El PP defiende “la propiedad privada, económica e industrial” de la costa ante un aumento de la protección ambiental
El Partido Popular quiere pocas trabas a la ocupación privada de la costa. Ante la posibilidad de extender la protección del litoral español, los gobiernos autonómicos populares han montado una ofensiva para impedir que un nuevo reglamento de Costas sirva para “restringir los usos del litoral y acortar la duración de las concesiones”.
La Xunta de Galicia es quien lidera este frente con la Generalitat valenciana y la Región de Murcia como lugartenientes. Temen, han admitido, que se “limiten las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre a solo 30 años frente a los 75 actuales y se endurezcan los requisitos para instalar cualquier tipo de negocio en el litoral”. También critican que se amplíe el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) “llevando la línea de deslinde tierra adentro”.
En resumen, no quieren que se pongan más límites a “la propiedad privada, económica e industrial” sobre la costa, según comunicaron en una reunión autonómica celebrada el 19 de febrero en la Casa de Galicia en Madrid en la que estuvieron Asturias, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Cantabria, Catalunya y Euskadi. Tras el encuentro autonómico, el Principado de Asturias –gobernado por el PSOE– tuvo que sacar un comunicado para desmarcarse de la “propuesta de nueva ley” del PP. Su directora general de Urbanismo, Laura López, explicó que ellos apuestan por “reforzar la protección frente a la liberalización”, que destila la iniciativa popular.
Aunque las comunidades costeras del PP ya se reunieron en julio de 2025 para reclamar una nueva legislación a su gusto, esta nueva fase se ha activado ante el inicio de revisión del reglamento de Costas obligado por un expediente sancionador de la Comisión Europea contra España por permitir ocupaciones del litoral “sin justificación”.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica subrayan que “están criticando antes de conocer el texto de modificación del Reglamento General de Costas que se someterá a información pública”.
Desde la ciencia tenemos clarísimo que se necesita un replanteamiento del ordenamiento del frente litoral de toda la costa porque el escenario de cambio climático, de esta emergencia, es global
En medio de este contexto, “desde la ciencia tenemos clarísimo que se necesita un replanteamiento del ordenamiento del frente litoral de toda la costa porque el escenario de cambio climático, de esta emergencia, es global”, explica a elDiario.es el director del Observatorio de riesgos del Colegio de geólogos y geólogas de Catalunya, Joan Manuel Vilaplana.
El geólogo recuerda que “hay que replantear todo el urbanismo y las infraestructuras. Mirarlos de forma distinta”. Se refiere a colocar “la renaturalización de la costa como un libro de cabecera para guiarnos. Una playa ancha en la mejor defensa ante temporales e inundaciones costeras”. Fenómenos severos que no paran de golpear como ha ilustrado el tren de borrascas que atravesó España en enero y febrero y la destrucción que provocó.
“El problema es que tenemos rigidez en la costa y esto es incompatible. Nos encontramos con casas, bloques, hoteles en primera línea de costa... Entonces ¿qué hacemos con eso?”, se pregunta.
La costa, un derecho constitucional
El dominio público marítimo-terrestre (DPMT) que asusta al Partido Popular es un derecho de todos los españoles reconocido explícitamente en la Constitución. Su inclusión, “sin precedente en el derecho comparado” según el análisis del Congreso de los Diputados, frenó de alguna manera la urbanización galopante que había soportado durante décadas: “Ya no pudieron reconocerse enclaves privados en las playas o en la zona marítimo-terrestre”.
Pero, una vez dado el mandato en la Constitución, restaba por identificar sobre el terreno esa zona a lo largo de la costa. Lo que queda dentro está destinado “tanto para su protección, como para su garantía de disfrute público”, explica el Ministerio de Transición Ecológica. Eso garantiza “el derecho, eso sí, con usos adecuados, que ni comprometan su integridad física, ni impliquen que los demás no puedan disfrutarlos también”. Ahí descansa la concepción de la costa como algo público, de todos, y no particular.
El Partido Popular está atacando la delimitación del dominio que se hace mediante el deslinde. El Gobierno valenciano ha reconocido que su ley de Costas, ahora recurrida ante el Constitucional, pretendía impedir que esa línea molestara demasiado. Su consejero de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, explicó que trataban de “poner freno a deslindes y a las recuperaciones posesorias”. La recuperación posesoria es un instrumento legal del Estado recogido en la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para recobrar bienes que se hayan perdido “indebidamente”.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat, Marc García Manzana, ha explicitado más: “No se puede ampliar el dominio público marítimo-terrestre por un episodio extraordinario de oleaje”.
Josep Manuel Vilaplana considera que el DPMT “es una herramienta muy buena”. Cuando el sistema natural no está ocupado “es fácil conservarlo y potenciarlo –abunda– el problema es que tenemos un urbanismo y unas infraestructuras consolidadas”.
Pero el incremento del nivel del mar, de los temporales, de su intensidad “implican que la zona inundable cada vez progresa más e irá progresando más. Eso es lo que te obliga de alguna forma a ir retrocediendo y a liberar espacio”, subraya el geólogo. “La reconstrucción no quiere decir echarlo todo por tierra, sino, a lo mejor, trasladar o ponerlo en otro lugar. Eso obliga a mucha planificación a medio, largo y larguísimo plazo”.
Los responsables del PP han evidenciado la idea que subyace en sus planes costeros: mantener en primer plano la costa como recurso económico. Así, en la Comunitat Valenciana han reiterado que desean una legislación que “compatibilice la protección ambiental con la actividad económica sostenible en el litoral. Un equilibrio real entre la protección ambiental y el desarrollo económico y el respeto a los núcleos tradicionales”. En la Xunta gallega replican que quieren “una nueva ley de costas que aborde de manera integrada la ordenación del litoral teniendo en cuenta tanto los aspectos medioambientales como los económicos y sociales”. El Gobierno murciano ha pedido que “las respuestas a las demandas de ciudadanos y sectores productivos sean más ágiles, eficaces y con mayor seguridad jurídica para nuestros núcleos costeros”.
En absoluto digo que no haya que considerar el valor económico del litoral. Lo que corresponde es cambiar la manera en la que se piensan y enfocan estas actividades. A la larga, las generaciones futuras lo van a conseguir porque convivir con la naturaleza y adaptarse a sus pautas es imprescindible. El mar acaba imponiéndose
A pesar de que nada de eso aparece en las propuestas del Ministerio de Transición Ecológica, los populares envuelven sus proyectos con la proclama de que el Gobierno “quiere eliminar cualquier vestigio de presencia humana del litoral antes de 2050”.
“En absoluto digo que no haya que considerar el valor económico del litoral –aclara Joan Manuel Vilaplana–. Lo que corresponde es cambiar la manera en la que se piensan y enfocan estas actividades. Hace falta mucha pedagogía”. Y vaticina: “A la larga, las generaciones futuras, no nosotros, lo van a conseguir porque convivir con la naturaleza y adaptarse a sus pautas es imprescindible. No hay otra. El mar acaba imponiéndose”.
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