Tengo un amigo que piensa que hay ideas incompatibles y conceptos que se repelen, como pasa con algunos elementos químicos o lo que sucede cuando mezclamos el agua con el aceite. En el ámbito social, recientemente se ha celebrado la Semana Santa en prácticamente todos los pueblos de España y hemos visto como conviven el sacrificio de la fe y el fervor de la religiosidad popular con el disfrute del turismo y la hostelería. Aparentemente son fenómenos contradictorios, pero vemos que no solo conviven, sino que se retroalimentan.

Esta retroalimentación debiera darse también entre ámbitos de actuación aparentemente distantes como son la innovación tecnológica aplicada a la atención de personas en situación de dependencia y la dimensión ética y humanizada de los cuidados. Sin embargo, en esta cuestión observo una confrontación entre los defensores a ultranza del desarrollo tecnológico (tecnófilos) y los más absolutos detractores (tecnofóbicos) que ven en la tecnología una amenaza para la calidad y calidez de los cuidados.

La disputa no es nueva. Los antropólogos han estudiado cómo el proceso de hominización y el desarrollo evolutivo de la especie humana van muy ligados al desarrollo de instrumentos para hacerse la vida más fácil. Hoy nadie pone en cuestión los descubrimientos y los avances del pasado, pero suele ser habitual que haya siempre resistencias y temores a la innovación.

En las últimas décadas la irrupción de la tecnología digital ha transformado silenciosamente muchos ámbitos de nuestra vida. Hoy el teléfono móvil nos está cambiando, no solo la manera de comunicarnos, sino tal vez la forma de trabajar y de vivir. Pero es también Internet, la digitalización y la inteligencia artificial, que están cambiando la actividad laboral, permitiendo el teletrabajo y, por tanto, rompiendo las barreas geográficas y favoreciendo fenómenos inversos a los que se produjeron en las revoluciones industriales anteriores que provocaron una concentración del trabajo en torno a los grandes centros de producción.

En regiones como Castilla-La Mancha, donde el envejecimiento demográfico, la dispersión territorial, la reducción del tamaño y los apoyos de las familias y la creciente demanda de servicios asistenciales configuran un escenario complejo, es necesario plantearse que la llegada de la inteligencia artificial y de nuevas herramientas tecnológicas no es solo una posibilidad, sino una necesidad estratégica.

Comparte nuestra región problemas que no son exclusivos del territorio, sino que afectan a todo el país y a buena parte del mundo occidental. Problemas que son fruto del éxito como sociedad, ya que el aumento del envejecimiento obedece fundamentalmente al alargamiento de la vida, pero esto conlleva un incremento de las situaciones de dependencia y una mayor demanda de cuidados sociosanitarios, que se concentran en las últimas fases de la vida. Sin embargo, también compartimos los problemas (cuya causa no puede atribuirse a ningún éxito) de la reducción de la natalidad y la falta de profesionales para hacer frente a la creciente demanda de cuidados.

En este contexto, las familias no podrán afrontar esta actividad que han venido y vienen haciendo en silencio, sobre todo las mujeres, y con cierto sacrificio de esfuerzo y de conciliación con su actividad laboral y familiar.

Nos enfrentamos ante uno de los grandes retos que tenemos como sociedad para los próximos años, porque no estamos ante una nube pasajera: la demanda de cuidados continuará incrementándose y la tecnología está siendo, puede ser y será un elemento que tendrá una importancia considerable en la reconfiguración de la forma en que entenderemos y proporcionaremos los cuidados en el futuro más próximo.

Los dispositivos de teleasistencia avanzada, con sensores de movimientos, detectores de riesgos, recordatorios de medicación, los asistentes de voz adaptados, los geolocalizadores y un concepto de atención proactiva para reducir el sentimiento de soledad, pueden contribuir a mantener la autonomía personal durante más tiempo en el entorno habitual de la persona.

En Castilla-La Mancha, donde muchas personas mayores viven solas en entornos rurales, estas soluciones no solo aumentan la seguridad, sino que aportan tranquilidad a las familias que viven lejos y también pueden mejorar sus cuidados mediante la detección preventiva de situaciones de riesgo para la salud o a través de la propia telemedicina. Todo ello, junto con la digitalización de actividades interactivas y de los procesos asistenciales, puede evitar desplazamientos innecesarios y facilitar intervenciones tempranas.

La teleasistencia avanzada, la monitorización remota y la telemedicina son y pueden ser una oportunidad para territorios extensos y poco poblados. Estos sistemas permiten que una persona mayor que vive en la Serranía de Cuenca, en la Sierra de Alcaraz o en la Campana de Oropesa pueda recibir atención y seguimiento evitando largos desplazamientos.

La tecnología no debe sustituir al acompañamiento personal ni al cuidador humano, sino que ha de servir de apoyo para hacer su trabajo y liberar tiempo de tareas automáticas y repetitivas o meramente administrativas, permitiendo que los profesionales se centren en lo que aporta valor: el trato directo, la amabilidad, la escucha, el acompañamiento y el apoyo emocional o terapéutico para personas con fragilidad o con deterioros cognitivos. En este sentido, el desarrollo de tecnologías adaptadas al sector de los cuidados puede convertirse en un yacimiento de innovación productiva, generando empleo cualificado y favoreciendo la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación.

No todo puede ni debe ser automatizado y el mayor peligro es que la tecnología sustituya (en lugar de apoyar) a la relación humana. Los cuidados son, sobre todo, un acto de acompañamiento emocional y de relación humana, por lo tanto, cargados de una importante dimensión ética. En este sentido, los dispositivos de apoyo deben ser adaptados, accesibles, manejables, amigables y con un diseño inclusivo. Es la tecnología la que debe adaptarse a las personas más vulnerables y no al revés.

También es importante evitar la desigualdad en el acceso, ya que existe el riesgo de crear un sistema de cuidados de dos categorías: uno, con tecnologías adaptadas para quien puede pagárselo, y otro para los que no disponen de los medios económicos necesarios. Este riesgo es especialmente alto en las zonas rurales, precisamente en aquellos lugares donde la tecnología tiene un mayor valor estratégico.

El tema tiene sus complejidades técnicas y sociales, pero para que las tecnologías digitales y la IA sean aliadas reales del bienestar y la autonomía personal es fundamental situar a la ética en el centro. Las herramientas deben diseñarse desde las necesidades y los usos de las personas, especialmente cuando estas son mayores o se encuentran en situaciones de soledad o dependencia. Deben servir para empoderar a la persona y no para condicionarla, primando siempre la libertad, el consentimiento y la opción de desconectarse a voluntad propia, porque la persona debe conservar el control de la tecnología y no depender de ella.

El dilema no es si debemos o no introducir tecnología e inteligencia artificial en los cuidados o en la promoción de la autonomía personal. Esto es ya una tendencia inevitable. El riesgo es que esta tecnología pase a nuestras casas sin llamar a la puerta y sin haber analizado qué modelo de cuidados queremos construir para el futuro. En todo caso, la clave está en comprender que hablamos de personas, no de datos; de relaciones humanas y no de procesos. La tecnología producirá bienestar si responde a las necesidades y demandas de quien la utiliza y si respeta sus valores éticos, teniendo en cuenta las circunstancias y las preferencias de cada persona. Por esto, en el diseño de los productos y dispositivos tecnológicos, en sus funciones y en su aplicación resulta obligado, una vez más, contar con quien los va a usar.

El Gobierno de La Rioja moderniza el Servicio de Teleasistencia y amplía su cobertura para reforzar la autonomía y la seguridad de las personas mayores. La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha presentado este lunes en el Centro de Participación Activa (CPA) de Lobete el nuevo Servicio de Teleasistencia Avanzada, acompañada por la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo y el representante de Tunstall España, David Sánchez, empresa responsable de los nuevos dispositivos tecnológicos que han comenzado a incorporarse a los hogares de los usuarios desde diciembre.

El Ejecutivo riojano renueva, moderniza y amplía todos los medios tecnológicos desplegados en los domicilios con el objetivo de reforzar la autonomía personal, mejorar la seguridad y garantizar una atención directa, cercana y continua a las personas en situación de dependencia. 

Desde el pasado 1 de diciembre, el nuevo Servicio de Teleasistencia Avanzada lo presta Televida Servicios Sociosanitarios S.L.U., adjudicataria del contrato de gestión por un importe de 2.278.598,40 euros. En 2025, un total de 1.214 personas han solicitado el servicio y, actualmente, 3.901 personas cuentan con teleasistencia activa, que se está adaptando progresivamente durante el 2026 al nuevo equipamiento digital a través de nueva tecnología para una teleasistencia avanzada.

El Gobierno de La Rioja ha adquirido un nuevo equipamiento (banco de terminales y dispositivos) con una inversión cercana al millón de euros, que permitirá atender todas las solicitudes y reforzar tanto el alcance del servicio como su capacidad de respuesta. María Martín ha asegurado que con esta inversión “estamos dando pasos firmes en nuestra estrategia de cuidados, una estrategia que sitúa a las personas mayores en el centro de todas las políticas públicas”. 

La consejera ha recordado que “la prevención, la promoción de la salud y el fomento de la autonomía personal son pilares fundamentales de este modelo, porque permiten evitar situaciones de dependencia más severas y avanzar en la desinstitucionalización, favoreciendo que las personas puedan seguir viviendo en su hogar el mayor tiempo posible”. 

Salto tecnológico decisivo para una atención más eficaz y segura

En este sentido, ha señalado que “el refuerzo del servicio de teleasistencia es una de las medidas más importantes para garantizar la seguridad de las personas mayores, tanto si viven solas como acompañadas, aportando tranquilidad, cercanía y una atención continua”. Martín ha destacado que el nuevo servicio supone “un salto tecnológico decisivo, al pasar de un sistema analógico a uno plenamente digital, con la tecnología más avanzada actualmente disponible en el mercado, que nos permite ofrecer una atención más eficaz, más segura y más adaptada a cada persona”.

La teleasistencia es un servicio social que, con apoyo tecnológico, facilita atención continua, apoyo personal y respuesta inmediata ante cualquier necesidad o emergencia mediante un sistema de comunicación ‘manos libres’, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Además de la respuesta ante urgencias, el servicio proporciona seguimiento, acompañamiento, detección precoz de riesgos, prevención de crisis, apoyo emocional y soporte a las personas cuidadoras, contribuyendo a que las personas dependientes puedan permanecer en su entorno habitual con mayores garantías de seguridad y bienestar.

Es un servicio fundamental para los cuidados y la permanencia en el hogar, en sintonía con el nuevo modelo de desinstitucionalización, de las personas con dependencia y, en general, de las personas mayores que vivan solas. Esta herramienta les ofrece seguridad y promueve su permanencia en el hogar.

La renovación del Servicio de Teleasistencia Avanzada incluye la incorporación de un equipamiento tecnológico completamente actualizado, adaptado a las necesidades y perfiles de cada persona usuaria. El nuevo sistema sustituye el actual parque analógico por terminales digitales fijos y móviles de última generación, con conectividad VoLTE, WiFi y Bluetooth, lo que garantiza una comunicación más estable y segura, sin necesidad de disponer de línea telefónica fija en los domicilios.

Junto a los terminales, el servicio incorpora una amplia gama de dispositivos funcionales y de seguridad orientados a la prevención y a la detección precoz de situaciones de riesgo. Entre ellos se encuentran controles remotos adaptados, dispositivos específicos para personas con deficiencias visuales y auditivas, dispensadores de medicación, detectores automáticos de caídas, así como sensores de humo, fuego, gas, temperatura e inundaciones, que refuerzan la seguridad y la tranquilidad tanto de las personas usuarias como de sus familias.

Los nuevos terminales digitales, conectados a través de redes TCP/IP, comenzaron a instalarse de forma progresiva a partir del mes de diciembre y a lo largo de todo el año 2026, garantizando una transición ordenada y sin interrupciones del servicio. El equipamiento ha sido suministrado por Tunstall Iberia S.A.U., adjudicataria del contrato de suministro fechado el 11 de febrero de 2025, por un importe de 999.036,50 euros, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU.

