En las últimas semanas de encuentros y reuniones, al hablar de mi trabajo en la Red contra la Pobreza, me he encontrado una frase repetida que me dicen de manera bienintencionada y sincera: “Si de verdad hubiera tanta pobreza, yo la vería”. Y como frase, que ya es un indicador social, me dice que la pobreza no solo existe; sino que también se oculta, se desplaza, se disimula… y con el tiempo se normaliza.

En Castilla-La Mancha la evidencia es contundente: el INE sitúa en 2024 la tasa AROPE (riesgo de pobreza o exclusión social) en el 34,2% de la población regional. Es decir, más de una de cada tres personas. Desde nuestra Red hemos traducido esa cifra a vidas concretas: alrededor de 719.000 personas. Si con ese volumen “no vemos” la pobreza, el problema no es de estadística, sino de percepción.

La pregunta, entonces, no es si hay pobreza, la pregunta real es: ¿qué mecanismos hacen que la pobreza sea tan fácil de no ver?

En España, y especialmente en territorios como el nuestro, hay una especie de refugio cultural: “Somos clase media”. Da igual si el sueldo no llega, si el alquiler se come media nómina, o si hay que elegir entre calefacción y cesta de la compra. “Pobre” suena a fracaso, a vergüenza, a culpa. Y cuando nadie se reconoce en esa palabra, la pobreza se convierte en algo lejano: “la de otros”, “la de la tele”, “la de la ONG”, “la del barrio al que no voy”. Por eso, cuando aparecen los datos, chocan con una barrera mental: “No puede ser; yo no lo veo”.

Nuestro entorno inmediato marca distancias, ya que vivimos donde nos podemos permitir, lo que supone una segregación, ya que la pobreza se concentra y, al concentrarse, se vuelve invisible para quien no pisa esos espacios. No por maldad, sino por rutina. La gente vive donde puede, no donde quiere, segmentando la ciudad y el territorio: barrios, pedanías, municipios, zonas rurales dispersas… donde la vulnerabilidad se acumula y la mirada externa pasa de largo. Un simple cambio de entorno (hacia arriba o hacia abajo) funciona como una bofetada de realidad: la distancia social de pronto “sí se ve”.

La tasa AROPE es un indicador europeo que combina pobreza relativa, carencia material y baja intensidad laboral, lo que significa que muchas situaciones de pobreza no parecen “pobreza” en el imaginario tradicional: No siempre hay hambre explícita, ni ropa rota, ni mendicidad. Hay frigorífico, pero vacío a mitad de mes; hay móvil, pero porque sin él no hay vida administrativa, ni empleo, ni citas, ni colegio. También puede haber coche, pero con averías que se posponen y gastos que se acumulan. La pobreza contemporánea va vestida de normalidad porque se ha adaptado a sobrevivir en silencio.

Hay hogares que sobreviven sin constar, con empleos sin derechos, sin cotización suficiente, sin estabilidad

Además, Castilla-La Mancha presenta niveles elevados de economía sumergida: en torno al 16,8% del PIB, según informe del pasado octubre elaborado por la Universidad de Murcia. Si una parte relevante de los ingresos circula “en B”, la vulnerabilidad se vuelve opaca: hay hogares que sobreviven sin constar, con empleos sin derechos, sin cotización suficiente, sin estabilidad. Este trabajo informal funciona como un amortiguador: tapa la emergencia inmediata, pero mantiene el riesgo estructural. Se llega a fin de mes… hasta que hay una enfermedad, una separación, una subida del alquiler, una avería, un accidente… Y aquí va la prueba doméstica: basta con preguntarnos cuántas veces en nuestro entorno se paga “en efectivo” o se arreglan servicios “sin factura”.

Cuando eso se normaliza, la pobreza también se normaliza, porque parece que “todo el mundo se apaña”. Solo que “apañarse” no es un modelo de bienestar: es una estrategia de supervivencia.

En lo personal nos relacionamos con gente similar: familia, compañeros de trabajo, amigos, conocidos del colegio, del gimnasio, del bar de siempre, el mismo circuito, ya que solemos relacionarnos estrechamente con gente cuya renta media se parece a la nuestra, y por eso, cuando alguien afirma que “no ve pobreza”, está describiendo su ecosistema social, no la realidad completa. Si tu entorno se compone de gente que llega razonablemente bien a fin de mes, lo más probable es que la pobreza aparezca solo como una noticia o una estadística más. Y cuando algo no te toca, cuesta creerlo.

Naturalmente, la pobreza no afecta igual a todo el mundo. Hay infancia que crece con menos oportunidades; hay hogares monoparentales al límite; hay jóvenes encadenando precariedad; hay mayores con pensiones bajas que recortan en calefacción o salud; hay personas con discapacidad con costes extra y menos opciones laborales; hay familias migrantes con barreras añadidas de acceso a empleo, vivienda y derechos. También existe una pobreza rural que no sale en la postal del “pueblo bonito”: dispersión, transporte limitado, acceso desigual a servicios, dependencia energética y soledad no deseada.

Y aquí está el punto de pedagogía social y medidas concretas, ya que, si la pobreza se vuelve invisible, la política pública corre el riesgo de volverse complaciente: “si no se ve, no urge”. Pero si urge, porque la pobreza limita oportunidades, se hereda con facilidad y empobrece a la comunidad actual y del futuro. Por ello es necesario mejorar el conocimiento de la realidad con mayor profundidad de datos y estudios sobre el territorio y la sociedad; reforzar y coordinar rentas y políticas que protejan cuando el empleo no alcanza, ya que hay que convertirlo en empleo digno, permanente y con ingresos suficientes; garantizando derechos, simplificando trámites y reduciendo barreras para asegurar una atención temprana para todos.

Por eso, cuando alguien dice “si hubiera tanta pobreza, yo la vería”, en realidad está diciendo: “Mi vida está razonablemente protegida de esa realidad”. Y eso no es un fallo individual: es un reto colectivo. No confundamos la ausencia de visibilidad con la ausencia de urgencia. En Castilla-La Mancha, la pobreza existe, afecta a una parte enorme de la población y, precisamente por eso, ha aprendido a pasar desapercibida.

El próximo 17 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se presentarán los nuevos datos del informe “El Estado de la Pobreza en Castilla-La Mancha” elaborado por la Red contra la Pobreza en España, una radiografía que no puede ni debe pasar desapercibida en un momento en el que estamos asistiendo a un presumible crecimiento económico, y donde los indicadores sociales nos retrotraen a niveles de hace una década.

A tenor de los últimos datos oficiales del INE que avanzamos en febrero, más de un tercio de la población de Castilla-La Mancha vive en riesgo de pobreza o exclusión, es decir, cientos de miles de personas que no logran participar plenamente en la vida económica y social, ya que la renta media disponible en la región sigue sensiblemente por debajo de la media del país y la infancia soporta niveles de pobreza desproporcionados. Además, los hogares monoparentales y las familias de origen extracomunitario concentran una mayoría de situaciones de vulnerabilidad. Presentaremos el detalle completo en la rueda de prensa del viernes 17 de octubre (Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza).

Esta realidad no es solo un problema social que se vive en silencio por quien lo sufre, sino también un lastre económico para la región, ya que las carencias materiales reducen el consumo interno, debilitan el mercado laboral de valor añadido y limitan la capacidad de innovación y crecimiento de la región. Castilla-La Mancha no podrá sostener un crecimiento justo mientras una parte tan significativa de su población viva y crezca en condiciones de vulnerabilidad estructural.

En un contexto de competitividad global, la región afronta la cuarta revolución tecnológica con un desequilibrio en el acceso y aprovechamiento de las nuevas herramientas digitales, donde las rentas bajas y la falta de competencias digitales condenan a demasiadas personas a la exclusión y la dependencia en un mundo cada vez más automatizado y digitalizado, y que relegará al paro estructural a quien carezca de conocimiento. Mientras el progreso avanza para unos pocos, una mayoría creciente queda excluida de la necesaria conectividad, de la formación y del empleo de calidad, cada vez más escaso.

Las políticas públicas regionales de inclusión han demostrado ser un estímulo al crecimiento comunitario, y deben retomar su ambición en materia de lucha contra la pobreza por su indudable valor de desarrollo social y económico regional, complementando a otros niveles de la administración que actualmente responden a la pobreza o a la falta de vivienda pública con medidas generalistas, retomando medidas de su competencia e impulsando planes con recursos adecuados a los retos que se proponen abordar.

Si la pobreza afecta a más de un tercio de la población, si la desigualdad territorial vacía nuestros pueblos y si la infancia crece sin oportunidades, cabría pensar que la pobreza es el principal problema estructural de Castilla-La Mancha, y por tanto, situarse en un lugar destacado en el debate del Estado de la Región, ya que sin cohesión social y económica para una creciente mayoría de la ciudadanía, los ingentes discursos y abundantes datos que se presentan en estos espacios nos distancian de la realidad precaria y pobre de oportunidades de importantes capas de la ciudadanía que deben seguir creyendo en que hay un ascensor social, y que funciona.

El 17 de octubre conoceremos los datos completos del alcance e implicaciones de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en nuestra región. Hasta entonces, la pregunta es sencilla: ¿qué papel quieren jugar los partidos políticos de Castilla-La Mancha en la lucha contra la pobreza: el de espectadores o el de protagonistas del cambio?

Desde La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) valoramos positivamente que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha haya abierto el Proceso Participativo del Plan Estratégico de Participación Ciudadana 2025–2030 en el Portal de Participación, ya que supone una oportunidad para reforzar el vínculo permanente entre ciudadanía-Administración que debe regir la convivencia y para pasar de la consulta puntual a una cultura estable de deliberación, retorno y rendición de cuentas.

Como todo proceso es susceptible de mejora, creemos estamos en posición de proponer dos palancas muy prácticas: un panel público de indicadores y una batería de recomendaciones que mejoren el alcance, la inclusión y el impacto real del actual proceso en marcha.

Recordemos que la Ley 8/2019 de Participación de Castilla-La Mancha no solo reconoce instrumentos como encuestas y consultas, sino que enfatiza la difusión, la accesibilidad, el debate/contraste y el retorno motivado, lo que en la práctica supone: medir, abrir y devolver resultados de forma comprensible para que toda la ciudadanía pueda participar.

Como decíamos, a fin de tener información para medir el nivel de éxito de estas consultas ciudadanas, deberíamos disponer de un panel de elementos de acceso público que nos permitan mejorar el proceso de participación, contemplando:

• Una medición del nivel de respuesta y cobertura que incluya el número total de encuestas y tasa de respuesta por cada 10.000 habitantes, con desglose por provincia y tamaño de municipio, a fin de saber si hemos llegado a todo el territorio regional, también al mundo rural.

• Incluir ítems que midan la representatividad e inclusión más allá de los clásicos sexo y grupos de edad, y, cuando sea posible, seguimiento y eliminación de brechas de acceso (discapacidad, conectividad, cuidados, etc), gracias a lectura fácil, diseño mobile-first, subtitulado/transcripción de sesiones y apoyos a personas con discapacidad. No es un extra, ya que forma parte de los principios legales de accesibilidad y comprensión que exige la legislación de accesibilidad y no discriminación.

• Valorar la calidad de la respuesta analizando el porcentaje de cuestionarios completos y densidad de aportaciones abiertas recibidas ya que, si solo hay clics rápidos sin comentario, la participación es débil. En este punto, creemos que es importante añadir variables que ayuden a detectar brechas (por ejemplo nivel educativo, situación laboral, dificultades de acceso) y abrir campos de texto en bloques clave (satisfacción, valoración del portal y retorno). La calidad del dato mejora el diseño de políticas.

• La ciudadanía es diversa, por lo que es esencial informarla por canales diversos, como el portal web institucional, redes, prensa, radio o TV, que permita publicar una memoria de comunicación para fomentar la participación. En este sentido, es importante que toda la información salve las brechas de acceso ya mencionadas.

• Además de las encuestas, es necesario realizar foros, ponencias o reuniones con la ciudadanía, ya que la participación se fomenta con más participación.

• La vacuna contra la desafección ciudadana es la información, de modo que se informe sobre la fecha de publicación del informe final y una matriz de trazabilidad (“qué se incorpora, qué no y por qué”), con responsables identificados, motivará a hacer seguimiento y seguir participando.

• Publicación del informe final, con porcentaje de propuestas incorporadas y porcentaje motivado (qué no se asume y por qué), y un calendario claro de devolución es la pieza que más confianza genera.

Desde la Red creemos que el proceso abierto es un buen punto de partida, aunque si la Administración mide lo que importa, abre espacios de deliberación reales y devuelve resultados motivados, la ciudadanía percibirá que su opinión cuenta y volverá a participar en el futuro.

Como entidad que viene desarrollando procesos de participación social desde 2004, ofrecemos nuestra experiencia y colaboración para definir y monitorizar el panel de indicadores, dinamizar foros con entidades sociales y contribuir a que el Plan 2025–2030 sea un caso de éxito: participación útil, inclusiva y con efecto en las decisiones públicas.

El ingreso mínimo vital (IMV), la renta mínima estatal contra la pobreza lanzada en 2020, llegó a 9.480 hogares de Barcelona, a 69 de Pedro Martínez (Granada) y a 10 de Albaladejo (Ciudad Real) en junio. Son datos inéditos de la distribución del IMV por municipios, de junio de este año, obtenidos por elDiario.es vía Ley de Transparencia, ya que la Seguridad Social publica solo la distribución territorial por comunidades autónomas y provincias. Los datos reflejan un mayor alcance de la ayuda en aquellos municipios con menor renta, especialmente en el sur peninsular, aunque hay desigualdades, con algunas localidades empobrecidas con escasa penetración de la prestación.

Aunque el IMV ha aumentado sus beneficiarios, aún mantiene como reto llegar a un amplio colectivo con derecho a la ayuda que no la percibe: el 55%, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El mapa del ingreso mínimo vital por municipios muestra una mayor cobertura en el sur peninsular, en localidades de Andalucía, Extremadura y Murcia, regiones con menor nivel de renta dentro del país. En España, casi una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza, un 19,7% de la población. En Andalucía alcanza el 29%, en Extremadura, el 27,5% y en Murcia, el 26%. En Castilla-La Mancha, otra de las regiones con más pobreza del país (27,4%), hay en cambio una menor tasa de percepción de la ayuda.

