Financiando partidos y no ciudadanos

Los jueces han dicho y dirán cómo y de dónde sacan su dinero los partidos políticos. Al PP lo condenó por hacerlo ilegalmente, al PSOE le están buscando las vueltas por si también lo ha hecho y de Podemos se inventaron, al más alto nivel, que había delinquido para acabar con ellos y, en gran parte, lo lograron. Siendo escandaloso lo que llega a los tribunales, lo que pasa en los despachos también debería indignar más de lo que lo hace. Más allá de escritos, declaraciones y alguna manifestación sonada, que se perdió en la memoria y que hoy sería impensable, la financiación de los ciudadanos sigue a la cola de las preocupaciones. Algo falla estrepitosamente cuando no hemos sabido hacer que cale en la opinión pública la importancia de lo que esta semana han hablado los representantes de los gobiernos central y autonómico, o del PP y el PSOE, como se quiera ver.

Sentados frente a frente el ministro de Hacienda y el President de la Generalitat, aunque, por momentos, la foto correspondía más a la de dos delegados de sus respectivas direcciones nacionales. Uno defendiendo la posición de Pedro Sánchez. El otro, cuidándose mucho de no apartarse ni un milímetro de la línea marcada por Génova. Entre ambos, los valencianos. Como casi siempre.

La Comunitat Valenciana lleva décadas reclamando algo tan extravagante como no ser tratada peor que los demás. No pedía privilegios. No pedía un trato de favor. Pedía que el dinero para financiar la sanidad, la educación o los servicios sociales llegara en condiciones parecidas a las de otras comunidades autónomas. Pedía dejar de ser la autonomía peor financiada mientras acumulaba una deuda gigantesca por intentar prestar los mismos servicios que el resto.

Ahora el Gobierno central presenta una propuesta que, según sus cálculos, supondría cerca de 3.700 millones de euros adicionales para la Comunitat Valenciana y una quita de más de 11.000 millones de deuda. No es una cantidad menor. Pero no resuelve de golpe todos los problemas acumulados durante décadas. Son dos certezas que conviven. Precisamente por eso resulta tan absurdo convertir la propuesta en un dogma o en una herejía.

No sorprende, pero duele la actitud de Pérez Llorca. No pedir más, que es su obligación, exigir hasta el último euro que considere justo para los valencianos. Lo indignante es la gimnasia argumental desplegada para justificar una posición decidida de antemano. La dirección nacional del PP ha convertido la negociación de la financiación autonómica en un frente político contra el Gobierno y los presidentes autonómicos populares deben actuar en consecuencia. Como en todo. Incluso aquellos cuyos territorios serían de los principales beneficiarios del acuerdo.

Es difícil no recordar aquellos tiempos en los que los dirigentes valencianos del PP recorrían España denunciando la infrafinanciación. Entonces tenían razón. Hoy la siguen teniendo. Pero da la impresión de que la reivindicación ha dejado de ser útil porque coincide, incómodamente, con una propuesta impulsada por el Gobierno central. Y entre no darle una victoria al adversario o una mejora a los ciudadanos, el PP hace mucho que tiene claro qué elige.

No obstante, tampoco conviene caer en la ingenuidad de presentar a Arcadi España como la encarnación del interés valenciano. El actual ministro conoce perfectamente el problema porque ha estado detrás de la pancarta durante años. Sabe que la infrafinanciación valenciana no es una exageración retórica ni una bandera identitaria. Es una realidad reconocida por expertos de todas las sensibilidades políticas. Conoce también que gran parte de la deuda valenciana es consecuencia directa de ese sistema injusto. Llorca, lastrado con toda la intención por Génova, sigue siendo el sustituto de Mazón y no quiere incomodar. Feijóo pospone el congreso que le debería dar el mando del PPCV. Y, más aun, alarga la agonía sobre la cara en el cartel electoral. No pasan de almorzar con la vigilancia de Vicent Mompó. Desde Madrid atan en corto cualquier movimiento valenciano que se pueda salir del guion, aunque nos cueste dinero. Y el President pierde otra oportunidad de tener discurso propio y demostrarlo. Cuando Moreno Bonilla cierre su gobierno y se ponga a hablar con Arcadi España, veremos la diferencia.

