La estafa de los ataúdes suma 26 investigados tras la detención de diez trabajadores más

La estafa de los ataúdes cuenta ya con 26 personas investigadas con la detención esta misma mañana de 10 trabajadores del tanatorio El Salvador, en Valladolid. Según la Delegación del Gobierno, los empleados arrestados “en mayor o menor grado, presuntamente habrían colaborado con la trama”. Así, se les considera autores de sendos delitos de estafa continuada y de organización criminal. La previsión de la Policía Nacional, responsable de esta nueva fase de la Operación Ignis, es que los detenidos pasen a disposición judicial a partir de mañana.

La investigación arrancó con una denuncia que partió del propio fundador del tanatorio, que estaba siendo extorsionado por un extrabajador. Este hombre amenazaba con dar a conocer las prácticas irregulares en la cremación de cadáveres que se producía desde 1995.

Según su versión, los cuerpos eran sacados de los féretros momentos antes de la incineración y se reubicaban en ataúdes más baratos o sobre las tapas de los mismos. Después, el ataúd inicial se revendía varias veces a otras familias. Además, se hacía lo mismo con las coronas y centros, que se recolocaban una y otra vez a otros clientes, hasta que se marchitaban.  El exempleado, que pedía dinero para no dar a conocer el caso, llegó a enviar al dueño de El Salvador, Ignacio Morchón, fotos de los cadáveres fuera de los ataúdes, con carteles con sus nombres. A pesar de la evidencia, Morchón acabó denunciando.

El asunto aparentemente se cerró con una sentencia de conformidad en la que el extorsionador aceptó un año de cárcel, 1.000 euros de multa y alejamiento tanto de las empresas del grupo de pompas fúnebres como de sus dueños. En paralelo, se abrió una investigación bajo secreto de sumario que se prolongó algo más de un año, hasta que el pasado 31 de octubre, Policía y funcionarios de vigilancia aduanera irrumpieron en el tanatorio para efectuar registros y detenciones.

Esa primera fase se cerró con la detención de gran parte del clan familiar, y varios trabajadores. En total 15, personas. La jueza instructora decretó prisión sin fianza para el fundador del tanatorio, Ignacio Morchón, y prisión con fianza de 800.000 euros para su hijo, con el mismo nombre. La fianza no se ha satisfecho aún. Nueve días después se detuvo a la hija de Morchón, según la policía responsable de la contabilidad del tanatorio. También para ella se decretó prisión bajo fianza de 800.000 euros, si bien un recurso de su abogado consiguió que se redujese a la mitad. Aún así, no se ha pagado aún. El juzgado ha embargado gran parte de sus bienes.

La Policía cifra la estafa en “varios millones de euros”, ya que calculan que se produjeron unas 6.000 incineraciones irregulares. Hasta el momento se han presentado más de 300 denuncias de personas que se sienten perjudicadas en el caso que se investiga. El juzgado no ha admitido aún ninguna personación y pone como condición que los denunciantes acrediten ser herederos de las personas cuyos cadáveres se cremaron fuera de los ataúdes.