El mapa visualiza en tonos azules o rojizos aquellos municipios con menor y mayor penetración del IMV, respectivamente, teniendo en cuenta los hogares que perciben la prestación por cada 10.000 habitantes. Así, Madrid en términos absolutos tiene un dato elevado de prestaciones (29.500) respecto a otros municipios, lo que se muestra con un gran círculo, pero este es de color azul, porque respecto a su población total tiene una tasa reducida: 86,5 prestaciones por cada 10.000 habitantes. La Carolina, en Jaén, tiene muchas menos prestaciones (771), pero una mayor cobertura respecto a su población, de menos de 15.000 habitantes, con una tasa de 525 por cada 10.000 habitantes.

Los datos, recabados por elDiario.es gracias a una solicitud de información pública en virtud de la Ley de Transparencia, recogen todas las prestaciones de IMV en vigor en junio en todos los municipios del país, excepto en los de Euskadi y Navarra, que tienen las competencias del IMV transferidas y para las que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ofrece datos. Los territorios forales tampoco cedieron información sobre el ingreso mínimo vital a la AIReF para su último informe sobre la prestación, según denunció el organismo público, por lo que su análisis tuvo que excluir a estas comunidades autónomas.

Por tamaño de los municipios, el IMV encuentra una mayor penetración en aquellos de tamaño medio. En aquellos con entre 20.000 y 50.000 habitantes, según los datos de empadronamiento, se presenta la tasa de IMV más elevada, de 172 prestaciones por cada 10.000 habitantes. Las tasas de IMV más bajas las encontramos en dos extremos: las ciudades más grandes, de más de 250.000 habitantes, con una tasa de 122 prestaciones, y en los municipios más pequeños, de menos de 1.000 habitantes, con 124 prestaciones por cada 10.000 habitantes.

Cómo llega el IMV a los municipios más pobres y más ricos

Algunos municipios pueden tener una reducida tasa de IMV porque sean más ricos y presentar poca población en pobreza severa, que cumpla los requisitos para ser beneficiaria de la renta mínima estatal. Por ejemplo, Pozuelo de Alarcón (Madrid) es el municipio con mayor renta anual media del país, según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE, unos 130.000 euros brutos al año. Con 138 prestaciones, su tasa de IMV es de 15 por cada 10.000 habitantes. El segundo municipio más rico, Matadepera (Barcelona), con una renta media de 113.000 euros brutos anuales, tiene una tasa de 7 IMV por cada 10.000 habitantes.

El siguiente gráfico recoge todos los municipios del país, excepto los mencionados de Euskadi ni Navarra, y tampoco aquellos con menos de 1.000 habitantes, ordenados según su tasa de percepción de IMV (prestaciones por cada 10.000 habitantes) así como por su renta media. Las localidades con más renta son las que más se aproximan a la derecha y las de mayor tasa de IMV, las que figuran más altas en el eje vertical.

El ingreso mínimo vital encuentra sus tasas más elevadas –en rojo– entre los municipios de escasa renta y las más reducidas –azul oscuro– en aquellos más ricos. Sin embargo, también se observan algunas excepciones, con tasas reducidas de la prestación en algunas de las localidades más pobres del país. Por ejemplo, Algarinejo (Granada), con una renta media de algo menos de 21.000 euros brutos al año, presenta una tasa de IMV de 120 por cada 10.000 habitantes. O Piornal (Cáceres), con una renta media de 22.700 euros al año, y una tasa de 62 IMV por cada 10.000 habitantes.

Por qué no llega a algunos municipios más pobres

¿De qué depende que municipios con niveles de renta bajos tengan una mayor o menor penetración del ingreso mínimo vital? Por ejemplo, Darro, en Granada, con una renta media de 23.500 euros brutos al año, es el municipio de más de 1.000 habitantes con más tasa de IMV (743). Mientras que Oria, en Almería, con una renta media muy similar (23.700 euros), tiene su tasa de IMV en lo bajo de la tabla, con 81 prestaciones por cada 10.000 habitantes.

El alcance del IMV en las poblaciones más pobres depende de muchos factores distintos, como advirtió la red de ONG contra la pobreza EAPN, en su estudio sobre la falta de cobertura (también denominada entre los especialistas e investigadores como non take up) que publicó en 2024 como resultados de un proyecto para el Ministerio de la Seguridad Social. Entre ellos, que la población esté cubierta por otras ayudas, como subsidios de desempleo o rentas mínimas autonómicas, y no hayan solicitado el ingreso mínimo vital.

La AIReF ha calculado que, en el 56% de la falta de cobertura detectada en el IMV de personas con derecho a la ayuda que no la reciben, “cinco puntos porcentuales corresponden a hogares que cobran renta mínima autonómica en 2023”. Seguridad Social destacaba recientemente que “más del 40% de los potenciales beneficiarios de IMV en situación de non take up disponen de otros ingresos, en la mayoría de los casos procedentes de subsidios por desempleo”, lo que “puede derivar en una menor motivación para solicitar el IMV o en que consideren que no son elegibles”.

También puede que esta población “no conozca la prestación o que no se identifiquen a sí mismas como potenciales beneficiarias” de la ayuda; o que “el estigma” sobre la pobreza haga que tengan vergüenza de pedir ayuda, advierte José Javier López, director de EAPN-ES. Según el estudio de la organización, el 43,7% de personas que viven en zonas con altas tasas de pobreza severa no han solicitado el IMV porque no lo conocen. El 33,6% de los hogares que podrían optar a él creen que no cumplen los requisitos. Y un 41,5%, que no les corresponde.

El siguiente gráfico pone la lupa en la población más vulnerable. En concreto, en la población de cada municipio con ingresos por unidad de consumo inferiores a 7.500 euros al año, una cuantía que se aproxima a los criterios económicos para percibir el ingreso mínimo vital. En 2025, la renta garantizada para un hogar de un adulto es de 7.900 euros al año, unos 659 euros al mes. Los puntos que se sitúan más a la derecha son los de municipios con más población con una renta inferior a los 7.500 euros al año y los que están más altos en el eje vertical, los que tienen una mayor tasa de IMV por cada 10.000 habitantes.

De nuevo, aunque se observa una mayor penetración de la ayuda en los municipios con más hogares de escasos recursos, se evidencian muchas diferencias. Pruna, en Sevilla, y Puntagorda, en Tenerife, tienen ambas un 26% de población con ingresos por debajo de los 7.500 euros al año y, sin embargo, presentan tasas de IMV muy distintas: 566 prestaciones por cada 10.000 habitantes en Pruna y 136 en Puntagorda.

Hay algunos hogares que no solicitan la prestación porque tienen otra fuente de ingresos no declarada a través de la economía sumergida, o también otros en los que la desinformación y los bulos les llevan a no acudir siquiera a servicios sociales a informarse por miedo. “Hay un bulo, muy difundido desgraciadamente, de gente que no quiere venir a servicios sociales porque creen que, ‘si no tienes recursos, te quitan los hijos”, explica Hontanares Arranz, trabajadora social y activista de ATD Cuarto Mundo, ONG contra la pobreza.

Además, la complejidad para tramitar la ayuda, la burocracia a través de medios digitales y la dificultad de acreditar ciertos requisitos, también distancian a algunas personas de la ayuda. Según el estudio de la EAPN sobre la falta de cobertura, un 20% de las personas no solicitantes valoraba mal los trámites del IMV porque consideran “que es muy difícil poder solicitarlo sin apoyo”. En la investigación, no encontraron motivos territoriales que justificaran distintos datos de cobertura, responde Helder Ferreira, responsable de Asuntos Europeos de la EAPN.

El miedo a las devoluciones del ingreso mínimo vital fruto de las revisiones anuales de la ayuda, denunciadas por la ONG ATD Cuarto Mundo ante el Consejo de Europa y criticadas por el Defensor del Pueblo, también es otra barrera para pedir la ayuda, añade Hontanares Arranz. “Hay gente con derecho que hay que convencerla para volver a pedirlo tras una experiencia de cobros indebidos, no quieren”, explica. Hace unos meses, Seguridad Social adelantó la revisión anual de la prestación precisamente para reducir las cuantías reclamadas en cobros indebidos.

El resultado final de esta gran variedad de factores supone distintos niveles de cobertura de la ayuda estatal, siendo más o menos capaz de alcanzar a la población en pobreza severa a la que va dirigida la prestación. El siguiente gráfico muestra una estimación aproximada de qué porcentaje de hogares están en umbrales de pobreza que cubre el IMV (658 euros mensuales), a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida, y cuántos están recibiendo realmente el IMV, según los datos proporcionados por el ministerio. Con algunas diferencias territoriales, los datos muestran una tendencia: una parte importante de la pobreza en España está quedando fuera del Ingreso Mínimo Vital.

Margen de mejora en el IMV y las rentas autonómicas

En la EAPN recuerdan en cualquier caso que estos problemas de cobertura (non take up) “no solo existen para el ingreso mínimo vital”, sostiene José Javier López, “solo hay que mirar otras ayudas como el verano joven o el bono social eléctrico”, pone a modo de ejemplo. En la red de ONG alertan de los “ataques y discursos que están planteando el IMV como una medida que no está siendo beneficiosa”, algo que no comparten. “La medida para nosotros es positiva, puede aportar muchísimo, pero nace y continúa con muchas dificultades y deficiencias en su diseño y en su puesta en marcha. Eso lo va arrastrando”, sostiene el director de EAPN-ES.

Desde ese punto de vista, las ONG prefieren identificar cuáles son esos problemas e implementar los cambios que permitan ampliar el alcance del IMV. Tanto para que las personas que no lo piden (y tienen derecho) lo soliciten, como para reducir los datos de rechazos e inadmisiones de la renta mínima, ya que “destaca el elevado número de solicitudes inadmitidas y denegadas cada año”, destacó recientemente el Tribunal de Cuentas en su evaluación del IMV.

Del total de 3,4 millones de solicitudes del ingreso mínimo vital presentadas a la Seguridad Social desde su nacimiento en 2020 hasta el pasado mes de junio, solo el 30% han sido aprobadas, según los datos aportados por Seguridad Social a la solicitud de información pública realizada por elDiario.es a través del Portal de Transparencia.

Entre las posibles mejoras, las entidades sociales suelen reclamar un proceso de tramitación menos complejo, el acompañamiento de las personas beneficiarias, ampliar los criterios de acceso y el concepto de “unidad de convivencia”, modificar los criterios de patrimonio, el periodo mínimo de un año de residencia legal de los migrantes para poder solicitarlo o la ampliación al colectivo entre 18 y 23 años, entre otros, menciona Helder Ferreira (EAPN).

“Es más sencillo dirigir una ayuda a un colectivo muy concreto”, indica Ferreira, pero “hay mucha más complejidad” para que una prestación llegue a muchas personas en contextos y con características distintas, como es el caso del IMV.

Otra de las tareas pendientes más repetidas es la mejor colaboración de las Administraciones en la coordinación del IMV con las rentas mínimas autonómicas, para que ambas ayudas se complementen y garanticen una mayor protección social, ya sea llegando a más beneficiarios o mejorando las cuantías de la población que percibe estas ayudas.

Sin embargo, muchas comunidades han reducido sus rentas mínimas tras la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Algunas, hasta “prácticamente su desaparición”, destaca Hontanares Arranz, como es el caso de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Por el lado contrario, hay contadas excepciones, entre las que destaca la Comunidad Valenciana, Catalunya y Canarias. Además de Navarra y Euskadi, ambas con una mayor apuesta por sus rentas mínimas desde hace años, que han mantenido.

“Tenemos que exigir a nuestras administraciones en sus respectivos niveles de competencia que atiendan a las personas que están en situación de pobreza y exclusión. Estamos viendo que la cobertura con el ingreso mínimo en muchas comunidades autónomas ha crecido y es mayor que la que tenían con rentas autonómicas”, indica José Javier López. Es el caso de Castilla-La Mancha y Andalucía, que ha incrementado mucho su población cubierta por alguna renta mínima, básicamente gracias al IMV, así como la Comunidad Valenciana, en su caso con un refuerzo de su renta mínima regional.

“Hay que exigir que no se pierdan las prestaciones que ya había de rentas autonómicas en el sentido de ayuda a las personas en riesgo de pobreza, porque pueden complementarse con el IMV o pueden ampliarse a otro tipo de de ayudas, prestaciones y servicios a personas que están en situación de exclusión”, reivindica el director de la EAPN-ES. La clave, subraya, es sumar –y no perder– esfuerzos para reducir la pobreza en España, un deber de las distintas administraciones. “Tenemos un cuarto de la población en situación de pobreza. Son 12 millones de personas en España, por tanto, no es un elemento que podamos obviar”, recuerda López.

En este buscador puedes consultar todos los municipios del país, también los más pequeños, y comprobar el número de hogares con el IMV en vigor en junio, así como la tasa de prestaciones por cada 10.000 habitantes.

En Castilla-La Mancha, la pobreza afecta a uno de cada tres niños, niñas y adolescentes, según los datos de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Una red de la que forma parte la Fundación CERES, con sede en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real.

“Se necesitan más recursos económicos y personales. Le damos demasiadas vueltas literarias y políticas a algunas cosas. Lo que hace falta es actitud y dinero. A lo mejor hay que hablar menos y hacer más”, asegura la presidenta de entidad, Antonia Valverde.

Esta entidad quiere abrir “un centro integral especializado en infancia y adolescencia que incluya espacios de ocio, de refuerzo escolar y de atención psicológica. Son cuestiones que no se abordan con la profundidad que debiera. Queremos que sea un centro de referencia regional”.

Lo hará a través de la solicitud de fondos europeos vinculados al programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV, por sus siglas en inglés), para favorecer los derechos de los niños y niñas. “Lo haríamos junto a otro socio europeo y hay varios ya interesados”. En la actualidad se está redactando la propuesta.

La Fundación CERES aportará su experiencia al proyecto. Ya colabora con centros educativos de Tomelloso y Argamasilla de Alba. “Queremos ayudar a los padres y a los chicos a que no caigan en el desánimo. Es una pescadilla que se muerde la cola, con dinámicas de las que es muy difícil salir si no hay alguien que tienda una mano, con ayuda muy concreta”.

Trabajan con 59 chicos y chicas entre 11 años y 17 años, a través de programas como ‘Sembrando valores’. “Ayudamos a quienes van mal en el colegio porque en su casa a veces no tiene ni mesa para estudiar, sino un salón para toda la familia y una habitación en la que duermen con tres o cuatro hermanos”.

