Las defensas del ‘caso ataúdes’ piden anular el juicio al considerar que hubo una investigación policial “oculta” al juzgado

El juicio por el denominado ‘caso ataúdes’ ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid con una petición unánime de nulidad por parte de las defensas. Los abogados de los 23 acusados —entre ellos miembros de la familia Morchón y trabajadores del grupo funerario El Salvador— sostienen que la causa está “viciada de origen” por una investigación policial que, aseguran, se desarrolló al margen del juzgado que instruía inicialmente un caso distinto.

Durante la primera sesión, dedicada a cuestiones previas, las defensas han asegurado que la Policía Nacional obtuvo documentación clave en 2017 en el marco de una investigación por presunta extorsión contra un extrabajador, ya fallecido, y que ese material fue utilizado posteriormente para sustentar la acusación por el supuesto fraude en la gestión de ataúdes sin conocimiento —afirman— del Juzgado de Instrucción número 6 ni de la Fiscalía.

El conocido como ‘caso ataúdes’ salió a la luz en 2019, tras dos años de investigación policial. Todo comenzó cuando el gerente del grupo funerario presentó una denuncia por presunta extorsión contra un extrabajador. A partir de esa investigación inicial se abrió una causa mucho más amplia que acabó poniendo el foco en prácticas que, según la acusación, se habrían prolongado entre 1995 y 2015 y que el exempleado habría documentado con precisión las prácticas de supuestos cambiazos de ataúdes y otro tipo de posibles negligencias.

Según los letrados, esa actuación habría vulnerado derechos fundamentales de los acusados, entre ellos el derecho a no autoinculparse y el secreto de las actuaciones. En el caso de Ignacio Morchón, hijo del fundador del grupo funerario y uno de los principales encausados, la defensa ha apuntado que declaró como denunciante en el procedimiento por extorsión sin saber que paralelamente estaba siendo investigado por los hechos que ahora se juzgan.

Las defensas también han cuestionado el análisis de datos bancarios realizado durante años por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que han considerado una investigación “prospectiva” y sin delimitación temporal suficiente. Además, han solicitado la nulidad de registros, intervenciones telefónicas y parte del material incautado al extrabajador fallecido, cuya declaración piden excluir al no poder ser sometida a contradicción en el juicio.

La Fiscalía y las acusaciones particulares han rechazado estos argumentos y defendieron la legalidad de la instrucción. El Ministerio Público ha mantenido su acusación por un presunto fraude continuado que se habría prolongado entre 1995 y 2015 y que consistía, según el escrito de acusación, en sustituir ataúdes contratados por otros de menor calidad en el momento de la incineración.

En esta primera jornada, el tribunal también ha resuelto varias cuestiones organizativas. El presidente de la Sala ha rechazado la petición del fiscal de citar a declarar a cerca de 6.000 presuntos perjudicados, al considerar que esa medida provocaría el “colapso” del procedimiento y la “parálisis” de la Audiencia Provincial. El magistrado ha entendido como razonable la limitación del número de testigos ya prevista, aunque ha accedido a incorporar a seis personas más que habían declarado durante la instrucción.

El tribunal sí ha autorizado que los acusados puedan ausentarse de aquellas sesiones que no resulten imprescindibles. La decisión se ha adoptado tras valorar que varios de ellos trabajan en un servicio considerado básico y que la celebración de las 35 sesiones previstas hasta junio podría afectar a la actividad de la empresa. Fiscalía y acusaciones particulares se opusieron a esta petición.

El exempleado había estado 20 años recopilando pruebas

El caso comenzó tras la denuncia de Morchón Alonso a un extrabajador que le pedía dinero para callar supuestas negligencias. El empleado acabó condenado pero presentó pruebas suficientes para abrir una investigación con 26 libretas, tres archivadores con 746 partes de defunción y esquelas, 14 carretes de fotos con 450 imágenes, dos sobres con 72 fotos y negativos, tres memorias USB con 207 fotografías y 44 vídeos. El hombre había documentado desde hacía 20 años cada cambio de ataúd, había colocado carteles o esquelas sobre cada cadáver antes de meterlo en el horno sobre una vieja tapa o unos maderos, y había precisado incluso cuando esos cambiazos no se habían ejecutado por razones varias: desde que el muerto fuese drogadicto, hasta que estuviese demasiado gordo para moverlo, o que el propio proceso de descomposición hubiese afectado al féretro para poder vendérselo a otra familia.

En total, 23 personas están acusadas, entre ellos dueños y trabajadores que se encuentran en libertad provisional aunque con embargos preventivos de bienes inmuebles de Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador por valor de 4,9 millones, una cantidad que se considera suficiente “para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponerse”, sin que se considere necesario imponer en este momento nuevas fianzas.

Según la Fiscalía, 5.973 cadáveres –el 73,08% de las incineraciones– fueron extraídos de los ataúdes donde se les iba a incinerar y entraron en el crematorio sobre maderas viejas o tapas de antiguos féretros. La práctica reportó a la familia Morchón, dueña de la funeraria El Salvador, unas ganancias ilícitas de 4.048.768,09 euros. El caso se descubrió cuando un exempleado que había participado en los cambiazos, quiso extorsionar al que fue su jefe, Ignacio Morchón, y este le denunció. La Operación Ignis, en honor al dios del fuego, comenzó en ese momento, en 2017.

Toda la estafa que presuntamente urdió la funeraria estaba profusamente documentada. En las fotos que almacenó el extrabajador aparecen recién nacidos, niños de corta edad o adultos que fueron cremados con cartas y objetos personales que sus familiares habían introducido en los féretros.

La investigación policial duró dos años hasta que se reunieron pruebas suficientes para irrumpir en uno de los tanatorios del grupo El Salvador el 31 de enero de 2019, como adelantó elDiario.es, con las primeras luces del alba y cuando un par de familias velaban a sus muertos.

La Fiscalía pide penas por constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa; delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Las penas más duras las solicita para la viuda de Ignacio Morchón, María del Rosario V.L, y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V: 20 años de cárcel para cada uno de ellos, junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros.

Respecto del resto de trabajadores, una veintena, las penas oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel. Así, la acusación pública reclama nueve años de prisión para cuatro de los encausados, seis y medio para otros nueve, seis para Justo M.G, cuatro años para otro de los acusados, cinco años de privación de libertad para otros cuatro empleados más y dos años para otro de los supuestos implicados.