En los países anglosajones se les llama think tank, un término que se ha traducido al español como 'laboratorio de ideas'. El objetivo primordial de estas organizaciones es elaborar argumentarios y, en definitiva, desarrollar el pensamiento político de una determinada ideología o grupo de interés. En España, con contadas excepciones, estas instituciones han nacido generalmente al calor de los principales partidos políticos en forma de fundaciones. Oficialmente, el PSOE cuenta con la Fundación Pablo Iglesias. El PP, con la Fundación Concordia y Libertad. Podemos creó el Instituto 25M ahora llamado República y Democracia. Vox constituyó la Fundación Disenso y Ciudadanos decidió en diciembre formar la suya propia, que aún no tiene nombre. También cuentan con sus propias fundaciones otros partidos de ámbito autonómico.

El fin de estas organizaciones es asesorar a sus partidos políticos de referencia analizando al electorado, creando nuevas ideas y propuestas para tratar de ensanchar su apoyo social con la ayuda de analistas y expertos en distintas materias. “Las fundaciones de los partidos, como think tanks ligados a proyectos políticos, tienen que hacer esa tarea ideológica que ensanche las oportunidades, coloque debates, abra marcos y prepare nuevos horizontes políticos”, sostiene en declaraciones a este diario Juan Carlos Monedero, director del Instituto República y Democracia.

En la práctica, como señala Carmen Lumbierres, doctora en Ciencia Política, “las fundaciones han sido un instrumento para conseguir fondos para los partidos, con unas características más laxas que las permitidas para la financiación de los partidos políticos, pudiendo ser vías alternativas de financiación”.

En España, estas organizaciones están reguladas por la Ley de Partidos Políticos y por la ley de financiación de esas formaciones. Según esta última, “se considera que una fundación está vinculada o es dependiente de un partido político cuando se constituya con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, del partido político o de otra fundación o entidad vinculada o dependiente de aquel; que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. Además, otra condición es ”que el partido político, directamente o a través de entidades vinculadas, pueda nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato“, y ”que sea designada como fundación vinculada por el partido político, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos“.

En cuanto a su financiación, la ley establece que “las aportaciones que reciban las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos o dependientes de ellos estarán sometidas a los mecanismos de fiscalización y control” por parte del Tribunal de Cuentas. Lumbierres recuerda que, según los últimos informes del Tribunal de Cuentas, “la cuantía de las donaciones privadas a las fundaciones supera a la de los propios partidos”.

“Los laboratorios de ideas españoles, entre los que se encuentran las fundaciones de los partidos, están en todo caso muy lejos de la relevancia que estas instituciones tienen en otros países occidentales”, apunta la también profesora de la Universidad de Zaragoza. “Las aportaciones públicas de los Presupuestos Generales del Estado no han dejado de reducirse, de los cinco millones en 2011 a dos y medio en 2012, dos en 2013, uno y medio en 2014 y alrededor de 1.300.000 euros en 2014 y 2016. En 2017 se recortaron a 900.000 euros para luego pasar, en 2018, a 450.000, la cifra que se mantuvo hasta que los presupuestos de 2021 recortaron a 350.000”.

Estas no son las únicas ayudas que están destinadas de forma exclusiva a las fundaciones vinculadas de forma oficial a partidos con representación parlamentaria. Cooperación Internacional también reparte subvenciones a estas entidades para realizar proyectos dentro de su ámbito. Tanto en el presupuesto de 2021 como en el proyecto de 2022 tienen un presupuesto de 700.000 euros, algo menos que los 900.000 de años anteriores.

Carcedo, presidenta de la Fundación Pablo Iglesias

La organización vinculada a un partido más antigua que existe en España a nivel estatal es la Fundación Pablo Iglesias del PSOE, creada en los años 70 en honor al fundador de la formación ahora en el Gobierno. “Tiene una profunda capacidad de reflexión y permite la recopilación de documentación histórica. También es esencial para adecuar los principios de un partido con más de 141 años de historia al funcionamiento institucional”, explica en conversación con elDiario.es Luisa Carcedo, exministra de Sanidad a la que la Ejecutiva federal del PSOE acaba de elegir como nueva presidenta de la fundación. Desde hace más de 40 años, esta organización que durante varios lustros estuvo dirigida por el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra se dedica a editar distintas publicaciones y a organizar jornadas y charlas. Todo ello con el objetivo de difundir el “pensamiento socialista”.

Las resoluciones del 40 Congreso del PSOE celebrado el pasado octubre plantean “potenciar la Fundación Pablo Iglesias como un potente centro de análisis, estudio y reflexión que sirva de espacio de debate, laboratorio de ideas y de generación de soluciones, de instituto de investigación, gabinete estratégico y espacio de formación y divulgación”. Los textos internos apuntan a que la organización es una “herramienta al servicio del progreso social: un espacio de colaboración con la academia, la universidad y la ciencia, una vía de conexión con la sociedad civil organizada” y “un espacio de fomento de la reflexión intelectual”.

En el caso del PP coexisten varias fundaciones –algo que también ocurrió en el PSOE durante la vida de la Fundación Ideas, creada por José Luis Rodríguez Zapatero y cerrada en 2014– aunque el líder del partido, Pablo Casado, siempre trata de dejar claro que la fundación “de referencia” es Concordia y Libertad, en la que a finales de 2018 colocó como presidente al actual secretario cuarto del Congreso de los Diputados, Adolfo Suárez Illana, el hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez y uno de los fichajes estrella del líder de los populares. Casado quiere que este “sea el think tank de referencia del centro reformista y liberal español” y que conecte al PP “con el resto de centros ideológicos europeos y americanos”.

La particularidad en el caso de los populares es que junto a la Fundación Concordia y Libertad funciona la FAES del expresidente del Gobierno José María Aznar, que el propio líder popular reintegró en el PP nada más ganar las primarias para después colocar a sus principales miembros en puestos de responsabilidad de la dirección popular. Uno de los ejemplos es el de Cayetana Álvarez de Toledo, elegida portavoz del PP en el Congreso en 2018, que luego fue cesada por el propio Casado un año más tarde por el carácter de verso libre de la diputada por Barcelona. Otro es el de Javier Zarzalejos, uno de los principales colaboradores de Aznar, que ahora es eurodiputado.

El reencuentro entre FAES y el PP se produjo tras casi tres lustros de desvinculación por las profundas diferencias ideológicas entre Aznar –de quien Casado fue jefe de Gabinete en la propia FAES– y su sucesor al frente del partido, Mariano Rajoy, al que paradójicamente él mismo había elegido a dedo en 2004.