La implantación del nuevo Servicio de Teleasistencia Avanzada supone también un refuerzo significativo de la capacidad operativa y de la presencia territorial del servicio. Para ello, se incorporan nuevas unidades móviles destinadas a las Unidades Móviles de Teleasistencia y al personal instalador, así como nuevos puntos de atención, lo que permitirá agilizar la respuesta y mejorar la atención directa a las personas usuarias.

Además, el Gobierno de La Rioja amplía el servicio en La Rioja Baja con la puesta en marcha de un nuevo punto de atención en Alfaro, dotado de unidad móvil y recursos propios. Esta ampliación refuerza la proximidad del servicio y garantiza una cobertura más equilibrada en todo el territorio, facilitando una atención más rápida, cercana y personalizada. Este despliegue permitirá atender a más personas, con más medios y en menos tiempo, reforzando la cercanía y la calidad del servicio en toda la comunidad autónoma.

Cinc persones connectades al servei de teleassistència de la Diputació de València van morir el 29 d'octubre del 2024, segons han confirmat a elDiario.es fonts de tota solvència. Aquestes cinc morts de persones usuàries del sistema d'atenció a persones grans i persones amb mobilitat reduïda de la institució provincial se sumen a les 37 persones del mateix sistema que ofereix la Generalitat i que van morir ofegades el dia de la dana. Les mateixes fonts expliquen que, pel que fa al mateix servei ofert per l'Ajuntament de València, cap dels seus usuaris va perdre la vida pel temporal d'inundacions de l'any passat i les conseqüències mortals del qual estan sent investigades pel jutjat d'Instrucció número 3 de Catarroja.

La jutgessa instructora de la causa que investiga com a homicidis imprudents les 229 morts el dia de la dana, ha sol·licitat a la Conselleria de Serveis Socials de la Generalitat que li remeta els plecs i el contracte del servei de teleassistència després de reconèixer el departament que dirigeix Susana Camareo que 37 dels seus usuaris van morir connectats al servei el 29 d'octubre passat. També va sol·licitar els protocols d'actuació per a“adopció de mesures preventives per salvaguardar la integritat física”dels usuaris“en casos de catàstrofe natural”.

En aquests moments, el servei de la Diputació de València no està sent investigat, ja que no es coneixia que havia morts connectats al seu sistema el dia de la dana. En concret van ser cinc com revela elDiario.es en exclusiva. Els plecs de condicions d'aquest servei contemplen protocols per realitzar “avisos de prevenció (calor, fred) o altre tipus d'anuncis generals a persones usuàries de teleassistència que l'empresa prestadora puga fer de manera coordinada amb les autoritats sociosanitàries territorials o estatals”. A més, el contracte també especifica que s'ha de garantir la“prevenció, detectant precoçment les situacions de risc que es puguen donar informant els familiars i els serveis socials municipals”. El PSPV-PSOE a la institució provincial ja ha demanat explicacions sobre la situació.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, va explicar en roda de premsa a preguntes d'aquest diari que la teleassistència “és un servei d'assistència i no d'emergències”. “En cap cas la teleassistència es pot convertir en un servei d'emergència, no podem donar una informació que desconeixem des dels serveis socials”, va dir la portaveu de l'Executiu autonòmic, que va defensar el bon funcionament de la prestació, de la qual va recordar que va ser adjudicada per l'anterior Govern del Pacte del Bo plecs compleix lempresa adjudicatària. En el cas de la Diputació de València, el servei que funcionava el dia de la dana també va ser adjudicat a l'etapa anterior.

Hi va haver telefonades d'avís sobre inundacions el dia de la dana

Aquestes paraules de Camarero contrasten amb algunes de les indagacions obtingudes en la investigació interna que s'estan realitzant per atendre les peticions de la jutgessa. Segons ha pogut saber elDiario.es, hi ha telefonades per part del servei de teleassistència el dia de la dana en què es va parlar amb els usuaris sobre la perillosa situació per a la seva integritat física per les pluges torrencials del 29 d'octubre. Fins i tot, confirmen les mateixes fonts, han quedat registrades gravacions en què es pot escoltar la desesperació de les víctimes parlant amb els teleoperadors a través del sistema i que finalment van morir ofegades.

El sistema de teleassistència, tant el de la Generalitat, com el de la Diputació de València i l'Ajuntament de València, està operat per la mateixa empresa i registra totes les converses entre els usuaris i les persones del servei que en fan el seguiment. El motiu és protegir les dos parts davant de possibles errors o negligències en un procés penal. En aquest cas, el que s'està revisant ara per petició de la jutgessa són aquests enregistraments el contingut dels quals serà revelat a la instructora per conèixer l'actuació del servei en aquesta jornada.

Com ha estat explicant aquest diari en els darrers dies, els plecs tècnics del contracte que han de ser lliurats a la jutgessa de Catarroja, preveuen una“resposta immediata davant situacions d'emergència, o d'inseguretat, solitud i aïllament” de les persones usuàries. Es tracta d'un ampli ventall de necessitats que presta un servei disponible les 24 hores dels 365 dies de l'any, molt valorat per les persones grans usuàries i els familiars.

L'empresa adjudicatària, a més, disposa d'un “protocol d'actuació davant de situacions de risc greu i emergència”, com ara pandèmies, “fenòmens meteorològics adversos (fortes nevades, pluges intenses”inundacions“ i ”incendis“.

El plec també indica:v“La teleassistència, a més de la resposta a una situació d'emergència, ha de proporcionar una sèrie d'atencions personalitzades per millorar les condicions de seguretat i companyia a la vida quotidiana de la persona, potenciar la independència i facilitar la integració en el seu entorn habitual de convivència, així com detectar”.

Entre els serveis a prestar s'inclou la “mobilització de recursos davant situacions d'emergència sanitària, domèstica o social”, a més del “seguiment periòdic ”des del Centre d'Atenció on les gestions dels dependents“, entre molts altres negociats.

La “comunicació d'emergència” es produeix “per situacions que impliquen risc per a la integritat física, psíquica o social de la persona usuària o el seu entorn, que requereix l'actuació i, si escau, mobilització immediata de recursos emergència o de forces de seguretat”.

“En tots els casos, es mantindrà contacte des de la central amb la persona en situació d'emergència, fins que aquesta siga solucionada”, indica el plec.

La Diputació de València es troba ara en una tessitura similar a la de la Generalitat, ja que haurà d'explicar, almenys públicament, el funcionament del sistema de teleassistència el dia de la dana. Des del març del 2019, la institució provincial ha pagat al voltant de 130.000 euros al mes pel servei de teleassistència domiciliària sense un contracte en vigor. L'empresa adjudicatària, Serveis de Teleassistència Domiciliària SA, ha continuat prestant el servei, que resulta essencial per a persones grans o en situació de dependència a la província, a través de facturació directa. Per aquest motiu, el govern de Vicente Mompó va treure la licitació el passat mes de juny a què opten quatre empreses.

Cinco personas conectadas al servicio de teleasistencia de la Diputación de Valencia fallecieron el 29 de octubre de 2024, según han confirmado a elDiario.es fuentes de toda solvencia. Estas cinco muertes de personas usuarias del sistema de atención a personas mayores y personas con movilidad reducida de la institución provincial se suman a las 37 personas del mismo sistema que ofrece la Generalitat y que perecieron ahogadas el día de la dana. Las mismas fuentes explican que, por lo que respecta al mismo servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Valencia, ninguno de sus usuarios perdió su vida por el temporal de inundaciones del pasado año y cuyas consecuencias mortales están siendo investigadas por el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

La jueza instructora de la causa que investiga como homicidios imprudentes las 229 muertes el día de la dana, ha solicitado a la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat, a la Diputación de Valencia y al ayuntamiento de la capital que le remita los pliegos y el contrato del servicio de teleasistencia tras reconocer el departamento que dirige Susana Camarero que 37 de sus usuarios murieron conectados al servicio el pasado 29 de octubre. También solicitó los protocolos de actuación para la “adopción de medidas preventivas para salvaguardar la integridad física” de los usuarios “en casos de catástrofe natural”.

Hasta la fecha no se conocía que había fallecidos conectados al sistema de la Diputación de Valencia el día de la dana. En concreto fueron cinco como revela elDiario.es en exclusiva. Los pliegos de condiciones de este servicio contemplan protocolos para realizar “avisos de prevención (calor, frío) u otro tipo de anuncios generales a personas usuarias de teleasistencia que la empresa prestadora pueda realizar de forma coordinada con las autoridades sociosanitarias territoriales o estatales”. Además, el contrato también especifica que se debe garantizar la “prevención, detectando precozmente las situaciones de riesgo que puedan darse informando de ello a los familiares y los servicios sociales municipales”. El PSPV-PSOE en la institución provincial ya ha pedido explicaciones sobre la situación.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, explicó en rueda de prensa a preguntas de este diario que la teleasistencia “es un servicio de asistencia y no de emergencias”. “En ningún caso la teleasistencia puede convertirse en un servicio de emergencia, no podemos dar una información que desconocemos desde los servicios sociales”, dijo la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien defendió el buen funcionamiento de la prestación, de la que recordó que fue adjudicada por el anterior Gobierno del Pacte del Botànic (por Mónica Oltra, según destacó) y cuyos pliegos cumple la empresa adjudicataria. En el caso de la Diputación de Valencia, el servicio que funcionaba el día de la dana también fue adjudicado en la etapa anterior.

Hubo llamadas de aviso sobre inundaciones el día de la dana

Estas palabras de Camarero contrastan con algunas de las pesquisas obtenidas en la investigación interna que se están realizando para atender la peticiones de la jueza. Según ha podido saber elDiario.es, existen llamadas por parte del servicio de teleasistencia el día de la dana en las que se habló con los usuarios sobre la peligrosa situación para su integridad física por las lluvias torrenciales del 29 de octubre. Incluso, confirman las mismas fuentes, han quedado registradas grabaciones en las que se puede escuchar la desesperación de las víctimas hablando con los teleoperadores a través del sistema y que finalmente murieron ahogadas.

El sistema de teleasistencia, tanto el de la Generalitat, como el de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de València, está operado por la misma empresa y registra todas las conversaciones entre los usuarios y las personas del servicio que hacen su seguimiento. El motivo es proteger a ambas partes ante posibles errores o negligencias en un proceso penal. En este caso, lo que se está revisando ahora por petición de la jueza son esas grabaciones cuyo contenido será revelado a la instructora para conocer la actuación del servicio en esa jornada.

Como ha venido contando este periódico en los últimos días, los pliegos técnicos del contrato que deben ser entregados a la jueza de Catarroja, prevén una “respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento” de las personas usuarias. Se trata de un amplio abanico de necesidades que presta un servicio disponible las 24 horas de los 365 días del año, muy valorado por las personas mayores usuarias y por sus familiares.

La empresa adjudicataria, además, dispone de un “protocolo de actuación ante situaciones de riesgo grave y emergencia”, tales como pandemias, “fenómenos meteorológicos adversos (fuertes nevadas, lluvias intensas...)” o “inundaciones” e “incendios”.

El pliego también indica: “La teleasistencia, además de la respuesta a una situación de emergencia, debe proporcionar una serie de atenciones personalizadas para mejorar las condiciones de seguridad y compañía en la vida cotidiana de la persona, potenciar la independencia y facilitar la integración en su entorno habitual de convivencia, así como detectar, prevenir y, en su caso, intervenir en situaciones de crisis”.

Entre los servicios a prestar se incluye la “movilización de recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, doméstica o social”, además del “seguimiento periódico” desde el Centro de Atención donde trabajan los operadores en materias como la agenda de visitas al médico o las gestiones de los dependientes, entre muchos otros negociados.

