La teleasistencia de la Generalitat y la Diputación de Valencia permite avisar a los usuarios sobre emergencias como la dana

Una de las novedosas líneas de investigación que ha abierto la titular del juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, es la del fallecimiento de 37 de los usuarios de la teleasistencia de la Generalitat para personas mayores y con discapacidad. La magistrada quiere saber si a través de este sistema se podría haber hecho algo más por salvar la vida de estos vecinos especialmente vulnerables, por lo que ha iniciado una serie de diligencias con el fin de esclarecer los hechos, entre otras, la petición de los pliegos de condiciones del contrato público para prestar el servicio.

Pero además del contrato de teleasistencia de la Generalitat, existen otros contratos similares de otras administraciones como la Diputación de Valencia. En este caso, un servicio por el que la institución provincial invierte 130.000 euros al mes. A día de hoy y al contrario que la Generalitat, se desconoce si algún usuario de ese servicio de la institución provincial perdió la vida el día de la dana. Tampoco de los que pudiera tener el servicio del Ayuntamiento de València en las tres pedanías afectadas por las inundaciones el 29 de octubre de 2024.

Según ha podido saber elDiario.es, de los pliegos del contrato de teleasistencia de la Generalitat y la Diputación de Valencia coinciden en que una de las opciones que tiene el sistema es el de avisar a los usuarios ante casos de emergencias como la dana.

El pliego de condiciones del servicio por parte de la Generalitat prevé una “respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento” de las personas usuarias. Se trata de un amplio abanico de necesidades que presta un servicio disponible las 24 horas de los 365 días del año, muy valorado por las personas mayores usuarias y por sus familiares.

La empresa adjudicataria, además, dispone de un “protocolo de actuación ante situaciones de riesgo grave y emergencia”, tales como pandemias, “fenómenos meteorológicos adversos (fuertes nevadas, lluvias intensas...)” o “inundaciones” e “incendios”.

En el caso de la Diputación de Valencia, el contrato permite realizar “avisos de prevención (calor, frío) u otro tipo de anuncios generales a personas usuarias de teleasistencia que la empresa prestadora pueda realizar de forma coordinada con las autoridades sociosanitarias territoriales o estatales”. Además, el contrato también especifica que se debe garantizar la “prevención, detectando precozmente las situaciones de riesgo que puedan darse informando de ello a los familiares y los servicios sociales municipales”.

La jueza de la dana solicitó a la Conselleria de Servicios Sociales que le remita los pliegos del contrato y los protocolos de actuación para la “adopción de medidas preventivas para salvaguardar la integridad física” de los usuarios “en casos de catástrofe natural”. De momento, no se lo ha solicitado ni a la Diputación de Valencia ni al ayuntamiento.

Por otra parte, ambos pliegos de condiciones también contemplan la grabación de todas las llamadas que mantienen con los usuarios. Las empresas adjudicatarias llevan días revisando todos los audios para conocer si la actuación se ajustó a lo contemplado en los pliegos de condiciones. Unas grabaciones que la jueza todavía no ha solicitado.