¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Si te interesa la economía y la tecnología habrás comprobado cómo la supuesta supremacía de las compañías estadounidenses sobre la inteligencia artificial ha saltado por los aires. Ha sido un baño de realidad (y debería serlo también de humildad) para un grupo de multimillonarios que han arropado a Donald Trump en su camino a la Casa Blanca.

Había numerosas opiniones de analistas y expertos que avisaban de la sobrevaloración bursátil de algunas empresas tecnológicas, entre ellas Nvidia, el mayor fabricante de chips que necesita la inteligencia artificial (IA). Aunque esta empresa se había colocado como la de mayor valor del planeta, con una capitalización bursátil de 3,4 billones en noviembre de 2024, dos meses antes fondos como JP Morgan o BlackRock avisaron de que los rendimientos de la inversión en IA podrían tardar “años, no trimestres” en hacerse realidad. Entonces, Nvidia perdió 250.000 millones en un día ante el miedo a una desinversión masiva del capital riesgo.

Fue un aviso que la victoria electoral de Trump ocultó por la connivencia de las compañías tecnológicas, los primeros anuncios de inversiones multimillonarias de la nueva administración republicana en IA y la amenaza de aranceles. Entonces China dio un golpe en la mesa.

DeepSeek, una empresa china de inteligencia artificial, tiraba un tablero en el que las empresas estadounidenses habían estado marcando las reglas de juego hasta ahora. Esta compañía china ha conseguido una IA con capacidades similares a las de OpenAI, pero con un coste un 90% inferior y sin los chips más avanzados de Nvidia por el veto a las exportaciones de Washington. DeepSeek ha roto el modelo de Silicon Valley con un proceso más barato y menos recursos computacionales. Aquí te damos más detalles sobre cómo la china DeepSeek desafía con una IA de bajo coste a Trump y su corte tecnológica.

¿Cuál fue la consecuencia inmediata del descubrimiento de DeepSeek? La cotización de Nvidia perdió 600.000 millones en un solo día en bolsa, tras la comprobación de que se pueden entrenar modelos de IA muy avanzados sin necesidad de sus componentes. La debacle bursátil afecto en menor medida a otras compañías tecnológicas estadounidenses y algunas han recuperado ya lo perdido, pero este varapalo sobre todo pone en duda un modelo de innovación que siguen en Estados Unidos basado en una altísima inversión de miles de millones de dólares en pocas empresas, dedicados entrenar nuevos modelos y crear bases de datos con unos costes computacionales y energéticos enormes. 

Mientras, en China hay una gran competencia, con muchas empresas intentando ser la mejor empresa de IA, con el apoyo y beneficios otorgados por su Gobierno. Sin concentrarse en un campeón nacional, sino en un sistema donde decenas de compañías trataban de ser la mejor en una competición bajo el nombre de “la guerra de los cien modelos”. Si a esta competitividad interna le añadimos que el embargo de chips estadounidense ha provocado la búsqueda de soluciones más baratas y la capacidad china de hacer más eficientes productos creados originalmente por otros es entendible su éxito. En este enlace te explicamos cómo ha desarrollado China su “guerra de los cien modelos” contra ChatGPT para ser líderes en IA.

Y aquí es donde habría que analizar cuál es el camino que debería seguir la Unión Europea, si es que tiene capacidad para seguir alguno. De momento, la estrategia de la Comisión Europea para competir con EEUU y China es abordar la Inteligencia Artificial como la “economía del mañana”, a pesar de que la carrera ya está en marcha y las otras potencias llevan años y miles de millones de ventaja. Los países europeos llevan años enfrascados en sus propias cuitas, tratando de cuidar sus mercados internos, buscando fórmulas para que sus empresas no tengan demasiados problemas competitivos, sin conseguir compañías verdaderamente líderes en tecnología, salvo la neerlandesa ASML. 

En Europa llevamos años mirando a Estados Unidos como referente de innovación cuando quizás deberíamos fijarnos más en China y su capacidad para ser más eficiente y barata en productos fundamentales para el futuro. Ahí están los ejemplos de los paneles solares, una industria casi completamente dominada por China, o el coche eléctrico chino, más barato y eficiente que el europeo (e igual de subvencionado que la industria europea del automóvil).

Europa tiene un modelo de sociedad basado en un Estado del Bienestar que hay que mantener, es parte de nuestra esencia. Tenemos capacidad para innovar y ser líderes en muchos productos. No hay que competir en costes laborales, podemos competir en precios baratos de energía, las renovables en España son un claro ejemplo. La Comisión Europea debería tener una política más activa en el desarrollo de industrias, con inversiones millonarias, en lugar de ser el campo de lucha de lobbies que solo buscan mantener sus mercados protegidos. Más ayudas a la innovación, más subvenciones a la formación, más precios baratos de la energía, menos campeones nacionales y apoyar a más empresas en busca de productos eficientes.

El gráfico

España sigue dando muestras del dinamismo de su economía sin dar pasos atrás en elementos fundamentales de protección social. La economía creció un 3,2% en 2024. España se reafirma así como la locomotora de Europa, tras el 2,7% de 2023 y el 6,2% de 2022. El crecimiento en el cuarto trimestre del año pasado se mantuvo en el 0,8%: destacando la positiva evolución del consumo privado, con un aumento del 1%, y la importante aceleración de la inversión, con un incremento del 2,8%, la mayor subida en los últimos tres años. Aquí te damos detalles y pistas que explican el crecimiento del 3,2% de la economía española en 2024. 

Este crecimiento del PIB vino acompañado por otro buen año para el empleo. La tasa de paro bajó hasta el 10,6% en 2024, el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2008, situándose por debajo de los 2,6 millones de desempleados. El año pasado el paro se redujo en 265.300 personas y se crearon 468.100 empleos, con un récord de 21,8 millones de ocupados en 2024. Aquí puedes ver varios gráficos y datos sobre la buena evolución del empleo en nuestro país. 

El dato

1.184 euros brutos al mes

en 2025, una subida del 4,4%, lo que suponen 50 euros más al mes desde los 1.134 euros actuales. Este es el acuerdo que han cerrado el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año. El acuerdo bipartito alcanzado se queda con la recomendación más alta del informe del comité de expertos sobre el salario mínimo que solicitó el Ministerio que dirige Yolanda Díaz. La patronal se ha descolgado del pacto, como ha ocurrido en años anteriores. Aquí te contamos el acuerdo para subir el SMI y el compromiso del Ministerio a valorar una reforma para que las empresas no absorban los aumentos del SMI a través de pluses. 

La posición contraria de la patronal CEOE no es extraña. De hecho, la organización empresarial está asentada en el 'no' a todo o en posiciones más extremas, como por ejemplo, en sus diatribas contra la reducción de jornada. Entre las alegaciones de la patronal contra la ley para que la jornada laboral sea de 37 horas y media, además de tacharla de inconstitucional y rechazar el endurecimiento del control de jornada y las multas por incumplirlo, la CEOE también se descuelga con que sea motivo de despido disciplinario no rellenar el registro de jornada como pide la empresa.

Letras que son un tesoro

Nuestra recomendación de libros pasa esta semana por Economía en crisis. Aprendiendo de la historia económica (Editorial Catarata), del economista y consejero del Banco de España Carles Manera. Este profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) hace un repaso histórico para explicar los procesos de crecimiento económico y tirar por tierra los supuestos axiomas neoliberales que nos tratan de imponer. Manera defiende que “lo que salva a la economía es el incremento del gasto público” frente al “mantra casi único” de la política conservadora que es “la bajada de impuestos y la desactivación del sector público”, pese a que la contribución fiscal sigue cayendo en España. Además, asegura que “la inversión del Estado en nuestro país todavía es insuficiente”, aunque también señala que “la apuesta inversora en temas sociales es un elemento muy determinante del desarrollo económico español”. Mucha más información en esta entrevista con Carles Manera. 

Cada vez que habla sube el pan

Hay un ministro loco comunista en España ahora inventándose paquetes de multas en alguna campaña sobre que los pasajeros deben poder llevar todo el equipaje que quieran

Michael O’Leary — Presidente de Ryanair

Probablemente sea el directivo más bocazas de una compañía con tantos intereses en diferentes países. Michael O’Leary, fundador y presidente de Ryanair, nunca se ha caracterizado por sus formas diplomáticas, más bien lo contrario. Ahora se ha enfrascado en una guerra dialéctica con un ministro de Gobierno de España. O’Leary ha llamado “ministro loco comunista” a Pablo Bustinduy por la multa de Consumo a las aerolíneas que cobraban por el equipaje de mano, entre otros abusos. El Ministerio impuso una sanción récord de más de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas contra los pasajeros: Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet. Todos sabemos que Ryanair no se caracteriza por dar el mejor trato a sus clientes, tampoco a sus empleados. 

No es el único contencioso en España del fundador de la compañía de bajo coste. También se ha liado a trompadas dialécticas con Aena, el gestor aeroportuario español. Ryanair cargó contra Aena por las tasas que tiene que pagar por operar en los aeropuertos españoles, pese a que están congeladas para 2025. Además, la compañía aérea anunció que dejará de operar este verano en Jerez y Valladolid y, además, reducirá sus operaciones en otros cinco aeropuertos: Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander. El presidente de Aena respondió que el sistema aeroportuario español no puede ser a medida de Ryanair y que se trataba de “un chantaje en toda regla”. 

Entrepreneur

Nuestro entrepreneur de la semana es Juan Carlos Cueto, que encabeza la empresa familiar Grupo Comercial Cueto 92 SL. Esta compañía está vinculada a las tramas de corrupción de Defex, la extinta empresa semipública de armamento, y de Koldo García, mano derecha del exministro José Luis Ábalos. Pese a estar pendiente de la decisión de los tribunales, los Cueto no tienen problemas para sacar en sus cuentas, una vez más con salvedades por parte del auditor, que “mantiene” su actividad en España con “contratos de suministro, tanto a clientes públicos como privados”. Aquí tienes más información sobre cómo la empresa de las tramas de corrupción de Ábalos y Defex presume de sus contratos con el sector público.

Bien público

Decepcionante. Finalmente, Óscar López, ministro de Función Pública y Transformación Digital, ha hincado la rodilla ante las aseguradoras para que sigan dando servicios de sanidad privada a los funcionarios. El Gobierno acepta las exigencias de las aseguradoras y destinará 330 millones de euros más al concierto de Muface previsto para los años 2025, 2026 y 2027. Estamos hablando de una subida de la prima para las aseguradoras del 41,2%. Hay que recordar que el propio ministro señalaba a las aseguradoras con la frase:  “Estamos metiendo 1.000 millones de euros más de todos los ciudadanos para financiar el seguro privado de un millón y medio”, cuando su departamento había ofrecido ya un incremento del 33,5%. Tampoco hay que olvidar que un informe de Muface reveló cómo las aseguradoras “no aportan la evidencia de costes” para justificar un incremento de la prima. Pero López ha ido cediendo terreno sin parar a las aseguradoras, incluido abrir la puerta a una posible compensación por los supuestos costes extraordinarios de las empresas que prestan asistencia sanitaria privada a los funcionarios y sus familiares. La ministra de Sanidad, Mónica García, se quejó de que se perpetúe un sistema anacrónico “que es más ineficiente y que como ya ha demostrado a los pacientes, cuando vienen mal dadas, les va a dar la patada”. En esta información de David Noriega te contamos como el ministro Óscar López ha cedido a las peticiones millonarias de las aseguradoras de sanidad privada. 

