Castilla y León celebrará elecciones autonómicas el 15 de marzo

Castilla y León votará en sus elecciones autonómicas el 15 de marzo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado la fecha este lunes tras suspender por el accidente de dos trenes en Adamuz, Córdoba, la rueda de prensa prevista para comunicar la convocatoria. El líder del Ejecutivo autonómico ha trasladado el pésame a las familias de las víctimas y una pronta recuperación a las personas heridas. Será este martes cuando se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León y la cita será, como manda la Ley, el quincuagésimo cuarto día después de la convocatoria.

Para la próxima legislatura, Castilla y León contará 82 procuradores, uno más que en la pasada, debido al incremento de población de la provincia de Segovia, donde ahora se eligen siete representantes. En Ávila se escogen siete procuradores; en Burgos 11; en León, 13, en el caso de Palencia, siete; en Salamanca, 10; en Segovia, 7; en Soria, provincia donde menos procuradores hay, 5; en Valladolid, 15; y en Zamora 7, según recoge el decreto firmado por el presidente de la Junta de Castilla y León para convocar las elecciones.

En ese acuerdo, también se recoge que la campaña electoral tendrá una duración de quince días, comenzando a las 00.00 horas del 27 de febrero de 2026 y finalizando a las 00.00 horas del 13 de marzo de 2026. Además, la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León tendrá lugar el día 14 de abril de 2026 a las 11:30 horas.

Es la segunda vez que Mañueco, candidato también a la reelección, convoca elecciones tras su llegada a la presidencia autonómica en el año 2019. En el 2021 optó por romper con su hasta entonces socio de gobierno, Ciudadanos, y convocó elecciones anticipadas para el 13 de febrero del 2022. Esto marcó el descuelgue, por primera vez, de las elecciones autonómicas de Castilla y León de la convocatoria compartida con las elecciones municipales.

Fin de una legislatura marcada por la irrupción de Vox

La legislatura que acaba, la decimoprimera en Castilla y León, ha estado marcada por ser el primer pacto entre PP y Vox que facilitaba la llegada de la extrema derecha a un gobierno autonómico. En diciembre de 2021, Mañueco disolvía anticipadamente las Cortes y convocaba elecciones para febrero. El tuit, que pilló al entonces vicepresidente, Francisco Igea, y sus consejeros de Ciudadanos en 'fuera de juego' ponía fin al Ejecutivo. La excusa: una posible moción de censura de Ciudadanos que camuflaba una serie de encuestas que acercaban la mayoría absoluta al PP.

El 13 de febrero Castilla y León votó: el PP ganó con 31 procuradores, dos más que en 2019, pero se dejó votos por el camino y anotó su segundo peor resultado histórico en la Comunidad. El PSOE obtuvo 28 representantes, siete menos que en 2019, Vox pasó de un único procurador a 13 —dos de ellos pasaron a no adscritos tras denunciar la falta de democracia interna— ; UPL sacó tres, dos más que en 2019, Por Ávila mantuvo su único asiento; Unidas Podemos pasó de dos en 2019 a uno. Ciudadanos fue barrido quedando solo Francisco Igea de los 12 procuradores de 2019, que finalmente abandonó la formación y paso al Grupo Mixto. La formación de la España Vaciada, Soria ¡YA!, fue la ganadora en la provincia de Soria al sacar tres representantes y dejando en uno al PSOE y PP.

En marzo de 2022 Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo, ratifican el acuerdo entre ambas formaciones para que Vox pasase a integrarse en el Ejecutivo autonómico. En el reparto de funciones, Vox logró una vicepresidencia sin cartera, en la anterior legislatura con Ciudadanos Francisco Igea fue además portavoz y consejero de Transparencia, y las áreas de Agricultura y Ganadería, Industria, Comercio y Empleo y Cultura y Turismo. En ese acuerdo se negoció el desarrollo de una ley de violencia intrafamiliar, una ley de memoria democrática que sustituyera a la en vigor impulsada por el PP, el fin de subvenciones a sindicatos y el llamado Diálogo Social, la introducción de un plan antiaborto y una “inmigración ordenada”. Todo ello al dictado de los postulados de la extrema derecha.

