El municipio de Santa Maria (Mallorca) ha respondido este martes con una concentración de rechazo a las agresiones homófobas denunciadas durante sus fiestas patronales el pasado fin de semana. La convocatoria, impulsada por el consistorio y secundada por colectivos como Orgull Crític Mallorca y Antifeixistes Mallorca, ha reunido a vecinos, representantes institucionales y entidades sociales para expresar su apoyo a las personas afectadas, mostrar su rechazo a las agresiones denunciadas y reclamar que unos hechos como los ocurridos el pasado fin de semana no vuelvan a repetirse.

La movilización llega después de que Orgull Crític Mallorca y Antifeixistes Mallorca difundieran un comunicado en el que ampliaban el relato de los hechos y sostenían que la violencia no terminó durante la verbena del viernes, sino que se prolongó durante todo el fin de semana. En el texto, las organizaciones insisten en que lo ocurrido “no fue un conflicto entre dos partes iguales”, sino una sucesión de agresiones dirigidas contra personas LGTBI y quienes salieron en su defensa. Asimismo, reclaman una respuesta institucional “a la altura de las circunstancias” y medidas que garanticen que “todos podamos disfrutar de nuestras fiestas y de nuestro pueblo de forma segura”.

Según explican las entidades, los incidentes comenzaron durante la actuación de las artistas Lluca y Santa Servera Màrtir, contratadas por el ayuntamiento para la verbena de las fiestas, cuando un grupo de jóvenes las increpó con insultos y discursos de odio de carácter LGTBIfóbico y misógino. De acuerdo con el comunicado, parte del público salió en defensa de las artistas para evitar que el espectáculo se interrumpiera, momento en el que los presuntos agresores llamaron a más personas para aumentar la tensión. Como consecuencia, varios asistentes decidieron abandonar la plaza al sentirse inseguros.

Clima de intimidación

Las organizaciones sostienen que el grupo de agresores fue creciendo hasta rodear a varias personas que permanecían en el lugar. Aseguran que comenzaron entonces las agresiones físicas y verbales, con empujones, puñetazos y persecuciones que dejaron, al menos, a una persona con un ojo morado y provocaron varias crisis de ansiedad que requirieron asistencia sanitaria. El clima de intimidación, añaden, fue tal que muchas personas “no querían ir solas ni a sus casas ni al baño”.

El comunicado también denuncia que la violencia continuó durante el resto del fin de semana. Según el relato de los colectivos, el sábado, un joven que había apoyado a las artistas durante la verbena, fue perseguido y agredido por un grupo de cinco o seis personas del mismo entorno que los presuntos agresores de la noche anterior. Afirman que fue golpeado, derribado al suelo mientras le gritaban “maricón de mierda” y que necesitó asistencia médica. Además, sostienen que, una vez concluidas las celebraciones del sábado, otro vecino fue perseguido hasta la puerta de su domicilio por un grupo de características similares.

Las entidades incorporan además un nuevo episodio ocurrido la noche del domingo: la aparición de pintadas antisemitas y simbología nazi en la fachada de la vivienda de unas vecinas del municipio. Consideran que estos hechos evidencian la continuidad del clima de violencia e intimidación vivido durante el fin de semana, si bien por el momento no ha trascendido ninguna investigación oficial que vincule ambos sucesos.

Los hechos denunciados se producen en un contexto de fuerte tensión en en el municipio de Santa Maria. Días antes del inicio de las fiestas, la Guardia Civil detuvo a dos activistas del municipio investigadas por los ataques contra cinco inmobiliarias en protesta contra la turistificación, una actuación que provocó concentraciones de apoyo y críticas por parte de diversos colectivos sociales.

Críticas a la actuación policial

Además del relato de las agresiones, Orgull Crític Mallorca y Antifeixistes Mallorca cuestionan la actuación de la Policía Local de Santa Maria. Las organizaciones consideran que los agentes abordaron lo sucedido durante la verbena como “un conflicto entre dos partes iguales” y no como una agresión motivada por el odio hacia personas LGTBI y quienes las apoyaban.

A su juicio, esa actuación permitió que los presuntos agresores actuaran “con impunidad” y favoreció que la violencia se prolongara durante el resto del fin de semana. Por ello, reclaman una respuesta institucional solvente y la adopción de medidas que garanticen que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas con seguridad. Asimismo, hacen un llamamiento a cualquier persona que presenciara los hechos para que aporte testimonios o imágenes que ayuden a corroborar lo ocurrido y encontrar a las personas involucradas.

Más allá de la condena a los hechos concretos, la protesta ha puesto de manifiesto la inquietud de una parte de la sociedad civil ante el repunte de los discursos de odio contra el colectivo LGTBI y otros. Para los colectivos convocantes y quienes secundaron la concentración, episodios como los denunciados en Santa Maria evidencian que la conquista de derechos no es irreversible y que, lejos de avanzar hacia una convivencia más inclusiva, persiste la percepción de que se están produciendo retrocesos.

El grupo musical Maruxak ha denunciado haber sufrido “una agresión homófoba” en Pamplona el pasado 7 de julio durante las fiestas de San Fermín. “Estas agresiones siguen existiendo y son reales”, han lamentado a través de un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

En el escrito, el grupo explica que en la madrugada del 7 de julio, “hacia las tres de la mañana”, dos hombres comenzaron a “molestar” a las integrantes del grupo y a otras dos personas a grito de “putos maricones”. Además, según añaden les lanzaron “botellas de cristal”.

Cierran el comunicado haciendo un llamamiento a “crear espacios seguros”. “Está en nuestras manos”, aseguran. “Vamos a cuidarnos entre nosotras”.

Maruxak es un grupo travesti fundado en Pamplona en el año 2019 conocido por sus espectáculos en los que combinan el folclore con géneros como el pop y el techno. Está compuesto por ocho artistas y en el año 2024 actuaron en los conciertos de los Sanfermines organizados por el Ayuntamiento de Pamplona.

Un profesor víctima de un ataque homófobo en Mallorca, un chico agredido por cinco menores de edad después de verle besarse con otro durante unas fiestas en Mataró, una persona trans humillada y golpeada por catorce jóvenes en Ontinyent, una agresión tránsfoba grabada para difundirse en redes sociales en Barcelona, un concierto suspendido tras ataques homófobos contra el grupo Fades, un concejal insultado por ser trans en Arrigorriaga, otra brutal agresión homófoba en Tolosa… Cambian las ciudades, cambian las víctimas, cambian quienes agreden, pero el patrón se repite. Estos son solo algunos de los titulares que han dejado las últimas semanas de LGTBIQfobia en nuestro país. Muchas de estas agresiones comparten rasgos inquietantemente similares: se producen en grupo, en espacios públicos, con una fuerte carga de humillación, en ocasiones son grabadas para amplificar el daño y difundirlo en redes sociales, y con demasiada frecuencia, están protagonizadas por personas muy jóvenes.

Estas agresiones no castigan únicamente una orientación sexual, una identidad de género o la manera en que este se expresa desde la disidencia sexual. Estas agresiones castigan la visibilidad de las personas que somos LGTBIQ+, no son episodios aislados ni simples peleas. Son un mensaje que las personas que agreden lanzan no solo a la persona concreta que es víctima, sino a todas las personas que formamos parte de un colectivo que nos identificamos bajo las siglas LGTBIQ+. Un mensaje amplificado en la violencia y que busca expulsarnos del espacio compartido, del lugar público, de la vida cotidiana, de la naturalidad de las relaciones humanas, de los derechos innatos que nos corresponden. Cada insulto, cada escupitajo, cada paliza, cada agresión nos transmite exactamente el mismo recado: “escóndete si no quieres sufrir, vuelve al armario”. Por eso el primer derecho que empieza a perderse cuando avanza la batalla cultural contra la igualdad y los derechos humanos (sean los de las personas LGTBIQ+, las mujeres, las personas migradas o cualquier otro colectivo que es víctima de los discursos de odio de la extrema derecha) es un derecho muy elemental, es el derecho a caminar por la calle sin miedo.

El odio también se aprende porque nadie nace pensando que llamar “maricón”, perseguir a una persona trans o golpear a un chico por besar a otro es una forma “aceptable” de comportarse. Esa legitimación se construye poco a poco, cuando determinados discursos dejan de presentarnos a las personas LGTBI como personas cuyas vidas debe ser respetadas para convertirnos en un problema, en una amenaza o en enfermos. Narrativas que reproducen los planteamientos de Antonio Vallejo-Nájera (que estaba al frente de los servicios psiquiátricos del régimen de Franco) que disfrazó el odio en ciencia para calificar y tratar a las personas homosexuales como enfermas, incapaces y criminales. Basta sembrar una idea para justificar la violencia y convertir el odio en un comportamiento social que proporciona reconocimiento y pertenencia.

No es casual que, mientras aumentan estos discursos, también aumente la presencia de Vox en los gobiernos autonómicos del PP. Tampoco es casual que Vox lleve años calificando el Orgullo de espectáculo de “dudoso gusto”, “bochornoso” o “ridículo” porque su objetivo no es únicamente derogar unas leyes o desacreditar una celebración, es cuestionar la legitimidad de la presencia de las personas LGTBIQ+ en el espacio público y presentar nuestra igualdad como una imposición frente a los demás. Sin embargo, el Orgullo nunca ha sido ni será una celebración privada es la expresión de la rabia, de la rebelión frente a los que nos quieren en los armarios, en los psiquiátricos o en las cárceles. El Orgullo es subvertir el orden patriarcal, es la conquista del derecho a existir sin pedir permiso, a caminar de la mano de quien quieras, a besarnos en las plazas, a actuar sobre los escenarios, a contar nuestras historias, a ocupar el espacio público sin convertir el propio ser en un acto de valentía. Por eso las agresiones que se producen precisamente ahí, en las calles, en los conciertos, en las fiestas populares, en los institutos, en las plazas... no castigan únicamente quién somos, castigan que seamos visibles y pretenden que volvamos a sentir miedo, que pensemos dos veces si damos un beso, si ondeamos una bandera arcoíris o si hablamos con naturalidad quiénes somos.