Nos gusta la competencia

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Terminamos por aquí. Volvemos el próximo jueves. Si tienes alguna propuesta, queja o idea, mándanos un correo a contraoferta@eldiario.es.

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Grupo Comercial Cueto 92 SL, vinculada a las tramas de corrupción de Defex, la extinta empresa semipública de armamento, y de Koldo García, mano derecha del exministro José Luis Ábalos, presume en sus últimas cuentas anuales de los contratos que mantiene con el sector público.

“En la Actividad Nacional, se mantiene con respecto a los ejercicios anteriores en cuanto a los contratos de suministro, tanto a clientes públicos como privados”, dicen esas cuentas, correspondientes a 2023, recientemente remitidas al Registro Mercantil y accesibles a través de Insight View.

Las cuentas, firmadas el pasado 30 de septiembre, se formularon el 31 de marzo, cuando ya había estallado el escándalo Koldo, por el que el Congreso acaba de retirar la inmunidad al exministro socialista y todavía diputado del Grupo Mixto para que le investigue el Tribunal Supremo.

Comercial Cueto es propiedad de la familia Cueto, encabezada por el empresario Juan Carlos Cueto, que no pudo ser detenido en la primera redada del caso Koldo, en febrero pasado, por encontrarse en el extranjero. Según la Guardia Civil, Cueto ostenta la “titularidad real” de esta sociedad y de la principal empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas.

Comercial Cueto está administrada por sus hermanas Carmen e Isabel Cueto Martín, que entre las dos controlan apenas el 7,32% de la empresa, según sus cuentas consolidadas, que recogen que el grupo declaró en 2023 una facturación de 2,43 millones, nuevas pérdidas de 457.221 euros, activos de 56 millones y 14 empleados. 

“Dudas significativas”

El informe de auditoría de las cuentas de 2023, fechado el pasado 25 de octubre, tiene un año más salvedades y advierte de la existencia de “una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad dominante para continuar como empresa en funcionamiento”, aunque no se menciona el caso Koldo. Tampoco lo hacen las cuentas de la sociedad.

Entre las dudas del auditor, la firma Arcoasa, está que Comercial Cueto tiene retenidos en el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional 13,856 millones en cuentas corrientes e inversiones financieras por el caso Defex y sus cuentas anuales “no recogen ninguna provisión” por ello, por lo que su patrimonio neto está “sobrevalorado”. 

Para cubrir su responsabilidad civil en este caso, a la empresa se le exigió una multa de 62 millones, aunque logró bloquearla en el juzgado. En sus cuentas Comercial Cueto defiende que los hechos del caso Defex, destapado tras una inspección de Hacienda abierta en 2013, se remontan a un contrato firmado en 2008 y 2009, antes de la reforma que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2010, por lo que el caso “no debería tener recorrido”. Además, afirma, es “cosa juzgada”.

Como destaca su auditor, Comercial Cueto tiene una cuenta a cobrar vencida de 4 millones del Ministerio de Salud de Angola a una UTE con Soluciones de Gestión, principal empresa de la trama Koldo, y “no ha registrado ninguna corrección por deterioro de valor” ni ha aportado información sobre la situación de este crédito “de dudosa recuperación”, que la empresa insiste en que está “en trámite de pago”. Además, hay dos participadas valoradas en libros en 23,5 millones, sin auditar y cuyo valor recuperable no está claro, indica el auditor.

En febrero, un recuento de El País cifraba en 4 millones los contratos obtenidos por Comercial Cueto de la Guardia Civil y el Ejército desde 2015 hasta entonces. El último disponible en la plataforma de Contratación del Estado data del pasado 5 de marzo, cuando Juan Carlos Cueto ya había declarado en la Audiencia Nacional tras las detenciones del caso Koldo. En esa fecha el Ministerio de Defensa le adjudicó un nuevo contrato menor de 14.377,37 euros para la compra de repuestos para vehículos de la 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

“Mientras no haya una sentencia judicial firme que inhabilite a una empresa que está inscrita en los registros mercantiles, los funcionarios que hacen las actuaciones en materia de contratación tienen que cumplir la ley”, dijo poco después en el Senado la ministra Margarita Robles, preguntada por esta adjudicación. Solo en 2023, la empresa se adjudicó seis contratos menores de Defensa por importe de más de 73.000 euros, según datos de la Plataforma de Contratación del Estado. Uno de ellos, de adquisición de repuestos para la base aérea de Getafe (Madrid), ascendió a 14.999,94 euros, al borde del límite de 15.000 euros que marca la ley para la contratación menor de suministros.

Juan Carlos Cueto presidió Comercial Cueto hasta 2014, tras estallar el caso Defex, por el que se le investiga por presuntas comisiones de 93 millones mediante sobornos a funcionarios para colocar material policial en Angola que luego blanqueó supuestamente en Luxemburgo con la ayuda de Beatriz Paesa, sobrina del famoso espía Francisco Paesa.

En este caso, por el que también va a ser procesada Comercial Cueto, el empresario está pendiente de juicio desde 2019 y se enfrenta a una posible condena de más de 50 años de cárcel. 

A Cueto la Fiscalía Anticorrupción también le atribuye un papel de “liderazgo” sobre el resto de investigados en el caso Koldo, incluyendo al asesor del exministro y el comisionista Víctor de Aldama. Le considera el responsable último de las decisiones que se tomaron respecto a la ejecución de los contratos y el reparto de los beneficios que obtuvo la trama vendiendo mascarillas en lo peor de la pandemia.

Cueto fue el principal beneficiario de los nueve contratos públicos adjudicados a través de Soluciones de Gestión, de la que él era propietario y “administrador de hecho”, lo que le permitió embolsarse 9,6 millones de ganancias, según la investigación. 

Cuando declaró ante el juez el pasado 28 de febrero por el caso Koldo, el empresario aseguró que se limitó a facilitar material sanitario a las administraciones públicas para intentar ayudar a los españoles en plena pandemia. 

Comercial Cueto detalla en sus cuentas litigios por importe de varios millones con el Fisco, el antiguo propietario de una de sus filiales, la entidad Deutsche Bank o clientes como el Gobierno de Angola. La empresa se dedica principalmente al “comercio al por mayor y menor de toda clase de maquinarias, lubricantes, accesorias y ruedas de recambio de toda clase de vehículos y gestión, asesoramiento y ejecución de proyectos de equipamiento en los sectores sanitarios, agropecuarios, energético e industrial”, según sus últimas cuentas.

En sus inicios, hace más de medio siglo, se dedicó a la venta de recambios de coches. “A partir de mediados de los años 90, Comercial Cueto comienza la externalización y la diversificación de su actividad, por medio de un grupo de grandes empresas propias que mantienen su solvencia y espíritu empresarial gracias a la permanencia de su accionariado privado y familiar, y a su bajo apalancamiento, creando varios departamentos y empresas especializadas en diferentes áreas”, explica en su web.

La empresa está domiciliada en la calle Ramón de la Cruz del barrio de Salamanca de Madrid. Su sede está a unos minutos a pie del domicilio de Rodrigo Rato en esa misma calle, en el que detuvieron en 2015 al exvicepresidente del Gobierno, recién condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por corrupción y blanqueo de capitales.

Cuenta atrás para el primer juicio por el caso Defex, la empresa semipública española de armamento que ordenó liquidar el anterior gobierno tras aflorar una serie de gravísimos escándalos de corrupción en Angola, Camerún, Arabia Saudí o Brasil. El primer juicio, centrado en la pata camerunesa, va a sentar en el banquillo a una filial de Elecnor, una de las mayores compañías de ingeniería de España, perteneciente a varias familias de la aristocracia española.

Deimos Space, 100% propiedad de Elecnor, va a ser juzgada por su responsabilidad penal como persona jurídica en presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y blanqueo de capitales. 

La Audiencia Nacional ha fijado para este miércoles la primera vista de esta trama, definida como “escatológica” por una persona que participó en las fases iniciales de la investigación. “Absolutamente insoportable”, como la describió hace años el juez José de la Mata, ante la falta total de controles en una sociedad mayoritariamente pública y dedicada a una actividad, las exportaciones de armas, protegida por la Ley de Secretos Oficiales.

En este procedimiento se juzgan cerca de 15 millones en mordidas y comisiones ilegales para obtener contratos públicos firmados por Defex en Camerún entre 2005 y 2013. En esta pieza no está el considerado cabecilla, José Ignacio Encinas Charro, presidente de Defex durante más de dos décadas. El principal acusado es su ex director Comercial Manuel Iglesias-Sarriá. Para este directivo la Fiscalía pide 23 años de prisión y una multa de 86 millones, más otros 12 millones en concepto de indemnización a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como responsable civil directo.

A Iglesias-Sarriá se suman los empresarios Francisco Luque Ramírez, ex director comercial de Deimos Space SLU, filial de Elecnor; y Oscar López Salvadó, presidente de la compañía de astilleros Grupo Aresa Internacional. Para ellos, el Ministerio Público reclama 18 años de prisión y 50 millones de multa. 

Defex y esas dos empresas privadas subcontratadas para sus negocios en Camerún están acusadas como personas jurídicas. A la compañía semipública, la Fiscalía le reclama más de 100 millones en multas y decomisos. Va a sentarse en el banquillo y a poder ejercer, a la vez, la acusación particular. 

En el caso de Elecnor ha depositado fianzas para afrontar su posible responsabilidad que suman 14,325 millones, ofreciendo las acciones de su filial Deimos como garantía. La cifra, reconoce en sus cuentas la filial de la compañía, está por debajo de las pretensiones de la Fiscalía.

Libre absolución

En las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elecnor señala que “está ejercitando sus derechos en el procedimiento, recurriendo la fianza dictada y solicitando su libre absolución, como también lo está haciendo, con su propia defensa letrada, el antiguo empleado del Grupo”.

Según Elecnor, no hay “elementos probatorios de convicción que hagan presumir con el suficiente grado de certeza, más allá de toda duda razonable, la eventual condena de la sociedad Deimos Space, S.L. ni de su antiguo empleado”. Sus gestores, “de conformidad con los términos del escrito de defensa presentado, consideran que el resultado probable de la celebración del juicio oral será absolutorio, lo que, consecuentemente, no comportará exigibilidad de responsabilidad penal ni civil”. 

Y no creen que “este hecho vaya a tener ningún impacto sobre el valor recuperable de los activos netos que aporta el Grupo Deimos”, que cifra en unos 12 millones.

Deimos Space se constituyó en 2001 y facturó el año pasado 23,8 millones. Se dedica al suministro de tecnología para la industria aeroespacial y ha participado en proyectos tan señeros como el sistema de posicionamiento Galileo. Sus cuentas de 2021, accesibles a través de Insight View, están formuladas bajo el principio de empresa en funcionamiento. En ellas, su auditor, KPMG, introduce un párrafo de énfasis destacando que no ha dotado “provisión alguna” por este proceso judicial.

El juez señaló como responsables penales a esta empresa a Defex y a Aresa “por su absoluto descontrol en materia de organización y control societario, económico financiero y jurídico, y la inexistencia de los más elementales mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos”.

Según De la Mata, hay evidencias múltiples de que “actuaban inspiradas en una filosofía corporativa de absoluto desprecio del Derecho y a las más elementales normas legales y éticas, e impulsadas por una política de beneficio a cualquier precio”. En el caso de Deimos y Aresa, “actuaban siguiendo los valores -o la falta de estos- de sus propietarios”.

