prensa ofrecida este lunes tras la reunión del Comité de Dirección del partido.

“Mi presencia pública probablemente se ve alterada y no sé si estaré todos los lunes o en lunes alternos”, ha sostenido. “Veremos en función de cómo va el tratamiento, mi disponibilidad para seguir ejerciendo” su labor como portavoz del PP.

“Evidentemente, todo mi esfuerzo va a estar encaminado a curarme”, ha añadido. Sémper ha dicho que “las perspectivas médicas son razonables” porque “afortunadamente fue un chequeo médico rutinario que ha sido capaz de encontrar el tumor en una fase muy primigenia y la expectativa médica es de curación”.

“Entenderéis que esto ha alterado absolutamente mi vida en lo personal y en lo profesional. Vamos a intentar que lo altere lo menos posible, aunque intuyo que será difícil que no lo altere”, ha concluido.

Sémper ha dicho que “uno de los peajes de la política” pasa por “tener que contar estas cosas antes de que se cuenten de otra manera y se cuenten mal”. “No me considero especial”, ha añadido. “En torno a 300.000 españoles son diagnosticados de cáncer al año en sus diferentes grados, y dentro de la inmensa jodienda que podéis entender que esto significa ha sido una inmensa suerte que se haya encontrado en un estadio tan primigenio y tan primario”, ha asegurado.

“Lo que me han demostrado también mis compañeros y especialmente el presidente Feijóo a lo largo de estos últimos días, es la inmensa talla humana de la gente con la que trabajo. Y como estas cosas a veces en política, pues no se cuentan. Pues quiero aprovechar esta oportunidad para contarlo. Me siento absolutamente arropado, faltaría más, por mi familia, por mis amigos y también por mi partido”, ha concluido.

“Mafia o democracia”. Fue el lema bajo el que se manifestó el PP este domingo a cuenta de los escándalos que afectan al Gobierno, al presidente, a su partido y a su entorno. “Que convoque elecciones generales y que le pregunte a los españoles si quieren un gobierno de koldos, de leires o de Jessicas”, dijo el líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo, ante decenas de miles de personas en Madrid. Este lunes se ha publicado un audio de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, donde que fuera 'número dos' de Mariano Rajoy dice: “Al fiscal Grinda hay que matarlo”. Preguntado al respecto, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha zanjado: “tiene la misma consideración”.

“Ni este portavoz ni la dirección van a justificar nunca ese tipo de comportamientos”, ha afirmado Sémper en la habitual rueda de prensa de los lunes, aunque el dirigente ha intentado restar valor a las palabras de la que fuera ministra de Defensa porque, ha dicho, “se produjeron hace siete u ocho años, en contraposición con lo que estamos teniendo oportunidad de conocer hoy, que se produce en tiempo real”.

Pese a que Sémper ha apuntado que “las diferencias son abismales”, ha concluido: “Lo que le tengo que decir es que quien haya cometido un delito, quien haya dicho palabras altisonantes, me da igual el partido al que pertenezca, pues evidentemente tiene la misma consideración. No es asimétrica. Nuestra valoración de la realidad no es asimétrica en relación donde se sitúa la dirección del PP”.

Esas “diferencias abismales” que ha señalado Sémper se han concretado este lunes en el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por haber supuestamente filtrado la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una circunstancia que ha motivado que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, haya reclamado su dimisión y de “quien le daba las indicaciones”. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, sí se ha atrevido a citar expresamente a Pedro Sánchez.

El PP intenta replicar con el procesamiento de García Ortiz la situación política que provocó en España la condena al PP por la trama Gürtel. Una sentencia que motivó la moción de censura que les expulsó de la Moncloa en 2018. Sémper ha tirado de chascarrillos para criticar lo que considera silencios ominosos de quienes “en el 15M” gritaban que “dimitir no es un nombre ruso” o “no hay pan para tanto chorizo”.

“ No hace falta llenar Sol. No hace falta convocar un 15M para responder a esta ignominia que padecemos los españoles cada día”, ha ironizado sobre el movimiento social que en 2011 marcó el inicio del fin del bipartidismo en España. “Basta con preguntar al presidente del Gobierno, basta con exigirle respuestas. Hay que demostrar talla y grandeza política. Si el presidente del Gobierno no responde, y la corrupción se hace presente cada semana, lo mínimo exigible a quienes sustentan este Gobierno es que digan algo, es que griten, es que se quejen. Y es que den un paso adelante”, ha dicho.

Ese “paso adelante” se fraguaría en un apoyo a una hipotética moción de censura para echar a Pedro Sánchez y poner a Feijóo en la Moncloa que el líder del PP no se atreve a presentar formalmente porque, en sus propias palabras, no le dan “los números”.

La culpa, según Sémper, es de los socios de Sánchez que, ha dicho, “están verdes” para asumir su teórica responsabilidad de echar a Sánchez. “Están en periodo de negación”, ha asegurado. “Les mancha a ellos y también les va a afectar electoralmente”, ha añadido, para presumir de que tiene “información”. “Como usted comprenderá, hablamos en los pasillos, sabemos lo que opina uno y lo que opinan otros”, ha remachado.

En la dirección del PP citan una frase del auto del juez Ángel Hurtado, con la que arranca los Hechos Probados en que basa su auto de procesamiento: “A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno.”. Una afirmación por la que fuentes de la dirección del partido sostienen que “pedirán explicaciones” a Sánchez.

Leire Diez ha pasado de ser una persona totalmente desconocida a estar en el centro del debate político en España. En las últimas semanas se han filtrado audios en los que ella aparece, y en esas grabaciones se la oye, por ejemplo, ofreciéndose a mediar con la Fiscalía para llegar a algún acuerdo que rebaje la condena a algún empresario que tire de la manta. Se le ha llegado a llamar la “fontanera del PSOE”. Ella ha asegurado en una rueda de prensa sin preguntas que se ha dado de baja como militante del PSOE y que ella solo es una periodista haciendo una investigación para escribir un libro. También, que nadie le ha hecho ningún encargo, que todo lo ha hecho por su cuenta.

Al final de esa rueda de prensa, aparece Víctor de Aldama un empresario imputado por el caso Hidrocarburos que Leire dice investigar pero implicado también, como presunto corruptor, en la trama del Caso Ábalos. Aldama se encara con Leire Díez, hay remolino de cámaras y micrófonos, y entonces aparece otro personaje fundamental en esta historia, el empresario Javier Perez Dolset, que empuja a Aldama y protege a Leire Diez. ¿Qué está pasando? Intentamos entender esta complicada historia política con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.

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La campaña pronuclear del Partido Popular –exacerbada tras el apagón del 28 de abril– ha llevado a los populares a reclamar en España y Europa una mina de uranio en Salamanca que no tiene permiso por las deficiencias del proyecto en cuanto a seguridad y riesgos ambientales. Un plan que acumula sentencias y nulidades judiciales de las licencias sobre las que se desarrolló y que, para rematar, fue dirigido por un ejecutivo que resultó sancionado por utilizar información privilegiada relacionada con la mina para ganar dinero en la Bolsa.

Tanto el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en España como la eurodiputada Susana Solís en Bruselas han desempolvado este mayo de 2025 la idea de extraer uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca), a pesar de que el Consejo de Seguridad Nacional emitió un informe desfavorable sobre la explotación planeada por la empresa Berkeley Minera tras recibir un dictamen técnico negativo. Con ese informe, el Ministerio de Transición Ecológica denegó la autorización a Berkeley el 1 de diciembre de 2021.