La convivencia de FAES y Concordia y Libertad en el PP

FAES y Concordia y Libertad conviven así con aportaciones diferenciadas para la dirección de Casado. La fundación de Aznar ha ejercido de guía ideológica del giro a la derecha que emprendió el actual líder del PP tras su victoria en las primarias. Desde el verano de 2018, FAES ha publicado prácticamente cada semana consignas de corte ultraliberal en lo económico, ultraconservadoras en lo político y de ataque constante al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que después los propios populares han ido calcando en sus argumentarios internos.

Concordia y Libertad, sin embargo, se ha centrado en el aspecto más social de la labor del PP, principalmente con la gestión de centros para inmigrantes en la Comunidad de Madrid así como de proyectos internacionales de voluntariado. El 91% de las subvenciones, donaciones y legados concedidos a dicha fundación del Partido Popular entre 2014 y 2018 fueron, no obstante, adjudicadas por gobiernos autonómicos en manos del propio PP o por ministerios y organismos públicos controlados por los populares durante el último Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como reveló elDiario.es en 2020.

Más reciente es la creación del think tank de referencia de Podemos, el Instituto 25M, registrado en 2015, apenas un año después del nacimiento del partido, y que el pasado octubre cambió de nombre y ahora se llama Instituto República y Democracia. Un mes antes, en septiembre, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias –que había dejado la primera línea de la política ese mismo verano tras no lograr los resultados esperados en las elecciones a la Comunidad de Madrid en las que figuró como cabeza de lista– fue elegido presidente de esta fundación que, en la práctica, dirige otro de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero.

Según figura en sus textos internos, la del partido confederal “es una fundación comprometida con el pensamiento crítico, cuyos objetivos son, desde la transversalidad, el análisis, la formación y la creación política y cultural democráticas que irrumpieron en el 15M y tuvieron su expresión política en el nacimiento de Podemos”.

“El Instituto República y Democracia tiene que preparar la llegada de la III República”, remarca Monedero a elDiario.es. “Podemos ha logrado cosas inéditas en España pero falta mucho. Mirar a las fundaciones de la derecha orienta, pero es complicado, porque la FAES recibe millones de euros de financiación privada, algo por lo común vedado a las fuerzas de izquierda salvo que terminen apareciendo las minas de oro, las valijas, las maletas con dinero venezolano o el oro de Moscú”, ironiza.

“Cuando me hice cargo del Instituto empezó la pandemia, luego vino la salida de Iglesias del Gobierno y la campaña de Madrid. Demasiadas emociones fuertes. Sin embargo no hemos dejado de trabajar: hemos hecho un curso virtual de formación para 1500 personas de América Latina, Portugal y España que ha contado con figuras de primera línea, hemos abierto una línea de investigación sobre Soberanía Digital, estamos realizando un estudio sobre criptomonedas”, señala.

“Estamos acompañando el proceso constituyente chileno, estudiando el partido-movimiento como una nueva fase de los partidos políticos progresistas, hemos hecho un acto en Caracas con el gobierno y figuras centrales de la oposición en el marco del proceso de diálogo abierto en México y que tuvo como sede el mismo Parlamento venezolano. Hemos estrechado los lazos con los gobiernos progresistas de América Latina acompañando a los nuevos gobiernos en Chile, Bolivia, Perú y Honduras. Y hemos empezado a otorgarle mucha importancia a las nuevas formas de comunicación, como resultado del análisis del peligro que supone la manipulación informativa para nuestras democracias. La incorporación de Pablo Iglesias a la fundación está vinculada a reforzar precisamente la línea mediática del Instituto”, zanja.

Disenso, contra el “consenso progre”

En septiembre de 2020, los dirigentes de Vox presentaron la Fundación Disenso como un foro de análisis y debate de asuntos de actualidad desde el que dar la “batalla cultural” y hacer frente al “consenso progre”. Está dirigida por Jorge Martín Frías, un ex de FAES y de la Red Floridablanca –otro think tank vinculado al ala derechista del PP–, de la que forman parte Javier Rupérez y Eugenio Nasarre, dos exdiputados y exdirigentes del PP. Su patronato está presidido por el líder de Vox, Santiago Abascal. Pero además también lo engrosan la portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio; el asesor del partido Kiko Méndez-Monasterio; el eurodiputado y periodista Hermann Tertsch o el escritor Fernando Sánchez Dragó, quien tras militar en su juventud en el Partido Comunista de España (PCE) ha ido evolucionando hacia posiciones sumamente conservadoras y en la actualidad está muy ligado a Vox.

“Defendemos el derecho a disentir de la opinión dominante, de la corrección política que limita libertades y derechos fundamentales, con el fin de abrir debates públicos que permitan forjar un nuevo consenso en torno a la libertad, la igualdad, la soberanía y la reivindicación de España como nación”, reza esta organización en sus textos fundacionales. En dos años, Disenso se ha dedicado principalmente a azuzar las ideas de la extrema derecha a través de distintas publicaciones. Pero también ha aprovechado sus ingresos para financiar becas en el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP) o para impulsar el Programa de Jóvenes Líderes de la Iberosfera, una iniciativa que tiene el objetivo de “formar a los futuros dirigentes del ámbito político y social en los países de la Iberosfera”, el espacio en el que Vox sitúa a España, Portugal y países latinoamericanos.

Más verde está, sin embargo, el proyecto de fundación ligado a Ciudadanos. La líder del partido que se dice “liberal” anunció su creación el mes pasado, con la intención de poner al frente de la misma al diputado Guillermo Díaz, aunque por el momento no se ha presentado oficialmente ni se conoce cuál será su nombre.

La politóloga Carmen Lumbierres considera que “la importancia histórica de los partidos en el sistema político español ha condicionado el desarrollo de los think tanks o laboratorio de ideas”. “La proposición de actividades de estudio y desarrollo de pensamiento político y social en España recae mayoritariamente en los partidos políticos a causa de su tradición y la gran implantación territorial. En este contexto, la proliferación de fundaciones vinculadas orgánicamente a los partidos políticos, sobre todo a partir de 1994, año de la creación de las subvenciones públicas específicas para las fundaciones de los partidos por parte del Estado, significó la consolidación de estas organizaciones como tipología dominante de los think tanks españoles”. 

Su valoración de varias décadas de funcionamiento de este tipo de fundaciones señala que “el modelo español presenta un elevado grado de vinculación con los partidos políticos y, en contrapartida, un bajo desarrollo de laboratorios de ideas independientes”.

198 luces verdes en el marcador del Congreso para que España tenga la primera ley de eutanasia de la historia. El hemiciclo dispone de 350 escaños y en contra solo votaron 138 diputados, una exigua representación de las derechas: PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) que, otra vez más, se han autoexcluido de participar en una norma que regula derechos sociales. 

