La Xunta de Feijóo pagó 44.200 euros para que los Franco abriesen Meirás cuatro días al mes durante dos años

Entre los años 2011 y 2012, la Xunta de Galicia, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, sufragó con 44.200 euros (sin IVA) los gastos de seguridad privada y del servicio de guías contratados para los cuatro días de cada mes en los que el Pazo de Meirás se abría al público, tal y como obligaba su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). Los acuerdos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, fueron firmados entre la Consellería de Cultura y la hija del dictador, Carmen Franco. Feijóo aseguró entonces que el convenio no conllevaría “ningún pago ni compensación” para la familia. Hoy, Cultura asegura que se trató de “una partida puntual y no se volvió a destinar”.

El pazo había sido declarado BIC por el gobierno bipartito (PSdeG-BNG) el 30 de diciembre de 2008, cuando dirigía Cultura la nacionalista Ánxela Bugallo. Los Franco intentaron torpedear aquel proceso con la colaboración de un Feijóo que acababa de estrenarse como líder de la oposición. Después de que los herederos del dictador impidiesen a los técnicos de la Xunta acceder al inmueble para realizar la evaluación previa a la declaración como BIC, el líder del PP gallego aseguraba que no se les podía obligar a abrir Meirás a las visitas porque “no es un pazo” sino “una torre”.

Ese mismo Feijóo fue el que, en febrero de 2011 –ya como presidente gallego– alcanzó un acuerdo con la familia para garantizar la apertura al público. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo rechazase el recurso de los Franco contra la declaración de BIC.

En el convenio se consideraba “especialmente interesante” llevar a cabo “una acción didáctica e informativa más allá de las obligaciones de apertura para sus titulares”. Una apertura que, “dada la singularidad” del pazo, “puede provocar riesgos en la seguridad”. “El hecho de que fuese residencia del anterior jefe de Estado puede convertirlo en blanco de actos violentos o molestos que lleguen a poner en peligro su integridad”, rezaba el documento.

Así, la Consellería y los todavía propietarios del Pazo mostraban su “voluntad de establecer vías de colaboración en el ámbito de la protección y promoción de este bien cultural”, en un reparto de papeles que dejaba a la Xunta “la financiación de los gastos derivados de la adopción de medidas de vigilancia y seguridad que se estimen necesarias, así como los derivados del seguro que cubra la reposicion de los daños que puedan causarse a consecuencia del programa de visitas guiadas gratuitas y la presentación de las mismas”. Los Franco, por su parte, simplemente se comprometían a abrir el pazo cuatro días al mes –algo que acabarían incumpliendo– y a mantener “en las debidas condiciones de conservación y buen estado” sus dependencias y el terreno incluido en su recinto.

El coste para las arcas públicas no debería superar “en ningún caso” los 18.000 euros, una aportacion que “sólo cubre el coste” de la actividad subvencionada y “no supone ningún ánimo de lucro ni beneficio” para ninguna de las partes. Sin embargo, en junio –menos de tres meses después del inicio de las visitas–, Cultura redactó un informe para justificar una addenda al convenio.

La expectación ante la apertura desbordó la demanda, prevista para cuatro grupos de hasta 15 personas en cada jornada, así que se optó por añadir cinco días más de visita entre el 15 de junio y el 15 de septiembre –ninguno en agosto, cuando la familia seguía veraneando en el Pazo– e incrementar un turno en esas nuevas fechas. En total, eso suponía 5.000 euros más: 1.770 para seguridad, 1.274 para el servicio de guía, 236 para la “gestión” de las visitas y 1.720 de la póliza del seguro.

En febrero de 2012, el convenio se renovó, partiendo ya de una asignación inicial de 21.200 euros. No consta, entre la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, que en ese año hubiese que aumentar los días previstos de visita. 11.448 euros se destinarían a la seguridad y los 9.752 restantes a la gestión y la guía.

Un portavoz de la Consellería de Cultura asegura a elDiario.es que aquella “fue una partida puntual y no se volvió a destinar”. Preguntados por si ese montante se tendrá en cuenta frente a la demanda de compensación económica de los Franco, recordó que esa cuestión “atañe al Gobierno central como titular del inmueble” y que la Xunta “ya manifestamos nuestra intención de adherirnos a la acción judicial de la Abogacía del Estado para evitar el pago de la indemnización”.