El Gobierno impone un límite del 50% del gasto a los ministerios hasta que haya presupuestos
El Gobierno ha impuesto una suspensión del 50% del gasto a los ministerios ante la necesidad de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Los distintos departamentos no podrán comprometer la mitad de lo que presupuestaron el año pasado hasta que Mariano Rajoy consiga sacar adelante unas nuevas cuentas para las que actualmente no tiene apoyos suficientes. La medida supone elevar el control del gasto que realiza Hacienda ya que en la prórroga de 2016 esta medida solo limitaba el 30% del presupuesto de distintos departamentos.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de diciembre, a propuesta de Cristóbal Montoro, un acuerdo que recoge los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de 2017 y que no ha hecho público ni en la referencia que cuelga Moncloa ni en el Boletín Oficial del Estado. Sí se han publicado ya en la página web de Hacienda los presupuestos prorrogados que corresponden a cada ministerio.
Ese acuerdo aprobado por el gabinete de Rajoy contempla una cláusula para limitar el gasto. La orden ministerial, a la que ha tenido acceso eldiario.es, establece concretamente que los ministerios no pueden aprobar ni comprometer nuevos gastos para inversiones y transferencias corrientes por encima de la mitad de lo que figura en los presupuestos prorrogados. Desde Hacienda insisten en que esta medida se toma para controlar el gasto y cumplir con lo acordado con Bruselas.
Según fuentes consultadas, una vez que se acuerden unos nuevos presupuestos lo habitual es levantar esta suspensión. El control conlleva que no se puede licitar, por ejemplo, con el 100% del presupuesto de una partida y en algunos casos puede conllevar retrasos en adjudicaciones o en las convocatorias de determinadas subvenciones o prestaciones públicas. Este inconveniente suele ir ligado a todas las prórrogas presupuestarias pero el control que ejerce este año el Gobierno es más férreo que en ocasiones anteriores.
La propuesta aprobada por el Consejo de Ministros establece como excepción las transferencias destinadas a financiar las pensiones, el desempleo y las clases pasivas.
Además, deja en manos de Hacienda el visto bueno a los gastos adicionales así como el control de lo que se vaya ejecutando. “Solo por causas excepcionales debidamente justificadas, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite”, señala el escrito.
El Gobierno justifica ese control del gasto en la necesidad de cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto fijados para 2018. Esta es otra medida en la línea de la congelación de más de 4.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Montoro dejará sin anticipos a las autonomías hasta que haya unos nuevos presupuestos.
Desde el PSOE consideraron que esa medida era una “extorsión” en plena negociación del sistema de financiación autonómica y en un momento en el que el Gobierno no tiene los apoyos para sacar adelante las cuentas. Ahora denuncian que limitar “de forma indiscriminada y con opacidad” los fondos de los ministerios es un nuevo “chantaje, chantaje, pero también a sus socios presupuestarios, Ciudadanos y el PNV”. Los nacionalistas vascos dejaron en suspenso su apoyo por la situación en Catalunya ante la activación del 155.
Además, subrayan que es una medida “escandalosa” pues conlleva, a su juicio, una suspensión del gasto que puede afectar a partidas importantes para la vida de los ciudadanos, como las becas, la financiación de los ayuntamientos y las inversiones, por ejemplo, para infraestructuras. También sostienen que es la primera vez que una prórroga se gestiona de esta forma: “En 2016 se procedió con la no disponibilidad de crédito y se impuso un recorte por partidas concretas; pero esta vez se hace de manera generalizada”, señalan fuentes socialistas.
El objetivo con el que trabaja el Gobierno es que se aprueben los presupuestos para finales de marzo pero, por el momento, las negociaciones siguen en suspenso a la espera de que se resuelva la constitución del Gobierno catalán.