La LGTBIQfobia ya existía cuando Vox apareció en las instituciones, pero entonces existía el compromiso a construir un consenso democrático que señalaba que era socialmente inaceptable y que impulsó leyes para proteger a quienes históricamente habíamos sido perseguidas y perseguidos. Ese consenso es precisamente el que la extrema derecha de Vox con la complicidad del PP pretende erosionar. Los derechos LGTBIQ+ garantiza algo que no solo nos afecta a quienes formamos parte de este colectivo, afectan al derecho más elemental en una sociedad que quiera vivir sin ser reprimida, el derecho de todas las personas a vivir sin miedo a ser insultadas, humilladas o agredidas. El derecho a vivir en paz en tiempos de fascistas ya sea en España, en Palestina, en Yemen, en Ucrania, en Argentina o en Uganda (esta no es una lista cerrada). Es el orgullo de maricas, bolleras, bisexuales, asexuales, intersexuales y trans* que desafían el odio que no es causal.

La asociación de municipios vascos (Eudel) y el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco han presentado este viernes una guía para que los Ayuntamientos vascos ofrezcan “una respuesta integral y coordinada” y se “ordenen las actuaciones” cuando ocurren casos de discriminación racista, xenófoba, antigitana y LGTBIfóbica, siempre teniendo en cuenta que la víctima está en el centro.

La guía, bajo el nombre de 'Bidea Zabaldu' ('abrir el camino'), pone ejemplos de este tipo de ataques y la respuesta institucional que deben tener. Por ejemplo, un ataque clasificado como “moderado” pueden ser pintadas anónimas, insultos verbales privados o denegación de acceso a locales. En estos casos la guía contempla el borrado discreto de pintadas, la amonestación verbal privada al agresor o una mediación comunitaria. Si los ataques son considerados con un nivel de impacto “alto”, es decir, cuando ocurren campañas de hostigamiento a colectivos, agresiones físicas entre particulares, o ataques a propiedades, se recomienda la publicación de una noticia en la web/revista municipal o la aprobación de una declaración institucional en un plazo de 72 horas. Por último, frente a las agresiones con un nivel de impacto “muy alto”, la guía recomienda llevar a cabo una declaración institucional en un plazo de 72 horas y convocar una concentración ciudadana de repulsa al día siguiente.

Para esto último el documento adjunta ejemplos de declaración institucional de repulsa, para que los ayuntamientos tengan un modelo a seguir. Además, la guía recoge que “si los incidentes ocurren durante las fiestas patronales, se valorará suspender de forma parcial o total los actos programados” y que “las comunicaciones públicas y lemas se traducirán a los idiomas de los principales orígenes de la población extranjera local”. “Ante la presencia de medios de comunicación, el Ayuntamiento debe coordinarse con la Ertzaintza y el Gobierno vasco. La comunicación debe manifestar apoyo institucional y ciudadano a la víctima (respetando estrictamente su anonimato e intimidad), deslegitimar socialmente el motivo del odio (racismo, LGTBIfobia, etc.) responsabilizando únicamente al agresor y orientar a la ciudadanía hacia la convivencia basada en los derechos humanos”, añade el documento.

Cuando ocurre una agresión de este tipo, la guía insiste en que el ayuntamiento debe habilitar una vía de contacto confidencial y accesible (teléfono, correo, dirección) a través del área local más idónea, como servicios sociales o derechos humanos. Ese contacto debe funcionar de manera complementaria a la Policía Local o a la Ertzaintza. Si la víctima realiza una denuncia formalmente ante la Ertzaintza, esta lo notificará a la alcaldía en un plazo de 48 horas para valorar la respuesta social. Eso sí, se evaluarán los casos “especiales” es decir, si la víctima es menor de edad, se avisará “inmediatamente” a la Ertzaintza y si hay indicios de violencia de género o machista, se activan los mecanismos específicos para ese ámbito, que no están recogidos en esta guía. “Cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento un incidente discriminatorio, activará la actuación propuesta correspondiente. Esta será diferente en cada caso en función de la voluntad de la víctima, la urgencia, situaciones específicas (como el interés superior de niños, niñas y adolescentes) y el impacto de los hechos”, añade el texto acordado.

Más allá de la atención a la víctima los ayuntamientos deberán notificar los casos formalmente aunque no haya denuncia oficial, bajo el consentimiento de la víctima para la realización de estadísticas. Además, se promueve la creación de espacios comunitarios y el uso de distintivos para agentes sociales que se formen y se comprometan activamente contra la discriminación y la constitución de “un órgano con representación política, técnica y policial que se reunirá al menos una vez al año para evaluar el protocolo y redactar una memoria de actividad”.

Esta guía ha sido presentada este viernes en Bilbao por la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, y el director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional, Txema Ezkerra, quienes han subrayado que la presentación del manual se lleva a cabo “en el marco del 28J, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+”. “Se trata de un estándar institucional para toda la sociedad vasca. Hablamos de racismo, xenofobia, antigitanismo y LGTBIfobia, pero hablamos sobre todo de qué tipo de país queremos ser. Euskadi quiere ser una comunidad que protege derechos, que no mira hacia otro lado y que transforma valores en políticas públicas”, ha indicado Ezkerra.

Según ha insistido el director de Diversidad, la guía “recuerda que esa realidad discriminatoria no puede encontrar indiferencia institucional”. “No puede encontrar silencio, no puede encontrar improvisación y tiene que encontrar ante todo una respuesta, por lo que el manual se ha elaborado como una herramienta útil para las instituciones locales vascas que quieren trabajar frente a esa discriminación”. Por ello ha explicado que el texto se dirige “sobre todo” a las personas que se enfrentan a la discriminación “en su vida cotidiana” que “son vecinos y vecinas de nuestro pueblo, son vascos y vascas, y tienen derecho a vivir con seguridad, con libertad, con dignidad y sobre todo con reconocimiento”.

Por su parte, Apraiz ha apuntado que 'Bidea Zabaldu' es un “compromiso con una sociedad más justa, más cohesionada y más democrática”, y ha precisado que se trata de ofrecer una “hoja de ruta”, ya que considera “fundamental que los ayuntamientos, mancomunidades y cuadrillas dispongan de criterios consensuados y herramientas comunes para prevenir, detectar y responder adecuadamente”. “Hace falta seguridad institucional. Por eso, desde los ayuntamientos, nos parece oportuno trasladar un mensaje claro: la diversidad forma parte de nuestros municipios y no podemos tolerar ningún tipo de incidente que dañe la convivencia y la libertad de las personas individual o colectiva”, ha defendido la presidenta de Eudel, que según ha señalado, “las ciudades y pueblos de Euskadi no son ajenos a conductas discriminatorias e incidentes de odio”, por lo que es necesario que los ayuntamientos “dispongan de criterios y herramientas comunes para prevenir, detectar y responder adecuadamente a estas situaciones que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas”.

Sobre la guía, la presidenta de Eudel ha explicado que incorpora un modelo de protocolo municipal de actuación “que ofrece pautas para una respuesta integral y coordinada”, de modo que cada ayuntamiento “deberá identificar el servicio o el área más adecuada para recibir y canalizar estos casos”. “Aquí los ayuntamientos tenemos un papel fundamental como administración más cercana, porque tenemos que acompañar a la persona durante todo el proceso, facilitando el acceso a la información y a los recursos especializados y evitando situaciones de desorientación”, ha concluido.

La asociación Espacio Seguro ha denunciado una supuesta agresión homófoba a dos jóvenes en la madrugada del 24 de junio, en la celebración de la hoguera de San Juan en la capital burgalesa, cuando un grupo de cuatro jóvenes les persiguió al grito de 'maricones' y les asestó varios puñetazos en la cara, hechos que han sido ya denunciados ante la Policía Nacional, ha confirmado a EFE la Subdelegación del Gobierno.

De acuerdo con la denuncia pública realizada por Espacio Seguro, los hechos ocurrieron sobre las 3:30 de la noche de San Juan cuando las víctimas salían de la hoguera, en la barriada de San Juan Bautista, y otros cuatro jóvenes les persiguieron.

Tras ver que una de las víctimas sacó su móvil para grabar lo sucedido, el grupo supuestamente asestó varios puñetazos a ambos en la cara y la nuca, y uno de los chicos quedó inconsciente en el suelo y tuvo que ser asistido por los servicios sanitarios.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado a EFE que existe una denuncia en la Policía Nacional presentada por los dos jóvenes, por una supuesta agresión homófoba, que se está investigación y los agentes trabajan para identificar a los supuestos autores.

Espacio Seguro denuncia un aumento de los discursos de odio, que está derivando en mayor número de agresiones verbales y físicas, y recuerda que cuentan con un servicio de apoyo jurídico y psicológico para las víctimas de la lgtbiqfobia, al tiempo que anima a la sociedad a contactar con la asociación cuando tengan conocimiento de una agresión.

Manifestación el domingo

La Asociación Espacio Seguro ha anunciado, además, que con motivo de la celebración este domingo 28 de junio del Día del Orgullo LGTBIQA+, en Burgos tendrá lugar una manifestación a las 20:00 organizada por la asociación junto con Euforia FTA y el Bloque Transfeminista Orgullosamente Combatives.

Bajo el lema 'El fascismo al armario. Barrios orgullosos contra el odio', la convocatoria partirá de la plaza del Cid para, tras recorrer las calles del centro, acabar en la plaza Mayor con la lectura de un manifiesto, en el que reivindicarán los derechos de las personas LGTBIQA+ y denunciarán el aumento de los discursos de odio.

El colectivo recuerda que Castilla y León sigue siendo la única comunidad autónoma sin una Ley LGTBI, y pide una atención sanitaria real, eficiente y sin listas de espera en el Hospital de Burgos para personas trans e intersex, además de garantizar el acceso a tratamientos hormonales y el fin de las intervenciones innecesarias en bebés intersexuales.