La raíz cristiana del PNV no impidió, en cambio, que los nacionalistas vascos se situasen de nuevo del lado del Gobierno. Lo explicó su portavoz Joseba Agirretxea al subir al atril mirando a los parlamentarios del Partido Popular y la extrema derecha. Les animó a “legislar más allá del código ético de cada uno” y a “dar cobertura legal” a quien no tenga los mismos conceptos “sobre vida o muerte” que ellos. Su ruego no tuvo éxito, ya que tanto el partido de Pablo Casado como el de Santiago Abascal votaron 'no' a una norma que, dicen, fomenta “la cultura de la muerte”.

A la mayoría reforzada de los Presupuestos –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCat, Compromís y Más País–, que amplía a su vez la de la investidura, vino a sumarse ahora Ciudadanos –y otros partidos como Junts, BNG, CUP, Nueva Canarias, Coalición Canaria o PRC– ansiosa Inés Arrimadas por marcar distancias con PP y Vox, para que la foto de Colón sea solo un mal recuerdo del pasado. “Somos liberales y estamos a favor de la libertad”, dijo la líder del partido, que subió al atril a defender personalmente el texto. “Es un honor” apoyar este texto, que se aleja de los “debates estériles” por los que según ella se desliza el debate político en España. 

Así que en estos tiempos raros que vive el país y la política, sacudidos ambos por la peor pandemia en un siglo, la ley que no había sido posible en cuatro décadas largas de democracia, la saca adelante “el Gobierno Franskestein” con apoyo de las derechas moderadas, y con una ecuación impensable hace no mucho que suma a Ciudadanos y los partidos independentistas catalanes. Su apoyo transversal hace presagiar un largo camino para esta norma que sitúa a España a la vanguardia en el derecho a una muerte digna: solo cinco países en el mundo lo habían regulado antes: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.

Los puntos principales de la nueva norma

La ley supone la introducción en España de un nuevo derecho individual, el derecho a la eutanasia, por el que tanto han peleado asociaciones, familias y personas enfermas. Son muchos los rostros que han hecho suya la batalla por la muerte digna en las últimas décadas, y tras decenas de intentos fallidos, esta vez España se convertirá en los primeros meses de 2021 en uno de los pocos del mundo en regularla. La sociedad ya desde hace tiempo parece haberse adelantado y las encuestas más recientes sitúan su apoyo en torno al 85%.   

Desde que en los años 90 Ramón Sampedro reclamara su derecho a poner fin a su vida, han sido varios los casos que han sacudido a la opinión pública y que le han puesto rostro a una ley que llega tarde para muchos. El último fue el de María José Carrasco, la mujer a la que ayudó a morir su marido, Ángel Hernández, y al que ahora la Fiscalía pide seis meses de cárcel. Poco antes, Maribel Tellaetxe, Antoni Monguilod, Luis de Marcos o José Antonio Arrabal murieron esperando una norma que parecía que no llegaba nunca. Este último, enfermo de ELA, hizo público el vídeo de su propio suicidio, en el que lamentaba tener que morir solo para evitar que condenaran a quien le ayudara “y en la clandestinidad”: “¿Por qué no podemos acabar con nuestra vida de manera digna si ésta se convierte en un infierno?”, se preguntaba.

Ese es el objetivo de la norma, que aquellas personas mayores de edad que estén “en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable” que viven como “inaceptable” puedan solicitar ayuda para morir. Será de dos formas: activa, que se produce cuando es el médico el que lo hace, o en forma de 'suicidio asistido', que se refiere a quien se da muerte a sí misma con la asistencia del sanitario, que le proporciona los medicamentos necesarios y le atiende. El paciente debe estar informado y pedirlo de “forma autónoma y consciente”. Además, tiene que pasar por varios filtros en el que al menos dos médicos diferentes deben autorizar la solicitud y una Comisión de Garantía y Evaluación hará un control previo. Los sanitarios tendrán derecho a la objeción de conciencia.

El texto explica que cuando una persona enfrenta una situación vital “que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad”, la vida puede decaer en favor de otros derechos “con los que debe ponderarse” como son la integridad moral y física, la dignidad o la libertad. Y lo dice así porque “no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad” de la persona. Por ello, el Estado “está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica”, esgrime el preámbulo.

Illa defiende el paso hacia “una sociedad más humana”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció en el Congreso para resumir la filosofía de la ley: “No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento insoportable”. Confió, además, en que cuando entre en vigor será un avance hacia “una sociedad más humana y más justa”. El ministro destacó que España es ya “una democracia moderna y lo suficientemente madura” para abordar esta cuestión.

En un ambiente de día histórico, durante el debate en la Cámara Baja distintos portavoces tuvieron recordatorios para el gallego Ramón Sampedro y el doctor Montes, víctima de una furibunda campaña de la derecha madrileña, la política liderada por Esperanza Aguirre que primero lo destituyó como coordinador del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés a raíz de una serie de denuncias anónimas y también la mediática: locutores como Jiménez Losantos e Isabel San Sebastían le llamaban “doctor muerte” y le acusaron de asesinar a 200 personas. 

El clamor brotó otra vez de los bancos de la derecha más cafetera. Vox dijo directamente que la norma abona el terreno a la “industria de la muerte”. Así lo denunció durante el debate de este jueves la diputada de la extrema derecha Lourdes Méndez. Claro que una semana antes, durante el debate de la ponencia, la misma parlamentaria ya había calificado la regulación como “una ley eugenésica maquillada de bonhomía”. “Quizá sea hoy uno de los días más funestos de la democracia. El Gobierno de la muerte ha condenado hoy a la muerte a los más indefensos y a la desesperanza a los más débiles y a los que más sufren”, escribió el presidente del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, en su perfil personal de Twitter.

El PP se quedó solo un escalón más atrás. En sus argumentarios internos, a los que tuvo acceso elDiario.es, la dirección de Casado pedía esta misma semana a todos sus cargos defender que “antes que una ley que se apoya en la muerte hay que desarrollar una ley que apueste por la vida, por desarrollar cuidados al enfermo de calidad”. Génova 13 se refería a “una ley de cuidados paliativos como alternativa clara, útil, médicamente aceptada y respetuosa con la dignidad de la persona frente a una regulación de la eutanasia que no responde a una demanda social y se salta los informes que los expertos han publicado”.

Los de Casado y los de Abascal habían arremetido con dureza en las últimas semanas contra una ley que, aseguran, forma parte de “la cultura de la muerte” que, a su juicio, defienden las fuerzas que apoyan al Gobierno, al que desde hace meses tildan de ilegítimo y dictatorial. Ambas fuerzas, además, han sumado a sus argumentos en contra que la nueva norma se haya aprobado a las puertas de la Navidad, festividad con la que el propio Pablo Casado quiso el miércoles introducir un nuevo elemento para hacer oposición a Pedro Sánchez, al reprocharle en su intervención inicial del Pleno que no felicitara “el nacimiento de Jesús” a “todos los españoles”, algo que el presidente del Gobierno realizó minutos después, felicitando la Navidad directamente –y con ironía– también al propio líder del PP. 

