Empujón a la razón

En los hospitales como el Arnau de Vilanova se cierran camas a decenas por falta de recursos. A los profesores que educan a nuestros hijos se les niega la subida de sueldo mientras se rebajan los impuestos a los que ganan hasta cien mil euros. Otra vez, esa clase media que obtuvo piso de protección pública en Alicante sale beneficiada de la política fiscal. Esa que, con el dinero de todos, lucha para que no se bajen ratios porque eso afectaría al negocio de centros privados y concertados. Teníamos claro que a los gestores de hospitales y colegios privados les mueve ganar dinero, como a los que fabrican coches. El problema se agrava en los centros concertados, que tienen prohibido por ley obtener beneficio pero lo sacan. Y es de todos, diga lo que diga el TSJ sobre los criterios para renovar conciertos. Y, con ese panorama, los trabajadores de la concertada (los profesores) anuncian huelga para reivindicar mejorar sus condiciones laborales.

Hacen falta fondos para infraestructuras educativas y poder seguir prestando servicios sin depender de nadie pero, cuando llega el momento de sentarse a reivindicar, el gobierno valenciano decide que ya no es urgente debatir sobre financiación autonómica. El PP ha decidido que es más importante hablar con Puigdemont sobre una moción de censura que reunirse con el gobierno central para exigir más de lo que da para la Comunitat Valenciana. Hasta la empresarial valenciana, ya amoldada a los gustos del actual Consell, opina, como muchos empresarios catalanes, que hay que hablar y empezar a desencallar el tema de la financiación. Es incongruente pedir un fondo de nivelación mientras se aprueba el nuevo modelo si no se acude a las reuniones para negociar. Tanto como insistir en el mantra del infierno fiscal cuando las rebajas de impuestos favorecen mucho más a los que ganan cien mil euros que a los que ingresan cinco veces menos. Se puede llamar demagogia, pero es simplemente mentira. Como lo era decir que llegaban para quitar grasa. Fue la cantinela de Mazón en campaña y lo que duró en el cargo. Hoy el PP valenciano gobierna con el Ejecutivo más caro de la historia. Hay que medir mucho más lo que se dice. Y eso sirve tanto para el ex President como para Rovira, incapaz de esconder el sectarismo desde el que evidencia la repulsa que le generan los representantes sindicales (salvo los que van en sus listas) defendiendo derechos y servicios públicos para todos. Y, además, en valenciano. Algo inadmisible para según quién.

Por cierto, en estos tiempos de justicia a dos velocidades y elaboración de informes con grandes cargas de deducción y errores clamorosos, conviene recordar que la máxima exigencia en lo público debe ser con los propios. Estaría muy bien que CGPJ fuera capaz de frenar a los Peinado de turno, como forma de defender a la mayoría de jueces que hacen escrupulosamente su trabajo. Convendría que los sindicatos policiales entre un compañero violento y desproporcionado y una maestra se pusieran del lado de la educación y no del matonismo. Pero, claro, la comprensión y las buenas formas las guardan algunos para las manifestaciones con aguiluchos y otras faunas. Menos mal, que también en el colectivo policial hemos escuchado una sensatez que, aunque minoritaria, aporta un ápice de esperanza. No obstante, ante esta realidad (la de los informes, sindicatos y cargas policiales) se le ve demasiado el cartón al PSOE, incapaz de cambiar esa realidad. Ocho años después el problema es más grave que la década pasada. Va al ritmo de la justicia. Rápido para deducir contra Podemos y Zapatero, y lento como un sentido abrazo a Montoro, González Amador o los manifestantes ultraderechistas. Ah! Y, por supuesto, ante la corrupción, ayudaría mucho a la democracia que los sospechosos propios duraran lo mínimo en los partidos.

Algunos tienen problemas de dinero

El problema, según Rovira, es el dinero. Eso dice, pero él sabe que hay algo más. Pérez Llorca, tan empeñado en ser candidato como en hacer creer que es el bueno de todos los cuentos, ha decidido que su portavoz principal en el conflicto educativo sea alguien que lleva despreciando e insultando a los docentes desde que accedió al Consell. Más allá de la consellera Ortí, quien habla por boca de su presidente es el titular de Hacienda. Con la misma actitud que lo hacía desde la Conselleria de Educación, sigue haciéndolo, creyéndose más cargado de razón que en realidad es altanería, desde que tiene la llave de la caja. Con tan mal estilo, lenguaje y gestualidad que desmonta todos los esfuerzos del que se supone su jefe por parecer dialogante. Si el President realmente fuera como trata de aparentar, no delegaría en Rovira nada. De hecho, no lo habría mantenido en el gobierno porque disimula mucho peor que lo hacía Mazón su desprecio hacia lo público, los trabajadores y los derechos de las personas, también de los niños. Y, mientras el enfrentamiento se recrudece, a la alcaldesa de València no se le ha escuchado ni una palabra de comprensión a los manifestantes de las camisetas verdes ni, por supuesto, con los niños a los que aspiran a educar en condiciones, muchas de las cuales dependen de ella. Pero María José Catalá sí eleva la voz preocupada por si no puede procesionar. Esa es la marcha que le importa más que el estado de los centros educativos ni el calor y el frío que pasan los valencianos más pequeños.

Las columnas que llegan desde tantos puntos, las manifestaciones, las noches al raso y la renuncia a sus sueldos están dando lecciones a diario. Nada es más importante que lo que delegamos en ellos. Y no son solo conocimientos académicos para muchos niños, cuyos padres nunca ganarán cien mil euros. Esas personas con camisetas verdes son su conexión con la sociedad en la que tienen derecho a estar. Hay dirigentes que no entenderán nunca que los centros educativos aportan la estabilidad de la que muchos carecen, son la toma de tierra de muchas familias. En el aula, el comedor o el patio, el cole público es todo lo que mucha gente no puede asumir. Como en todos los colectivos, habrá quien no se gane lo que pide, pero está huelga no va de ellos ni de consellers. Va de lo que los escolares merecen y, desde luego, merecen que no empujen a sus profesores porque los que acaban golpeados en el suelo son los pequeños y jóvenes, condenados a repetir las peores actitudes.