La “comunicación de emergencia” se produce “por situaciones que implican riesgo para la integridad física, psíquica o social de la persona usuaria o su entorno, que requiere la actuación y, en su caso, movilización inmediata de recursos propios de la persona usuaria, recursos sociales o sanitarios, de emergencia o de fuerzas de seguridad”.

“En todos los casos, se mantendrá contacto desde la central con la persona en situación de emergencia, hasta que ésta sea solucionada”, indica el pliego.

La Diputación de Valencia se encuentra ahora en una tesitura similar a la de la Generalitat, puesto que deberá explicar, al menos públicamente, el funcionamiento del sistema de teleasistencia el día de la dana. Desde marzo de 2019, la institución provincial ha pagado alrededor de 130.000 euros al mes por el servicio de teleasistencia domiciliaria sin un contrato en vigor. La empresa adjudicataria, Servicios de Teleasistencia Domiciliaria S.A., ha seguido prestando el servicio, que resulta esencial para personas mayores o en situación de dependencia en la provincia, a través de facturación directa. Por este motivo, el gobierno de Vicente Mompó sacó la licitación el pasado mes de junio al que optan cuatro empresas.

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, está en el punto de mira de la jueza de la dana, que este martes dictó un auto en el que acordó pedir a su departamento un informe sobre los 37 fallecidos que usaban el 29 de octubre el servicio de teleasistencia. La magistrada, que busca individualizar y clarificar las circunstancias de los decesos de cada una de las víctimas (ya sea mediante las llamadas al 112 o con los testimonios de sus familiares, entre otras pruebas), quiere saber la identidad y la localidad de residencia de los 37 fallecidos con servicio de teleasistencia. Sin embargo, la instructora fue incluso más allá y acordó, tal como proponía la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, que la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Camarero remita los pliegos y el contrato del servicio. También solicitó los protocolos de actuación para la “adopción de medidas preventivas para salvaguardar la integridad física” de los usuarios “en casos de catástrofe natural”. La portavoz del Gobierno de Mazón se vio así situada en plena diana de la instrucción de la causa.

Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, afirmó a preguntas de este diario que la teleasistencia “es un servicio de asistencia y no de emergencias”. “En ningún caso la teleasistencia puede convertirse en un servicio de emergencia, no podemos dar una información que desconocemos desde los servicios sociales”, dijo la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien defendió el buen funcionamiento de la prestación, de la que recordó que fue adjudicada por el anterior Gobierno del Pacte del Botànic (por Mónica Oltra, según destacó) y cuyos pliegos cumple la empresa adjudicataria. Unos pliegos “que dicen claramente cuál es el uso”, agregó.

Los pliegos técnicos del contrato, consultados por este diario, prevén una “respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento” de las personas usuarias. Se trata de un amplio abanico de necesidades que presta un servicio disponible las 24 horas de los 365 días del año, muy valorado por las personas mayores usuarias y por sus familiares.

La empresa adjudicataria, además, dispone de un “protocolo de actuación ante situaciones de riesgo grave y emergencia”, tales como pandemias, “fenómenos meteorológicos adversos (fuertes nevadas, lluvias intensas...)” o “inundaciones” e “incendios”.

El pliego también indica: “La teleasistencia, además de la respuesta a una situación de emergencia, debe proporcionar una serie de atenciones personalizadas para mejorar las condiciones de seguridad y compañía en la vida cotidiana de la persona, potenciar la independencia y facilitar la integración en su entorno habitual de convivencia, así como detectar, prevenir y, en su caso, intervenir en situaciones de crisis”.

Entre los servicios a prestar se incluye la “movilización de recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, doméstica o social”, además del “seguimiento periódico” desde el Centro de Atención donde trabajan los operadores en materias como la agenda de visitas al médico o las gestiones de los dependientes, entre muchos otros negociados.

La “comunicación de emergencia” se produce “por situaciones que implican riesgo para la integridad física, psíquica o social de la persona usuaria o su entorno, que requiere la actuación y, en su caso, movilización inmediata de recursos propios de la persona usuaria, recursos sociales o sanitarios, de emergencia o de fuerzas de seguridad”.

“En todos los casos, se mantendrá contacto desde la central con la persona en situación de emergencia, hasta que ésta sea solucionada”, indica el pliego.

Cuestionada antes de la inminente remodelación del Consell

La instructora centra su investigación en la presunta negligencia de la Generalitat ante una catástrofe que el pasado 29 de octubre dejó 229 víctimas y que imputa indiciariamente a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, quienes ostentaban la capacidad decisora de avisar a la población ante el peligro. Mazón no figura como investigado por su condición de aforado. De hecho, la jueza ha ofrecido al president la posibilidad de declarar voluntariamente como imputado.

Sin embargo, tras casi un año de detallada instrucción pilotada por la magistrada, emerge un nuevo componente del Ejecutivo de Carlos Mazón que no estaba en el radar de la causa y que, recientemente, se ha ido situando en la diana de las pesquisas: la vicepresidenta Camarero.

La 'número dos' del Consell, tal como reveló elDiario.es el pasado 4 de septiembre, se desconectó del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) apenas 40 minutos después de que se iniciara la reunión. Lo hizo para asistir a unos premios de la patronal, aunque se escudó en que un alto cargo de su departamento permaneció conectado telemáticamente.

Tras la publicación de la información, Camarero adujo que en ese breve periodo en que estuvo conectada no se habló del peligro de la presa de Forata, contradiciendo de plano a todos los testigos que participaron en el Cecopi y que han declarado en el marco de la causa, incluyendo a los dos imputados —sus excompañeros del Ejecutivo Salomé Pradas y Emilio Argüeso— y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, entre otros.

Ante las evidentes contradicciones, el pasado 11 de septiembre, la jueza instructora citó a declarar como testigo a la vicepresidenta, como pedían las acusaciones populares que ejercen Intersindical y Ciudadanos. Camarero se unió así a la larga lista de testigos que aún no tienen cerrada la fecha para su testifical. Todo ello se produce, además, en plena fase previa a la remodelación del Ejecutivo de Mazón, anunciada para el próximo 5 de noviembre. Una etapa de máxima incertidumbre para cualquier conseller.

La cara visible de las tesis del PP, desmontadas por la jueza

La explicación de Susana Camarero sobre la actuación del Consell ante el aviso rojo de la Aemet para este pasado lunes tampoco resultó demasiado convincente, al contrastar el rápido envío del Es-Alert con los hechos del 29 de octubre, cuando la alerta automática a los móviles de la población llegó a las 20.11, ya con fallecidos y con un número incalculable de ciudadanos que permanecía atrapado por las inundaciones.

Camarero, convertida estos últimos meses en la portavoz de la versión oficial del Consell de Carlos Mazón, se escuda sistemáticamente en la tesis del supuesto “apagón informativo” por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el día de la dana, la excusa a la que, a modo de clavo ardiente, se aferra el Palau de la Generalitat y el PP valenciano para eludir un hecho irremediable e ineludible que centra el enfoque de la jueza instructora: la competencia de avisar a la población del peligro era de la Generalitat y de nadie más. La tesis de los populares fue tumbada de nuevo, con especial ahínco y por enésima vez, en la última resolución de la instructora.

Citada a declarar por la magistrada, Susana Camarero deberá situarse en el papel de testigo, un rol muy alejado de su habitual función de portavoz del Consell. Siempre que declara un testigo, el juez le advierte de su obligación de decir la verdad.

La Junta de Extremadura licitará un nuevo contrato de teleasistencia domiciliaria, dotado con un presupuesto de 6,8 millones de euros s por un periodo de tres años, prorrogable por dos años más, que permitirá ampliar el número de beneficiarios de 8.000 a 10.000 personas.

Este servicio se destina a prestar asistencia domiciliaria, a través de las tecnologías de la comunicación y la información, para cualquier usuario mayor o con dependiente que lo necesite ante situaciones de emergencia, inseguridad, soledad o aislamiento.

Este incremento de dispositivos se debe fundamentalmente al aumento de la longevidad de la población, la despoblación de las zonas rurales, el cambio de paradigma de los cuidados dentro de la red familiar y el deseo manifiesto de un gran número de personas de querer envejecer en sus domicilios, indica la reseña del acuerdo.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde esta semana a la suscripción de la adenda de modificación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Junta de Extremadura para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que implica la flexibilización de los plazos de ejecución.

El anexo III recoge los cinco proyectos del convenio, entre los que se encuentran medidas de accesibilidad para centros y servicios de la Junta de Extremadura, la teleasistencia avanzada o la construcción de un nuevo centro para la ejecución de medidas privativas de libertad dictadas por los juzgados de menores.

En ningún caso esta modificación afecta a las cuantías económicas iniciales, pero sí necesita de la previa autorización del Consejo de Gobierno que les permita ampliar el periodo de ejecución de los mismos.

El aumento de la población envejecida en Castilla-La Mancha -más de 400 mil personas mayores de 65 años en esta comunidad autónoma- trae consigo medidas que puedan hacer su vida más sencilla y ayudar a que se sientan acompañadas. La soledad no deseada es un fenómeno en expansión en la sociedad hiperconectada que afecta de manera exponencial a las personas de mayor edad.

Castilla-La Mancha pondrá a partir de septiembre un proyecto piloto para combatirlo. Esta comunidad autónoma ya pidió en 2023 una estrategia nacional para atajar su avance.

Arancha Ramos, responsable del Servicio de Teleasistencia de Castilla-La Mancha, nos cuenta en la entrevista que ha mantenido con elDiario.es Castilla-La Mancha que en la actualidad se trabaja en dos nuevos modelos destinados a personas mayores que optan por seguir viviendo en su propia casa y partiendo de lo básico: un aparato conectado a la línea telefónica y un colgante con pulsador que lleva la persona usuaria. “Ahora tenemos la teleasistencia avanzada, que puede ser proactiva o predictiva”.

Esta teleasistencia adaptada plantea “la incorporación de un modelo de atención centrado en la persona, con dispositivos periféricos que complementan el servicio en el domicilio, como sensores de fuego, de humo, sensores para la persona usuaria de caídas en casa o en la calle”.

Un sistema novedoso y accesible en la televisión

¿Cómo hacerlo? El usuario o usuaria va a disponer de diferentes herramientas a partir del servicio del llamado telecuidado proactivo que se implementa en el televisor de casa. Hay que conectar un dispositivo al electrodoméstico que se controla a través del mando a distancia.

Entre las principales opciones destacan las videollamadas individuales y grupales con familiares o profesionales o recibir recordatorios de citas médicas o de toma de medicación. Asimismo, también se incluye la posibilidad de acceder a actividades de dinamización, como talles de estimulación cognitiva, gimnasia, actividades lúdicas o grupos de apoyo emocional.

“A través de la televisión se quiere conectar a personas mayores que viven solas, que no poseen una red social, con ayuda de una dinamizadora que posibilita organizar el grupo, juntar a personas de misma edad y que comparten gustos, para que desde su casa puedan hacer cosas que les interesen y les motiven”, manifiesta Arancha Ramos.

Se trata de un sistema que va integrado en la televisión de cada usuario y no hace falta que sea un dispositivo de última generación o con acceso a internet. “Basta con que posea un puerto de conexión HDMI. Aunque las plataformas necesitan internet, la propia terminal que se instala funciona como un router para hacer las conexiones pertinentes”, explica Ramos.

Destaca que con esta iniciativa quieren proporcionar “servicio a 500 usuarios en municipios de menos de 5.000 habitantes, poniendo especial interés en el colectivo de mayores de 80 años”.

Además, Arancha Ramos explica que el servicio de teleasistencia de la comunidad autónoma ya es accesible en sus programas y prestaciones. “Si por ejemplo la persona no puede ver, el aparato habla o existe la opción de Braille, y si no oye se ofrecen imágenes. Está todo adaptado, con un lenguaje fácil, porque es obligatorio”.