Los reproches a las derechas

En el Congreso, PP y Vox recibieron este jueves duras críticas por parte de la mayoría parlamentaria que aprobó la nueva ley. A los reproches lanzados por la socialista Carcedo y por Agirretxea, del PNV, se sumó la portavoz de Unidas Podemos en materia de Sanidad, Rosa María Medel, que se dirigió a los partidos de Casado y Abascal lamentando que “nieguen a quienes no tienen dinero” o “no piensen como ellos” la utilización de su “libertad personal”. La formación confederal considera que a las derechas “no les importa la libertad personal” y quieren “imponer” al resto de españoles “cómo deben morir”.

El portavoz de Más País, Iñigo Errejón, añadía, por su parte, otra denuncia sobre que la derecha siga siempre un “ciclo” en la tramitación de derechos, “rechazando” primero las nuevas normativas, luego “usándolas” y finalmente “aceptándolas”. La tramitación parlamentaria también concluyó con una pequeña fisura en el PDeCat, ya que uno de sus diputados, Ferrán Bel rompió la disciplina del grupo y se abstuvo, frente al 'sí' de sus compañeros de tribuna, alegando un conflicto ideológico. También se abstuvo el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Y no quiso votar la ley, por su fe católica, el diputado de ERC Joan Capdevila.

Una de las novedades que aportó el debate parlamentario fue que PP y Vox también recibieron las críticas de su socio autonómico, Ciudadanos, que discrepa en este asunto de las tesis más conservadoras y que, además, ha decidido emprender un nuevo rumbo, más centrado, desde que Inés Arrimadas tomó el mando del partido tras la abrupta dimisión de Albert Rivera por el varapalo en las urnas de las generales del 10N.

Durante el debate de este jueves, la propia Arrimadas pedía a los de Casado y Abascal “respeto y no caricaturizar” el marco legal de la eutanasia, que, según ella, cuenta “con garantías”. La máxima dirigente de Ciudadanos reivindicó también el apoyo a una ley de cuidados paliativos como la que defienden PP y Vox, pero insistió en diferenciarla de la eutanasia como “derechos complementarios”. 

Pese al contundente rechazo a la nueva ley, el PP no ha decidido aún si recurrirá la nueva normativa ante el Tribunal Constitucional, al igual que hizo en su día con la ley del matrimonio igualitario de 2005 o la del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero un año después. Vox, sin embargo, sí ha anunciado su intención de llevar la ley de eutanasia ante el Constitucional, con el objetivo de frenar su inminente aplicación lo antes posible.

Dos exministras del anterior Gobierno socialista de Pedro Sánchez que se quedaron sin cartera en el Ejecutivo de coalición pasan a ser presidentas de comisiones parlamentarias en el Congreso de los Diputados. Magdalena Valerio, exministra de Trabajo, será la nueva presidenta del Pacto de Toledo, que afronta la difícil tarea de buscar un consenso entre las distintas fuerzas políticas para reformar el sistema público de pensiones. María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, será la presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública.

Tanto Valerio como Carcedo, muy leales a Pedro Sánchez, se quedaron sin ministerio en la configuración del Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos. “Cada etapa política reviste nuevas circunstancias, exige también de nuevos perfiles”, justificó entonces Sánchez. Ahora, el PSOE las ha elegido para encabezar estas dos comisiones parlamentarias.

Este ha sido el destino para otros cargos del anterior Gobierno socialista que no han repetido esta legislatura. Es el caso de la anterior secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, destituida del cargo por el ministro Marlaska en esta legislatura, que presidirá la Comisión de Interior.

También el anterior alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, el sociólogo Pau Marí-Klose, encabezará una comisión parlamentaria: la de Asuntos Exteriores. Pedro Sánchez mantuvo el Alto Comisionado bajo el poder de Presidencia del Gobierno, que ha dejado en esta ocasión en manos del político vasco Ernesto Gasco. El PSOE se hará con la presidencia de diecisiete comisiones en el Congreso según el acuerdo parlamentario. Su pretensión es dejar fuera de esos puestos, que otorgan visibilidad institucional y retribuciones, a la extrema derecha de Vox.

Omar Anguita, secretario general de juventudes socialistas, será el portavoz del PSOE en la Comisión de Infancia y Adolescencia. Anguita se estrena en el Congreso gracias a la renuncia de las actas de diputadas de la exministra de Justicia en la pasada legislatura, Dolores Delgado, y de Beatriz Corredor.

Gran reto en el Pacto de Toledo

La Comisión del Pacto de Toledo afronta esta legislatura un importante desafío: alcanzar un acuerdo político para una reforma de consenso del sistema público de pensiones, que no ha sido posible en los últimos años. El año pasado el pacto estuvo cerca, pero finalmente se desmarcaron Unidas Podemos y PP.

La Seguridad Social tiene un déficit de más de 18.000 millones de euros, fruto principalmente de los años de crisis que redujeron los ingresos al sistema debido a la fuerte caída del empleo. El gasto en pensiones sigue aumentando, con más incorporaciones de pensionistas, y aunque el empleo también lo hace no es suficiente para cerrar el agujero en las cuentas públicas.

El Gobierno de coalición ha prometido derogar los dos aspectos más importantes de la reforma unilateral de las pensiones de 2013 de Mariano Rajoy y reformar el sistema de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el medio y largo plazo.

El acuerdo en el Pacto de Toledo es muy importante para el nuevo Ejecutivo. El Gobierno de coalición pretende aprobar una reforma de las pensiones consensuada: tanto a nivel político, que se buscará en la comisión del Pacto de Toledo, como en el plano del diálogo social, con el visto bueno de los sindicatos y la patronal.

Magdalena Valerio conoce bien el debate sobre el futuro de las pensiones de los últimos años: formó parte del Pacto de Toledo entre 2012 y 2014 cuando fue diputada en el Congreso. En esta época, Valerio conectó con el equipo de Sánchez en la Cámara Baja y su lealtad se ha mantenido hasta el presente.

Esta legislatura el Pacto de Toledo contará con una dificultad añadida: la presencia de los representantes de VOX, que apuestan por modificar el actual sistema público de reparto de las pensiones por otro semiprivado. Su propuesta de pensiones estaba entre las medidas económicas que el partido de extrema derecha suavizó en su último programa electoral, solo unos meses después de las elecciones de abril.