Entre las conclusiones del Consejo de Seguridad Nuclear destaca que la minera no analizaba el impacto que una balsa de 135.000 m3 de “agua previsiblemente contaminada” podría tener en los acuíferos y ríos tanto a nivel físico, químico como radiológico. Y no solo en el sitio donde se planeó la balsa, “sino en toda la vaguada aguas abajo hasta el río Yeltes”.

Tampoco se aquilató, dictaminaron los técnicos, “el riesgo de subsidencia [es decir de hundimiento] de los residuos depositados en el almacenamiento”. Un peligro que, en caso de suceder, podría “afectar a la integridad de las dos barreras de aislamiento del proyecto presentado, lo que impediría cumplir su función de evitar la infiltración y la emanación de radón”. El radón es un gas radioactivo cuya inhalación puede aumentar la probabilidad de cáncer de pulmón.

A modo de resumen, el informe concluía sobre el proyecto que “el modelo hidrogeológico de flujo y transporte presentado por Berkeley Minera España no resulta aceptable, por su escasa fiabilidad y elevadas incertidumbres no acotadas”.

Sin embargo, cuatro años después de aquel examen y preguntado sobre la petición de las compañías eléctricas para que les rebajen los impuestos de la energía atómica, Borja Sémper ha afirmado que “el Gobierno ahoga la energía nuclear imposibilitando la extracción de uranio. En España existen 30.000 toneladas de uranio esperando a ser obtenidas, singularmente en la zona de Salamanca”.

Solo unos días después, la diputada europea Susana Solís –una voz pronuclear constante en Bruselas– le decía a la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera que era “un sinsentido” “prohibir por ley la extracción de uranio en España, pues la demanda está creciendo y queremos dejar de depender de Rusia”.

La minera reclama 1.000 millones

El proyecto Berkeley que ahora reivindican los dirigentes del Partido Popular no solo fue rechazado por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, sino que acumula sentencias y nulidades judiciales sobre los permisos urbanísticos sobre los que fue completando fases de preparación.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en 2023 las licencias de uso de suelo y urbanística de la mina que le otorgó en su momento el Ayuntamiento de Retortillo gracias al recurso de la organización Stop Uranio.

Solo un par de meses después, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la empresa contra la anulación judicial de 2022 de otra de las autorizaciones que había conseguido la minera: la de vertidos de aguas otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero en 2016 – basándose en una declaración de impacto ambiental aprobada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León–.

Berkeley afirma en su Informe Anual 2024 que ha “retirado los recursos judiciales para preservar los derechos del grupo en un arbitrio internacional”. Porque la minera, por su parte, reclama al Gobierno de España unos 1.000 millones de euros por no haber recibido la autorización para construir sus instalaciones y comenzar así a explotar el yacimiento. Precisamente, el pasado 8 de mayo comenzó el proceso de arbitraje que se realiza en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Se trata de un proceso que suele dilatarse años.

Con todo, la licencia de explotación que Berkeley tiene sobre el yacimiento está vigente hasta 2044 (30 años desde 2014) y, recuerda la empresa, “es renovable por dos periodos de treinta años”.

De la multa al wolframio “crítico”

Cuando el pasado 25 de marzo se conocieron los siete proyectos mineros que la Unión Europea impulsará en España en busca de materiales críticos, pudo comprobarse que la explotación de wolframio El Moto, en Ciudad Real, estaba entre las elegidas. La mina está en manos de Abenojar Tungsten S.L. Solo un par de semanas antes, la sociedad había incorporado como consejero a Francisco Bellón del Rosal.

Bellón del Rosal llegó un año después de haber dimitido como director de Berkeley Minera España después de que la Comisión Nacional de Mercado de Valores lo hubiera sancionado por una infracción muy grave. El ejecutivo compró acciones de la empresa antes de dar a conocer públicamente la obtención de una autorización. Después, una vez se informó de ese hecho, las acciones de la empresa subieron y Bellón vendió ese paquete para embolsarse 40.000 euros.

El directivo dejó su puesto al frente del proyecto, pero la minera le mantuvo en un puesto ejecutivo como director de Operaciones. Ahora está en el consejo de la mina de wolframio en Ciudad Real.  

Una semana que comenzó con un apagón total y terminó con miles de personas atrapadas en los trenes tenía que provocar un súbito aumento del colesterol en la política, del malo, claro. Una oportunidad fantástica en manos de la oposición para atizar al Gobierno. Otra no menor del Gobierno para denunciar que el PP disfruta cuando le va mal a España. Argumentarios que circulan a más velocidad que el AVE. Este lunes, ha habido una novedad. Los diputados del PP se preguntan por qué los españoles no salen a la calle con los ojos inyectados en sangre. Quizá lo hacen porque hay convocada una manifestación en Madrid para el próximo sábado.

El recuento de viajeros afectados por los grandes retrasos llegó a 10.000 a lo largo de 24 horas, que incluyeron al AVE Madrid-Sevilla. Hubo escenas estremecedoras, como en ese tren a oscuras en el que de repente apareció uno de los dos miembros de Los Morancos para ponerse a cantar. A lo que cualquiera habría dicho: ¿es que no han sufrido lo suficiente?

Óscar Puente afirmó que la causa de todo estuvo en los robos de cable, que se repiten en puntos de la infraestructura ferroviaria desde hace años. “Son cuatro robos de cable de escasísimo valor en cuatro puntos distintos [después se confirmó un quinto caso]. Es una acción bastante coordinada. Quien lo hacía sabía perfectamente dónde iba, porque es una zona donde no hay cámaras”, dijo el ministro de Transportes. El presidente de Renfe añadió que el mayor percance fue originado por un tren de su competidor privado Iryo, que arrastró una catenaria. La empresa de capital italiano y español lo negó.

Puente estaba denunciando un sabotaje, del que su Ministerio ofreció pruebas fotográficas, realizado a saber con qué intenciones o incluso sugiriendo que el motivo no era robar y vender ese cable. Quizá al ministro le parezca que no tiene mucho valor, pero se ha visto con anterioridad que este tipo de robos son rentables para sus autores. Y lo normal es actuar en una zona sin cámaras. Lo contrario sería ponérselo muy fácil a la Guardia Civil.

Por la tarde, Puente se desplazó a la zona de los robos e insistió en sus sospechas. “El móvil económico es difícil de entender”, dijo a los periodistas. El cable robado en ese punto no era de gran valor, porque no cuenta con un gran peso en cobre. Se utiliza para la comunicación entre el tren y los sensores de la vía, con lo que permite conocer si está circulando algún tren ese punto. Sobre las dos hipótesis que planteó –el robo y la opción de “hacer daño”–, apostó por la segunda, porque es “la más plausible”.

El PP quedó escandalizado al saber que el Gobierno había relacionado los retrasos con un sabotaje. Solo le faltó defender el buen nombre de los honrados ladrones de cobre. La culpa tenía que ser del malvado Pedro Sánchez. “Lo que estamos viendo también en las últimas horas en relación con los graves retrasos sufridos por los trenes es también un ejercicio más de desinformación, porque nos hablan de sabotaje y porque culpan a todos menos asumir cualquier tipo de responsabilidad”, dijo el lunes Borja Sémper. ¿Estaba diciendo que el Gobierno se había inventado el robo?

En los años del Gobierno de Rajoy, hubo numerosos robos de cobre, en especial en 2013 y 2014, que causaron retrasos en los servicios ferroviarios. En los cinco años hasta 2017, se produjeron 4.600 incidentes de este tipo con un más de un millón de metros de cable sustraído y unas pérdidas de casi 35 millones de euros para Adif, según una respuesta parlamentaria del Gobierno. Los robos solo comenzaron a bajar cuando se inició el descenso del precio del cobre. No es un caso típico de España. Este tipo de delincuencia es también habitual en países como Francia, Alemania o Reino Unido.