La acusación de la Fiscalía destacó el papel “decisivo” en la trama del contralmirante camerunés Pierre Njine Djonkam, “destinatario de regalos, viajes, estancias hoteleras y gastos de cirugía estética” para su mujer en una operación definida en un mail como “recauchutado” por Iglesias-Sarriá, primo del cantante Julio Iglesias (su padre era hermano del doctor Julio Iglesias Puga, alias Papuchi).

La filial de Elecnor participó en un contrato valorado en 99,3 millones que consistió en un servicio de vigilancia costera aprobado en un acuerdo marco entre Iglesias-Sarriá y el ministro Delegado de la Presidencia y responsable de la defensa de Camerún, Alain Mebe Ngo'o, con la intermediación de ese contraalmirante. Solo en un tramo del proyecto, Iglesias-Sarriá habría acordado con Bourcier más de 5 millones en comisiones.

Elecnor es un gigante con más de 20.000 empleados y amplia presencia internacional. Cotiza en bolsa (su capitalización se acerca a los 900 millones) y está controlada, a través de la holding Cantiles XXI (dueña del 52,76% de Elecnor), por familias de abolengo de la burguesía y la nobleza española habituales de los ranking de mayores fortunas del país, como los Ybarra Careaga, los Mora-Figueroa, los González de Aguilar, los Domecq, los Morenés o los Real de Asúa Arteche.

La compañía, que no comenta este asunto, presume en su web de convertirse en enero de 2018 “en la primera empresa española de su sector” en obtener la certificación UNE-ISO 37001 de “Sistemas de gestión antisoborno”, el “primer y más exigente estándar internacional certificable para articular sistemas de gestión en compliance y lucha contra la corrupción”.

Elecnor ya fue implicada hace años en el presunto pago de sobornos al ex embajador en India, el exdiputado del PP Gustavo de Arístegui. Y ha recibido varias sanciones millonarias por amañar licitaciones en España, caso del conocido como cártel del AVE, desmantelado en 2019 y del que formaba parte junto a las principales constructoras del país. Fue una de las pioneras en ser propuesta por la CNMC para ser vetada como contratista de la Administración, aunque por ahora se ha librado.

El modus operandi en esta parte de la trama Defex era similar a las investigaciones abiertas en otros países, caracterizado por el pago de mordidas y comisiones y regalos a intermediarios y funcionarios públicos. En Camerún, el enlace era el agente comercial de Defex Philippe Bourcier, francés prófugo de la justicia, que abonaba las mordidas a través de siete empresas fantasma con cuentas en Suiza, Reino Unido y la república africana y consiguió contratos por importe de más de 100 millones para vender repuestos de vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras.

Segunda pieza

Esta es la segunda pieza separada de investigación sobre los contratos de Defex que De La Mata propuso enviar a juicio, tras el pase a procedimiento abreviado de la relativa a una operación de venta irregular de armas de 152 millones en Angola. En 2019, el juez envió a juicio a 24 personas, entre ellos, Encinas Charro, Iglesias-Sarriá y el coronel retirado Ángel María Larumbe, también ex directivo de Defex, o Beatriz García Paesa, abogada radicada en Luxemburgo sobrina de Francisco Paesa, el famoso espía que fingió su muerte en 1998.

La investigación comenzó en 2008, cuando Luxemburgo se extrañó por una transferencia de 41 millones en una cuenta cuyos titulares eran Defex y otra de las compañías de la trama. Las primeras pesquisas datan de 2012, cuando la Fiscalía recibió una alerta de posible blanqueo por operaciones de Luxemburgo. Ocho años después de que el caso explotase a la luz pública en 2014, un fleco pendientes de aclarar es quién es el misterioso “Kin” [o “King”, según los investigadores] que aparecía en correos electrónicos de la trama y al que se transfirieron 3 millones por el contrato en Angola. Encinas Charro se negó a precisarlo al ser interrogado por los investigadores ante el juez Pablo Ruz. “Eso son palabras mayores”, argumentó.

En Angola, la trama sacó incluso tajada de una visita del Papa Benedicto XVI aplicando lo que denominaba el “factor sexy” para triplicar los costes. En esa investigación llegó a estar imputado Ismael Clemente, primer ejecutivo de Merlin, la mayor inmobiliaria del Ibex 35.

También está pendiente de juicio la rama saudí. Allí el contacto local era el príncipe Jalid Bin Saad Al Saud, pariente del sultán Bin Abdul Aziz Al Saud, ministro cuando ocurrieron los hechos de Defensa y Aviación e Inspector General de Arabia Saudí cuando se firmaron los contratos investigados. Por parte española, tuvo un papel protagonista Álvaro Cervera, hijo de un contraalmirante de la Armada ya fallecido, que ejerció desde 1991 como agente comercial en Arabia Saudí y fue amigo de juventud de Juan Carlos I, según reveló El Mundo en 2020.

En este caso, Anticorrupción acusó a principios de ese año a ocho personas físicas y cuatro jurídicas de cuatro delitos con peticiones de cárcel de hasta 29 años.

En el accionariado de Defex, creada hace ahora medio siglo como un bróker para vender armas al extranjero, el Estado convivía con empresas nacionales de armamento como Expal, su mayor accionista privado, tradicionalmente copada por ex altos cargos del Ejército o los servicios de Inteligencia, y otras como el grupo vasco SAPA (actual accionista de Indra) o Instalaza, de la que fue directivo el exministro de Defensa Pedro Morenés. 

Por el consejo de Defex desfilaron, entre otros, el actual presidente de honor de Maxam, José Fernando Sánchez-Junco, también muy cercano a Juan Carlos I (su hermano Javier, ex fiscal, le ha defendido en sus causas penales), o los almirantes retirados Francisco Torrente y Javier Pery.

El sucesor de Encinas Charro en la presidencia de Defex fue Javier Aguilar Viyuela, acusado en la pieza saudí. Cuñado de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que siempre negó relación con la familia de su esposo, estuvo al frente de la empresa entre 2012 y 2015. Su hermana fue también directiva de la empresa semipública.

Asimismo, fue consejera de Defex la ex ministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, entre julio de 2002 y febrero de 2003, cuando era subsecretaria con José María Aznar. La putrefacción de Defex permitió tirar del hilo que destapó otro escándalo de corrupción en otra empresa pública en Angola, Mercasa. En él está acusado su sobrino político José Herrero de Egaña y López del Hierro.

La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 29 años de cárcel por varios delitos de corrupción a ocho personas por la venta de armamento a Arabia Saudí a través de la empresa pública española Defex, ya disuelta. En su escrito de conclusiones, el fiscal Conrado Saiz describe cómo la comercial pagó entre 2005 y 2014 mordidas a cargos y autoridades de la dictadura árabe a cambio de la materialización de los contratos y el reparto de comisiones.

El Ministerio Público formula su escrito de acusación en el marco de una de las piezas separadas del caso Defex, correspondiente a once contratos de venta de armamento a Arabia Saudí en el periodo indicado. Acusa al que fuera presidente de la compañía pública hasta 2013, José Ignacio Encinas Charro, de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones internacionales. Junto a Encinas Charro se sentarán en el banquillo otras siete personas físicas y cuatro jurídicas, entre éstas últimas la propia Defex.

La Fiscalía describe cómo Defex vendía material militar a Arabia Saudí desde 1990, pero centra la investigación en el periodo no prescrito, entre 2005 y 2014. Asegura el Ministerio Público que para obtener los contratos a través de mordidas, los acusados se aprovecharon de “la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito que tenía la empresa pública Defex”.

El contacto de Defex en Arabia Saudí era Álvaro Cervera Pérez desde 1991, quien como agente comercial pagaba las comisiones a las autoridades del país, afirma Anticorrupción. En esas tareas también participaron Carlos Que Blandigneres y Paula Alexandra de Oliveira Silva. Su contacto era el príncipe Jalid Bin Saad Al Saud, pariente del sultán Bin Abdul Aziz Al Saud, ministro cuando ocurrieron los hechos de Defensa y Aviación e Inspector General de Arabia Saudí cuando se firmaron los contratos investigados, conseguidos todos ellos sin licitación.

La red corrupta había creado varias empresas pantallas que carecían de estructura alguna salvo la existencia de titulares de cuentas, la función de emitir facturas y recibir fondos de Defex para sus titulares y el pago de las mordidas. La forma en que se ocultaron esos fondos fue a través de contratos de prestación de servicios y de consultoría entre Defex y las empresas de los supuestos comerciales de la empresa pública. También se han encontrado comisiones al agregado militar de Arabia Saudí en España, Abdulá Al Shamuary.

Anticorrupción califica toda esta trama de corrupción como “una actividad regular e institucionalizada en la empresa pública Defex”. Del lado de ésta participaron, según la Fiscalía, su presidente, José Ignacio Encinas Charro, y otros responsables de la sociedad pública: Ángel María Laurmbe Burgui, Manuel Iglesias-Sarria, y en menor medida Fernando Aguilar Viyuela, quien fue presidente de la compañía entre 2013 y su disolución, en 2015. La Audiencia Nacional también investiga la actividad de Defex en Angola, Camerún, Egipto y Brasil en una pieza principal y en otras separadas.

El escrito de Anticorrupción recoge que el expresidente de Defex, Encinas Charro, ingresó en cuentas de Suiza y Mónaco 50.000 dólares y otros 50.000 euros, respectivamente, a través de sociedades instrumentales radicadas en las Islas Vírgenes Británicas

Defex nació en 1972 como una empresa semipública dedicada a la exportación de armas. En 1990 amplió su negocio a la comercialización de otras tecnologías y hasta su disolución definía su objeto social como “la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas”, aunque su principal vía de ingresos fue siempre la venta de armamento para lo que contaba con la ayuda de empresas privadas.

El 51% de Defex estaba en manos del Estado a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y en su consejo de administración se sentaban el Ministerio de Defensa, de Hacienda, el de Exteriores, el de Economía. En esa mesa participaban también, con el 49% de la empresa, compañías privadas como Explosivos Alaveses, Maxamcorp o Instalaza, a la que estuvo vinculado el exministro de Defensa Pedro Morenés.

La investigación que provocó el cierre de Defex comenzó en 2008, cuando Luxemburgo se extrañó por una transferencia de 41 millones en una cuenta cuyos titulares eran la empresa pública española y la compañía Cueto 92. Las autoridades de ese país trasladaron la información bancaria a España en 2012 y la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que recayó más tarde en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En las pesquisas se ha descubierto, por ejeplo, que el acuerdo para proveer armas a la policía angoleña ascendió a 153 millones de euros, pero, según la Audiencia Nacional, tan solo 50 fueron para pagar el material que se envió a Angola. “Las investigaciones realizadas hasta la fecha establecen un beneficio por partida de material de entre el 200% y el 300%”, afirmó en un auto el juez Pablo Ruz, primer instructor del caso.

La Fiscalía solicita penas que van de 14 a 23 años de prisión y multas que superan en algún caso los 86 millones de euros para el director comercial de la empresa pública de venta de armas Defex Manuel Iglesias Sarriá y otros dos procesados por la operativa de contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos de forma irregular en Camerún mediante el pago de comisiones ilícitas por cerca de 15 millones de euros a intermediarios, autoridades y funcionarios públicos del país africano.