Se prevé que este servicio pueda funcionar en un corto periodo de tiempo, ya que “se está trabajando en toda la tecnología y en toda la plataforma de conexión. Esperamos que después de verano ya podamos empezar a tener las primeras unidades”, añade Ramos.

Teleasistencia predictiva a partir de IA

Mucho más allá está la llamada teleasistencia predictiva. Esa vendrá después y utilizará la inteligencia artificial mediante sensores en más de un millar de domicilios.

Arancha Ramos explica que “se trata de un programa que detecta hábitos y rutinas, a partir de la inteligencia artificial. No es invasivo, porque no tiene cámaras ni escucha nada, solo toma mediciones de rutinas a nivel de temperatura, luz, entradas y salidas de casa. Si el dispositivo ve una anomalía fuera de esos hábitos manda una información con un aviso para comprobar que todo está bien”.

De esta manera, abunda, se consigue que “aquella persona que no tiene en su entorno a un tercero que pueda ver cómo evoluciona su deterioro o su enfermedad podamos intervenir e implementar medidas que le faciliten el estar en su casa que es lo que todos quieren”.

El Grupo de Ingeniería Electrónica Aplicada a Espacios Inteligentes y Transporte (GEINTRA) de la Universidad de Alcalá lleva años colaborando con la Junta de Castilla-La Mancha y el Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara sobre estas cuestiones. La ingeniería electrónica trabaja también a favor de la España vaciada.

Este lunes se ha dado a conocer cómo funciona tanto la teleasistencia predictiva como la proactiva. El proyecto piloto se encuentra en el Centro de Demostración y Experimentación en Teleasistencia (CEDETEL), en Toledo, en el que participa la empresa Tunstall Healthcare Group. Es un 'laboratorio' para probar, adaptar y experimentar con este tipo de tecnología, antes de su implantación definitiva.

“La Teleasistencia en Castilla-La Mancha no es solo una prestación social, sino una política pública de innovación al servicio de las personas”, comenta la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. “Este es un centro de experimentación, de investigación, de demostración de todos los recursos y servicios que tenemos en nuestro contrato de teleasistencia”, que cuenta con una financiación total de 42,9 millones de euros hasta 2028, cofinanciados por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que se adjudicó a Tunstall Televida.

En este lugar, el CEDETEL, se recrea el interior de una vivienda con todos los dispositivos en uso en el servicio. Allí se ensayan soluciones como sensores de caídas, detectores de humo o gas, sistemas de teleasistencia móvil, activadores por soplido o la plataforma de ejercicios cognitivos, además de tecnologías predictivas y proactivas para detectar alteraciones de hábitos o combatir la soledad no deseada. De paso sirve como aula formativa para profesionales y entorno de participación para colectivos sociales.

El servicio de teleasistencia de esta comunidad autónoma atiende en la actualidad a 81.163 personas, tiene más de 63.900 terminales instalados, el 98 por ciento de ellos digitales. Según la Consejería de Bienestar Social, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor implantación del modelo público y universal de teleasistencia avanzada, superando en más de un 40 por ciento la media nacional. “Podemos decir que somos líderes en cantidad y en calidad en teleasistencia en España”, presume García Torijano.

En Castilla-La Mancha trabajan más de 160 personas en el servicio de teleasistencia, la mitad están en Guadalajara.

Ahora mismo en La Rioja, el servicio de teleasistencia tiene 3.765 usuarios, un recurso esencial cuya demanda, informan desde el Gobienro de La Rioja, ha crecido en los últimos años por lo que es evidente la “necesidad urgente” de seguir fortaleciéndolo. Este martes, el Consejo de Gobierno ha autorizado destinar 2,7 millones a la mejora del Servicio de Teleasistencia Avanzada para Autonomía Personal y Dependencia.

El objetivo de esta iniciativa es garantizar la atención personalizada y continua a personas en situación de dependencia, promoviendo su permanencia en el hogar en condiciones de seguridad y calidad de vida. El servicio de Teleasistencia, activo las 24 horas del día durante todo el año, se presta mediante tecnología de comunicación e informática específica. Proporciona respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, soledad, aislamiento o inseguridad, favoreciendo así la autonomía personal.

En la actualidad, 3.765 riojanos son usuarios del sistema de teleasistencia, un recurso esencial, cuya demanda ha crecido de forma constante en los últimos cinco años, lo que evidencia la necesidad de seguir fortaleciéndolo.

La nueva licitación se tramitará por procedimiento abierto y tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos. Está previsto que el nuevo contrato entre en vigor el próximo 1 de octubre. El desglose presupuestario es el siguiente: 

Con esta medida, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con el bienestar de las personas mayores y dependientes, promoviendo servicios públicos de calidad que favorezcan su autonomía y seguridad.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado el contrato para el servicio de teleasistencia a personas dependientes por más de 8,3 millones de euros y un periodo de tres años, prorrogables por otros dos.

El objetivo es potenciar la autonomía personal de los beneficiarios y contribuir a que permanezcan en su medio habitual de vida evitando el desarraigo y asegurando su asistencia de forma ininterrumpida e inmediata en caso de emergencia, inseguridad, soledad o aislamiento.

En 2024, el servicio atendió a 3.660 personas y se estima que este año llegará a 4.275 y el próximo a 4.403 personas, según ha indicado el Ejecutivo regional.

El servicio incluye el de teleasistencia avanzada que permite a los usuarios, accionando un dispositivo de control remoto o un pulsador, entrar en contacto verbal 'manos libres' las 24 horas del día y todos los días del año con un centro atendido por personal específicamente preparado. Además, el centro conectará periódicamente con el beneficiario para hacer un seguimiento o detectar situaciones de emergencia o de riesgo en el hogar (escape gas, incendio, caída).

Y la teleasistencia avanzada nivel 2 incluye apoyos tecnológicos complementarios dentro y fuera del domicilio, como detectores de apertura de puerta, sensores en puertas de electrodomésticos o detectores de movimiento para detectar cambios en los hábitos o rutinas que alerten de una situación que requiera intervención, y teleasistencia móvil con geolocalización.

En la reunión semanal del Consejo de Gobierno y también dentro del área de Inclusión Social, se ha autorizado el contrato para el servicio de intervención familiar de terapia sistémica con menores y jóvenes con medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores y sus familias. Tendrá un importe de 440.450 euros y será para tres años, con posible prórroga por otros dos.

Además, se ha dado luz verde al contrato para el servicio de programación, organización, gestión y ejecución de las actividades de la Escuela Oficial de Tiempo Libre Carlos García Guadiana por importe de 490.537 euros y un plazo de dos años, prorrogable dos más.

Y en la Consejería de Salud, se ha autorizado el contrato para adquirir equipamiento de anestesiología para los nuevos quirófanos del Hospital de Laredo, por 406.900 euros, y de suministros de material y utensilios para los centros de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, por 245.024 euros.

Asimismo, se ha aprobado ejecutar este año el programa especial de reducción de listas de espera de las mujeres derivadas a los hospitales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) desde el programa de detección precoz del cáncer de mama, para lo que se destinará una partida superior en 50.000 euros a la fijada en 2024.

Este programa se puso en marcha en 2010 con el fin de agilizar la atención en los hospitales de Valdecilla, Sierrallana y Laredo de las mujeres derivadas desde el programa de detección precoz del cáncer de mama y contará en 2025 con una inversión de 163.687 euros.

Por otro lado, a propuesta de Fomento, los consejeros han autorizado el convenio con Adif para la supresión de un paso a nivel en Cabezón de la Sala, dentro de la línea Santander-Oviedo.

Este acuerdo regulará los compromisos de la administración regional y la entidad pública estatal, que prevé una financiación al 50% de las obras, con una aportación total de 1,7 millones cada una hasta 2028.

El convenio prevé la reordenación de la carretera autonómica CA-813 con la construcción de una variante que conecte la N-634 y una pasarela peatonal en lugar del paso a nivel a suprimir.

También se ha autorizado una subvención de 580.000 euros a Terminales de Autobuses de Cantabria para la gestión y explotación de las estaciones de Santander, Torrelavega, Los Corrales de Buelna, Potes, Unquera, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar, Suances, Ontaneda, Sarón, Astillero, Solares, Ramales de la Victoria, Santoña, Laredo y Castro Urdiales.

Finalmente, en Economía se ha autorizado el compromiso de gasto de 7,8 millones para el traslado en helicóptero en intervenciones de salvamento, rescate y protección civil, y transporte y asistencia sanitaria en emergencias atendidas por los equipos del Ejecutivo regional, que destinará a este servicio 2,8 millones anuales entre 2026 y 2028.

El pasado 17 de octubre, Ángeles Pedregal, una vecina de 77 años de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, pulsó el botón del servicio de teleasistencia al ver que se encontraba mal. La mujer explicó a la persona que le atendió que tenía parte de la nariz y la parte central de la boca dormidas, y que el labio superior se le había empezado a hinchar. También notó que los síntomas se le habían extendido a un brazo y que no tenía sensibilidad en tres dedos de la mano. Estaba asustada, pero la operadora la tranquilizó y le dijo que se quedara al lado del teléfono, y que en breve se pondría en contacto con ella un médico. Pasó un rato y, según la versión que ofrece su hija Ángeles Millán a esta redacción, el servicio llamó a su madre de nuevo “pero para decirle que no iba a ir el médico ni tampoco una ambulancia porque no creían que sus sintómas fueran de urgencia”. Luego le explicaron que ya habían avisado a una de sus hijas —“mi hermana Montse”, puntualiza Ángeles–, que al llegar al domicilio y ver el estado de su madre no dudó en llevarla de urgencia al centro de salud.

La pesadilla la narra indignada Ángeles por el trato recibido de la empresa de teleasistencia DomusVi. “Es un servicio que pagamos, y que se supone que está para atender a las personas mayores en situación de emergencia”. “Mi hermana, como vio que no iba nadie a atenderla, la llevó al centro de salud en donde, al saber que está operada del corazón, tiene hipertensión y osteoporosis, decidieron que lo mejor era trasladarla al Hospital Infanta Sofía”. “La atendieron superbién”, reconoce Ángeles.

Pero cuando su hermana volvió de aparcar el coche le dijeron que su madre estaba sufriendo un ictus, por lo que la derivaron al Hospital La Paz, donde ingresó en la unidad de vigilancia de ictus con “lesiones isquémicas en ambos hemisferios”, según el informe médico al que ha tenido acceso elDiario.es. Allí permaneció dos días ingresada para ver la evolución. Y una vez que vieron que había salido de peligro la derivaron de nuevo al Infanta Sofía, donde le hicieron más pruebas para ver si le había quedado alguna secuela, y la mandaron finalmente a casa.

Una vez en casa les llamaron de teleasistencia para ver cómo se encontraba su madre. “Es entonces cuando nosotros les mostramos nuestro descontento aunque sabemos que la operadora hace su trabajo y no tiene la culpa de nada”, sigue contando Ángeles. “Es que cuando ves a tu madre en peligro no piensas en enfadarte en ese momento con nadie, solo quieres llevarla al hospital lo antes posible. No piensas en nada más porque tu cabeza está en otro sitio”, dice.

El servicio de teleasistencia lo contrataron en febrero del año pasado a través los servicios sociales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, regido por el PP, que tiene contratada a la empresa Quavitae Servicios Asistenciales SAU, perteneciente a DomusVi, muy reconocida en el sector. “Pagábamos una cuota mensual de 15 euros, pero después de todo esto nos hemos dado de baja”, confiesa Ángeles. Según el contrato que firmaron se trata de un servicio dirigido a personas mayores que viven solas y se ven de repente en situaciones de emergencia. De hecho, en la página web de la empresa se anuncia la teleasistencia como un servicio “para vivir en casa con la tranquilidad de saber que en caso de caída o de situación de emergencia, desorientación, soledad… Un equipo de profesionales vela por ti”.