Antonia Valverde subraya que los malos estudiantes pueden estar en cualquier tipo de familia, “solo que algunas no pueden pagar clases particulares y nosotras las ofrecemos gratis”. Es una forma, dice, de ayudar en la transición hacia la vida adulta, en cuestiones como las habilidades sociales, entre otras.

Ahora, dice, “daremos un paso más porque, aunque está bien trabajar con los chicos, hemos de hacerlo con los padres. En los colegios se enseñan cosas, pero hay que educar en casa”, afirma contundente.

Después, ofrecen el programa ‘Coge Impulso’ de apoyo a adolescentes de 15 a 18 años en riesgo social o educativo, mientras que el programa ‘Brújula’ quiere contribuir a  la mejora de la integración social y la salud mental del conjunto de jóvenes en situación de vulnerabilidad de 12 y 18 años, de los municipios de Tomelloso, Campo de Criptana, La Solana y Alcázar de San Juan.

Este año queremos visibilizar más el área de Infancia y el servicio que ofrecemos. Cuesta mucho decirlo, pero es que hay familias pobres, desgraciadamente y algunas rozan la miseria. No queremos ver esa realidad

Esta profesora de EGB, que fue concejala de Servicios Sociales en Tomelloso y diputada socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, recuerda que la entidad lleva ya cuatro años trabajando con menores. “Este año queremos visibilizar más el área de Infancia y el servicio que ofrecemos. Cuesta mucho decirlo, pero es que hay familias pobres, desgraciadamente. Algunas rozan la miseria y no queremos ver esa realidad”.

La pasada semana los datos de la 'Encuesta de Condiciones de Vida', publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), desvelaron que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con la tasa más alta de personas con “muchas dificultades” para llegar a fin de mes.  

Este año formarán al personal de la Junta que trabaja con menores

En marzo de 2023 se aprobó por unanimidad en las Cortes regionales la nueva Ley de Infancia autonómica. Tras dos años de bagaje Antonia Valverde dice que su aprobación fue “un gran paso”, aunque reconoce que todavía “necesita tiempo”.

La entidad colaborará este año en la formación del personal vinculado a las distintas consejerías del Gobierno de Castilla-La Mancha que trabajan con menores. “Empezaremos en abril, y llegaremos a todas las provincias. Es un trabajo complejo, no es fácil elegir entre sentimientos y profesionalidad cuando se trabaja con niños. Por ejemplo, en los casos en los que se plantea retirar la custodia”.

Me di cuenta de que la Administración pública cubre necesidades de las personas más vulnerables, pero no puede llegar a todo el mundo. El servicio ha de estar complementado desde el Tercer Sector Social

¿Cuáles son los retos?, preguntamos. “En los servicios sociales todo es mejorable, como ocurre en la Sanidad o en la Educación, si tenemos en cuenta los constantes cambios sociales, a los que hay que adaptarse, sin prejuicios. España no se parece en nada a la de hace 20 años”.

La Fundación CERES se fundó en 1997 por la inquietud personal de Antonia Valverde, profesora de EGB en aquel entonces. “Me di cuenta de que la Administración pública cubría necesidades de las personas más vulnerables, pero no podía llegar a todo el mundo. El servicio ha de estar complementado desde el Tercer Sector Social”.

Los primeros pasos se centraron en atender a personas con problemas de adicción, pero hoy el espectro de su actividad es mucho más amplio. El de la Fundación CERES es un equipo multidisciplinar y femenino al 99%, con profesionales especializadas. “Somos una entidad sin ánimo de lucro con alma”.

En sus años de existencia se han financiado a través de subvenciones tanto estatales como autonómicas o locales, pero Valverde subraya: “Dependemos de nosotros mismos”. La entidad forma parte de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), también de la UNAD, la Red de Atención a las Adicciones o de la Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido, entre otras. 

Este es el octavo cuento de la serie 'Mari contra la pobreza'. Mari vive en un barrio murciano, trabaja de camarera, tiene dos hijos (Jaime y Jorge) y un dinosaurio. El dinosaurio (que podría ser el mismo que sale en el cuento de Augusto Monterroso) representa la fuerza interior de Mari, la fuente de energía que le permite enfrentarse a todos los problemas cotidianos que provoca vivir en situación de pobreza. Mari comparte el protagonismo de estas historias con sus amigas Tamara y Henriette. Ellas representan a todas aquellas mujeres que pelean a diario contra la pobreza y queremos que sea el reconocimiento de la EAPN-RM a su valor y esfuerzo. Este cuento vuelve a contar con una ilustración original de la artista Laia Domènech.

Habitualmente, cerramos el cuento ofreciendo algunos datos sobre la historia narrada. Esta vez los ofrecemos al comienzo. En España, según datos del INE, un 83% de las familias monoparentales tienen a una mujer sola al frente de la misma. Por eso es más razonable llamarlas familias monomarentales. Este tipo de familia es en el que se encuentran los mayores índices de pobreza. Según una investigación publicada hace unos años por EAPN Región de Murcia, mientras que la media de pobreza en la Región era de un 32% en las familias monomarentales era del 47%.

Cada mes de diciembre, conforme se acerca la navidad, pasan dos cosas que son independientes entre sí al mismo tiempo que están dramáticamente entrelazadas. Casualidad y causalidad, dos en uno. Cada mes de diciembre, conforme se acerca la navidad, el padre de Jaime y Jorge les llama para decirles que les va a visitar. Cada mes de diciembre, conforme se acerca la navidad, el abuelo paterno de Jaime y Jorge  les llama para hacer una compra navideña. 

El suegro de Mari no aparece en todo el año salvo para llevar a Jaime de compras una semana antes de Nochebuena. La primera vez que eso pasó, Mari montó en cólera. Tenía la sensación de que pretendía compensar los desmanes de su hijo a base de polvorones, conservas y embutidos. Su madre (la de Mari), que tiene la habilidad de sentir pena por todo el mundo, le dijo que lo dejara estar. Si así considera que repara algo de todo lo malo que ha hecho su hijo, le dijo, déjalo hacer. Tamara, desde un punto de vista más pragmático, también le animó  a no complicarse con el asunto.

-Y dile al chiquillo que se traiga un cava del bueno -añadió.

A Jaime no le hace mucha gracia ir con su abuelo a hacer la compra navideña. Sabe que aquello es, en el mejor de los casos, raro. La primera vez que tuvo conciencia de la pobreza en la que viven en su casa, fue cuando sintió la misericordia en el acto de su abuelo. Cada año, su abuelo, con una exactitud escalofriante, compra las mismas cosas. Mientras pasean por los pasillos del supermercado, Jaime tiene que tomar nota de cada cosa que echan al carro y llevar la cuenta de por dónde va el gasto. Su abuelo se enfada si usa la calculadora del móvil. Esas sumas, le advierte, tienes que hacerlas con papel o lápiz, o incluso de memoria. De lo contrario, acaba por amenazarle, se te secará el cerebro. 

La primera vez que llevó a Jaime a hacer la compra navideña, gastó 100 euros. Y en esa cifra se ha mantenido año tras año, añadiendo la cantidad correspondiente a la subida del IPC, claro. El suegro de Mari es un hombre de una corrección marcial. Fue maestro como podría haber sido coronel. Un hombre duro e inflexible. Y lo que es duro e inflexible es frágil como la materia muerta, como la madera seca. Se quiebra cada dos por tres y deja fragmentos cortantes a su paso que hieren a todos aquellos que se le acercan. Mari no tiene especial interés en justificar las cosas que hizo el padre de sus hijos pero, por mucho que Tamara ponga el grito en el cielo cada vez que lo hace, no puede evitarlo. La vida es una sucesión absurda de víctimas que luego ejercen de victimarios.

El padre de Jaime y Jorge no tiene ni idea de la ceremonia de la compra del billete verde, como la llama Tamara. Lleva años sin hablar con su padre. Se retiraron la palabra cuando todavía estaba con Mari. Sin embargo, casi al mismo tiempo, llama para decirles a los niños que irá a verlos por Navidad. Y, año tras año, incumple su promesa. Solo una Navidad vino a visitarlos y a ese clavo ardiendo es al que se agarra Jaime cada mes de diciembre para pensar que ese año su padre sí dice la verdad. 

Mari piensa que no hay padre bueno. Sabe que no es así, aunque solo sea por probabilidad alguno bueno tiene que haber. Pero, de haberlo, nadie lo conoce en el barrio.

En el caso de Tamara, la cosa es algo complicada porque depende del día. Tamara, cuando habla de su padre, parece dejarse poseer por una especie de alucinación desvergonzada, por una fantasía sin pudor que exhibe delante de todo el mundo. A veces, su padre es un héroe que murió atropellado por un camión cuando saltó a la carretera para salvar a un anciano ciego, otras es un villano miserable que las abandonó para gastarlo todo en los casinos de Torremolinos, otras un ingeniero especializado en una tecnología punta que debió viajar al extranjero y aceptar una vida secreta, otras un mujeriego sin remedio que agoniza de varias enfermedades venéreas en un hospital de la estepa siberiana. Cuando Mari le pregunta qué es eso de inventarse tantas historias, Tamara explica que está buscando la historia perfecta para situar a su padre. No me gusta la verdad, reconoce, y nada me impide fabricar una mentira a mi antojo.

Una buena fantasía es el bálsamo perfecto para una mala realidad. Jorge le explicó una tarde que el padre de Endurance es la arena del desierto porque su madre, Henriette, se quedó embarazada de él atravesando el Sáhara de camino a Europa. Jorge estaba haciendo dibujos esa tarde y uno de ellos era de Endurance. Mira, mamá, le dijo a Mari mostrándole orgulloso el retrato de su amigo, he dibujado a Endurance como el Capitán Duna, tiene el poder de invocar tormentas de arena. Jorge, que se resiste a abandonar el pensamiento mágico, ha aceptado al padre mineral de Endurance con la tranquilidad de quien acepta que las palabras agudas sólo se acentúan cuando terminan en n, s o vocal. Junto al Capitán Duna, salía dibujado él mismo. Soy Chico Caries, le dijo a su madre.

-¿Chico Caries? - le preguntó Mari desconcertada -. ¿Y cuál es tu súper poder?

-Hago que se le pudran los dientes a los racistas -respondió Jorge.

Una sonrisa de orgullo se apoderó de la cara de Mari, casi tan grande como la que se dibujó en la boca del dinosaurio.

Al mismo tiempo que Jaime, Penélope filial, espera y espera a que llegue la visita navideña de su padre, Jorge lo ignora por completo. Ha visto a su padre 2 ó 3 veces en la vida y para él no es más que un extraño poco de fiar. 

Mari ha intentado por activa y por pasiva acabar con esa rutina de la mentira y de la decepción pero no lo ha conseguido. Cuando Jaime espera a que venga su padre, el dinosaurio espera junto a él. Pasa días acompañándolo a todas partes hasta que Jaime acaba por aceptar el engaño de cada navidad. Mari piensa que sólo ella puede ver al dinosaurio pero ese día, después de escuchar a Jaime decir en voz alta que ese año su padre tampoco vendrá, vio cómo su hijo acariciaba la cabeza del lagarto y no pudo evitar pensar que se trataba de alguna especie de milagro navideño.

La Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) ha denunciado que más de 260 personas en situación de vulnerabilidad extrema se quedarán sin vivienda en la ciudad a partir de año nuevo. La asociación ha emitido un comunicado tras la decisión de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS) de rescindir el convenio del Programa de Alojamiento Alternativo y Temporal que tenían con el Ayuntamiento, en medio de la peor crisis de vivienda en años.

Entre las familias afectadas por la caída del convenio suscrito con el consistorio se encuentran personas especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales y monomarentales, menores con enfermedades graves, personas sin hogar, jóvenes en exclusión social y miembros del colectivo LGTBIQ+.

El programa estaba dirigido a familias empadronadas en Madrid que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema. A través de un convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la EMVS, se estimó destinar 200 viviendas municipales para que fueran gestionadas por ONGs con tal de ofrecer apoyo a las familias. El objetivo era estabilizar su situación socioeconómica y avanzar hacia una solución habitacional definitiva.

El Ayuntamiento y la EMVS han comunicado la finalización del convenio a finales de año, dejando sin alternativa habitacional a 82 familias gestionadas por 14 entidades, según explica la EAPN en un comunicado. Según la entidad, las reuniones con la empresa municipal no han sido fructíferas y denuncian la “falta de acompañamiento” por parte del Ayuntamiento.

La respuesta de la Empresa Municipal de Vivienda

El convenio se firmó durante la legislatura de la ex alcaldesa Ana Botella para tratar de paliar la crisis de vivienda que afectaba especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad y se ha prorrogado en dos ocasiones: 2017 y 2021. Aún así, el EMVS afirma que el convenio se rescinde ahora porque “termina el 31 de diciembre”.

En declaraciones a elDiario.es, la empresa municipal asegura que se ha puesto en contacto y se ha reunido con todas las entidades implicadas para solicitarles información de las personas que ocupan las viviendas e intentar dar una solución individual a las mismas. 

La EMVS también señala que el objetivo de los programas de alojamiento “temporal y compartido” no se estaba cumpliendo de forma generalizada, ya que “las familias permanecían en las viviendas por tiempo prolongado”, convirtiéndose en adjudicaciones “fuera del reglamento oficial de la EMVS”.

La EAPN, por su parte, reclama que se prolongue el convenio por la falta de alternativas habitacionales en Madrid y la crisis del mercado inmobiliario pero también por la vulnerabilidad extrema de los afectados. Además, denuncia la “descoordinación” entre el consistorio madrileño y la EMVS y pide revisar los contratos para garantizar su continuidad vinculados a las entidades sociales.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) ha celebrado este miércoles su 30 aniversario en Toledo, una ocasión en la que su presidenta, Mar González, aprovechó para reivindicar un “trabajo constante” contra la pobreza y la exclusión social, en el que “tenemos que huir de liderazgos” y estar “todos unidos”. “Las alianzas son impepinables”, recalcó González, entre las administraciones, las entidades, las empresas y la ciudadanía. “Tenemos que estar todos unidos”, aseveró.