También ha reclamado educación pública e inclusiva, con protocolos de acompañamiento y formación a docentes para proteger a las infancias; y denuncian la precariedad y el riesgo de pobreza que expulsa a las personas LGTBIQA+, al tiempo que exigen políticas públicas que aseguren viviendas seguras.

La Policía Nacional ha detenido a doce personas, siete de ellas menores de edad en el momento de los hechos, e investiga a una decimotercera por su presunta implicación en dos agresiones homófobas ocurridas en Palencia en septiembre de 2025. Los investigadores ha explicado que las víctimas fueron captadas a través de una aplicación de contactos y citadas en las inmediaciones del parque Ribera Sur, donde fueron golpeadas, humilladas y vejadas por un grupo que actuó con el mismo patrón en ambos casos.

Los arrestados están acusados de presuntos delitos de lesiones graves y trato degradante por motivación de odio, robo con violencia, daños, daños en vehículo y pertenencia a grupo criminal. Todos ellos son de nacionalidad española, residen en Palencia y carecían de antecedentes policiales y penales.

La investigación, desarrollada por la Brigada Provincial de Información de la Comisaría de Palencia con el apoyo de la Comisaría General de Información y de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, ha concluido con la puesta de los detenidos a disposición judicial, aunque el procedimiento sigue abierto y no se descartan nuevas actuaciones.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha explicado que se trata de “dos casos distintos, pero con el mismo patrón y la participación de las mismas personas”. Según ha detallado, en la primera agresión participaron doce personas, siete de ellas menores de edad en aquel momento y que actualmente ya son mayores, mientras que en la segunda intervino ese mismo grupo junto a un adulto más, que también está siendo investigado.

La primera de las agresiones se remontan al 13 de septiembre de 2025. La víctima había concertado una cita mediante una aplicación de contactos. Al llegar al punto de encuentro se encontró con un joven que actuaba como “cebo” y que la condujo hasta una zona apartada, donde aguardaba el resto del grupo.

Fue allí donde, según la investigación, comenzó una agresión que se prolongó durante un largo periodo de tiempo. La víctima recibió golpes con puñetazos y palos, fue humillada y vejada y los agresores trataron sustraer su vehículo, robarle efectos personales y causar daños materiales, según han explicado la Policía Nacional.

Una semana después, el 20 de septiembre, se produjo una segunda agresión con un procedimiento prácticamente idéntico. Los investigadores ha afirmado que la mayoría de los implicados repitieron su participación y que las dos víctimas sufrieron lesiones de extrema gravedad.

El subdelegado ha querido recalcar que no son hechos aislados. “No hablamos de una pelea, no hablamos de un altercado aislado. Hablamos de dos agresiones muy graves con víctimas previamente captadas por su orientación sexual, con actuaciones conjuntas de varias personas, con violencia física, con humillaciones prolongadas y con una motivación homófoba que, según los investigadores, quedó reflejada desde el inicio”, ha afirmado.

La investigación policial considera que la orientación sexual de las víctimas fue determinante para su elección y que el componente homófobo estuvo presente desde el primer momento, motivo por el que ambos casos se investigan como delitos de odio.

Durante su intervención, Santiago ha explicado además que los investigados conformaban un grupo “muy heterogéneo”, sin una ideología definida ni vinculación política concreta. No obstante, ha avisado de que esa circunstancia “no resta gravedad a los hechos” y ha llamado a reflexionar sobre la influencia de determinados contenidos violentos que circulan por internet.

“Los propios investigados han explicado que actuaban emulando contenidos violentos que veían en redes sociales. Esa explicación naturalmente no justifica nada, pero sí nos obliga a alertar sobre un riesgo real. Las redes sociales no pueden convertirse en una escuela de violencia, de odio y de humillación al diferente”, ha indicado.

El subdelegado ha mostrado su apoyo a las víctimas y ha pedido respetar su intimidad tras “las lesiones, el miedo y la exposición pública” sufridas. Asimismo, ha agradecido el trabajo de la Brigada Provincial de Información por una investigación “rigurosa, discreta y sostenida en el tiempo” y destacó la colaboración ciudadana, que ha calificado de “fundamental” para identificar a los presuntos responsables.

“Quien crea que puede agredir, humillar o perseguir a otra persona por ser distinta, se equivoca”, ha zanjado.

La comisaria provincial de la Policía Nacional, Montserrat Marín, ha animado a las víctimas de este tipo de delitos a denunciar. “Es una lástima que no hayamos podido prevenir, pero al menos ojalá con esto reparemos en parte el daño que han sufrido”, ha apostillado.

IU pide políticas que protejan a víctimas

IU en Palencia ha pedido a la sociedad e instituciones un posicionamiento claro con acciones y políticas que defiendan los logros del colectivo LGTBIQA+ y que protejan a las víctimas de sus agresores. “Espero que paguen por lo ocurrido con todo el peso de la ley porque este tipo de comportamientos no tienen cabida en nuestra sociedad y la condena debe ser ejemplar”, ha manifestado en un comunicado el concejal de IU en el Ayuntamiento, Rodrigo San Martín.

El edil ha destacado la labor de la Policía Nacional y señalado “la crueldad de este tipo de agresiones movidas por el odio y promovidas por quienes día tras día lanzan, públicamente y desde posiciones de poder, mensajes que tienen como consecuencia la deshumanización del colectivo”.

“Maricón”, “bollera”, “sarasa”, “tortillera” o “travelo”. El 75% de la población afirma haber presenciado ataques, físicos o verbales, contra personas del colectivo LGTBI. Más de la mitad, lo ha hecho “con frecuencia” en el último año. Son los datos de una encuesta el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada este jueves.

La encuesta del CIS muestra que buena parte de la población considera que las personas LGTBI no tienen la misma libertad para expresarse o compartir su orientación sexual que el resto. “Los españoles creen que sigue siendo un tema tabú”, indica la entidad en una nota de prensa. El 35,3% de la población asegura que una persona homosexual no puede expresarlo libremente en el trabajo, el 30,1% considera lo mismo en los centros de estudios y un 20,4% piensa que no puede contarlo en la intimidad familiar. En el caso de las personas trans, la mitad de los encuestados considera que no pueden compartirlo en su trabajo.

Pertenecer al colectivo LGTBIQ+ es , en muchos casos, un sinónimo de aislamiento. Así lo considera el 36,6% de la población, que afirma haber presenciado en alguna ocasión “cómo han dejado de hablar” o “han aislado” a alguna persona de este colectivo.

Por partidos políticos, los encuestados consideran que el que PSOE (40,9%) es el que “mejor defiende los derechos del colectivo, muy por encima de Podemos (27,9%) o de Sumar (25,8%)”, mientras “solo un 5,8% piensa que el PP es el partido que más los defiende”, indica el CIS. Precisamente, este mismo jueves, el Congreso ha aprobado la ley que castiga con cárcel las terapias de conversión LGTBI, con el voto en contra de Vox y la abstención del PP.

La encuesta muestra, no obstante, algunos datos positivos. El 71,1% de la muestra admite que el avance en derechos LGTBI “beneficia al conjunto de la sociedad” y casi ocho de cada diez valora “positiva” y “muy positivamente” la celebración del día del Orgullo. La Encuesta Nacional de Salud Sexual, actualizada después de 16 años, muestra que la aceptación de las relaciones LGTBI se ha duplicado, con el 88% de la población que las considera tan respetables como el resto.

Diferentes ante la ley

La encuesta también pregunta sobre la aplicación de las leyes. Casi el 60% de la población considera que estas no afectan por igual a todos los ciudadanos, sino que determinadas ideas políticas influyen en su aplicación. De hecho, el 72% cree que el trato legal se da “según de quién se trate”.

Y, en ese según de quién se trate, salen perjudicadas las personas gitanas o de origen extranjero para la mitad de los encuestados y las mujeres, para el 45%. Además, cuatro de cada diez opina que también penaliza ser musulmán, homosexual, transexual o tener una discapacidad.

El Ayuntamiento de Arrigorriaga, una localidad de Bizkaia, ha condenado a través de un comunicado una agresión tránsfoba contra un concejal de EH Bildu ocurrida el pasado sábado. En la nota, el equipo de Gobierno, formado por EH Bildu, Arrigorriaga Gara y NOA, ha mostrado su “firme rechazo ante estos hechos y su apoyo y solidaridad a la víctima”, a la que han descrito como “un representante de la ciudadanía”, pero cuya identidad por el momento no se ha hecho pública por su protección.

Según han informado desde el Ayuntamiento, durante la agresión algunas personas “intervinieron ante la situación, protegiendo y respondiendo de forma activa frente al suceso”, algo que, han agradecido alegando que se trata de una actitud que demuestra “que la solidaridad y la responsabilidad colectiva son indispensables ante el odio y la discriminación”.

Sobre el suceso, en el comunicado alegan que no solamente “se muestra la LGTBIfobia a través de agresiones físicas”. “Los insultos, desprecios, cuestionamientos o menosprecios son también expresiones de discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. Este tipo de ataques no afectan solo a una persona individual, sino que el mensaje excluyente se dirige a todo el colectivo LGTBI, por lo que la lucha contra la LGTBIfobia es una responsabilidad que compete a toda la sociedad”, ha denunciado el Consistorio, que ha recalcado que “reafirma su compromiso para garantizar la diversidad, hacer frente a la discriminación y construir entornos seguros”.

Desde EH Bildu, por su parte, han denunciado a través de las redes sociales el suceso, han trasladado que “no tolerarán ningún tipo de ataque ni actitud intolerante” y han mostrado su solidaridad y apoyo total a la víctima. “Seguiremos desarrollando políticas públicas integrales para que los pueblos y barrios de Euskal Herria puedan ser espacios libres de LGTBIfobia y para que todas las personas puedan vivir en libertad, con dignidad y sin miedo”, han detallado.

