El Gobierno valenciano reclama a Ribera Salud y Sanitas el reintegro del exceso de pagos realizados por efecto de la pandemia

“La concurrencia de un acontecimiento extraordinario y ajeno al riesgo normal del contrato -como fue la emergencia sanitaria derivada de la Covid-19- ha provocado una alteración sustancial de la base económica (...), generando un efecto de arrastre y consolidación de gastos no estructurales”. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) se manifiesta en estos términos en el informe (documento completo al final de la información) que se hizo público el pasado mes de enero.

De esta forma, el órgano advirtió de que la Conselleria de Sanidad habría abonado a Ribera Salud, como empresa gestora de los hospitales públicos de Torrevieja, Dénia y Elche-Crevillente, y a Sanitas, como concesionaria del hospital público de Manises, un precio “inflado” por el servicio prestado por habitante (cápita) a partir del año 2020 al haber consolidado el aumento del gasto registrado de forma extraordinaria como consecuencia de la pandemia.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Sanidad han informado a elDiario.es de que como consecuencia de este informe, se remitió burofax a ambas mercantiles para convocarles a una reunión con el objetivo de abordar la repercusión del mismo en el cálculo de la cápita y por lo tanto de las liquidaciones desde el año 2022, cuando se normalizó la situación. La liquidación es el balance anual que se realiza entre lo abonado por la administración en concepto de cápita y otros gastos asociados a la gestión y los servicios realizados finalmente por la empresa.

Las mismas fuentes han comentado que la primera reunión se celebró el pasado 2 de febrero con el Grupo Ribera y la segunda el 9 de febrero con Sanitas: “Lo primero que se ha hecho ya es solicitar un informe a la Abogacía de la Generalitat con las indicaciones sobre el procedimiento administrativo a seguir para llevar a cabo la correcta aplicación del dictamen del CJC”.

El informe al CJC lo solicitó la propia Conselleria de Sanidad para dar cobertura legal a las liquidaciones realizadas con las empresas concesionarias (actualmente solo queda el hospital de Elche-Crevillente de gestión indirecta). Según el CJC, las liquidaciones calculadas a partir de la pandemia no son correctas puesto que el precio de la cápita que cada año se actualiza en función de unas variables está sobrevalorado por el gasto extraordinario que supuso la pandemia, puesto que una vez se normalizó la situación, no se descontó de la ecuación.

Como informó elDiario.es, la Sindicatura de Comtes puso de manifiesto que Sanidad hizo efectiva en mayo del pasado año la prórroga del contrato con Ribera Salud por la gestión del área de salud de Elx-Crevillente sin corregir este desfase, pese a que un informe de la Viceintervención General para la Administración Sanitaria (VGAS) advirtiera meses antes de esta situación. Incluso la cápita se actualizó al alza, en un 1,50%, quedando por tanto ésta fijada en 1.066,44 euros por persona, como advirtió esta redacción.

Según la Sindicatura, “el efecto del Covid incrementó excepcionalmente los indicadores que sirven de base para el cálculo de la cápita desde 2020” lo que supone “un posible enriquecimiento injusto a favor del contratista, según concluye la VGAS, dado que las liquidaciones son a favor de la concesionaria a partir de esa fecha”.

Al respecto, fuentes de Sanidad ya explicaron que “la prórroga se realizó porque el informe de la intervención fue de conformidad; en este informe de conformidad, el interventor hace la observación de hacer la consulta al CJC, cosa que se hace a continuación. Ese es el orden correcto. Si el informe hubiera sido de disconformidad alegando que antes había que hacer esa consulta al CJC, no se habría formalizado la prórroga”.