Además, a petición del Ministerio Público también se sentarán en el banquillo, como personas jurídicas la propia Defex -a la que se le reclaman más de 113 millones de euros entre multas y decomisos, y las mercantiles Aresa Marine S.L y Deimos SL, subcontratas para las que también se reclaman cantidades millonarias por su responsabilidad penal en este asunto.

Todos ellos serán juzgados por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y falsedad documental en esta pieza del denominado 'caso Defex', que tiene pendiente la celebración de otros juicios por prácticas corruptas en otros lugares del planeta como Angola o Arabia Saudí.

La mayor pena, de 23 años de prisión, se solicita para Iglesias, a quien se le reclaman por multas y decomisos 86 millones de euros a los que habría que sumar otros 12 millones en concepto de indemnización a Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como responsable civil directo.

Igualmente, Anticorrupción pide 18 años de cárcel para el director comercial de Deimos Space SLU, Francisco Luque Ramírez, quien se enfrenta también a la reclamación de un pago de 53 millones entre multas y decomisos y a una tercera reclamación en concepto de responsable civil ante la Sepi de 1,4 millones. En el caso del presidente de la mercantil Grupo Aresa Internacional, Óscar López i Salvadó, Anticorrupción reclama 14 años de prisión, multas que superan los 51 millones de euros y una indemnización para la SEPI de 650.000 euros.

Esta es la segunda pieza separada de investigación sobre los contratos de Defex en el extranjero que el magistrado instructor José de La Mata ha propuesto enviar a juicio, después del pase a procedimiento abreviado de la relativa a una operación de venta irregular de armas superior a los 152 millones de euros en Angola.

El 'modus operandi' es similar en todos los casos: El pago de comisiones, dádivas y regalos a intermediarios y funcionarios públicos del país para asegurarse la adjudicación de contratos y en un contexto en que la compañía carecía de “cualquier sistema interno de organización, supervisión y control de las actuaciones de sus directivos que conllevaban un compromiso de ingreso o gasto económico para la mercantil pública”.

En este caso, se trata de los firmados en Camerún entre 2005 y 2013, cuando el agente comercial de Defex Philippe Bourcier, con la participación “principal y determinante” de Manuel Iglesias Sarriá como director comercial, hacía de intermediario para abonar las mordidas a través de siete empresas 'fantasma' con cuentas en Suiza, Reino Unido y la propia república africana a fin de conseguir los contratos. Se investigan un total de 5 por importe superior a 103 millones de euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, esta persona, que se encuentra fugada de la justicia, movía así el dinero tanto a su propio bolsillo como autoridades y funcionarios públicos de Camerún, y de otros países como Senegal, Gabón y Argelia, y lo ocultaba a través de contratos de prestación de servicios y de representación entre la empresa pública Defex y sus sociedades instrumentales.

El escrito destaca el papel “decisivo” que tuvo para la obtención y ejecución de los contratos públicos con las autoridades de Camerún el Contralmirante Pierre Njine Djonkam, “destinatario de regalos, viajes, estancias hoteleras y gastos de cirugía estética” para su mujer que Iglesias Sarriá definiría en un correo electrónico como “recauchutado”. Todo, a cuenta de la empresa pública, igual que las comisiones que se le pagaban a través de Bourcier o cualquiera de sus empresas.

Uno de los contratos fue para un servicio de vigilancia costera por 99,3 millones de euros, se aprobó en un acuerdo marco entre Iglesias-Sarria y el ministro Delegado de la Presidencia y responsable de la defensa de Camerún, Alain Mebe Ngo'o con la intermediación del mencionado contraalmirante, que es quien negoció la letra pequeña. Sólo en uno de los tramos del proyecto, Iglesias-Sarría habría acordado con Bourcier comisiones por encima de los 5 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha dictado auto de apertura de juicio oral para 24 personas, dos sociedades y la empresa pública Defex por el presunto desvío y apropiación de fondos en los contratos de suministro de material policial para Angola.

En el auto, dictado este lunes, el juez les imputa delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo, falsedad documental y asociación ilícita o grupo/organización criminal, según informa Europa Press.

Se trata de los contratos firmados en 2008 entre la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cueto-Defex y el comando general de Policía Nacional de Angola de suministro de equipamientos y material policial, una operación por importe superior a los 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones (el 38,6 por ciento) y que dejó un beneficio de casi 94 millones (61,3 por ciento).

El magistrado fija por ello fianzas que en el caso de alguno de los investigados, como los expresidentes de Defex, José Ignacio Encinas, y Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto; superan los 400 millones de euros entre la multa y la responsabilidad civil.

Junto a ellos, se sentarán en el banquillo el exdirector comercial de Defex, Manuel Iglesias-Sarriá; exdirectivos de la pública como Iciar de Iraola Lachiondo, el entonces director de operaciones y coronel retirado Ángel María Larumbe; y el ex director comercial Manuel Iglesias-Sarriá; así como Beatriz García Paesa, la sobrina del célebre espía español.

Para el instructor, existen indicios “sólidos y consistentes” de que todas las operaciones de la UTE en Angola consistían en “conseguir contratos públicos” mediante “el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios” de aquel país“.

Según expone el auto, los encausados pagaban también comisiones extraordinarias a agentes, mientras los responsables del contrato -Cueto Martín, Yraola Lachiondo, Encinas Charro, Larumbe e Iglesias Sarriá-- “aprovechaban para apropiarse de cantidades multimillonarias de los contratos de la UTE para beneficio particular” ante la ausencia absoluta de mecaismos de control en Dexef y Comercial Cueto.

En el caso de la pública, el juez subraya que “sus directivos Encinas Charro, Larumbe Burgui e Iglesias Sarriá se aprovechaban aún más del absoluto descontrol administrativo de la empresa, para apropiarse de cantidades multimillonarias de la empresa para su propio peculio, con un incansable afán de enriquecimiento ilícito a costa de los caudales públicos”.

De la Mata señala también a Guilherme de Oliveira Taveira Pinto, que está en busca y captura y que, de acuerdo al auto, “no se limitaba a realizar estas tareas para la UTE Cueto Defex sino que también la realizaba con idéntico patrón para otra empresa pública española, Mercasa, y para la mercantil Consorcio Mercasa Incatema Consultin”.

“Paraíso penal”

En su escrito, el juez destaca que la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción finalmente no han formulado acusación por delito fiscal contra Defex, a pesar de que ambos admiten dos defraudaciones fiscales de la mercantil en 2008 y 2009 por importe de 3,3 millones y 2,7 millones de euros, respectivamente, en el impuesto de sociedades.

El juez explica que de ello se derivarían mayores bases imponibles que tendrían que haberse declarado, 11,1 millones en el primer ejercicio y 9 millones en el segundo, es decir, muy por encima de los 120.000 euros de mínimo para que se considere delito y “a pesar de esta rotunda evidencia, ni el Fiscal ni el Abogado del Estado formulan acusación por esta defraudación”.

De la Mata critica la interpretación que ambas acusaciones hacen a la hora de no presentar cargos por este asunto siendo como es Defex, una empresa en su mayoría de capital público, porque entiende que están constituyendo “un paraíso penal” y “una situación de absoluta impunidad” con “barra libre para las prácticas defraudatorias fiscales de los administradores de la sociedad mercantil”.

Con este criterio, no hay responsabilidad penal “pese a que consciente y voluntariamente han ejecutado, siempre en apariencia, toda clase de maniobras defraudatorias en el ámbito tributario para alterar las bases imponibles correspondientes a la mercantil”, asunto que resulta a entender del juez “aún más reprochable” si se tiene en cuenta que el efecto de las maniobras investigadas era desviar el dinero presuntamente defraudado a la comisión de delitos o “a los propios bolsillos de los administradores”.

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una pena de 50 años de cárcel al expresidente de la empresa pública Defex José Ignacio Encinas y los principales acusados por el presunto desvío de 41 millones de euros en comisiones ilícitas para conseguir contratos de esta empresa con el gobierno de Angola, según informa EFE.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide diferentes penas de prisión para los 27 acusados, las más altas para Encinas y otros encausados como Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa (relacionado con los conocidos “papeles de Laos” del caso Roldán) y que se enfrenta a la misma petición de pena de 50 años.

La Fiscalía les atribuye los delitos de corrupción en transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación, blanqueo, falsedad y delito de organización y grupo criminal, en relación con el presunto desvío y apropiación de fondos de Defex en contratos de suministro de material policial para Angola. 

Esta pieza ha investigado los contratos firmados por la UTE Cueto-Defex y el Comando general de Policía Nacional de Angola. El principal fue el firmado en junio de 2008 para el suministro de material policial por importe superior a los 152 millones de euros, que tuvo un coste de ejecución de algo más de 59 millones (el 38,6%) y un beneficio de casi 94 millones (61,3%).

El magistrado apunta que la UTE repartió un 33% del contrato para la adquisición y suministro del material; un 33% de beneficios para las dos empresas que formaban la UTE y un 33% fue para el supuesto pago de servicios locales de Angola, que no se llevaron a cabo y cuyos fondos se desviaron. Según el juez, los investigados destinaron a las empresas sólo una parte del beneficio. El resto se dedicó a pagar comisiones a autoridades y funcionarios públicos angoleños y al beneficio propio de varios de los acusados mediante una compleja estructura de empresas pantalla.

Los otros dos contratos investigados en este procedimiento son las operaciones comerciales de suministro de material policial a la Unidad de Seguridad Presidencial por la visita del Papa Ratzinger a Angola en 2009, por importe de casi dos millones, y el suministro de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial en 2011 por importe de cerca de dos millones. 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ve indicios para juzgar a 27 personas y tres sociedades por la trama corrupta de la empresa semipública de armas Defex en Angola. Les atribuye delitos de corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo, falsedad documental y organización criminal por el presunto desvío y apropiación de fondos de Defex, actualmente en proceso de liquidación, en contratos de suministro de material policial para Angola.

En el auto en el que acuerda el pase de las diligencias al procedimiento abreviado y pone fin a la instrucción, el juez dirige el procedimiento contra exdirectivos de las empresas investigadas como Juan Carlos Cueto (de la empresa Comercial Cueto, socio privado de Defex) y José Ignacio Encinas Charro (expresidente de Defex), así como Beatriz García Paesa, esposa del famoso espía Paesa, entre otros.

También procede contra Defex y Comercial Cueto como responsables penales corporativos por su “absoluto descontrol en materia de organización y control societario económico financiero y jurídico y la inexistencia de los más elementales y básicos mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos”.

La resolución da 20 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral presentado escrito de acusación, y archiva el procedimiento para cinco investigados, entre los que está Ismael Clemente, el presidente de la socimi del Ibex 35 Merlin Properties, que estaba imputado en el caso. El magistrado ratifica también la busca y captura e ingreso en prisión del ciudadano portugués Guilherme Taveira, prófugo de la justicia.

Esta pieza ha investigado los contratos firmados por la UTE Cueto-Defex y el Comando general de Policía Nacional de Angola. El principal fue el firmado en junio de 2008 para el suministro de material policial por importe superior a los 152 millones de euros, que tuvo un coste de ejecución de algo más de 59 millones (el 38,6%) y un beneficio de casi 94 millones (61,3%).