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato a Nelson David Moreno Bolaños, acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021 con el que contactó a través de una aplicación de citas. También ha considerado al acusado culpable del delito de estafa informática por unanimidad. El jurado no ha apreciado, sin embargo, la agravante de discriminación por orientación sexual, también por unanimidad. El jurado popular ha hecho público este viernes resultado de su deliberación que comenzó este miércoles tras finalizar en la Audiencia de Bizkaia la vista oral por el caso, que arrancó el 13 de mayo.

Tras escuchar el veredicto del jurado, el magistrado-presidente deberá decidir qué pena de cárcel dictará en una sentencia que se sumará a los 37 años de cárcel que debe cumplir Moreno Bolaños por condenas anteriores. Por su parte, la Fiscalía pidió 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular solicitó 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia. La acusación popular ejercida por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, (Gehitu) solicitó casi 29 años de prisión por asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática, mientras que la defensa pidió la libre absolución. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandaron entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En su informe, la representante del ministerio fiscal consideró “acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa”. En este sentido, consideró acreditado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”.

Según detallaron las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo contaron como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

La agravante de reincidencia ha sido probada tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

El ya condenado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de dos de los asesinatos, contando este último. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

Este martes se ha celebrado la última sesión en la Audiencia Provincial de Bizkaia del juicio contra Nelson David Moreno Bolaños, acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021. Tras el juicio, que comenzó el pasado 13 de mayo, tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular han mantenido sus peticiones de cárcel. En el caso de la Fiscalía, 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular ha elevado a definitiva también su petición de 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, (Gehitu) también ha elevado a definitivas sus calificaciones y solicita casi 29 años de prisión por asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En la sesión de este martes se ha procedido a la reproducción de prueba documental y presentación de calificaciones finales e informes definitivos por las partes. En su informe, la representante del ministerio fiscal ha considerado “acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa”. En este sentido, ha considerado acreditado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”.

Según han detallado las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo cuentan como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

El jurado está compuesto por siete hombres y cuatro mujeres. Este miércoles está previsto que se realice la entrega del objeto del veredicto al tribunal del jurado y, posteriormente, se retire para iniciar las deliberaciones, que se espera que se resuelvan en las horas posteriores. Además de si el acusado es culpable o no de la muerte de la víctima, y de si se trató de un asesinato o un homicidio, el jurado deberá evaluar también la agravante de reincidencia tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

Otra de las cuestiones que deberá deliberar es si, como sostiene la acusación popular, existe una agravante de discriminación por orientación sexual debido a que, el acusado “seleccionaba a sus víctimas a través de aplicaciones para encuentros con hombres” y si se trató de un asesinato con alevosía. En este sentido, el abogado de la familia de la víctima, que ejerce la acusación particular, ha asegurado en su informe final que la defunción “es compatible con una muerte homicida” y, además, eleva la pena a asesinato con alevosía, porque el fallecido estaba “confiado, relajado y esperando una agradable velada”, lo que “evita cualquier tipo de respuesta”. “La posibilidad de defensa era nula dadas las circunstancias físicas de uno y otro”, ha añadido.

La defensa del acusado, por su parte, ha pedido la absolución argumentando que en este caso, hay “una alineación conveniente de piezas que han ido encajándose con ciertos esfuerzos de las acusaciones”, que “no han probado absolutamente nada”. El abogado de Nelson David Moreno Bolaños ha asegurado que su defendido “no quedó con la víctima, no estuvo en su casa ni le realizó ninguna maniobra conocida como 'mataleón'”, que el acusado “siempre ha declarado exactamente lo mismo” y ha admitido que “recibía tarjetas de crédito y sacaba dinero, que había terceras personas implicadas y que el no era la persona en ningún caso que mató o asesinó a nadie” porque “ni siquiera estuvo” con las víctimas. Sin embargo, no ha podido justificar cómo llegó el teléfono de la víctima al apartamento del acusado ni por qué la Ertzaintza en sus investigaciones no ha averiguado nada sobre los supuestos atacantes que asegura Moreno Bolaños que fueron los culpables, a los que llama Maracucho, JJ y Antoni pero de los cuales no sabe decir nada más que sus motes.

A diferencia de en procedimientos anteriores, el acusado no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra. Sí que habló, al comienzo del juicio, cuando aseguró que era miembro de una banda compuesta por otras personas que cometía únicamente delitos económicos y en ningún caso provocó la muerte a ninguna de las víctimas mediante la técnica 'mataleón'. En cuanto a la muerte del hombre por el que se le está juzgando desde el 13 de mayo en la Audiencia Provincial de Bizkaia, aseguró no conocerlo, no saber dónde se encuentra su casa y no haber chateado nunca con él. “No lo llamé, ni le envié mensajes, ni WhatsApp. No contacté con él”, contestó a preguntas de su abogado.

También señaló que la cuenta de la app por la que se entabló la conversación con la víctima la gestionaban otros miembros de la banda, de la que ya había hablado en procedimientos judiciales previos: Antoni, Maracucho y JJ. Según Moreno Bolaños, él sería el eslabón más débil de la banda, quien solamente se encargaba de ser el “tarjetero”, es decir, a quien le entregaban las tarjetas de crédito una vez sustraídas a las víctimas y él se encargaba únicamente de ir al cajero a retirar el dinero. Sin embargo, estos extremos fueron desmentidos en los dos procedimientos judiciales anteriores en los que se probó que en el primero de los casos, en el intento de homicidio, el acusado entró en la vivienda y atacó a la víctima, que consiguió huir, mientras que en el segundo, finalmente provocó la muerte de la víctima que no pudo escapar tras el ataque. Los acusados tienen derecho a mentir o a no contestar a preguntas.

El acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

El menor de edad que creó el grupo de WhatsApp que bautizó como los 'Whiteboys' y que está considerado en medios policiales como la organización juvenil de extrema derecha más activa y violenta de Asturias ha reconocido que siguió instrucciones de “uno de los jefes de Núcleo Nacional” para “ir a reventar” una manifestación antifascista en Gijón/Xixón, en septiembre de 2024.

Esta banda ha sido desarticulada esta semana con la detención de 19 jóvenes, con edades comprendidas entre los 14 y 22 años, como presuntos autores de al menos 14 episodios violentos por delitos de odio y acoso. Unas agresiones que ellos mismos tildaban de “cacerías” y en las que elegían como víctimas a “moros y rojos”, en localidades asturianas de Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón, Avilés y Castrillón.

Del internamiento a la libertad vigilada

La Sección de Menores de la Fiscalía de Asturias solicitará medidas que van desde el internamiento en régimen semiabierto a la libertad vigilada para la prevención de comportamientos delictivos y tareas socioeducativas orientadas a la educación y la eliminación de prejuicios racistas para los menores que están acusados de formar parte del grupo autodenominado 'White Boys'.

La Fiscalía, una vez finalizada la instrucción del procedimiento, ha enviado su escrito de alegaciones (calificación) al Juzgado de Menores de cara a la celebración de la vista oral. En este escrito va detallando el modus operandi de la organización que organizaba “cacerías” en las que salían deliberadamente a buscar a sus víctimas para propinarles palizas.

Del WhatsApp a las “cacerías” en la calle

Según el relato de hechos de la Fiscalía, todo comenzó en julio de 2024, fecha en la que fija la creación por parte de un menor de edad de un grupo de WhatsApp llamado 'White Boys', en el que se integraron unos 40 jóvenes, siendo administradores del grupo, además de él mismo, otros dos menores y un joven mayor de edad.

En el grupo difundían consignas ideológicas y de simbología nazi, racista, de ensalzamiento de Hitler y de odio a los extranjeros, los homosexuales, los judíos, los socialistas y Testigos de Jehová, y tenían relaciones con otros grupos de extrema derecha.

Sus miembros organizaban lo que denominaban “cacerías de guarros” contra grupos izquierdistas o extranjeros, grabando muchas de sus agresiones en video y difundiéndolas en el grupo.

Armas y drogas

También hacían exhibición de diversas armas, varias de ellas prohibidas, ofreciendo entre ellos puñales, machetes, puños americanos, porras extensibles e incluso exhibían espadas y una pistola.

Otros dos miembros del grupo, en alguna ocasión se encargaron de conseguir hachís y cocaína para distribuirla entre varios integrantes de los 'White Boys'.

Catorce agresores contra una víctima

La mayoría de los hechos que la Jefatura Superior de Policia de Asturias y la Fiscalía de Asturias les imputa a los miembros de este grupo se produjeron entre los meses de agosto de 2024 y abril de 2025.

El 8 de julio de 2024, en el pasadizo del Paseo Marítimo con el parque Isabel la Católica, en Gijón/Xixón, dos jóvenes con sudaderas le dieron a su primera víctima un golpe en la cara, tirándole al suelo y le dieron patadas.

Otras cinco agresiones se produjeron en el mes de agosto de 2024. Según los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el día 7, un menor de edad y uno de los jóvenes integrantes del grupo mayor de edad organizaron lo que ellos denominaban como una “cacería de guarros”, en la que participaron 14 miembros, agrediendo a una víctima.

Un agredido totalmente indefenso

Dos días después, uno de los menores implicados le pegó un fuerte bofetón a un joven no identificado, que “permaneció inmóvil en situación de sumisión e indefensión”.

La siguiente agresión ocurrió el día 13 de agosto cuando cuatro encapuchados, entre los que estaban dos de los menores arrestados, corrieron tras una persona junto a la Iglesia de la Resurrección de Gijón/Xixón y llegaron a agredir a dos jóvenes que sufrieron lesiones pero no formularon denuncia.

Alardeando de “pegar a un moro”

Seis días más tarde, uno de los menores alardeó en el grupo de haber pegado “a un moro” y mostró su camiseta con restos de sangre, “acción que fue aplaudida por varios miembros del grupo”, señala la Fiscalía.

El 28 de agosto, dos de los menores de edad del grupo amenazaron a una menor junto con un grupo de personas no identificadas que hacían ostentación de la ideología nazi. Por este hecho, la Fiscalía mantiene incoado otro expediente.

