Las leyes y deudas históricas que se han quedado a medias en Castilla y León: despoblación, violencia machista y LGTBIQ+

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha concluido su segunda legislatura, esta vez según lo previsto, aunque, de nuevo, se quedan varios proyectos inconclusos, entre ellas deudas históricas como la Ley LGTB (Castilla y León es una de las dos autonomías sin norma específica) y la nueva Ley de Violencia de Género, que Fernández Mañueco retiró horas antes de que terminara de debatirse con la oposición. En concreto, hay siete proposiciones de ley y dos proyectos de ley, impulsados por la Junta de Castilla y León, que han quedado a medias.

El Grupo Socialista tiene dos leyes pendientes de tramitar: la modificación de la Ley Agraria y la Ley de Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, que lleva años en el aire, pero no termina de debatirse. La modificación de la Ley Agraria (de 3 páginas) quiere ampliar la definición del sector agrario al área agrícola, ganadero y forestal para dar mayor seguridad jurídica. La norma que sí tiene más enjundia es la de protección del colectivo LGTBI+, asunto que lleva sobre la mesa desde hace más de una década.

Con esta ya son tres legislaturas en las que no se remata esta norma: último gobierno del PP con mayoría absoluta, con Juan Vicente Herrera al frente y Silvia Clemente como presidenta del parlamento autonómico, y las fallidas coaliciones PP-Ciudadanos y PP-Vox. Las plataformas reprochan las sucesivas “maniobras dilatorias” del PP para no avanzar en la tramitación de la norma, especialmente después de que pareciera que los de Mañueco desbloqueaban la Ley LGTBI gracias a su abstención en sede parlamentaria, lo que permitió avanzar en su tramitación. Sin embargo, no se han calificado ni debatido las correspondientes enmiendas.

Proposiciones de PP y Vox paralizadas desde la ruptura de gobierno

La última norma registrada en el parlamento ha sido de Vox, que presentó en junio de 2025 unas medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico. Esta proposición de Ley (de 4 páginas) pretendía aprobar una moratoria a las instalaciones de energía renovable para así poder desarrollar una planificación más adelante. Tampoco se han debatido las proposiciones impulsadas por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡YA!: ni la Ley de agentes medioambientales (aupada por CSIF) ni la Ley de Despoblación. El grupo quería establecer una nueva zonificación del territorio centrada en la densidad, pérdida de población y la distancia con servicios básicos para modular la intensidad de las ayudas públicas. También introducía nuevas medidas fiscales y económicas, unas garantías legales de acceso a servicios básicos, medidas en materia de vivienda, transporte, empleo, medio ambiente y energía.

PP y Vox tienen dos proposiciones de ley negociadas durante la coalición que unió a Fernández Mañueco y a García-Gallardo (que abandonó la vida parlamentaria en febrero del año pasado), el primer pacto de gobierno autonómico entre la derecha y la extrema derecha, que se rompió en el verano de 2024 por la gestión y reparto de los menores extranjeros no acompañados que tensionaban el sistema de atención en Canarias. Se trata de las leyes del Ruido —que ahora solo defiende el partido de Fernández Mañueco— y de la modificación del Servicio Público de Empleo, este último una de las principales reivindicaciones del partido de Santiago Abascal, que sufrió varias condenas por retirar ilegalmente subvenciones públicas a sindicatos y patronal.

La Junta de Castilla y León tiene dos proyectos de ley que o se han podido tramitar antes de que terminara la legislatura: la ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales de Castilla y León (registrado en abril de 2025) y la norma sobre coordinación de policías locales (registrado en mayo de 2025). En ambos casos, los parlamentarios acordaron prorrogar el plazo para presentar las enmiendas, pero estas luego no se han llegado a calificar ni a debatir en la ponencia correspondiente.

Ley de violencia de género

La Ley de Violencia de Género impulsada por la Junta de Castilla y León no terminó de tramitarse. Mañueco retiró la Ley de Violencia de Género horas antes del debate y evita aprobarla en esta legislatura. El Grupo Socialista ya había retirado su propuesta —registrada a finales de 2024— para llegar a un acuerdo con el Partido Popular y abordar de manera conjunta esta modificación legislativa. Al final no se tramitó ni la propuesta del PSOE ni la del PP.

También hay otra cuestión que queda pendiente: la Ley de violencia intrafamiliar —una de las condiciones de legislatura impuestas por Vox— dejó de ser prioritaria para el PP cuando la extrema derecha abandonó el gobierno. Hasta que no se celebren las elecciones del 15 de marzo, no se sabrá la configuración del parlamento autonómico ni qué fuerza tendrá cada partido político para dirigir la comunidad.