“El robo de cables le cuesta a Network Rail millones de libras cada año”, decía hace unos años el director de seguridad de la empresa ferroviaria de Gales, citado por El Español. “El coste total para la economía, teniendo en cuenta el impacto de los retrasos en el transporte de mercancías y en los pasajeros cuyos viajes se ven interrumpidos, es aún mayor”.

El PSOE respondió a la altura de las críticas recibidas, sobre todo de los adversarios que restaban importancia a la existencia de los robos. A la acusación de Alberto Núñez Feijóo –“segundo lunes con imágenes impropias de la cuarta economía del euro”–, la cuenta socialista en Twitter respondió con la recortada y le acusó de ser un “carroñero político”. Los diputados del PSOE siguieron en esa línea: “El PP huele la carroña y se lanza corriendo”.

La particularidad de estos días, además de la cercanía de la manifestación, es que el PP parece dolido con que no haya habido una respuesta más potente en la calle por el apagón. Todo ese buen rollo por el hecho de que la falta de luz no provocara desórdenes graves en las ciudades le puso de los nervios. En la misma rueda de prensa, Sémper advirtió de que todo tiene un límite: “Este Gobierno está agotando la paciencia de los españoles y abusando del civismo de los ciudadanos”. A ver si al final los ciudadanos no van a ser tan cívicos y se van a liar la manta a la cabeza.

Como era de esperar, fue Isabel Díaz Ayuso la más directa en cuanto a alertas ominosas. “Que nadie se confunda: el buen carácter de los españoles no es pasividad, ni sumisión, ni indiferencia”, dijo en el discurso de la fiesta del Dos de Mayo. En Twitter, dio rienda suelta a su imaginación: “Si gobernase el PP, la izquierda estaría incendiando las calles desde el primer día”. También se puede entender como una forma de pedir a sus partidarios que se pongan las pilas.

En los aledaños del PP también circula el sentimiento de perplejidad. “Con el apagón y esto de Renfe hoy, poca bronca hay”, se lamentó Susanna Griso en Antena 3. “A nadie en el planeta se le funden los plomos como a España. Tenemos que estar orgullosos de nuestros apagones”, se quejó con sarcasmo Ana Rosa Quintana en Telecinco. Se la notaba pelín resentida. A ver si la gente se anima a cabrearse aún más y se pone fin a esta normalidad que trastorna tanto a la derecha.

¿España se va a negro? Culpa del Gobierno. ¿Hay un robo de cable en cinco puntos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla? Culpa del Gobierno. ¿Piove? ¡Porco Governo! La oposición no tiene duda: ¡Tenemos servicios del tercer mundo!, claman los de Vox. “Las mafias del cobre campan a sus anchas por la inacción de Marlaska mientras el camorrista Puente solo se vuelca en acosar a tuiteros en lugar de hacer su trabajo como ministro”, se lee en la red social X de los ultras. 

Y dicen más: el ministro del Interior es un “incompetente” y el de Transportes, un “inútil, bananero y peligroso bufoncillo”. ¿Conclusión? “El enemigo es Sánchez y la nefasta gestión de un Ejecutivo corrupto que ha hecho de la ideología, la incompetencia, la mentira y la sumisión las armas perfectas para rendir a España”

El PP no se queda a la zaga y suma dos huevos duros: “Asistimos a una nueva semana de caos y de sobresaltos con una vergüenza más a la que nos tiene acostumbrados este Gobierno. Estamos seriamente preocupados porque el deterioro de los servicios públicos es continuo en nuestro país”. Son entrecomillados del moderado Borja Sémper, al que cada día cuesta más distinguir de Isabel Díaz Ayuso, responsable por cierto del deterioro de la sanidad y las universidades públicas madrileñas. Pero de eso no dice nada el ponderado Sémper. Ni de los 7.291 fallecidos en las residencias de ancianos durante la pandemia por una decisión estrictamente política y no médica. Ni de la fiesta de cumpleaños que se montó la baronesa el 2 de mayo, una fecha de la que se ha apropiado para celebrar con sus amigos y sus habituales apesebrados. Le cayó el diluvio universal durante el festejo para el que se vistió de bandera de España. A punto estuvo de culpar a Sánchez del aguacero. Se contuvo en eso, pero no en versionar la historia de España y en cargar contra el presidente del Gobierno. ¡Qué sería de Ayuso sin Sánchez! La baronesa aburre ya hasta los suyos, que tampoco acudieron a Sol a rendirle pleitesía.

España es un país serio, en el que los servicios públicos funcionan y consiguen recuperar la normalidad pese a los imponderables, sean estos un apagón eléctrico del que se desconocen aún las causas o un sabotaje como el que denunció el ministro Puente en las vías del AVE Madrid-Sevilla del que no tiene responsabilidad ni Renfe ni Adif. Ahora se trata de despejar cuál fue la motivación, que no parece un simple robo de cable, a tenor de los datos que se van conociendo, ya que el valor de lo sustraído ha tenido un coste de apenas 1.500 euros.

No es que España viva en el caos, es que la derecha tiene como objetivo aprovechar cualquier causa para proyectar la imagen de un país en constante vorágine donde cunde el desconcierto. “Desde que Gobierna Sánchez todo es un caos” (Ayuso, dixit). El todo no incluye, claro, las fechorías del emérito, que se pasea por España de regata en regata para recordarnos su obsceno pasado. Claro que ahí tiene al Supremo para echarle una mano y dar carpetazo a la querella presentada, entre otros, por jueces jubilados y exfiscales, contra Juan Carlos I por la gestión de su multimillonaria fortuna bajo el argumento de la prescripción y sus pírricos pagos a Hacienda. Nada, por cierto, que no hiciera antes la Fiscalía Anticorrupción en una operación que huele a concertada para “salvar a la Corona”. 

De esto no habla Sémper, ni Ayuso, ni Feijóo, ni Vox… Como buenos cortesanos, callan. Al menos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, reabrió este lunes el debate sobre una “reforma constitucional amplia” que incluya el control de las actuaciones del jefe del estado y revisar la inviolabilidad del Rey. Lo hizo durante el transcurso de Los Desayunos del Ateneo, en los que apostó por hacer España “más federal” y otorgar al Senado facultades “puramente territoriales” con los miembros de los Gobiernos autonómicos y para facilitar así la toma de decisión compartida entre el Gobierno central y los autonómicos. Luego, fue preguntada por la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la querella contra el rey emérito por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública y, aunque declinó valorar la decisión del tribunal, sí apostó por una revisión a fondo de la Carta Magna que incluya también controlar las actividades del jefe del Estado. Alguien tenía que decirlo… y lo dijo ella. 

El PP reclamará la comparecencia “urgente” ante el Parlamento del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que dé explicaciones sobre el caos ferroviario vivido entre el domingo y el lunes y que ha afectado especialmente a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Además, el PP quiere que el Gobierno acometa una “auditoría de toda la red ferroviaria”, según ha pedido este lunes el vicesecretario económico, Juan Bravo, quien, además, ha anunciado el 'no' del PP al real decreto-ley para responder a los aranceles de Donald Trump que se votará el jueves en el Congreso.