“Judío, voy a por tí”

En septiembre de 2024, los menores volvieron a actuar. El día 8, festivo en Asturias, dos de los menores -uno de ellos sin identificar- se dirigieron a la Oficina de Turismo de Gijón/Xixón donde preguntaron por mezquitas y centros de menores no acompañados, a la vez que gritaban: “Judío, voy a por ti”.

Al día siguiente, el mismo menor del episodio anterior junto a otro menor de edad se burlaron y acosaron a un joven con acento extranjero. El que está inmerso en la mayoría de estas agresiones y que parece ser el presunto cabecilla, se dirigió hacia la víctima y le espetó: “guarro de mierda, me cago en tu puta madre, putos rojos, Sieg Heil” y otro encapuchado no identificado pasó por delante, haciendo el saludo nazi, según consta en el escrito de calificación de Fiscalía.

El “sacrificio por Hitler”

El 16 de septiembre, de nuevo el presunto líder de los menores junto a otro menor y a un tercer menor no identificado, cogieron a un joven que “sollozaba mientras entre los tres lo llevaban en volandas”, al tiempo que gritaban: “Sacrificio por Hitler”.

El mismo menor, de nuevo, volvió a actuar cuatro días más tarde. El día 20, se acercó en la calle Lealtad de Gijón/Xixón a un joven no identificado y le dio una patada en la espalda con las dos piernas.

Violencia desde el suelo

Este menor, que es el mismo que a lo largo de toda la instrucción de la causa se ha mostrado con mayor agresividad, estuvo implicado en una pelea que tuvo lugar el día 22 y, en el transcurso de la misma, pisó la cabeza a un joven cuando está tirado en el suelo, según el relato fiscal.

Otras dos agresiones más ocurrieron los días 25 y 27 de septiembre. La primera tuvo lugar en la Plaza del Humedal, frente a la casa Rosa, en Gijón, cuando el mismo menor junto a otro joven con indumentaria nazi y cabeza rapada se dirigieron a otra víctima y a otros jóvenes del Sindicato de Estudiantes, diciéndoles la frase: “Sieg Heil, Hitler tenía razón, hay que acabar con todos los rojos”.

“Reventar la mani antifa de Gijón”

Su segunda intervención tuvo como escenario Gijón/Xixón. El menor de edad que lidera al resto de los menores afirmó que siguió instrucciones de “uno de los jefes de 'Núcleo Nacional', según las cuales, ”deben ir contra la manifestación antifa de Gijón“, según su manifestación literal.

Varios miembros del grupo acudieron encapuchados con intención de “reventar” la manifestación que se realizó el 28 de septiembre, aunque no llegó a haber enfrentamiento por la intervención de la Policía.

Planificación de las palizas

La Fiscalía de Menores tiene registradas otras tres actuaciones del mismo integrante del grupo en el mes de octubre que tuvieron lugar los días 6, 8 y 11. El día 6, este menor y otro mayor de edad persiguieron a un tercero no identificado, al que lanzaron una botella; dos días después junto a otro adulto planearon ir a por un “carterista” y darle una paliza, “por moro”. Igualmente planearon ir la noche de Halloween a pegar “a unos moros” y a por “los simaquiaris”, en alusión a los 'Symmachiarii,', el grupo ultra de seguidores del club de fútbol del Real Oviedo.

La última intervención, el día 11, fue con ocasión de una manifestación del Sindicato de Estudiantes en la Plaza del Parchís, también en la ciudad de Gijón/Xixón, donde en esta ocasión otros tres menores junto a otros miembros del grupo intercambiaron mensajes para “ir a liarla, a arrear a los comunistas”. En la manifestación se identificó a dos miembros del grupo, entre los que estaba uno de los menores.

Lesiones a estudiantes

Los episodios violentos continuaron en noviembre de 2024. El día 6, el líder de los menores junto a otro menor y uno de los jóvenes del grupo planearon ir al “Cabaré a pegar moros, a por guarros y al Bola 8 a reventarlos”.

En la tarde del día 9, tres menores de edad -entre los que estaba, de nuevo, su presunto cabecilla-, en compañía de otros menores no identificados, tras haber amenazado previamente a una víctima en redes sociales debido a su pertenencia al Sindicato de Estudiantes, le agredieron, causándole lesiones por las que precisó de asistencia médica e insultaron a su acompañante.

Pintadas e insultos en el instituto

Sobre las 21:20 horas del día 14 de noviembre de 2024, en un pasadizo en el paseo de Begoña de Gijón/Xixón, tres menores -entre los que estaba el líder- y otros miembros del grupo realizaron pintadas con la esvástica nazi y con ensalzamiento a Adolf Hitler y al grupo Ultra Boys, causando desperfectos en una comunidad de propietarios. Igualmente hicieron pintadas insultando a una profesora de un instituto de secundaria.

En la noche del 20 de noviembre , el mismo menor de otras ocasiones en compañía de otro menor no identificado, se dirigió a la zona donde pernoctaban transeúntes en la Avenida Carlos Marx de Gijón/Xixón y les grabó con el móvil.

“Acabar con todos los rojos”

A la mañana siguiente, el líder y otro menor no identificado se dirigieron a dos miembros del Sindicato de Estudiantes frente a la Casa Rosa de Gijón/Xixón y, tras gritarles expresiones nazis, les dijo: “Hitler tenía razón, hay que acabar con todos los rojos”.

El 2 de diciembre de 2024, el líder y otros cuatro jóvenes de estética nazi agredieron en un instituto a otra persona.

Contra los Testigos de Jehová

Tras hacer comentarios en el grupo de WhatsApp otro menor y otros miembros del grupo contra los Testigos de Jehová, diciendo que “son la misma mierda que los judíos”, los días 27 de diciembre de 2024 y 5 de enero de 2025 un miembro del grupo de estética nazi pateó los exhibidores de los Testigos de Jehová en la calle Corrida y en la Plaza del Parchís, en Gijón/Xixón.

El 28 de febrero de 2025 hubo una riña multitudinaria en el Centro Comercial Los Fresnos, en la que, entre otros jóvenes de estética nazi, participó uno de los menores.

Los delitos imputados

La Sección de Menores de la Fiscalía asturiana considera que los hechos son constitutivos de un delito de participación en grupo delictivo; tres delitos de lesiones, un  delito de odio, un delito de tenencia ilícita de armas; dos delitos contra la integridad moral, otro delito de amenazas y un delito de tráfico de drogas.

La Fiscalía mantiene que de estos delitos responderían todos los menores, como coautores de un los delitos de integración de grupo delictivo y de odio. Al creador del grupo de WhatsApp, que siempre intervenía y se considera como presunto cabecilla del grupo de menores además se le imputan tres delitos de lesiones leves, del delito de tenencia de armas prohibidas, un delito de amenazas y dos delitos contra la integridad moral.

A los tres menores que participaron en otras agresiones se les añade además los siguientes delitos: a uno de ellos un delito contra la integridad moral y dos delitos de lesiones de carácter leve; al segundo de ellos un delito de tráfico de drogas y un delito de amenazas y al tercer menor un un delito de tráfico de drogas.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este miércoles la primera sesión del tercer juicio con jurado contra Nelson David Moreno Bolaños, acusado en esta ocasión de un delito de asesinato consumado doblemente cualificado con alevosía y un delito de robo con violencia por el que la Fiscalía solicita para él 16 años de prisión, 13 por homicidio y tres más por estafa continuada con la agravante de reincidencia. La acusación particular, que representa a la hermana y la sobrina de la víctima, que tenía 73 años en el momento de su muerte, pide 25 años por delito de asesinato consumado y cinco años por robo con violencia y, por último, la acción popular, que representa la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bixesuales del País Vasco (Gehitu) y solicita casi 29 años por un delito de asesinato doblemente agravado con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática.

En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

El jurado, compuesto por siete hombres y cuatro mujeres, en sesiones que se prolongarán hasta el próximo miércoles, deberá evaluar también la agravante de reincidencia tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

El ministerio fiscal en su escrito provisional mantiene que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”. Según han detallado las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo cuentan como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

Al igual que en el resto de procedimientos, Nelson David Moreno Bolaños, en su declaración, en la que tan solo ha respondido a preguntas de su abogado, ha tratado de presentarse como un miembro de una banda compuesta por otras personas que cometía únicamente delitos económicos y en ningún caso ha admitido haberle provocado la muerte a ninguna de las víctimas mediante la técnica 'mataleón'. En cuanto a la muerte del hombre por el que se le está juzgando desde este miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia, ha asegurado no conocerlo, no saber dónde se encuentra su casa y no haber chateado nunca con él. “No lo llamé, ni le envié mensajes, ni WhatsApp. No contacté con él”, ha contestado a preguntas de su abogado, quien le ha preguntado que, si no le conocía, cómo era posible que tuviera su contacto guardado en el teléfono móvil y este ha asegurado no saber la respuesta.

También ha señalado que la cuenta de la app por la que se entabló la conversación con la víctima la gestionaban otros miembros de la banda, de la que ya había hablado en procedimientos judiciales previos: Antoni, Maracucho y JJ. Según Moreno Bolaños, él sería el eslabón más débil de la banda, quien solamente se encargaba de ser el “tarjetero”, es decir, a quien le entregaban las tarjetas de crédito una vez sustraídas a las víctimas y él se encargaba únicamente de ir al cajero a retirar el dinero. Sin embargo, estos extremos fueron desmentidos en los dos procedimientos judiciales anteriores en los que se probó que en el primero de los casos, en el intento de homicidio, el acusado entró en la vivienda y atacó a la víctima, que consiguió huir, mientras que en el segundo, finalmente provocó la muerte de la víctima que no pudo escapar tras el ataque. Los acusados tienen derecho a mentir o a no contestar a preguntas.

El acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri.

Un home ha resultat ferit després de patir una agressió homòfoba aquest cap de setmana a Formentera.

