La delirante carta de Carmen Franco a la Xunta tras la ocupación simbólica de Meirás por “revanchistas de izquierda”

El 30 de agosto de 2017, un grupo de activistas del ámbito del nacionalismo –entre los que se encontraba el actual diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego– ocuparon de forma simbólica el Pazo de Meirás para reclamar su devolución al pueblo gallego. La Fundación Francisco Franco, que en aquel momento gestionaba las visitas al recinto, y los herederos del dictador pidieron un total de 250 años de cárcel para los 19 de Meirás, como pasaron a ser conocidos. Al día siguiente de la movilización, la única hija del general, Carmen Franco, dirigió una carta a la Xunta para exigir mejoras en la seguridad ante el riesgo de “asalto” y “terrorismo”. Un documento que muestra cómo percibía la historia de un inmueble cuya propiedad legítima estaba a punto de empezar a disputarse en los tribunales.

La misiva –a la que ha tenido acceso elDiario.es– tenía como destinatario al secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y arrancaba así: “Ante el allanamiento de morada y ocupación del Pazo de Meirás del 30 de Agosto del presente año, quiero manifestar que considero a la Xunta responsable subsidiaria de esta acción y de otras que pudieran acontecer en un futuro”.

“En el acuerdo inicial suscrito entre las partes”, continuaba, “se pactó que PROSEGUR organizase las visitas y se ampliase la cobertura del seguro del Pazo con los posibles daños que pudieran derivarse de las mismas”. Aquel acuerdo, firmado en febrero de 2011 y renovado un año después, supuso que la Xunta pagase un total de 44.200 euros (más IVA) para costear la vigilancia y el servicio de guía durante los cuatro días al mes en los que los Franco estaban obligados a abrir el pazo a las visitas por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). El gobierno bipartito PSdeG-BNG había declarado BIC el recinto en diciembre de 2008, pero la familia recurrió y no fue hasta 2010 cuando el Tribunal Supremo archivó sus demandas.

“He de recordarle que en su momento me opuse a la declaración BIC de la que fue la residencia de verano de mi padre mientras fue Jefe del Estado, dado que el interés cultural de las iniciales torres de Meirás dadas su antigüedad (finales del siglo XIX) y tamaño, era ridícula en comparación con otros pazos en Galicia, no declarados BIC, y muchos de ellos en un completo abandono”. El argumento de la hijísima coincidía casi punto por punto con el utilizado una década antes por Alberto Núñez Feijóo, quien debutaba como líder de la oposición tras suceder a Manuel Fraga al frente del PP gallego.

Feijóo se había puesto del lado de los Franco cuando impidiéron la entrada de los técnicos de la Xunta en su residencia de verano, paso previo para su declaración como bien protegido, ya que, para él, Meirás no era un pazo, sino “una torre”. La entonces conselleira, la nacionalista Ánxela Bugallo, no ahorró el sarcasmo al saberlo y propuso contratar a Feijóo como técnico de patrimonio. El mismo Feijóo que, cuatro años después –y ya como presidente– pagaría los gastos derivados de la primera apertura del recinto seis meses después de que fuese considerado BIC.

El misterioso incendio de 1978

Pero volvamos a 2017 y a la carta, porque llega la parte en la que su autora dulcifica el expolio: “Mi madre compró terrenos adyacentes y muchos de los elementos que, tanto en el interior como en el exterior del pazo, conforman dicho conjunto. Y tras amueblarlo y decorarlo, una gran parte se perdió en el incendio que se produjo en el 1978, del que tenemos más que sospechas fue un acto de terrorismo”.

Como cualquier joyero de la época sabía, el concepto de “compra” de La Collares, como se conocía a la esposa de Franco, era realmente laxo. El portal España en Libertad del Ministerio de Memoria Democrática relata lo sucedido de una forma muy diferente. “Mediante técnicas represivas y coactivas se desposeyó a los legítimos propietarios de las fincas colindantes, de los derechos de explotación de estas y se efectuaron apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”. Algunas de esas piezas –como las esculturas de los profetas del Pórtico de la Gloria– han vuelto a su lugar de origen tras una larga lucha judicial. Otras, continúan esperando.

El incendio del 78 merece un capítulo aparte que, todavía hoy, invita a la fabulación. Los Franco insisten en la tesis del atentado, la explicación oficial habló de cortocircuito y los colectivos memorialistas creen que fue una operación diseñada para llevarse objetos de valor del Pazo antes de que la naciente democracia pusiese los pies en su interior, una urgencia que el tiempo demostraría injustificada.