“Te indican que en esos casos se pulse el botón y ellos se encargan de que vaya un médico o manden una ambulancia”. “Si mi hermana no la llega a llevar rápidamente al hospital a saber cómo acaba mi madre porque de hecho vieron que también tenía un trombo en la cabeza”, lamenta Ángeles.

Tras presentar el pasado 24 de octubre una reclamación en el servicio municipal de atención al ciudadano la usuaria fue advertida de que “la reclamación no serviría para nada” y de que no gastara energía “porque no va a ir a ningún sitio”. “La empresa no quiere saber nada. Nos dijeron que habían hecho todo perfectamente y que si acaso que denuncie al ayuntamiento o al médico”, dice la hija de la afectada.

Visto su enfado, en el ayuntamiento la intentaron tranquilizar. “Con muy buenas palabras me dijeron que mirarían nuestro caso y que buscarían una solución. Pero yo no quiero una solución monetaria. Quiero dejar claro que esa reclamación no se pone por ningún tipo de interés ni monetario ni nada por el estilo, es para que no le pase a nadie más, para que traten mejor a las personas mayores que son muy vulnerables. Yo contrato un servicio para que te atiendan y no me vale que se echen las culpas unos a otros”, añade Ángeles, que explica que su madre ahora está en casa: “No se ha recuperado del todo, pero ahora tiene mucho miedo”.

“¿Para qué tienen las llaves de mi casa?”

No es la primera vez que se denuncia a la misma empresa por situaciones similares y en el mismo municipio madrileño. Hace aproximadamente un año hubo otra reclamación por presunta negligencia, en este caso de un matrimonio mayor, Natividad Camacho y su marido, Luis José Herrera, de 77 años. Ella, enferma y dependiente, vio cómo su marido quedaba sin atención por parte del mismo servicio de teleasistencia de San Sebastián de los Reyes tras caerse al suelo porque en ese momento “no había personal sanitario para atenderlo, ya que estaba cubriendo otra urgencia”, según les dijeron.

El matrimonio reside en la colonia Rosa de Luxemburgo y es Nati la que cuenta en primera persona el desagradable episodio que vivió entonces. “Mi marido está enfermo. Desde 2018 sufre de insuficiencia cardiaca y le han puesto varios stent, tiene azúcar... en fin, tiene muchas patologías. Debido a su delicado estado de salud se cae con mucha frecuencia”.

“Una noche, creo recordar que fue el año pasado como por estas fechas, se cayó al suelo”, relata. “Como yo no podía con él llamamos a teleasistencia y nos dijeron que no podían venir, que lo sentían mucho, que solo tenían una persona para esos casos y que en ese momento estaban atendiendo otra urgencia”. “Nos informaron de que habían llamado a mi hija que vive en Guadalajara. Pero yo les dije que hasta que mi hija llegara iba a pasar bastante tiempo y que necesitaba que alguien me ayudara ya”, sigue contando Nati.

“Nos dijeron entonces que ellos solo hacen teleasistencia y yo les pregunte que para qué se habían llevado entonces las llaves de mi piso. Me contestaron que es por si alguien puede ir, pero me repitieron que en ese momento era imposible”. “Mi hija vino como a los tres cuartos de hora”. “Puse una reclamación en el ayuntamiento contando el caso y me explicaron que ellos ya habían llamado a mi hija y habían cumplido”.

A Nati toda esta situación, que califica de “surrealista”, le parece “un desamparo total”. “Me dieron a entender como que yo estaba confundida con las obligaciones de la empresa dando la sensación de que la gente mayor no se entera. La realidad es que hay una red de apoyo, pero es mentira, todo está hueco”, lamenta la mujer.

A final su marido no necesitó acudir al hospital. “Lo único que queríamos era ayuda para levantarle del suelo y ver si tenía alguna lesión”, insiste. Poco después desde el ayuntamiento se pusieron en contacto con la empresa. “Entre unos y otros fueron echando balones fuera sin contestar a nuestra reclamación”, añade Nati.

Pese a la decepción sufrida, Nati, a diferencia de la madre de Ángeles, no se ha dado de baja del servicio de teleasistencia de DomusVi con el que firmó un contrato el año pasado. “Al principio pagamos 38 euros, pero luego la Comunidad de Madrid nos dio una ayuda y ahora creo que pagamos 13 euros”. Su marido, que iba a un centro de día, está ahora en una residencia. “Tengo un recuerdo muy desagradable de todo esto”, zanja la conversación Nati. “No nos hemos borrado por si yo necesito algo que también padezco mis enfermedades, pero vamos me parece que el servicio es un desastre y un timo”. “Era la primera vez que pulsábamos el botón de ayuda de teleasistencia que nos habían venido a instalar con maneras muy amables... pero al final creo que es un fraude”.

“Es un desamparo total, hasta que no lo pasas nadie se lo imagina. Te crees que tienes un apoyo y te das cuenta de que en realidad no tienes nada”.

El ayuntamiento rechaza abrir una investigación

El partido local Izquierda independiente ya llevó la primera denuncia a las comisiones del Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes sin que tomaran cartas en el asunto. Ahora ha reclamado al Gobierno del PP que se evalúe la actuación del servicio de teleasistencia y las razones de esta nueva desatención, ya que “no parecen hechos aislados”. Por ello piden que en caso de confirmarse las irregularidades se sancione e incluso se rescinda el contrato con la empresa al considerar que su actuación supone “un incumplimiento del contrato” y un claro caso de “negligencia y dejación de funciones”.

Según recuerda el portavoz de este grupo de la oposición, Juan Torres, “este tipo de servicio existe precisamente para atender situaciones de urgencia y crisis, ofreciendo intervención inmediata, algo que no ocurrió en ninguno de estos casos”. “Nos preocupa mucho que la próxima vez estas negligencias tengan consecuencias aún más graves”, concluye.

El pasado 12 de diciembre, su grupo dirigió una pregunta por escrito al Gobierno del PP para saber si se iba a abrir esa investigación y, en su caso, a aplicar una sanción a dicha empresa. En el escrito de respuesta el equipo de Gobierno niega las acusaciones acerca del presunto mal funcionamiento de la teleasistencia y lamenta “la alarma social sobre este servicio que pueda generar el uso interesado de un caso puntual”.

Además, asegura que tiene “estrecha colaboración y vigilancia sobre la teleasistencia en la localidad y ninguna familia puede temer por este servicio que se presta a sus mayores y que funciona de manera correcta los 365 días del año”. Sobre los hechos narrados y recogidos por esta redacción el equipo de Gobierno municipal cree que se trata de “una acusación gravísima de desatención hacia la persona por la empresa que no corresponde a la realidad”. Finalmente, aseguran que “desde el minuto uno han hablado con la familia y con la empresa” sin problemas.

Esta redacción ha intentado recabar la versión de la empresa de teleasistencia a través de un correo electrónico del servicio de prensa, como se indicó tras contactar con DomusVi, sin recibir respuesta alguna al cierre de este reportaje.

Han pasado ya ocho después de la DANA que ha dejado siete personas desaparecidas en Castilla-La Mancha, de las que se ha recuperado ya cinco de los cuerpos y uno de ellos a falta de poder ser identificado. Esta semana se van conociendo también algunas de las medidas que pondrá en marcha el Gobierno regional para ayudar a las personas damnificadas.

La consejera portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha anunciado que habrá ayudas de emergencia para bienes de primera necesidad. Según ha explicado durante una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Fuensalida para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno habrá tarjetas monedero, con una financiación de 300.000 euros, “para que puedan destinarse a alimentación y limpieza”. También para dotaciones de muebles o electrodomésticos “si han sufrido daños”. Las solicitudes se resolverán en un plazo máximo de cinco días.

Medidas relacionadas con la dependencia y la teleasistencia

También se han aprobado medidas en materia de dependencia en las zonas afectadas. Padilla ha explicado que “se van a tramitar de manera prioritaria para las personas que viven en estas zonas afectadas por la DANA”, las valoraciones de dependencia y del Programa Individualizado de Atención, así como la valoración discapacidad.

“También vamos a priorizar el acceso al sistema de teleasistencia y, en este sentido, vamos, además, a flexibilizar el acceso a estas personas que han sido afectadas”, ha señalado la consejera en esta línea.

Las personas mayores de 70 años, aunque no sean dependientes, si se han visto afectadas, o quizá sus viviendas, tendrán prioridad en el acceso al sistema de teleasistencia. Esa priorización también se aplicará en el ámbito de residencias, “paralizando temporalmente el ingreso externo a estas plazas, para dar prioridad a las personas mayores o con discapacidad que han perdido su vivienda”.

Ayudas en materia de vivienda

Asimismo, en materia de vivienda, Padilla ha señalado que la Junta se encuentra valorando las ayudas destinadas a los inmuebles de 40 familias “que, de hecho, ya están reubicadas de manera provisional en distintos espacios”. “Queremos trasladarles la garantía de que van a tener el apoyo del Gobierno regional”, ha declarado, señalando que desde la administración autonómica no descartan la ampliación a más familias afectadas.

En cuanto a educación, la consejera portavoz ha apuntado que “se está dando clase de manera presencial a todo el alumnado también de zonas afectadas” gracias al traslado de los alumnos de Letur a los centros educativos de Socovos.

Tras ofrecer todos estos datos, la portavoz ha recordado que hoy se ponen en marcha las oficinas de atención a afectados por la DANA en los municipios de Letur y Mira, “es el siguiente paso en la respuesta y gestión de la DANA”.

Gracias a estos organismos, tal y como ha señalado, el Ejecutivo regional podrá tramitar “con carácter prioritario” todas las solicitudes en el ámbito de la Dependencia, “tanto las que estén ya registradas, como las que puedan venir en los próximos días tras la valoración de los daños en el ámbito de la dependencia”, así como la tramitación del PIA (Programa Individualizado Atención).

Este miércoles se han puesto en marcha sendas oficinas de atención a las víctimas en Letur y en Mira, los dos municipios más afectados por la DANA. Ya están en marcha planes de recuperación y mejora para ambas poblaciones con horizonte 2028.

Hoy mismo, se anunciaba también que el presidente regional Emiliano García-Page pedirá ante el Comité de las Regiones, en Bruselas, reforzar y ampliar las ayudas europeas relacionadas con catástrofes naturales, además de poder utilizar los fondos de cohesión o los de recuperación que se pusieron en marcha tras la pandemia para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por el temporal.

La cuarta ola de calor de este verano volverá a dejarse notar este sábado, 10 de agosto, en Castilla-la Mancha. En toda la comunidad autónoma, pero en particular en las provincias de Toledo y Ciudad Real, en las que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por “riesgo importante” ante temperaturas máximas de 40 grados que, en los valles del Tajo y del Guadiana, y también en las Sierras de Alcudia y Madrona pueden superar los 42 grados. Será importante la presencia de la calima a lo largo del día.

En el resto de la región se ha activado el aviso amarillo, también por calor, aunque los valores oscilarán entre los 36 de máxima en las sierras de Cuenca y Guadalajara y los 39 de la Sierra de San Vicente en Toledo.

En cuanto a las capitales de provincia, en Toledo y Ciudad Real se espera una máxima de 41 grados y mínimas que no van a bajar durante la madrugada de los 24 grados en la capital regional y de los 23 en Ciudad Real.

En Guadalajara la mínima no bajará de los 22 grados, 20 registrará la ciudad de Cuenca y la menos elevada la tendrá Albacete, con 19 grados. La máxima de Guadalajara capital será de 39 grados, a los 37 llegará Cuenca y 36 se espera en Albacete.

El domingo el calor dará poca tregua en la comunidad autónoma, aunque se espera una bajada de las temperaturas a partir del lunes.

Riesgo extremo de incendios en amplias zonas de la región

Junto a las altas temperaturas de la ola de calor, el riesgo de incendios será extremo (color rojo) en buena parte de la comunidad autónoma y prácticamente en el resto del territorio el riesgo será muy alto (color naranja en el mapa), según los datos publicados por el Plan INFOCAM.