Tal com ha denunciat l'associació Sa Clau de s'Armari, el succés es va produir en un carrer de vianants de Formentera quan la víctima s'havia aturat a fer-se una fotografia davant d'un cartell de l'obra de teatre Entrepares. En aquell moment, un vehicle amb dos ocupants va fer un intent d'atropellament per apartar-lo. Després de recriminar la maniobra, els suposats agressors van baixar del cotxe i, en adonar-se del contingut del cartell, van començar a insultar-lo amb expressions homòfobes -“i a més a més maricons”- abans de propinar-li una pallissa.

Segons l'entitat, l'atac va deixar la víctima amb lesions de consideració, incloent-hi hematomes, contusions i ferides al cap, que van requerir atenció mèdica urgent i fins i tot tractament posterior. Subratllen que no es tracta d'un altercat aïllat, sinó d'una agressió clarament motivada per odi cap a l'orientació sexual.

En la seva nota, Sa Clau de s’Armari reclama una resposta contundent per part de les institucions i exigeix que s’obri una investigació exhaustiva per identificar i detenir els responsables. Insisteix que aquest tipus de violència no pot quedar impune i demanen la implicació directa tant de les autoritats insulars com autonòmiques.

“Una agressió comesa al crit de 'i a més a més maricons' no és un simple altercat; és un clar i directe delicte d'odi”, asseveren des del col·lectiu, que fa una crida a la Fiscalia de Delictes d'Odi perquè actuï “amb fermesa i tracti aquest cas amb la gravetat que mereix”. “Instem la justícia a ser clara i contundent en l'aplicació de la llei perquè aquest fet no quedi sense el càstig adequat”, incideixen.

L'associació també demana una condemna pública unànime per part d'institucions, partits i societat civil, especialment en un context proper al Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, atès que adverteix que aquest cas evidencia la necessitat urgent de reforçar les polítiques de prevenció i educació en diversitat: “Aquest lamentable succés demostra, malauradament, que el nostre projecte per prevenir i erradicar la LGTBIfòbia no només és necessari, sinó imprescindible. L'educació en la diversitat i el respecte és l'única via per esborrar l'odi al diferent dels nostres carrers”.

Rebuig institucional als fets

El cas ha provocat la reacció institucional tant del Govern balear com del Consell Insular de Formentera, que han condemnat el que ha passat i han traslladat el seu suport a la víctima.

La consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, ha qualificat els fets “d'absolutament intolerables” i ha subratllat que “no hi ha espai per a l'òdi a les Balears”. A més, ha insistit que qualsevol agressió per motius d'orientació sexual “interpel·la al conjunt de la societat”.

Des del Consell de Formentera han assenyalat que es tracta d'uns fets “absolutament incompatibles” amb els valors de l'illa i han expressat la seva voluntat de col·laborar per aclarir el que ha succeït i depurar responsabilitats.

Ambdues institucions han coincidit en la necessitat de reforçar la denúncia d'aquest tipus d'agressions i d'avançar en polítiques públiques que previnguin la LGTBI-fòbia i garanteixin la protecció de les víctimes.

Un hombre ha resultado herido tras sufrir una agresión homófoba este fin de semana en Formentera.

Tal como ha denunciado la asociación Sa Clau de s'Armari, el suceso se produjo en una calle peatonal de Formentera cuando la víctima se había detenido a hacerse una fotografía frente a un cartel de la obra de teatro Entrepares. En ese momento, un vehículo con dos ocupantes realizó un amago de atropello para apartarlo. Tras recriminar la maniobra, los supuestos agresores descendieron del coche y, al percatarse del contenido del cartel, comenzaron a insultarle con expresiones homófobas -“y encima maricones”- antes de propinarle una paliza.

Según la entidad, el ataque dejó a la víctima con lesiones de consideración, incluyendo hematomas, contusiones y heridas en la cabeza, que requirieron atención médica urgente e incluso tratamiento posterior. Subrayan que no se trata de un altercado aislado, sino de una agresión claramente motivada por odio hacia la orientación sexual.

En su nota, Sa Clau de s’Armari reclama una respuesta contundente por parte de las instituciones y exige que se abra una investigación exhaustiva para identificar y detener a los responsables. Insiste en que este tipo de violencia no puede quedar impune y piden la implicación directa tanto de las autoridades insulares como autonómicas.

“Una agresión cometida al grito de 'y encima maricones' no es un simple altercado; es un claro y directo delito de odio”, aseveran desde el colectivo, que hace un llamamiento a la Fiscalía de Delitos de Odio para que actúe “con firmeza y trate este caso con la gravedad que merece”. “Instamos a la justicia a ser clara y contundente en la aplicación de la ley para que este hecho no quede sin el castigo adecuado”, inciden.

La asociación también pide una condena pública unánime por parte de instituciones, partidos y sociedad civil, especialmente en un contexto cercano al Día Internacional contra la LGTBIfobia, toda vez que advierte de que este caso evidencia la necesidad urgente de reforzar las políticas de prevención y educación en diversidad: “Este lamentable suceso demuestra, desgraciadamente, que nuestro proyecto para prevenir y erradicar la LGTBIfobia no solo es necesario, sino imprescindible. La educación en la diversidad y el respeto es la única vía para borrar el odio al diferente de nuestras calles”.

Rechazo institucional a los hechos

El caso ha provocado la reacción institucional tanto del Govern balear como del Consell Insular de Formentera, que han condenado lo ocurrido y han trasladado su apoyo a la víctima.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha calificado los hechos de “absolutamente intolerables” y ha subrayado que “no hay espacio para el odio en Balears”. Además, ha insistido en que cualquier agresión por motivos de orientación sexual “interpela al conjunto de la sociedad”.

Desde el Consell de Formentera han señalado que se trata de unos hechos “absolutamente incompatibles” con los valores de la isla y han expresado su voluntad de colaborar para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades.

Ambas instituciones han coincidido en la necesidad de reforzar la denuncia de este tipo de agresiones y de avanzar en políticas públicas que prevengan la LGTBI-fobia y garanticen la protección de las víctimas.

“La LGTBIfobia en Pamplona es persistente, no puntual, se manifiesta de forma multidimensional (verbal, simbólica, física, institucional), tiene un marcado componente transfóbico y se ve reforzada por la impunidad y la normalización social”. Ests son algunas delas conclusiones del cuarto informe anual Observatorio contra la LGTBIfobia del Ayuntamiento de Pamplona, según las incidencias registradas en 2025.

El documento refleja que durante el año pasado se registraron 44 incidencias en la ciudad vinculadas a LGTBIfobia, el doble que en el último informe y 11 más que en el año 2023, aunque también se señala la infradenuncia en este ámbito. Además, destaca que en 2025 los servicios públicos en este campo situados en Pamplona, Harrotu y Kattalingune, sufrieron un número significativo de incidencias. Las personas trabajadoras de estos espacios sufren insultos y gritos desde el exterior y discursos de odio prolongados y muy agresivos.

Los resultados provisionales de este informe se presentaron para su análisis ante el Consejo Municipal LGTBI+ y para trabajar en ese foro para trasladar a medidas concretas las recomendaciones para abordar la LGTBIfobia en la ciudad, es decir, para diseñar acciones que eliminen el rechazo, miedo, prejuicio o discriminación hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales por su orientación sexual, identidad o expresión de género, así como sus manifestaciones más frecuentes: agresiones físicas, verbales o actos de discriminación directa o indirecta.

La web municipal recoge un espacio específico sobre el Observatorio contra la LGTBIfobia, que incluye una ficha de registro de incidencias anónima y confidencial, que no tiene carácter de denuncia. También incluye los informes realizados desde el año 2021.

Una radiografía de la violencia transfóbica

El Observatorio contra la LGTBIfobia es un sistema de observación permanente en contra de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en Pamplona. Desde este órgano, se pretende tener una perspectiva global de las agresiones LGTBIfóbicas de la ciudad y así orientar las acciones de prevención y sensibilización que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento. 

A grandes rasgos, julio fue el mes con más incidentes, con el 25% de los casos (11) y el 50% tuvieron lugar en el espacio público el escenario (22, el 50%), entendiendo por espacio público bibliotecas, espacios de cruising, oficinas de administraciones públicas. El espacio laboral ha pasado de 0 incidentes en 2024 a 11 en 2025, específicamente los centros Harrotu y Kattalingune. Por barrios, el Casco Antiguo ha sido la zona de la ciudad en el que más incidentes se han producido con un 38,6% (17), seguido por Mendillorri con un 13,6% (6). En 2024 las agresiones en esos barrios fueron 5 y ninguna, respectivamente.

De los 80 tipos de violencia descritos como componentes de las 44 incidencias,8 (un 9,8%) han presentado violencia física y en 5 (6,1%) ha supuesto la expulsión del espacio. Más del 50%, han sido verbales o simbólicas (como pintadas con simbología fascista o nazi, carteles, destrozos de bancos LGTBI+ …). En el 71% de los casos el agresor fue un hombre (31), la mayoría de las veces desconocido para la víctima.

En casi la mitad de las agresiones no se emiten datos sobre el colectivo al que pertenece la víctima. Con los datos disponible el 38,5% de las agresiones se dirigió contra personas trans, el 26,9% contra gays. La franja de edad más afectada ha sido de personas entre 30 y 49 años (63,6%); en 2024 la franja más afectada fue 18 y 29 años, con un 50% de los casos.

Respecto del origen de la información, en 21 casos (47,7%) la persona que informa es la misma que sufre la agresión, en 17 un 38,6%, es la propia ciudadanía y, en 2 (un 4,5%), la persona informante es una amistad de la persona agredida. En cuanto al sexo de la persona informante un 52,3% se identifica como mujer, un 31,8% como hombre, un 13,6% como persona no binaria y un 2,3% no responde a este ítem. 34 de los 44 incidentes recogidos en 2025 se denunciaron a través del formulario web o de forma presencial en el espacio de Harrotu.