Y así ha sido durante los últimos treinta años, recalcó, acompañada del vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el presidente de EAPN España, Carlos Susías. González advirtió de que hablar de un tema como la pobreza “siempre es difícil”, pero que hay datos que demuestran “todo lo que se ha hecho” en la región para reducir las cifras.

Por eso, destacó el impulso de las administraciones, por ejemplo, en las últimas situaciones de catástrofe tras la DANA en localidades como Letur y Mira, donde se ha llevado ayuda de forma “articulada y organizada” junto a las entidades. “Los hitos en Castilla-La Mancha son numerosos”, aseveró González, en relación a la lucha contra la pobreza. Entre ellos, la primera estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Castilla-La Mancha, que fue “pionera”; actualmente se prepara la segunda estrategia, para el año 2025.

Reconocimientos

EAPN-CLM otorgó diversos reconocimientos para poner en valor el trabajo de personas e instituciones clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Entre otros, a Juan Carlos Llano, pionero en la investigación científica y social aplicada a la pobreza en Castilla-La Mancha y España, cuya labor ha sido fundamental para comprender y abordar de forma rigurosa la exclusión social; al Comisionado del Reto Demográfico, representado por José Luis Martínez Guijarro, por su compromiso con el desarrollo e inclusión social, y su papel en la creación de la Ley de Despoblación, una herramienta esencial para garantizar la equidad territorial en la región; y a la Consejería de Bienestar Social, por su impulso a la I Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social, consolidando un marco estratégico para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

Igualmente, ha premiado al Grupo de Participación de EAPN-CLM, compuesto por personas con experiencia en pobreza, quienes han contribuido de manera decisiva a mejorar las políticas sociales y dar voz a quienes más lo necesitan. La jornada también puso en valor el papel de instituciones como el Ayuntamiento de Toledo, por su apoyo al Parque de la Integración en Toledo y las Cortes Regionales, por acoger las Audiencias Públicas de personas en situación de vulnerabilidad social.

“La celebración del 30 aniversario de EAPN-CLM no solo marca un hito en la trayectoria de la red, sino que invita a reflexionar sobre el poder transformador de la unión entre ciudadanía, organizaciones y administración pública para combatir la pobreza y la exclusión social”, han aseverado desde la entidad.

EAPN ha defendido igualmente que su trayectoria de tres décadas demuestra que “el trabajo colectivo, la participación activa y la incidencia política son fundamentales para generar cambios estructurales que beneficien a las personas más vulnerables”. “Mirando hacia el futuro, el reto sigue siendo construir una sociedad más equitativa, donde ninguna persona quede atrás, consolidando alianzas y fortaleciendo la voz de quienes experimentan la pobreza en primera persona”, han concluido.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha celebrado una Asamblea General Extraordinaria en la que se ha elegido el Comité Ejecutivo Autonómico para los próximos cuatro años. Todos sus miembros han sido elegidos por la Asamblea para un segundo mandato. De esta forma, José Antonio Romero Manzanares, de CERMI-CLM, ha sido reelegido como presidente, Fernanda Rodríguez Vincelli, de EAPN-CLM, como vicepresidenta y como secretario general, José Martínez Martínez, de ONCE.

Por otro lado, los cincuenta delegados y delegadas han elegido a diez representantes más para como vocales en el Comité Ejecutivo: Cristina Gómez Palomo y Ana Cabellos, de CERMI-CLM; Cristina Abarca de Julián, de ONCE; Mar González, de EAPN-CLM; Milagros Figueras, de POI-CLM; María José Soto y Jesús Rodríguez, de Cruz Roja CLM; Fernando Gutiérrez, de la Coordinadora de ONGD de CLM; y María del Carmen Palomares, de la Plataforma del Voluntariado de la región. También se suma al Comité María Ángeles Sánchez Trillo como representante de ACESCAM.

A la espera de la futura Estrategia de Promoción del Tercer Sector

La renovación de los responsables para los próximos años ha ido acompañada de la aprobación de un plan de trabajo con los objetivos y mandatos de la Asamblea donde destaca el fortalecimiento del tercer sector social de la región, precisamente cuando el próximo mes de febrero se celebra el quinto aniversario de la aprobación de la Ley del Tercer Sector de la región.

Un fortalecimiento, explican en un comunicado, “que permita avanzar en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, avanzar en la inclusión y la justicia social”, especialmente con los desarrollos normativos de la ley como son la creación de la futura Estrategia de Promoción del Tercer Sector y el Inventario de Entidades del Tercer Sector. El plan de trabajo para este mandato contempla la creación y mejora de los espacios de representatividad del tercer sector en la región, aumentando la incidencia y la participación y la representación social.

Otro de los cometidos será profundizar en la divulgación y conocimiento del tercer sector como forma de organización de la sociedad civil en la región, buscando y explorando marcos de representación institucional y mejoras en el diálogo civil. Así mismo, la Mesa seguirá con las acciones de divulgación de la X Solidaria y de la X de las Empresas correspondientes a la tributación nacional del IRPF y del Impuesto de Sociedades que revierte en más de 240 proyectos sociales en la región.

Otro de los temas importantes abordados por las plataformas y organizaciones que componen la Mesa es “la creciente preocupación por el impacto que tienen los bulos, las noticias falsas y las difamaciones en la actividad diaria de las entidades que componen el Tercer Sector de acción social en la región, y por extensión en todo el territorio nacional”.

Castilla-La Mancha participará en los proyectos y campañas coordinadas desde la Plataforma del Tercer Sector Estatal para acercar a la ciudadanía las actividades, proyectos y servicios que desarrollan las entidades sociales en el territorio.

Agenda 2030, una guía para el tercer sector

En la misma jornada y antes de la celebración de la Asamblea General, los delegados de la Mesa e invitados han participado en el encuentro: “Agenda 2030, una mirada desde el Tercer Sector”, donde se ha abordado el papel que juegan los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las entidades del tercer sector y viceversa: como las organizaciones ya están asumiendo la aplicación de algunos de los ODS.

En esta jornada, presentada por José Antonio Romero, han participado Pilar Salgado, de la Fundación Universidad de Castilla-La Mancha; Carlos Susías, vicepresidente de la Plataforma Estatal del Tercer Sector; y Manuel Lorenzo, de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha. Un encuentro para generar espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre entidades que desarrollan sus proyectos en diferentes ámbitos sociales y que se ven unidos por la consecución de algunos de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha está compuesta por ocho entidades: la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CLM); la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CLM);Cruz Roja, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia CLM (POI-CLM); la coordinadora de ONGD CLM; la Asociación de Castilla -La Mancha de residencias y servicios de atención a los mayores (ACESCAM); y la Plataforma de Voluntariado ( PV-CLM).

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN CLM) cumple treinta años, y este aniversario es algo más que una fecha redonda. Es el recordatorio de una lucha constante y de una labor que, lejos de agotarse, sigue abriendo caminos en favor de quienes han sido empujados a la periferia de la sociedad. Celebramos tres décadas de un trabajo que va mucho más allá de la ayuda y la beneficencia; hablamos de treinta años de una estructura que ha logrado, a través de la participación, el diálogo y la incidencia política, dignificar y devolver la voz a las personas en situación de pobreza. EAPN CLM ha transformado el enfoque social de una región, recordándonos que la pobreza no es una estadística, sino una realidad humana que exige una respuesta estructural y colectiva.

EAPN CLM no solo habla de pobreza, sino que trabaja cada día para desmantelar sus raíces. No basta con aplacar sus síntomas, y la red lo ha dejado claro una y otra vez: es necesario construir un tejido social que esté verdaderamente conectado y comprometido, en el que cada entidad que forma parte del proyecto pueda aportar desde sus capacidades y fortalezas. EAPN CLM ha demostrado que el trabajo en red no es solo una estrategia, sino una necesidad que transforma realidades de forma efectiva y sostenible. Cada entidad, cada organización que forma parte de esta red, trabaja unida en el mismo objetivo: no dejar a nadie fuera, y ese esfuerzo de cooperación no debería pasar desapercibido. En una sociedad donde la competencia entre entidades sociales es a menudo la norma, EAPN CLM nos muestra que la colaboración es una vía para multiplicar los resultados y, sobre todo, para consolidar un compromiso real con la justicia social.

Pero hay algo más: en estos treinta años, EAPN CLM ha conseguido no solo unir esfuerzos, sino también abrir espacios de diálogo donde antes solo había muros. Esta red ha mantenido un diálogo constante con administraciones públicas, entidades privadas, empresas y ciudadanía, recordando que el compromiso con la igualdad es de todos y que no se puede reducir a la labor de una sola organización. Sin embargo, el diálogo por sí solo no es suficiente si no se convierte en una herramienta de cambio. Y ahí es donde EAPN CLM ha mostrado su valor real: su capacidad de interpelar a todos los sectores de la sociedad, de poner sobre la mesa las realidades y necesidades de las personas en situación de pobreza y de exigir respuestas reales, eficaces y concretas. El diálogo es el primer paso hacia la acción, y EAPN CLM ha insistido en que las palabras deben transformarse en políticas que garanticen una vida digna para todos y todas.

A lo largo de estas tres décadas, EAPN CLM ha sido un actor fundamental en la incidencia política de la región. Ha conseguido abrir debates, influir en legislaciones y hacer que las voces de quienes más lo necesitan lleguen a donde se toman decisiones. Porque la pobreza no se combate solo con solidaridad; se combate desde la política, desde la redistribución de recursos, desde la construcción de un sistema que no deje atrás a nadie. Cada iniciativa, cada campaña, cada documento presentado por EAPN CLM es una declaración de intenciones y una demanda de justicia social. Las políticas públicas no pueden seguir mirando a otro lado ni limitándose a soluciones superficiales. No se puede hablar de progreso ni de una sociedad justa mientras haya personas condenadas a la exclusión social, y EAPN CLM ha sido y sigue siendo una fuerza que no permitirá que estas realidades se ignoren.

EAPN CLM ha trabajado, además, por algo que muchas veces se pasa por alto: la inclusión de las personas en situación de pobreza en los propios procesos de cambio. Esta red ha sido pionera en asegurarse de que las personas a las que representa no sean solo beneficiarias pasivas, sino participantes activos en las decisiones que les afectan. Este enfoque no es una mera formalidad; es una práctica que rompe con la narrativa paternalista y devuelve el protagonismo a quienes han sido silenciados. La participación real implica escuchar las voces de aquellos a quienes el sistema ha marginado, y eso es precisamente lo que ha hecho EAPN CLM en cada foro, en cada iniciativa, en cada espacio de encuentro. Escuchar a los pobres no solo es un ejercicio de dignidad; es un acto de justicia, y EAPN CLM ha sido un ejemplo de cómo las personas en situación de pobreza pueden y deben ser agentes de su propio cambio.

EAPN CLM nos recuerda que la lucha contra la pobreza no puede descansar en unos pocos

Esta conmemoración de treinta años es, entonces, algo más que una celebración. Es una oportunidad para mirar hacia adelante y preguntarnos como sociedad qué estamos haciendo, qué podemos mejorar y hasta qué punto estamos dispuestos a comprometernos para construir una región inclusiva. Porque en un momento en el que las desigualdades siguen creciendo y donde la precarización amenaza a miles de personas, EAPN CLM nos recuerda que la lucha contra la pobreza no puede descansar en unos pocos. La lucha contra la pobreza es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No basta con admirar la labor de una red; es necesario preguntarnos cómo contribuimos, desde nuestro ámbito, desde nuestra realidad, a esa red de solidaridad que EAPN CLM ha tejido con tanto esfuerzo.

Estos treinta años de EAPN CLM son una llamada a la acción para todos y todas. La sociedad castellanomanchega tiene una deuda de gratitud con esta red, pero también una responsabilidad que no podemos ignorar. Cada uno de nosotros debe reflexionar sobre el papel que desempeña en la construcción de una comunidad en la que nadie quede al margen. EAPN CLM nos ha mostrado que una Castilla-La Mancha inclusiva no es un sueño inalcanzable, sino una posibilidad concreta que depende de nuestro compromiso y acción.

Que este aniversario sea el inicio de una nueva etapa en la que todos y todas, desde nuestras propias capacidades, sumemos a esta red que lucha por una Castilla-La Mancha más justa, solidaria y verdaderamente igualitaria.

Uno de cada cuatro menores de 18 años en Canarias se encuentra en riesgo de exclusión y pobreza, lo que se traduce en un total de 158.000 (44,5%). Se trata de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares pobres. El vicepresidente de EAPN Canarias, Fernando García Rodríguez, señala que, a pesar de que la tasa se ha reducido en los últimos años en 3,3 puntos, “siguen siendo cifras insoportables”, sobre todo si se compara con otros grupos de edad como el de personas adultas (32%) o pensionistas (31%). 

“Sobre todo, lo que preocupa es la transmisión intergeneracional de la pobreza, porque, al final, lo que se contabiliza son aquellos niños, niñas y adolescentes que residen en hogares pobres. Es decir, donde la unidad familiar está en situación de pobreza y, por tanto, en consecuencia, ellos también residen en hogares en esta situación”, destaca García.

En el último informe de El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022 en Canarias se reflejaban datos como que 750.000 personas en las Islas están en riesgo de exclusión (33%) y que un 65% de esa población tiene dificultades para llegar a fin de mes. Además, se recoge que “las personas que viven en hogares con menores económicamente dependientes registran tasas mucho más elevadas que el resto para los principales indicadores de pobreza y vulnerabilidad”. 

En ese contexto, García apunta que, aunque no se profundice en ese análisis en el informe, sí que se deduce que a lo largo del tiempo las personas que de niños o de niñas o adolescentes son pobres, “muy probablemente”, cuando sean adultos, lo seguirán siendo, “salvo que se establezcan algún tipo de medidas que eviten que alcancen esa situación también de adultos”.

En este punto, incide en que hace falta aumentar los recursos económicos, educativos y sociales en las familias, sobre todo porque “si no, se va a perpetuar de una generación a otra; y es lo que se denomina la transmisión intergeneracional de la pobreza”. De hecho, un niño o niña o adolescente que vive en situaciones de pobreza está en una situación más propensa a sufrir exclusión social sobre todo porque tiene una dependencia más económica de sus padres y de sus madres y, por tanto, “al final no depende de sí mismo el que pueda mejorar o salir de esa situación, sino que depende de que el núcleo familiar salga justamente de esa situación de pobreza y exclusión”. 