“Lo que ha ocurrido hoy no es una excepcionalidad, es la nueva normalidad de un Gobierno que está sobrepasado”, ha asegurado Bravo en una rueda de prensa este lunes. “El sistema está peor ahora que cuando estaba el señor Ábalos”, ha ironizado, en referencia al exministro y ex secretario de Organización del PSOE, hoy en problemas judiciales por una supuesta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. “Ni para Puente ni para el otro la gestión era lo importante, ambos son ministros más pendientes de sus redes que de la gestión”, ha añadido.

Bravo, quien sufrió él mismo el percance y permaneció varias horas en un tren detenido, ha sostenido que el problema de la línea Madrid-Sevilla no es aislado. “Esto no es una realidad que se ha producido ayer”, ha dicho. “Estamos conociendo todas las semanas situaciones especiales en los trenes que llevan a retrasos, que llevan a cambiar de trenes, que llevan a circunstancias en las que el ciudadano no disfruta de esos servicios públicos”, ha añadido.

Junto a Bravo ha comparecido el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien ha acusado al Gobierno de “desinformar” adrede sobre lo ocurrido en la línea afectada ayer. “Asistimos también a un Gobierno claramente desinformador”, ha dicho en la misma rueda de prensa.

“La semana pasada, en relación con el apagón, la respuesta del Gobierno fue generar confusión, caos y desinformación”, ha sostenido, para añadir: “Y lo que estamos viendo también en las últimas horas en relación con los graves retrasos sufridos por los trenes, es también un ejercicio más de desinformación, porque nos hablan de sabotaje y porque culpan a todos menos asumir cualquier tipo de responsabilidad”, ha añadido.

Sémper ha puesto en duda la versión del “sabotaje” planteada por Óscar Puente, y aunque ha reconocido que “el Gobierno no tiene la culpa del robo de cobre si es el motivo”, poniéndolo también en duda, sí lo es, ha añadido, “la responsabilidad de cómo respondemos como país a los problemas de los españoles”.

“Estamos seriamente preocupados porque el deterioro de los servicios públicos es continuo. Este Gobierno está agotando la paciencia de los españoles. Dicho de otra manera, creemos que este Gobierno, en múltiples frentes, está abusando del civismo de los ciudadanos españoles”, ha zanjado.

“Estábamos de acuerdo e informados”. Así ha resumido el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, la posición de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo sobre el preacuerdo presupuestario alcanzado entre Carlos Mazón y Vox para sacar adelante las cuentas de la Generalitat valenciana de 2025. El propio Mazón ha anunciado este lunes el trato cerrado con la cúpula estatal de Santiago Abascal en una declaración en la que ha hecho un llamamiento expreso “a la acción en contra del Pacto Verde Europeo y sus medidas”, ha avalado la expulsión de menores migrantes o ha anunciado que se publicarán las nacionalidades de las “personas detenidas por pillaje”.

Apenas unas horas después de que Feijóo protagonizara otro giro discursivo y comenzara a romper amarras con Mazón, la dirección del PP ha recuperado el apoyo a la “reconstrucción” de Valencia que había desaparecido de los argumentarios de los dirigentes del partido. Cuando Feijóo ha querido poner el foco en los posibles problemas judiciales del presidente valenciano, la ultraderecha le ha dado el espaldarazo que necesitaba para resistir al frente del Govern.

Sémper ha asegurado que las cuentas que han negociado PP y Vox serán los “presupuestos de la reconstrucción”, y ha sostenido que Mazón tenía la “obligación de aprobar Presupuestos y de garantizar la estabilidad” de su Gobierno. “La gente no quiere más ruido, quieren respuestas”, ha dicho. “Los ciudadanos esperan soluciones y menos confrontación. Es la línea que hemos seguido y vamos a seguir”, ha añadido.

El portavoz nacional ha asegurado que el acuerdo “es bueno para los valencianos y su estabilidad”, y ha defendido que el discurso enarbolado este lunes por Carlos Mazón es calcado al que el propio Feijóo defendió en su fallido debate de investidura, cuando apostó por “reducir la burocracia y la hiperregulación” que, en su opinión, ha traído de la mano el Pacto Verde. “Necesitamos centrarnos en la competitividad y el empleo”, ha asegurado Sémper que defendió Feijóo. Una “posición que comparte Ursula von der Leyen y el PSOE europeo”, ha añadido sobre la presidenta de la Comisión Europea.

Pero Mazón ha abogado por acabar con el Pacto Verde al completo, tal y como exige Vox. De hecho, Abascal ha felicitado al presidente valenciano no por el contenido del acuerdo, sino por el discurso de este lunes.

Este mismo lunes, preguntados expresamente por la continuidad del Pacto Verde y la posición de Von der Leyen, la portavoz para asuntos climaticos de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, ha zanjado: “La presidenta Von der Leyen ha sido muy clara: mantenemos el rumbo del Pacto Verde Europeo”, informa Irene Castro. “Ursula von der Leyen vinculó específicamente el desastre de la DANA con la emergencia climática. ”Es la dramática realidad del cambio climático“, dijo tras la catástrofe en la que han fallecido al menos 228 personas.

Sémper ha defendido que el acuerdo entre Mazón y Voz “no ha cambiado nada”. “No hemos tenido que cambiar nuestra posición en los asuntos capitales. Hemos mantenido nuestra posición”, ha zanjado.

“Quien nada teme, nada borra”. Así ha recibido el PP el nuevo informe de la UCO que atestigua que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no habló desde su móvil con ningún periodista la noche en la que se filtró el 'email' en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso asumía dos delitos fiscales cometidos por Alberto González Amador. La Guardia Civil también confirma que el fiscal borró los mensajes de su teléfono, así como su cuenta personal de correo electrónico. El PP ha vuelto a reclamar su dimisión.

“Vivimos en un escándalo permanente”, ha dicho este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección. “La Guardia Civil dice que el fiscal general del Estado borró hasta en dos ocasiones sus mensajes, casualmente coincidiendo con la citación en el Supremo”, ha sostenido. “El responsable de perseguir el delito en España entorpece una investigación judicial”, ha añadido.

“Por si todo esto fuera poco”, ha proseguido Sémper, para continuar: “Tenemos un presidente del Gobierno que exigió que se le pidieran disculpas. Y la vida sigue y nadie dimite”. “El daño es colosal. El daño ya lo han hecho”, ha planteado Sémper. “Lo que les pedimos es que lo restituyan. Y el fiscal general de Estado debería dimitir. ¿Y si no dimite? El gobierno debería de pedirle su dimisión”, ha añadido.

“La realidad es que todo apunta ya a una connivencia absoluta en todo este proceso entre el Gobierno y lo que consideramos que es ya el número 23 de los ministros del Gobierno de España”, ha concluido.

El nuevo informe de la UCO explica que Álvaro García Ortiz no habló con periodistas ni con nadie ajeno a la Fiscalía en la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se filtró el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los agentes de la Unidad Central Operativa han constatado que en esas horas solo un periodista intentó contactar con él, sin que García Ortiz descolgara el teléfono al estar hablando, en ese momento de crisis informativa, con la fiscal provincial de Madrid. El informe que ya está en manos del juez también afirma que el fiscal general borró sus mensajes de WhatsApp el mismo día de octubre en que el Supremo abrió la causa contra él, una semana antes de cambiar de teléfono.

La causa judicial contra el fiscal general del Estado y dos de sus colaboradores se aproxima a una decisión clave del juez Ángel Hurtado: si Álvaro García Ortiz debe ser juzgado por la filtración de datos del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado del Supremo ha escuchado ya a los tres imputados y a más de una docena de testigos y tiene tres hitos relevantes en las próximas semanas: la respuesta de la Guardia Civil sobre si es posible recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general, el desarrollo de la parte del caso que afecta a la Moncloa y, finalmente, si la Sala de Apelaciones del mismo tribunal avala o tumba los registros en el despacho de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez a finales de octubre, pieza fundamental del caso.