El Índice de Propagación Potencial (IPP) y el nivel de riesgo en cada municipio puede consultarse a diario en la web que cada año pone en marcha el Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales del Gobierno regional, conocido como Plan INFOCAM, haciendo click en este enlace.

Servicio de Teleasistencia para consultas de los mayores por calor

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene activa la campaña de recomendaciones ante las altas temperaturas para las personas mayores a través del Servicio Público de Teleasistencia durante todo el verano.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha indicado que desde que comenzó el verano, “el Servicio Público de Teleasistencia ha realizado más de 17.000 llamadas a las personas usuarias con indicaciones y consejos para mitigar los efectos de las altas temperaturas y evitar así un golpe de calor”.

Una campaña que tendrá continuidad durante todo el verano porque este servicio “no solo acompaña, presta seguridad a los usuarios y atiende e interviene en situaciones de emergencia, sino que también tiene como objetivo la prevención de estas situaciones con campañas específicas con un valor añadido, en las que los profesionales trasladan información, recomendaciones y consejos sobre diferentes áreas”, ha destacado la consejera.

En este contexto, la titular del área de Bienestar Social ha subrayado que, durante estas llamadas, “los profesionales del servicio recuerdan a las más de 73.203 personas usuarias que deben pulsar el colgante o botón rojo del terminal ante cualquier emergencia para pedir ayuda al servicio, que tiene una atención permanente las 24 horas del día y todos los días del año”.

Este dispositivo hace especial seguimiento de las personas usuarias que tiene mayor riesgo de sufrir algún problema por sus características sanitarias o sociales y refuerza la necesidad de llevar puesto el medallón en todo momento, ha informado la Junta en un comunicado.

Ante las altas temperaturas, las recomendaciones para las personas mayores indican el consumo de agua, frutas y verduras, evitar las comidas calientes, refrescarse a menudo, vestirse con ropa ligera y de colores claros, así como usar calzado cómodo y transpirable.

Por otro lado, los consejos desde el Servicio Público de Teleasistencia refuerzan que las personas mayores no realicen actividades en el exterior o en la calle entre las 12.00 y las 18.00 horas, evitar las exposiciones prolongadas al sol, usar crema solar de protección, sombrero y gafas de sol, así como evitar los transportes públicos llenos y sin aire acondicionado.

Las recomendaciones para las personas mayores indican el consumo de agua, frutas y verduras, evitar las comidas calientes, refrescarse a menudo, vestirse con ropa ligera y de colores claros, así como usar calzado cómodo y transpirable.

Asimismo, en el domicilio, que es donde más tiempo pasan las personas usuarias, las recomendaciones desde el Servicio Público indican bajar las persianas y los toldos durante las horas de sol y abrirlas al atardecer, refrescar el ambiente con ventiladores o aire acondicionado, refrescarse de manera continua, y no realizar ejercicio físico en las horas más calurosas.

Finalmente, en las llamadas que se realizan a las personas usuarias, también se les da información sobre los síntomas que pueden sentir si están sufriendo un golpe de calor, como tener mucha sed, dolor de cabeza intenso, piel caliente y roja, debilidad, mareos o náuseas, entre otros.

Una persona con el máximo grado de dependencia reconocido en España (grado III) tiene derecho a una ayuda a domicilio sufragada con fondos públicos de dos horas y media al día. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales muestra con este ejemplo la falta de desarrollo de los servicios de atención domiciliaria en la última década.

La cuestión no es menor, puesto que estos servicios son la piedra angular de la transformación del modelo de cuidados que quiere liderar el Ministerio de Derechos Sociales. Sin un fuerte impulso, advierte el último informe presentado este jueves por la organización, va a ser muy difícil avanzar en la “desinstitucionalización” propuesta por el Gobierno. Es decir, en el traslado de los cuidados de las residencias a los hogares para que las personas puedan permanecer el máximo tiempo posible en su entorno.

La ayuda a domicilio llegó en 2022 casi al mismo porcentaje de personas que en 2010 (un 5,5% frente a un 4,7%) y mantiene una “baja intensidad”. O sea, cubre muy pocas horas. O al menos no las necesarias para atender las necesidades de los usuarios. La media son 33,6 horas al mes: desde las 15,3 de los dependientes de grado I a las 57,3 de los de grado III. “Apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente ya que, según establece la propia ley, son personas que necesitan apoyos de forma permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria”, subraya el informe.

La teleasistencia, que también forma parte de los servicios de atención domiciliaria, sí ha experimentado un cierto despliegue en los últimos doce años. También porque su coste es bastante inferior, unos 15 euros al mes, según los gerentes. Se trata de un dispositivo que la persona puede llevar encima, a modo de colgante, o tener instalado en casa y le permite conectar con una línea telefónica las 24 horas al día en caso de cualquier necesidad o urgencia. Si en 2010 se beneficiaban del servicio un 8,1% de los mayores de 65 años, en 2022 el porcentaje escala hasta el 10,2%.

Sin embargo, la evolución no alcanza ni mucho menos los objetivos que se marcaron en el Plan de Choque del año 2020: “establecer la teleasistencia como un derecho subjetivo del que se beneficiaría toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio”. Según el análisis de los gerentes, en 2021 se dieron 37.825 servicios más de teleasistencia, pero quedan “760.000 personas para alcanzar la cobertura del 100%”. A este ritmo se necesitarían 23 años para llegar a la meta. “Los últimos datos disponibles, correspondientes a mayo 2024, dicen que sólo hay 479.492 personas con teleasistencia de las 1.169.777 que reciben prestaciones en su domicilio (40,6%)”, concreta el informe.

Los centros de día, considerados un servicio “complementario” al domicilio, no salen mejor parados. La evolución es “escasa o nula”, con una “cobertura muy limitada, casi marginal”. La implantación se mantiene invariable, incluso con una ligera reducción de centésimas, desde el año 2010 al 2022: acuden a ellos un 0,7% de las personas mayores de 65 años; un 0.96% si tomamos como referencia a los que tienen más de 70. La asociación lleva tiempo recomendando un aumento en la edad de la población de referencia para medir a cuánta gente llevan los servicios. Mantener los 65 años no permiten dibujar un panorama acorde con la realidad, aseguran.

“El Ministerio de Derechos Sociales debería plantearse esta situación a la hora de proponer estrategias de desinstitucionalización, ya que una base tan débil de apoyos domiciliarios puede frustrar sus contenidos si no hay una decidida apuesta económica que varíe las tendencias de los últimos 12 años y que incremente de manera substancial la cobertura y las intensidades de estos servicios y prestaciones”, señala el informe, que advierte de que, de no producirse cambios sustanciales, se estarán generando “expectativas irreales”.

Más gasto en servicios sociales

Más allá de estos servicios, la situación general de los servicios sociales en España arroja datos más positivos que negativos. Por un lado, sube el gasto por habitante: 512 euros al año en 2022 frente a los 309 en 2015. Por otro, se incrementa hasta un 10,24% el porcentaje de presupuesto ordinario que las administraciones dedican a los servicios sociales, el “nivel más alto de la serie”.

Este dato se explica, principalmente, por la inyección de dinero por parte del Gobierno a las comunidades para atajar las esperas en dependencia. La inversión, iniciada en 2020, responde al nombre de Plan de Choque y para este 2024 se traduce en una transferencia de 783 millones de euros. El incremento –aunque ha sido utilizado por algunas comunidades para reducir su propia aportación y eso les ha supuesto una penalización– ha permitido aumentar las personas atendidas, las cuantías y los tiempos de espera, pero todavía hay decenas de miles de usuarios que fallecen esperando su prestación.

“Sin embargo, ha retrocedido por segundo año consecutivo el porcentaje del PIB que se destina a servicios sociales públicos, pasando del 1,88% en 2020 al 1,81% en 2022”, el último año con datos oficiales, señala el informe. “Estas 7 centésimas hubieran supuesto aproximadamente un incremento de 134 millones de euros en los presupuestos de servicios sociales de las Administraciones en 2022 si se hubiera mantenido el porcentaje del PIB del año 2020”, calculan los gerentes, que lo observan como un “dato preocupante” porque “quiebra una tendencia creciente” que, aunque suave, se mantenía desde 2014, cuando los recortes tocaron fondo.

Los recursos de los servicios sociales dirigidos a las personas mayores, como los centros de día, la teleasistencia o la ayuda a domicilio, están estancados. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales alerta del “deterioro” de la cobertura para esta población, la “más afectada por la pandemia”, pese a la inyección económica del Gobierno a las comunidades autónomas de 600 millones de euros para reflotar el sistema de dependencia.

Traducido en cifras: la ayuda a domicilio, por ejemplo, alcanza a un 5% de las personas mayores de 65 años en todo el territorio –con mucha desigualdad en función de las comunidades– y la teleasistencia a un 9,9% de la misma población. Son datos de 2021 y ambas coberturas eran ligeramente superiores, una décima, en 2020. El único parámetro que ha mejorado en este ámbito es la media de horas mensuales por beneficiarios. La entidad, que ha presentado el informe Índice DEC este viernes, quiere esperar a confirmar esta tendencia de estancamiento con los datos de 2022, que aún no están disponibles.

“Los servicios sociales han conseguido tener un sistema de protección social de derechos sobre el papel. Se ha avanzado mucho en normativa con leyes de servicios sociales y estamos en la agenda pública, pero la cobertura sigue siendo la misma que hace 12 años y eso es terrible”, ha explicado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. La práctica, ha reiterado, “no está acompasada con las leyes”. La asociación también asegura que la aportación de las comunidades y las entidades locales en este ámbito sigue siendo inferior a hace una década y sugiere que los gobiernos han usado “el incremento de financiación estatal para reducir sus propias aportaciones en lugar de para ofrecer más y mejores prestaciones y servicios”.

Si ampliamos el foco, 13 comunidades han mejorado sus servicios sociales. La asociación mide la situación de cada comunidad a partir de distintas notas de acuerdo a factores como la existencia o no de una ley actualizada y desarrollada, su porcentaje de gasto respecto al PIB, la ratio de trabajadores, la cobertura de prestaciones o el número de plazas públicas en residencias.

Son una veintena de factores y, considerándolos todos, Murcia se queda a la cola con un 3,1 sobre 10; seguido de Cantabria y Madrid, con un 3,8. En el extremo opuesto se sitúan Navarra, Castilla y León y La Rioja, que tienen, respectivamente un 7,4, un 7,3 y un 6,38. El informe subraya el “esfuerzo” de avance de Canarias y la Comunitat Valenciana, que hace cuatro años ocupaban las peores posiciones y ahora se encuentran en el medio de la tabla, en los puestos 10 y 12 entre las comunidades, respectivamente.

Cinco comunidades retroceden

Las cinco comunidades que, pese a la inyección, no han avanzado en el último año son Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Catalunya, según la recopilación de datos, basada no solo en la inversión, sino también en los derechos reconocidos y la cobertura efectiva con esa financiación.

La mejoría global se basa sobre todo, según los gerentes, en los avances en normativa. Sin embargo, el gasto que realizan las administraciones se ha frenado en casi todas las comunidades. El incremento entre el 2020 y el 2021 es del 3,5% en un contexto de gran necesidad de cobertura de los servicios sociales con el golpe de la pandemia. “Eso refleja en las limitaciones de los recursos”, han confirmado los autores del informe, que además de alertar sobre el deterioro de los servicios dedicados a personas mayores advierten de la mala situación de las rentas mínimas de inserción “como consecuencia de la implantación del ingreso mínimo vital”.

En los años 2020 y 2021 se ha reducido el número de preceptores de estas RMI un 19%, con 150.431 perceptores menos al finalizar 2021 que en 2019. La entidad también ha resaltado que “la inversión de las comunidades autónomas en los servicios sociales ha aumentado un 10% respecto al ejercicio anterior pero sigue por debajo de lo que se dedicaba antes de la pandemia”.