El magistrado apunta que la UTE repartió un 33% del contrato para la adquisición y suministro del material; un 33% de beneficios para las dos empresas que formaban la UTE y un 33% fue para el supuesto pago de servicios locales de Angola, que no se llevaron a cabo y cuyos fondos se desviaron. Según el juez, los investigados destinaron a las empresas sólo una parte del beneficio. El resto se dedicó a pagar comisiones a autoridades y funcionarios públicos angoleños y al beneficio propio de varios de los acusados mediante una compleja estructura de empresas pantalla.

Visita del Papa

Los otros dos contratos investigados en este procedimiento son las operaciones comerciales de suministro de material policial a la Unidad de Seguridad Presidencial por la visita del Papa Ratzinger a Angola en 2009, por importe de casi dos millones, y el suministro de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial en 2011 por importe de cerca de dos millones.

De la Mata explica que la trama se enriquecía ilícitamente de forma sistemática cargando a los contratos “brutales sobreprecios sobre el coste real de adquisición de las mercancías, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla, por importe de decenas de millones”.

“En la cúspide de la organización” sitúa a Cueto Martin, Encinas Charro, el coronel retirado Ángel María Larumbe Burgui (ex director de Operaciones de Defex) y Manuel Iglesias Sarria (ex directivo de Defex), con el apoyo de Iciar de Yraola (esposa de Cueto) y Alejandro Moreno (Comercial Cueto 92) y Enrique Francisco Gómez Cuesta y Ana Cerrolaza (Defex). “Todos se ocupaban de implementar la estrategia acordada, supervisar la gestión de las sociedades y distribuir los fondos ilícitos obtenidos”, subraya el magistrado, que no despeja la incógnita de quién está detrás del denominado “Kin” de la trama que se llevó la mayor comisión, 3 millones por una sola operación.

Otra pieza fundamental era García Paesa, que se ocupó de “implementar la estrategia acordada, diseñar y poner en marcha toda la estructura de sociedades, identificar y gestionar eficazmente todo un grupo de blanqueadores profesionales en Luxemburgo, supervisar la gestión de las sociedades, asumir directamente buena parte de la falsificación de facturas y documentos, y distribuir los fondos ilícitos obtenidos”.

Además de la responsabilidad penal de las personas jurídicas el auto del juez desgrana la participación de las entidades bancarias Deutsche Bank, Caixabank y BNP Paribas para la comisión del delito de blanqueo de capitales, en operaciones de transferencias dinerarias a Luxemburgo y a Angola desde diversas cuentas y sin aplicar, por parte de estas entidades, “ningún procedimiento de prevención de capitales”. Entre las personas a las que se mantiene como imputadas en el procedimiento están gestores de cuentas de esas entidades que habrían colaborado en el blanqueo de fondos de la UTE.

Según el magistrado, “ninguna de las entidades bancarias” verificó “mínimamente” la relación comercial de su cliente con la sociedad luxemburguesa JTL Financial, utilizada para blanquear los fondos, “ni tampoco solicitaron información adicional para comprobar la razón comercial” de transferencias por importe de 41.464.729 euros que obedecían a un reparto de comisiones ilícitas.

El Gobierno teme más complicaciones judiciales del caso de corrupción de la armamentística Defex, actualmente en proceso de liquidación tras un escándalo de comisiones irregulares en Angola.

El pasado jueves, el consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) celebró una reunión extraordinaria en la que se acordó cesar a la hasta entonces administradora única de Cofivacasa, la sociedad instrumental del hólding público que administra las liquidaciones de sus empresas, como es el caso de Defex desde octubre.

Así lo confirman fuentes de SEPI, que añaden que el organismo ha decidido sustituir a la hasta ahora responsable de Cofivacasa, la economista Matilde Galván (que se incorpora a la Fundación del hólding público), por un joven abogado del Estado, Francisco Javier Loriente.

Con Loriente convertido a partir de ahora en el encargado de administrar la liquidación ordenada de los activos y pasivos de Defex, fuentes conocedoras del proceso creen que el movimiento ilustra la preocupación del Ejecutivo porque el horizonte judicial de este caso se complique aún más.

SEPI ya tuvo sobre la mesa el nombramiento como liquidador de Defex del anterior secretario del consejo de esta empresa, el también abogado del Estado Jesús Moreno, que se incorporó después del estallido del escándalo en 2014. Sin embargo, la designación de Moreno fue finalmente desechada.

La liquidación de Defex fue definida hace unos meses por el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, como “una especie de pena de muerte de la persona jurídica” que es Defex, como consecuencia de su imputación como tal en la Audiencia Nacional. Puede demorarse durante años, mientras se culminan los contratos que ya tenía suscritos la empresa, que en 2016 presumió de unos resultados “muy satisfactorios”.

El relevo ordenado por SEPI se produce en vísperas de que previsiblemente este verano la Audiencia Nacional dicte la apertura de juicio oral para la primera pieza del caso, el supuesto fraude cometido en un contrato de equipamiento policial a Angola en 2008 por un total de 152,9 millones de euros.

El caso, que ha salpicado incluso a una empresa del Ibex, la Socimi Merlin (su presidente ejecutivo, Ismael Moreno, está imputado por blanqueo de capitales), implica fundamentalmente al que fuera presidente de Defex durante 20 años, José Ignacio Encinas Charro, y al exdirectivo y coronel de infantería de marina retirado, Ángel María Larumbe.

Otras personas clave de la trama son la asesora financiera Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía Francisco Paesa; o Juan Carlos Cueto, de la firma Comercial Cueto, que intermedió en el contrato en Angola. Según la SER, estas dos personas y el propio Encinas Charro conocen la identidad del principal comisionista de la trama, apodado el “kin” o “rey” del entramado, pero se han negado a desvelarla porque, según declaró Encinas ante el juez, eso son “palabras mayores”.

Más operaciones

Las actuaciones judiciales sobre Defex previsiblemente no se quedarán en las actuaciones de la empresa en Angola, ya que se están investigando más operaciones sospechosas en Camerún, Arabia Saudí, Egipto y Brasil. De momento, el proceso judicial no ha afectado a los accionistas privados de Defex, que tienen un 49% de las acciones y entre los que destaca la empresa Maxam con un 21,78% a través de dos sociedades. Según informaba Expansión este lunes, el socio minoritario de Maxam, el fondo británico Advent, ha reactivado la venta de su 45% en la empresa, por el que espera ingresar unos 700 millones de euros.

Maxam tiene varios vínculos con personas muy cercanas al rey Juan Carlos I. El presidente de su filial Expal (dueña de un 10,89% de Defex) y antiguo consejero en Defex es Francisco Torrente, ex jefe del Estado Mayor de la Armada y muy próximo al monarca y presidente de la otra filial. Y en Expal es consejero José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao e íntimo amigo del rey emérito, del que fue abogado personal durante 20 años. Romero Moreno también está vinculado a Maxam como patrono de su fundación.

Otro de los accionistas privados de Defex es Instalaza, a la que estuvo vinculado el exministro de Defensa Pedro Morenés.

A partir de ahora la actividad de Defex va a depender de la Oficina de Apoyo Exterior (Oficaex), dependiente del Ministerio de Defensa y, a diferencia de Defex, sin socios privados. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, fue consejera de Defex entre julio de 2002 y febrero de 2003, cuando era subsecretaria de Administraciones Públicas en el Gobierno de José María Aznar. El caso Defex permitió tirar del hilo que destapó otro escándalo de corrupción en una empresa pública en Angola, Mercasa, en el que está imputado José Herrero de Egaña y López del Hierro, sobrino de Cospedal.

Los discos duros y ordenadores desaparecidos siguen de moda en los casos de corrupción. Esta vez le ha tocado el turno a Mercasa, la empresa pública que se encarga de gestionar los mercas españoles y que está envuelta en un gran caso de corrupción. La empresa denunció que el día de Navidad se produjo un robo que está investigando la Policía. Según ha informado hoy la Cadena SER, en el robo se llevaron ordenadores y documentación.

El grupo, participado en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tuvo constancia el martes de que habían entrado en sus oficinas, sitas en el número 180 del madrileño Paseo de la Habana, al ver forzada una de las ventanas. Inmediatamente se presentó una denuncia ante la comisaría de Chamartín, según Europa Press.

En un primer recuento, según las mismas fuentes, se vio que no había desaparecido ningún objeto de valor, pero se está evaluando y haciendo inventario de todo lo que había en las oficinas, incluida documentación relativa al grupo. Se da la circunstancia de que el martes fue día no laborable para los trabajadores de Mercasa, que regresaron el miércoles a sus ocupaciones habituales.

La Audiencia Nacional inició la investigación sobre la empresa pública Mercasa a la vez que inició la Operación Lezo, ya que ambas se conectan por el hermano de Ignacio González, Pablo. Los agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo numerosos registros, aunque en esta pieza separada aún no hay detenidos. La Audiencia Nacional investiga una operación de Mercasa en Angola, donde iban a construir un mercado mayorista al estilo de Mercamadrid en la capital de este país africano.

El negocio era muy lucrativo para esta empresa pública. La administración de Angola y Mercasa firmaron un contrato por valor de 500 millones de euros. Los investigadores creen que hay sobreprecios que se utilizaron para pagar comisiones a funcionarios locales y para el lucro personal de quienes participaron en la operación.

El marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, también ha aparecido intermitentemente relacionado con el caso. En unas grabaciones de la operación Lezo publicadas por La Vanguardia se escuchaba a Ignacio González y el ex delegado del Gobierno en Ceuta en la época de José María Aznar, Luis Vicente Moro, sacar a la luz la relación del marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la trama Lezo-Mercasa.

Según se escucha en la grabación del 17 de enero, Moro está negociando con González la valoración de una empresa. González dice que se la pueden encargar a su hermano que está de director general de Mercasa. Moro, muestra una mezcla de sorpresa y temor ante el hecho de que el hermano de González esté en esa empresa pública donde trabaja un sobrino de Del Hierro.

Mercasa también conecta con otro gran caso de corrupción, Defex, del que es una pieza separada. Comparten la trama de corrupción en Angola en la que participaba Guillherme Taveira y la ex sobrina del espía Paesa.

El grupo que preside David Martínez Fontano facilita la comercialización mayorista procedente de origen, apoya al comercio minorista en todos sus formatos, modernizando los mercados municipales y fomentando nuevos desarrollos comerciales, según consta en su página web.

Mercasa, que facturó 21,6 millones de euros en 2016, ha promovido y gestiona junto a los ayuntamientos respectivos la red de Mercas, que cuenta con 23 unidades alimentarias, grandes complejos de distribución mayorista y servicios logísticos, que cubren toda la geografía española. En la red de Mercas operan unas 3.600 empresas mayoristas y de servicios complementarios, que facturan unos 10.000 millones de euros anuales.

La trama Gürtel en Valencia no fue la única red corrupta con sello español que aprovechó una visita del papa Benedicto XVI para lucrarse. La investigación del 'caso Defex' que instruye el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata revela cómo esta extinta empresa pública y su socio privado en Angola, Comercial Cueto 92, lograron un beneficio superior al millón de euros aprovechando la organización de un viaje oficial de Joseph Ratzinger a ese país en 2009.

Según se desprende de la documentación de la causa a la que ha tenido acceso eldiario.es, la unión temporal de empresas (UTE) de Defex y Cueto, objeto de una compleja investigación de la Audiencia Nacional que se prolonga desde hace más de tres años, aprovechó esa visita del papa para ingresar cerca de 2 millones de euros y obtener beneficios superiores al millón con sobrecostes superiores al 200% y contratando no con el Gobierno de Angola ni el Vaticano, sino con Sonadi, sociedad del intermediario portugués Guilherme Taveira, al que a cambio abonó una comisión de 249.312,44 euros.