Es un constante runrún desde hace tiempo, aunque el aludido, el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, lo ha negado siempre. En público y en privado. Esta semana el PP da por hecho que el barón castellanomanchego está trabajando para suceder a Pedro Sánchez.

Unas declaraciones del portavoz nacional del PP Borja Sémper al diario La Tribuna a comienzos de semana en las que aseguraba que al PSOE le iría mejor con Emiliano García-Page al frente, en lugar de Pedro Sánchez, iniciaba la ronda de declaraciones de los 'populares' alentando el argumento.

Primero el líder del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez lo calificaba de “legítimo” y comentaba que, si eso ocurriese, sería porque el presidente regional cogería las riendas (nacionales) socialistas para estar en oposición tras haber perdido La Moncloa.

“Me parece muy legítimo que Emiliano García-Page esté ahora trabajando para ser el nuevo líder de la oposición, porque si Page hace el salto es porque ha habido elecciones y Alberto Núñez Feijóo se ha convertido en presidente del Gobierno”.

El argumento se ha repetido hoy, tras la cascada de intervenciones y entrevistas de García-Page en varios foros y medios nacionales de los últimos días. La última se producía este mismo miércoles en un desayuno organizado por el diario La Razón en Madrid y que ha protagonizado el castellanomanchego. Allí ha pedido al PP y al PSOE un “giro al centro” para que sean “la derecha y la izquierda moderada”.

Una intervención que daba pie a que la portavoz del PP castellanomanchego Alejandra Hernández, volviera a incidir en lo mismo para criticar que Emiliano García-Page, “en lugar de estar centrado en la gestión de los problemas de los castellanomanchegos, se dedique a promocionarse en los medios de comunicación con la intención de suceder a Pedro Sánchez y abandonar Castilla-La Mancha”.

En una rueda de prensa en Tomelloso (Ciudad Real), junto al alcalde, Javier Navarro, ha incidido en que Page “lleva días sin estar en Castilla-La Mancha” porque prefiere “pasearse de plató en plató” mientras la comunidad autónoma “adolece de un presidente absolutamente alejado de la gente”.

“Además de ser falso cometen un grave error”, comentan fuentes socialistas consultadas por este medio. “No sé si terminan de ser conscientes de lo que eso pone en valor la talla política del presidente en nuestra región”, ironizan, sobre el repetido argumento en los últimos días.

El PP lleva más de una semana hablando de la devolución del Palacete de París al PNV para justificar su voto en contra el decreto ómnibus, que, entre otras cosas, garantizaba la subida de las pensiones y la bonificación del transporte público. Desde el partido de Feijóo han llamado al PNV “partido aprovechategui” que quiere “hacer caja”, e incluso llegaron a tacharlo de “miserable”.

“El PNV se ha convertido en el partido aprovechategui para hacer caja... Aitor Esteban no quería un tractor, quería un palacete en París. Y Sánchez se lo ha dado”, dijo hace apenas una semana Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP. “Creo que es muy lamentable, tanto por parte de quien cede lo que no le pertenece, porque es de todos los españoles, como por parte de quien lo exige y chantajea para mantener a un gobierno inapropiado”.

El PP aseguró votar en contra expresamente por la inclusión en el decreto ómnibus de lo que consideraba un “pelotazo” inmobiliario de los nacionalistas. “Nosotros seguimos radicalmente en contra de que Pedro Sánchez, a costa de los españoles, pague con un palacete a un partido político para seguir manteniéndose en el poder”, declaró ayer mismo Borja Sémper, portavoz del PP. Al Gobierno le “importa más mantener” el “regalo” del palacete en París al PNV que subir las pensiones, dijo también este martes el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Quedó claro que el palacete era el principal argumento del Partido Popular, supuestamente, para votar en contra de aquel decreto. Y, sin embargo, este miércoles, horas después de conocerse que el Gobierno y Junts habían alcanzado un acuerdo para un nuevo decreto social que recoge prácticamente lo que el anterior -palacete incluido-, el PP ha cambiado de discurso. Según el partido de Feijóo, que hasta esta mañana mantenía la incógnita sobre el sentido de su voto ante este nuevo decreto, finalmente han decidido que apoyarán el texto “por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte”.

“No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos Sí a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece”, han explicado los populares en un tuit en el que, curiosamente (o no), no mencionan el citado palacete de París.

Donde sí alude el PP al palacete es en otro tuit. En un post fijado en su cuenta de X el pasado día 23, el partido de Feijóo insiste en que el Gobierno “quería colar” en el decreto el “regalo” del palacete al PNV. Y se felicitan por no ceder ante esos “chantajes” -dicen-, todo ello cuando ya han comunicado que finalmente votarán a favor del decreto.

El histórico palacio de la avenida Marceau de París que ahora vuelve a manos del PNV fue adquirido en 1936 mediante testaferros y empleado después como sede principal del Gobierno de Euskadi durante el exilio; más tarde fue incautado por la Gestapo y entregado a Franco, y hoy alberga la sede del Instituto Cervantes.

Por otro lado, la negociación para la devolución de ese palacio ya avanzó con los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. “En 1996 nuestro apoyo a la investidura de Aznar tuvo pocos acuerdos, pero uno de ellos fue este: Marceau”, escribió el pasado 5 de enero en su blog quien fuera portavoz del PNV en el Parlamento español, Iñaki Anasagasti. La devolución al PNV del edificio también fue un compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy, según afirma la formación nacionalista: “No se pudo cumplir debido a que prosperó la moción de censura [contra Rajoy] que presentó el Partido Socialista Obrero Español”.

El portavoz del Partido Popular y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha manifestado hoy que en su partido no se van a hacer “cosas raras” respecto a la posibilidad de promover una moción de censura contra Pedro Sánchez junto a Vox y Junts. “Que nadie lo espere del PP”, ha remarcado.

Lo decía durante una visita a Toledo, junto al alcalde Carlos Velázquez, para recorrer el Museo Sefardí, un día después de que el líder del PP castellanomanchego Paco Núñez lo alentase y se mostrase partidario de hacerlo: “Hay que explorar cualquier posibilidad”, comentaba.

En cambio hoy Sémper ha frenado la idea, aunque considere que “la moción de censura es más importante que nunca”. Y lo cierto es que explica que en el PP saben de “matemáticas” y que los números no le dan.

“Nosotros lo que no vamos a hacer son cosas raras. Lo que vamos a intentar es suplir la incapacidad de gestión de este Gobierno proponiendo en el Congreso de los Diputados medidas que redunden en el beneficio de los españoles”, ha destacado, en declaraciones junto al alcalde de Toledo y presidente del PP toledano, Carlos Velázquez, que ha eludido posicionarse sobre la posibilidad que ayer sí dejó sobre la mesa su jefe de filas en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

“Lo que a nosotros nos parece razonable es que con todo lo que ha pasado en estos meses en España, un político serio y responsable, que no tiene mayoría parlamentaria para gobernar, --debe disolver-- las cámaras y dar la palabra a los españoles”, ha afirmado.

De este modo, Sémper ha dejado claro que el PP no quiere “llegar al Gobierno solo por lo mal que lo hace Pedro Sánchez”, sino ofreciendo una alternativa a los ciudadanos que dibuje “una España mejor”.

“Si a esto se suman otros partidos políticos, serán bienvenidos. Pero nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Todo el mundo sabe hasta dónde llega la posición del Partido Popular. Y desde luego lo que no vamos a hacer son cosas raras, igual que hace Pedro Sánchez”, ha insistido.

