El Corte Inglés entra en la nómina de grandes empresas sancionadas por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria

Una nueva gran empresa entra en la nómina de grandes compañías sancionadas por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria. Se trata de El Corte Inglés, que ha sido multada con una pequeña suma, apenas 3.000 euros, por incumplir los plazos de pago con sus proveedores.

La cadena de grandes almacenes se suma así a una lista en la que ya están otras empresas de la gran distribución, como Carrefour, Alcampo o Dia. Esa información es pública porque, desde hace algo más de tres años, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) –que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación– desvela los nombres de quienes incumplen esta normativa, que busca las prácticas justas entre todos los eslabones del sector de la alimentación, desde agricultores a ganaderos, hasta la distribución, pasando por la industria y las cooperativas. Desde entonces, han sido multadas más de 450 empresas, por un total de casi 4 millones de euros.

La AICA publica el nombre de las empresas y el motivo genérico de los castigos, es decir, por qué se han saltado la ley, pero no da detalles concretos de cuáles han sido las infracciones, cuándo se cometieron o quién fue la contraparte perjudicada. Sí explica que la sanción corresponde a la cuantía exigida en el momento en que se convierte en firme. En el caso de El Corte Inglés, la AICA apunta que los 3.001 euros de multa se deben a un “incumplimiento de los plazos de pago”, sin dar más detalles. Esos tiempos, según perfila la legislación, obligan a abonar las facturas a los proveedores en un máximo de 30 días, en el caso de los alimentos frescos; y de hasta 60 días, cuando se trata del resto de productos de alimentación.

En el siguiente gráfico se resumen, una a una, todas las empresas sancionadas por infracciones a la Ley de la Cadena desde 2023.

En estos más de tres años de sanciones por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria ya han aparecido otros nombres de 'híper' y supermercados, aunque la gran mayoría de empresas expedientadas corresponde a la industria y al sector primario. En cuanto a esas grandes compañías, entre ellas está, por ejemplo, Dia, que ha sido multada en cinco ocasiones. La más alta, 100.000 euros por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración”. También figura Carrefour, en una ocasión, con 3.000 euros; y Alcampo, en tres, la de mayor cuantía, por 39.000 euros.

Además, en este segundo trimestre de 2026, en los datos que publica la AICA, figura otra multinacional, Dealz, pero que como tal ya no opera en España, porque cesó su actividad hace casi tres ejercicios. En este caso, se le ha impuesto 33.000 euros por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración”. Dealz formaba parte del grupo Steinhoff y estaba especializada en la venta de productos de alimentación y droguería a un precio prácticamente fijo, de 1,5 euros por producto. Actualmente, la mayor parte de sus locales son de otra enseña de la misma multinacional, denominada Pepco, que está enfocada en la venta de ropa y de textil a precios económicos. 

Incremento progresivo de las multas

Otra de las características de las últimas sanciones publicadas por la AICA es que las sumas impuestas han ido aumentando, aunque sea poco a poco. Precisamente, lo bajos que son los castigos es una de las críticas del sector agricultor y ganadero, porque entiende que no son suficientemente altas para ser disuasorias.

Por ejemplo, en la primera mitad de este año, superan, en conjunto, los 1,3 millones de euros. Como comparación, en el primer ejercicio completo, 2023, la totalidad de multas rebasó por poco los 500.000 euros. 

Además, en estos tres meses se ha incrementado el número de castigos por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración”. En total, figuran ocho de las 28 infracciones por este motivo acumuladas en más de tres años. Si se mira la imagen global, la mayoría de las sanciones se deben a incumplir los plazos de pago (más de 260) y, después, a no formalizar por escrito los contratos, cerca de 80.

Esta última es una de las principales quejas del sector respecto a la aplicación de la Ley de la Cadena. “No os podéis imaginar la cantidad de agricultores que nos dicen 'no me han pagado lo que hablamos y se han llevado el producto' o se lo han llevado y ahora me quieren hacer una rebaja del 50%”, explicaba hace unos días elDiario.es el nuevo secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora.

A pesar de ello, su valoración de esta ley es positiva. “Veníamos del vacío más absoluto, por lo tanto, bienvenida sea. Es que no teníamos ni una sola norma. Nosotros abogamos por un mercado con normas, por una relación comercial que tenga normas establecidas. ¿Lo que tenemos es suficiente? No, hay que avanzar, también con las comunidades autónomas y las consejerías, para trabajar más en las denuncias”. De momento, el Gobierno intentó reforzar la capacidad de la AICA, para convertirla en un organismo similar a la Agencia Tributaria, pero la votación no salió adelante en el Congreso por el rechazo del Partido Popular y de Vox y, desde entonces, no ha vuelto a plantearse ese refuerzo.