En marzo de 2009, el máximo responsable de la Iglesia católica desde 2005 hasta su renuncia en 2013 cerró en Luanda, la capital angoleña, su primera minigira apostólica por África. Un viaje durante el cual atacó “el dolor y la violencia, la pobreza y el hambre, la corrupción y el abuso de poder” en el continente y arremetió contra el uso de preservativos que, dijo, no solucionan el Sida y “al contrario, sólo aumentan los problemas”. En Angola, Ratzinger festejó cinco siglos de la evangelización de la antigua colonia portuguesa, primer territorio de África austral donde llegaron los misioneros católicos. Defex y Comercial Cueto supieron sacar tajada gracias a sus contactos con las élites de ese país.

Un informe “estrictamente privado y confidencial” encargado por Defex a la auditora PwC sobre las operaciones de la empresa en Angola cifra en 1.952.083 euros el importe facturado por la UTE por lo que internamente esta denominaba el “Contrato Papal”. El análisis de PwC, fechado el 28 de diciembre de 2016, deja claro que el contrato estaba “fuera” del objeto original de la UTE, aspecto también destacado por la Guardia Civil y el juez y que en España supone incumplir la normativa de UTEs.

PwC no dirige su análisis a la “Operaçao Papa”. Sí destaca que este contrato y otro para suministrar inhibidores a la policía angoleña de cara a las elecciones presidenciales de 2011 refrendan que la UTE “siguió realizando operaciones económicas que nada tienen que ver con el contrato” original que centra el informe de la firma: la distribución y venta en 2008 de material policial y de seguridad para el Comando General de la Policía Nacional de Angola por más de 152,9 millones.

De esa cifra, “unos 100 millones de euros, se cree que se repartieron entre altos funcionarios angoleños corruptos, directivos y empleados de Defex”, según destacó el pasado lunes en el Senado el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde.

Como en el contrato principal, los beneficios generados para la UTE con la Operación Papa fueron “muy superiores a lo esperado” gracias a una “sobrevaloración del material” cobrado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifró en mayo de 2015 en más del 267%.

La operación papal, según la UCO, sirvió como “cajón desastre, de donde se satisfacían los pagos imprevistos” por la UTE; “ni la propia empresa tiene claro que fue lo que finalmente cobró” y el contrato se introdujo de “forma subrepticia” en el contrato original de 2008: “Se aprovechan los viajes de aprovisionamiento para la visita papal para hacer envíos de material del contrato de policía”. Descontrol total.

Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la Fiscalía Anticorrupción fechado en abril de 2016 corrobora esa hipótesis de sobrecostes injustificados. “Para casi todos los ítems” de la Operación Papa, “el precio de venta es el resultado de multiplicar por tres el precio de compra” de los artículos que adquirió la UTE a empresas españolas como Indra. Entre esos “ítems” había inhibidores, una fotocopiadora, un camión frigorífico, detectores de metales, prendas de vestir y diverso material informático.

La operación también comprendió aspectos como el transporte de vehículos del pontífice y su séquito desde Roma hasta Luanda y viceversa, “incluido el papa móvil”, el traslado del material adquirido desde un avión Antonov, la instalación de los inhibidores o la formación de equipos.

El “factor sexy”

Los sobreprecios superiores al 200% en el contrato papal encajan en el patrón de lo que los miembros de la trama calificaban de “factor mágico” o “factor sexy”. Como resume PwC, ese factor esotérico “fundamentalmente significa que para calcular el precio de venta del material a suministrar a Angola, la UTE Cueto-Defex multiplicaba el valor de adquisición del material por un valor que oscilaba entre 2,5 ó 3”. Esto les reportaba “un margen medio de entre 250% y 300% sobre el valor de adquisición”. En el contrato principal, parte del sobrante se repartió luego a los distintos miembros de la trama a través de sociedades pantalla en paraísos fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción calcula que, en el caso de la visita de Benedicto XVI, y teniendo en cuenta todas las partidas (compra de materiales, transporte, comisiones y otros), el coste de ejecutar el contrato fue de 911.854,37 euros, lo que supuso el 46,71% del importe total facturado “y proporcionó a la UTE Cueto-Defex un beneficio de 1.040.228,56 €”.

Equivale al 53,29% de lo facturado, un porcentaje muy elevado aunque ligeramente inferior al 61,33% que, según Anticorrupción, obtuvo la UTE con el contrato principal de venta de armas para la policía. En este caso, la partida de “transporte de mercancía”, según PwC, “no es razonable económicamente ya que se habría facturado un 77% más del coste real satisfecho a los proveedores de este servicio”.

La IGAE destaca el “muy elevado” importe de la comisión de 249.312 euros que la UTE abonó por el contrato papal a la empresa de Guilherme Taveira, el comisionista portugués que conecta esta trama de corrupción con la de otra empresa pública española en Angola, Mercasa, y al que reclaman la Interpol y la Audiencia Nacional. El apoyo logístico a la visita del papa no se contrató a la Unidad de Seguridad Presidencial de la policía de Angola, sino con Sonadi, sin que según la IGAE, se encontrase “ninguna documentación, más allá de las notas de débito/facturas”, que “ponga de manifiesto y evidencie los trabajos realizados por esta sociedad, por un importe tan elevado”.

156,9 millones

La visita papal y el resto de operaciones de la UTE en Angola permitieron a Defex-Cueto, como destacó el juez en un auto dictado en diciembre de 2016, ingresar un total de 156.931.321,01 euros que cobraron en sendas cuentas de Deutsche Bank y Caixabank en España. Posteriormente, la UTE transfirió “sin razón comercial alguna a Luxemburgo” 41.464.729,48 euros “que la investigación permite considerar como producto de los delitos investigados en este procedimiento”. La investigación y la auditoría de PwC relacionan ese pago, en concepto de “Servicios profesionales independientes”, exclusivamente con el contrato principal para la policía de Angola.

Ese importe fue transferido desde cuentas en España de Deutsche Bank, BNP Paribas y Caixabank a dos cuentas de Dexia y KBL titularidad de JTL Financial, sociedad luxemburguesa que, según el juez, carecía “de empleados y de actividad comercial alguna” y que “fue utilizada para recibir los fondos dinerarios que luego fueron objeto de una sucesión de transferencias dinerarias internacionales a Hong-Kong, Singapur, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido, Islas Caimán y Angola, sin que la totalidad de los destinatarios finales de esos fondos dinerarios se encuentren identificados”, según ese auto de diciembre.

Una parte de los fondos regresó luego a España a través de United Patrimonium, sociedad pantalla en Luxemburgo de Juan Carlos Cueto, uno de los principales imputados en la trama. Por medio de su asesora y amiga Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía, Cueto blanqueó presuntamente unos 8 millones procedentes de las operaciones de la UTE en Angola por medio de una operación inmobiliaria por la que ha resultado imputado Ismael Clemente, fundador y consejero delegado de la principal inmobiliaria del Ibex 35, Merlin Properties.

“Muy satisfactorios”. Así define sus resultados de 2016 Defex, la empresa semipública de exportación de armamento imputada en la Audiencia Nacional como persona jurídica por la presunta comisión de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Defex está abocada a la disolución desde abril de este año por el “daño reputacional” derivado del escándalo de corrupción en el que está inmersa por el pago de mordidas a cambio de contratos en Angola, Brasil o Camerún, aunque la decisión está todavía pendiente del visto bueno definitivo del Consejo de Ministros. En el informe de gestión de sus últimas cuentas anuales, a las que ha tenido acceso eldiario.es, la empresa presenta “unos resultados positivos muy satisfactorios de 3.521.111 euros antes de impuestos, y de 2.802.479 euros después de impuestos”.

El beneficio neto está un 9% por debajo del de 2015, cuando el resultado después de impuestos fue de 3.081.359 euros. Como en el anterior ejercicio, los accionistas de la empresa, encabezados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene el 51%, no verán un euro en dividendos, ya que el resultado ha sido destinado a reservas por el procedimiento penal en el que está inmersa la firma.

El resto de accionistas de Defex son empresas privadas: Explosivos Alaveses SA, Instalaza SA (a la que estuvo vinculado el exministro de Defensa Pedro Morenés) y Maxam Corp tienen un 10,89% cada una; y SA Placencia de las Armas y Alfa Lan SA, un 8,17% y un 8,16%, respectivamente.

Las cuentas de Defex, que tiene pendiente publicar en su página web, reflejan una facturación de algo más de 46 millones en 2016, frente a 108,4 millones un año antes. La cifra, “aunque sustancialmente menor que la de 2015 y aun estando por debajo de la media de los últimos 10 años”, situada en 59,473 millones, “podemos considerarla exitosa”, dice la empresa. Del total de ventas de 2016, casi el 90% correspondió a Oriente Medio.

Pese al “daño reputacional” sufrido, Defex, que opera principalmente con clientes del sector público extranjero, obtuvo cinco contratos en 2016 por un total de 52,577 millones de euros (frente a 22,643 millones un año antes). El margen comercial fue del 14,7%, “muy superior al 7,3% de 2015, debido por un lado al mix de ventas alcanzado finalmente, y por otro al fortalecimiento del cambio Dólar-Euro, que en esta ocasión nos ha beneficiado en los principales contratos de Oriente Medio”.

Las cuentas fueron formuladas inicialmente el 16 de marzo de 2017, pero Defex tuvo que reformularlas el 27 de abril al haberse iniciado los trámites para la disolución de la sociedad a instancias de la SEPI y a propuesta del Ministerio de Defensa. La decisión se adoptó “después de analizar la situación de Defex y constatar las dificultades de la compañía para operar en el mercado como consecuencia del daño reputacional sufrido y las medidas cautelares impuestas en la investigación judicial”, según indicó entonces la SEPI.

El hólding público añadió que, cuando el Consejo de Ministros apruebe la disolución voluntaria de Defex (algo que a día de hoy no ha ocurrido), se iniciarán los trámites societarios para la disolución y liquidación y “en esta última fase, la compañía mantendría su personalidad jurídica y concentraría su actividad, en coordinación con las autoridades judiciales, en la terminación de los contratos en curso, la realización de sus activos y el pago de sus deudas, el cumplimiento de sus obligaciones laborales y la liquidación del resto de sus compromisos”.

Con una plantilla de 14 personas a cierre de 2016 (frente a 19 un año antes), el gasto de personal de Defex en 2016 fue de 1,27 millones, frente a 2,24 millones en 2015. Entre las salidas estuvo la de Manuel Iglesias Sarriá, exdirectivo de la empresa, primo carnal del cantante Julio Iglesias, imputado en el caso y despedido ipso facto tras ser readmitido por orden judicial; y Cristina Aguilar Viyuela, cuñada de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y hermana a su vez de Fernando Aguilar Viyuela, presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015.

Este último está imputado en el caso, aunque la trama de corrupción que ha carcomido a la empresa en los últimos años salió la luz en 2014 por un contrato ejecutado en 2008 y 2009 para el suministro de material a la policía de Angola. Entonces, Defex estaba presidida por el antecesor de Aguilar, José Ignacio Encinas Charro, que estuvo al frente de Defex durante cerca de 20 años (hasta 2012) y fue detenido en 2014.

