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La justicia investiga al nuevo rey inmobiliario del Ibex 35 por posible blanqueo de capitales

Ismael Clemente, presidente de Merlin Properties.

Belén Carreño / Antonio M. Vélez

¿Cómo conecta un pelotazo inmobiliario con oficinas bancarias en España con una operación de venta de armas inflada al Gobierno de Angola? Es lo que está intentando desentrañar el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional con el juez José de la Mata al frente. El conocido como caso Defex, la operación por la que esta empresa semipública española vendió armamento al Gobierno de Angola en 2008 con precios desorbitados y comisiones millonarias, esconde alguna sorpresa inesperada en el sumario, aún bajo secreto. Entre lo menos conocido: la investigación a Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, la nueva niña mimada del Ibex 35, por presunto blanqueo de capitales.

Ismael Clemente, fundador de Merlin, está imputado desde mediados de 2014 por blanqueo en una filial del grupo inmobiliario, Tree Inversiones, de la cual este ejecutivo extremeño fue presidente y que actualmente administra junto a su socio y consejero ejecutivo de Merlin, Miguel Ollero. Clemente aparece en la causa como imputado por Tree Inversiones. Según recuerda la empresa, en 2014 no se podía imputar a personas jurídicas y él acude en nombre de la empresa.

Tree Inversiones, cuyo 100% pertenece a Merlin desde el 3 de julio de 2014, adquirió entre 2009 y 2010 más de un millar de sucursales de BBVA y, justo después, se convirtió en casero del banco durante un periodo de 30 años. La operación movilizó en total 1.500 millones de euros y reportó interesantes beneficios a los accionistas de Tree. Actualmente, esta filial es una importante fuente de ingresos para Merlin: el año pasado, Tree facturó 90,4 millones al año a BBVA por el alquiler de esos inmuebles y registró un beneficio de 51,1 millones, de los que destinó a dividendos 41 millones.

Parte de las ganancias de los accionistas de Tree en sus primeros años de existencia acabaron desaguando en los mismos canales financieros a los que se dirigieron las plusvalías presuntamente ilícitas de la famosa venta de armas a la policía de Angola que un consorcio formado por Defex llevó a cabo en 2008 y que investiga la justicia española desde hace cuatro años: en sociedades de Luxemburgo.

Beatriz García Paesa, la sobrina del famoso ex espía Paesa, fue la encargada de montar un entramado de sociedades pantalla en ese minúsculo país que utilizaba uno de los principales artífices e imputados del caso de Angola, Juan Carlos Cueto, consejero delegado de Comercial Cueto 92, el socio 100% privado de Defex en el pelotazo angoleño.

Cueto, amigo de Paesa desde la juventud, utilizó esa sociedad para canalizar una participación en el pelotazo inmobiliario de las sucursales de BBVA. Lo hizo a través de una sociedad de Banca March denominada Alcudia Cartera de Inversiones. Según la fiscalía Anticorrupción, Paesa constituyó para Cueto una empresa en Luxemburgo llamada United Patrimonium, con la que “los imputados realizaron en España varias inversiones, y una de ellas fue una inversión de más de ocho millones de euros a través de la compra de acciones de la sociedad Alcudia Cartera de Inversiones SA [...] para la compra de las sucursales de la entidad BBVA”.

Así, United Patrimonium ostentó formalmente el 15,41% del capital social de Alcudia, empresa de la que la propia García Paesa era consejera y que, a su vez, tenía un 18% de Tree, la sociedad de Merlin que gestiona los inmuebles de BBVA. Según las pesquisas de la Fiscalía, la inversión en Alcudia “junto con sus beneficios acabó en la sociedad Comercial Cueto 92”. Lo hizo a través de una dación en pago formalizada en marzo de 2013 por la que United Patrimonium cedió sus acciones a Alcudia. Una vez que los investigados sabían del proceso judicial en marcha, Alcudia fue liquidada.

Declaración

En su declaración del 15 de diciembre de 2014, a la que ha tenido acceso eldiario.es, Ismael Clemente aseguró desconocer United Patrimonium y afirmó que solo conocía a Alcudia, que a su vez participaba en otra sociedad en el accionariado, con lo que la inversión de este dinero era muy indirecta. Ante las preguntas del fiscal de si conocía a Beatriz García Paesa y a Juan Carlos Cueto, la grabación no recoge ninguna respuesta audible.

El abogado de Cueto cuantificó junto con Clemente en el interrogatorio que Alcudia tenía directamente alrededor de un 18% de la operación de las sucursales. En total, la declaración del ejecutivo fue muy breve, de apenas ocho minutos.

A preguntas sobre este asunto, fuentes de Merlin aseguran que el consejo de administración de esta empresa y su Comisión de Nombramientos y Retribuciones fueron informados “de la situación de imputación de Tree Inversiones Inmobiliarias y, en consecuencia, su representante, Ismael Clemente, también Consejero Delegado de Merlin Properties”.

Las mismas fuentes no precisan la fecha exacta en que Clemente comunicó esta circunstancia y añaden que Tree ha pedido el sobreseimiento de las actuaciones, petición que el juez De la Mata ha denegado. En la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Merlin se sienta Pilar Cavero, cuñada del expresidente madrileño Ignacio González y socia del despacho Cuatrecasas, bufete que tiene desde hace años una estrecha relación con Juan Carlos Cueto.

Merlin, una socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) que ha aprovechado las enormes ventajas fiscales concedidas a este tipo de sociedades por el Gobierno de Mariano Rajoy, cotiza en el Ibex desde diciembre de 2015 y actualmente es la mayor inmobiliaria cotizada de España, con un valor bursátil superior a los 5.200 millones de euros.

La empresa, que ha atraído a accionistas de postín como Santander (16%) y BBVA (5%), salió a cotizar a bolsa el 29 de junio de 2014, nueve días después de que, el 18 de junio de 2014, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada presentase ante la Audiencia Nacional una querella por el contrato suscrito entre la UTE Defex-Cueto y la policía de Angola. Las primeras detenciones por el caso Defex se produjeron un mes después, en julio de 2014.

Pese a que su máximo ejecutivo lleva años imputado por un caso de blanqueo, no ha sido hasta 2016 cuando Merlin ha aprobado un “Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”, según recogen sus últimas cuentas anuales.

En ellas, la empresa señala que “Merlin ha procedido a la puesta en marcha de un Modelo de Cumplimiento con la implantación de un Órgano de Cumplimiento Penal (OCP)” y de “un Órgano de Control Interno (OCI) para las materias relacionadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”.

Asimismo, la Comisión de Auditoría de su consejo de administración promovió el año pasado un “Modelo de Prevención y Detección de Delitos” con la implantación de esos dos órganos de nueva creación, “además de promover el nombramiento de un representante ante el SEPBLAC” [Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales] “por el Consejo de Administración”.

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