Por ello, el vicepresidente de EAPN Canarias remarca que hacen falta políticas con perspectiva de infancia. Por ejemplo, refuerzos económicos y prestaciones sobre todo a las familias monomarentales. Es decir, las que están soportadas fundamentalmente por una madre sola con menores a cargo; que es donde radican principalmente las situaciones de pobreza.

García apunta que “aquí hablamos de refuerzos en lo relativo a los servicios sociales, pero sobre también de refuerzos a nivel educativo, sanidad, vivienda…”. Recuerda que la Renta Canarias de Ciudadanía nace como una prestación complementaria al Ingreso Mínimo Vital y uno de sus complementos es el refuerzo a las familias con menores a cargo. Sin embargo, los complementos de la renta, entre los que se encuentra también el de vivienda o el de pensionistas aún no se han desarrollado. “Ya toca que la Renta Canaria de Ciudadanía se desarrolle en sus diferentes complementos y sobre todo también que exista una mejor coordinación y coexistencia con el Ingreso Mínimo Vital”, añade. 

El vicepresidente de EAPN también incide en el dato de que el 53% de la población en Canarias no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. “Hoy en día, las familias no tienen capacidad para ahorrar, y si les viene algún gasto que no tienen en ese momento pensado que pueda suceder, pues tendrían graves dificultades para poder asumirlo”, incide. A esta cifra se le suma que el 65% de la población manifiesta grandes dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, “muchas familias viven, en el límite, a pesar incluso de tener ingresos”, es decir, son trabajadores pobres. 

“Hoy en día el empleo no te saca de la exclusión social o de la pobreza”, señala García. Desde EAPN apuestan por la mejora en la calidad del empleo y sobre todo la mejora de las condiciones laborales, “porque al final el empleo por sí no te saca de la situación de pobreza. Lo que te saca de la situación de pobreza es tener un empleo estable, con un salario digno, adecuado, suficiente, y continuado en el tiempo”, resume. 

La importancia del comedor escolar 

Macarena Céspedes, directora de Incidencia de la ONG Educo, también sostiene que “tener hijos penaliza a la hora de tener una vida económica más saludable o un nivel socioeconómico más elevado”. Por ello, añade que lo que se tienen que poner en marcha son “prestaciones y políticas públicas que pongan en el centro de la infancia y que sean mucho más eficientes”. La experta apunta que, a pesar de que en España se ha reducido el número de familias con hijos, el número de familias con hijos que tienen más dificultades para llegar a fin de mes ha aumentado: son el 55% de las familias con hijos a cargo que tienen dificultades para llegar a fin de mes. 

Por ello, incide también en que el Ingreso Mínimo Vital tiene que mejorarse, se tiene que ampliar la cobertura, llegar a más familias, tener un plus por hijos o hijas a cargo, estar coordinado y ser compatible con otras ayudas autonómicas… Para Céspedes, “el comedor escolar es una de esas políticas públicas de lucha contra la pobreza infantil con un enfoque claro de educación que sería muy barata y muy fácil de aplicar a todos los niños y niñas”. 

“En general nosotros pedimos el comedor universal, porque lo consideramos parte del derecho a la educación, igual que un niño accede a clase y va a clase de Matemáticas, o de Lengua, o de Historia, o de Inglés, tendría que ir al comedor escolar porque forma parte de su educación y del espacio educativo. Ahora, más allá de eso, lo que sí consideramos es que es una política pública de lucha contra la pobreza infantil con un clarísimo impacto, pues garantiza a ese niño una alimentación que de otra forma no está siendo garantizada”. Y recuerda que en España ha aumentado el número de niñas y niños que no pueden comer carne, pescado, pollo o equivalente proteico cada dos días. 

“Una mala nutrición es lo que muchas familias se ven abocadas a darles a sus hijos porque es lo barato. Los hidratos de carbono, pocas proteínas, pocas verduras. Compran lo que pueden comprar para alimentar y saciar el hambre. Y quitar el hambre no es necesariamente igual a estar bien nutrido. Por eso, abogamos por el comedor escolar, porque sea universal para todas y todos. Pero hasta que eso no sea posible, lo que sí tiene que ser posible es que todos los niños y niñas en riesgo de exclusión y pobreza acudan de forma gratuita al comedor escolar”, subraya. 

En este punto, Fernando García también coincide en que “hay que apostar por ello, y sobre todo en colegios que están en zonas muy vulnerables, con una alta población en situación de pobreza”. Ahí, explica, es donde “hay que empezar a aplicar la cuota de comedor cero, es decir, donde las familias incluso no tengan coste ninguno porque tengan derecho a esa alimentación sana para sus hijos, y para evitar también las cifras que estamos viendo de obesidad infantil, que lógicamente también son alarmantes”. 

Casi 690.000 personas residentes en Galicia, el 25,5% de la población, está en riesgo de pobreza y exclusión social, 50.000 personas más que el año anterior, una situación que se ceba especialmente con las mujeres y los niños y que alcanza al 52,7% de los hogares monoparentales en la Comunidad.

Así lo refleja el último informe sobre el 'Estado de la Pobreza en Galicia', elaborado por EAPN Galicia y presentado este jueves en la sede de la Valedora do Pobo. El texto, recogido por Europa Press, se basa en los últimos datos completos, de 2023, un año en el que los indicadores de pobreza, riesgo de pobreza y exclusión social volvieron a crecer en la comunidad.

En concreto, si el informe anterior reflejaba un descenso en el índice Arope en Galicia, que pasaba del 25,2% de los hogares al 23,6%, en 2023 las familias gallegas en riesgo de pobreza y exclusión social repuntaron de nuevo, hasta el 25,5%. Aunque se mantiene por debajo de la media nacional, en este periodo se ha reducido la distancia entre ambos datos -el gallego y el estatal-, que era de 2,4 puntos el año pasado y de solo un punto este.

En cuanto a la caracterización del riesgo de pobreza, el director de EAPN Galicia, Xosé Cuns, ha señalado que se incrementan los índices de pobreza y de carencia material, pero no así el indicador de bajo nivel de empleo. Con ello, apunta, se evidencia que “no basta un trabajo para salir de la pobreza”.

“Ante el discurso político de que 'la mejor política social es el empleo', nosotros decimos que depende”, ha dicho Cuns, ya que un tercio de las personas en situación de pobreza “tienen trabajo, pero aún trabajando, sus ingresos no les permiten salir” de esta situación. “No llega el empleo, tiene que ser de calidad y digno, y hay que complementarlo con políticas de vivienda y de ingresos mínimos”, ha sentenciado.

Feminización de la pobreza

Por otra parte, los indicadores de pobreza y exclusión social, según el informe de EAPN, se ceban en Galicia con las familias monoparentales, que están lideradas, en un 80%, por mujeres.

Esto, unido a los casos de mujeres pensionistas, lleva a una fuerte “feminización de la pobreza”, que también afecta en mayor medida a los menores.

Así, en el caso de las mujeres, el riesgo de pobreza y exclusión social crece del 25 al 27,4%, la cifra máxima de los últimos 10 años, mientras que en los hombres se sitúa en el 23,5%.

Los datos, ha dicho Xosé Cuns, están fuertemente influenciados por las familias monoparentales, cuya situación es “urgente”. Según recoge el informe, el 52,7%, más de la mitad, de familias con un solo progenitor e hijos está en riesgo de pobreza.

Con ello, en Galicia crece también la pobreza infantil y de los hogares con menores: el 27,1% de ellos está en riesgo de pobreza y exclusión social, frente al 24,3% de los que no tienen hijos. Por grupos de edad, los menores de 18 años son también los que presentan un Arope más alto, del 28,2%. “Tener hijos sigue siendo un factor de empobrecimiento en Galicia”, ha dicho Cuns, algo que “choca frontalmente con los discursos políticos” de apoyo a la natalidad.

Privación material y pensiones

En cuanto a las pensiones, los responsables de EAPN han recordado que, en Galicia, el 48% de recibe una pensión “por debajo del umbral de la pobreza”. No obstante, estas aportaciones están siendo claves en un contexto de fragilidad de las economías familiares.

En concreto, las pensiones que se reciben en Galicia reducen un 8,8% la pobreza en los menores de 65 años. En otras palabras, hay 175.000 personas que no caen en la pobreza gracias al aporte de las pensiones.

En cuanto a la privación material y social severa, el informe la sitúa en Galicia en el 8,2% de la población, la mayor de toda la serie histórica, lo que se traduce en casi 230.000 personas. Sin embargo, han destacado desde la Rede, más de la mitad de las personas en carencia material y social severa “no son pobres”.

“Es decir, en Galicia hay 122.000 personas que, no estando en situación de pobreza, vieron aumentada su vulnerablidad”, ha destacado la presidenta de EAPN Galicia, Ana Pardo.

Entre los indicadores que están presentes en este ítem están el no poder irse de vacaciones fuera de casa al menos una vez al año --el 38,2% de los hogares gallegos--, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos --el 29,2%--, no poder sustituir muebles deteriorados o viejos --el 27,7%--, o no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno --algo que afecta al 21,6% de los hogares y que experimentó un repunte el último año--.

Pobreza y pobreza severa

La tasa de pobreza en Galicia aumentó entre los dos últimos informes de EAPN, pasando del 18% de los hogares al 19,4%, con lo que afecta a más de medio millón de personas en la Comunidad.

No obstante, como tendencia positiva, la tasa de pobreza severa se mantiene estable y afecta a unas 189.000 personas. El dato de pobreza severa en Galicia es el séptimo más bajo entre las comunidades.

En este efecto, de incremento de personas en riesgo de pobreza o tasa de pobreza pero no de pobreza severa, han tenido impacto cuestiones como el Ingreso Mínimo Vital, el mantenimiento de la Risga o el alza de las pensiones, ha destacado Xosé Cuns.

De hecho, el informe de EAPN apunta que, sin ayudas públicas --de Estado, Xunta o ayuntamientos--, la situación de pobreza en Galicia llegaría casi a la mitad de los hogares, concretamente al 46,6%. Esta cifra implicaría que estarían en situación de pobreza 735.000 gallegos más, hasta 1.258.000.

Sin embargo, desde la entidad apuntan a que este año “las transferencias públicas reducen menos la pobreza que el año anterior” y que en los últimos tres años “el impacto de las medidas estatales, autonómicas y locales se ha reducido prácticamente a la mitad”.

Para concluir, el informe señala que “la emergencia de la vivienda continúa”. El 22% de las personas en pobreza dedican más del 40% de su renta a gastos de vivienda y los hogares con retrasos en los pagos se han incrementado ligeramente.

Esfuerzo de todas las administraciones

Teniendo en cuenta estos datos, la presidenta de EAPN Galicia ha reclamado a las administraciones de todos los niveles “un esfuerzo” y “los presupuestos necesarios” para avanzar en la erradicación de la pobreza.

La vivienda, ha destacado, “sigue siendo uno de los factores más importantes en el empobrecimiento de la población gallega”, aunque ha elogiado que se haya conseguido “poner dentro de la agenda política” esta cuestión.

En particular, EAPN Galicia ha reclamado medidas urgentes para las familias monoparentales, cuya situación “no es admisible”. “Muchos niños y adolescentes siguen viviendo esta realidad que no deberían”, ha dicho Ana Pardo.

La lucha contra la pobreza, ha recordado “es compartida por todos” y en ella deben implicarse “todos los departamentos de la Xunta”, así como del Gobierno y de los ayuntamientos. “Pocas actitudes nos parecen más deplorables y ridículas que estar trasladando la responsabilidad de unos a otros sin asumir una cuestión que debe ser compartida”, ha dicho.

Entre los elementos de futuro que reclaman, los responsables de la entidad han pedido medidas fiscales que permitan aumentar los ingresos de las personas en situación de riesgo, un compromiso presupuestario en materia de vivienda o que la nueva empresa pública de energía tenga “entre sus prioridades” atajar la pobreza energética. Del mismo modo, como en anteriores ocasiones, han apostado por “no reducir si no aumentar” los fondos para ayudas de primera necesidad como la Risga.

Uno de cada cuatro residentes en Asturias, lo que representa un total de 250.000 personas, se encuentra en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social. Así lo refleja el informe Arope 2024 que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias (EAPN-AS) ha presentado este jueves en Oviedo coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Los datos de este estudio vienen a constatar que la tendencia descendente de los últimos años se ha frenado, de forma que aún es insuficiente para recuperar la situación previa a 2015 y a 2008 y está muy lejos de la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

La tasa Arope es un indicador que sirve para calibrar fundamentalmente el grado de desigualdad dentro de un territorio y se basa en variables como el acceso a un empleo estable, las condiciones materiales mínimas, de alimento a calefacción, y el riesgo de pobreza en relación a la renta media.

Analizando los indicadores por separado, como tasa de riesgo de pobreza, tasa de baja intensidad de trabajo por hogar y privación material y social severa, la tasa de riesgo de pobreza alcanza al 18,6 por ciento de la población asturiana.

La radiografía

El informe hace hincapié especialmente en la situación extrema de la composición de la pobreza en Asturias ya que a pesar de haber reducido la tasa de personas que viven por debajo del umbral de pobreza, casi la mitad de las personas pobres tienen unos niveles de pobreza severa al tratarse de hogares con ingresos menores a 611 euros por unidad de consumo al mes.

En Asturias, el 13,6 por ciento de la población menor de 65 años vive en hogares con baja intensidad de empleo (tasa BITH), lo que representa 5,2 puntos porcentuales más que la media estatal. El Principado sigue siendo la cuarta comunidad autónoma con un peor desempeño laboral, por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla y la comunidad autónoma de Canarias.

Con respecto a los datos de Privación Material y Social Severa (PMSS), Asturias aumenta su tasa hasta el 6,5 por ciento de la población. Al igual que sucede en el resto de España, casi la mitad de las personas que están en PMSS tienen ingresos por encima del umbral de pobreza. El aumento del coste de la vida, alimentos, suministros y gastos relacionados con la vivienda ha neutralizado el aumento de renta media que se ha producido en los últimos años.

El informe también destaca que el año pasado las personas pobres dedicaban el 37,3 por ciento de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda.

Las transferencias sociales

En este análisis sobre el estado de la pobreza en la región también se aborda el papel de las transferencias sociales como barrera ante la exclusión social. En este sentido, se recalca que en el caso de que no hubiera transferencias sociales, para el 2023 la tasa de riesgo de pobreza en Asturias pasaría del 18,6 al 48 por ciento.