De acusada a acusadora

Respecto al procedimiento penal que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la empresa asegura que “se cuenta con argumentos jurídicos que llevan a considerar que Defex puede no ser acusada de ilícito penal alguno por inexistencia de conducta reprochable de la Sociedad, siendo en realidad un perjudicado más de los presuntos hechos investigados”.

“En la actualidad, la empresa está tratando de subvertir su posición procesal en la causa penal pasando a ser acusadora, como perjudicada de los hechos presuntamente acontecidos, más que como imputada, o al menos simultanear las dos posiciones procesales”, añade.

“Daño reputacional”. Con esas dos palabras resume el Gobierno, en el comunicado sobre la liquidación de Defex, la corrupción que ha podrido esta empresa pública. Ya no puede hacer negocios porque su nombre se asocia a mordidas en países africanos, pelotazos basados en sobornos y comisionistas huidos de la justicia. El Ejecutivo ha decido disolver Defex casi medio siglo después de su fundación para que sus gestores puedan centrarse en liquidar contratos, pagar deudas y afrontar las investigaciones judiciales.

Defex nació en 1972 como una empresa semipública dedicada a la exportación de armas. En 1990 amplió su negocio a la comercialización de otras tecnologías y ahora define su objeto social como “la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas”, pero su principal vía de ingresos ha sido siempre la venta de armamento para lo que ha contado con la ayuda de empresas privadas.

El 51% de Defex está en manos del Estado a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y en su consejo de administración están sentados el Ministerio de Hacienda, el de Exteriores, el de Economía y, por supuesto, el de Defensa. A esa mesa se sienta también, con el 49% de la empresa, compañías privadas como Explosivos Alaveses, Maxamcorp o Instalaza, a la que estuvo vinculado el exministro de Defensa Pedro Morenés.

El Ejecutivo anunció el pasado viernes que iniciaba los trámites para disolver la empresa. Hace un año que se planteó ya esta posibilidad y ahora se concreta con la autorización que la SEPI ha pedido al Consejo de Ministros para comenzar la liquidación. En el comunicado se habla de las dificultades que implican “las medidas cautelares” impuestas en la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Esas medidas cautelares implican que los beneficios de Defex no repercuten en las cuentas de la SEPI, porque la investigación sobre la corrupción en esta compañía lleva aparejada la intervención de sus cuentas. Ni el Estado, ni los accionistas privados, ven un solo euro procedente de Defex porque la justicia sospecha que para conseguirlos ha pagado comisiones y se ha servido de paraísos fiscales para ocultar parte del dinero de sus pelotazos.

La investigación que ha provocado el cierre de Defex comenzó en 2008, cuando Luxemburgo se extrañó por una transferencia de 41 millones en una cuenta cuyos titulares eran la empresa pública española y la compañía Cueto 92. Las autoridades de ese país trasladaron la información bancaria a España en 2012 y la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que recayó más tarde en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Esas pesquisas han destapado todo un entramado de corrupción dedicado a conseguir contratos para Defex en países como Brasil o Angola. Los negocios en el país africano son el pilar del caso. El acuerdo para proveer armas a la policía angoleña ascendió a 153 millones de euros, pero, según la Audiencia Nacional, tan solo 50 fueron para pagar el material que se envió a Angola. “Las investigaciones realizadas hasta la fecha establecen un beneficio por partida de material de entre el 200% y el 300%”, afirmó en un auto el juez Pablo Ruz, primer instructor del caso.

Para esconder ese ingente beneficio, Defex se sirvió de Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa. La investigación la señala como la persona que creó un entramado de empresas pantalla para ocultar el destino del dinero obtenido con el contrato de Angola. No consiguió su objetivo, Luxemburgo detectó el rastro de 41 millones procedentes de esa operación y García Paesa acabó detenida en 2014.

Junto a ella, la Guardia Civil detuvo en España a buena parte de la cúpula de Defex, pero los agentes no pudieron arrestar a la pieza clave del caso. Guilherme Taveira Pinto, de 62 años y nacionalidad portuguesa, se refugia en Angola, donde a finales del año pasado le localizó El Mundo.

Según la investigación, este empresario actuaba como nexo entre las autoridades angoleñas y la empresa española, y fue el encargado de pagar mordidas para lograr el contrato de suministro de armas a cambio de quedarse con un porcentaje del beneficio.

El fugitivo Taveira, entre Defex y Mercasa

Este empresario dueño de la sociedad Sonadi ha hecho negocio con las empresas públicas españolas, porque entre sus clientes no solo estaba Defex. El juez De la Mata ha abierto una pieza separada sobre Mercasa, la sociedad pública que gestiona los mercados mayoristas, por un pelotazo, también en Angola, de más 500 millones de euros.

La operación costó 20 millones de euros en comisiones que Taveira recibió entre 2007 y 2016, y que se encargó de repartir “entre sus verdaderos destinatarios finales”. Ese generoso reparto de mordidas facilitó que Angla lleve pagados 533 millones por un mercado mayorista en Luanda cuyas obras están paralizadas.

Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González -ambos en prisión por el caso Lezo-, está imputado en esta causa como responsable de los negocios en el exterior de Mercasa.

Si Mercasa actuaba como Defex, lo hacía como “una organización criminal”. Así definió la Guardia Civil la actividad de la empresa pública de armamento en un informe sobre sus negocios internacionales, que no se circunscribían a África. También hubo pago de comisiones a funcionarios brasileños e irregularidades en Arabia Saudi, Camerún o Egipto. Todo está siendo investigado en la Audiencia Nacional.

Defex ha purgado a los implicados en los casos de corrupción. La limpieza empezó por el presidente, Fernando Aguilar, quien sustituyó en 2012 a José Ignacio Encima Charro, al frente de la compañía durante más de 20 años y detenido cuando estalló el caso. La limpieza fue descendiendo por los principales puestos directivos, no sin las trabas de algunos de esos altos cargos, reacios a irse sin pelear por mantener sus altas remuneraciones.

Pero la criba no ha sido suficiente porque Defex ya no puede operar como lo ha hecho hasta ahora. Las sucesivas investigaciones que se van derivando de la principal han atrapado a la empresa pública, imputada en ellas como persona jurídica. La corrupción que impulsó sus negocios ha acabado por tumbarlos. Ahora solo le queda liquidar las deudas y afrontar, ya como empresa extinta, sus numerosos frentes judiciales.

El Consejo de la SEPI, la sociedad de participaciones industriales, ha acordado pedir al Consejo de Ministros autorización para disolver la disolución de la empresa pública de armamento Defex, según confirma la SEPI en un comunicado después de que lo avanzara Europa Press el martes. La propuesta, según el mismo texto, procede del Ministerio de Defensa y será elevada al Gobierno por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

“La decisión se ha tomado después de analizar la situación de Defex y constatar las dificultades de la compañía para operar en el mercado como consecuencia del daño reputacional sufrido y las medidas cautelares impuestas en la investigación judicial impulsada por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional”, dice el comunicado. Defex está participada en un 51% por la SEPI y en un 49% por socios privados.

Preguntado por esta empresa y por la también pública Mercasa, también bajo sospecha de corrupción, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado tras el Consejo de Ministros que la SEPI ofrecerá la “máxima colaboración” en estos procesos abiertos en sede judicial.

En 2012, las autoridades de luxemburguesas dieron la voz de alarma a España al preguntar por una transferencia de 41 millones de euros realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto 92, ésta última firma dedicada a la comercialización de armas. El dinero, según la investigación judicial, formaba parte de una comisión de 70 millones de euros que los responsables de la UTE habían desviado a distintos paraísos fiscales tras firmar un contrato con Angola por 152,9 millones en 2008.

El fiscal anticorrupción Conrado Sáez abrió diligencias tras el aviso de Luxemburgo, aunque el caso no se judicializó hasta junio de 2014, cuando recayó en el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, la cual señaló como principales imputados al responsable de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto, y varios directivos de Defex. Defex forma parte de SEPI y en su Consejo de Administración están representados el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Defensa.

Su objetivo social es la promoción y exportación de bienes y servicios españoles. Asimismo, detecta oportunidades comerciales de negocio para los bienes y servicios españoles a través de su red comercial internacional y realiza su misión a través de licitaciones internacionales y programas directos de colaboración con instituciones públicas y privadas.

El proceso de disolución pasa porque el Consejo de Ministros apruebe la disolución de la sociedad. Una vez aprobada se se iniciarían los trámites societarios para la disolución y liquidación de la misma. En esta última fase, la compañía mantendría su personalidad jurídica y concentraría su actividad en la terminación de los contratos en curso, la realización de sus activos y el pago de sus deudas, el cumplimiento de sus obligaciones laborales y la liquidación del resto de sus compromisos, según apunta la SEPI en la misma nota.

La Audiencia Nacional ha abierto una operación contra la empresa pública Mercasa, que se ha puesto en marcha junto a la del Canal de Isabel II que ha acabado con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Su hermano Pablo, directivo de Mercasa, también ha sido detenido.

La operación contra esta empresa pública la dirige el juez José de la Mata, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Fuentes de este tribunal indican que está en coordinación con el juez Eloy Velasco, al mando de la investigación sobre el Canal de Isabel II.

Los agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo numerosos registros, aunque en esta pieza separada aún no hay detenidos. La Audiencia Nacional investiga una operación de Mercasa en Angola, donde iban a construir un mercado mayorista al estilo de Mercamadrid en la capital de este país africano.

El negocio era muy lucrativo para esta empresa pública. La administración de Angola y Mercasa firmaron un contrato por valor de 500 millones de euros. Los investigadores creen que hay sobreprecios que se utilizaron para pagar comisiones a funcionarios locales y para el lucro personal de quienes participaron en la operación.

Hay una decena de imputados en esta pieza separada del caso Defex, acusados de delitos de cohecho, blanqueo de dinero, organización criminal y corrupción en los negocios. En esta operación no hay detenidos.

Aunque Pablo González, directivo de Mercasa, ha sido detenido esta mañana, fuentes jurídicas apuntan a que está vinculado a la operación contra la corrupción en el Canal, aunque ambos casos están relacionados.

El fugitivo del caso Defex, Guillerme Taveira, de nacionalidad portuguesa y angolana, cobró más de dos millones de euros de otra empresa española de participación pública a cambio de contratos en el exterior. El consorcio Mercasa Incatema contrató durante ocho años los servicios de Taveira, actualmente en busca y captura por desviar presuntamente 100 millones de dólares en una venta fraudulenta de armas de España a Angola intermediada por la empresa estatal Defex y que investiga la Audiencia Nacional.

Taveira facilitó a Mercasa (una empresa pública que depende de la SEPI y del Ministerio de Agricultura) la adjudicación de un contrato de más de 200 millones de dólares para construir un centro de distribución en el país africano, según la Cadena SER. La operación se realizó a través del consorcio Mercasa Incatema, participado al 50% por Mercasa y la mercantil Incatema.

Entre 2008 y 2011, Mercasa Incatema ingresó en la empresa Sonadi (vinculada al conseguidor del caso Defex) cerca de medio millón en anticipos. Taveira también recibió 800.000 euros en comisiones por el éxito de la ejecución del contrato, además de otros 1,8 millones de euros por gastos adicionales, según consta en la documentación de la empresa de participación pública.

Mercasa Incatema subraya que estas cifras se corresponden con lo estipulado en el contrato firmado con Taveira. La empresa reconoce que Taveira trabajó para su división internacional entre 2006 y 2014, aunque prescindió sus servicios una vez se conoció su participación en el caso Defex. Afirman que su colaboración con la empresa se limitó a garantizar el éxito del desarrollo de un contrato para la construcción de un centro de distribución en Angola.

