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Bruselas denuncia a España ante el Tribunal Europeo por el exceso de contaminación en Madrid y Barcelona

La Comisión reactiva el caso contra España tras las decisiones del Ayuntamiento de Madrid para dejar sin efecto las multas de Madrid Central 

Europa concedió un periodo de gracia en diciembre de 2018 por medidas como la zona de bajas emisiones mientras llevaba al tribunal a otros cuatro estados

El comisario de Medio Ambiente ha alertado: "No hay espacio para las excusas". El 9 de julio alertó ante "la grave situación de la contaminación"

Gran Vía, en las primeras horas de implantación de Madrid Central. / S.P

Gran Vía, en las primeras horas de implantación de Madrid Central. / S.P

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia por incumplir los niveles máximos de contaminación del aire en Madrid y  Barcelona. Tras conceder en 2018 un último periodo de gracia a la espera de la implantación de medidas como la zona de bajas emisiones Madrid Central, el intento de desactivación de este proyecto por parte de Ayuntamiento de Madrid revivió el expediente iniciado en 2015. Los umbrales de dióxido de nitrógeno se han vulnerado repetidamente. "No hay espacio para las excusas", ha dicho el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella al confirmar la medida.

"Nunca estamos contentos recurriendo al Tribunal, pero hay ocasiones en las que no hay otro remedio", ha explicado Vella al tiempo que recordaba que España había incumplido de manera "persistente" la normativa comunitaria, desde 2010. Bruselas también denuncia a España por la mala calidad del aire en el Baix Llobregat (Barcelona) aunque desde el Ministerio de Transición Ecológica aclaran sobre esta área que "en 2018 ya han cumplido. No es problema".

El pasado 9 de julio, Bruselas instó por escrito a España mediante un carta dirigida a la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que tomara "medidas adicionales a las existentes" ante "la grave situación de la contaminación en España". Solo dos días después, la Comisión admitía que ya se planteaba denunciar el caso ante la justicia comunitaria si no había cambios sustanciales y que tenía previsto llevar el caso de España, especialmente el de Madrid, a la reunión de comisarios del 24 de julio que decide sobre las infracciones. 

Bruselas abrió el expediente sancionador contra España por el exceso de contaminación en Madrid y Barcelona en junio de 2015. Los niveles de dióxido de nitrógeno excedían repetidamente los límites de la normativa de calidad del aire impuestos desde 2010.

El Ayuntamiento de Madrid dirigido por Ana Botella (PP) intentó que la Unión Europea le concediese una moratoria con la presentación de un plan que Bruselas evaluó insuficiente: el proceso de sanción continuaba. Para febrero de 2017 llegó el segundo aviso por "incumplimiento constante". La siguiente fase era la denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia.

Sin embargo, con el cambio de Gobierno municipal en Madrid dirigido por Manuela Carmena y la presentación del Plan Aire que incorporaba, entre otras cosas, Madrid Central, Bruselas concedió un periodo de gracia en diciembre de 2018. Mientras, cuatro estados con problemas similares acabaron con sus expedientes ante los jueces: Italia, Alemania, Reino Unido y Francia. 

Con la decisión del nuevo Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP, Ciudadanos y el apoyo de Vox de desactivar Madrid Central mediante una moratoria de sanciones sin articular una alternativa, la decisión europea de mantener a España fuera de los tribunales se convirtió en mucho menos sostenible.

El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida hizo bandera durante la campaña electoral del desmontaje inmediato de Madrid Central. Al llegar a la Alcaldía, recurrió a una suspensión de las sanciones para los coches infractores que accedieran sin permiso a la zona como método para dar por cumplida su promesa. Argumentó que el sistema de multas fallaba a pesar de que un informe interno municipal de fecha de 24 de junio establecía que los problemas habían sido subsanados. Martínez-Almeida y su vicealcaldesa Begoña Villacís (Ciudadanos) han insistido después en que Madrid Central no ha sido derogado y que están en proceso de retocar la medida. 

Pero dos magistrados en Madrid han considerado que la actuación municipal, en principio, no ha observado el principio de protección de la salud y el medio ambiente. Sendos juzgados han suspendido cautelarmente la moratoria de multas. Ambos han afeado al Ayuntamiento que no ofrecieran alternativa y recordado que los problemas a la hora de multar se han ido subsanando. Madrid Central funciona actualmente con sanciones.

Aun así, la Comisión Europea ha reactivado el expediente tras las decisiones de Madrid encaminadas a dejar la zona de bajas emisiones sin su régimen sancionador que se ha revelado como elemento crucial para la efectividad de la medida: los índices de dióxido de nitrógeno descendieron especialmente a partir de su implantación después de un periodo de pruebas sin multas reales. Tampoco había diseñado el equipo de Martínez-Almeida un plan concreto para atajar el exceso de contaminación por el que Bruselas denuncia a España.  

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