Un año más, las cifras confirman las hondas desigualdades entre comunidades: Extremadura tiene un 65% más de gasto por habitante en servicios sociales (561 euros) que Murcia (340). El porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas destinan a Servicios Sociales en el País Vasco (3,1%) o Canarias (2,6%) triplican el que destinan las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, con solo el 1,0%.

Y estas diferencias de gasto se manifiestan en la cobertura de prestaciones y servicios en los diferentes territorios. Por ejemplo, el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (3.241) es casi cinco veces superior a Navarra (689) y el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores es 4,4 veces superior en Castilla y León (5,96%) que en la Comunitat Valenciana (1,15%). La Comunidad de Madrid, con 8,96%, ofrece una cobertura 17 veces mayor de ayuda a domicilio que Extremadura (0,53%). Y mientras La Rioja ha incrementado un 56% los perceptores de sus rentas mínimas tras la implantación del IMI (ingreso mínimo de inserción), Murcia los ha reducido un 62%.

La Diputación de Cáceres reforzará la Comunidad Terapéutica Charo Cordero, que gestiona Cruz Roja en Plasencia, para avanzar en la adecuación y mejora de este centro. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con el presidente de Cruz Roja Española en Extremadura, Jesús Palo, para evaluar la colaboración que ambas entidades mantienen, tanto en materia de teleasistencia como en otros ámbitos de ayuda humanitaria o centros y servicios concretos.

Precisamente, en este encuentro, se ha hecho referencia a la Comunidad Terapéutica Charo Cordero, el centro que gestiona Cruz Roja en Plasencia y que se dedica al tratamiento y la reinserción de mujeres con problemas de conductas adictivas, con o sin hijas e hijos, en régimen interno, el primer centro de estas características en la provincia en el momento de su apertura, que fue en 2021, y para el que la Diputación de Cáceres aportó 60.000 euros.

A este respecto, Morales ha adelantado que se profundizará en esta colaboración de cara al presupuesto de 2024, con el fin de avanzar en la adecuación y mejora de este centro, que se encuentra en la Finca Capote, en la carretera de Montehermoso, en el término municipal de Plasencia.

Además, se continuará con el trabajo conjunto que se está realizando para la prestación del servicio de teleasistencia, que atiende en torno a 2.000 personas de municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

Se trata de un servicio en el que la Diputación se ha volcado en los últimos años para ir incorporando medios tecnológicos y ofrecer mayor autonomía a las personas usuarias, ya que se incluyeron medidas para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva, del habla o con limitaciones del movimiento, además de trabajar en la perspectiva de género, ya que más del 85% de las personas demandantes del servicio son mujeres.

A todo esto se añade la implicación y la colaboración puntual ante nuevas situaciones, como puede ser la guerra de Ucrania. Al inicio del conflicto, la Diputación aportó 20.000 euros de ayudas para, a través de Cruz Roja, adquirir y enviar elementos de primera necesidad a la población afectada. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sacado a licitación el nuevo contrato del Servicio Público de Teleasistencia por 54,2 millones de euros con una duración inicial de cuatro años, hasta 2028, y con la posibilidad de ser prorrogado por otra anualidad. El Portal de Contratación de Castilla-La Mancha recoge los detalles de la licitación de este contrato al que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 8 de septiembre.

Según ha explicado el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, se trata de una medida para incorporar a 5.000 personas beneficiarias en los próximos años y “poder rebasar los 20.000 beneficiarios a futuro”. El viceconsejero ha cifrado en 67.000 beneficiarios los que actualmente disfrutan del servicio en la región, “lo que supone un 30 por ciento más de los que se tenían hace apenas cuatro años y la idea es poder estar en torno de los 90.000, incluso poder llegar a 93.000 en el horizonte del año 2028”.

Javier Pérez ha afirmado que el Ejecutivo regional hace una “apuesta clara” por la teleasistencia de calidad, universal y gratuita en la región. Entre las principales novedades que incluye el nuevo contrato, destaca la implantación de la teleasistencia avanzada “que se va a establecer en tres niveles de atención en función de las necesidades de los usuarios”. También se va a avanzar en la digitalización de los terminales con el objetivo de pasar del 18 por ciento actual al 95 por ciento de terminales digitales “mucho más fiables que nos permitirán incorporar nuevas prestaciones a futuro”.

Además, ha señalado el viceconsejero, “también se van a incrementar en 1.200 los terminales de geolocalización, que nos van a permitir el seguimiento de las personas mayores y con dependencia no solamente en su domicilio, sino también fuera de él, así como la incorporación de 1.000 dispositivos de seguimiento de las alteraciones en los hábitos de las personas mayores en el domicilio”, lo que facilitará detectar y prevenir situaciones de riesgo.

Junto a estas novedades también se incrementarán los dispositivos de tecnología avanzada como detectores de fuego, gas y humo, caídas y movimiento y se incorporarán nuevos programas de envejecimiento activo y participación, de atención a situaciones de soledad no deseada, prevención del deterioro cognitivo, formación de cuidadores y un programa de detección de posibles malos tratos a personas mayores.

Recomendaciones ante el calor para personas mayores y con dependencia

El viceconsejero Javier Pérez se ha referido también a la campaña de recomendaciones ante el calor para las personas mayores a través del Servicio de Teleasistencia, “que hace una monitorización de las condiciones climáticas en cada una de las provincias y que ya lleva en estos dos meses más de 1.500 llamadas recordando las recomendaciones para prevenir golpes de calor e insistiendo en la necesidad de llevar la pulsera y el collar con el pulsador, así como la necesidad de que, ante cualquier dificultad, pulsen en el botón rojo para pedir ayuda”.

En la campaña informativa que permanecerá activa durante los meses de verano, se da a conocer a los más de 67.800 usuarios del servicio los peligros de las altas temperaturas y las olas de calor, así como las recomendaciones que deben seguir para paliar y sobrellevar sus efectos.

En este sentido, Javier Pérez ha recordado algunas recomendaciones como mantenerse hidratado, evitar las comidas calientes, la cafeína o el alcohol, vestirse con ropa ligera y holgada, así como usar calzado cómodo y transpirable.

Además, es aconsejable no realizar actividades en el exterior entre las 12 y las 18 horas, evitar la exposición prolongada al sol, usar crema solar de protección, sombrero y gafas de sol, así como evitar los transportes públicos llenos y sin aire acondicionado.

Por otro lado, en el domicilio, las recomendaciones indican bajar las persianas durante las horas de sol y abrirlas al atardecer, refrescar el ambiente con ventiladores o aire acondicionado y refrescarse de manera continua. En casi de notar síntomas que puedan corresponderse con un golpe de calor, como sed, mareo o náuseas, debilidad, dolor de cabeza intenso, temperatura corporal demasiado baja o demasiado alta, así como piel caliente, roja y seca pulsar el botón rojo del colgante o pulsera de la teleasistencia para activar el envío de ayuda al domicilio.

Como tantas otras localidades, El Hoyo, una pedanía de la localidad de Mestanza en la provincia de Ciudad Real, casi en Jaén, suele atraer más población en verano. Es casi tradición de las familias volver a los lugares de origen en los meses más tranquilos del año. O así era hasta que, a principios de julio, el pueblo sufrió grandes problemas de cobertura que dejaron a la localidad prácticamente aislada. “Hasta el día 15 no hubo nada de servicio, ni fijo ni móvil, ni siquiera funcionaba el botón de teleasistencia”, asegura Elena Ruiz, cuyos padres viven en la pequeña pedanía. Desde el día 15, por otro lado, aunque ha vuelto la cobertura, funciona de manera “intermitente”. “Así estamos, hay días que hay, otros que no, va a ratos”, señala.

Mucha gente mayor vive sola y aunque tiene el botón de teleasistencia, en estos días no ha funcionado

Elena Ruiz — Vecina de El Hoyo (Ciudad Real)

Lo que sí funciona es el Wi-Fi, pero no siempre tampoco, con el que se pueden hacer videollamadas para ver cómo están los ciudadanos que viven de forma permanente en el pueblo. “Yo sólo voy los fines de semana, porque trabajo fuera. El verano pasado podía teletrabajar, pero este año el servicio no lo permite. Incluso, la única oficina de Globalcaja que viene a la localidad, los viernes, tuvo que irse porque no había cobertura, servicios ni red y no se podía hacer nada. Así que el pueblo se quedó sin servicio y tuvieron que esperar una semana o ir a Puertollano, que es el gran núcleo más cercano, para poder hacer sus recados en el banco”, explica.

Elena explica que viven menos de 200 personas en la pedanía, “casi todo gente mayor jubilada”. “En verano la población aumenta mucho, en especial por la gente joven que llega con las vacaciones. Pero ahora la situación es muy complicada. Me preocupan mis padres, pero ellos por lo menos viven juntos. Si a alguno le pasa algo, sé que va a pedir ayuda, pero mucha gente vive sola y aunque tiene el botón de teleasistencia, en estos días no ha funcionado. ¿Y por la noche? Es muy complicado para ellos poder comunicarse con ellos”, asegura Ruiz. “Al final los afectados siempre somos los vecinos”, remata.

Desde la Consejería de Bienestar Social, explican que se ha comprobado que el servicio de teleasistencia funcionaba en esta semana de julio, la última. Son 16 los usuarios activos en la pedanía, y se ha testado que las pulsaciones del servicio funcionan sin problema. Sin embargo, eso ha sido durante la última semana, no en la primera o la segunda de este mes de julio, que es cuando apuntan los vecinos a que hubo problemas.

Elena lamenta que los responsables políticos no se hagan cargo de la situación, con la excepción de Ignacio Gutiérrez, el alcalde socialista de la pedanía. Está indignado, preocupado, furioso. “Hemos estado incomunicados totalmente, aunque ya llevamos tres días en los que se ha ido nada, y eso lo celebramos. Pero, ha sido un mes lo que hemos estado sin comunicación alguna y luego con cortes y en esta situación llevamos meses”, explica el edil. “Por supuesto que he denunciado, he hablado con Telefónica que tiene que tener por lo menos una treintena de incidencias sólo mías. También lo he llevado hasta Consumo”, asegura Gutiérrez.

Por supuesto que he denunciado, he hablado con Telefónica que tiene que tener por lo menos una treintena de incidencias sólo mías. También lo he llevado hasta Consumo

Ignacio Gutiérrez — Alcalde de El Hoyo (Ciudad Real)

El alcalde asegura que en la pequeña pedanía, que se localiza en las estribaciones orientales de Sierra Morena, en concreto en la parte que se conoce como Sierra Madrona, llegó un momento en julio en el que no se podía contactar ni con el 112 ni con el servicio de Teleasistencia. “Le aseguro que hay más de cien vecinos afectados por esta situación. Figúrate, por favor, el problema que hemos tenido que es muy serio”. Está dispuesto a todo con tal de conseguir que esta situación no se repita. “Incluso a enfrentarme a mi partido. Les he dicho que ya no se puede aguantar, porque mi prioridad son mis vecinos”, asegura.

Le ha afectado personalmente, comenta. “No he dormido de la preocupación. Me sentía mal por mis vecinos, yo mismo me autoculpaba y me sentía responsable de la situación. Las noches eran lo que más me preocupaba. Imagínate que hubiera habido cualquier problema serio, pues yo me iba a la cama sin dormir. No ha habido ningún problema serio”, por suerte.

De todos modos, no está contento con la situación actual, que ha mejorado. Advierte de que “si tengo que irme a Bruselas a reclamar que tengamos la conexión que nos merecemos, lo haré”.

En su opinión, “es una situación realmente lamentable, la verdad”. “Ves que todos los días se habla de la España vaciada en la televisión. Yo entiendo que puede haber una avería y que se tarde dos días en solucionarlo. Lo que no entiendo es estar semanas preocupado, sin dormir, porque al fin y al cabo yo soy una persona y me siento responsable por los míos”, describe el edil socialista.