“El PP habla con todas las formaciones excepto Bildu”

No obstante, ha dejado claro que el PP habla “con todas las formaciones políticas”, excepto con Bildu, porque quieren “impulsar” que sus medidas “sean aprobadas”. “Tenemos que hablar con Vox, con Junts, con el PNV, con Sumar, para recabar su voto e impulsar las medidas que consideramos que son buenas para los españoles”.

A su juicio lo que significa “no hacer cosas raras” es “viajar fuera de la Unión Europea a conseguir el voto del señor Puigdemont o renunciar a un compromiso con los españoles para obtener un voto que permita mantenerte en el poder o acceder a él”.

“Ahora hay una PNL y antes no. Todo esto no hubiera pasado sin nuestro voto. No está mal para nosotros”. Así resumen en la sede nacional del PP el recuento de daños, propios y ajenos, provocados por la tramitación del real decreto ley social. El Gobierno cerró este martes un acuerdo con Junts para sacar adelante el grueso de las medidas que los de Carles Puigdemont, junto al PP y Vox, tumbaron la semana pasada. Pedro Sánchez acepta que se tramite la proposición no de ley (PNL) de Junts que reclama una cuestión de confianza. Eso sí, reformulada. El presidente, además, ha dicho que no piensa activar a dicha herramienta, algo que solo le compete a él.

En el PP, con todo, se dan por satisfechos aunque el Gobierno se haya asegurado, siempre que Junts no vuelva a cambiar de idea, la aprobación en un único decreto del grueso de las medidas sociales y económicas tumbadas hace una semana, especialmente la revalorización de las pensiones conforme al IPC, un nuevo paquete de ayudas a los afectados por la DANA de València, la prórroga de la subvención al uso del transporte público y de moratoria a los desahucios a personas vulnerables.

Tanto Junts como el PP habían exigido al Gobierno “trocear” el decreto ómnibus y presentar por separado tantos decretos como paquetes de medidas quisieran aprobar. Uno para las pensiones, otro para el transporte y un tercero para la DANA. Además, unos y otros habían rechazado con dureza las medidas antidesahucios que la mayoría parlamentaria ha mantenido desde la crisis provocada por la pandemia en 2020.

En la última semana, el PP ha blandido el término “inquiokupación”, que alude a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler, como una de las grandes plagas provocadas por el Gobierno. También en Junts se habían acogido a la moratoria para impedir los desahucios a determinados colectivos como excusa para tumbar el decreto.

Ambos han llevado hasta el final esta justificación. Este mismo martes el Senado votó una moción (es decir, una petición al Gobierno) que exigía expresamente el “troceo” del decreto ómnibus y la convocatoria de un Consejo de Ministros urgente para aprobar los respectivos decretos sectoriales. Tanto la portavoz del PP, Alicia García, como el de Junts, Eduardo Pujol, hicieron referencia a la “ocupación” supuestamente facilitada por el decreto tumbado.

En pleno debate se conoció el acuerdo con Junts, lo que no evitó la aprobación de una moción ya caducada. Y, además de las pensiones, las ayudas por la DANA y la subvención al transporte público también se ha mantenido la moratoria de los desahucios, con el añadido de establecer dos líneas de ayudas públicas, una autonómica y otra estatal, a los caseros que se vean perjudicados por la suspensión de un desahucio.

El nuevo real decreto ley deja fuera algunos elementos que estaban en el anterior. Las más importantes: la congelación de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, de las ayudas al coche eléctrico y a grandes empresas con alto consumo energético.

El PP no aclara qué votará

El PP se tomó el acuerdo entre Junts y el Gobierno como una victoria. “Han hecho lo que pedían Feijóo y el PP, trocear el decreto”, dijo el portavoz nacional, Borja Sémper, al filo de las tres de la tarde en una rueda de prensa.

Pero Sémper no pudo confirmar si el PP votará a favor, en contra o se abstendrá en la convalidación del decreto. Pese a que el partido de Feijóo ha asegurado en la última semana que está de acuerdo con la mayoría de las medidas recogidas en el decreto, en el texto aprobado en el Consejo de Ministros de este martes se incluyen iniciativas que el PP rechaza como la devolución de un edificio en París al PNV.

Sémper sostuvo que el Gobierno “trocea por exigencia de sus socios” el decreto ley. “Lo que era imposible ahora es posible”, dijo. “Sánchez hace lo que le pedía Feijóo y el PP: trocear el decreto. Y lo que pedía Puigdemont, tramitar la cuestión de confianza [en realidad, una PNL al respecto]”, ha añadido. 

A esa PNL es a lo que se aferran las fuentes de Génova consultadas por elDiario.es para vender la “derrota” del Gobierno, y su propia victoria. Una proposición de ley sin carácter ejecutivo que presentó Junts a finales de 2024 en la que pide al presidente someterse a una cuestión de confianza. Una votación parlamentaria que solo puede convocar el propio jefe del Ejecutivo y que, en caso de perder, supone su inmediata destitución. Una suerte de reverso de la moción de censura.

La PNL todavía no ha recibido el ok de la Mesa del Congreso para su tramitación. Junts ha impuesto al Gobierno que sea admitida dicha tramitación, pero a cambio ha aceptado reformular el texto que la acompaña para dejar claro que, se apruebe o no la PNL, dependerá de Pedro Sánchez la decisión de someterse o no a la confianza. “El Gobierno no la ve necesaria”, zanjó el presidente preguntado al respecto en la Moncloa.

Pero el PP cree que Sánchez “está más débil”, y que ha sufrido una “derrota”, aseguran fuentes de la dirección de Feijóo a elDiario.es. “Todo esto no hubiera pasado sin el voto en contra” de la semana pasada, justifican. “No está mal para nosotros”, apuntan las mismas fuentes. “Es la evidencia de su debilidad”, señalan sobre Pedro Sánchez. Y concluyen que esa PNL “antes no estaba” y ahora sí, por lo que hay una victoria.

Pero el PP tampoco sabe qué va a votar cuando esa PNL se someta al Pleno porque, como reconocen las mismas fuentes, el texto va a cambiar y no lo conocen.

En el PP se cierran en banda a defender su voto en contra de la semana pasada. “Hemos hecho lo que quería el electorado y eso está testado”, dicen las mismas fuentes de Génova en referencia a encuestas que señalan que su base social no rechaza que hayan tumbado el decreto que recogía la subida de las pensiones. “Ante mi electorado, no le he votado nada a Sánchez”, zanjan las mismas fuentes de la dirección.

Pero el PP sí votó “algo” a Sánchez. El miércoles pasado, el Congreso convalidó la cuarta reforma de las pensiones con el voto favorable de los de Feijóo, tal y como adelantó elDiario.es e intentaron desmentir desde Génova.

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha acusado este jueves al Gobierno de ir “contra la norma” y de “trato de favor” al FC Barcelona tras la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de permitir que los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor puedan jugar la final de la Supercopa de España. La decisión llegó después de que LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF) hubieran cancelado las licencias de ambos jugadores debido a problemas con el “fair-play” financiero del club, que no cumplió con algunos requisitos antes del 31 de diciembre de 2024.

Sémper, que considera la resolución del CSD como una “amnistía”, asegura que duda que se hubiera tomado la misma decisión en el caso de afectar a clubes más pequeños. Además, el portavoz del PP cree que “adultera la competición”, sumándose así a las críticas de LaLiga y otros clubes que han cargado contra la resolución por considerarla una “intromisión política”.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha respondido a Sémper asegurando que su acusación es un “delirio”. El portavoz, en una entrevista en “El Món a Rac1”, ha asegurado que politizar las decisiones de los organismos deportivos es “ridículo”. Además, ha puesto en valor los mecanismos institucionales que existen para dirimir estos conflictos y ha pedido “respeto” a las decisiones que tomen los estamentos deportivos.