Presidentes, portavoces y miembros del PSOE en las Comisiones parlamentarias by eldiario.es on Scribd

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, mantendrán sus cargos en el próximo Ejecutivo de Pedro Sánchez, según ha podido confirmar Europa Press.

Uno de los últimos actos que realizó el Gobierno antes de convocar elecciones fue aprobar en el Consejo de Ministros su reforma educativa, y ese será la principal tarea de Celáa en el nuevo Ejecutivo.

Por su parte, la actual ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el titular de Cultura, José Guirao, no continuarán en el Gobierno de coalición que están formando PSOE y Unidas Podemos.

Los nombres de los ministros han comenzado a confirmarse de manera oficial este jueves. Sánchez contará con cuatro vicepresidencias: Carmen Calvo (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria); Pablo Iglesias (Derechos Sociales y Agenda 2030); Nadia Calviño (Economía y Transformación Digital) y Teresa Ribera (Transición Ecológica y Reto Demográfico).

También se ha confirmado que María Jesús Montero retendrá la cartera de Hacienda y asumirá la portavocía del Gobierno, que hasta ahora ejercía Isabel Celaá.

Asimismo, Moncloa ha hecho oficial el resto de nombramientos de los ministros de Unidas Podemos: Irene Montero, en Igualdad; Yolanda Díaz, Trabajo; Manuel Castells, Universidades y Alberto Garzón, Consumo.

La Cumbre del Clima de Madrid ha puesto de relieve, una vez más, que las alteraciones en la atmósfera están deteriorando la salud de las personas. Los picos de calor, de frío, la transmisión de enfermedades que hasta ahora estaban fuera del ámbito de España: toda una batería de impactos que ya no son hipotéticos sino que están aquí. La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha conversado con eldiario.es sobre el Plan Salud y Medio Ambiente en el que está trabajando, sobre la incidencia de la crisis climática en la salud y sobre cuáles son las exigencias para el sistema sanitario español.

Carcedo, además, ha contestado sobre algunos temas polémicos que atañen a su ministerio, como el uso terapéutico del cannabis, el precio de los medicamentos, la ley del aborto o el repunte del discurso conservador que busca entorpecer la educación sexual en las aulas.

La crisis climática hace que en España haya más olas de calor, pero los datos dicen que también llegan picos de frío que tienen más mortalidad.

El plan de temperaturas extremas pone más énfasis en el calor por las características de nuestro país, pero también se está actuando ante los picos de frío, y no solo desde el punto de vista sanitario. Para evitar que haya problemas de cortes de energía eléctrica y de acceso a la energía durante episodios de bajas temperaturas se ha puesto en marcha el bono eléctrico. Hay medidas que no dependen exclusivamente de Sanidad sino de otros ministerios o de otras administraciones, pero todas tienen el mismo objetivo: evitar la agudización de determinadas patologías o incluso la mortalidad en enfermos con complicaciones importantes.

El año pasado nos estrenamos con contagios autóctonos de dengue por el mosquito tigre. En Francia acaban de diagnosticar transmisión interna de zika. ¿Hay que decir claramente que estas enfermedades tropicales han llegado para quedarse y afrontarlo?

Lo que estamos intentando es contenerlo. Detectar los casos e identificarlos bien. Saber si se deben a vectores que no tenían presencia en España y que ahora están apareciendo como consecuencia del cambio climático, por el hecho de que hay temperaturas más altas y durante más tiempo. Efectivamente todo esto lo estamos contando, no lo ocultamos. Toca reconocerlo, darle publicidad y explicar a la población cómo comportarse. La principal recomendación para evitar la propagación de los mosquitos que transmiten estas enfermedades es evitar aguas estancadas, y eso no solamente tiene que ser una labor de las autoridades sanitarias, sino también de las administraciones locales.

Ya que menciona las administraciones locales, ¿Cree que el plan de aire Madrid 360 presentado por el alcalde Martínez Almeida servirá para parar la denuncia contra España en el Tribunal Europeo por contaminación? contra España en el Tribunal Europeo por contaminación

Desconozco en detalle los aspectos más técnicos del proyecto, pero la situación en Madrid no está para reducir los objetivos de lucha contra la contaminación, sino al revés. En Madrid, al igual que en la mayoría de las de las grandes ciudades, la contaminación atmosférica es un problema que está influyendo directamente en patologías.

Por tanto, tendremos que proponernos objetivos más ambiciosos y sobre todo en el caso del tráfico, que es un contaminante fundamental. Todo lo que sea reducir esa ambición es negativo.

¿Y tiene margen el Gobierno para presionar o involucrar al resto de administraciones?

Para ello estará el Plan de Salud y Medio Ambiente, que define los criterios y la monitorización que se debe de hacer de los datos de contaminación atmosférica. Pero claro, cada administración tiene sus responsabilidades. Y sobre la ciudadanía tenemos responsabilidades todos.

¿Sería partidaria de que los límites legales de todos los tóxicos atmosféricos fueran los de la OMS y no que haya un margen más alto para algunos en la normativa?

Los objetivos propuestos por la Organización Mundial de la Salud están pensados desde la óptica de la salud humana y para nosotros son el referente. Por tanto, cuanto más nos aproximemos a ellos, mejor.

En dos ocasiones el Ministerio tuvo que dar marcha atrás con el proyecto de bajar el precio de algunos medicamentos, y el argumento giró en torno a la amenaza de las farmacéuticas de que así no podían garantizar el suministro...

Se producen bajadas de precios de medicamentos –de unos sí y de otros no– dependiendo de la política farmacéutica pero sobre todo de la garantía que tengamos de disponibilidad de medicamentos para tratar enfermedades.

Pero había una lista de productos que iban a ser rebajados y, finalmente, no se hizo con todos ellos...había una lista de productos que iban a ser rebajados y, finalmente, no se hizo con todos ellos

Primero tenemos que garantizar el acceso de la ciudadanía a los medicamentos. Ese es el primer objetivo. El segundo es revisar precios, si ha finalizado el período de patente o si hay disponibilidad de genéricos, y siempre con el criterio de coste-efectividad.

Hablando de medicamentos. ¿Han descartado abrir el asunto del uso del cannabis con fines terapéuticos?

Trabajamos con la medicina basada en la evidencia del valor terapéutico de los medicamentos. Y en el caso de los productos derivados del cannabis o los cannabinoides tiene que ser lo mismo. Hay algún medicamento ya disponible con indicaciones concretas en determinados casos: rigideces, analgesia, incluso epilepsia. Y yo me remito al criterio que defiendo sobre los medicamentos: coste, efectividad y también seguridad.

¿Pero ve lejos abrir ese debate?

Es que ya hay disponibilidad de productos que tienen indicaciones concretas y ese es el camino. Más allá de ahí, yo no alcanzo a entender cuál es el debate ni la discusión.