Además, asegura que también hay un problema en la economía del pueblo. “Ya se me han ido personas a pasar el mes de julio, y que podrían haber trabajado desde aquí, pero se han tenido que ir. Muchas otras personas tenían planeadas sus vacaciones para finales de julio y no han querido venir. Siempre pagamos las consecuencias los que vivimos en los pueblos”, remata el socialista.

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Un total de 72 municipios de Extremadura de menos de mil habitantes se beneficiarán del programa piloto de teleatención domiciliaria para personas mayores impulsado por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y dotado con más de 3 millones de euros.

Así lo ha comunicado el director gerente del SEPAD, José Vicente Granado, en una rueda de prensa previa a la presentación del nuevo servicio a la que han acudido alcaldes y personal técnico de algunos de estos municipios, que disponen de centros residenciales con menos de 21 plazas, centros de día o pisos tutelados.

La puesta en marcha de este servicio, ha explicado Granado, tiene como objetivos prioritarios promocionar la autonomía de las personas mayores, paliar la soledad “no deseada” y retrasar su institucionalización. Asimismo, con este programa se pretende llevar a cabo la transformación de los centros de día y pisos tutelados a un nuevo tipo de espacios denominados “centros polivalentes prestadores de servicio a la comunidad”, ha expuesto el director del SEPAD.

La Junta de Extremadura ha invertido más de 3,2 millones de euros para impulsar esta iniciativa que cuenta con la experiencia previa de un programa similar que se había implantado en otros municipios de la región como San Pedro de Mérida, Pozuelo de Zarzón o Tamurejo, entre otros.

Se han repartido 44.000 euros a disposición de cada uno de los 72 municipios para que cada ayuntamiento determine las actuaciones y usos a desarrollar con estos fondos de una manera “flexible”, de modo que se amolden a las diferentes realidades y vicisitudes de su entorno. “No se pone ninguna limitación, lo que sí se exige es que sean actuaciones destinadas a la teleatención, y por lo tanto, estén en relación con la teleasistencia avanzada, la ayuda a domicilio, servicios de catering o contratación de profesionales como fisioterapeutas” entre otras medidas, ha señalado Granado.

Igualmente, ha puntualizado que los profesionales contratados deberán ofrecer un servicio de teleatención domiciliaria, de manera que “podrían atender en una sola sesión a 10 o 12 pacientes”.

Esta iniciativa es un primer paso en la transformación hacía un nuevo modelo de atención, “si esto funciona, el objetivo y compromiso que tiene esta consejería es el de ampliar los recursos para poder implantarlo en toda la comunidad”, ha asegurado.

En el caso concreto de la localidad de San Pedro de Mérida este tipo de iniciativas se han desarrollado desde 2014 y los servicios de asistencia a mayores se completarán ahora con este nuevo programa, ha explicado su alcalde, Andrés Pérez. “Vamos a mejorar la red que teníamos montada y ampliaremos la teleasistencia a través de dispositivos multimedia”, ha señalado.

Por su parte, las alcaldesas de Pozuelo de Zarzón y Tamurejo, Sheyla Martín y Rosa María Araujo, respectivamente, han coincidido en destacar que los fondos recibidos desde la Junta han brindado la posibilidad de contratación de profesionales y así estabilizar a la población en sus localidades.

Sobre la residencia de Coria, Granado ha señalado que tras reunirse con el alcalde de la localidad cacereña, la Junta se ha comprometido a colaborar con el ayuntamiento a través de un concierto social para que siga ejecutando la gestión de la misma durante 2023.

Igualmente ha asegurado que se ha establecido el año 2024 como fecha para la cesión de dicha gestión de manera conjunta con la del centro de día de la localidad, que actualmente se encuentra cerrado. 

Abres los ojos. Hoy parece que, al fin, ha salido el sol. Es buena noticia porque llevaba varios días lloviendo y la ropa seguía húmeda en el tendedero. Sales de la cama de un ligerísimo brinco. Pasas por el baño. Te humedeces la cara. Pones la cafetera en el fuego; comienza a producir su sinfonía de sonidos y olores habitual. Metes en la tostadora dos rebanadas de pan que untas con margarina (el médico no te deja tomar más mantequilla) y mermelada. Desayunas con la tele encendida, que siempre está ahí, de fondo, como un murmullo. Te desprendes de la bata y te vistes con ropa de calle. Bajas al supermercado. Llevas anotado en una libreta lo que necesitas: Fairy, cebollas, patatas, yogures, desatascador, manzanas, pescado (cualquiera que no esté caro). “La maldita inflación”, exclamas. Igual lo has dicho demasiado alto, bueno pues si te han escuchado que te escuchen, qué más da. Aprovechas para pasar por la farmacia y medirte la tensión. Vuelves a casa. Te cruzas con un vecino en el rellano. Va con prisa y no te saluda. Cocinas. Hoy toca lentejas. Siempre te recuerdan a las que te hacía tu madre. Te acuerdas de ella, cómo se veía de espaldas, con su delantal de flores, frente a los fogones. Comes. Te sientas en el sofá y te pones a ver la tele. Hay una persona en el plató que no conoces, seguro que te has perdido algún cotilleo reciente, con quién estará ese liado para estar ahí. Pasas la tarde cambiando de canal en canal. Ya anochece afuera. El naranja colorea los muebles del salón. Cada vez anochece antes, claro, el cambio de hora. Decides adelantar la cena. Será una tortilla francesa con jamón en taquitos. Vuelves al sofá. Hoy emiten el programa ese que tanto te gusta de concursantes que cantan. Te entra sueño pasadas dos horas. Bostezas repetidamente. Recorres el pasillo hasta llegar a la habitación. Miras, de reojo, varias fotos que hay sobre la mesilla de noche. Te tumbas. Tras varios minutos de pensamientos inconexos, te duermes. Has pasado todo el día sin hablar con nadie.

Imagina pasar todo un día sin hablar con nadie. 24 horas sin ni siquiera intercambiar mensajes impersonales a través del teléfono móvil con un familiar, compañero o amigo. Imagina no poder comentar con nadie esa noticia que te ha espantado. En el supermercado te encontraste con ese vecino tan desagradable y no tienes a quién contárselo. Tampoco puedes decirle a nadie, salvo al médico la semana que viene, que has ido a la farmacia y tu tensión está demasiado alta.

Este es el día a día de muchísimos ancianos. Esta semana, La Vanguardia publicó que la mitad de las llamadas al servicio de teleasistencia de la Diputación de Barcelona se realizan con el único objetivo de “hablar un ratito”. El 50% de las interacciones entre los usuarios, mayormente mujeres, son de personas que quieren comentar algún dato al servicio y, sobre todo, “conversar un ratito para aliviar la soledad”.

Pero es un error pensar que la soledad no deseada, ese virus que se expande sin medidas de contención, afecta solo a los mayores. Hace cinco años escribí un reportaje sobre un proyecto piloto que había puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid (‘Madrid vecina’) para paliar la soledad no deseada en varios barrios de la ciudad. El proyecto pretendía convertir a los comercios de los barrios en puntos de encuentro, como ocurre en los pueblos, como ocurría en las tiendas de toda la vida. Los dueños de las tiendas me contaron que por allí pasaban también bastantes personas jóvenes.

¿Tú cómo reaccionarías si un vecino, joven o mayor, te parase en el portal o en una tienda del barrio y te dijese que se siente -o que está- solo? Probablemente con lástima. Quizá te parecería extraño, intrusivo; puede que te incomodase. Tranquilo, no te sientas culpable, no es solo tu culpa. Los remedios reales para paliar la soledad no deben dirigirse solo las personas solitarias, o las personas que se sienten incómodas con la soledad ajena, sino al sistema que las hace solitarias, a la columna vertebral de ciudades que socavan la soledad. Los expertos coinciden en que para paliar la soledad hay que reestructurar nuestras vidas en torno a las personas. Y en este momento, en esta sociedad, en este sistema, nuestras vidas se estructuran fundamentalmente en torno al trabajo.

Unas 4.000 personas está previsto que se acojan en Extremadura al sistema de teleasistencia avanzada personalizada que pondrá en marcha la Junta mediante un convenio con Cruz Roja y que tiene un coste de 3,6 millones de euros, financiados con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este sistema, enmarcado en el nuevo modelo residencial diseñado en Extremadura para que los mayores de la región residan el mayor tiempo posible en sus domicilios, ha sido presentado este lunes por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles; y el presidente de Cruz Roja Extremadura, Jesús Palo.

La teleasistencia avanzada e implantará primeramente en las localidades de Mirandilla, Valdelacalzada, Torrejoncillo, Eljas, Esparragosa de la Serena, Holguera y Moraleja, y posteriormente se ampliará al resto de la comunidad autónoma.

Vergeles ha indicado que si algo se ha comprobado con la pandemia, es que los mayores institucionalizados se desarraigan y sufren un proceso de envejecimiento acelerado, de ahí este sistema que permitirá vivir a los ancianos, como desean la mayoría, el mayor tiempo posible en sus casas, “coordinando los servicios de protección social y sanitaria”. La teleasistencia avanzada personalizada, por tanto, además del clásico servicio del botón del pánico para la atención de urgencias, prestará apoyo a través de medios tecnológicos dentro y fuera del hogar y la interconexión con los sistemas de información sanitarios y sociales. Así, según el consejero, “la persona irá recibiendo los servicios y las ayudas que necesite en cada momento que lo precise”.

Este sistema posibilitará un mejor control de las enfermedades crónicas, combatirá “la fragilidad de la persona, muy importante para quienes viven solas y de forma especial en el medio rural” y, además, se implantará “guiando y educando” a los beneficiarios para superar la brecha que los mayores tienen con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

José María Vergeles ha explicado que la Junta ha querido implantar la teleasistencia avanzada personalizada a través de un convenio con Cruz Roja, aprobado ya en Consejo de Gobierno, y no mediante un concurso público, para aprovechar la experiencia de la entidad en la materia y la labor de sus voluntarios.

A finales de 2023 está previsto que se beneficien de ella 4.000 personas que la necesiten, con un modelo que permite también a los municipios atenderlas a través de los llamados Centros Polivalentes de Servicios Sociales, que pueden ofrecer catering, lavandería o llevarles la compra a casa

El programa está diseñado para mayores de 65 años, especialmente para mayores de 80 años y lo recibirán aquellas personas que hayan sido valoradas y obtengan alguno de los tres grados de situación de dependencia. Asimismo, está dirigido para personas que vivan solas y tengan muy poca o ninguna red de apoyo social y en el caso de parejas de ancianos en el que mejor está cuida del más débil.

El sistema está adaptado al deterioro cognitivo, por lo que cuenta con sensores de movilidad que permiten conocer dónde está el mayor en cada uno de los momentos, y también para los que tienen déficits sensoriales, auditivos o visuales. Prestará servicios de “telelocalización” dentro y fuera del hogar, de telasistencia móvil accesible, para que se puedan comunicar con los mayores para recordarles tareas pendientes, como que se tiene que tomar la medicación, acudir al médico o hacer ejercicio físico. Además, según el consejero, habrá determinados mensajes que se puedan producir a través de pantallas o televisiones para fomentar la autonomía de los beneficiarios o potenciar su memoria.

Habrá cuatro programas específicos, uno dirigido a personas que viven solas con baja red de protección, para las que se cree que tendrán que instalarse unos 800 dispositivos; y otro para personas afectadas por alguna o varias enfermedades crónicas, de las que se estima que habrá unas 2.200 en la región. Asimismo, un tercer programa irá destinado a personas que puedan estar en situación de maltrato o susceptible de sufrirlo, una cifra que se situaría en Extremadura en 500 personas, aunque el consejero considera que hay una “infraestimación”; y personas con discapacidad sensorial, que podrían ser otras 500.

Por su parte, Jesús Palo ha explicado que el programa consistirá en cinco elementos básicos que se adaptarán a cada uno de los usuarios con dispositivos que “nomotizan” la casa.