La querella de Manolo y la estatua de Moncho: los Reboiras remueven las heridas abiertas del franquismo en Galicia

El 11 de agosto de 1975, el militante nacionalista Moncho Reboiras fue asesinado a tiros por la policía en Ferrol. Se convirtió en la última víctima mortal de la dictadura en Galicia. Un mes y medio después, el 28 de septiembre, su hermano Manuel era detenido y torturado en Padrón. Medio siglo más tarde, la suya fue la primera querella contra crímenes del franquismo admitida a trámite por un juzgado gallego. Hoy, es la única que “sigue viva”, debido a los obstáculos que la justicia sigue interponiendo a estas causas, hasta el punto de merecer un toque de atención de la ONU. A Moncho, desde hace un mes, lo recuerda en el centro de Santiago una estatua pagada por suscripción popular. El monumento no tardó en sufrir actos vandálicos y el candidato del PP ha prometido retirarlo si llega a la alcaldía.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el centro para la defensa de los derechos humanos Iridia y la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) impulsaron al menos 18 casos en los tribunales que se toparon con problemas para la instrucción. Eso fue lo que motivó su queja ante la ONU que cuatro relatores recogieron en una declaración conjunta para recordar al Gobierno español que “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

El documento recoge varias causas gallegas, empezando por el asesinato de Moncho “en un contexto de crímenes de lesa humanidad”. La querella de su familia contra 26 agentes fue archivada por los juzgados de Ferrol. Tras agotar todos la vía judicial –incluido el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional–  se interpuso denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La misma suerte siguió la demanda de Xosé María Brañas Pérez, detenido en Lugo y torturado en A Coruña en el mismo operativo que acabó con Reboiras. También las de los vigueses Jesús Vázquez González y Francisco Domingo García Montes, torturados en la comisaría de su ciudad. En febrero, cuando los relatores redactaron el informe que se acaba de conocer, su caso estaba pendiente de que el juzgado se pronunciase sobre su admisión. Hoy, según confirma Irene A. Francés, integrante del equipo jurídico de Ceaqua en Galicia, ya espera que el Constitucional se pronuncie sobre su recurso de amparo.

Es por eso que la única “causa viva” en Galicia, según Francés, es la de Manuel Reboiras. Aquel 28 de septiembre del 75, cuando tenía 18 años, fue detenido durante un día y torturado en el cuartel de la Guardia Civil de Padrón (A Coruña). Unos meses después, el 18 de junio de 1976, ya muerto el dictador, era arrestado de nuevo y sometido a torturas en la comisaría de policía de Vigo (Pontevedra).

Ceaqua presentó la querella de Manuel en octubre de 2024, denunciando un delito de torturas en concurso con un delito de lesa humanidad. “Lo presentamos por su detención en Vigo, en el Monte do Castro pero, en el relato de los hechos, hablamos también de su detención previa, en Padrón”, relata la letrada. “El juzgado de Vigo no admitió la causa pero se inhibió de las actuaciones sobre lo sucedido en Padrón y se lo pasó al juzgado de la localidad. Esta es la única parte que aún sigue abierta”. La otra, la tortura en la comisaría viguesa, llegó hasta la apelación a la Audiencia y fue trasladada al Comité contra la Tortura de la ONU.

“Lo que trasladan los relatores de la ONU es la ausencia de investigación en casos denunciados ante los juzgados. No se está cumpliendo la obligación de perseguir, investigar y enjuiciar los crímenes internacionales cometidos en su territorio. Seguimos chocando contra un muro de impunidad”, explica por teléfono Francés a elDiario.es.

La comunicación señala que, cuando estas causas se archivan, se hace basándose en normativas internas como la Ley de Amnistia o la prescripción de delitos, algo que “el derecho internacional no permite aplicar a crímenes internacionales, de lesa humanidad y que afectan a los derechos humanos”.

La abogada achaca “a los tres poderes del Estado” la “falta de voluntad” para aplicar ese derecho internacional: “el Judicial archiva, el Ejecutivo no responde y el Legislativo sigue sin derogar la Ley de Amnistía, mantiene una Ley de Secretos Oficiales en la que falta transparencia y normativas como la Ley Mordaza”.

La estatua de Moncho

El 18 de abril se inauguró en la Carreira do Conde de Santiago, una transitada calle peatonal en el límite entre la Alameda, el Casco Histórico y el Ensanche, la estatua en homenaje a Moncho Reboiras. Esculpida en bronce, a tamaño natural, fue sufragada por las aportaciones de unas 200 personas. Su inauguración estuvo presidida por la alcaldesa de la capital gallega, la nacionalista Goretti Sanmartín.

Reboiras tenía 25 años cuando fue asesinado por la policía. Era un destacado militante de la UPG –la formación que hoy nuclea el BNG– muy activo tanto en el ámbito político como en el sindical, defensor de la creación de un frente armado para combatir el franquismo. Su figura se elevó rápidamente a la categoría de mito. En 2009, el gobierno lo reconoció como víctima de la dictadura.

Su figura comenzó a ser reivindicada, con libros como Reboiras. O camiño da rebeldía, del historiador Xurxo Martínez y el periodista Xosé Manuel Pereiro, donde se desmontan tanto la hipótesis del tiroteo como del suicidio del activista, que falleció con tres balas en la espalda. Las fundaciones Moncho Reboiras, Galiza Sempre y Terra e Tempo colocaron en diciembre un busto en su honor en Lugo, al lado del Centro Cultural O Vello Cárcere, la antigua prisión de la ciudad, convertida en símbolo de memoria. Allí ondeaba la bandera palestina que la popular Elena Candia ordenó retirar tres horas después de hacerse con el gobierno local con la ayuda de una tránsfuga.

Mientras el busto lucense no generó gran controversia, la estatua compostelana –impulsada por las mismas entidades– estuvo desde el primer momento en el centro de la polémica. Tres días después de su inauguración, la número dos del PP gallego, Paula Prado, tildó a Reboiras de “delincuente” en el Parlamento gallego. “Al único delincuente al que se le ha hecho un homenaje” y “se han dado honores” en la Cámara es “al asesino fascista Manuel Fraga”, le replicó el diputado del BNG Paulo Ríos. La Iniciativa Galega pola Memoria pidió, sin éxito, a Prado que retirase sus palabras. La respuesta desde las filas populares llegó del candidato a la alcaldía, Borja Verea, quien prometió retirarla si llega a alcalde ya que considera que “divide” a la sociedad compostelana.

Verea “retó” a la regidora a que explicase “cuál es la vinculación de Reboiras con Santiago”. Sanmartín respondió que el pleno municipal alcanzó un acuerdo “mayoritario” para rendir homenaje a Reboiras y, por eso, el ayuntamiento colaboró “en su colocación”, después de que la comisión de Patrimonio propusiese varias ubicaciones. “El PP usa la mentira y la difamación. Es un tema de memoria histórica. Reboiras fue el último asesinado por la dictadura franquista en Galicia”, concluyó.

Dos semanas después, la estatua apareció vandalizada con pintura roja. A sus pies, un texto en árabe: “No hay Dios sino comunismo. La democracia y la libertad no se consiguen con violencia, el terrorismo nunca es la solución. Los antifascistas del presente son los fascistas del futuro”. La Fundación Moncho Reboiras lo consideró un “atentado fascista”. Acusó al PP de provocar un “efecto llamada”. Prado condenó “cualquier vandalización” pero dejó claro que, en su opinión, el monumento “rompió la convivencia”.