CEOE recibe el medio millón de euros que recortó Vox cuando gobernaba en Castilla y León y que la Justicia declaró ilegal

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León ha recibido el medio millón de euros de la Junta de Castilla y León que le correspondía tras pedir la ejecución de las sentencias que ganaron UGT y CCOO ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León después de los recortes “ilegales” de Vox. CEOE no judicializó la retirada de la subvención, pero ahora sí ha pedido la extensión de los efectos de las sentencias del TSJ y ha reclamado su parte correspondiente a la participación institucional de 2023.

La Consejería de Industria, que durante unos años dirigió Mariano Veganzones, acabó aprobando parte de la subvención anual que recibían los integrantes del Diálogo Social, aunque no lo promocionó tanto como cuando anunció el fin “ilegal” de estas subvenciones. Faltaba, por lo tanto, entregar a la CEOE la cuantía restante correspondiente al periodo 2022-2023: ha recibido 494.491 euros. CEOE se ha negado a hacer declaraciones al respecto y consideran que se trata de “un procedimiento administrativo que se ha tramitado por los cauces institucionales habituales”.

Esta entrega se aprobó en el Consejo de Gobierno del 30 de diciembre de 2025, aunque no se incluyó en el dosier de prensa que la Junta suele entregar a los medios de comunicación. El Ejecutivo no ha querido aclarar el porqué de esta opacidad, y solo se ha podido conocer esta entrega a través del portal de Transparencia. El del 30 de diciembre es uno de los últimos consejos de gobierno antes de que Fernández Mañueco disuelva las Cortes de Castilla y León y convoque elecciones autonómicas para el 15 de marzo.

Una decisión que solo recurrieron los sindicatos

Precisamente fue en marzo del año pasado cuando el TSJ autonómico condenó al Ejecutivo de Fernández Mañueco después de que permitiera que Vox, estando en el gobierno, retirara la subvención que establecía la Ley de Diálogo Social a los sindicatos y la patronal. Esta subvención directa está vinculada a su representatividad sindical y empresarial y no puede depender de la aprobación de esta partida en los Presupuestos. El TSJ reconoció “el derecho del sindicato a la subvención nominativa prevista en el artículo 16 de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional”.

Vox suprimió esta cantidad (normalmente no supera los 4 millones de euros entre las tres organizaciones) en los Presupuestos y, aunque luego sí hizo una aportación parcial, el TSJ le obligó a entregar la que faltaba. Eso sí, la Justicia resolvió en 2025, un año después de que Vox se marchara de los gobiernos de coalición que mantenía con el PP. El gobierno de Fernández Mañueco anunció entonces que no iba a recurrir las sentencias y que pagaría las cuantías fijadas por la Justicia.

La Justicia fue muy contraria a determinadas políticas iniciadas por Vox durante su mandato en Industria y Empleo, como el calendario laboral de 2023, que la Justicia declaró nula porque Veganzones se saltó el procedimiento y la Justicia consideró “ofensivas e innecesarias” las acusaciones formuladas por Veganzones contra los sindicatos, aunque en esta ocasión el TSJ no vio infracción penal. También en 2023, el Consejo Económico y Social de Castilla y León tuvo que desmentir al Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes, que acusó a patronal y sindicatos de cobrar “126.000 euros en gastos de telefonía, luz, gas y comunidad de propietarios” a través de la entidad.