Si mantuviéramos las pensiones y eliminásemos el resto de las transferencias sociales (estatales, autonómicas y locales como el IMV, Salario Social y otras ayudas) la tasa de pobreza aumentaría del 18,6 al 23,9 por ciento.

Según el Informe, si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones -incluidas las pensiones de jubilación y supervivencia-, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza. En la mayoría de las comunidades autónomas, si no existiesen estas transferencias las tasas de pobreza crecerían más de un 50 por ciento.

Comparativa con otros países

Aún considerando la importancia que tienen estas trasferencias, el efecto es menor que en otros países de la Unión Europea (UE): mientras que en España permiten reducir la pobreza en un 52,6 por ciento, en Alemania lo hacen en un 64,9 por ciento, en Francia en un 67,2 por ciento y en Finlandia en un 70,7 por ciento.

Este estudio revela igualmente que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para garantizar condiciones de vida digna a todas las personas y debe acompañarse con políticas redistributivas más intensas.

Esto se refleja en la relación entre el Producto Interior Bruto (PIB) y la tasa de pobreza en las diferentes comunidades autónomas: mientras que el PIB ha aumentado en todas las regiones desde 2015, la tasa de pobreza sólo se ha reducido en diez.

La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) ha presentado este jueves el 'XIV Informe El Estado de Pobreza: Seguimiento de los Indicadores de la Agenda 2030 UE (2015-2023)', que ofrece una radiografía actualizada del impacto de la pobreza y la exclusión social en España y en Castilla-La Mancha. Entre sus datos más relevantes: la pobreza afecta a uno de cada tres niños, niñas y adolescentes de Castilla-La Mancha.

La presentación, que se produce en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la ha conducido Mar González, presidenta de EAPN CLM; Irene Sergio, responsable del área de investigación de la organización; y Raúl del Viso, gerente de la red.

En 2023, la tasa de pobreza y/o exclusión social (AROPE) de Castilla-La Mancha fue del 31,7%, lo que supone un ligero incremento de 0,1 puntos con respecto al año anterior. En términos absolutos, más de 660.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Castilla-La Mancha (10.000 más que en 2022). De esta forma, la región se mantiene entre las cuatro comunidades con mayor riesgo de pobreza, junto a Extremadura, Canarias y Andalucía.

Por género, la tasa del indicador compuesto AROPE masculina subió 1 punto, alcanzando el 30,8%, el nivel más alto en cinco años, mientras que la tasa femenina disminuyó 0,6 puntos hasta el 32,7%. Ambos cambios reducen la distancia de las tasas AROPE de hombres y de mujeres a 1,9 puntos. 

En cuanto a la edad, la población infantil es la más afectada, con un 37,1 % en riesgo de pobreza y/o exclusión social, aunque mejora 1,8 puntos respecto al año pasado. En los mayores de 65 años y el grupo de 18 a 64 años, se observaron ligeros aumentos de 0,3 y 0,6 puntos, respectivamente.

En términos territoriales, persiste la diferencia entre zonas rurales y urbanas: 36,8 % en áreas rurales y 29,1% en las urbanas, con ligeros aumentos en ambas.

La pobreza severa ha aumentado de forma “alarmante”, pasando del 8,7% en 2022 al 10,4 % en 2023, situando a la región como la tercera más afectada de España, por detrás de Andalucía y Comunitat Valenciana. Este año la pobreza no se ha extendido, pero sí ha aumentado su intensidad, ya que pese a que la tasa de pobreza en Castilla-La Mancha se reduce 0,6 puntos (25,5%), el indicador de pobreza severa crece 1,7 puntos respecto al año pasado (hasta alcanzar el 10,4%)

En este sentido, la privación material social severa en la comunidad autónoma alcanza el 8,5%, lo que supone 0,8 puntos menos que el año anterior.

Carencia, vivienda, empleo y renta

Algunos ítems de carencia destacados indican que disminuye del 14,5% al 13,1% el porcentaje de personas que cuenta con retrasos en pago de gastos relacionados con la vivienda principal; aumentan del 19,8% al 21,4% las personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses de invierno; aumentan del 36,7% al 37,4% las personas que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos; disminuye del 7,2% al 5,1% el porcentaje de personas que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; y sube del 12,8% al 14% el número de personas que no puede participar regularmente en actividades de ocio.

En cuanto a la vivienda, sigue siendo un “factor de vulnerabilidad”. De media, los hogares castellanomanchegos destinan un 17,2% de sus ingresos a la vivienda, pero entre la población pobre este porcentaje asciende a 30,6%.

Se trata de una partida de gasto del hogar “prácticamente ineludible” que “absorbe buena parte de sus ingresos y que, por tanto, determina qué parte de la renta disponible puede dedicarse a satisfacer el resto de las necesidades básicas del hogar”, destaca EAPN.

Otros datos del informe desvelan que el 6, % de la población menor de 65 años vive en hogares con baja intensidad laboral, lo que supone una mejora de 0,9 puntos respecto a 2022. Pero la renta media en Castilla-La Mancha es de 11.913 euros por persona (crece 875 euros), la cuarta más baja de todas las regiones, solo por encima de Extremadura, Murcia y Andalucía.

Finalmente, EAPN destaca que el 51,8% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes y que si no hubiera transferencias del Estado en Castilla-La Mancha, en 2023 la situación de pobreza se ampliaría a más de dos de cada cinco personas (46,9%).

Este es el sexto cuento de la serie 'Mari contra la pobreza'. Mari vive en un barrio murciano, trabaja de camarera, tiene dos hijos (Jaime y Jorge) y un dinosaurio. El dinosaurio (que podría ser el mismo que sale en el cuento de Augusto Monterroso) representa la fuerza interior de Mari, la fuente de energía que le permite enfrentarse a todos los problemas cotidianos que provoca vivir en situación de pobreza. Mari comparte el protagonismo de estas historias con sus amigas Tamara y Henriette. Ellas representan a todas aquellas mujeres que pelean a diario contra la pobreza y queremos que sea el reconocimiento de la EAPN-RM a su valor y esfuerzo. Este cuento vuelve a contar con una ilustración original de la artista Laia Domènech.

No siempre le resulta fácil dar con la luz de la luna. Cuando la noche está nublada, acaba por rendirse y vuelve a los pies de la cama de Mari para intentar conciliar el sueño a pesar de la frustración. Por suerte, en Murcia no hay muchas noches así. Las nubes escasean en esta zona del mapa. Otras noches, una de cada 28, ni lo intenta porque hay Luna Nueva y ningún hilo de luz plateada atraviesa la noche.

Lo habitual es que el dinosaurio tenga suerte y acabe por encontrar un lugar en el que tumbarse debajo del satélite para darse un baño de luz lunar. Otros lagartos prefieren dormitar bajo el sol y calentar su sangre fría bajo el astro rey. A él también le gusta ese calor estelar que le atraviesa las escamas poco a poco y le reconforta el cuerpo.

Pero le gusta completarlo con el frío cósmico que se le cuela entre la piel cuarteada y le serena el espíritu. Pone mucho empeño en que no pase un día sin tomar prestado un poco del brillo del sol y otro poco de la luna. Luego, comparte esa claridad con Mari y resulta así un poco más fácil atisbar las pequeñas grietas por las que atravesar los problemas nuestros de cada día.

A Mari y a sus amigas les gustan más los baños de sol que de luna. De hecho, ahora mismo está con Tamara y Henriette tomando el sol en lo alto de la azotea del edificio. Llevan un buen rato y no hay forma de que escuchen las quejas y lamentos del dinosaurio.

En Murcia, se puede tomar el sol en cualquier época del año. Suena a eslogan de crema bronceadora o de agencia de viajes pero es también una maldición climática. Las tres amigas aprovechan algunos ratos libres para subir a la azotea del edificio en el que vive Mari y, entre antenas de telefonía y trasteros ilegales, se dejan inundar de luz solar. A Mari le gusta tomar el sol porque le recuerda a un par de años en los que, siendo ella pequeña, pudieron permitirse pasar unas semanas en la playa. Su madre se embadurnaba por completo de una crema de zanahoria muy de moda por aquel entonces y se tumbaba inmóvil al sol durante horas. Todos los protectores solares le recuerdan esos momentos aunque no ha vuelto a encontrar ninguno con un olor tan dulce como el que usó su madre aquellos años.

-Seguramente, habrán prohibido esa crema por llevar alguna sustancia cancerígena o algo por el estilo- le decía Tamara cuando hablaban del tema.

A Tamara, en realidad, no le gustaba tomar el sol. Las acompañaba porque estar con ellas sí le gustaba pero siempre buscaba una sombra en la que protegerse.

-Estáis locas -les espetaba de vez en cuando–. No entiendo cómo os puede gustar poneros debajo del brasero con el calor que hace. ¡Estamos en octubre y sigue haciendo calor!

En cuanto a Henriette, el sol solía dejarla algunos minutos en silencio. Bajo su efecto, emociones contradictorias se ponían en marcha en su interior. Igual se acordaba de cuando terminaba las clases a mediodía y volvía de la universidad bajo el sol abrasador de su país (y entonces, de alguna manera, se sentía de nuevo como en casa), que igual se acordaba de las caminatas interminables en mitad del desierto durante un viaje que amenazaba con no acabar nunca (y entonces, de alguna manera, se sentía una extranjera que ya lo sería toda la vida).

Aquella mañana de principios de octubre, el dinosaurio las escuchaba hablar desde el rincón en el que había caído por imprudente. Dos noches antes, había sido luna nueva y, urgido por la necesidad de no pasar más tiempo sin su baño de plata, a la noche siguiente, el lagarto escaló por dónde no debía y cayó entre dos trasteros con la mala suerte de hacerse un daño horroroso en una de las patas.

Había pasado la noche entera sin poder salir de donde estaba y se creyó salvado cuando escuchó llegar a Mari y compañía. Pero estaban tan enfrascadas en su conversación que no escuchaban sus llamadas de auxilio. Una vez que agotaron el tema recurrente de qué hacer de comer, pasaron a hablar del otro tema recurrente: los hijos.

Tamara participaba en la conversación como una más pero, de vez en cuando se le escapaba una sonrisa de superioridad y alivio. Le fascinaba el amor que Mari sentía por Jaime y por Jorge y el que Henriette sentía por Indurance pero sentía que ella estaba en posesión de una libertad de la que sus amigas ya nunca dispondrán. Los hijos te cargan con toda clase de cadenas, pensaba Tamara para sí misma, y no todas eran materiales.

La preocupación constante que veía en sus amigas por sus hijos le parecía agotadora, solo de pensar que le tocara cargar con ese peso emocional le hacía temblar de terror.

La conversación de esa mañana tenía un poco de carga emocional y otro poco de carga material. Mari estaba preocupada por cómo llevaría Jaime los nervios de la EBAU. El curso ya había empezado y todavía no tenían claro cómo serían las pruebas de ese año. Por si fuera poco, había decidido estudiar una carrera que tenía una nota de corte muy alta y se había vuelto a pelear con su novio.

El curso había empezado con drama académico y amoroso. Mari llevaba un rato largo haciendo cuentas, y no solo con las notas medias del Bachillerato y la EBAU. Ese año se había tenido que gastar el dinero que no tenía en libros de texto y material escolar. Por no hablar de la insistencia de Jorge en que le apuntara a una academia de dibujo que había cerca de casa. No era muy cara pero, con todo el dolor de su corazón, le había tenido que decir que no.

-Yo no digo que la cuesta de septiembre no exista -les dijo-. Menuda cuesta. Todavía no entiendo cómo puede costar casi 50 euros un libro de texto. Y menos mal que las criaturas se conforman con ese ordenador prehistórico que tenemos en casa que el día que me pidan uno nuevo, le tendré que pedir al jefe hacer turnos dobles.

Al escucharse decir en voz alta la palabra “prehistórico”, Mari se sintió ligeramente distraída, Pensó en el dinosaurio y en que le había preocupado no verlo a los pies de su cama esa mañana. Habitualmente era lo primero que veía al levantarse, esos ojos que brillan como dos ascuas metálicas. Sin querer preocuparse en exceso, siguió hablando.

-La cuesta de septiembre te mata pero la gente habla de ella como si no hubiera más cuestas en todo el año. Ya estamos en octubre y en casa seguimos con el mismo apuro.

-El año entero es una cuesta -sentenció Henriette.

-Doce meses, doce escalones -añadió Tamara.

-¿No escucháis algo? -preguntó Mari-. Es como si alguien nos estuviera llamando.

Al mismo tiempo que Mari preguntaba, Henriette sintió que la cabeza se le giraba hacia la derecha, como si alguien hubiera tirado ligeramente de un hilo atado a su barbilla.

El dinosaurio se sentía tan agotado que apenas podía alzar la voz y sus rugidos eran poco menos que el maullido de un gatito recién nacido. Se le ocurrió entonces cambiar de táctica. No todo el mundo va por la vida con un dinosaurio que le procura ánimo y claridad al empezar el día.

A Tamara, por ejemplo, la rodea allá adonde vaya una suerte de brisa que hace las veces de escudo protector suavizando los disgustos y malos pensamientos que la atosigan. La brisa, cuando hace falta, se torna viento y ayuda a Tamara a actuar con contundencia y decisión si es necesario.

Como aquella vez que le tuvo que parar los pies al indeseable que la estuvo acosando un tiempo. A ella le estuvieron doliendo los nudillos varios días pero el indeseable no volvió a aparecer.

En cuanto a Henriette, es un milagro que no se tropiece a todas horas porque su cuerpo está entrelazado con hilos multicolores. Son hilos que salen de las palabras que pronuncia, o de las que piensa, o de las que lee. Según el idioma, son de una textura u otra. Hilos que se entremezclan con las letras, que se enredan entre sus dedos, sus cabellos y sus piernas. Estirando mucho la cola, el dinosaurio consiguió tirar de uno de esos hilos que la brisa de Tamara había llevado hasta el agujero en el que se había caído.

-Lagarto torpe -le dijo Tamara-, ¿cómo has acabado ahí?

-Yo pensaba que los dinosaurios nunca se caían -se sorprendió Henriette.

-Sabía yo que algo te había pasado, ven aquí, anda -y con la ayuda de sus amigas, Mari rescató al dinosaurio. 