Dos meses después del fuego –que estuvo precedido por el ir y venir de camiones militares–, Carmencita fue interceptada en Barajas, rumbo a Suiza, con dos kilos de oro y diamantes en monedas, broches y joyas en el bolso. Y poco después, un comprador anónimo adquiría en una subasta en Los Ángeles una versión de La marquesa de Santa Cruz, el cuadro de Goya que Franco quiso regalar a Hitler en su famoso encuentro en Hendaya, pero que trajo de vuelta. El comprador resultó ser el dictador filipino Ferdinand Marcos. Su esposa Imelda, asociada para la posteridad con la acumulación de zapatos, era una gran amiga de Carmen. Que La marquesa estuviese en Meirás y que se la llevasen aprovechando la confusión provocada por las llamas sigue siendo algo imposible de comprobar.

Teléfono estropeado

Sucediese lo que sucediese en aquel incendio, la reparación de sus daños sigue siendo uno de los motivos que los Franco esgrimen para reclamar una indemnización por renunciar a su residencia de verano. La duquesa lo reivindicaba así en 2017: “Dado el cariño que profeso al Pazo y a esta tierra, llevé a cabo su rehabilitación completa y nuevo acondicionamiento, labor que nunca se me ha reconocido, muy al contrario, ya que la Xunta ha venido dificultando, con cancelación unilateral del convenio, ampliaciones de visitas, recortes y multas, el disfrute del mismo”.

La cancelación del convenio remite a 2013, cuando el gobierno gallego dejó de pagar la gestión de las visitas. La ampliación, a que la enorme demanda llevase a ampliar en unas cuantas fechas los días de apertura; eso sí, respetando siempre el mes de agosto para no alterar “el disfrute del mismo”.

Con la multa, Carmen Franco se refiere a la sanción impuesta por la Consellería de Cultura tras el enésimo obstáculo de los herederos al acceso de público: el teléfono de reservas había dejado de funcionar desde febrero. En marzo, la hijísima culpó a la compañía por dar la línea de baja y facilitó un nuevo número. Pero el expediente ya estaba en marcha y concluyó con una multa de 4.500 euros sobre un máximo posible de 6.000.

Justo a continuación, la carta confirma algo que se había conocido semanas antes y que, de alguna manera, había detonado la ocupación simbólica y la indignación en buena parte de la sociedad gallega: “No dispongo de una infraestructura que me permita organizar aquello a lo que la declaración de BIC me obliga, por lo que he encomendado dichas tareas a la Fundación que lleva y defiende el legado de mi padre, que sí puede organizar y gestionar dichas visitas eficientemente”.

En febrero, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, había enviado una solicitud de entrevista personal a Núñez Feijóo. “La Fundación Nacional Francisco Franco, de común acuerdo con la Duquesa de Franco, está evaluando la posibilidad de dar al Pazo de Meirás un destino cultural. Por ello le proponemos mantener una reunión con Ud., en la fecha que mejor pudiera convenirle, para presentarle las líneas generales del proyecto, y recabar el posible apoyo de la Junta que Ud. preside para el mismo”.

No hay constancia de que existiese ese encuentro entre el presidente gallego y el hijo del que fue ministro franquista y uno de los fundadores de Alianza Popular, pero sí de que, unos meses despues, la fundación pasase a gestionar las visitas a Meirás. Lo hizo dándole esa pátina que ellos consideraban “cultural” pero que en realidad era una exaltación del “ideario fascista” –como denunció por unanimidad el pleno de la Deputación de A Coruña–, en la que no faltaban alusiones a un supuesto “genocidio de católicos” por parte de la República. Ante ese hecho “tan desafortunado”, Benito Portela, el alcalde de Sada –la localidad en la que se levanta el Pazo– solicitaba que se cediese al ayuntamiento la gestión de las visitas. Un mes después de su propuesta, los 19 de Meirás llevaban a cabo su acción.