Ante todo esto, resulta legítimo preguntarse si la propuesta del Gobierno constituye el punto de llegada o apenas una estación intermedia. Si los 3.700 millones adicionales corrigen definitivamente el problema o simplemente lo alivian. Si la quita de deuda compensa todo lo acumulado durante años o solo una parte. Arcadi España tiene derecho a defender la propuesta de Pedro Sánchez. Lo que no debería hacer es actuar como si cualquier crítica a esa propuesta fuera automáticamente injustificada. Los valencianos necesitan un ministro que piense como ministro, sí. Pero también necesitan al dirigente del PSPV que piense como valenciano.

Mientras unos y otros discuten sobre miles de millones, las consecuencias de la falta de recursos siguen apareciendo cada día. No llegan en forma de informes técnicos. Llegan en forma de hospitales que reducen actividad durante el verano y en listas de espera que se alargan. Las vemos en forma de centros educativos incapaces de hacer frente a temperaturas que convierten las aulas en pequeños hornos. Aún se están recuperando los profesores tras movilizarse para reclamar más recursos. La respuesta del Consell ha sido, básicamente, que no hay dinero para todo. Gobernar consiste en priorizar y las elecciones dicen mucho. Sobre todo, cuando se anuncian nuevas rebajas fiscales que reducirán la recaudación en unos 160 millones de euros y vemos al conseller Rovira sonreír mientras habla de donaciones de cien mil euros.

La falaz relación entre rebajar impuestos a los que más tienen y generar actividad económica no es creíble si no se puede acondicionar un aula por falta de recursos. Se reclama más financiación al Estado, pero se renuncia a parte de los ingresos propios. Se denuncia la insuficiencia del sistema, pero se rechazan figuras fiscales como la tasa turística. Se insiste en que la educación necesita eficiencia cuando hay alumnos soportando temperaturas incompatibles con cualquier aprendizaje razonable.

Esta semana conocíamos que Barcelona ha utilizado recursos procedentes de la tasa turística para avanzar en la climatización de decenas de centros educativos. No se trata de idealizar a nadie ni de convertir una medida concreta en una solución universal. Pero sí conviene observar cómo, cuando una administración necesita recursos para afrontar un problema, puede optar por buscarlos o puede optar por explicar por qué no los busca.

La Comunitat Valenciana recibe cada año millones de visitantes. Es una de las grandes potencias turísticas de Europa. Sin embargo, la posibilidad de que una pequeña parte de esa actividad contribuya directamente a financiar servicios públicos sigue presentándose como una amenaza intolerable. Después nos sorprendemos de que falte dinero para determinadas actuaciones. Los dirigentes comparecen ante los micrófonos como si estuvieran atrapados por fuerzas inevitables. No hay dinero. No se puede hacer más. No existen alternativas, pero claro que las hay. Lo que ocurre es que tienen costes políticos.

Por eso la discusión sobre la financiación autonómica importa mucho más de lo que parece. No habla únicamente de balances contables ni de porcentajes de reparto. Habla de qué hospitales estarán abiertos en agosto, de cuántos profesores habrá en septiembre. Nos da pistas sobre si los niños estudiarán en aulas preparadas para unas temperaturas que ya no son las de hace veinte años. Indica si los ciudadanos recibirán servicios públicos dignos o deberán conformarse con escuchar, una vez más, que no hay dinero suficiente.

En realidad, los partidos discuten sobre quién gana mientras los ciudadanos piensan en cómo llegan a fin de mes, porque no tienen los sueldos y donaciones que dice el Consell. Los partidos hablan de financiación mientras la gente habla de médicos, profesores y aulas habitables. Los partidos luchan por sus siglas mientras condenan a muchas personas a vivir toda la familia en una habitación porque el resto de la casa lo han alquilado para financiar al partido.