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Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, un 8% de la población de la Región de Murcia llega con mucha dificultad a fin de mes. Una dificultad que se repite mes tras mes. En septiembre, cuando los gastos relacionados con la educación se disparan, las dificultades aumentan notablemente en muchas familias. Para que la educación fuera realmente gratuita, habría que asegurar el acceso a todos los recursos educativos: sean libros de texto, material escolar o dispositivos electrónicos.

Un porcentaje similar al anterior (un 7,7%) de familias murcianas no puede permitirse tener un ordenador personal. Estudiar o hacer los deberes con un móvil no es lo mismo que hacerlo con un ordenador. El conjunto de propuestas de EAPN Región de Murcia en cuanto a Educación, se pueden consultar aquí.

 Según datos del informe “La equidad educativa en España y sus comunidades autónomas en PISA 2022” (elaborado por Esade y Save the Children), el alumnado desfavorecido de la Región de Murcia tiene 9,4 veces más probabilidades de repetir curso que los de alto nivel socioeconómico a igualdad de rendimiento académico.

Si tu situación socioeconómica es mala, tu historial académico sufrirá las consecuencias. Con un mal historial académico, será difícil encontrar un buen trabajo. Sin un buen trabajo, será complicado salir de la mala situación económica en la que estás. Así funciona el círculo vicioso de la pobreza.

Canarias es la segunda comunidad autónoma, después de Andalucía, con mayor número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, ya que alcanza a un 33,8% de la población (unas 750.000 personas). Pese a la gravedad de la cifra, los datos han mejorado 2,4 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en 2022, lo que supone que es el tercer año consecutivo de reducción de este indicador la tasa AROPE, aunque dista bastante de la tasa en el conjunto estatal, que es del 26,5%. 

Pese a la leve mejoría de los datos, en el Archipiélago, un 65% de la población alega tener dificultades para llegar a fin de mes y la vivienda es ya un gran factor de vulnerabilidad. El  XIV Informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022. Canarias presentado este martes en el Parlamento regional por el vicepresidente de EAPN-Canarias, Fernando Rodríguez García, refleja estas conclusiones y señala que el alquiler o la hipoteca absorbe buena parte de los ingresos.

“La problemática habitacional se ha convertido en uno de los principales factores generadores de pobreza y afecta a una parte significativa de la población”, detalla el informe, que añade que las personas que residen en una vivienda en propiedad han pasado de representar un 76,9% en 2015 a ser un 63,2%, lo que ha supuesto un aumento de la proporción de quienes viven de alquiler de un 15,6% a un 28,4%. 

En el año 2015 quienes pagaban una hipoteca en Canarias abonaban de media 262 euros más que quienes pagaban un alquiler (620 euros mensuales en frente a 358 euros), una situación que se ha equilibrado desde 2017 y este último año el desembolso medio por la letra de la hipoteca (538 euros) es 44 euros mayor al de arrendamiento (494 euros). 

El informe detalla que, si para este mismo análisis se segmenta la muestra seleccionando a la población pobre, se aprecia cómo en Canarias el porcentaje de gasto destinado a la vivienda supone un tercio de los ingresos (34,1 %), es decir, prácticamente el doble del registrado entre toda la población canaria (17,3%). “Todo ello señala a la vivienda como un factor de vulnerabilidad, ya que se trata de una partida de gasto del hogar prácticamente ineludible que absorbe buena parte de sus ingresos y que, por tanto, determina qué parte de la renta disponible puede dedicarse a satisfacer el resto de las necesidades básicas del hogar”. 

Privación material y social severa

El estudio recoge que el 11% de la población en Canarias (243.431 personas) se encuentra en situación de privación material y social severa. Se trata de un indicador de vulnerabilidad grave que mide “la capacidad para disponer de 13 elementos de consumo y de relación social considerados necesarios en la sociedad europea para mantener una adecuada calidad de vida”. Entre ellos, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, la capacidad para afrontar gastos imprevistos o permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.

En las Islas, un 21,3% de la población presenta retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a largo plazo. En este sentido, otro dato llamativo es el de la pobreza energética, pues un 27,6% de las personas de esta comunidad autónoma no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Además, un 53,3% no puede hacer frente a gastos imprevistos. 

El estudio apunta que un 42,3% de la población no puede permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una vez al año. Así mismo, el 38,7% no tiene capacidad para sustituir los muebles estropeados o viejos y un 12,6% no puede permitirse acceder a una comida de carne, pollo o pescado al menos dos días a la semana. 

La privación de otras actividades también aparece reflejada. Así, un 14,5% no puede permitirse participar en actividades de ocio regularmente tales como cine, conciertos… Y un 11,8% no puede permitirse reunirse con amigos o familiares para comer, tomar algo al menos una vez al mes. 

La EAPN destaca que la privación material severa ha aumentado entre la población que no se encuentra en situación de pobreza: el 4,3% de la población nacional, es decir, unos 2 millones de personas con los ingresos suficientes para no ser considerados pobres, no pueden mantener una vida digna. 

Menores a cargo

El informe apunta que las personas que viven en hogares con menores económicamente dependientes registran tasas mucho más elevadas que el resto para los principales indicadores de pobreza y vulnerabilidad. La tasa AROPE entre personas en hogares con menores en Canarias es superior a la de aquellas en hogares sin menores: en 2023 un 37,7 % frente a un 30,0 % respectivamente. 

Además, el 14,3 % de la población menor de 65 años residente en Canarias vive en hogares con baja intensidad de empleo y, por primera vez en la serie histórica esta tasa es mayor en los hogares donde hay menores (15,0 % en 2023) que donde no los hay (13,4 %). 

Pensionistas vulnerables 

Un grupo con características especiales es el de la población pensionista. “Una gran parte de ella tiene la pensión como único ingreso y, por tanto, obtiene rentas que están determinadas en su práctica totalidad por el importe de la pensión que reciben. En otras palabras, su situación de pobreza depende de decisiones políticas”, incide el informe.

El importe de las pensiones tiene un “efecto significativo” tanto en la generación de pobreza entre las personas mayores, como en su contención. Debe destacarse que para el 14,1 % del total, el importe de su pensión es inferior al umbral de pobreza severa (renta inferior a 523 euros en 2023), y la cifra alcanza al 23,9 % en el caso de las prestaciones por viudedad. 

Un total de 775.000 personas en Canarias se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Se trata del 33,8% de su población. Así se recoge en el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza.Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022. El documento fue presentado este martes en el Parlamento regional por el vicepresidente de EAPN-Canarias, Fernando Rodríguez García. “Los efectos de las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda, han provocado un aumento del riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) en todo el país”, recuerda el estudio. 

No obstante, aunque en Canarias la tasa AROPE ha descendido, el encarecimiento de la vida se refleja en que el 64,8% de la población (unas 1.400.000 personas) asegura tener dificultades para llegar a fin de mes, un 4,1% más que el año pasado.

El  informe detalla que Canarias presenta la segunda mayor tasa de pobreza y exclusión social del Estado, solo por detrás de Andalucía. A pesar de ello, esta tasa mejoró en 2,4 puntos porcentuales con respecto a 2022. Por ello, Rodríguez recalcó en el Parlamento que medidas de protección como el Ingreso Mínimo Vital, la Renta Canaria de Ciudadanía, pensiones… han evitado que 382.000 personas cayeran en situaciones de pobreza , pero “aún es insuficiente”, insistió. 

El vicepresidente de EAPN insistió en la necesidad de un pacto contra la pobreza y la exclusión social, y en ello animó a todas las administraciones públicas desde el Estado a los Gobierno de comunidades autónomas. Rodríguez remarcó la importancia de la Renta Canaria de Ciudadanía y que “no puede ser una medida de emergencia y urgencia” sino mejorarse como una medida de carácter estructural y apuntó que debe desarrollarse con sus complementos y su convivencia con el IMV. Insistió en avanzar en derechos para tener una vida digna y atender a un problema de carácter estructural como es la situación de la pobreza y la exclusión social. 

En el informe se detalla que hay indicadores que sí que mejoran como la tasa de riesgo de pobreza, la pobreza severa y la carencia material y social severa. Además, Canarias es la comunidad que experimenta el mayor aumento relativo de la renta media, de 10.716 euros en 2022 a 12.177 euros en 2023, lo que contribuye a disminuir sus niveles de desigualdad. Sin embargo, otros indicadores como el de personas en hogares con baja intensidad de empleo, no han experimentado una mejora significativa en el archipiélago. De hecho, “un 14,3% de la población (316.461 personas) vive en hogares en los cuales se trabaja menos del 20% de su potencial total de empleo”.

Los datos se presentan en el marco del Día contra la pobreza y la exclusión social que se conmemora el 17 de octubre. “El empleo no está siendo suficiente para salir de situaciones de pobreza”, incidió este martes en el Parlamento el vicepresidente de EAPN Canarias. 

Una de las cuestiones en las que incidió es en los problemas para pagar el alquiler. Destacó que unas 420.000 personas presentan  retrasos en los pagos de alquiler y que también se producen retrasos en los consumo básicos como agua luz, conexión a Internet… No poder ahorrar, permitirse unas vacaciones al año o tener acceso a la cultura son elementos que también sitúan en situación de exclusión social, explicó Fernando Rodríguez. De hecho, en Canarias, el 11% de la población, (243.431 personas) se encuentra en situación de privación material y social severa.  

Vivienda y brecha de género

En Canarias, se destina el 17,3% de los ingresos a gastos de vivienda, cifra similar a la registrada a nivel estatal (17,6 %). El informe recoge que el gasto medio por la hipoteca se sitúa en 538 euros, solo 44 euros superior al gasto medio del alquiler (494 euros). En este sentido, el vicepresidente de EAPN recalcó la falta de vivienda pública en las Islas. La situación se agrava cuando hablamos de familias pobres, que destinan un 34, 1% de sus ingresos a los gastos relacionados con la vivienda.  

En cuanto a la brecha de género, los datos revelan que el 35,2% de las mujeres está en situación de pobreza y/o exclusión social, en comparación con el 32,4% de los hombres. La infancia también se encuentra en riesgo, con alrededor de un 44,5% de niños, niñas y adolescentes en Canarias en riesgo de pobreza y/o exclusión social (unos 157.739 menores de 18 años). En este aspecto, Rodríguez apuntó que el riesgo de pobreza en este grupo de edad es mayor que en otros grupos de edad y que sigue dándose una tasa muy elevada. 

Así mismo, si se tiene en cuenta el lugar de residencia, la tasa de pobreza en las zonas rurales de las islas es del 30,8%, mientras que en los entornos urbanos esta tasa desciende al 25,9%. 

Cantabria cerró el año pasado con 129.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social, 15.000 más que en 2022, y un 22 por ciento del total de población en la región, según la tasa AROPE, que registró el segundo mayor crecimiento del país en esta comunidad autónoma.

Son datos del Informe AROPE Cantabria 2024, presentado este lunes en Santander, como arranque de la 20ª Semana para la erradicación de la pobreza, organizada por la Coordinadora Cántabra de ONGD junto con EAPN (Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) en Cantabria.

El documento refleja un “empeoramiento significativo” en los indicadores de pobreza y exclusión social en la región, y subraya la necesidad urgente de políticas más inclusivas y comprometidas.

Las principales conclusiones son la desigualdad de género, con una tasa AROPE que ha crecido más entre las mujeres (23,6%) que entre los hombres (20,2%), aunque la afectación es mayor en la infancia y la juventud, ya que niños y adolescentes registran la tasa más alta de riesgo de pobreza, con un 24,8%.

También destaca la pobreza severa, que afecta al 6,7% de la población cántabra que vive con menos de 611 euros mensuales por unidad de consumo. Esto hace que la región pase del segundo al quinto puesto entre las autonomías con mayor pobreza severa.

El informe incide en la importancia de que la vivienda “recupere su función social”, ya que actualmente “su regulación está a merced del mercado”.

Así, EAPN Cantabria reclama una norma autonómica de vivienda, subrayando que debe ser considerada como “una herramienta esencial para la inclusión social y no solo como un bien de consumo”.

El informe también resalta que la pobreza y la exclusión social son problemas estructurales que requieren una estrategia autonómica integral, que debería incluir políticas en educación, salud, garantía de ingresos, vivienda y fiscalidad, con un enfoque basado en los derechos humanos, la justicia social y la igualdad.

Datos nacionales

El XIV Informe 'El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio. Comunidades autónomas y Europa', elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), indica que el mero crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza y advierte de que, pese al aumento del PIB en todas las Comunidades Autónomas desde 2015, la tasa de pobreza “sólo” ha descendido en diez de ellas.

Así, el análisis señala que en comunidades como La Rioja, Comunidad de Madrid, Cantabria y Castilla y León ha habido incrementos del PIB superiores al 15% desde 2015, pero “solo” produjeron “reducciones mínimas” de la tasa de pobreza, entre el 1% y el 3%.

Se trata de una de las conclusiones del citado estudio, que también indica que el 35,8% de las pensiones en España tienen un importe inferior al umbral de pobreza, un porcentaje que se reduce más de diez puntos en el País Vasco (24,4%), que supera el 40% en Andalucía o Murcia y llega hasta el 47,4% en Galicia.

El estudio, presentado este lunes en el Senado, también refleja que hay un 14,3% de pensionistas en España de media que cobran una cantidad por debajo del umbral de pobreza severa, aunque el porcentaje varía desde un 11,2% en País Vasco o un 11,8% en Madrid, hasta un 20,5% en Galicia.

En todo caso, el informe --al que ha tenido acceso Europa Press-- señala que las pensiones de jubilación cumplen “una importante función reguladora”, no sólo en la calidad de vida de las personas mayores, sino también entre quienes viven con ellas y se ven también beneficiadas. Así, revela que, a nivel estatal, gracias a las prestaciones por jubilación, la pobreza se reduce 5,4 puntos de 0 a 64 años, en “dos millones de personas”, siendo menor el efecto amortiguador en las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza.

Además, el informe pone de relieve que los efectos de las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda, han provocado un aumento del riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) en todo el país, que ha pasado del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, afectando a 12,7 millones de personas.

En este indicador también se observan las diferencias por CCAA. Así, el informe señala que un 33,8% de personas en el sur de España están en riesgo de pobreza o exclusión, frente al 20,8% en el norte.