Ahora, si me dice ¿fumar marihuana? Eso ya es otro cantar y es un problema gordísimo que estamos detectando en jóvenes. Vemos más uso de cannabinoides, también de derivados del cannabis en los vapeadores y vemos las patologías relacionadas. Aquí tenemos que tener otro criterio porque estamos hablando de sustancias adictivas. Hay que tener mucha cautela.

En algún momento desde Podemos se planteó la posibilidad de debatir la legalización. ¿La posición del Gobierno en este caso es taxativa en cuanto a no plantear este tema?

El asunto está en el escenario que acabo de comentar: el Plan Nacional sobre Drogas, y el impacto que está teniendo en los jóvenes... Ahí es donde hay que canalizar cualquier decisión en este ámbito.

¿Los usuarios de la ley de Dependencia pueden esperar medidas rápidas en caso de que haya Gobierno con plenas funciones?

Hay una serie de decisiones inminentes para complementar el desarrollo pleno de la ley. Pero los recursos van en la Ley de Presupuestos. No se pueden pintar. Luego ya se puede reflexionar sobre el mejor sistema, o si hay alguna medida a incorporar para mejorar su funcionamiento. Es decir, hacer una evaluación sobre la propia ley.

¿Se plantea revertir la modificación que hizo el PP sobre el aborto que obliga a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento paterno previo?

Bueno, nosotros no hemos avanzado en ese asunto. Hemos avanzado mucho en el desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Acabamos de aprobar ahora, por ejemplo, el anillo vaginal, sumando nuevos anticonceptivos financiados por el sistema público. Hemos recuperado el observatorio, hemos puesto en marcha muchas medidas que estaban en esa ley. También la de la educación afectivo sexual, a través de un convenio con el Ministerio de Educación.

¿Cómo se va a llevar este plan a las escuelas?

De lo que se trata es de que los niños tengan formación en algo tan importante para la maduración de su sexualidad y de su personalidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de proporcionar información, contenidos técnicos. El sistema educativo es el que tiene aplicarlos. No se trata de que haya un apartado especial sino que todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la afectividad –y también con los métodos anticonceptivos disponibles– debe estar presente de una forma más habitual y sistemática.

¿Falta información sobre sexualidad?

Hemos hecho varios estudios cualitativos para conocer cómo piensan los jóvenes y la conclusión es que hay que reforzar muchísimo la información a la que acceden. Debe ser una información veraz y sensible, porque estamos hablando de la formación de su comportamiento sexual. Muchos problemas derivados de la cosificación de la mujer o de las relaciones sexuales desvinculadas de la afectividad, tienen que ver con que las fuentes de información a las que acceden es la pornografía.

Hay una especie de ofensiva contra todo lo que tenga que ver con este tipo de educación en las aulas, ¿se va a institucionalizar de alguna manera para que sean contenidos que no puedan ser contestados?

Siempre hubo resistencias con esto, pero no podemos dejar de lado realidades tan importantes como los embarazos no deseados o el repunte de las enfermedades de transmisión sexual.

¿A qué atribuye este reverdecer del discurso ultraconservador en España de la mano de Vox?

Ha aflorado un fenómeno que se está observando también en otros países. Lamentablemente aquí no se le ha puesto un cordón sanitario, porque es muy lamentable que se sitúen fuera de los grandes consensos logrados en democracia, de los grandes avances de la democracia. Sobre todo, creo que no se debe blanquear en modo alguno estos planteamientos, ni banalizar estas actitudes. Tenemos que defender los avances logrados por nuestra democracia y seguir avanzando.

Se ha hablado de su ministerio como uno de los que podría adjudicarse a Unidas Podemos en un futuro gobierno de coalición...

(Interrumpe entre risas) Bueno, yo aspiro seguir trabajando en este ámbito, en estas políticas. ¿Dónde? Eso ya se verá. Donde haga falta. Llevo trabajando en esto toda mi vida y evidentemente desde el Partido Socialista Obrero Español. En eso sí que no estoy dispuesta a dar un paso atrás. (sonríe)

¿Cree que hay margen de entendimiento con Unidas Podemos en políticas sociales?

Se me ocurren muchos ámbitos en los que hay coincidencias: justicia social, lucha contra el cambio climático... Pues pongámonos a trabajar en esas coincidencias, y también con otras organizaciones políticas que son necesarias para lograr arrancar esta legislatura. Es hora de ponernos a todas estas cuestiones de las que estamos hablando, y seguir mejorando y perfeccionando nuestra democracia.

El brote de listeriosis de Andalucía, que ha afectado ya a 213 personas, ha provocado el fallecimiento de tres de ellas y seis abortos en mujeres, “está en remisión”, según acaba de explicar la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en el Congreso.

Sin embargo, Carcedo ha asegurado que pese a esta evolución seguirán registrándose casos en personas que aún están incubando la enfermedad o que tienen muestras del producto y no se han enterado de lo sucedido. La ministra ha explicado que el periodo de incubación de la bacteria oscila entre las 24 horas y los 72 días, aunque lo habitual están siendo tres o cuatro jornadas, rapidez que podría deberse “al alto grado de contaminación de la carne”.

La responsable de Sanidad ha comparecido en la comisión de Sanidad del Congreso para hablar sobre el impacto y gestión del brote, surgido en Andalucía por contaminación de carne mechada de la marca La Mechá producida por la empresa Magrudis. De Andalucía, el brote ha pasado a prácticamente toda España y se ha registrado un caso en Francia de un ciudadano británico y otros en Alemania, aunque estos sin confirmar oficialmente.

La ministra ha admitido que se han producido “fallos” y ha explicado que el ministerio está tratando de determinar dónde. Según ha explicado, la primera responsable de la seguridad alimentaria es la empresa, que debe instaurar un sistema de control basado en los peligros existentes y con puntos de control crítico.

“Estamos pendientes de la información de la Fiscalía y del informe final de la inspección que los técnicos de salud pública están realizando sobre el funcionamiento de la empresa y el sistema de autocontrol de análisis de puntos de riesgo”, ha explicado Carcedo.

Carcedo ha defendido la labor del Ministerio de Sanidad en la gestión del caso, especialmente del Ministerio de Sanidad, y la eficacia de los sistemas de control, alerta y comunicación.  La ministra ha explicado que el protocolo de la listeria está en línea con los de otros países europeos, pero ha anunciado que se revisarán los procedimientos.

“España mantiene un sistema muy riguroso de seguridad alimentaria”, ha asegurado la ministra, que durante su comparecencia ha repetido la expresión “analizar áreas de mejora”.

La oposición en bloque ha afeado a la ministra, con más o menos dureza, la falta de coordinación con la Junta y la comunicación realizada sobre el brote a la ciudadanía.