Un comerciant del mercat de Pere Garau, a Palma, ha denunciat haver estat víctima d'una agressió homòfoba presumptament a mans d'altres comerciants del mateix recinte. “Li han fotut la vida”, ha expressat un amic de la víctima en donar a conèixer els fets a les xarxes socials, on explica que els agressors van començar a propinar-li cops i insults per la seva orientació sexual, proferint expressions com “maricó”. L'afectat ja ha interposat denúncies per aquests fets.

“Que en ple 2026 ocorri això és intolerable”, subratlla el missatge, que indica que els fets ja estan denunciats “i en mans dels jutges”. Amb tot, recrimina que, “tot i la condemna que els puguin imposar”, no “es pot permetre que aquesta gent continuï treballant al mateix lloc que el Miquel”.

En la seva publicació, l'amic de la víctima insisteix que “no s'hauria de permetre que aquestes males bèsties continuïn treballant ni estiguin a prop de la persona a la qual odien i a la qual han donat una pallissa. Cal aconseguir que a aquesta gent els facin fora d'allà i cal fer que tothom sàpiga qui són”. Així mateix, assevera que els suposats agressors “menjen pernil” i són “mallorquins” del municipi d'Algaida.

L'agressió ha generat una onada de rebuig al barri. Aquest dimarts, desenes de persones s'han concentrat al mercat de Pere Garau per mostrar el seu suport al venedor i condemnar la violència. A l'acte han estat presents la regidora municipal d'Igualtat, Lourdes Roca, i el de Mercats, Llorenç Bauzá, que han condemnat els fets, que han condemnat els fets. Davant la seva gravetat, l'Ajuntament de Palma suspendrà de manera cautelar la possibilitat que el presumpte autor de l'agressió dugui a terme l'activitat de venda en mercats municipals.

En concret, l'àrea municipal de Mercats ha elaborat un informe basat en l'atestat emès per la Policia Local de Palma. D'acord amb aquest document, i atès que el lloc en què l'agressor exerceix la venda pertany a un altre titular, aquest serà reubicat al mercat com a mesura preventiva. Un cop finalitzin les diligències policials, el Consistori avaluarà si cal adoptar altres mesures addicionals que puguin afectar altres persones implicades.

Durant la concentració, ambdós regidors han traslladat personalment a la víctima el suport de l’equip de govern i de l'Ajuntament, i s'han posat a la seva disposició per a tot allò que pugui necessitar, tal com ha assenyalat la corporació local en un comunicat. En aquest sentit, Bauzá ha mostrat el seu “suport total” a l'home agredit i ha condemnat “rotundament qualsevol acte d'odi o discriminació”, subratllant que es tracta de fets “que no tenen cabuda en una societat democràtica, diversa i inclusiva, i que no representen la ciutadania de Palma”.

Així mateix, el Consistori ha remarcat la importància de denunciar qualsevol agressió o conducta discriminatòria com a pas fonamental per a la seva erradicació i ha reafirmat el seu compromís amb una Palma inclusiva i lliure d’odi.

L'Ajuntament suspèn d'activitat el presumpte agressor

Per la seva banda, representants de Més per Palma, que també han participat en la protesta, han denunciat la gravetat del que ha ocorregut, recriminant que l'agressió ha deixat seqüeles físiques i un “profund impacte psicològic” en una persona “respectada i volguda” al barri. Així mateix, el partit ecosobiranista ha instat l'Ajuntament a posar en marxa protocols eficaços contra les agressions homòfobes en espais públics. “Quan una persona és agredida per la seva orientació sexual, parlem d'un atac a tota la societat”, ha advertit la portaveu de la formació, Neus Truyol, que ha exigit una resposta institucional “ferma i sense excuses”.

Truyol també ha carregat contra l'equip de govern del PP, al qual ha acusat de prioritzar la defensa de “símbols franquistes com el monolít de sa Feixina” davant la protecció de les persones que pateixen violència per la seva identitat sexual.

En aquesta línia, la coordinadora de Podem Illes Balears ha expressat “fàstic i ràbia davant una altra agressió homòfoba” a Palma: “Tot el nostre suport al venedor del mercat de Pere Garau que ha estat agredit al crit de 'maricón'. Cap agressió sense resposta. No donarem ni un pas enrere”. Així mateix, des del PSIB-PSOE han manifestat que Palma “no pot tolerar cap agressió homòfoba” com la del mercat de Pere Garau. “Tot el nostre suport a la víctima. No està sola. Volem una ciutat on tothom pugui viure amb llibertat i sense por. Davant l'odi, més unitat, més fermesa i més orgull”, han manifestat a través d'un missatge en X.

Es dóna la circumstància que, a finals del passat mes de març, un professor de l'IES Baltasar Porcel (Andratx) va patir un atac de caràcter homòfob per part d'estudiants del mateix i d'un altre centre, un episodi que, segons van advertir des del claustre, no és aïllat, sinó reflex d'un problema més ampli en l'àmbit educatiu, en afectar també a altres sectors i àmbits socials.

Un comerciante del mercado de Pere Garau, en Palma, ha denunciado haber sido víctima de una agresión homófoba presuntamente a manos de otros comerciantes del mismo recinto. “Le han jodido la vida”, ha expresado un amigo de la víctima al dar a conocer los hechos en redes sociales, donde explica que los agresores comenzaron a propinarle golpes e insultos por su orientación sexual, profiriendo expresiones como “maricón”. El afectado ya ha interpuesto denuncia por estos hechos.

“Que en pleno 2026 ocurra esto es intolerable”, subraya el mensaje, que indica que los hechos ya están denunciados “y en manos de los jueces”. Con todo, recrimina que “a pesar de la condena que les puedan meter”, no se puede permitir que esta gente siga trabajando en el mismo sitio que Miquel“.

En su publicación, el amigo de la víctima insiste en que “no se debería permitir que estas malas bestias sigan trabajando ni estando cerca de la persona a la que odian y a la que le han pegado una paliza. Hay que conseguir que a esta gente la echen de ahí y hay que hacer que todo el mundo sepa quiénes son”. Asimismo, asevera que los supuestos agresores “comen jamón” y son “mallorquines” del municipio de Algaida.

El Ayuntamiento suspende de actividad al presunto agresor

La agresión ha generado una oleada de rechazo en el barrio. Este martes, decenas de personas se han concentrado en el mercado de Pere Garau para mostrar su apoyo al vendedor y condenar la violencia. En el acto han estado presentes la regidora municipal de Igualdad, Lourdes Roca, y el de Mercados, Llorenç Bauzá, quienes han condenado los hechos, ante cuya gravedad el Ayuntamiento de Palma suspenderá de forma cautelar la posibilidad de que el presunto autor de la agresión lleve a cabo la actividad de venta en mercados municipales.

En concreto, el área municipal de Mercats ha elaborado un informe basado en el atestado emitido por la Policía Local de Palma. De acuerdo al informe, y dado que el puesto en el que el atacante ejerce la venta pertenece a otro titular, éste será reubicado en el mercado como medida preventiva. Una vez finalicen las diligencias policiales, el Consistorio evaluará si es necesario adoptar otras medidas adicionales que puedan afectar a otras personas implicadas.

Durante la concentración, ambos concejales han trasladado personalmente a la víctima el respaldo del equipo de gobierno y del Ayuntamiento y se han puesto a su disposición para lo que pueda precisar, tal como ha señalado la corporación local en un comunicado. En este sentido, Bauzá ha mostrado su “apoyo total” al denunciante y ha condenado “rotundamente cualquier acto de odio o discriminación”, subrayando que se trata de hechos “que no tienen cabida en una sociedad democrática, diversa e inclusiva, y que no representan a la ciudadanía de Palma”.

Asimismo, el Consistorio ha subrayado la importancia de denunciar cualquier agresión o conducta discriminatoria como paso fundamental para su erradicación y ha reafirmado su compromiso con una Palma inclusiva y libre de odio.

“Profundo impacto psicológico”

Por su parte, representantes de Més per Palma, quienes también han participado en la protesta, han denunciado la gravedad de lo ocurrido, recriminando que la agresión ha dejado secuelas físicas y un “profundo impacto psicológico” en una persona “respetada y querida” en el barrio.

Asimismo, el partido ecosoberanista ha instado al Ayuntamiento a poner en marcha protocolos eficaces contra las agresiones homófobas en espacios públicos. “Cuando una persona es agredida por su orientación sexual, hablamos de un ataque a toda la sociedad”, ha advertido la portavoz de la formación, Neus Truyol, quien ha exigido una respuesta institucional “firme y sin excusas”. Truyol también ha cargado contra el equipo de gobierno del PP, al que ha acusado de priorizar la defensa de “símbolos franquistas como el monolito de sa Feixina” frente a la protección de las personas que sufren violencia por su identidad sexual.

En esta línea, la coordinadora de Podem Illes Balears ha expresado “asco y rabia ante otra agresión homófoba” en Palma: “Todo nuestro apoyo al vendedor del mercado de Pere Garau que ha sido agredido al grito de 'maricón'. Ninguna agresión sin respuesta. No daremos ni un paso atrás”. Asimismo, desde el PSIB-PSOE han manifestado que Palma “no puede tolerar ninguna agresión homófoba” como la del mercado de Pere Garau. “Todo nuestro apoyo a la víctima. No está sola. Queremos una ciudad donde todo el mundo pueda vivir con libertad y sin miedo. Ante el odio, más unidad, más firmeza y más orgullo”, han manifestado a través de un mensaje en X.

Se da la circunstancia de que, a finales del pasado mes de marzo, un profesor del IES Baltasar Porcel (Andratx) sufrió un ataque de carácter homófobo por parte de estudiantes del mismo y de otro centro, un episodio que, según adviertieron desde el claustro, no es aislado, sino reflejo de un problema más amplio en el ámbito educativo, al afectar también a otros sectores y ámbitos sociales.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a penas de dos años de prisión y multas de hasta 2.700 euros a diez de los once acusados de la agresión homófoba en Basauri en 2021 a Ekain Perrino. En el caso de uno de ellos, la pena de cárcel es de 14 meses y 1.710 euros de multa al apreciarse en él la atenuante de anomalía psíquica por una discapacidad intelectual leve. Además, a todos ellos se les impone prohibiciones de comunicación y aproximación a la víctima y deberán indemnizarle de forma conjunta y solidaria con 6.000 euros por daño moral y otros 350 euros en concepto de responsabilidad civil. No obstante, en España, una condena de dos años o menos permite generalmente evitar la cárcel sin antecedentes penales, aunque la suspensión no es automática y queda sujeta a la decisión del juez.