“Es evidente la división de España en dos mitades con muy diferentes realidades de vida: las comunidades que se encuentran de Madrid al norte conservan bajas tasas de pobreza o exclusión social -entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional--, incluso inferiores a las tasas medias europeas, y, las situadas al sur que mantienen tasas extraordinariamente elevadas --entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional y, en conjunto, superiores a cualquier país de la UE (27)”, indican los autores del informe.

Entre las razones de esta brecha, apuntan a factores de diferente naturaleza, como “la posición geográfica, la distribución de la población, la gestión política y las diferentes estrategias de cohesión e integración social”.

Además, precisan que se observa una relación parecida en la tasa de pobreza, la privación material y social severa y la baja intensidad de empleo. Asimismo, subrayan que “la desigualdad norte-sur se agudizó notablemente durante los años de la crisis y la recuperación macroeconómica posterior no fue suficiente para compensar la pérdida”.

En concreto, sobre la privación material y social severa (PMSS) --un indicador de vulnerabilidad grave que mide la capacidad para disponer de 13 elementos de consumo y de relación social--, la EAPN advierte de que ha mantenido en los últimos años “un notable crecimiento que no es consistente con las reducciones registradas en la tasa de pobreza, lo que sugiere la existencia de problemáticas diferentes para explicar su evolución”.

Así, el estudio muestra que para 2023 la tasa de PMSS alcanzaba al 9% de la población, 1,6 puntos porcentuales más que en 2015. Por CCAA, esta tasa aumenta hasta el 12,6% en Andalucía y hasta el 11% en Canarias, mientras que baja hasta un 5,6% en el País Vasco.

Además, la EAPN aclara que no es lo mismo la privación material y social severa que la pobreza severa y puntualiza que el 48,4%, es decir, prácticamente la mitad de las personas que están en carencia material y social severa no son pobres. En concreto, estima que un 4,3% de la población nacional, es decir, unas 2 millones de personas, tienen los ingresos necesarios como para no ser considerados pobres pero no son suficientes para mantener una vida digna.

Por otro lado, el estudio apunta que, si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones --incluidas las pensiones de jubilación y supervivencia--, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza. En la mayoría de las comunidades, según la EAPN, si no existiesen estas transferencias las tasas de pobreza crecerían más de un 50%.

En cuanto al efecto de las transferencias en comparación con la realidad europea, la EAPN advierte de que el efecto es menor que en otros países de la Unión Europea (UE). Así, mientras que en España permiten reducir la pobreza en un 52,6%, en Alemania lo hacen en un 64,9%, en Francia en un 67,2% y en Finlandia en un 70,7%.

Ante esta situación, los autores del estudio proponen “mejorar el alcance y la intensidad de las políticas sociales en todas las regiones, garantizando una redistribución basada en la cooperación interterritorial que fomente la cohesión social y mejore la calidad de vida de toda la población”.

El pasado lunes 17 de junio, las organizaciones que conforman la Red nos reunimos en la sede de los compañeros de Fundación Ceres en Tomelloso, para desarrollar un encuentro de vital importancia para nuestra organización, donde pudimos reflexionar sobre las causas de la pobreza en nuestra región, y alcanzar acuerdos que nos permitan renovar nuestro compromiso por esta causa que nos une y aglutina.

Acudimos al encuentro con nuestras organizaciones con la intención de definir las líneas generales que debe contener la II Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social 2024-2030 a fin de asegurar su utilidad y eficacia para las personas más vulnerables y para el resto de la ciudadanía. Un espacio de reflexión conjunto sobre los retos más importantes a los que se enfrenta la ciudadanía, escuchando las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja codo con codo para mejorar su situación y proporcionar oportunidades que hasta ahora no han tenido, de modo que puedan ser incluidas en la futura II Estrategia que guiará las políticas sociales de los próximos años.

En este espacio, pudimos revisar los diferentes ejes de actuación de la futura Estrategia e incluir, con organizaciones expertas en cada ámbito, avances significativos en lo que deben ser políticas públicas para mejorar la situación de la ciudadanía de Castilla-La Mancha en los ámbitos sociales, educativos, de empleo, vivienda, sanidad. Uno de las preocupaciones de los profesionales participantes fue el de garantizar la sostenibilidad y estabilidad de estas políticas públicas y la colaboración y participación de las organizaciones del Tercer Sector en general, y de EAPN-CLM y sus entidades miembros en particular, considerando que esta colaboración es esencial para el éxito y la implementación efectiva de estas políticas públicas.

Además, hemos conocido e incorporado también las observaciones y propuestas de las personas insertas en programas y proyectos de inclusión social, que son siempre una brújula que orienta el camino evitan que olvidemos lo más importante de las políticas públicas, y que no es otra cosa que ser de utilidad a toda la ciudadanía y en concreto a la que menos oportunidades tiene.

En el marco de este encuentro regional, hubo tiempo para recibir formación e información sobre temas clave que permiten mejorar la labor de las organizaciones con la ciudadanía, y revisar los diferentes trabajos que venimos haciendo la Red con las organizaciones miembro, incorporando a la Asociación Dejando Huellas, y en nuestra relación con las administraciones y otros grupos de interés con los que como plataforma asociativa nos relacionamos para cumplir con nuestra misión de luchar contra la pobreza y la exclusión social en Castilla-La Mancha.

Tras 30 años de actividad, hemos demostrado que nuestro compromiso es inquebrantable, pero no podemos hacerlo solos. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Desde nuestras posiciones, ya sea como miembros de organizaciones, ciudadanos comprometidos o decisores públicos, debemos actuar con determinación y solidaridad. Las palabras y las ideas deben transformarse en acciones concretas que cambien vidas. Es el momento de sumar esfuerzos, de innovar y de ser valientes en nuestras decisiones, recordando que cada pequeño paso cuenta y que juntos podemos construir una sociedad más justa y equitativa. Es hora de tomar la iniciativa y ser el cambio que queremos ver en nuestra región. ¡Actuemos hoy por un mañana mejor!

Un 36% de la población canaria (casi 780.000 personas) está en riesgo de pobreza y exclusión social. Se trata de un dato de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN), que destacó cómo la vivienda y la brecha de género complican este riesgo. Se trata de un contexto por el que se hace más necesario en esta comunidad autónoma la presencia de las rentas mínimas y es la razón por la que se impulsó por el anterior Gobierno regional la Renta Canaria de Ciudadanía; un derecho que si bien supone un avance no termina de despegar. Actualmente, son beneficiarias 12.899 familias, un poco menos de la cantidad que cubría la antigua Prestación Canaria de Inserción (PCI). Los colegios de Trabajo Social de las dos provincias advierten de que hay un atasco de 5.000 expedientes pendientes de reconocimiento y 3.000 pendientes de revisión. 

“Se está tardando una media de 15 meses en resolver las solicitudes y cuando tú llegas a una prestación es porque careces de los recursos económicos básicos, con lo cual entendemos que una persona no puede estar a la espera de una prestación de este tipo tanto tiempo”, explica Dolores Fabelo, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas. Desde este colegio junto al de Tenerife se alertó en un comunicado conjunto del “colapso” en la Renta Canaria de Ciudadanía y de que se están “vulnerando los derechos de miles de ciudadanos canarios que dependen de esta renta para subsistir”. 

La directora general de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, Elisabet Santana, explica a este periódico que el número de beneficiarios se ha mantenido más o menos estable porque en el procedimiento no sólo se encuentra la parte del reconocimiento del derecho sino que también se revisa. Indica que la mayoría son solicitantes también del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que, en estos casos, la renta pasa a tener un carácter complementario. Sí añade que aunque el número de beneficiarios siempre oscila en torno a los 13.000, la gran mejora que ha incorporado la renta canaria es la cuantía. 

Santana remarca que cada vez que se produce un cambio en el procedimiento o normativa se necesita de un tiempo de adaptación y que a la antigua PCI también le ocurrió esto al principio. La directora incide en que cuando su equipo llegó al Gobierno había “4.000 expedientes que no habían sido tramitados” y a ello le suma que en la PCI había “una gestión compartida entre ayuntamientos y la dirección general”, pero ahora la renta pasa a tramitarla directamente la Dirección General de Servicios Sociales. “El atasco se produjo con el cambio, con la migración”, en la que se cuenta con un nuevo aplicativo, menos personal y se “absorbe todo lo que quedó pendiente de la anterior prestación”. 

“Ningún equipo ha querido que esto ocurra”, insiste Santana en referencia al colapso y añade que se está intentando solucionar el problema “por todas las vías posibles”: incrementando el personal (afirma que se han incorporado 20 personas al servicio), mejorando el aplicativo y automatizando procesos. Según defiende, se ha pasado de realizar 128 tramitaciones al mes a 370. 

Los complementos de la renta que no arrancan

Una de las principales carencias de la actual renta es que no se han puesto en marcha los complementos que vienen recogidos en esta ley que forma parte del Estatuto de Autonomía. Cuando se aprobó, se anunció que contaría con complementos a las pensiones no contributivas, a la vivienda y a la educación. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, llegó a pedir hace unos meses “congestionar” el Ingreso Mínimo Vital para poner en marcha esos complementos y recientemente ha dicho que si el IMV beneficiara a más personas, su Consejería podría dedicar el presupuesto a los complementos. 

La directora general de Servicios Sociales, por su parte, aclara que “no es una cuestión de presupuesto” y que en el caso del complemento a las pensiones no contributivas “nos tropezamos con la norma” que depende del Ministerio. “Hemos pedido de manera reiterada la modificación de esa normativa, de manera que el complemento que vamos a dar desde la renta a los pensionistas no compute como ingreso de esa unidad de convivencia, porque si computa, se pondría en riesgo la prestación de esos pensionistas”, aclara. “El Ministerio es consciente de que tienen que mejorarla y están en ello. Estamos trabajando mucho y en coordinación con el Ministerio pidiéndole esos cambios de manera inmediata o por lo menos hacer esas excepciones. Lo que no queremos es perjudicar a nadie en ningún caso”, afirma. 

El objetivo de la Consejería, sostiene, es dar de oficio ese complemento a todas las pensiones no contributivas. “En Canarias tenemos 43.000 pensionistas no contributivos entre pensión e invalidez”, agrega. Así mismo, insiste en que tiene buena sintonía con el Ministerio y que ya se aprobó una moción en este sentido. Sobre el complemento a la vivienda y a la educación afirma que se encuentran en vías de “desarrollo reglamentario”. “No es un tema presupuestario ni mucho menos, hay que desarrollar un reglamento”, insiste. 

El vicepresidente de EAPN Canarias, Fernando Rodríguez, destaca como aspecto positivo que esta comunidad no eliminara su renta mínima una vez llegó el IMV como ocurrió en otras comunidades, que recortaron partidas. No obstante, incide en que faltan por desarrollar esos complementos que son fundamentales. “Sin duda el complemento de la vivienda podría ayudar muchísimo a evitar pérdidas de vivienda, o incluso poder acceder a vivienda asequible”, afirma. Recuerda que Canarias está a la cabeza en pobreza infantil, por lo que es clave ese complemento a la educación, que venía a complementar a esos hogares con menores a cargo y en especial los hogares monomarentales. 

La importancia de las rentas mínimas 

La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas remarca que la Renta Canaria de Ciudadanía es “una prestación subjetiva establecida por la Ley de Servicios Sociales de Canarias, donde se intenta dotar a todos los canarios de un ingreso mínimo que le dé cobertura a sus necesidades básicas, indistintamente de si está por encima o por debajo del umbral de pobreza. Sabemos que para vivir necesitas un mínimo de ingresos, que si no se tiene se corre el riesgo de llegar a la situación de exclusión”, apunta. 

Dolores Fabelo destaca que hay varias medidas que se pueden tomar para que el sistema sea más ágil. En primer lugar, más dotación de recursos humanos. “Somos conscientes de que desde la Dirección General se está poniendo todo de su parte, pero necesitamos que se ponga sobre la mesa que el capítulo uno es importante valorarlo, que la dotación de recursos humanos es la vía necesaria”. Así mismo, cree que habría que establecer una coordinación efectiva con los recursos comunitarios o servicios sociales municipales. No obstante, advierte de que sin partidas presupuestarias no se pueden delegar competencias. 

El vicepresidente de EAPN Canarias defiende que desde esta red llevan años apostando por un sistema de rentas mínimas. La Renta Canaria de Ciudadanía ya “está legislada y forma parte del articulado de la Ley de Servicios Sociales, de nuestro Estatuto de Autonomía”, pero apunta que “no se ha terminado de darle ese derecho subjetivo”, es decir, que “por el mero hecho de ser persona deberíamos tener ya unos ingresos mínimos para poder tener una vida y eso es quizás donde la Renta Canaria de Ciudadanía nace con ese objetivo pero no lo ha llegado realmente a alcanzar”. 

Rodríguez cree que este es el principal problema que se está atravesando, pues al convertirse en prestación se traspasó la nómina de la PCI  a esta renta, pero se ha quedado ahí. Señala que, tal y como advierten los colegios de Trabajo Social, las nuevas solicitudes se están demorando y pueden estar influyendo varias cuestiones. “La primera es la falta de agilidad de la administración pública en general. Lo venimos observando en todo: datos de dependencia, de acceso a la vivienda … si analizas determinados procedimientos administrativos, todos se alargan mucho en el tiempo, falta músculo administrativo, falta personal”. También menciona la brecha digital, que está dejando a muchas personas atrás. Y añade una tercera variable: la falta de información. 

El desconocimiento sobre la Renta Canaria 

Rodríguez incide en que no se difunde mucho que existe esta Renta Canaria de Ciudadanía y la documentación o los requisitos que se deben presentar. También reivindica la necesidad de acompañamiento, asesoramiento, “que quizás desde la propia administración pública podría ser muy interesante para conseguir que estas personas se acerquen a estas prestaciones o rentas mínimas”. Cuando hablamos de rentas mínimas, recuerda que siempre se vienen a la cabeza las personas más vulnerables, con bajos ingresos, pero recuerda que la renta canaria cuando nace lo hace también para complementar los salarios más bajos de los trabajadores. Subraya que entre las dificultades para solicitar el IMV, por ejemplo, aparecían además de cuestiones como la falta de información o la brecha digital, el hecho de que las personas no se identifican como beneficiarias, es decir, se autoexcluyen porque creen que no se lo van a conceder.