Hasta este miércoles el Barça había intentado regularizar la situación, pero tanto LaLiga como la RFEF rechazaron todas sus propuestas. Esto llevó al club a recurrir al CSD, argumentando que la Comisión de Seguimiento (un órgano conjunto de RFEF y LaLiga) no tiene competencias para decidir sobre las licencias. El CSD ha aceptado este argumento, señalando que suspender las licencias sin resolver el fondo del asunto causaría “graves perjuicios deportivos y económicos” al Barça y a los jugadores, además de afectar indirectamente a la selección española y otras competiciones.

El CSD ha defendido su resolución como necesaria para evitar un grave perjuicio deportivo y económico al Barcelona, ya que la salida de Dani Olmo, que podía activar una cláusula liberatoria, habría costado al club unos 120 millones de euros. Además, el CSD ha considerado que la medida también protegía los intereses de la selección española y las competiciones nacionales, como LaLiga. Con todo, el organismo ha aclarado que su decisión, que permite que Olmo y Víctor sigan jugando mientras se resuelve el caso, es provisional y que no prejuzga el fondo del caso.

El Partido Popular quiere tomarle la delantera al Gobierno y prepara para este fin de semana una cumbre entre su líder, Alberto Núñez Feijóo, y sus presidentes autonómicos. El encuentro, que se celebrará en Asturias, será “excepcional” y busca elaborar “una propuesta a todos los niveles, de lo local a lo nacional, pasando por lo autonómico”, según ha indicado este lunes el portavoz del partido, Borja Sémper, tras el Comité de Dirección del Partido Popular.

“Trataremos las reformas legislativas que son necesarias en el ámbito nacional y acordaremos las medidas que puedan ser aplicadas allí donde gobierna el Partido Popular”, ha explicado Sémper. En concreto, desde Génova señalan que “urgen medidas y modificaciones, reformas de calado, para erradicar el infierno burocrático que supone la actual tramitación urbanística”. “La solución pasa por construir más viviendas y no por intervenir el mercado”, ha indicado el portavoz.

La medida estrella de los populares para este fin de semana en Asturias será que “las administraciones locales y autonómicas ofrezcan suelos públicos, hoy dotacionales, para convertirlos en suelos residenciales” y poder construir “vivienda asequible, especialmente para jóvenes”, mediante procesos de colaboración público-privada. Los suelos dotacionales son aquellos catalogados para usos públicos de cualquier tipo, como calles, hospitales, colegios o parques.

La idea de Génova es llevar “propuestas concretas” a los parlamentos autonómicos. Tendrá fácil aprobarlas en aquellas comunidades donde gobierna con mayoría absoluta —Andalucía, Madrid, Galicia y La Rioja—, aunque tras la salida de Vox del resto tendrá que negociar con la extrema derecha estas medidas con las que los de Feijóo buscan una “unidad de mercado desde la colaboración autonómica y la simplificación administrativa en todo lo que tienen que ver con la gestión de la vivienda”.

A falta de la letra pequeña de esta medida y de otras con las que el PP quiere “ofrecer una alternativa a las malas políticas del Gobierno”, los populares quieren llevar también sus propuestas al Congreso. “Presentamos una ley de conciliación, fuimos capaces de sacar adelante, parcialmente, una Evau común —que finalmente se redujo a una estructura común y los mismos criterios de corrección— y vamos a seguir centrando nuestros esfuerzos en medidas económicas”, centradas principalmente en “bajar impuestos”, ha dicho Sémper, que se ha abierto pactar con el PNV, pero también con Junts.

“Faltaría más”, ha dicho el portavoz del PP, preguntado por la posibilidad de una mayoría alternativa en temas de vivienda en la Cámara Baja. “En la investidura del presidente Feijóo, en la que no fuimos capaces de investirlo presidente, se comprometió a intentar sacar adelante nuestras medidas con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Si hay grupos parlamentarios dispuestos a aprobar con el PP medidas para paliar este problema, vamos a explorar esas vías”, ha indicado Sémper, que ha excluido a Bildu.

El PP ha aprovechado su primera intervención del año para acusar a Vox de centrarse en hacer oposición a Alberto Núñez Feijóo y no a Pedro Sánchez, después de que la extrema derecha haya suspendido las negociaciones presupuestarias en las autonomías. El partido de Santiago Abascal anunció esa medida en diciembre al conocer que el PP se reuniría con Ejecutivo central para negociar el reparto de menores migrantes, aunque aquel encuentro fue infructuoso.

El portavoz del PP, Borja Sémper, que no brinda una rueda de prensa en Génova desde principios de noviembre, ha ejercido este jueves sus funciones en unas declaraciones ante los medios. En ellas ha señalado la “coincidencia” entre Vox y Sánchez en “atizar” a su partido a costa de todo, especialmente en inmigración.

“Yo creo que hay dos discursos irresponsables. Por un lado el de Sánchez que dice que la inmigración no tiene ningún impacto y hay que resolverlo como él diga, y otro el de Vox, que dice que todos los males son por culpa de la inmigración”, ha dicho preguntado por el movimiento de la extrema derecha, que el pasado verano rompió los gobiernos autonómicos que mantenía con el PP. En aquel momento, los de Feijóo habían llegado a un acuerdo puntual con el Gobierno y Canarias para el reparto de menores migrantes a otras comunidades autónomas.

El pasado diciembre, el PP accedió a retomar las conversaciones con el Gobierno para buscar un acuerdo sobre la ley de extranjería. El Gobierno trata de reformar esa norma para establecer un mecanismo estable de reparto de menores, que no dependa de acuerdos puntuales como el del verano. Tras conocerse aquella reunión, Vox buscó otro golpe de efecto mediático al anunciar que suspendía las negociaciones de Presupuestos con el PP en las diferentes autonomías.

Por eso este jueves Sémper ha querido mandar un mensaje al partido de Abascal. “Nosotros a quien hacemos oposición es a Pedro Sánchez y no a la oposición”, ha dicho. “Vox tendrá que explicar por qué le interesa mucho más hacer oposición a la oposición que a Pedro Sánchez”, ha redundado.

Sobre las negociaciones con el Gobierno y el Ejecutivo de Canarias, Sémper ha dicho que no hay una fecha para una nueva reunión, aunque ha asegurado que su formación está dispuesta a sentarse cuando sea necesario, para “dialogar” y “llegar a acuerdos”. Pero ha advertido a Sánchez que no puede pretender que la negociación sea que el PP le diga “sí a todo” al tiempo que ha concluido que el problema de las negociaciones es que el Gobierno “no lidera”.

“Quien gobierna tiene la obligación de liderar las políticas”, ha dicho al señalar que otros países como el de la ultraderechista Giorgia Meloni han logrado contener el número de llegadas. El PP lleva desde el verano retorciendo los datos en este sentido. Eso sí, Sémper ha rebajado el tono con respecto a Miguel Tellado, que la semana pasada acusó al Gobierno de querer tumbar el ejecutivo canario, en el que el PP está aliado con Coalición Canaria. El portavoz nacional ha cargado contra Sánchez por usar este tema de manera “frívola” y situarse “detrás de la pancarta”.

La semana pasada el presidente canario culpó al Gobierno por la falta de acuerdo pero también contra el PP, al que señaló por esconderse detrás de “excusas” para bloquear cualquier tipo de pacto alrededor de la inmigración.

