Enrique VIII contra el Brexit: el Gobierno británico se acerca al mercado único de tapadillo

Diez años después del referéndum que sacó al Reino Unido de la Unión Europea y seis años después de que el Gobierno de Boris Johnson optara por la ruptura más radical, el Gobierno de Keir Starmer intenta reestablecer lazos comerciales y políticos con sus antiguos socios europeos. Para intentar reparar el daño a la economía, el Reino Unido se prepara para aceptar de manera más automática las reglas del mercado único al que ya no pertenece.

El Gobierno laborista presentará el 13 mayo entre sus nuevas iniciativas legislativas la ley que permite aplicar el acuerdo de nuevos estándares para el comercio de comida y bebida con la UE y, de paso, incorporar la opción de que el Gobierno adapte la legislación necesaria a la europea por el procedimiento exprés que no requiere el proceso parlamentario completo. Como adelantó el Financial Times en marzo y ha confirmado ahora con más detalles el diario The Guardian, la legislación estará entre las que lea Carlos III en su discurso anual, la formalidad en la que el rey enumera las leyes que planea presentar el Gobierno en el nuevo curso parlamentario. 

En la ley que tendrá que votar el Parlamento se incluirá la posibilidad de que el Ejecutivo adopte la llamada legislación secundaria para alinear “de manera dinámica” las reglas británicas con las de la UE sin que los diputados puedan debatir y enmendarla: según este procedimiento, pueden aprobar o rechazar la legislación, pero no alargar el proceso ni alterarlo con aportaciones. Es una manera de acelerar cambios normativos que se conoce como los “poderes de Enrique VIII” por el intento del monarca de gobernar por decreto en el siglo XVI. Una proclamación de 1539 le dio el derecho de aprobar las leyes directamente, sin pasar por el Parlamento. En el procedimiento actual siempre se pasa por la Cámara de los Comunes, pero la diferencia reside en los debates y la capacidad de alterar la legislación.

Es un procedimiento cada vez más utilizado por los gobiernos británicos y, de hecho, los gobiernos conservadores lo usaron durante el largo proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea para aplicar rápido los cambios, pero es criticado por los parlamentarios y expertos constitucionales porque supone dar más poder al Ejecutivo. 

La alineación de las normas de manera discreta permite a Starmer, además, defender que no ha traicionado su “línea roja” en la última campaña, cuando prometió que no abriría negociaciones para que el Reino Unido se volviera a unir al mercado único, en el que participan otros países que están fuera de la UE, como Noruega, Islandia y Suiza.

Un mundo peligroso

Starmer defendió este lunes sus planes legislativos e insistió ante la Cámara de los Comunes que la “volatilidad” actual requiere más que nunca que el Reino Unido se acerque a la Unión Europa para intentar reparar el daño económico del Brexit, asegurar la independencia energética británica y reforzar la seguridad europea común contando más con los aliados del continente. 

“Estamos en un mundo de enorme conflicto, de gran incertidumbre, y creo con firmeza que los intereses del Reino Unido están en una relación más fuerte y más cercana con Europea, sea en defensa y seguridad, por supuesto, sea energía, de manera inevitable, o sea en nuestra economía”.

Starmer y su ministra de Economía, Rachel Reeves, llevan meses insistiendo en el daño económico del Brexit. La opinión pública es receptiva al mensaje.

La salida del Reino Unido de la UE es ahora muy impopular y la mayoría de la población quiere volver a la Unión o tener al menos una relación más cercana con los antiguos socios, según repiten los sondeos desde hace años. En la última encuesta de YouGov, de este marzo, el 55% cree que el Brexit fue un error y apoya la reincorporación completa a la Unión Europea. 

“Tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás. No podemos tener todas las discusiones de la década pasada”, dijo también Starmer en una entrevista en la BBC. “Estamos intentando hacer el comercio más fácil para que haya menos obstáculos para las empresas y eso se traduzca en precios más bajos”.

Un portavoz del Gobierno aseguró que el Parlamento sí participará en el proceso “de la manera normal” porque debatirá, enmendará y votará sobre la legislación propuesta para agilizar el comercio de comida y bebida para “cortar la costosa burocracia” consecuencia del Brexit que está dañando “a agricultores, productores y empresas”. Según el Gobierno, el Reino Unido se juega más de 5.000 millones de libras (5.700 millones de euros) al año. 

Algo de voz, pero no voto

En la práctica, el plan ahora del Gobierno británico es alinear la legislación del mercado único y negociar con Bruselas el derecho de al menos tener algo de voz, aunque no voto, en los debates previos antes de que la UE adopte nuevas normas. Starmer espera avances en la próxima cumbre con la UE. En todo caso, el Reino Unido no estaría dentro del mercado único, que requiere libertad de movimiento también de personas, algo que el Gobierno laborista no quiere aceptar por la creciente oposición política y también popular a la migración de cualquier tipo. 

La presentación de la legislación en el Parlamento depende también de cómo vayan las negociaciones con Bruselas, pero el Gobierno laborista tiene una mayoría absoluta abrumadora con lo que se espera que la ley se apruebe en la Cámara de los Comunes. Aun así, el Brexit volverá a agitar el debate político que sigue dividiendo a una parte de la población de manera muy emocional, como explicaba el politólogo James Tilley en una entrevista con elDiario.es hace unas semanas.

Los conservadores y la extrema derecha ya describen los planes como “una traición” al Brexit, y los liberaldemócratas, los verdes y una parte de los laboristas quieren más. Laboristas como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, sugieren unirse de manera clara a la unión aduanera y al mercado único, e incluso proponer la vuelta total a la UE en las próximas elecciones generales de 2029.