En España se destina el 9% del PIB a la Sanidad, “una de las inversiones más eficaces”, tal y como asegura la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que este miércoles ha inaugurado las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud celebradas en Albacete. En declaraciones a los medios, antes del inicio de las jornadas, ha apuntado a la importancia de una buena gestión de los recursos para hacer frente a los “nuevos desafíos” a los que se enfrenta la Sanidad.

Desafíos como los avances científicos, en medicamentos, en medicina de precisión, “que exigen una inversión importante”. El objetivo del gobierno es, tal y como ha apuntado la ministra, que todo aquel que necesite un medicamento, sea el que sea, tiene que poder tenerlo y con tal fin se ha estructurado y planteado la introducción de nuevos medicamentos que ya ha comenzado.

“Lo estamos haciendo de forma ordenada y precisa y contando con las indicaciones adecuadas”, ha asegurado Carcedo, que se refiere a indicaciones de profesionales expertos y de la mano de las Comunidades Autónomas para que esta introducción de nuevos medicamentos “se guíe por el principio de coste efectividad, es decir, que el precio se fije en relación al valor terapéutico y no al que la industria farmacéutica le quiera poner”.

Es la manera en la que Sanidad se prepara a la realidad de la salud en años venideros y que se prevé que pueda suponer “medicamentos más caros” que se quieren ir incorporando “de forma ordenada y clara”.

Este mismo miércoles eldiario.es avanza el nuevo plan del Gobierno para el fomento de los medicamentos genéricos y biosimilares en el que Sanidad plantea una batería de medidas para mejorar su posición en el mercado, entre las que destacan reforzar la prescripción por principio activo y poner en marcha una política de precios más ventajosa para estos productos, ambas eliminadas o diluidas durante los últimos años. El documento muestra un estacamiento de la entrada de genéricos en España, frente a otros países europeos.

Además la ministra ha señalado la importancia de la “salud comunitaria” y de trabajar en políticas orientadas a “prevenir enfermedades y promocionar la salud” teniendo en cuenta otros determinantes “como los ambientales y los hábitos de vida” que tienen que ver con condiciones culturales.

Trasparencia en salud y servicios sanitarios

La transparencia en salud y servicios sanitarios es el tema principal sobre el que se articulan las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, organizadas por la Asociación de Economía de la Salud (AES), que han comenzado este miércoles en Albacete donde se desarrollarán hasta el viernes, concretamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Bajo el lema ‘La transparencia es saludable. La importancia de la rendición de cuentas en Sanidad’, se pretende resaltar la “importancia de la información pública y la transparencia” y “fomentar el debate sobre el uso que la información tiene en el proceso de elección de los pacientes y en el desempeño del sistema sanitario”.

Tal y como ha apuntado la ministra de Sanidad, “todo lo que hagamos para favorecer la rendición de cuentas de las polítias púbicas estaremos en la buena dirección” y ha definido al Sistema de Salud como “un gran tractor” de innovación, de empleos públicos y otros vinculados, que debe moverse siempre con transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte el consejero de Sanidad, Jesús Fernandez, ha apuntado la importancia de hablar de la Salud, “pero más todavía desde el punto de la sostenibilidad” y de lo que tiene que ser, más adelante “el Sistema Sanitario”.

Según Fernández, hablar de sostenibilidad es hablar de cumplimiento presupuestario. Asi, el consejero ha asegurado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se seguirá trabajando en esta sostenibilidad, “también en la humanización” y prensando en prevención y la cronocidad en Atención Primaria.

Novedades de las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud

Como novedad este año inaugura la jornada una catedrática de Economía de la Salud del Imperial College de Londres (Reino Unido), Carol Propper, que tratará cómo los incentivos y diversos tipos de gerencia pueden influir en los resultados hospitalarios.

Por su parte, el investigador del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Enrique Bernal, cerrará la cita con una sesión que versará sobre “qué se sabe y qué no de la comparación pública de proveedores sanitarios”.

En cuanto a las mesas, cinco en total, tratarán temas muy diversos. En la primera de ellas se abordarán las experiencias de las competencias entre proveedores sanitarios y profesionales individuales para fomentar mejores resultados en salud.

También se evaluarán las tecnologías sanitarias y medicamentos en cuanto a retos en la metodología; los cuidados de larga duranción a personas mayores y los retos del envejecimiento en la economía de la salud; el conflicto de interés entre la investigación y la industria y el fraude bancario.

Por último, habrá mesas de comunicación en abierto con temas como la desigualdad en el acceso a la salud y el medio ambiente y la salud y un ‘speaking corner’ consistente en charlas informales con ponentes o políticos sobre política sanitaria. La AES, además, ha cedido un espacio en estas charlas a la Asociación de Jóvenes Investigadores.

Durante la cita también se hará entrega de los Premios de Investigación a la mejor comunicación oral; mejor comunicación gráfica; mejor artículo publicado de investigación en Economía de la Salud; mejor artículo de investigación en jóvenes investigadores y mejor artículo de salud pública, patrocinado por SESPAS.

Castilla y León reclama al Gobierno de España 9 millones de euros para la financiación de la Ley de la Dependencia. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García, ha llegado este miércoles con esa reivindicación a la celebración del Consejo Territorial de Servicios Sociales, una reunión de las comunidades autónomas con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.

García ha reconocido echar en falta en la celebración de este consejo, el primero que se celebra y con las elecciones ya convocadas, que se aborde la cuestión de la financiación de la Ley de la Dependencia, más aún cuando es, según la consejera, la primera reunión que Carcedo convoca en este ámbito, aunque en el orden del día no se encuentra esta cuestión, a pesar de que “el Gobierno hizo bandera de la recuperación de la financiación para la Dependencia”.

Por tanto, “las personas dependientes” en Castilla y León “van a dejar de recibir 9 millones de euros”, según ha asegurado García, que ha lamentado el “abandono” del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las políticas sociales porque “ha estado más dedicado a cambiar ministros y ministras”. Ese aumento de la financiación, un 6%, fue aprobado por el anterior Gobierno. No obstante, la consejera de Familia ha recordado que Castilla y León es la autonomía del país donde es más eficaz la prestación de esta ayuda.

Lo que sí se ha tratado en este Consejo Territorial de Servicios Sociales que se ha convocado “de forma precipitada”, según Alicia García, ya que ha asegurado que las autonomías apenas han tenido información de los asuntos a tratar, cuestiones relacionadas con el Plan Nacional de Alzheimer y el Plan Integral contra la Violencia Infantil, cuestiones que ya fueron impulsadas por el anterior Gobierno del Partido Popular, tal y como ha señalado la consejera.