“Revanchismo al amparo del dinero público”

“Al amparo de una interpretación obviamente falsa de la Ley de Memoria Histórica han proliferado una multitud de grupos revanchistas de izquierda al amparo del dinero público, ansiosos de titulares y protagonismos, que llevan meses anunciando a todos los vientos acciones ilegales contra mi propiedad del Pazo de Meirás”. Se acabaron los preámbulos y Carmen Franco, por fin, se soltaba el pelo. “Ante estos anuncios de violencia, la Xunta, que es responsable de la declaración de BIC, y por tanto, de las medidas de protección del valor histórico-cultural de dicho bien, no ha tomado medida alguna para prevenir la acción violenta de asalto y allanamiento de morada citada”. Mirando al futuro, se ponía catastrófica: “Esta acción, que obviamente no será la última ante la lenidad demostrada por la Xunta, hubiera podido ser evitada con facilidad si la Xunta hubiera cumplido con sus deberes legales, además de los más elementales criterios de prudencia, para la prevención de los delitos anunciados”.

Los últimos párrafos de la carta cumplen a la perfección el esquema clásico expongo/solicito, así que se cierra con las demandas: “Por la presente exijo que la Xunta tome las medidas pertinentes para que las exigencias unilaterales a las que me obliga en tanto que propietaria de un BIC no tengan las repercusiones de extrema gravedad que acaban de producirse, y que a todas luces se repetirán salvo que la Xunta tome las medidas mínimas de prevención”.

(Breve inciso, de nuevo para resaltar coincidencias: horas después de la protesta de los activistas, Fernández de la Mora volvió a solicitar una reunión personal a Feijóo, en los mismos términos que la anterior, para “transmitirle nuestra preocupación y estudiar las medidas a tomar para evitar futuros asaltos, que pudieran tener consecuencias irreparables”).

“El mínimo absoluto exigible, dados los antecedentes de asalto y terrorismo, es que la Xunta, en tanto que responsable de la declaración de bien de interés cultural del Pazo, que ha sufrido daños en el patrimonio histórico que lo integra, realice las gestiones conducentes a la identificación y depuración de responsabilidades de los asaltantes, y en su caso, se persone ejercitando las acciones penales y civiles derivadas de los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto. Adicionalmente, exijo que la Xunta asegure los potenciales daños que pudieran generarse como consecuencia de las visitas a las que estoy obligada, y provea de forma inmediata un servicio de seguridad adecuado a la amenaza. Atentamente, Carmen Franco Polo. Duquesa de Franco”. Al pie, su firma y, también manuscríto, el número de su DNI.

Post-scriptum

Carmen Franco: la hija del dictador y autora de la carta falleció cuatro meses después de escribirla, el 29 de diciembre. Su muerte dejó sin efecto la multa de 4.500 euros que le impuso la Xunta por incumplir la apertura del Pazo.

Los 19 de Meirás: En diciembre de 2022, la Audiencia de A Coruña archivó la causa contra los activistas. Consideró que ni hubo allanamiento –pues la protesta fue en horario de visitas– ni tampoco delito de odio. Los encausados lo celebraron como “una victoria del pueblo gallego”.

Alberto Núñez Feijóo: En 2020 celebró como “un triunfo” la sentencia del juzgado de A Coruña que ordenaba a los Franco devolver el Pazo. Posteriormente, defendió un plan de usos para el recinto que evitase centrarse en los años de la dictadura, una idea que ha recogido su sucesor, Alfonso Rueda. Tras la sentencia del Supremo, Feijóo ha guardado un silencio absoluto sobre Meirás.

Benito Portela: desde la devolución inicial del Pazo a dominio público, es el Concello de Sada el que gestiona las visitas a Meirás, tal y como había solicitado a la Xunta cuando lo hacía la Fundación Francisco Franco. Portela, militante de Anova, continúa como alcalde al frente de la formación municipalista SadaMaioría.

Pazo de Meirás: El Tribunal Supremo confirmó en marzo que el recinto pertenece al Estado tras rechazar el último recurso de los Franco contra la sentencia inicial de 2020. Basándose en un informe encargado por la Xunta de Feijóo, el fallo recoge que la familia ejerció la posesión “buena fe”. Los herederos del dictador se apoyan en ese razonamiento para reclamar una indemnización que puede rondar el millón de euros y a la que se oponen tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia. El coste de las obras de reforma tras el incendio de 1978 es, precisamente, uno de sus principales argumentos para exigir compensación económica.

Fundación Francisco Franco: Este martes, 14 de abril, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, firmó la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para extinguirla y trasladó el expediente a la Justicia para que un juez o una jueza tomen la decisión final.