La ley para enterrear la memoria histórica “suena extraordinariamente bien”

En mitad de esa tensión entre Vox y el PP en los gobiernos autonómicos, la presidenta extremeña, María Guardiola, aceptó hace unos días tramitar una de las leyes que la extrema derecha ha promovido en todos los territorios durante el último año con el objetivo de enterrar todas las políticas de memoria histórica, bajo el eufemismo de leyes de concordia. La Junta de Extremadura hizo ese movimiento como un nuevo guiño al partido de abascal para tratar de acercar su apoyo a los presupuestos.

Un gesto que ha avalado este jueves Sémper. “Los presidentes saben lo que tienen que hacer y es ofrecer políticas razonables y sensatas”, ha comenzado el portavoz, que ha dicho a continuación que todo lo que suena “a concordia, a entendimiento, a encuentro entre españoles” le suena “extraordinariamente bien”. “Fíjese qué bien suena hablar de concordia en lugar de muros”, ha cerrado el dirigente.  

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha admitido esta mañana que el Ejecutivo —del que forma parte— no estaba haciendo lo suficiente para solucionar la crisis de vivienda a la que se enfrenta la población española. Díaz ha asegurado que tanto el PSOE como Sumar “comparten diagnóstico” del problema, pero ha insistido en que el partido de Pedro Sánchez debe empujar más fuerte hacia la solución.

Horas después, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, se ha hecho eco de sus palabras y las ha compartido en la red social X, adjuntando una pullita al trabajo de la ministra: “La vicepresidenta del gobierno dice que el gobierno no está haciendo lo posible para solucionar el problema de la vivienda. Estoy de acuerdo con ella”.

Díaz no ha tardado en contestar, con saña: “Borja, lleváis un año sin aplicar la Ley de Vivienda para bajar los alquileres en 11 Comunidades Autónomas”.

Durante las últimas semanas, en especial tras la manifestación que recorrió Madrid el pasado 13 de octubre para exigir una vivienda digna y la reducción de los precios del alquiler, el Gobierno ha recibido duras críticas por “inacción” ante la crisis. Ha habido críticas al PSOE, también críticas a Podemos y, por supuesto, críticas a Sumar, ante lo que la población considera una Ley de Vivienda “insuficiente”. Dicha ley, aprobada en 2023, dio, según los expertos, algunos buenos pasos en la regulación de alquileres y de reserva de suelo para vivienda social, pero dejó fuera otras muchas problemáticas. Una de ellas, que la responsabilidad de la vivienda está transferida a las comunidades autónomas.

La ministra de Trabajo ya ha pedido —por quinta vez— esta mañana a las comunidades gobernadas por el PP que empiecen a aplicar las medidas de la ley en su territorio, como por ejemplo la declaración de zonas tensionadas para poder topar en ellas el precio del alquiler, algo que los dirigentes populares han boicoteado. El PP impide así desde sus gobiernos autonómicos que se pueda intervenir en el mercado en ciudades con precios disparados a pesar de que algunos alcaldes lo hayan solicitado, como es el caso de A Coruña o Getafe.

“Lo que yo propongo es condicionar los fondos estatales hasta que la cumpláis. La vivienda es una emergencia nacional, no una broma”, ha añadido Díaz en su respuesta al portavoz popular. Efectivamente, hacía pocas horas, la vicepresidente llamaba a retirar las ayudas públicas a esas comunidades que no apliquen la ley.

Borja Sémper no ha respondido todavía a las declaraciones de Díaz.

El precio medio del alquiler sí ha descendido Catalunya, que sí se ha acogido a la norma. Lo ha hecho por primera vez en años, en los municipios donde se aplica el control de rentas de la Ley de Vivienda. En las ciudades que se han clasificado como tensionadas, Barcelona a la cabeza, las mensualidades han bajado un 5%. Eso sí, en el resto, se mantienen igual, y para muchas personas sigue siendo insuficiente.

“Se me abrieron las carnes cuando oí a Aznar hablar del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Recuerdo también el estupor de cuando Jaime Mayor Oreja acercó a presos de ETA. Lo que siempre pensé es que había una razón de Estado. Cada uno tiene que cabalgar con sus contradicciones, Aznar también”. Quién así hablaba en 2020 era Borja Sémper en una entrevista con El País días después de anunciar su salida de la política y en la que afirmaba rotundo: “Seguir hablando tanto de ETA es como olvidar que la derrotamos”. 

Se fue porque la vida pública transitaba entonces por un camino poco edificante, porque “lo que estamos haciendo no se puede llamar política con  mayúsculas”, porque “la defensa de unas posiciones y la crítica de otras es compatible con la educación y el respeto” y “porque la discrepancia debe ir acompañada de la búsqueda de puntos de encuentro”. 

En relación con la lucha contra ETA y las víctimas del terrorismo, Borja Sémper no era un voz cualquiera. A diferencia de Cayetana Álvarez de Toledo, Miguel Tellado, Cuca Gamarra o incluso Alberto Núñez Feijóo, quien fuera portavoz del PP vasco y hoy pone voz al discurso nacional de su partido fue objetivo de la banda terrorista en al menos tres ocasiones. Y aún así siempre ha reivindicado la memoria colectiva de un pasado que no debió existir, celebrado la que ha sido la mayor de las victorias de la democracia y rechazado la utilización de las víctimas en la refriega política.

Sémper fue señalado durante años en la calle Génova por sus declaraciones en favor del entendimiento y la conciliación y, pese a ello, junto al socialista Eduardo Madina, también víctima de ETA, escribió Todos los futuros perdidos (Plaza y Janés), un testimonio turbador contra el miedo, el silencio y el olvido en el que ambos que narran sus vivencias más profundas y lo que supuso para sus vidas la desaparición de la banda asesina.

Pero el Sémper de 2024 no es el de 2020, ni el de 2022. Hoy no se le abren las carnes al ver a su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, blandiendo un folio con las fotografías de los socialistas asesinados por ETA como arma arrojadiza contra Pedro Sánchez. Ni se retuerce en el escaño cuando su partido convierte un pleno monográfico sobre inmigración en un alegato contra la convalidación a varios presos de ETA para cumplir con una norma de la UE. Ni pesteñaea ante la bochornosa manipulación del terrorismo y la instrumentalización del dolor a la que se ha abonado Feijóo. Ni se perturba cuando Ayuso dice que ETA está más fuerte que nunca. Ni se conmueve ante el clamor de varios familiares de socialistas asesinados por la banda pidiendo públicamente respeto a un PP que actúa como si ETA no hubiera dejado de existir hace más de una década. 

Las invocaciones al respeto, al camino edificante por el que debía transitar la política y la advertencia de que seguir hablando tanto de ETA es como haber olvidado la importancia de su derrota ya no forman parte del discurso de un Sémper que, como Aznar, hoy también cabalga entre sus contradicciones en un silencio elocuente y delator que entierra para siempre a esa figura del verso suelto que en su día le dignificó.

A nadie puede ofender más que los terroristas salgan de la cárcel que a sus víctimas, pero por encima del dolor, está la ley, un Estado de Derecho sin excepcionalidades en ausencia de violencia y, sobre todo, están la verdad y la decencia que debieran disuadir a la política de la manipulación y la mentira. Mucho más cuando se trata de un asunto que piden las propias víctimas para sus familiares asesinados en defensa de una democracia que hoy vuela tan bajo como para arrastrar el nombre de todos ellos por el fango parlamentario. Y todo para tapar una negligencia del Grupo Popular.