El Ministerio de Sanidad ha hecho público este martes una guía de actuación para las afectadas por el mal funcionamiento del implante anticonceptivo Essure, comercializado por Bayer hasta su prohibición el pasado año, que incluye las pautas para su extracción. Se trata de una demanda de las pacientes y está elaborado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) a requerimiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, dependiente de Sanidad).

El pasado 14 de septiembre, la Plataforma Libres de Essure se había reunido ya con la AEMPS y la SEGO para contribuir en su redacción. La ministra María Luisa Carcedo ha presentado el protocolo en una reunión con esa organización y con la Asociación de Afectadas por Essure. Está dirigido a centros médicos y profesionales, de Ginecología y Atención Primaria.

La guía tiene los objetivos de “proporcionar la información y atención adecuada” a todas las usuarias que tengan efectos adversos; “ofrecer las máximas garantías de seguridad” en el procedimiento de retirada del dispositivo así como de su seguimiento en revisiones posteriores; y garantizar “que las pacientes reciben una adecuada información relacionada con la intervención”.

Hay 80.000 mujeres portadoras del Essure en España, que comercializó Bayer, de las cuales la AEMPS refiere 962 casos recibidos de complicaciones, pero las asociaciones calculan unas 1700 aunque “es muy difícil saberlo, cada día llegan mujeres con síntomas y no hay registros”.

Susana Vázquez, de la Plataforma Libres de Essure y presente en el encuentro con Carcedo, lo valora como positivo: “Llevamos mucho tiempo pidiéndolo. En hospitales y centros médicos no se sabe qué es el Essure, no nos hacían caso”. A ella por ejemplo le decían que sus síntomas se debían a que estaba “menopáusica”, con 36 años. Entre los efectos secundarios describe “inflamación de estómago, alergia al metal, infecciones, hemorragia, mucho dolor”. En algunos casos se lleva a cabo la esterilización completa al operar y se quita el útero y las trompas.

El siguiente paso según Vázquez es “reunirse con Bayer, pero de momento no hay reunión prevista”. El pasado mes de julio, el laboratorio farmacéutico anunció que retiraba el Essure del último país donde aún se comercializaba, Estados Unidos. La compañía afronta miles de demandas por todo el mundo de mujeres que han sufrido las consecuencias de ese anticonceptivo, también en España, donde las peticiones de indemnización son “individuales”, especifica Vázquez.

Angélica del Valle, de la Asociación de Afectadas por el Essure, también recibe bien la guía aunque a la salida de la reunión reconocía que todavía tiene que “revisarla” de manera concreta para ver si se cumplen sus demandas más específicas. Destaca entre esos puntos, además de la formación de médicos para que “los médicos de familia supieran lo que era y supieran reconocer sus síntomas”, las pruebas de alergia o el seguimiento médico tras la retirada del implante.

Tanto ella como Vázquez incidían de la importancia de radiografías -también ecografías y TAC- previas a la intervención y también antes de salir de quirófano. Todo ello para “ver si quedan fragmentos y se evite una segunda operación”, como ocurre en muchos casos. El documento incluye este tipo de pruebas en distintos puntos del proceso, y especifica que se realice una radiografía y/o ecografía “si al inspeccionar el implante extraído el médico no está completamente seguro de la extracción completa del implante” en los casos de extracción laparoscópica cuando está ubicado en las trompas de falopio. El Ministerio recalca asimismo que la guía incluye “la realización de TAC y revisiones si no se detectara el dispositivo por ecografía transvaginal y radiografía abdominal”.

Según la ministra, el objetivo es que la guía “tenga la mayor difusión posible entre especialistas en Ginecología y Atención Primaria para que si una mujer informa de una complicación reciba la atención apropiada y pueda ser valorada para su derivación al especialista”.

La Audiencia Nacional rechazó la querella

Del Valle ha valorado que esta guía es una “revisión” de la que se realizó en 2016, de la cual reclamaron a la SEGO cambios “necesarios” y con los que habían insistido al anterior gobierno y las comunidades autónomas. Bayer empezó a comercializar Essure a principios de los 2000 y en 2002 se lo implantaron a las primeras seis mujeres en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, una ciudad en la que se concentran el 10% de las afectadas.

El método consistía en la implantación de dos pequeños muelles de metal -níquel y titanio- con unas fibras de tereftalato de polietileno (PET) en las trompas de falopio a través del útero. En tres meses genera una fibrosis en las trompas, que se adhieren al muelle por el contacto con el PET e impiden el paso del esperma. El método es irreversible, así que se recomendó para mujeres con hijos que tuviesen la clara intención de no volver a quedarse embarazadas.

En julio de este verano, un grupo de mujeres españolas intentó abrir la vía penal contra Bayer con una querella por delito de lesiones y estafa que incluía también a la SEGO y la AEMPS. La Audiencia Nacional rechazó investigarlo por no tener competencias, y la Asociación Española de Afectadas por Essure presentó un recurso.

María Luisa Carcedo será la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil sustituye a Carmen Montón tras su dimisión por las irregularidades de su máster.

Pedro Sánchez ha reaccionado con rapidez para que no coleara la crisis abierta por la dimisión de Montón y ha tirado de un valor seguro dado que Carcedo ya tenía un puesto en el Gobierno, como alta comisionada, además de que formaba parte de la Ejecutiva del PSOE como responsable de Sanidad. La cartera de Bienestar Social la ocupó en el anterior mandato de Sánchez.

Nacida en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) en 1953 y licenciada en Medicina y Cirugía, Carcedo está muy vinculada políticamente al presidente del Gobierno, al que apoyó en las primarias del PSOE frnete a Susana Díaz. Ese apoyo le costó su relación con el presidente asturiano, Javier Fernández, a quien había estado muy unida, pero tomaron caminos diferentes en la batalla que partió en dos a la organización.

Carcedo fue la impulsora de una de las propuestas estrella del programa electoral del PSOE: el ingreso mínimo vital. Al frente del alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil aprobó el Programa VECA, con el que duplicó los fondos para comedores escolares y campamentos para los niños durante el verano.

El nombramiento se produce tras la renuncia de Montón, que se resistió a hacerlo inicialmente, ante las irregularidades de su máster. “Los españoles y españolas tienen un magnífico presidente y para que esta situación no influya le he comunicado su dimisión”, ha explicado Montón en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas. Sánchez le había trasladado su respaldo apenas cuatro horas antes.

La ya exministra ha insistido en su comparecencia en que no ha cometido ninguna irregularidad en el máster de estudios interdisplinares de género cursado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.

La dimisión de Montón se ha precipitado este martes después de que se conociera que copió al menos 19 páginas de su Trabajo de Fin de Máster de diferentes documentos publicados en Internet, tal y como ha adelantado la Sexta.