En 2014, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata emitió una orden de búsqueda y captura contra Taveira por su presunta participación en la desaparición de 100 millones de dólares en una operación de venta de armas que la empresa pública Defex suscribió con Angola. El caso Defex, que está bajo secreto de sumario, se ha saldado de momento con la imputación de, entre otros, los dos anteriores presidentes de Defex, José Ignacio Encinas Charro y Fernando Aguilar Viyuela, cuñado de la presidenta madrileña, Cristina Cifuents.

El presidente de Mercasa Incatema es el exdiputado del PP Miguel Ramírez y en su consejo de administración se sienta Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. González, exdirectivo de Bankia, es desde 2012 director de Estrategia y Operaciones de Mercasa.

El presidente de Mercasa desde 2012 es Eduardo Amejide, considerado cercano al empresario Ignacio López del Hierro, el marido de la secretaria general del PP y nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por el pasado de ambos como gobernadores civiles durante la Transición.

La criba de directivos y empleados de la empresa semipública de exportación de armas Defex, inmersa en un escándalo de corrupción por el reparto de comisiones millonarias en operaciones de venta de armamento al exterior que investiga la Audiencia Nacional, ha alcanzado a una hermana del anterior presidente de la empresa, Fernando Aguilar Viyuela, imputado en este caso desde este verano.

Una de las últimas bajas ha correspondido a Susana Aguilar, hasta ahora directora regional de Defex. La empresa le ha invitado a tomar la puerta de salida y Aguilar se desvinculó de Defex la semana pasada. La opción elegida para materializar su salida ha sido una excedencia voluntaria, explican fuentes conocedoras del proceso.

Susana Aguilar, que según su perfil en LinkedIn era “directora regional” en Defex desde mayo de 2002, no tenía funciones directivas y no está imputada en este caso, a diferencia de su hermano, Fernando Aguilar. Ambos son hermanos del arquitecto Francisco Javier Aguilar Viyuela, marido de Cristina Cifuentes, y por tanto, cuñados de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Fernando Aguilar fue nombrado presidente de la empresa pública tras la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, en abril de 2012. Anteriormente había sido delegado de Defex en Singapur.

Aguilar era el máximo responsable de Defex cuando en julio de 2014 la Guardia Civil puso en marcha la Operación Angola, por la que inicialmente se detuvo a diez personas, incluyendo a su antecesor, José Ignacio Encinas Charro (presidente de Defex durante cerca de 20 años), por su presunta relación en el fraude millonario de una trama empresarial que suscribió un contrato con el Gobierno de Angola para suministrar a este país material policial. Según el diario El Mundo, hay hasta 20 contratos más bajo sospecha. 

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), el hólding público adscrito al Ministerio de Hacienda que tiene el 51% de las acciones de Defex, anunció la salida de Fernando Aguilar de la presidencia de la empresa en mayo de 2015, tres semanas antes de las elecciones autonómicas en las que Cristina Cifuentes logró acceder a la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias a un pacto con Ciudadanos. Le sustituyó el teniente general Juan Carlos Villamía.

Como avanzó El Mundo el pasado domingo, desde este verano Fernando Aguilar está imputado en el caso, cuyas actuaciones son secretas. La propia Defex está imputada como persona jurídica, por la presunta comisión de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. 

Sin relación ni mediación

A preguntas sobre este asunto, fuentes cercanas a la presidenta madrileña dicen que Cristina Cifuentes no mantiene ningún tipo de relación con sus cuñados. También niegan que Cifuentes mediara para colocar a Fernando Aguilar al frente de Defex. Su nombramiento se produjo cuatro meses después de que la actual presidenta madrileña se convirtiera en delegada del Gobierno en Madrid.

Algunas fuentes relacionan a Susana Aguilar con la propiedad de varias viviendas en Venezuela, país en cuyos registros oficiales aparece como representante legal de Defex. En el Registro Mercantil español, Aguilar figura desde junio de 2015 como administradora única de la empresa Zizou Fotovoltaica, domiciliada en Madrid y constituida en 2007.

El anterior administrador único de Zizou era el propio Fernando Aguilar, que está vinculado a otras dos sociedades relacionadas con la energía solar, Ibiza Fotovoltaica SL y Singapur Fotovoltaica SL. Según algunas fuentes, a pesar de su reciente imputación, Fernando Aguilar se ha trasladado a vivir a Londres, por lo que el juez no habría decretado la retirada de su pasaporte.

Un juzgado de Madrid ha obligado a la empresa semipública de exportación de material militar Defex (que tiene al Estado como mayor accionista con el 51%) a readmitir a un exdirectivo imputado en la Operación Angola por un presunto fraude en una operación de venta de armas a ese país por importe de 152 millones de euros.

El directivo en cuestión es Manuel Iglesias Sarriá Fernández de Navarrete, exdirector de Operaciones de Defex. El pasado 1 de octubre, Defex procedió a darle de alta en la Seguridad Social, aunque su reincorporación efectiva no se produjo hasta el lunes 10 de octubre. A Iglesias prácticamente no le dio tiempo a encender el ordenador: ese día se le entregó la carta de despido, según fuentes al tanto del proceso.

Ingeniero de Telecomunicaciones y primo carnal del cantante Julio Iglesias (su padre era hermano del doctor Julio Iglesias Puga, alias Papuchi), Iglesias Sarriá llevaba trabajando en Defex desde 1990 y en enero de 2013 fue nombrado director de Operaciones, bajo dependencia directa del entonces presidente de la compañía, Fernando Aguilar Viyuela.

Aguilar, que es cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015, cuando fue sustituido por el teniente general del Ejército Juan Carlos Villamía.

Con un salario mensual de 9.144,13 euros, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, más un bonus que en 2013 ascendió a 43.000 euros, Iglesias fue encarcelado en julio de 2014 junto a buena parte de la cúpula de Defex, imputado por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

El 3 de octubre de 2014, Iglesias salió en libertad bajo fianza de 50.000 euros y tres días después, el lunes 6 de octubre, se personaba en la empresa con la intención de reincorporarse a su puesto de trabajo con la categoría que tenía en el momento de ser detenido (alto directivo). Fuentes conocedoras del caso creen que su verdadera intención era cobrar la indemnización que le correspondería por sus 23 años de servicio en la empresa.

Defex se negó a readmitir a Iglesias y alegó que su relación laboral no estaba “extinguida sino suspendida por causa legal”, al amparo del artículo 45.1 del Estatuto de los Trabajadores, que regula como causa de suspensión de un contrato de trabajo “la privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria”. Una vez en libertad bajo fianza, Iglesias Sarriá denunció a la empresa solicitando, entre otras cosas, la declaración de nulidad del despido por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

En noviembre pasado, Iglesias logró que la magistrada del Juzgado de lo Social Número 40 de Madrid, Yolanda Martínez Álvarez, condenase a Defex a readmitirle o indemnizarle con 423.179,4 euros por despido improcedente, según la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es

Defex presentó recurso de suplicación y, aunque consignó esa cantidad en el juzgado, pidió a la Audiencia Nacional que embargase esos 423.179,4 euros para que su exdirectivo no pudiera disponer de ellos. El pasado 12 de julio, la sección 3 de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó en parte el recurso de Defex, aunque mantuvo la obligación de readmitirle reconociéndole sólo la indemnización que le correspondería por su etapa como alto directivo (desde enero de 2013 a julio de 2014): 15.339,64 euros.

Un directivo sin pasaporte

La empresa pública alegó que no podía readmitir a Iglesias Sarriá como directivo, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de Defex (dedicada al comercio exterior) y las restricciones que había fijado la Audiencia Nacional para ponerle en libertad, entre ellas, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

Iglesias, argumentó, “no podía desempeñar las tareas que eran propias del cargo que desempeñaba que le exigían desplazarse con frecuencia al extranjero”. Defex tenía constancia de 63 viajes de Iglesias como representante de la compañía entre 2009 y 2014, “de los cuales 13 son nacionales y el resto 50 son internacionales”, según la sentencia, ante la que cabe recurso.

Sis són els delictes investigats: corrupció a les transaccions comercials internacionals, contra la Hisenda Pública, suborn, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i falsedat documental. Nou membres de Defex havien estat detinguts, entre ells, el president i el director financer.

L’exportació del material policial s’havia realitzat entre els anys 2008 i 2009, per un valor de 152 milions d’euros. Segons el diari El Mundo (7/1/2015), el valor del material exportat ascendiria a 35 milions d’euros. L’operació es va realitzar a través d’una Unió Temporal d’Empresas (UTE) entre Defex S.A. i l’empresa privada Comercial Cueto 92 S.A. Del total del preu del contracte s’haurien desviat 41 milions d’euros a Luxemburg.

Resulta destacable l’enorme marge de benefici que ha suposat l’operació: 117 milions d’euros, si prenem com a correcta la valoració del material policial en 35 milions d’euros: gairebé un 77% de marge. A aquestos 117 milions d’euros s’ha de descomptar la suma de comissions que Defex va abonar a les autoritats angoleses com a contraprestació a que el contracte s’hagués adjudicat a empreses espanyoles.

Probablement aquest no sigui un cas de corrupció aïllat dins del comercia d’armes espanyol. Defex és una empresa en la que l’Administració espanyola posseeix el 51% de les accions a través de la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI). La seva finalitat és representar a les empreses armamentistes espanyoles per a facilitar l’exportació d’armament. És una de les peces que composen la política governamental de foment de les exportacions d’armes. Una política en què la transparència brilla per la seva absència. Així, per exemple, són secret d’estat el contingut de les actes de l’òrgan administratiu que autoritza les exportacions d’armament: la Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús. En el cas de Defex, al tractar-se d’una societat mercantil, està sotmesa a menys controls interns per part de l’Administració i la seva activitat roman oculta davant l’opinió pública. Ens trobem, per tant, dins d’un context en el que hi han bastants incentius per a què es portin a terme actuacions corruptes.

Una altra de les qüestions de fons és si l’administració espanyola està abonant comissions il·legals com un instrument per afavorir les exportacions d’armament a determinats països. Al meu judici, sembla raonable pensar que sí s’està fent, al menys a les exportacions a països marcats amb un important grau de corrupció. En aquest sentit, segons l’índex de percepció de la corrupció elaborat per la organització Transparència Internacional, amb prou feines Angola assoleix els dos punts dins d’una escala en què zero significa una percepció de país molt corrupte i deu una percepció d’absència de corrupció. Altres països als que Espanya ha exportat armament tenen un preocupant índex de percepció de la corrupció són: Veneçuela, Mèxic, Egipte, Marroc, Indonèsia, Algèria, Kazakhstan o Camerun.

El més preocupant de tot és que aquest cas va més enllà de la corrupció urbanística o del desviament de fons públics en la contractació administrativa. Si un país com Espanya no té cap objecció en exportar armament a un país marcat per la corrupció, utilitzant a més mecanismes que afavoreixen aquesta corrupció, està posant de manifest que el seu únic interès és vendre armes a qualsevol preu. Sense que li preocupi la situació interna del país comprador, ni les possibles violacions dels drets humans que aquest país pot cometre. No seria la primera vegada que un govern corrupte ataca el seu poble amb les armes que li ha venut un país que presum de ser democràtic.