Tras el juicio, celebrado a principios de marzo, el tribunal estima probado que el joven fue objeto de un ataque físico y verbal, “en manada”, con una “indudable significación homófoba y discriminatoria”, que no provino de un “mero acaloramiento” sino que tuvo un “claro ánimo de exclusión” por razón “únicamente de su orientación sexual”.

“Estaba en un parque con mi pareja y amigos sobre las dos de la madrugada y uno de los agresores se dirigió a mí diciéndome que me fuera del lugar, que le iba a contagiar y que le doy asco. Le contesté que si le molestaba mi presencia se fuera él. Al poco rato me agredieron por la espalda, me tiraron al suelo y se me echaron todos encima. Me quedé inconsciente y seguían pegándome al grito de 'puto maricón' y 'esto te pasa por maricón de mierda', me protegí como pude”, sostuvo la víctima, Ekain Perrino durante su declaración.

Según detalló el joven, que en el momento de los hechos tenía 23 años, tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión. “He estado varias veces en centros psiquiátricos, voy a la psicóloga todas las semanas y sigo en tratamiento. Sigo sintiendo temor al encontrarme con estas personas por el pueblo. Aunque hayan pasado cinco años todavía me afecta anímicamente lo ocurrido”, aseguró, mientras que las defensas de los acusados se limitaron a argumentar que “decir maricón no es delito de odio”.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 6 de junio de 2021 en un parque de Basauri. Según se recoge en la resolución, la víctima fue conminado a marcharse del lugar por los acusados porque “les iba a contagiar y les daba asco” y ante su negativa, el grupo le rodeó y, “actuando de forma conjunta y guiados con el ánimo de atentar contra la integridad física ajena”, le propinaron patadas y golpes por todo el cuerpo, al tiempo que, con “evidente ánimo de menospreciar, humillar y menoscabar su integridad moral y su dignidad por razón de su orientación sexual”, proferían expresiones de “maricón”, “esto te pasa por ser un maricón de mierda” y “sarasa”, entre otras.

El joven sufrió varias lesiones que necesitaron para su sanación una sola asistencia médica; así como un trastorno adaptativo ansioso reactivo con síntomas postraumáticos asociados por el que precisó de un tratamiento médico especializado. El tribunal concluye que ha existido prueba de cargo suficiente para condenar a los once acusados con base en la declaración de la víctima, a la que otorga “credibilidad y verosimilitud”, y a las corroboraciones periféricas que han existido de su relato, entre ellas las declaraciones de testigos de los hechos que coinciden en lo esencial entre sí y con el testimonio de este.

Además, los magistrados recuerdan que la víctima reconoció a todos los encausados en el plenario “sin ninguna duda como el grupo de personas que llevó a cabo” la agresión en su contra y precisan que las “alegaciones, excusas o coartadas” de los acusados son “bastante” inverosímiles y huérfanas de “todo atisbo de credibilidad”.

El tribunal afirma que los insultos empleados antes y durante la agresión física son de una “indudable significación homófoba y discriminatoria” y “responden al discurso del odio según el cual determinadas personas o colectivos no merecen consideración o respeto”. Añade que su intensidad y reiteración no permite concluir que esos insultos derivasen de un “mero acaloramiento” sino que tuvo un “claro ánimo de exclusión (…) por razón únicamente de su orientación sexual”. La víctima “vio gravemente menoscababa su integridad moral, su dignidad, viéndose obligado a vivir una experiencia de suma humillación, vejación, descrédito y menosprecio por la sola razón de su orientación sexual absolutamente intolerable y enmarcable en el resultado exigido por el delito de odio”.

En este sentido, la Audiencia vizcaína recuerda que en los delitos de odio el sujeto activo ha de actuar con conocimiento y voluntad de cometer el hecho típico (dolo) pero solo es responsable penalmente si la conducta se realiza por un motivo de exclusión o discriminación contra determinado grupo o alguno de sus integrantes (motivación), como estima que sucede en este caso.

El tribunal reconoce que la “levedad” de la agresión se debió al “rápido fin del ataque colectivo, que no duró más que unos minutos ante la inmediata intervención de multitud de personas que se encontraban en el lugar y que impidieron sin lugar a duda un resultado lesivo de mayor gravedad”. Al mismo tiempo estima acreditado que el trastorno adaptativo ansioso sufrido por la víctima fue una consecuencia directa de ese “furibundo atentado” homófobo sufrido “en manada”, en “un espacio público, en presencia de una gran cantidad de personas y de forma absolutamente inesperada”, un hecho que justifica además su reparación moral.

En relación con la coautoría, el tribunal concluye que todos son responsables de los delitos imputados en concepto de autor porque “todos golpearon, todos profirieron expresiones homófobas convirtiéndose, dado su número, en una suerte de ‘jauría’ que golpeaba con brutalidad a la víctima al grito de ‘maricón’, ‘esto te pasa por maricón’” y mantiene que concurre la agravante de abuso de superioridad en la ejecución del delito leve de lesiones y no en el delito de odio al ser inherente a su comisión.

La Audiencia vizcaína rechaza, sin embargo, que se pueda apreciar alevosía en la agresión y también las circunstancias eximentes o atenuantes solicitadas por las defensas de legítima defensa, reparación del daño causado y dilaciones indebidas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre y una mujer de 21 años de edad, como presuntos responsables de un delito de odio y amenazas graves, tras agredir y hostigar de forma continuada a dos mujeres por razón de su orientación sexual. Las víctimas fueron acosadas, amenazadas y agredidas por sus familiares.

La investigación se inició tras la denuncia de las víctimas, quienes venían sufriendo un acoso persistente basado en insultos, vejaciones y amenazas dirigidas a menoscabar su dignidad por su condición sexual. Con el paso de los días, la situación fue escalando, intensificándose las amenazas y la presión sobre las víctimas, llegando incluso a difundirse mensajes en redes sociales para localizar su vehículo, generando un clima de intimidación constante.

Los hechos culminaron el pasado 23 de marzo, cuando los agentes fueron comisionados a las inmediaciones de un centro escolar, donde varias personas estaban golpeando violentamente un vehículo en cuyo interior se encontraban las víctimas, profiriendo amenazas de muerte.

Durante la intervención policial, uno de los detenidos esgrimió un arma blanca, con la que llegó a causar una lesión a una de las víctimas, mientras el resto participaba activamente en la agresión, golpeando el vehículo e intentando acceder a su interior. 

Los detenidos, pasaron a disposición de la autoridad competente, el Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos.  

Un delito de odio es aquel que se comete contra una persona o grupo motivado por prejuicios o rechazo hacia alguna de sus características personales, como su orientación sexual, identidad de género, origen, religión o cualquier otra condición. En estos casos, no solo se ataca a la víctima de forma individual, sino que se vulnera su dignidad y se genera un impacto sobre todo el colectivo al que pertenece, por lo que este tipo de conductas tienen una especial gravedad y reproche penal.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta implicación en la agresión homófoba a un joven ocurrida en la madrugada del pasado domingo en el centro de Pontevedra. Así lo ha informado este miércoles el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada.

Según ha explicado Losada –y recoge Europa Press–, los arrestados son el supuesto autor material de la agresión y otras dos personas que habrían colaborado “en diverso grado” en los hechos. Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este mismo jueves. Con estas detenciones, ha señalado, el caso queda “en principio resuelto”.

La agresión se produjo alrededor de las 8:45 horas del domingo frente a un establecimiento de hostelería situado en la calle Doña Teresa, en pleno casco histórico de Pontevedra. De acuerdo con la denuncia presentada, la víctima se encontraba en la zona junto a una acompañante cuando un grupo de jóvenes, de unos 20 años, comenzó a increparlos presuntamente con insultos relacionados con su orientación sexual.

La testigo relató en un vídeo difundido en redes sociales que ambos estaban “tranquilamente, sin molestar a nadie” cuando comenzaron los insultos. Según su versión, los jóvenes les exigieron que abandonasen el lugar y la situación fue derivando en una actitud “cada vez más agresiva y claramente homófoba”.

Ante la escalada de tensión, la mujer decidió no responder a las provocaciones y aconsejó a su amigo que se marchara, mientras comenzaba a grabar lo ocurrido con su teléfono móvil. Siempre según su relato, varios de los jóvenes corrieron entonces tras la víctima y la golpearon hasta tirarla al suelo, causándole una fractura nasal.

El subdelegado del Gobierno expresó su deseo de que “todo el peso de la ley” recaiga sobre los responsables, siempre “respetando la presunción de inocencia y el resultado del procedimiento judicial que ahora se inicia”. Losada ha calificado el odio como “un problema gravísimo en nuestra sociedad” y ha afirmado que la violencia contra personas por su orientación sexual resulta “intolerable, rancia, zafia y condenable, no solo penal sino también socialmente”.

En este sentido, ha subrayado que la sociedad debe rechazar y castigar este tipo de comportamientos y también reprobar a quienes “alientan o disculpan” la violencia contra el colectivo LGTBI.

El subdelegado ha recordado además que Pontevedra es “una ciudad extraordinariamente segura”, aunque ha reconocido que, incluso en entornos tranquilos, pueden producirse “hechos puntuales que alteran la convivencia”. Por último, ha trasladado su “solidaridad y simpatía” a la persona agredida y a su entorno, y ha agradecido el trabajo de la comisaría de la Policía Nacional en la ciudad, que actuó con “prontitud y eficacia”, según ha destacado.