Tras 813 días, en verano de 2024, Vox, en una maniobra a nivel nacional también en el resto de gobiernos autonómicos, decidió salir del Gobierno rompiendo el pacto. El motivo: choques con las políticas migratorias con el PP para aceptar menores migrantes. Este fue el fin del apoyo parlamentario de Vox al PP, dejando a los 'populares' en una incómoda minoría parlamentaria en la que la oposición ha aprobado votaciones. Por el camino, numerosas polémicas por la aplicación de las políticas de Vox y la nula crítica del PP a los exabruptos del exvicepresidente. García-Gallardo, tras pasar a ser portavoz de Vox, en las Cortes abandonó la política entre críticas a la dirección nacional del partido tras ser requerido para expulsar a los dos procuradores que denunciaban la “falta de democracia interna”.

Incendios y críticas a la gestión forestal

Esta legislatura también ha estado marcada por los incendios. En el verano de 2022 el fuego calcinó 95.000 hectáreas, dejando cuatro muertos. La Sierra de la Culebra, en Zamora, fue la principal damnificada con casi 55.000 hectáreas afectadas. En 2025, el fuego volvió a arrasar el noroeste de la Comunidad, con León y Zamora, y de nuevo en la Sierra de la Culebra, como escenario de los incendios forestales más devastadores de la historia de Castilla y León. Fallecieron cuatro personas y han ardido 143.880 hectáreas forestales en Castilla y León, de las que 42.815 eran masa arbolada, cifras que multiplican por siete a la media del último decenio, según expusieron el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, en su comparecencia en las Cortes de la semana pasada tras la habilitación de enero como hábil para que presentar el balance del año.

La gestión del operativo de incendios forestales y la política forestal de la Junta de Castilla y León, con Suárez-Quiñones y su cúpula a la cabeza, ha supuesto grandes críticas al Ejecutivo autonómico ante la falta de negociación para mejorar las condiciones laborales del operativo y la dotación de medios. Fruto de la minoría parlamentaria del PP, la oposición forzó un pleno extraordinario para que Mañueco diese cuenta de los incendios. Al final de año, la Junta ha ampliado a todo el año los 800 puestos fijos discontinuos del operativo de incendios forestales pero sus anunciadas mejoras del operativo se han quedado en mínimos por la falta de consenso en las Cortes a sus anuncios en la materia sin negociar con el resto de grupos.

Dos presupuestos, dos prórrogas y en minoría parlamentaria

En esta legislatura el Ejecutivo autonómico solo ha sido capaz de aprobar presupuestos en 2023 y 2024 con el apoyo parlamentario de Vox. Desde la llegada a la presidencia de Mañueco en 2019, ha tenido que prorrogar las cuentas en seis ocasiones. En este mandato, en 2022, hubo que volver a votar los presupuestos, ya que PP y Vox se confundieron en la votación validando enmiendas del PSOE y teniendo que votar en contra de sus presupuestos a continuación. Tras la ruptura, el PP ha visto cómo se quedaba en la estacada para sacar adelante las cuentas. En 2024, el PP no llegó a presentar en las Cortes el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2025 y en 2025, los grupos tumbaron unos presupuestos de 2026 que tampoco estuvieron exentos de polémica por la forma de tramitarlos en el parlamento por parte del PP. Castilla y León estará en 2026 con la prórroga de los presupuesto de 2024, últimos que fueron aprobados por Vox.

Otra de las grandes victorias de la oposición ha sido aprobar una Ley de Publicidad Institucional sin apoyo del PP. Unidas Podemos propuso poner coto y revisar las aportaciones y el modelo de RTVCyL, a partir de ahí, PSOE y Vox, junto con el procurador Francisco Igea, realizaron modificaciones a la normativa para añadir al texto definitivo una limitación del 33% de los ingresos totales en concepto de publicidad de cualquier administración pública o la prohibición de contratar publicidad institucional con medios condenados. La Ley, tras ser aprobada, ha sido llevada a la justicia por más de una treintena de medios tras un informe del Consejo Consultivo en el que se exponían una posible inconstitucionalidad al haber incompatibilidades con el marco legislativo nacional.

Nuevo ciclo en el PSOE

En esta legislatura el PSOE ha cambiado su ejecutiva autonómica. A principios de año, Luis Tudanca ponía fin a diez años como secretario general autonómico, tras pasar por tres citas electorales y tras ganar los comicios de 2019, aunque sin llegar a formar gobierno, ya que Ciudadanos pactó con el PP. El sustituto de Tudanca, que ahora es senador designado por las Cortes, es el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que tratará de desbancar a Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. Tras el cambio de líder, también se han dado cambios en la ejecutiva y el Grupo parlamentario en las Cortes, con la salida de Ana Sánchez o Diego Moreno. En el último pleno, varios procuradores socialistas se despidieron de las Cámara a la vez que Igea y Pablo Fernández, de Unidas Podemos, que ha abandonado el parlamento autonómico tras una década.